miércoles, septiembre 26, 2012
Represión policial en Madrid: Vídeo e imágenes del horror
En estos momentos se vive en Madrid España una represión policíaca del terror contra los manifestantes #25S qué exigían la renuncia de funcionarios en el congreso de diputados.
Aquí imágenes y un vídeo que muestran la brutalidad con la que son tratados los manifestantes.
Joven es severamente golpeado por policías al punto de quedar inconsciente..
Joven severamente golpeado por policías
Se dice que este anciano les grito “cobardes” a los policías, estos dieron la razón al arrastrarlo de tal manera.
Joven es lastimado con gravedad aparentemente sin confirmar podría quedar paralitico
Señor con edad aparentemente avanzada es tratado a empujones para remeterle a las autoridades
Vídeo lamentable de la represión policíaca que se vive en estos momentos en Madrid
http://youtu.be/YuRHshyT-yA
EL LOGOTIPO DEL PODER
Algo huele mal
El logotipo de Televisa –apócrifo o no– abre las puertas del poder.
Pero en el caso de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua –acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes– a Televisa se le revirtió su logotipo: su utilización en seis camionetas tipo Van para transportar por Centroamérica 9.2 millones de dólares, y en las que se encontraron rastros de cocaína, involucró a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en un intrincado lío judicial del que se ha deslindado enfáticamente.
El poder notarial
De acuerdo con el expediente que sobre el asunto abrió la Secretaría de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México (Setravi), las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto fueron registradas a nombre de Televisa utilizando documentos que, en apariencia, eran de la propia empresa: la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, recibos de pago de teléfono, la declaración de valor catastral y de pago de impuesto predial y un poder notarial de la televisora para realizar todo tipo de trámites de vehículos.
Según documentos del expediente –cuyas copias tiene este semanario– los trámites presuntamente los hizo Armando Tavera Sánchez, cuya credencial del IFE señala que vive en calle Sur No. 101 B 533, colonia Sector Popular, en la delegación Iztapalapa. Habría realizado tales gestiones entre diciembre de 2009 y agosto de 2011 en los módulos de control vehicular de las delegaciones Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza.
El expediente señala que se presentó como comprobante de domicilio de Televisa la declaración de valor catastral y pago de impuesto predial del año 2002 correspondiente al edificio de la empresa ubicado en Avenida Chapultepec 18, colonia Doctores. Esta declaración, por cierto, asienta que el valor catastral del inmueble es de 72 millones 131 mil pesos, y el valor catastral “base renta” de 115 millones 320 mil pesos.
También para comprobar dicho domicilio se presentaron facturas por el pago de teléfono a Telmex en las cuales no aparece el número de la línea, pero son por montos de 8 mil pesos mensuales en promedio.
Se presentaron además dos documentos que avalaban a Tavera como representante legal de Televisa: una cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la televisora –clave TEL-721214GK7– y un poder notarial de la empresa. Este último documento fue emitido el 26 de junio de 2003 por la notaría número 100, cuyo titular es Manuel Oliveros Lara.
El documento notarial asienta:
“Televisa, sociedad anónima de capital variable, representada por los señores don Juan Sebastián Mijares Ortega y don Julio Barba Hurtado, ambos en su carácter de apoderados generales, otorga a favor del señor Armando Tavera Sánchez un poder especial, pero tan amplio como en derecho se requiera y sea necesario, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, lleve a cabo todas las gestiones o trámites de carácter fiscal, administrativo, civil y penal que tengan relación con los vehículos automotores propiedad de la sociedad (…) De igual forma, queda autorizado para que lleve a cabo cualquier trámite y/o firme cualquier documento relacionado con el procedimiento de sustitución de placas o matrículas de circulación o reemplacamiento (…).”
Una ficha informativa anexa al expediente hace notar que “la Dirección de Registro Público del Transporte (de la Ciudad de México) cuenta con trámites contemporáneos realizados a nombre de Televisa, S.A. de C.V., en los cuales se aprecia que los documentos utilizados para acreditar la representación legal de la empresa y del representante legal son los mismos a los utilizados en el emplacamiento de las seis unidades que nos ocupan”.
Más aún, la ficha hace referencia a una solicitud que el pasado 27 de agosto realizó ante la Setravi Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado, uno de los representantes legales de Televisa, con el propósito de obtener los expedientes administrativos de las seis camionetas decomisadas en Nicaragua.
Para comprobar su representación legal, Araujo presentó un poder notarial emitido por la notaría número 100, a cargo de Manuel Oliveros. Se trata del mismo notario que presuntamente entregó a Tavera el poder notarial para realizar los trámites de las camionetas decomisadas en Nicaragua.
La ficha informativa apunta: “El poder notarial presentado en las oficinas de la Setravi, que acompaña al escrito de requerimiento de información de fecha 27 de agosto de 2012, con el que la empresa Televisa nombra a sus representantes legales para acreditar su personalidad jurídica, es emitido por la notaría 100 del notario Manuel Oliveros Lara (…) lo cual es importante destacar ya que es la misma notaría que emite el poder notarial a favor de Armando Tavera Sánchez y que fue utilizado para el emplacamiento de las seis unidades que se han detallado, así como de otros trámites vehiculares a nombre de la misma empresa”.
Expediente de la Setravi
De acuerdo con el expediente de la Setravi, entre octubre de 2009 y julio de 2011 Raquel Alatorre Correa, la mujer que lidera al grupo de mexicanos detenidos en Nicaragua, compró cinco de las seis camionetas en la agencia Chevrolet del Parque, con domicilio en León, Guanajuato; la otra la adquirió en Nueva Automotriz Occidental, de Guadalajara, Jalisco. Todas las pagó “al contado” y las facturas se expidieron a su nombre. Luego endosó éstas a favor de Televisa, aunque en una de las facturas no es legible la leyenda del endoso.
A partir de ahí se iniciaron los trámites ante los módulos de control vehicular utilizando la presunta documentación de Televisa anteriormente descrita. La referida nota informativa del expediente señala que tres camionetas fueron dadas de alta como vehículos nuevos en diciembre de 2009, una en junio de 2010 y las dos restantes en agosto de 2011. Alrededor de cinco meses después de esta última fecha tres de las camionetas fueron dadas de baja y posteriormente dadas de nuevo de alta ya como vehículos usados, con lo que se modificaron los números de placas, pero mantuvieron el mismo registro de propiedad: Televisa.
La ficha informativa apunta que en el caso del trámite de una de las camionetas –correspondiente a las placas 886-XCR–, “se detectó” que fue realizado en el módulo de Tlalpan por el operador Luis Aburto Orozco. Consigna que éste tiene “antecedentes de emplacamientos irregulares relacionados con la delincuencia organizada y delitos contra la salud”, por lo que “desde el 20 de abril le fue cancelada la clave de usuario como operador” y se inició un proceso administrativo en su contra.
En ninguna parte del expediente de la Setravi se señala si los documentos presentados a nombre de Televisa son auténticos o falsos. Es la propia televisora la que subrayó que son apócrifos.
