sábado, marzo 27, 2010
La Ley Televisa Y La Lucha Por El Poder En Mexico PRESENTACION DEL LIBRO
FBI otorga licencias para “tirar a matar”
The Progressive documentó la privatización de los servicios de seguridad pública y nacional en Estados Unidos. Las compañías beneficiadas son autorizadas incluso para espiar y disparar a ciudadanos de ese país. Apenas unas tibias declaraciones de rechazo de funcionarios de la FBI provocaron el reportaje de Rotschild. Los grandes medios de comunicación estadunidenses ignoraron el tema. Se presenta el resumen del texto y las actualizaciones al mismo realizadas por el propio autor, como parte de la serie Proyecto Censurado.
Matthew Rothschild / Red Voltaire
La seguridad pública y la seguridad nacional se transforman poco a poco, en Estados Unidos, en un negocio más, donde las fuerzas del orden estatales trabajan y obedecen a una lógica de empresa comercial, reclutando informantes a sueldo provenientes de la industria privada de seguridad.
Más de 23 mil representantes de la industria privada trabajan silenciosamente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para recolectar y proporcionar información sobre sus compatriotas estadunidenses.
A su vez, los miembros de este grupo, que crece con rapidez, llamado InfraGard, reciben advertencias secretas de amenazas terroristas antes que el público y, a veces, antes que ciertos funcionarios. “Hay pruebas de que InfraGard puede estar más cerca de un ‘Programa Corporativo de Concienciación Total de la Información’ que convertiría a las corporaciones del sector privado –algunas de las cuales pueden observar las actividades de millones de clientes individuales– en ojos y oídos sustitutos de la FBI”, según el informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Complejo industrial de vigilancia: cómo el gobierno estadunidense recluta negocios e individuos en la construcción de una sociedad de vigilancia.
InfraGard, con miembros de 350 compañías de Fortune 500 (una lista de las 500 empresas comerciales más importantes en Estados Unidos), comenzó en Cleveland en 1996 cuando el sector privado local cooperó con la FBI para investigar las ciberamenazas. “Entonces, la FBI lo reprodujo”, señala Phyllis Schneck, presidente de la junta directiva de la Alianza Nacional de Miembros de InfraGard, y principal motor del crecimiento de InfraGard durante los últimos años.
El director de la FBI, Roberto Mueller, pronunció un discurso en una convención de InfraGard el 9 de agosto de 2005: “Hasta la fecha, hay más de 11 mil miembros de InfraGard. Desde nuestra perspectiva, suman 11 mil contactos, 11 mil socios en nuestra misión de proteger a Estados Unidos”. Luego agregó: “Los que se encuentran en el sector privado constituyen la primera línea de defensa”.
El 9 de mayo de 2007, George Bush proclamó la Directiva Presidencial 51 de Seguridad Nacional, titulada “Política de Continuidad Nacional”. En ella, instruyó al secretario de Seguridad de la Patria para coordinar con los “dueños del sector privado y compañías de infraestructura de importancia fundamental, según corresponda, con el fin de asegurar la entrega de servicios esenciales durante una emergencia”.
“Ellos están muy ligados a nuestra capacidad de preparación”, apunta Amy Kudwa, vocera del DHS. “Proporcionamos oradores, así como presentaciones conjuntas [con el FBI]. También entrenamos junto con ellos y han participado (a veces cientos cada vez) en ejercicios nacionales de preparación”.
Según varios miembros entrevistados, un beneficio adicional de ser miembro de InfraGard es el permiso de tirar a matar en caso de ley marcial, sin miedo a acciones judiciales.
“Tenemos muy fácil acceso a información segura que sólo llega a los miembros de InfraGard”, explica Schneck. “Si usted tuviera que llamar al 1-800-FBI, probablemente no se molestaría en hacerlo”, dijo la dirigente. “Pero si usted conoció a Joe durante la reunión local que tuvo con él y se comieron una rosquilla, puede ser que usted llame, bien para darla o para obtenerla [información]. Queremos que todos tengan un pequeño libro negro”.
