lunes, mayo 23, 2011
A Calderón lo esperan una condena política y un juicio penal
Con la Constitución en la mano, en entrevista con Proceso, el jurista Diego Valadés abre con bisturí al sistema político mexicano y pone en el banquillo al presidente Calderón y a su gobierno:
• Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la Ley Electoral en 2009.
• Él y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados nefastos.
• Quiso para él todos los lauros de la victoria; tendrá todo el acíbar de la derrota.
• El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia.
• En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno.
• Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes....
• “No queremos ser gobernados por delincuentes ni tener expresidentes en la cárcel, pero...."
A Felipe Calderón lo aguarda un proceso judicial para cuando abandone la Presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral.
A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución política durante el proceso electoral del año pasado.
La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”.
Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.
Incluso la declaratoria de guerra que Calderón le hizo al narcotráfico, comenta, fue una expresión coloquial que no tiene implicaciones jurídicas. “Pero lo que no podrá hacerse es que todo lo ocurrido quede sin investigarse y sin dictamen oficial, independientemente de que sea la verdad histórica”. Por ello, Valadés propone que desde el Congreso se cree “una gran comisión nacional de investigación de la violencia”.
Esta instancia, dice, realizaría el diagnóstico “de las formas de ejercicio de la violencia por parte de los delincuentes y de las fuerzas del Estado, para que sobre éstas no caiga la sombra de la duda de que pudieron haber delinquido. Y para que si alguien como miembro de las mismas delinquió, que no ensombrezca la imagen del Estado en general, sino que responda quien deba hacerlo por los delitos que pudiera haber cometido”.
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Valadés señala que “la democracia a medio construir” de México impide la censura y consecuente salida de un secretario de Estado, como la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En el “sistema semidemocrático” que prevalece en México la responsabilidad política no se puede traducir en sanciones, dice en entrevista con Proceso, efectuada en medio de la discusión pública desatada a raíz de la demanda de que renuncie García Luna, planteada por el poeta Javier Sicilia al final de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.
Doctor en derecho constitucional cuyas investigaciones abordan temas como el control del poder, el también exdirector del IIJ advierte sobre la falta de mecanismos para procesar ese tipo de exigencias.
“Esto denota la insuficiencia de nuestro sistema constitucional en materia de consolidación democrática, porque si bien tenemos libertades públicas, como se expresó el domingo (8 de mayo), cuando todos los ciudadanos que lo desearon pudieron participar (en la marcha) en los términos más libres posibles, no tenemos el complemento de las libertades públicas, que son las responsabilidades políticas”, apunta.
Inmunidad temporal
La Constitución establece con claridad las responsabilidades jurídicas de los servidores públicos, incluido el presidente de la República. El TEPJF refrendó este precepto el 25 de agosto pasado al emitir su fallo en el juicio promovido por el PRI en contra de Calderón por hacer propaganda ilegal en el proceso electoral de 2010.
La resolución fue adoptada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a propuesta de su presidenta, María del Carmen Alanís, quien en 2006, debido a su cercanía con Margarita Zavala, fue una de las impulsoras de la candidatura presidencial de Calderón.
Los magistrados determinaron que el titular del Ejecutivo federal violó el artículo 41 constitucional, “que se refiere nada menos que al ejercicio de la soberanía popular”, apunta el constitucionalista, quien desde febrero de 2007 es miembro de El Colegio Nacional.
Explica que aunque el título IV de la Constitución, que alude a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, no establece responsabilidades específicas para el presidente, el TEPJF determinó que Calderón “sí puede ser sujeto a un procedimiento administrativo sancionador en materia electoral”, a pesar de lo establecido en el artículo 108 de la Constitución.
De acuerdo con ese precepto, durante el tiempo de su encargo el presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
“Sin embargo –sentenció el tribunal– ello no descarta la posibilidad de que a la conclusión del mandato pueda ser juzgado de manera ordinaria por cualquier otro delito cometido durante el periodo de su gestión, puesto que la inmunidad de la que goza sólo se hace efectiva durante el tiempo que funge como presidente de la República.”
En su dictamen, los magistrados electorales advirtieron: “La inmunidad constitucional establecida a favor del presidente de la República no tiene alcances de eximirlo de responsabilidad por una violación a normas constitucionales y legales en materia electoral”.
Asimismo, el tribunal determinó que Calderón violó la Constitución “al difundir propaganda gubernamental” los días 15 y 30 de junio y 1 de julio, en vísperas de las elecciones del 4 de julio de 2010. Entre otras, Calderón hizo alarde de sus acciones en materia de seguridad.
Los magistrados le imputaron al mandatario “la violación directa” al segundo párrafo del apartado C, base III, del artículo 41 de la Constitución. Según esa disposición, durante el tiempo que duren las campañas electorales federales y estatales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, salvo que se trate de una emergencia.
Con su conducta, plantea Valadés, Calderón violó el artículo 87 constitucional “que contiene el juramento que hizo el 1 de diciembre de 2006 de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y que termina: ‘y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande’”.
Afina su argumentación: El artículo 51 de la Carta Magna dice que para efectos de representación de la nación está la Cámara de Diputados. Así es que en función de ambos artículos, ésta “debía presentar una denuncia a la brevedad ante la PGR en contra del ciudadano Felipe Calderón para que la averiguación proceda cuando deje de ser presidente de la República”.
Considera que esa acción debe ser emprendida de inmediato por la actual legislatura. Dejarlo para la siguiente “parecería un acto de venganza política y no debe ser entendido así, sino como observación de una obligación, la que tienen los representantes de defender los intereses de la nación”. Además, “actuarían apoyados en una resolución que tiene fuerza de ley”, como lo es la sentencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Respecto de una eventual sanción contra Calderón, dice que le es aplicable el artículo 407, fracción III, del Código Penal Federal, que establece de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, como es el aparato propagandístico gubernamental.
La prescripción del delito, equivalente al término medio de la pena, se empezaría a contar a partir de que haya una denuncia contra Calderón. “Por eso considero que la actual legislatura debe poner en conocimiento del Ministerio Público lo que ya resolvió el Tribunal Electoral”, indica el jurista.
Reincidencia
Una conducta similar a la de Calderón le atribuyó el propio Tribunal Electoral al expresidente Vicente Fox. En su dictamen del 8 de septiembre de 2006, en el que declaró presidente a Calderón, el TEPJF matizó su imputación al decir que si bien Fox “puso en grave riesgo la elección” al operar en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, su interferencia no se podía medir electoralmente.