El 19 de septiembre El Noticiero, que conduce Joaquín López Dóriga, difundió una nota del reportero Mario Torres, que señaló: “Los trámites de alta vehicular se hicieron con documentación apócrifa ante la Setravi. Como norma, Televisa realiza los trámites de alta y baja de su parque vehicular a través de un gestor debidamente establecido. Los trámites siempre se realizan en el módulo especial que tiene la Setravi para atender empresas como Televisa.
“Desde hace varios años Televisa le ha otorgado un poder notarial para realizar los trámites vehiculares. Una copia de ese poder, que se expidió en 2003 y sólo tenía vigencia de dos años, fue utilizada ilegalmente por Raquel Alatorre Correa para hacer cambios de propietarios. Las autoridades investigan el uso ilegal de este poder.”
Un día después –jueves 20–, también en El Noticiero, una nota del mismo Mario Torres apuntó:
“Noticieros Televisa ha podido documentar que estas camionetas fueron posteriormente registradas a nombre de Televisa utilizando documentación apócrifa presumiblemente sustraída de los archivos de la Setravi, en los que destaca una copia de un poder notarial vencido a favor del gestor que Televisa utiliza normalmente para realizar los trámites. El gestor ha declarado ante las autoridades que investigan el caso que no identifica los vehículos. El poder notarial no lo usa desde 2008.”
Sin embargo el reportero nunca dio el nombre del “gestor” que no identificó los vehículos.
El pasado 29 de agosto Televisa presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia por el uso de documentos falsificados para registrar indebidamente como de su propiedad las camionetas incautadas en Nicaragua. Esa dependencia inició apenas la investigación la semana pasada.
En cambio, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, dependiente de la PGR, solicitó desde el pasado 28 de agosto información a la Setravi sobre los vehículos decomisados y las licencias para conducir de los mexicanos detenidos en Managua. El caso está inscrito en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/209/2012.
A pesar de que dicha investigación no ha concluido, de manera personal y verbal Marisela Morales, titular de la PGR, exoneró a Televisa de cualquier vínculo con los detenidos y con las camionetas.
Entrevistada el jueves 20 por López Dóriga durante su programa de noticias en Radio Fórmula, dijo: “Llevamos una investigación al respecto. Hasta donde vamos, hubo ahí una maquinación de las propias personas que están detenidas; bueno, de una persona (Alatorre) a cuyo nombre están las camionetas. En realidad ya se descubrió cómo fue la maquinación para llegar a poner a nombre de la empresa Televisa, pero no tiene nada que ver con esa empresa”.
Añadió: “Lamentablemente es un caso más en que la delincuencia organizada hace actos en nombre de otro o utiliza el nombre o el prestigio de esas personas que no están ni enteradas. Utilizaron el nombre de la empresa. Es lo que se desprende de la investigación. Pero ni las personas ni los vehículos pertenecen a la empresa”.
El embajador, al servicio de Televisa
MANAGUA.- Una
comunicación del embajador de México, Rodrigo Labardini, era hasta la
semana pasada la “prueba documental” que deslinda a Televisa de los 18
mexicanos detenidos en Nicaragua acusados de lavado de dinero,
delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes.
Se trata del documento NICO2513, fechado el pasado 23 de agosto, en el cual Labardini asegura que los detenidos “no son empleados, técnicos, presentadores o periodistas de la empresa Televisa, S.A.”
Rodrigo Zambrana, fiscal del Ministerio Público, incorporó el documento del embajador como “prueba documental” al Escrito de Intercambio de Información y Prueba que presentó ante el juez Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias de esta capital, Julio César Arias, quien presidió el martes 18 una audiencia sobre el caso.
Esa “prueba documental” provocó una airada protesta de Johana Fonseca, integrante del equipo de los defensores de los detenidos. “Con un documento comunicativo del embajador de México pretenden demostrar que no son trabajadores de Televisa. ¿Desde cuándo tiene el embajador que certificar que no son de Televisa?”, preguntó la abogada en la audiencia.
La propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aclaró dos días después –jueves 20– que el embajador Labardini elaboró su calificación con base en la información que le proporcionó la propia televisora. “Como parte de las investigaciones, el gobierno de Nicaragua solicitó a la embajada mexicana en Managua corroborar con la empresa Televisa si las personas y vehículos retenidos formaban parte de la planta laboral y vehicular de dicha empresa. La SRE se limitó a hacer la consulta con la empresa y a transmitir la respuesta en sentido negativo a las autoridades nicaragüenses”, apuntó la cancillería en una respuesta oficial entregada al reportero René Cruz, de Noticias MVS.
En el referido Escrito de Intercambio de Información y Prueba, aparece un “recibo de ocupación” –identificado con el número 0573-12– en el que se da cuenta de los bienes incautados a los mexicanos detenidos. En ellos aparecen carnets de Televisa a nombre de cada uno de ellos. Raquel Alatorre, por ejemplo, identificada como jefa del grupo, portaba el número A71438.
Zambrana no fue enfático cuando los periodistas le preguntaron si los vehículos son o no de Televisa y si los detenidos son o no sus empleados.
“La información que tenemos es una comunicación diplomática que señala que ellos no son miembros de este emporio televisivo”, dijo a los periodistas que dieron cobertura a la sesión convocada por el juez Arias.
“Ustedes tienen que comprender que estamos aún en un proceso investigativo en marcha y que ésta es probablemente la primera de las audiencias donde se puedan ofrecer elementos de pruebas y en el transcurso de la investigación se irán dilucidando algunos hechos”, agregó.
“La licenciada”
En el citado documento de la fiscalía, de 34 páginas, se consigna que a Raquel Alatorre se le incautaron un reloj Cartier, un anillo Bvlgari, otro anillo con diamante en forma de triángulo, varias cadenas posiblemente de oro y un iPad de 64 GB.
Cuando fue detenida ella se presentó como periodista y presentadora de televisión. El documento consigna que es “ingeniera en sistemas”. El resto de sus compañeros la llaman “la licenciada” y era quien se encargaba de hacer los trámites aduanales y migratorios en los puestos fronterizos por los que pasaba la caravana de vehículos con los logotipos de Televisa.
Ella presentaba su pasaporte mexicano número 08400011472. Además se encargaba de alquilar habitaciones en hoteles de Centroamérica. Pagaba siempre en efectivo y nunca exigía facturas. En una ocasión incluso olvidó retirar un sobrante de 160 dólares en un hotel.
En el documento de la fiscalía aparece también el Informe Pericial Trazológico TZ-0453-2487-2012, elaborado por el Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, referido al peritaje de los seis vehículos incautados. En éste se describe el número de “VIN o de chasis” que corresponde a cada placa, cada uno de los cuales está a nombre de Televisa. Todos coinciden con los divulgados por la periodista Carmen Aristegui en su programa de MVS.
El perito trazológico, identificado como teniente Guillermo Rodríguez, concluye lo siguiente: “Que los VIN que poseen los vehículos Vans marca Chevrolet, año 2011, son originales de fábrica, y las placas receptoras de la serie conservan su posición y carecen de remoción”. Sin embargo, añade que “las etiquetas de las puertas delanteras izquierdas fueron eliminadas (borradas)”.
El miércoles 19, durante el noticiario que conduce Joaquín López Dóriga, Televisa sostuvo que los vehículos “fueron dados de alta a nombre de la empresa de manera ilícita”.