Jay Stanley, director de Educación Pública del Programa de Libertad y Tecnología de ACLU, advirtió: “La FBI no debe crear una clase privilegiada de estadunidenses que reciben tratamiento especial. No existe una clase comercial en el cumplimiento de la ley. Si existe información que la FBI puede compartir con 22 mil peces gordos corporativos, ¿por qué razón no la comparte con el público, que es justo con quien se supone que debe mantener una verdadera relación especial? El secreto no es un regalo de fiesta para dárselo sólo a los amigos. Esto guarda un inquietante parecido con el reparto de ‘cosas ricas para comer’ a las corporaciones por parte de la FBI en pago por incorporarlos a su maquinaria nacional de vigilancia”.
InfraGard no es de fácil acceso para el público en general. Sus comunicaciones con la FBI y el DHS están fuera del alcance de la Ley de Libertad de la Información bajo la exención de “secretos comerciales”, y cualquier conversación con el público o con los medios se debe ensayar cuidadosamente, según su sitio web.
Actualización de Matt Rothschild
The Progressive emitió un comunicado de prensa sobre la historia de InfraGard y he sido entrevistado por Air America, Democracy Now y muchos otros programas de radios alternativas. Pero los principales medios de información han ignorado esta historia, con excepción de un informe de un pequeño servicio por cable, aunque la FBI no lo ha ignorado.
El 15 de febrero, la FBI emitió un comunicado de prensa para denunciar nuestro artículo. “Las afirmaciones del artículo son claramente falsas”, dijo Shawn Henry, director adjunto de la División Cibernética de la FBI.
“Los miembros de InfraGard no tienen ningún poder extraordinario ni un mayor derecho de ‘disparar a matar’ comparados con otros civiles.”
“¿Un mayor derecho? ¿Es ése el lenguaje apropiado?” Me recordó una cita en mi artículo de Curt Haugen, director Ejecutivo del S’Curo Group y miembro orgulloso de InfraGard.
Cuando le pregunté si los agentes de la FBI o de Seguridad de la Patria le habían dicho a los miembros de InfraGard que podían utilizar a discreción la fuerza mortal en una emergencia, respondió: “No puedo comentar mucho sobre esto, pero como individuo, usted tiene derecho a utilizar la fuerza si se siente amenazado”.
Obsérvese que la FBI no negó si les dijo a los miembros de InfraGard que podían “tirar a matar”. Todo lo que dijo Henry fue que los miembros de InfraGard “no tienen un mayor derecho”. Eso no exactamente hace un agujero en mi artículo.
La FBI parecía molesta porque no di bastante información acerca de la reunión en la que participó el denunciante. “Desafortunadamente, el autor del artículo de The Progressive rehusó incluso identificar cuándo o dónde tuvo lugar la pretendida ‘pequeña reunión’ en que se discutieron temas de la ley marcial”, dijo el comunicado de prensa de Henry. “Si conseguimos esa información, la FBI con seguridad le dará seguimiento y aclarará cualquier malentendido posible”.
La razón por la que no identifiqué dónde o cuándo ocurrió la reunión es obvia: no quise revelar nada que pudiera exponer a mi fuente.
Casualmente, el comunicado de prensa omite mencionar que recibí confirmación sobre las discusiones acerca de la “fuerza letal” de otro miembro de InfraGard, a quien sí nombré. Mantengo cada una de las palabras de mi artículo e invito al Congreso a investigar a InfraGard y a examinar los planes que la FBI pueda tener de reserva para épocas de emergencia, no sólo para InfraGard, sino para todos nosotros.
Una nota final: desde que apareció el artículo, he recibido varias pistas nuevas, incluyendo una que confirma que le han dado “poderes letales” a una compañía privada.
Contralínea 174 / 21 de marzo de 2010
Sistema financiero mexicano, lavador de Mario Villanueva
Priista de toda la vida, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en México y sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas. Contralínea reconstruye las rutas del dinero que fabricó mediante el uso de prestanombres, la creación de empresas off shore en los paraísos fiscales de las Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, en complicidad con instituciones bancarias nacionales y del extranjero. En forma paralela, abrió una cuenta secreta por 100 millones de pesos para apoyar las campañas de diputados y presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional.
De acuerdo con reportes confidenciales de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), de la Unidad de Investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, de la Procuraduría General de la República (PGR), testimonios de testigos protegidos incluidos en el proceso penal 101/2003, y peritajes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Mario Villanueva Madrid echó mano de familiares, funcionarios del gobierno de Quintana Roo, amigos y prestanombres para blanquear el dinero que obtenía por el pago y la protección que brindaba al cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes.