Miembro de institutos y academias de derecho en América Latina y Europa, Valadés habla de las implicaciones de la violación cometida por Calderón:
“Hubo impunidad para el presidente en 2006. En 2009, el presidente reiteró los hechos, y si de nueva cuenta hay impunidad, entonces quiere decir que muy bien podrá reiterar los hechos en 2012. Es decir, si ya violó la Constitución en 2009 y no hay nada ni nadie que se lo impida, podemos presumir y temer que puede hacer lo mismo en 2012.”
Admite que una denuncia de la Cámara de Diputados generaría tensión en el país, “pero si el año que entra hubiera otra vez violación de la Constitución por parte del presidente, la tensión también sería inevitable. De manera que estamos lamentablemente condenados a vivir un periodo de tensión política mientras no resolvamos la estructura de nuestro sistema constitucional, por lo que se refiere al régimen de gobierno”.
Y añade: “No queremos ser gobernados por delincuentes y tener expresidentes en la cárcel; pero para evitarlo tenemos que mandarles a los presidentes mensajes firmes, claros, precisos y basados en derecho para que se abstengan de violar la ley y cumplan con la obligación a la que se comprometieron cuando tomaron posesión conforme al artículo 87 de la Constitución”.
–¿Es un asunto de equilibrios?
–No, es un asunto de control del poder.
Explica: “El gobierno no está controlado ni por lo que respecta a sus actos ni a sus omisiones”. Y cita el caso del obsequio de entre 13 mil y 17 mil millones de pesos –mediante deducciones impositivas– al sistema educativo privado decretado este año por Calderón, y apoyado a su vez en un decreto de 1977 del entonces presidente José López Portillo. La medida, dice Valadés, se tomó en un momento de restricciones presupuestales en que la educación pública presenta muchas carencias.
“No tenemos formas de fincar responsabilidades. Esto quiere decir que nuestros controles son los que están fallando”, en particular el del Legislativo. “No puede ser que el Congreso establezca los impuestos y que el presidente decida quiénes no los pagan”, expone.
Autor, entre otros, de textos acerca del sistema representativo, asegura que esa ausencia de controles demuestra que el Estado mexicano es “altamente deficitario”. En el caso del gobierno de Calderón, dice, este hecho se expresa en su actuación ante el problema de la inseguridad.
Valadés considera que no obstante estar apoyada en el derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional, la solicitud de renuncia de García Luna “carece de instrumentos constitucionales para procesarla”.
En cambio, en un sistema democrático consolidado, esa demanda tendría un gran respaldo al permitir la censura de los integrantes del gabinete, formulada fundamentalmente por los congresos o los parlamentos.
“Si ese fuera el caso, el secretario García Luna habría dejado hace tiempo de formar parte del gabinete presidencial. Pero en las democracias a medio construir, como la mexicana, en la que todavía padecemos los efectos de un presidencialismo autoritario, altamente concentrador del poder, lo que planteen la sociedad y el Congreso, así sea de manera mayoritaria, puede ser ignorado por el presidente de la República. Es un signo más de la caduquez de nuestro sistema presidencial”, lamenta.
Anacronismo
Aunque en México no se establece la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, “lo que no podemos entender es que la irresponsabilidad del jefe de Estado trascienda y beneficie a todos los que colaboran con él”.
Y apunta: “En México no se equivocan el presidente ni el secretario de Seguridad Pública o el de Gobernación ni ningún otro secretario de Estado, aunque todos los mexicanos estemos enterados y seamos conscientes de los múltiples errores en que incurren.
“Los fracasos de los secretarios de Estado son palmarios y los estamos pagando todos. Tenemos una pluralidad de secretarios fallidos que fracasaron hace mucho tiempo y que demuestran que el problema va más allá del narcotráfico. El eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.”
Modificado el sistema en el que el titular del Ejecutivo concentraba el poder, ahora “el presidente ocupa el vértice de poder, pero sin los instrumentos del mismo. En esas circunstancias, ni hace ni deja hacer.
“Ser jefe de Estado en México –puntualiza– es ser el protagonista de un sistema que ya falleció y del que sólo nos queda la representación fantasmagórica de una autoridad que carece de instrumentos para alcanzar resultados objetivos.”
Y si, además, “llevado por ese falso principio de autoridad de que sus decisiones son perfectas y por lo tanto irrevocables, como en el tema de la seguridad, entonces puede sostener a quien se le ocurre y antoje”, dice en relación con el apoyo de Calderón a García Luna.
En una entrevista con Julio Scherer García, publicada en el libro Historias de muerte y corrupción, escrito por el fundador de Proceso y cuyo adelanto apareció en la edición 1790 del semanario, el general retirado del Ejército Luis Garfias Magaña insistió en que Calderón debió haber procedido a la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional para actuar contra el narcotráfico.
Valadés coincide: “Los actos de gobierno habrían sido controlados por el Congreso y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tendría el apoyo de todos los partidos. Se habría construido una política de Estado. Pero el presidente quiso tener todos los lauros de la victoria; pero también va a recibir todo el acíbar de la derrota”.
A la violencia exacerbada, detalla, se suma la lenidad en la PGR; es decir, el incumplimiento de su deber de investigar los delitos, sobre todo de aquellos emblemáticos, como los que se relacionan con el caso de los niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora; el de las fosas clandestinas en estados norteños, o el de la situación de los inmigrantes centroamericanos, quienes son asesinados y sometidos a toda clase de vejaciones en su paso por México hacia Estados Unidos.
“Esto habla de que el país está viviendo una dilución institucional como no conocíamos desde el siglo XIX. Y, o tenemos una respuesta rápida, constructiva, de una reforma institucional muy profunda en el tiempo más breve posible, o bien lo que estamos viviendo hoy nos lleve a situaciones peores, y muy bien podría ocurrir que en 2015 digamos: ‘qué bien estábamos en 2011’”, sentencia.
PGR, bajo la lupa de Seguridad Pública
A solicitud del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Seguridad Pública federal habría intervenido las comunicaciones de subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de reconocidos despachos de abogados, en busca de evidencias que confirmaran presuntos hechos de corrupción.
La orden presidencial para ejecutar una “labor de inteligencia” de alto nivel se habría dado a mediados de 2010 y se derivaría de un conflicto interinstitucional que involucraba a la PGR, entonces encabezada por Arturo Chávez Chávez, y a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas.
La pugna implicaba no sólo acusaciones mutuas de sobornos y extorsiones, sino expedientes de investigación abiertos en ambas dependencias en contra de servidores públicos de primer orden en activo, incluyendo al secretario de Estado.
Fuentes de la Función Pública confirman que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos los estados financieros de Vega Casillas y de su cónyuge, Gladis López Blanco (recientemente acusada en varios medios de comunicación de, supuestamente, haber participado en una extorsión a gasolineros).