El documento consigna las conclusiones de un experto del ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, el cual valuó dos de los vehículos (placas 165-XXLL y 848-XCJ) en alrededor de 475 mil dólares debido a los equipos de comunicación satelital incorporados en ellos.
El viernes 7, envuelto en el mayor sigilo, el apoderado de Televisa, Ramón Pérez Amador, se presentó ante la fiscal departamental de esta ciudad, Blanca Salgado, para entregarle un fajo de documentos, entre ellos un escrito legal en el cual la televisora niega tener vínculos con los 18 detenidos y rechaza que los vehículos –en los que las autoridades encontraron ocultos 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína– y el equipo decomisado sean de su propiedad.
Con base en ello Pérez Amador solicitó a las autoridades de la fiscalía departamental que presenten denuncia contra cualquiera de los 18 mexicanos que haya fabricado o utilizado gafetes o documentos que ostenten el nombre comercial, los logotipos o los colores que son parte de la imagen corporativa de la cadena mexicana de televisión.
Para dar seguimiento a la denuncia, la fiscal Salgado dijo a Proceso que trasladó el caso a la doctora Leyla Prado, quien se encarga de atender los casos de delitos de propiedad intelectual, entre ellos los relacionados con marcas y patentes.
“Es un delito de menor gravedad a los que ahora enfrentan (los 18 mexicanos), pero si se denuncia, nosotros estamos en la obligación de investigarlo”, comentó la funcionaria.
En su opinión se ha abierto un nuevo capítulo en el caso de los detenidos, ya que le corresponderá a la Policía Nacional y al Ministerio Público determinar si los acusa ahora por falsificación, usurpación o alteración de marcas y patentes registradas.
Durante la audiencia del martes 18 el equipo de abogados defensores de los mexicanos, encabezado por José Ramón Rojas Urroz, insistió en desestimar las pruebas testificales, documentales y periciales aportadas por el Ministerio Público. Las consideran un mero “relato acusatorio” ya que, dijeron, no aportan evidencias reales sobre tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado, delitos que se les imputan a sus clientes.
“¿Se va a demostrar el transporte internacional de estupefacientes con los resultados del Sintrex Trace 2200, que arroja resultados de nanogramos?”, preguntó al juez uno de los defensores. “Este no es el medio de prueba para demostrar el tráfico de estupefacientes. No está certificado tampoco de qué manera estas 18 personas transportaron drogas, en qué cantidades y en qué momentos”, agregó.
Según él lo único que está certificado es que entraron y salieron del país en varias ocasiones, y eso no es delito.
Sin embargo, el juez Arias decidió que había elementos suficientes para iniciar un juicio oral y público contra los acusados, el cual dará comienzo a las nueve de la mañana del próximo 3 de diciembre.
Se trata del documento NICO2513, fechado el pasado 23 de agosto, en el cual Labardini asegura que los detenidos “no son empleados, técnicos, presentadores o periodistas de la empresa Televisa, S.A.”
Rodrigo Zambrana, fiscal del Ministerio Público, incorporó el documento del embajador como “prueba documental” al Escrito de Intercambio de Información y Prueba que presentó ante el juez Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias de esta capital, Julio César Arias, quien presidió el martes 18 una audiencia sobre el caso.
Esa “prueba documental” provocó una airada protesta de Johana Fonseca, integrante del equipo de los defensores de los detenidos. “Con un documento comunicativo del embajador de México pretenden demostrar que no son trabajadores de Televisa. ¿Desde cuándo tiene el embajador que certificar que no son de Televisa?”, preguntó la abogada en la audiencia.
La propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aclaró dos días después –jueves 20– que el embajador Labardini elaboró su calificación con base en la información que le proporcionó la propia televisora. “Como parte de las investigaciones, el gobierno de Nicaragua solicitó a la embajada mexicana en Managua corroborar con la empresa Televisa si las personas y vehículos retenidos formaban parte de la planta laboral y vehicular de dicha empresa. La SRE se limitó a hacer la consulta con la empresa y a transmitir la respuesta en sentido negativo a las autoridades nicaragüenses”, apuntó la cancillería en una respuesta oficial entregada al reportero René Cruz, de Noticias MVS.
En el referido Escrito de Intercambio de Información y Prueba, aparece un “recibo de ocupación” –identificado con el número 0573-12– en el que se da cuenta de los bienes incautados a los mexicanos detenidos. En ellos aparecen carnets de Televisa a nombre de cada uno de ellos. Raquel Alatorre, por ejemplo, identificada como jefa del grupo, portaba el número A71438.
Zambrana no fue enfático cuando los periodistas le preguntaron si los vehículos son o no de Televisa y si los detenidos son o no sus empleados.
“La información que tenemos es una comunicación diplomática que señala que ellos no son miembros de este emporio televisivo”, dijo a los periodistas que dieron cobertura a la sesión convocada por el juez Arias.
“Ustedes tienen que comprender que estamos aún en un proceso investigativo en marcha y que ésta es probablemente la primera de las audiencias donde se puedan ofrecer elementos de pruebas y en el transcurso de la investigación se irán dilucidando algunos hechos”, agregó.
“La licenciada”
En el citado documento de la fiscalía, de 34 páginas, se consigna que a Raquel Alatorre se le incautaron un reloj Cartier, un anillo Bvlgari, otro anillo con diamante en forma de triángulo, varias cadenas posiblemente de oro y un iPad de 64 GB.
Cuando fue detenida ella se presentó como periodista y presentadora de televisión. El documento consigna que es “ingeniera en sistemas”. El resto de sus compañeros la llaman “la licenciada” y era quien se encargaba de hacer los trámites aduanales y migratorios en los puestos fronterizos por los que pasaba la caravana de vehículos con los logotipos de Televisa.
Ella presentaba su pasaporte mexicano número 08400011472. Además se encargaba de alquilar habitaciones en hoteles de Centroamérica. Pagaba siempre en efectivo y nunca exigía facturas. En una ocasión incluso olvidó retirar un sobrante de 160 dólares en un hotel.
En el documento de la fiscalía aparece también el Informe Pericial Trazológico TZ-0453-2487-2012, elaborado por el Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, referido al peritaje de los seis vehículos incautados. En éste se describe el número de “VIN o de chasis” que corresponde a cada placa, cada uno de los cuales está a nombre de Televisa. Todos coinciden con los divulgados por la periodista Carmen Aristegui en su programa de MVS.
El perito trazológico, identificado como teniente Guillermo Rodríguez, concluye lo siguiente: “Que los VIN que poseen los vehículos Vans marca Chevrolet, año 2011, son originales de fábrica, y las placas receptoras de la serie conservan su posición y carecen de remoción”. Sin embargo, añade que “las etiquetas de las puertas delanteras izquierdas fueron eliminadas (borradas)”.
El miércoles 19, durante el noticiario que conduce Joaquín López Dóriga, Televisa sostuvo que los vehículos “fueron dados de alta a nombre de la empresa de manera ilícita”.
El documento consigna las conclusiones de un experto del ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, el cual valuó dos de los vehículos (placas 165-XXLL y 848-XCJ) en alrededor de 475 mil dólares debido a los equipos de comunicación satelital incorporados en ellos.