Entre las operaciones financieras que realizó para ocultar los fondos ilícitos, abrió cuentas bancarias en la Consultoría Internacional Casa de Cambio Ixe; en Casa de Cambio Tiber; en Grupo Financiero Banca Serfín; en el Chemical Bank de Nueva York; en Banca Serfín Nassau Branch; en BCH; en Bancomer; en Banco Internacional; Bancrecer e Inverlat; Banpaís; el Bank of New York; el Bank of America Cayman; el First Union National Bank of Florida; el Banco Atlántico de Miami, Florida; el Citibank Buffalo, entre otros, sin que alguna de estas instituciones reparara en el origen del dinero que el político priista depositaba o transfería a múltiples cuentas. A pesar de que los expedientes contra Mario Villanueva revelan la participación de las instituciones financieras en el lavado de dinero, ninguna ha sido investigada y muchos menos sancionada por ese delito grave.
Numerosos oficios, documentos de las transferencias, los depósitos, contratos y cheques fechados entre 1991 y 2000, investigados y suscritos por Sergio Raúl Díaz Roura, director de Investigaciones de la CNBV, confirman la complicidad de las instituciones bancarias en el manejo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que llevó a cabo Villanueva Madrid, antes y cuando ocupó la gubernatura de Quintana Roo (1993-1999).
Para leer articulo completo AQUI.
Problemática Minera en México Caso Cananea
Parte de los Foros del Congreso de la Unión, conformados para obtener datos validos que permitieran una propuesta de iniciativa para regular las actividades mineras en el país, en este momento será sobre el caso Cananea.
Fue realizado el 26 de febrero en la Camara de Diputados.
http://www.youtube.com/watch?v=OdUMztBKU7Q
Fue realizado el 26 de febrero en la Camara de Diputados.
http://www.youtube.com/watch?v=OdUMztBKU7Q
2010: ¿Un año para celebrar?
¿Qué es lo que va a festejar México este año? ¿Una Independencia que no es tal? ¿Un cambio de gobierno autoritario o diez años de un gobierno fracasado?
MÉXICO, D.F., 26 de marzo (apro).- Este año en México se cumplen el bicentenario de la Independencia, el centenario de la Revolución… y también una década de que el PAN llegó al poder.
Si hace casi diez años los mexicanos celebraron el destierro de los gobiernos totalitarios del PRI, donde nada se movía sin la venia del presidente de la República, ahora es tiempo de que los ciudadanos reflexionen sobre la opción que tomaron aquel 2 de julio del año 2000.
Hace una década el país sufrió un giro, sí, pero no fue para mejorar las condiciones de vida, para abatir la pobreza o los niveles de desempleo de la población; la decisión que se tomó aquel 2000 no ha ayudado a tener un país más democrático. Lo que hay es un gobierno panista corrupto, de doble discurso, de simulación, de sometimiento, de componendas con el PRI para tratar de mantenerse en el poder y, lo más peligroso, de desgobierno.
El de Vicente Fox fue un sexenio perdido para el país, es cierto; pero el de Felipe Calderón ha sido el gobierno del caos, de un estado fallido donde parece no haber rumbo y donde la violencia parece imparable.
Calderón convirtió a México en un polvorín que mes con mes estalla a lo largo y ancho del paíos, de norte a sur y de oriente a occidente. La zona de conflicto está en Michoacán, en Morelos, en Chihuahua, en...
Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que parece no terminar. Lo peor es que lo hizo con el objetivo de cumplir las exigencias de Estados Unidos, país que determina qué hacer.
En la década de los setenta, el vecino país quería inhibir la oferta de la droga, de ahí que los países productores de enervantes, --como Colombia— y los transportistas —como México--, sufrieran ciertas presiones, como aquella llamada “certificación”.
En México, quienes se dedicaban al trasiego de la droga sólo se preocupaban por cuidar la ruta, por lo que la violencia era focalizada.
Dos décadas después, en los años noventa, Estados Unidos cambió su objetivo y en lugar de tratar de inhibir la oferta de la droga, decidió detener el consumo y esto modificó el actuar de las organizaciones criminales. Así, el pago por el transporte ya no se hace en dinero, sino en especie, con la condición de que la droga que se está dejando no ingrese a territorio estadunidense para no generar una sobreoferta.
Esto generó que el pago, es decir, la droga, obligue a las organizaciones criminales que ya no sólo se preocupen por la ruta, sino por colocar el producto. Los obligó a coaligarse con organizaciones locales, de las comunidades, de los municipios que, al tener un nuevo elemento qué vender, evolucionaron rápidamente y entonces empezó la lucha por el territorio.