Aunque dicen que el secretario no ha sido llamado a declarar por ningún caso, afirman que “todos los funcionarios del gabinete tienen expedientes abiertos en la PGR”.
Y no obstante que los informantes aseguran desconocer el conflicto que habrían protagonizado con la PGR, reconocen que la Secretaría de la Función Pública sí investiga los supuestos fraudes en los que estarían involucrados los subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría, blancos del espionaje orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública. También admiten que el Órgano Interno de Control mantiene los expedientes abiertos que implican a más de 60 funcionarios y exfuncionarios.
A su vez y desde 2009, la Procuraduría General investigaba al secretario Vega Casillas. Ello, derivado de una denuncia de empresarios gasolineros en contra de su esposa, extitular de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y de otros funcionarios supuestamente coludidos en una red de corrupción que los habrían extorsionado.
Y es que Gladis López Blanco se desempeñó como titular de esa Subprocuraduría de diciembre de 2006 a marzo de 2008, el mismo lapso en el que habrían sucedido los supuestos cobros ilegales de cuotas de hasta 50 mil pesos mensuales por cada estación de servicio.
Ese mismo caso fue denunciado ante la Función Pública, expediente DE/026/2008. La institución, sin embargo, determinó que no había elementos para fincar responsabilidades. Según las fuentes de la dependencia, en el caso de López Blanco no hubo conflicto de intereses: ella renunció a la Subprocuraduría de Verificación de la Profeco dos meses después de que Vega Casillas dejara el cargo de subsecretario para asumir la titularidad de la Secretaría de la Función Pública; mientras que este último se excusó de conocer la indagatoria en contra de su esposa que resolvieron sus subordinados. “De eso hay documentos firmados por el secretario que lo prueban. Él nunca pidió que se resolviera en ningún sentido”, afirman.
Intervención presidencial
El nivel de confrontación entre las dos dependencias llegó a tal punto que se necesitó la intervención del presidente para no poner en riesgo las principales estrategias de su administración, aseguran fuentes del gobierno federal consultadas por Contralínea que solicitan el anonimato por temor a represalias.
Por diferentes vías, Calderón Hinojosa habría recibido pruebas de las investigaciones que se llevaban tanto en la PGR como en la Función Pública por supuestas extorsiones, intentos de sobornos, fraudes contra el erario, entre otros actos de corrupción.
El uso de las instituciones para “atacarse” entre sí aunado a la falta de colaboración entre ambas dependencias para resolver problemas prioritarios del país fueron los detonantes de la participación del presidente, quien habría ordenado a García Luna la “labor de inteligencia” en la PGR. Al tiempo, habría solicitado a Chávez Chávez realizar una investigación interna.
En los meses siguientes, mientras Calderón Hinojosa afianzaba su relación con Vega Casillas, ahondaba sus diferencias con el entonces abogado de la nación.
La “labor de inteligencia”
El operativo coordinado por García Luna inició a mediados del año pasado, y aunque su primer objetivo fue el entonces titular de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, Samuel Hernández de Alba, pronto se extendió.
La intervención de las comunicaciones –hecha con la tecnología de la Plataforma México– habría alcanzado al entonces subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel; a Juan Carlos Rincón, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; al ahora exfiscal de Delitos Financieros, Julio Alejandro Oliva Saldaña, y a todos los subordinados de éstos.
Poco a poco, los servidores públicos fueron cayendo. Con la llegada de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, el pasado 28 de abril Germán Rangel presentó su “renuncia”.
No obstante, el cisma en la Procuraduría ya se había hecho visible a fines de 2010: el 16 de diciembre, Oliva Saldaña fue detenido y remitido al Reclusorio Norte del Distrito Federal “por falsificar documentos para obtener un crédito hipotecario del Fovissste [Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado]”. De acuerdo con las fuentes de la Función Pública, Oliva Saldaña obtuvo su libertad bajo fianza y actualmente es considerado prófugo de la justicia.
Juan Carlos Rincón y Hernández de Alba, actualmente sujetos a investigaciones ministeriales por presuntos hechos de corrupción, fueron cesados de sus cargos el 9 de marzo por “no acreditar los exámenes de confianza” que se aplican constantemente a los servidores públicos. Veintidós días después, Arturo Chávez Chávez presentaba su renuncia como procurador General, tras un largo periodo de alejamiento del presidente.
En marzo, la prensa nacional –destacadamente el diario La Jornada– empezaba a revelar algunas de las indagatorias que derivaron en esa crisis. De acuerdo con los reporteros Alfredo Méndez y Gustavo Castillo (24 de marzo de 2011), la visitaduría de la propia PGR investiga a los exfuncionarios “por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones”.
Aunque la información que trascendió a los medios se centró en unos supuestos fraudes y quebrantos patrimoniales contra la Sociedad Hipotecaria Federal –cometido por constructoras y sociedades financieras de objeto limitado– y contra el Fovissste, el fondo era el conflicto interinstitucional, que ya estaba mermando en las principales políticas de la administración federal, explican las fuentes del gobierno federal.
Espionaje contra abogados
De acuerdo con los informantes consultados por Contralínea, las conversaciones de los exfuncionarios de la PGR sí habrían acreditado actos de supuesta corrupción.
Con estas “pruebas”, el presidente Calderón habría ordenado la purga al interior de la Procuraduría General, que tendría su clímax con la salida de Chávez Chávez el pasado 31 de marzo. Las investigaciones abiertas podrían alcanzar al propio exprocurador.
Aunque el cisma en la PGR se ha tratado de encubrir con asuntos menores, el secretario García Luna y un reducido círculo cercano al presidente conservarían los testigos de las intervenciones de comunicaciones. En uno de ellos se evidenciaría, incluso, un intento de soborno a la esposa del secretario Vega Casillas, para frenar “la investigación [que] estaba muy caliente”.
Además, indican las fuentes consultadas, constarían conversaciones acerca de supuestos negocios extralegales entre los exfuncionarios Hernández de Alba y Juan Carlos Rincón y representantes de despachos de abogados. En la PGR, se investigan ya a algunos bufetes, entre ellos los de Francisco Riquelme, Alonso Aguilar Zinser, José Zapata y Felipe Gómez Mont, Carlos Requena y Rodolfo Pérez.
La tumba del calderonismo y el sistema
Maquiavelo, El Príncipe, capítulo XXV
La carencia de las virtudes que deben caracterizar a un buen gobernante –la sabiduría necesaria para entender razonablemente el momento histórico y su perspectiva, la prudencia para ajustarse a las tornadizas circunstancias; la sensibilidad para escuchar y atender las demandas de los mandantes y cultivar su credibilidad; la capacidad de convencimiento y para armar consensos; el respeto y el sometimiento al imperio de las leyes que salvaguarden la majestad del Estado, entre otras– se ha convertido en el peor enemigo de Felipe Calderón. El panista es la primera víctima de sus tentaciones despóticas.