El viernes 7, envuelto en el mayor sigilo, el apoderado de Televisa, Ramón Pérez Amador, se presentó ante la fiscal departamental de esta ciudad, Blanca Salgado, para entregarle un fajo de documentos, entre ellos un escrito legal en el cual la televisora niega tener vínculos con los 18 detenidos y rechaza que los vehículos –en los que las autoridades encontraron ocultos 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína– y el equipo decomisado sean de su propiedad.
Con base en ello Pérez Amador solicitó a las autoridades de la fiscalía departamental que presenten denuncia contra cualquiera de los 18 mexicanos que haya fabricado o utilizado gafetes o documentos que ostenten el nombre comercial, los logotipos o los colores que son parte de la imagen corporativa de la cadena mexicana de televisión.
Para dar seguimiento a la denuncia, la fiscal Salgado dijo a Proceso que trasladó el caso a la doctora Leyla Prado, quien se encarga de atender los casos de delitos de propiedad intelectual, entre ellos los relacionados con marcas y patentes.
“Es un delito de menor gravedad a los que ahora enfrentan (los 18 mexicanos), pero si se denuncia, nosotros estamos en la obligación de investigarlo”, comentó la funcionaria.
En su opinión se ha abierto un nuevo capítulo en el caso de los detenidos, ya que le corresponderá a la Policía Nacional y al Ministerio Público determinar si los acusa ahora por falsificación, usurpación o alteración de marcas y patentes registradas.
Durante la audiencia del martes 18 el equipo de abogados defensores de los mexicanos, encabezado por José Ramón Rojas Urroz, insistió en desestimar las pruebas testificales, documentales y periciales aportadas por el Ministerio Público. Las consideran un mero “relato acusatorio” ya que, dijeron, no aportan evidencias reales sobre tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado, delitos que se les imputan a sus clientes.
“¿Se va a demostrar el transporte internacional de estupefacientes con los resultados del Sintrex Trace 2200, que arroja resultados de nanogramos?”, preguntó al juez uno de los defensores. “Este no es el medio de prueba para demostrar el tráfico de estupefacientes. No está certificado tampoco de qué manera estas 18 personas transportaron drogas, en qué cantidades y en qué momentos”, agregó.
Según él lo único que está certificado es que entraron y salieron del país en varias ocasiones, y eso no es delito.
Sin embargo, el juez Arias decidió que había elementos suficientes para iniciar un juicio oral y público contra los acusados, el cual dará comienzo a las nueve de la mañana del próximo 3 de diciembre.
Versini vs Montiel: hacia otro conflicto diplomático
Maude Versini sigue
luchando por recuperar a sus hijos retenidos en México por Arturo
Montiel, exgobernador mexiquense y exesposo de la francesa. Figura clave
en el Estado de México hasta hace siete años y reconocida como
impulsora de la carrera política de Enrique Peña Nieto, la mujer vino al
país a pedir una audiencia con el presidente electo. No ha recibido
respuesta. Amparada por resoluciones del Tribunal de La Haya, acudió
también a la cancillería, donde nadie mueve un dedo por ayudarla. Ni
siquiera sus antiguas amistades la apoyan. Todo mundo, dice, le teme a
Montiel.
En febrero de este año, tres meses después de que el exgobernador mexiquense Arturo Montiel retuviera ilegalmente a sus hijos –Alexi y los gemelos Sofía y Adrián–, Maude Versini recibió una llamada telefónica del exmandatario, de quien se divorció en 2007.
–Me llamó para decirme que iba a hacerme una “propuesta financiera” para que le dejara a los niños –rememora.
–¿Qué le respondió?
–Lo mandé a la chingada –sentencia–. “¿Tú crees que voy a vender a mis hijos? Estás loco”, le dije.
Versini habla con Proceso acerca de esa plática y otros ofrecimientos que el exgobernador le hizo para quedarse “de manera ilegal” con sus hijos. Detalla cómo a lo largo de cuatro años, tras el primer intento frustrado en 2007 por quitarle la custodia, Montiel urdió junto con sus abogados en París una serie de artimañas para crear un expediente de presunto maltrato y violencia utilizando a niñeras que, en realidad, eran “espías y empleadas” de la administración montielista.
Versini estuvo en México entre el jueves 13 y el lunes 17 para entrevistarse con funcionarios de la cancillería, jueces y abogados. En agosto pasado la defensa de Montiel obtuvo otro amparo contra la resolución de La Haya que le daba razón a la francesa. “Soy un poco escéptica porque nadie me quiere dar el derecho a convivir con mis hijos mientras no se resuelva el caso. Se tenía que haber resuelto en seis semanas y ya vamos para 10 meses”, dice.
Versini intentó reunirse con Enrique Peña Nieto. No tuvo éxito. Las puertas de la administración federal y la del Estado de México se cerraron para quien hace siete años era figura estelar en la vida política mexiquense.
Quiso ver a sus hijos en el Colegio Miraflores, pero los guardaespaldas de Montiel y los directivos de esa escuela católica se lo impidieron. Buscó a representantes de la cancillería para que intervinieran y no tuvo una respuesta positiva.
Tras casi 10 meses de un litigio que sepultó el amor entre Montiel y Versini, ella viajó acompañada de su actual esposo, Philippe Lancry, la hija de ambos y un pequeño equipo de la televisión francesa que realiza un reportaje sobre este caso que amenaza con transformarse en otro conflicto diplomático entre México y Francia.
La negativa de Montiel y sus abogados a explicar su posición contrastan con las recientes apariciones del exgobernador. El viernes 7 fue invitado al primer informe de gobierno del mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, donde coincidió con su amigo el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
–¿Por qué Montiel no habló con usted en este viaje?
–Lo llamé. Me contestó y me dijo: “Te devuelvo la llamada en dos horas”. No me llamó. Le volví a marcar. No me contestó. A la tercera tomó el teléfono: “¿Qué pasó? Ya estoy aquí”, le insistí. “Mira, te llamo en unos minutos”, reiteró.
“Una hora después me llamó su abogado Heredia. Quería reunirse conmigo. Le dije que quería hablar con el papá de mis hijos. El 14 de septiembre vi al abogado y me informó: ‘El señor Montiel está en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. Señora, yo no sé cuándo va a poder verla. porque está muy ocupado’.”
Peña Nieto al margen
–¿Ha buscado a Enrique Peña Nieto?
–Él se dice al margen, que no quiere meterse. No me ha contestado. Pedí una audiencia con él. Ojalá me la den.
–¿Le sorprende que no intente mediar en este conflicto?
–Siento que no puede hablar directamente con Montiel por este tipo de cosas. Creo que el presidente electo piensa que la justicia va a arreglar todo esto. Lo malo es que este asunto puede durar años. Y yo no lo voy a dejar.
–¿Usted tenía buenas relaciones con Peña?
–Con él y con Mónica Pretelini. Pasamos vacaciones juntos. Es un buen hombre, un buen padre. Y no puedo creer que me deje así en este plan. Confío en que si Enrique, una vez que sea presidente, puede actuar, lo haga.
Fue amiga de Peña Nieto durante la administración de Montiel pero además se convirtió en una pieza fundamental para que el exsecretario de Administración y entonces coordinador de la bancada priista en el Congreso local se convirtiera en candidato a gobernador en 2005. Entre los periodistas y analistas políticos mexiquenses es común señalar que la gran influencia que Versini ejercía sobre Montiel facilitó el camino para que Peña Nieto fuera candidato.