El pleito por la plaza, y no por la ruta, generó mayor violencia. En México, en los últimos ocho años el consumo aumentó 70% porque la droga ya no iba al vecino país, se quedaba aquí, había que vender el pago por el trasiego.
La política de Estados Unidos ha sido que la droga no llegue a su territorio y las políticas del gobierno mexicano ha sido dar cumplimiento a ello, nunca a tratar de disminuir el consumo de los mexicanos o a reducir los niveles de violencia que cada día van en aumento.
Así, Calderón y Fox, los gobiernos panistas, decidieron someterse a los designios de Estados Unidos pero descuidando todo lo que ocurre en México.
Qué no sorprenda ahora por qué tanta violencia.
El gobierno panista trata de vender la idea de que si los enfrentamientos entre los distintos grupos criminales se ha incrementado es por los grandes golpes que les ha asestado la autoridad.
Todo parece indicar que no es así; que más bien, al cambiar la política norteamericana y al quedarse la droga en México, y la urgencia de los grupos criminales por venderla, éstos iniciaron una lucha por el territorio, por la plaza.
Estados Unidos parecía estar contento con el actuar del gobierno, lo aplaudía, pero bastó que le mataran a tres ciudadanos estadunidenses para que enviara a funcionarios de alto nivel al país a dar un golpe de mano, a regañar a las autoridades mexicanas y a decirles que su política de combate al narcotráfico, que la guerra emprendida por Calderón, no es la idónea.
Ahora sí piensa en programas sociales y hasta se compromete con el gobierno mexicano a establecer programas pilotos en Tijuana y Ciudad Juárez, para irse a la raíz del problema.
Esto lo debió hacer el gobierno mexicano hace muchos años, para ser exactos, desde que el incremento en el consumo de la droga empezó a extenderse. Desde que la matrícula escolar les cerraba las puertas a los jóvenes y el desempleo iba cada vez más en aumento, dejándoles como única opción dedicarse a trabajos ilícitos, a contratarse como sicarios, a ser narcomenudistas.
De ahí que se sostenga que el gobierno panista ha sido de sometimiento. Un sometimiento a lo que dicte Estados Unidos en ataque al narcotráfico.
Pero también es un gobierno de simulación y de doble discurso. Y si no, basta con mirar al presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien contrató de informante a alguien presuntamente vinculado con la organización criminar de los Beltrán Leyva.
Desde su campaña para presidente municipal, el actual edil panista dijo que era mejor hacer acuerdos con el narcotráfico para controlar el flagelo del tráfico de drogas, la clase política se escandalizó por su dicho.
Ahora resulta que la clase política siempre lo supo. Por lo menos, eso dijo el propio presidente municipal en sus declaraciones ministeriales, en las que reveló que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, siempre estuvo enterado de que recurriría a informantes para atacar al narcotráfico. Esa es la doble moral panista.
¿Qué se puede pensar del diputado local panista, presidente del Congreso local de Baja California, Víctor González Ortega, a quien elementos de la Policía Municipal detuvieron en posesión piedras de cocaína y en total estado de ebriedad?
Era el presidente del Congreso del estado, un político que, se supone, debe hacer leyes para combatir lo ilegal. Los panistas se escandalizan de lo que ocurre en otros lados, pero no se ven así mismos.
Seguramente en todos los partidos existen políticos que consumen drogas, como ocurre en todos los sectores de la sociedad, la diferencia estriba en esos políticos, los pancistas, forman parte del partido gobierno y ofrecen un doble discurso. Caen en la simulación.
La drogadicción es una enfermedad, no un asunto de moral, de discursos o de simulaciones. En México el consumo aumenta cada día y Felipe Calderón no ha dado muestras de querer abatirla o de tratar de cambiar las condiciones sociales que llevan a ello.
Lo único que hace es bajar la cabeza, aceptar las imposiciones del gobierno estadunidense y simular que combate al narcotráfico. El problema de esto es que está llevando al país a una violencia que parece no tener fin y, lo peor de todo, a que inocentes mueran en esta supuesta guerra contra el narcotráfico.
Por este tipo de gobierno votó la ciudadanía aquel 2 de julio del año 2000, por este tipo de gobierno se dejó la ciudadanía imponer aquel 2006. La violencia, la inseguridad, la muerte está presente en las familias mexicanas. El desgobierno surge en diversas zonas del país y la administración federal nada hace por detenerlo.