Si es válido el parangón, la estrategia de seguridad nacional de Calderón sigue una trayectoria similar a la que impuso el Baby Bush a raíz de los acontecimientos de 2001. Durante algún tiempo, ambas políticas tuvieron sus escenográficos momentos de gloria. La venta del espectáculo de la seguridad pública a una atemorizada población –ese paralizante estado de ánimo que ellos contribuyeron a fabricar y magnificar con el terrorismo impuesto desde las esferas del poder– arrojó como beneficio una mejoría en la fisonomía de sus administraciones, aun cuando no fue el suficiente para blanquear completamente sus legalmente turbios ascensos a sus respectivos gobiernos.
Pero la seguridad, vendida como cualquier otra mercancía, tiene su periodo de caducidad. Como emblema o marca, su rendimiento decrece en el tiempo; su eficacia se agota por más esfuerzo que se haga para reciclar y promocionar el producto con novedosas envolturas. Pierde su vigencia. Resulta cada vez más difícil colocarlo en el mercado, y su uso y abuso resulta contraproducente. Se torna letal para los fines buscados por el vendedor de bisutería, y social y políticamente insoportable para la población reducida a la estatura de consumidor de esa mortífera fruslería, cuyos “daños colaterales” se vuelven inmensurables. Sobre todo cuando la inseguridad de la estrategia de seguridad la obliga a poner los cadáveres, los heridos, los desaparecidos, los ultrajados en el campo de batalla, las víctimas de los grupos en pugna sin reglas, sin derecho a renegar, con la única opción de asumir el papel de coro silente, de aceptar bovinamente la falsa divisa –por única– absolutista: “Estás conmigo o contra mí”.
Sin embargo, a diferencia de Bush y sus halcones neoconservadores, que antes de que asumieran el gobierno, desde 1997, ya tenían armado su plan terrorista a escala nacional y mundial –el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadunidense–, Calderón no estaba preparado ni anímica ni materialmente para una paródica cruzada interna. Su juego de guerra fue una ocurrencia legitimadora que se trastocó en una mayor deslegitimación. El Baby no pudo evadir el parcial juicio de la historia, aunque sí el de sus crímenes de lesa humanidad. Políticamente se hundió en su sangriento piélago belicoso, arrastró consigo al abismo de la derrota electoral a su partido republicano y abrió las puertas de la Casa Blanca a Barack Obama, quien –a contracorriente de su grandilocuencia de cambio y las contritas buenas conciencias que votaron por él al considerar que terminaría con las agresiones militares, con la misma agresividad imperial– amplía las zonas de operaciones y quebranta la legalidad internacional, si es que existe algo digno de ese nombre. Obama acaba de tener sus cinco minutos de esplendor legitimador al encabezar el asesinato de Bin Laden. Calderón recoge su cosecha de odio social en un sistema estructurado para encubrir la arbitrariedad del gobierno y garantizar su impunidad. Ninguno tendrá su Núremberg.
La relación amo-esclavo sigue su impecable lógica dialéctica. El ascendente descontento de los vasallos puede superar el paralizante narcótico del miedo impuesto e inducido por los señores de la guerra (traducción literal de la palabra inglesa warlord) que, de facto, con sus bandas de criminales controlan diversas regiones del país arrebatadas a la autoridad central, y de los de horca y cuchillo, los señores feudales del gobierno.
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El éxito de Brasil y el fracaso del “México neoliberal panista”
Recientemente, Americas Quarterly publicó las “Reflexiones sobre el ascenso global de Brasil”, por Celso Amorim, anterior canciller de Lula.
La comparación del fracaso del “México neoliberal” con el éxito fulgurante de Brasil bastaría perentoriamente con exponer solamente tres datos caracterológicos –únicamente en el ámbito de las relaciones exteriores, para no ser tan crueles– frente al notable desempeño (con hechos tangibles) de Lula y su canciller Celso Amorim: 1. La incontinencia locuaz de Fox y su canciller de corta duración, Jorge Castañeda Gutman (presuntamente un activo de Israel, George Soros y el financierista sionismo jázaro), sin logros tangibles; 2. La mediocridad y pusilanimidad de Calderón y su canciller Patricia Espinoza; y 3. La pequeñez de la representación diplomática de México en Washington en la persona inmadura y carente de currículo del castañedista Arturo Sarukhán Casamitjana.
No solamente de economía y de finanzas viven los humanos, y la relevancia del artículo de Celso Amorim coloca en la palestra la solidez de la política exterior en el ascenso de las naciones cuyo salto cualitativo en la “era Lula” ha sido notable en toda Latinoamérica, en particular, y el mundo, en general cuando forma parte del grupo laxo BRICS (siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Los países no se hacen al vapor como creyeron los fracasados panistas Fox y Calderón con sus pésimos cancilleres, quema de la que se salva Luis Ernesto Derbez, hoy rector de la Universidad de las Américas en Cholula, quien operó como bombero para apagar el incendio diplomático del piromaniaco Castañeda Gutman, quien llevó a México a pleitos estériles con prácticamente toda Latinoamérica, con el propósito avieso de clavar al país a los intereses de Estados Unidos e Israel.
La revista británica The Economist no tiene más remedio que reconocer a Brasil como “un gigante diplomático”, característica que tenía México durante la Guerra Fría con su legendaria “regla de oro” (de la que formaba parte don Alfonso García Robles, el único premio nobel de la paz mexicano a quien, por cierto, envidiaba hasta su alma Castañeda Gutman con sus patentes complejos de inferioridad que pretendía compensar con su incontinencia locuaz carente de logros demostrables).
Celso Amorim resume en una frase el éxito de Brasil en la era Lula: “Brasil creció económicamente en los recientes años mientras mantuvo la inflación bajo control, mejoró la distribución de los ingresos y, sobre todo, fortaleció su democracia”. Comenta que “la política exterior de Brasil no creó la ola, pero aprendió cómo conducirla”, en la que brilló la “imaginación” –característica ausente en la “diplomacia” mexicana clavada en la agenda unilateral de Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (que resultó cataclísmica, de confesión propia de la academia estadunidense), pasando por la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de America del Norte hasta la militarista Iniciativa Mérida.
Mientras el “México neoliberal” panista se olvidó del mundo para hundirse en la agenda unilateral de Estados Unidos y su Titanic financiero, la era Lula entendió el fin del orden unipolar y el inicio del nuevo orden multipolar. Así de simple.