Durante la campaña presidencial, al ser cuestionado en dos ocasiones sobre el litigio entre Versini y Montiel, Peña Nieto declinó hacer comentarios aduciendo que se trata de un asunto privado.
El infierno
–¿Cómo explica la actitud de Montiel? ¿Son celos a raíz de la petición del divorcio?
–Eso fue lo que me dijeron sus abogados.
–¿Está usted viviendo ahora lo que un ciudadano común mexicano vive frente al aparato de justicia?
–Totalmente. Es un infierno, es una pesadilla. Me duermo con angustia, me levanto con angustia, perdí seis kilos. Estoy muy mal.
“La verdad tiene que salir, no puedo creer que este señor quede impune. Estamos hablando de un juicio de restitución y ni siquiera eso me protege. Gano el amparo y me quedo con los hijos, pero Montiel no pierde el derecho de verlos. ¿Quién me asegura que en las próximas vacaciones no me la va a volver a hacer? Es un círculo vicioso.
“Pienso levantar una denuncia penal por secuestro, porque si no, en cualquier momento me lo vuelve a hacer.”
–¿Cuál ha sido la reacción de los otros familiares de Montiel? ¿Los ha buscado?
–Me topé con Pablo, su otro hijo. Me lo encontré en un centro comercial en el viaje anterior. Llorando le rogué: “Ayúdame. Tú eres un padre, eres medio hermano de los niños, ayúdame”. Y me dijo: “Te aseguro que él nos ha mantenido totalmente al margen de esta historia. No nos deja que nos metamos. Está actuando solito en esto”.
–¿Con algunos otros amigos y exfuncionarios con quien convivió en el gobierno de Montiel?
–Las pocas amigas o esposas de exsecretarios tienen miedo. Todos tienen miedo.
“¿Sabes que eso me dijeron en la escuela de los niños? Pensé que se iban a sensibilizar las otras madres. Mi plan era éste, ya que no puedes entrar al Colegio Miraflores sin gafete en tu carro quería pedirle a una madre pasar con ella para entrar y ver a mis hijos.
“Cuando fuimos a la escuela ayer (el viernes 14) logramos pasar. No me vio el guardia. Me topé con una mamá. Me bajé del carro y le dije: ‘Soy la exesposa del licenciado Montiel y tengo a mis tres hijos en esta escuela, le ruego que me ayude. Me gustaría que me deje entrar en su carro mañana para poder ver a mis hijos’.
“‘No me quiero meter en líos. Todo mundo tiene mucho miedo del licenciado Montiel’, me respondió.
“También fui a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ellos son los responsables de que se cumplan las resoluciones del Tribunal de La Haya. Les advertí que ‘éste va a ser un segundo conflicto diplomático con Francia’”, señala Versini en referencia al caso de Florence Cassez, la francesa acusada de formar parte de una banda de secuestradores y detenida tras un montaje para la televisión organizado por la AFI, a cargo entonces de Genaro García Luna.
Los abogados de Salinas
Versini ya no duda que Montiel tramó durante más de cuatro años la retención de sus hijos, quienes habían venido a México para las festividades navideñas de 2011, y que contó para ello con la asesoría del mismo despacho de abogados que lo ha representado a él y a Raúl Salinas de Gortari en París.
Así lo acredita un correo electrónico que Montiel le envió a Versini el 2 de enero de 2012, fecha límite que tenía para devolver a sus hijos:
“Maude:
“Por favor no te preocupes por nuestros hijos; ellos están muy bien, están conmigo.
“De ninguna manera he tomado decisión de carácter unilateral ya que un juez familiar me autorizó provisionalmente su custodia hasta en tanto se puedan desentrañar las causas que originaron este proceder.
“Respecto a la custodia provisional autorizada, le envié una copia certificada al abogado Eric Noual, a quien tú conoces, quien te contactará para que conozcas el referido documento, y de ninguna manera tomaré decisiones fuera del marco de la legalidad.
“De igual manera, lo sabes bien, cuantas veces quieras podrás comunicarte con nuestros hijos e incluso convivir con ellos en México, en las condiciones que en su caso convengamos, hasta en tanto resolvamos el fondo de este asunto.”
El “fondo del asunto”, según Montiel, es el presunto maltrato que recibieron los hijos de parte de Maude y su actual esposo Jean Philippe Lancry, un francés 30 años menor que el exgobernador.
Durante cuatro años y con la ayuda de Noual y de la socia de éste, Céline Fournier Level, Montiel preparó un expediente con los testimonios de las cinco niñeras mexiquenses que le envió a Versini con el pretexto de que los niños “siguieran hablando español” y se “facilitara la logística” para cuando viajaran al Estado de México.
Versini entregó una copia a Proceso de una demanda de hechos que interpusieron el 27 de junio de 2011 las niñeras Mariela Bustos y Miriam Pineda Arce contra Maude y su esposo acusándolos de ser responsables de privar de alimentos y de “violencia múltiple” contra los niños Sofía y Adrián Montiel Versini, y de “maltrato psicológico” contra Alexis, el menor, quien fue diagnosticado con problemas de autismo a los dos años. Montiel argumenta que ese problema se debe a los malos tratos.
En esa demanda ante la policía francesa, Fournier Level no aparece como abogada sino como “traductora” de las nanas mexicanas. Fournier también se hizo pasar por Versini en una llamada a la escuela de los niños en París para averiguar la situación de los menores. Al investigarse el origen de la llamada telefónica, resultó ser el despacho de Noual.
Fournier y Noual comparten la misma dirección como socios de un despacho jurídico que ha tenido entre sus clientes mexicanos a Montiel y a los hermanos Salinas de Gortari.
–¿Los asesoró Carlos Salinas?
–No lo sé –confía–. Salinas estaría furioso si Montiel hubiera hecho esto si quería que Peña Nieto fuera presidente.
“En realidad todo ha sido muy maquiavélico. Arturo preparó todo para que las niñeras dieran testimonio en mi contra, pero yo tengo 129 testimonios que demuestran lo contrario: Que nunca hubo maltrato y que mi hijo Alexis necesita atención especial, por su condición de autista. En el juicio en Metepec no me aceptaron ninguno de estos testimonios.”
El otro caso de la nana-espía fue de María Guadalupe Barrón Estrada, a quien “Montiel disfrazó como niñera”, ya que no tenía ninguna experiencia previa más que trabajando en la administración mexiquense.
De acuerdo con su currículum, Barrón trabajó en el ayuntamiento de Toluca con José Guadalupe Chávez Bernal y con Francisco Balderas, así como en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Finanzas, a las órdenes de Verónica Hernández Pérez e Israel Sánchez Reyes, todos ellos colaboradores del gobierno montielista.
Versini se enfurece cuando recuerda este episodio. Barrón fue la última “niñera” antes de que Montiel retuviera a sus hijos en diciembre de 2011.
“Llegó en septiembre de 2011. Le pedí su currículum y no me lo quería mandar. Onésimo García, secretario privado de Montiel, me dijo que no había otra opción. Le pedí a él sus datos y ahí me di cuenta de que tuvo puros puestos en el gobierno del Estado de México. Ella vino a espiarnos”, relata Versini.