Casteñada Gutman pretendió que el mundo era bipolar (dominado por las finanzas sionistas y el poderío militar de Estados Unidos), mientras que Celso Amorim entendió lúcidamente que el mundo es ya multipolar. Este simple hecho es la diferencia entre el fracaso (de México) y el éxito (de Brasil).
Amorim evalúa los factores subjetivos y objetivos que la política exterior contribuyó en la prominencia de Brasil que se había paralizado por “falta de autoestima”.
Antes de la era Lula, existía el truismo de que Brasil se desempeñaba por debajo de sus posibilidades (territorio, demografía, economía), lo cual era aberrantemente anómalo.
El primer acto que posiciona a Brasil fue al comienzo de la administración de Lula cuando se opone “valientemente” a la invasión de Irak (mientras Castañeda Gutman y su medio hermano, el israelí-venezolano Andrés Rosental Gutman, se manifestaban en forma genuflexa a favor de la invasión anglosajona).
Celso Amorim comenta que, en ese momento, “la nueva política exterior de Brasil” había cesado de ser “tímida o exageradamente cautelosa”.
A su juicio, la política exterior de Brasil “capturó el estado mental” de la población e “intentó traducirlo en actos concretos que pudieran afectar el curso de los eventos regionales y mundiales” (lo contrario del entreguismo a Estados Unidos y al sionismo del panismo “diplomático”).
Con un solo golpe atinado de timón, Lula “cambió la agenda internacional”.
Celso Amorim enumera los logros demostrables. Uno de ellos fue la extinción del fallido Tratado de Libre Comercio de las Américas (del que se habían vuelto vulgares portavoces Fox y Castañeda Gutman), gracias a la “resistencia” de Brasil, que previno “un proceso de negociación comercial desequilibrado” basado en caducas ideas del neoliberal Consenso de Washington. Eran los momentos cuando Fox y Castañeda Gutman alababan insensatamente el flagelante Consenso, hoy más muerto que nunca, cuando hasta el mismo expresidente guanajuatense confesaba que “recibía línea del Banco Mundial” (y, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional).
Recuerda Celso Amorim que “raramente una prioridad política de la mayor potencia del hemisferio había sido sacada de la agenda debido a la firme postura de otro país” (Brasil, en la era de Lula: la antimateria del “México neoliberal panista e itamita”).
Brasil “mantenía así la autonomía para tomar sus decisiones sobre su propio modelo de desarrollo” (lo contrario del “México panista” cada vez más entregado sin nulo beneficio a cambio).
Lula no tomó en cuenta a los miembros de los negocios ni a los medios que se habían clavado en forma masoquista en el modelo estadunidense.
Celso Amorim refiere que Brasil libró solo la batalla y luego se adhirieron sus socos del Mercado Común del Sur: Uruguay, Argentina y Paraguay.
Lo relevante consistió en que sin el Tratado de Libre Comercio de las Américas, “Brasil experimentó un crecimiento sostenido, expandió su comercio internacional, se volvió un importante receptor de inversiones directas y, a su vez, también se convirtió en una relevante fuente de inversiones en otros países” (¡todo lo contrario del “México neoliberal panista”!).
Visto en retrospectiva, las decisiones en política exterior de Brasil no solamente resultaron correctas, sino que la blindaron de la severa crisis financiera de Estados Unidos en 2008 (¡lo contrario del “México neoliberal panista” que fue severamente castigado por su patética dependencia a Estados Unidos y al sionismo!).
Se justificaba así el modelo brasileño de crecimiento, su enfoque en el mercado doméstico y la diversificación de sus socios comerciales (¡lo contrario del “México neoliberal panista”!).
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Derrotar al PRI y al PAN, la tarea central del pueblo de México
Es cierto que la “partidocracia” es la que domina la vida política de México para favorecer los intereses de Estados Unidos y de la oligarquía pro yanqui. En este sistema de partidos –que ha impuesto Washington como “modelo único de democracia”?, las cúpulas tienen el monopolio de la selección de candidatos; son financiadas con el dinero de nuestros impuestos; se ponen al servicio de las grandes corporaciones mayoritariamente extranjeras a cambio del apoyo a sus campañas; colocan los intereses de las mafias y las elites por encima y en contra del interés de nuestra patria.
Al defender los intereses de las corporaciones, pisotean la Constitución y los derechos de los mexicanos, las garantías individuales, los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas, de la mujer, etcétera. Para imponer sus intereses, han militarizado al país. En este sistema, las decisiones las toman las grandes corporaciones capitalistas y las cúpulas gubernamentales a su servicio, usando los medios de comunicación para desinformar y engañar a la mayoría sobre los verdaderos fines y consecuencias de sus decisiones. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) y sus partidos satélites únicamente operan decisiones que vienen de “arriba”. Los diputados y senadores sólo son levantadedos para aprobar leyes que favorecen a los más poderosos. Nos venden este modelo como “democrático” y lo imponen a sangre y fuego en todo el mundo, cuando en realidad es absolutamente antidemocrático y contrario a los intereses de las mayorías. La crítica a la “partidocracia” y a los partidos tiene un profundo impacto y aceptación en la sociedad mexicana. Las prácticas de corrupción imperantes en la actual clase política provocan un gran rechazo entre la población contra los actuales partidos y los actuales políticos; además, se toma conciencia de la necesidad de controlarlos. Es por esto que Rafael Barajas, el Fisgón, ha propuesto una auditoría nacional a todos los políticos mexicanos para que transparenten sus cuentas.
La democracia significa que el pueblo manda. Una tarea por impulsar en este siglo es desarrollar la verdadera democracia. Es urgente e importante la renovación democrática para que el pueblo tenga el poder de decisión y control del rumbo del país, que sea el elector quien seleccione a los candidatos, financiando el proceso electoral y no a los partidos, realizando campañas equitativas, sin ataques, compra de votos ni anuncios, con tiempos iguales para que todos los candidatos presenten sus propuestas y que los representantes lleguen a desarrollar el proyecto aprobado por los electores, para que manden obedeciendo y en el que exista el mecanismo de revocación de mandato para los que no cumplan.
Gracias a la renovación democrática, el pueblo puede tener el control y ejercer el poder en beneficio del desarrollo de México y el bienestar de la población. Así habrá paz, justicia y dignidad.
En la lucha actual, la primera tarea es derrotar al PRIAN, que representa la moderna dictadura del capital. El pueblo de México ya no admite un dictador que dure 30 años. Por eso, el imperio estadunidense ha implantado con astucia la alternancia bipartidista. Así, durante 30 años, cinco presidentes y dos partidos (PRI y PAN) han monopolizado el poder, impulsando la misma línea neoliberal que ha sumido al país en la violencia y el caos y puesto nuestras riquezas y trabajo al servicio de las grandes corporaciones, principalmente extranjeras. De modo que cambia todo en apariencia para que nada cambie en realidad y prevalezcan los mismos intereses para enriquecer a las corporaciones a costa del pueblo.