Barrón Estrada “fue a ver a los abogados de Montiel a París, a Eric Noual y a Céline Fournier. Le grabaron en video un testimonio donde nos acusaba de maltrato: ese video lo utilizaron en diciembre de 2011 en el juicio de Metepec para que me quitaran la custodia”.
Situación jurídica
El pleito entre Versini y Montiel aún puede prolongarse. Ella ganó el 29 de mayo de 2012 una resolución de la juez Guadalupe Escalona Valdez, del Juzgado Tercero Civil en tercera instancia de Lerma, Estado de México. La sentencia le ordenó a Montiel el regreso inmediato de sus tres hijos a Francia (Proceso 1860).
Ese juicio de restitución se celebró amparado por la Convención de La Haya, firmada por Francia y México. Previamente, el 5 de marzo de 2012 la justicia francesa desechó la demanda contra Versini y Lancry interpuesta por las niñeras mexicanas.
“La Brigada de Defensa de los Menores llevó una investigación de nueve meses sin encontrar el menor elemento contra nosotros. El Tribunal de Gran Instancia de París ordenó el sobreseimiento del caso”, recuerda Versini.
Montiel se amparó. Versini ganó en julio de 2012 la apelación, pero el exgobernador mexiquense volvió a promover en agosto de este año otro amparo. Lo ganó pese a que el 29 de julio de 2011 había sido detenido por la policía estadunidense en Miami por pelear alcoholizado en la vía pública. Salió bajo fianza.
Durante su reciente viaje a México Versini estuvo en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde está la Autoridad Central Mexicana, organismo que aplica y administra todo lo referente a los acuerdos de la Convención de La Haya.
–¿A qué acuerdo llegó usted con la cancillería?
–Me aconseja sentarme a platicar con Arturo Montiel y encontrar un acuerdo para conciliar, pero esto sería muy peligroso. Él podría en cualquier momento volver a secuestrar a mis hijos y, de nuevo, todo empezaría otra vez. Y sería todo un año de juicio tirado a la basura.
En febrero de este año, tres meses después de que el exgobernador mexiquense Arturo Montiel retuviera ilegalmente a sus hijos –Alexi y los gemelos Sofía y Adrián–, Maude Versini recibió una llamada telefónica del exmandatario, de quien se divorció en 2007.
–Me llamó para decirme que iba a hacerme una “propuesta financiera” para que le dejara a los niños –rememora.
–¿Qué le respondió?
–Lo mandé a la chingada –sentencia–. “¿Tú crees que voy a vender a mis hijos? Estás loco”, le dije.
Versini habla con Proceso acerca de esa plática y otros ofrecimientos que el exgobernador le hizo para quedarse “de manera ilegal” con sus hijos. Detalla cómo a lo largo de cuatro años, tras el primer intento frustrado en 2007 por quitarle la custodia, Montiel urdió junto con sus abogados en París una serie de artimañas para crear un expediente de presunto maltrato y violencia utilizando a niñeras que, en realidad, eran “espías y empleadas” de la administración montielista.
Versini estuvo en México entre el jueves 13 y el lunes 17 para entrevistarse con funcionarios de la cancillería, jueces y abogados. En agosto pasado la defensa de Montiel obtuvo otro amparo contra la resolución de La Haya que le daba razón a la francesa. “Soy un poco escéptica porque nadie me quiere dar el derecho a convivir con mis hijos mientras no se resuelva el caso. Se tenía que haber resuelto en seis semanas y ya vamos para 10 meses”, dice.
Versini intentó reunirse con Enrique Peña Nieto. No tuvo éxito. Las puertas de la administración federal y la del Estado de México se cerraron para quien hace siete años era figura estelar en la vida política mexiquense.
Quiso ver a sus hijos en el Colegio Miraflores, pero los guardaespaldas de Montiel y los directivos de esa escuela católica se lo impidieron. Buscó a representantes de la cancillería para que intervinieran y no tuvo una respuesta positiva.
Tras casi 10 meses de un litigio que sepultó el amor entre Montiel y Versini, ella viajó acompañada de su actual esposo, Philippe Lancry, la hija de ambos y un pequeño equipo de la televisión francesa que realiza un reportaje sobre este caso que amenaza con transformarse en otro conflicto diplomático entre México y Francia.
La negativa de Montiel y sus abogados a explicar su posición contrastan con las recientes apariciones del exgobernador. El viernes 7 fue invitado al primer informe de gobierno del mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, donde coincidió con su amigo el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
–¿Por qué Montiel no habló con usted en este viaje?
–Lo llamé. Me contestó y me dijo: “Te devuelvo la llamada en dos horas”. No me llamó. Le volví a marcar. No me contestó. A la tercera tomó el teléfono: “¿Qué pasó? Ya estoy aquí”, le insistí. “Mira, te llamo en unos minutos”, reiteró.
“Una hora después me llamó su abogado Heredia. Quería reunirse conmigo. Le dije que quería hablar con el papá de mis hijos. El 14 de septiembre vi al abogado y me informó: ‘El señor Montiel está en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. Señora, yo no sé cuándo va a poder verla. porque está muy ocupado’.”
Peña Nieto al margen
–¿Ha buscado a Enrique Peña Nieto?
–Él se dice al margen, que no quiere meterse. No me ha contestado. Pedí una audiencia con él. Ojalá me la den.
–¿Le sorprende que no intente mediar en este conflicto?
–Siento que no puede hablar directamente con Montiel por este tipo de cosas. Creo que el presidente electo piensa que la justicia va a arreglar todo esto. Lo malo es que este asunto puede durar años. Y yo no lo voy a dejar.
–¿Usted tenía buenas relaciones con Peña?
–Con él y con Mónica Pretelini. Pasamos vacaciones juntos. Es un buen hombre, un buen padre. Y no puedo creer que me deje así en este plan. Confío en que si Enrique, una vez que sea presidente, puede actuar, lo haga.
Fue amiga de Peña Nieto durante la administración de Montiel pero además se convirtió en una pieza fundamental para que el exsecretario de Administración y entonces coordinador de la bancada priista en el Congreso local se convirtiera en candidato a gobernador en 2005. Entre los periodistas y analistas políticos mexiquenses es común señalar que la gran influencia que Versini ejercía sobre Montiel facilitó el camino para que Peña Nieto fuera candidato.
Durante la campaña presidencial, al ser cuestionado en dos ocasiones sobre el litigio entre Versini y Montiel, Peña Nieto declinó hacer comentarios aduciendo que se trata de un asunto privado.
El infierno
–¿Cómo explica la actitud de Montiel? ¿Son celos a raíz de la petición del divorcio?
–Eso fue lo que me dijeron sus abogados.
–¿Está usted viviendo ahora lo que un ciudadano común mexicano vive frente al aparato de justicia?
–Totalmente. Es un infierno, es una pesadilla. Me duermo con angustia, me levanto con angustia, perdí seis kilos. Estoy muy mal.
“La verdad tiene que salir, no puedo creer que este señor quede impune. Estamos hablando de un juicio de restitución y ni siquiera eso me protege. Gano el amparo y me quedo con los hijos, pero Montiel no pierde el derecho de verlos. ¿Quién me asegura que en las próximas vacaciones no me la va a volver a hacer? Es un círculo vicioso.
“Pienso levantar una denuncia penal por secuestro, porque si no, en cualquier momento me lo vuelve a hacer.”
–¿Cuál ha sido la reacción de los otros familiares de Montiel? ¿Los ha buscado?
–Me topé con Pablo, su otro hijo. Me lo encontré en un centro comercial en el viaje anterior. Llorando le rogué: “Ayúdame. Tú eres un padre, eres medio hermano de los niños, ayúdame”. Y me dijo: “Te aseguro que él nos ha mantenido totalmente al margen de esta historia. No nos deja que nos metamos. Está actuando solito en esto”.
–¿Con algunos otros amigos y exfuncionarios con quien convivió en el gobierno de Montiel?
–Las pocas amigas o esposas de exsecretarios tienen miedo. Todos tienen miedo.
“¿Sabes que eso me dijeron en la escuela de los niños? Pensé que se iban a sensibilizar las otras madres. Mi plan era éste, ya que no puedes entrar al Colegio Miraflores sin gafete en tu carro quería pedirle a una madre pasar con ella para entrar y ver a mis hijos.
“Cuando fuimos a la escuela ayer (el viernes 14) logramos pasar. No me vio el guardia. Me topé con una mamá. Me bajé del carro y le dije: ‘Soy la exesposa del licenciado Montiel y tengo a mis tres hijos en esta escuela, le ruego que me ayude. Me gustaría que me deje entrar en su carro mañana para poder ver a mis hijos’.
“‘No me quiero meter en líos. Todo mundo tiene mucho miedo del licenciado Montiel’, me respondió.
“También fui a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ellos son los responsables de que se cumplan las resoluciones del Tribunal de La Haya. Les advertí que ‘éste va a ser un segundo conflicto diplomático con Francia’”, señala Versini en referencia al caso de Florence Cassez, la francesa acusada de formar parte de una banda de secuestradores y detenida tras un montaje para la televisión organizado por la AFI, a cargo entonces de Genaro García Luna.
Los abogados de Salinas
Versini ya no duda que Montiel tramó durante más de cuatro años la retención de sus hijos, quienes habían venido a México para las festividades navideñas de 2011, y que contó para ello con la asesoría del mismo despacho de abogados que lo ha representado a él y a Raúl Salinas de Gortari en París.
Así lo acredita un correo electrónico que Montiel le envió a Versini el 2 de enero de 2012, fecha límite que tenía para devolver a sus hijos:
“Maude:
“Por favor no te preocupes por nuestros hijos; ellos están muy bien, están conmigo.
“De ninguna manera he tomado decisión de carácter unilateral ya que un juez familiar me autorizó provisionalmente su custodia hasta en tanto se puedan desentrañar las causas que originaron este proceder.
“Respecto a la custodia provisional autorizada, le envié una copia certificada al abogado Eric Noual, a quien tú conoces, quien te contactará para que conozcas el referido documento, y de ninguna manera tomaré decisiones fuera del marco de la legalidad.
“De igual manera, lo sabes bien, cuantas veces quieras podrás comunicarte con nuestros hijos e incluso convivir con ellos en México, en las condiciones que en su caso convengamos, hasta en tanto resolvamos el fondo de este asunto.”
El “fondo del asunto”, según Montiel, es el presunto maltrato que recibieron los hijos de parte de Maude y su actual esposo Jean Philippe Lancry, un francés 30 años menor que el exgobernador.
Durante cuatro años y con la ayuda de Noual y de la socia de éste, Céline Fournier Level, Montiel preparó un expediente con los testimonios de las cinco niñeras mexiquenses que le envió a Versini con el pretexto de que los niños “siguieran hablando español” y se “facilitara la logística” para cuando viajaran al Estado de México.
Versini entregó una copia a Proceso de una demanda de hechos que interpusieron el 27 de junio de 2011 las niñeras Mariela Bustos y Miriam Pineda Arce contra Maude y su esposo acusándolos de ser responsables de privar de alimentos y de “violencia múltiple” contra los niños Sofía y Adrián Montiel Versini, y de “maltrato psicológico” contra Alexis, el menor, quien fue diagnosticado con problemas de autismo a los dos años. Montiel argumenta que ese problema se debe a los malos tratos.
En esa demanda ante la policía francesa, Fournier Level no aparece como abogada sino como “traductora” de las nanas mexicanas. Fournier también se hizo pasar por Versini en una llamada a la escuela de los niños en París para averiguar la situación de los menores. Al investigarse el origen de la llamada telefónica, resultó ser el despacho de Noual.
Fournier y Noual comparten la misma dirección como socios de un despacho jurídico que ha tenido entre sus clientes mexicanos a Montiel y a los hermanos Salinas de Gortari.
–¿Los asesoró Carlos Salinas?
–No lo sé –confía–. Salinas estaría furioso si Montiel hubiera hecho esto si quería que Peña Nieto fuera presidente.
“En realidad todo ha sido muy maquiavélico. Arturo preparó todo para que las niñeras dieran testimonio en mi contra, pero yo tengo 129 testimonios que demuestran lo contrario: Que nunca hubo maltrato y que mi hijo Alexis necesita atención especial, por su condición de autista. En el juicio en Metepec no me aceptaron ninguno de estos testimonios.”
El otro caso de la nana-espía fue de María Guadalupe Barrón Estrada, a quien “Montiel disfrazó como niñera”, ya que no tenía ninguna experiencia previa más que trabajando en la administración mexiquense.
De acuerdo con su currículum, Barrón trabajó en el ayuntamiento de Toluca con José Guadalupe Chávez Bernal y con Francisco Balderas, así como en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Finanzas, a las órdenes de Verónica Hernández Pérez e Israel Sánchez Reyes, todos ellos colaboradores del gobierno montielista.
Versini se enfurece cuando recuerda este episodio. Barrón fue la última “niñera” antes de que Montiel retuviera a sus hijos en diciembre de 2011.
“Llegó en septiembre de 2011. Le pedí su currículum y no me lo quería mandar. Onésimo García, secretario privado de Montiel, me dijo que no había otra opción. Le pedí a él sus datos y ahí me di cuenta de que tuvo puros puestos en el gobierno del Estado de México. Ella vino a espiarnos”, relata Versini.
Barrón Estrada “fue a ver a los abogados de Montiel a París, a Eric Noual y a Céline Fournier. Le grabaron en video un testimonio donde nos acusaba de maltrato: ese video lo utilizaron en diciembre de 2011 en el juicio de Metepec para que me quitaran la custodia”.
Situación jurídica
El pleito entre Versini y Montiel aún puede prolongarse. Ella ganó el 29 de mayo de 2012 una resolución de la juez Guadalupe Escalona Valdez, del Juzgado Tercero Civil en tercera instancia de Lerma, Estado de México. La sentencia le ordenó a Montiel el regreso inmediato de sus tres hijos a Francia (Proceso 1860).
Ese juicio de restitución se celebró amparado por la Convención de La Haya, firmada por Francia y México. Previamente, el 5 de marzo de 2012 la justicia francesa desechó la demanda contra Versini y Lancry interpuesta por las niñeras mexicanas.