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El PRI (de Beltrones) y el PRI (de Peña Nieto)
No es ninguna novedad la división interna entre integrantes de los partidos políticos en vísperas electorales (varios autores coordinados por Juan J Linz y otros, Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos, editorial Trotta, 2007); tampoco el que sus facciones tomen “partido” por la competencia, abiertamente o muy a la sordina, sobre todo cuando se trata de postular para los cargos de representación a sus mejores cartas o cuando sus mafias buscan a toda costa imponer a uno de sus jefes. Éste es un método autocrático; aquél, uno democrático, sobre todo cuando sus líderes son políticos –cabezas políticas al servicio de una causa, sentido de la responsabilidad histórica y capacidad para actuar con mesura, guardando la distancia con los hombres y las cosas– que buscan el poder del Estado en la cúspide de uno de sus órganos para intentar el viraje histórico con arreglo a reformas democrática y republicanamente innovadoras.
Debido al rotundo fracaso de la seudoalternancia panista, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) adquirió la característica de Ave Fénix en la oportunidad, por primera vez, de (re)conquistar la Presidencia de la República (si es el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, su candidato, y no el galán de la mafia de Atlacomulco, apuntalado por Televisa y el priismo más antiguo y corrupto). Y encaminado a la posibilidad de triunfar en las urnas, vive una intensa confrontación interna entre la parte beltronista y la peñanietista.
Es un PRI reformador, con Beltrones a la cabeza; y un PRI tradicional, con Peña Nieto. Este enfrentamiento –azuzado y con visos de un agandalle golpista de la mafia mexiquense– se da en el contexto de “amplia insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos y el debate académico (y de los medios de comunicación) acerca de la obsolescencia o declive de los partidos” (Juan J Linz y Han Daalder, en sus respectivos ensayos del libro antes citado).
De ahí que la petición de candidaturas independientes (recogida y planteada en la reforma política beltronista, aprobada por el Senado y saboteada en la Cámara de Diputados por la mafia de Peña Nieto) haya adquirido relevancia prioritaria como un escape al callejón sin salida de los partidos, jaulas de hierro para calificar la burocratización de cualquier organización según Max Weber, autor del vigente ensayo esclarecedor El político, traje a la medida para Beltrones. Las descalificaciones y crítica weberianas retratan a Peña Nieto, quien no tiene finalidades objetivas, “y la vanidad, esa necesidad de aparecer siempre que sea posible en primer plano… para buscar la apariencia brillante del poder en lugar de el poder real… y lo hace convertirse en un comediante”.
Un PRI comprometido a renovarse o morir. Y un PRI anclado en su pasado más criticado y al que la oposición hace blanco de una campaña devastadora para llevarse entre las patas al PRI que ha planteado la reforma política y el cuestionamiento de para qué quiere el poder presidencial, y que son los ejes del programa y agenda beltronista a punto de presentarse a la opinión pública. El PRI de Peña Nieto se mueve con su mafia, “involucrados en la corrupción en la forma más flagrante de ganancia personal o favorecimiento ilegítimo de intereses concretos” (Juan J Linz dixit). Una oligarquía priista, alentada por el salinismo y sus secuaces, para apoderarse de una candidatura presidencial para su favorito (galán y actor de la televisión, matrimoniado con una “estrella” de Televisa y un “equipo de choque” de 100 mujeres alquiladas para lanzarle piropos), que responde al nombre de Enrique Peña Nieto.
El PRI de Beltrones busca su renacimiento político, sin haber podido deshacerse de su museo de cadáveres dinosáuricos y momias vivientes que estorban la oportunidad de renovarse y por primera vez conquistar en las urnas el poder presidencial, a través de una dura competencia con la derecha decadente del Partido Acción Nacional y el pulverizado Partido de la Revolución Democrática (en facciones del chuchismo, bejaranismo, cardenismo, ebradorismo y, de pilón, las tribus que no entienden que López Obrador es su única posibilidad de dar la batalla electoral).
El PRI antepeñista es la antigüedad de ese PRI, que fue lo peor de los malos gobiernos autoritarios, represivos y que iniciaron el uso de los militares para, a sangre y fuego, aplastar las protestas sociales y las demandas políticas y económicas. Su representante es Salinas, al que imita Calderón. Éste hoy pone las condiciones para el golpismo policiaco-militar (apuntando para que García Luna sea el sucesor en una Presidencia con uniforme). Así, los dos PRI se disputan postular a una cabeza política, con ideas renovadoras, con programa político y económico, que es Manlio Fabio Beltrones Rivera: un reformador desde el Senado, asido al republicanismo-democrático. O a Peña Nieto, con dinero de sobra (del pueblo mexiquense), el apoyo de Carlos Salinas de Gortari, el Grupo Atlacomulco, con su tío Arturo Montiel al frente, a la espera que la oligarquía y plutocracia lo apoyen.
Es una confrontación que no tiene reversa. Peña Nieto, cuestionado e impugnado por haber saboteado la Reforma Política con sus legisladores en la Cámara de Diputados, comandados por Francisco Rojas, y a quien muestran como otro salinista feroz. Pero ya salió a la luz pública el catálogo contra Peña Nieto, empezando por su mal gobierno y peor administración en el Estado de México, su padrinazgo de Montiel, la masacre de Atenco, los feminicidios, el encubrimiento al narcotráfico, el homicidio de Paulette (la niña sacrificada vilmente), la muerte de su esposa, la fortuna gastada en su promoción manejada por Liébano Sáenz, etcétera, con fundamento en los focus groups (estrategia comercial para venderlo como un galán adornado con su copete para aparentar altura física al carecer de grandeza política).
*Periodista
Fantasía en Los Pinos
No es reconocido por su transparencia cuando se trata de amigos
El PRI suele presentar al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, como representante de un partido más joven, más fresco y moderno, adaptado a las nuevas realidades democráticas de México
. Y por supuesto, como el futuro presidente de México
.
Sin embargo, para analistas de la embajada de Estados Unidos que realizaron una gira de dos días a la entidad el 10 y 11 de septiembre de 2009, el político, a quien llaman ahijado del ex presidente Carlos Salinas
, más bien parece cortado con la misma tijera
que la vieja guardia príista.
Hecho en el molde del anquilosado PRI mexiquense, Peña Nieto no es reconocido precisamente por su transparencia, cuando se trata de amigos y aliados
, como fue el caso de la protección que brindó a su antecesor, el ex gobernador Arturo Montiel, para evitar que fuera investigado por corrupción al principio de su administración.
- El abstencionismo tradicionalmente beneficia al tricolor, opinan los estadunidenses
financia empresas encuestadoras que den resultados a su favor
A partir de enero de 2009 y casi seguro que hasta el final del sexenio
, la embajada de Estados Unidos ve al PRI haciendo política y campañas electorales guiado exclusivamente por el objetivo de reconquistar el poder en 2012 y lidiando con los conflictos internos que conlleva ese intento
.
Para el aspirante del tricolor a la Presidencia mejor posicionado, Enrique Peña Nieto, operar en modo campaña
incluye la transgresión de algunas normas que se registran en el cable diplomático 09MEXICO212, como el pago bajo la mesa a medios de comunicación a cambio de coberturas favorables y el financiamiento a empresas encuestadoras que ofrezcan resultados favorables al PRI mexiquense.
Para conseguir su meta –según un análisis de la entonces encargada de negocios de la embajada estadunidense, Leslie Bassett, en un cable para el Departamento de Estado–, el gobernador del estado de México tenía que demostrar que era capaz de traducir su enorme popularidad personal en resultados electorales
(para las elecciones legislativas y municipales de julio de 2009).
Quizá como nunca lo había hecho en procesos electorales previos, el mandatario estatal está concentrado y ha lanzado proyectos de trabajo en zonas que le pueden aportar votos; analistas y líderes de su propio partido han expresado ante consejeros políticos de la embajada sus sospechas de que está pagando dinero a los medios bajo la mesa para favorecer una cobertura favorable, y también que financia a empresas encuestadoras para que presenten resultados alterando las tendencias a su favor
- Desde agosto de 2009 a Enrique Peña ya le preocupaba una traición del blanquiazul
Blanche Petrich
El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, comentó en agosto de 2009 con el entonces encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John Feeley, la posibilidad de que el PRI y el PAN firmaran un pacto que permitiría al partido oficial obtener los votos necesarios en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa presidencial para el presupuesto de ingresos 2010, que incluía un aumento de 2 por ciento al llamado impuesto antipobreza
. A cambio, el blanquiazul prometía no aliarse con el PRD para la contienda electoral mexiquense en julio de 2011.
- El ex edil de la ciudad destaca que la policía municipal es la mejor pagada del país
Tijuana se salvó a sí misma, con el apoyo de varios alcaldes de EU: Jorge Ramos
drásticareducción de asesinatos a partir de 2010 y en general de la incidencia delictiva, depuración de 600 elementos policiacos, 200 de los cuales están sujetos a proceso judicial, y la conformación del cuerpo local del orden mejor pagado y equipado del país.
La conjunción de un modelo de combate al crimen organizado coordinado por el Ejército –ratificado como tal aun después del cambio en la administración municipal– con una política social para fomentar simultáneamente la denuncia ciudadana y las actividades culturales llevan al ex munícipe a exclamar: Tijuana se salvó a sí misma
.
- Activistas censuran el desfile militar que encabezó el sábado en Ciudad Juárez
- La parada significa que no está en sus planes retirar el Ejército de las calles, añaden
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), aseveró ayer que el desfile militar que encabezó el presidente Felipe Calderón el sábado pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una muestra clara de la distancia que hay entre lo que la ciudadanía quiere y lo que el gobierno hace
.
Sin duda, sostiene Cortez, con ese desfile, el Ejecutivo federal manda el mensaje de que no habrá modificación a su política en materia de seguridad. Con esa acción Calderón desperdicia la oportunidad para rectificar, su obstinación por esta guerra parece inamovible
.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos (Limeddh), resaltó a su vez: El desfile del sábado pasado en Ciudad Juárez, reafirma que el presidente no está dispuesto a escuchar ni a los ciudadanos ni los llamados de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que piden que cambie su estrategia de combate al crimen organizado por los 40 mil muertos que sufre el país
.
Ese desfile militar es un hecho inusitado no visto en la historia reciente de México, ya que el único desfile militar que encabezaba el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el del 16 de septiembre, pero con este que Calderón organizó en esa ciudad fronteriza, el mensaje es claro: no habrá rectificación de la estrategia de combate al crimen organizado
En 2011 subsidiarán con $443 millones el plan de juicios orales en materia penal
- Baja California, Hidalgo, Yucatán, Morelos y DF, las entidades que más apoyo han recibido
La Cámara de Diputados autorizó otorgar 443 millones de pesos para subsidiar la puesta en marcha en las entidades de los juicios orales en materia penal durante 2011, según consta en documentos administrativos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal (Setec), que preside Felipe Borrego.
Magistrados de circuito y consejeros de la Judicatura Federal consultados por La Jornada –quienes aceptaron hablar sobre el tema presupuestal sin dar sus nombres– precisaron que ese subsidio se incrementó 36 por ciento con relación al autorizado para 2010.
Peña Nieto, producto chatarra
mafia del poder, encabezada por Carlos Salinas de Gortari. Además invitó a sus simpatizantes a rechazar en las urnas el “producto chatarra de Enrique Peña Nieto, porque de regresar el PRI al poder vamos a terminar como esclavos en nuestra tierra.
Vine a Nuevo León a hacer historia, comentó el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien aseguró que el PAN ya no le sirve
a la mafia. Sostuvo que desde el sexenio de Carlos Salinas (1986-1994) cada año son rechazados 300 mil jóvenes dey NL, 22 de mayo. El dirigente del Movimiento de Regenela Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual los ha llevado a optar por la delincuencia. López Obrador se comprometió a fortalecer los valores culturales y sociales, con el argumento de que desde hace 28 años el dinero se ha elevado como valor supremo en México, lo cual ha desviado a muchos jóvenes hacia la delincuencia
Nueva Izquierda definirá en junio precandidatura de Ebrard para 2012
La corriente perredista Nueva Izquierda se apresta a celebrar, en junio, un congreso nacional de grupo que establezca que Marcelo Ebrard Casaubón sea su precandidato a la Presidencia de la República para 2012.
Lo hacemos en el marco de organización de una expresión política
, y en aras de que el PRD lleve a cabo un proceso institucional de certezas, de reglas claras para que la definición (del candidato presidencial del partido) recaiga en el mejor posicionado
, entre Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, aseguró el coordinador nacional de esa corriente, Miguel Barbosa.
Necesarias, reformas electorales para el proceso de 2012, plantea IFE a Congreso
- Deberán hacerlo en un periodo extraordinario en junio, para que sea vigente el año próximo
- Baraja española
- Tardía recapacitación
- Narcofantasma electoral
- GGL: medalla
en custodia
guerraque no sólo ha fracasado en cuanto a la consecución de los objetivos trazados, sino que ha sumido al país entero en una pesadilla roja
México SA
- Fantasía en Los Pinos
- ¿Carstens al FMI?