“La Brigada de Defensa de los Menores llevó una investigación de nueve meses sin encontrar el menor elemento contra nosotros. El Tribunal de Gran Instancia de París ordenó el sobreseimiento del caso”, recuerda Versini.
Montiel se amparó. Versini ganó en julio de 2012 la apelación, pero el exgobernador mexiquense volvió a promover en agosto de este año otro amparo. Lo ganó pese a que el 29 de julio de 2011 había sido detenido por la policía estadunidense en Miami por pelear alcoholizado en la vía pública. Salió bajo fianza.
Durante su reciente viaje a México Versini estuvo en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde está la Autoridad Central Mexicana, organismo que aplica y administra todo lo referente a los acuerdos de la Convención de La Haya.
–¿A qué acuerdo llegó usted con la cancillería?
–Me aconseja sentarme a platicar con Arturo Montiel y encontrar un acuerdo para conciliar, pero esto sería muy peligroso. Él podría en cualquier momento volver a secuestrar a mis hijos y, de nuevo, todo empezaría otra vez. Y sería todo un año de juicio tirado a la basura.
Fiscalía de Nicaragua deja en manos de PGR investigar si 18 detenidos son “zetas”
Los presuntos traficantes detenidos en Nicaragua.
MANAGUA (apro).- El Ministerio Público federal reveló hoy que ha suministrado abundante información a sus homólogos mexicanos sobre los 18 mexicanos detenidos en el país centroamericano desde el pasado 24 de agosto, y que permanecen a la espera de un juicio el próximo 3 de diciembre por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico internacional de estupefacientes, crimen organizado y lavado de dinero.
Ana Julia Guido, fiscal general adjunta, aseguró en conferencia de prensa que han entregado a las autoridades mexicanas, a través de la embajada de México en Nicaragua, copias de las huellas dactilares de cada uno de los 18 detenidos, fotografías, copias de los pasaportes que portaban y que están incautados, así como transcripción de las entrevistas.
“Hemos dado abundante información sobre cada una de las 18 personas detenidas, se ha trasladado a la Embajada de México en Nicaragua. Entiendo que esta información está en manos de las autoridades mexicanas para que hagan su propia investigación y complementar la que estamos realizando acá”, dijo Guido.
La fiscal general adjunta número dos del Ministerio Público de Nicaragua, indicó a su vez que apelarán a la figura de la “asistencia legal mutua” establecida en los tratados internacionales, para que las autoridades mexicanas brinden información que les ayude a la identificación efectiva de los 18 mexicanos y que obedecían las órdenes de Raquel Alatorre, a quien llamaban La Licenciada.
Guido aseguró que han solicitado información a las autoridades mexicanas sobre la situación bancaria de los 18 detenidos y que corroboren si los datos registrados en los pasaportes son verídicos, sin faltar otros aspectos relevantes, como profesión y domicilio.
La fiscal se negó a confirmar o rechazar la versión proveniente de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que los 18 mexicanos detenidos en esta ciudad pertenecen a la agrupación criminal Los Zetas.
No nos corresponde determinar a qué cártel pertenece este grupo, esa es parte de la investigación que deben hacer en México las autoridades mexicanas, y trasladar en su momento a Nicaragua”, subrayó Guido de manera enfática.
Puntualizó que no tienen ninguna información oficial al respecto.
Acusada de “copy paste” en Harvard sustituirá a Lujambio en el Senado
El homenaje a Lujambio en el Senado.
MÉXICO, D.F. (apro).- No terminaba el homenaje de cuerpo presente del senador panista Alonso Lujambio, fallecido unas horas antes víctima cáncer de médula, cuando la Mesa Directiva de Senado confirmó que el próximo jueves tomará posesión de la curul su suplente María del Pilar Ortega Martínez, la exdiputada federal del PAN que protagonizó un bochornoso episodio de plagio durante su maestría en Administración Pública en Harvard, en 2008.
Ortega Martínez resultará la beneficiaria del fallecimiento de Lujambio, quien notablemente afectado por el cáncer de médula acudió el 29 de agosto al Senado a rendir protesta como legislador federal. Ortega aspiró a ser candidata a diputada federal por el Quinto Distrito de Guanajuato, pero perdió. Impulsada desde el equipo de Felipe Calderón, la funcionaria de 44 años fue registrada como suplente de Lujambio.
En julio de 2008, el periódico El Universal publicó que la entonces diputada federal fue acusada por su profesora estadunidense, Kelly Gallagher, de haber realizado un copy paste cuando le encargaron un trabajo sobre la reforma energética en México.
Pilar Ortega utilizó su cargo como diputada federal y su relación con el entonces subsecretario de Energía, Jordy Herrera, amigo personal del mandatario Felipe Calderón, para conseguir datos oficiales y presentar como suya una copia de un proyecto para construir una planta eléctrica en México.
Lo peor es que el plagio no lo concretó ella, sino una de sus asistentes en la Cámara de Diputados, tal como lo confirmó la propia Pilar Ortega.
“Llamé a México para pedir que me ubicaran algunas páginas de la propia Secretaría de Energía. Le llamé a Paola, mi secretaria técnica. Le pedí que me abriera las páginas porque me costaba mucho trabajo encontrar el programa sectorial”, afirmó Ortega, al dar su versión al periódico.
El caso reveló que la bancada del PAN utilizaba recursos públicos de la Cámara de Diputados para pagar hasta 70% de las maestrías de sus legisladores en universidades privadas de México y de Estados Unidos.
En julio de 2010, Pilar Ortega terminó su maestría en Administración Pública en Harvard. El gobernador panista de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, la nombró secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Reforma laboral, el primer golpe de Peña y Calderón
Marisela Morales y los enredos de Televisa
MÉXICO,
D.F. (apro).- Si alguna duda quedaba que sólo una empresa como Televisa
tiene el privilegio de imponer su propia versión de los hechos cuando
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de la República, Marisela Morales, …
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Con Peña, la resurrección de los fósiles
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- México atorado. México paralizado. México atrapado en
la “trampa del ingreso medio”. Con salarios muy altos como para
permitirle ser globalmente competitivo en manufactura básica asociada
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Moreno Valle, un Peña Nieto “patito”
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Valle se ha sometido a Televisa –y a TV Azteca–para aparecer en pantalla
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receta …
La guerra boba
1MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Los fenómenos globales ocurren hoy en forma de red.
Las causas suceden simultáneas en varias regiones del globo y los
efectos en otras regiones, también de forma simultánea, y a menudo sin
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MÉXICO,
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Primero, un triunfo simulado, avalado por autoridades electorales a
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El Frankenstein de la transparencia
MÉXICO,
D.F. (proceso.com.mx).- La iniciativa de Enrique Peña Nieto en materia
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(IFAI), sino aumentar el control de la Presidencia de la República sobre
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Dios tiene esposa y vive en Corea
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la tierra en un cuerpo humano.Un joven moreno de unos 25 años se sienta
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La elección imaginaria
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Morena: Partido y movimiento
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D.F. (Proceso).- Lo más grave de los fallos del Tribunal Electoral del
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garantizar la celebración de elecciones auténticas y libres. Hasta …
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MÉXICO, D.F., (apro).- Si Enrique Peña Nieto es para Carlos Salinas de Gortari “la esperanza”, para la nomenklatura financiera será
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