- México: "poder de voto"
el mejor, sino
cumple con todos los requisitos para ocupar el puesto.
catarritoa la peor crisis económica en 80 años y, de paso, preguntar a Ernesto Cordero y a su promotor si tienen alguna idea de cómo y quiénes han tomado las decisiones en el Fondo Monetario Internacional a lo largo de sus casi 67 años de existencia. No se requiere genialidad para saber que para estos efectos México nunca ha sido tomado en cuenta, ni lo será
En efecto, aunque se proclame de izquierda, el PSOE ha venido aplicando las fórmulas económicas tradicionales de la derecha para hacer frente a la recesión: sacrificio de las personas y favores a los corporativos con cargo al dinero público. Si se cotejan los resultados comiciales de ayer con las grandes expectativas que generó Rodríguez Zapatero a su llegada al gobierno, en marzo de 2004, habría que señalar el desencanto como el factor principal de la derrota para el partido gobernante
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Víctor Flores Olea
mostrarpúblicamente su intención y propósito de unidad. Por supuesto que las diferencias no se evaporan por arte de magia, pero hay muchas razones para que ahora los líderes más visibles de la izquierda exhiban una voluntad convergente que se sitúa en el polo opuesto de los
juegosirresponsables que varios de ellos venían realizando, y que contribuyeron gravemente en los últimos años al desprestigio de la izquierda en México.
La intención de proclamar la posibilidad de la unidad, que deberá remacharse y confirmarse en el futuro próximo, fue el real significado de la coincidencia de Andrés Manuel López Obrador, Cuahutémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y hasta del actual dirigente del PRD, Jesús Zambrano, en el inicio de campaña de Alejandro Encinas, para sólo hablar ahora de los más visibles, sin olvidar que también estuvieron presentes Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y María Teresa Juárez viuda de Heberto Castillo y varios otros perredistas prominentes en el Congreso, e incluso el coordinador del Dia, Manuel Camacho Solís
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Bernardo Bátiz V.
maestra, ni las del gobierno federal a través de sus mandos centralizados lo estarían.
Una guerra de tantas
Hermann Bellinghausen
La noticia la dieron las agencias. Chisporroteó un par de días, como tantas informaciones. Prestamente fue descalificada, más que desmentida oficialmente. Y desapareció, como tantas otras. Recapitulando: el 15 de marzo el hijo de un narcotraficante notorio, y traficante él mismo, Vicentillo de nombre, interpuso un recurso ante una corte en Chicago (donde está preso) contra el gobierno de Estados Unidos, pues "el inculpado realizó sus actividades delictivas en México bajo la anuencia de las autoridades federales" del vecino país, argumentaron sus abogados (El Universal, 7 de abril).
La defensa del vástago de Israel El Mayo Zambada, lugarteniente a su vez del magnate Chapo Guzmán, sostiene que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y las oficinas Federal de Investigaciones (FBI) e Inmigración y Control (ICE) le habrían dado "consentimiento" para realizar sus actividades comerciales entre enero de 2004 y marzo de 2009. El joven Zambada nombra y acusa al asistente regional de la DEA para América del Sur, al director general de la oficina de la DEA en México, a agentes de la DEA comisionados en Monterrey, Hermosillo y la ciudad de México, además de personal de la FBI, "cuyos nombres desconoce el acusado, pero son conocidos por las agencias" mencionadas
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Transformación pacífica
Se unen a la defensa de PEMEX
Ordenan desnudar corrupción en PEMEX
El Estado se desmorona
La muerte anunciada del General Juárez Loera o cómo los militares no saben defenderse…
Calderón no quiere elecciones
Los indignados
Masacre en una cafetería
Calderón y sus 28 shots…
Indicador político
Hoy, paro magisterial en Oaxaca
“Focos rojos” en 39 mil escuelas
Discriminan a Encinas
Impiden al candidato de la coalición “Unidos podemos más” a la gubernatura del Estado de México colocar publicidad en la final del fútbol mexicano / El aspirante anunció que, de ganar, se reduciría el salario como mandatario a lo mismo que ganaba el presidente de Brasil TEJUPILCO, Estado de México, 22 de mayo (EL UNIVERSAL).- En caso de ser electo gobernador del Estado de México, Alejandro Encinas percibirá un salario de 70 mil pesos mensuales, en contraste con los más de 220 mil que recibe como sueldo bruto al mes el actual mandatario, Enrique Peña Nieto. Así lo informó el candidato de la coalición “Unidos Podemos Más” a la gubernatura al encabezar un mitin en el municipio de Luvianos, en su gira por comunidades rurales del sur de la entidad, en zona de tierra caliente y donde la propaganda.. [+] Ver mas
La destrucción de manglares en la Costa Maya
Rectificar camino
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Cartens para el FMI
Prioridad de la izquierda
Alfredo Rivera Flores y la “Sosa Nostra”
Ernesto Villanueva El ejercicio de la libertad de expresión adquiere un valor preferente cuando se trata de personas públicas y de casos de interés colectivo. En ese supuesto, los derechos de la personalidad reducen su esfera de protección. Hay, con todo, una tensión constante en estos derechos fundamentales en conflicto. Alfredo Rivera Flores, un escritor de Hidalgo y hombre de un prestigio sin mella está a punto de perder su patrimonio –-como ha perdido ya él y su familia la tranquilidad durante varios años- por revelar datos de interés público del señor Gerardo Sosa Castelán, una persona pública en un caso de interés general. Veamos por qué. Primero. En el mes de mayo del 2004. Alfredo Rivera escribió un libro titulado La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, prologado por Mi.. [+] Ver mas
¿Y aquí, para cuándo la acampada?
Las voces de los jóvenes en la “Revolución Española” de mayo
Sabines y su compadre Emmanuel en Twitter
Conjeturas Álvaro Cepeda Neri El síndrome de Enrique Peña Nieto ha cundido por entre los malos gobernantes, como una peste. El “gober” de Chiapas: José Juan Sabines Guerrero mantiene una campaña publicitaria para satisfacer su ego, que compite con el mexiquense en apariciones de televisión (el minuto cuesta no menos de medio millón, y en horario entre azul y buenas noches llega al millón de pesos). Sus inserciones pagadas en la prensa escrita, aparecen un día sí y otro también. Por la radio no son escasos sus anuncios. Todo para decirnos que es un funcionario honrado (lo de honesto es otra cosa). Que, además, cumple con sus obligaciones. Y se le ve firmando acuerdos a diestra y siniestra. Va y viene en el avión-jet del gobierno, como si fuera de su propiedad. Todo eso mientras en Chiapas siguen los.. [+] Ver mas