¿Qué es lo que va a festejar México este año? ¿Una Independencia que no es tal? ¿Un cambio de gobierno autoritario o diez años de un gobierno fracasado?
mjcervantes@proceso.com.mx
Si hace casi diez años los mexicanos celebraron el destierro de los gobiernos totalitarios del PRI, donde nada se movía sin la venia del presidente de la República, ahora es tiempo de que los ciudadanos reflexionen sobre la opción que tomaron aquel 2 de julio del año 2000.
Hace una década el país sufrió un giro, sí, pero no fue para mejorar las condiciones de vida, para abatir la pobreza o los niveles de desempleo de la población; la decisión que se tomó aquel 2000 no ha ayudado a tener un país más democrático. Lo que hay es un gobierno panista corrupto, de doble discurso, de simulación, de sometimiento, de componendas con el PRI para tratar de mantenerse en el poder y, lo más peligroso, de desgobierno.
El de Vicente Fox fue un sexenio perdido para el país, es cierto; pero el de Felipe Calderón ha sido el gobierno del caos, de un estado fallido donde parece no haber rumbo y donde la violencia parece imparable.
Calderón convirtió a México en un polvorín que mes con mes estalla a lo largo y ancho del paíos, de norte a sur y de oriente a occidente. La zona de conflicto está en Michoacán, en Morelos, en Chihuahua, en...
Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que parece no terminar. Lo peor es que lo hizo con el objetivo de cumplir las exigencias de Estados Unidos, país que determina qué hacer.
En la década de los setenta, el vecino país quería inhibir la oferta de la droga, de ahí que los países productores de enervantes, --como Colombia— y los transportistas —como México--, sufrieran ciertas presiones, como aquella llamada “certificación”.
En México, quienes se dedicaban al trasiego de la droga sólo se preocupaban por cuidar la ruta, por lo que la violencia era focalizada.
Dos décadas después, en los años noventa, Estados Unidos cambió su objetivo y en lugar de tratar de inhibir la oferta de la droga, decidió detener el consumo y esto modificó el actuar de las organizaciones criminales. Así, el pago por el transporte ya no se hace en dinero, sino en especie, con la condición de que la droga que se está dejando no ingrese a territorio estadunidense para no generar una sobreoferta.
Esto generó que el pago, es decir, la droga, obligue a las organizaciones criminales que ya no sólo se preocupen por la ruta, sino por colocar el producto. Los obligó a coaligarse con organizaciones locales, de las comunidades, de los municipios que, al tener un nuevo elemento qué vender, evolucionaron rápidamente y entonces empezó la lucha por el territorio.
El pleito por la plaza, y no por la ruta, generó mayor violencia. En México, en los últimos ocho años el consumo aumentó 70% porque la droga ya no iba al vecino país, se quedaba aquí, había que vender el pago por el trasiego.
La política de Estados Unidos ha sido que la droga no llegue a su territorio y las políticas del gobierno mexicano ha sido dar cumplimiento a ello, nunca a tratar de disminuir el consumo de los mexicanos o a reducir los niveles de violencia que cada día van en aumento.
Así, Calderón y Fox, los gobiernos panistas, decidieron someterse a los designios de Estados Unidos pero descuidando todo lo que ocurre en México.
Qué no sorprenda ahora por qué tanta violencia.
El gobierno panista trata de vender la idea de que si los enfrentamientos entre los distintos grupos criminales se ha incrementado es por los grandes golpes que les ha asestado la autoridad.
Todo parece indicar que no es así; que más bien, al cambiar la política norteamericana y al quedarse la droga en México, y la urgencia de los grupos criminales por venderla, éstos iniciaron una lucha por el territorio, por la plaza.
Estados Unidos parecía estar contento con el actuar del gobierno, lo aplaudía, pero bastó que le mataran a tres ciudadanos estadunidenses para que enviara a funcionarios de alto nivel al país a dar un golpe de mano, a regañar a las autoridades mexicanas y a decirles que su política de combate al narcotráfico, que la guerra emprendida por Calderón, no es la idónea.
Ahora sí piensa en programas sociales y hasta se compromete con el gobierno mexicano a establecer programas pilotos en Tijuana y Ciudad Juárez, para irse a la raíz del problema.
Esto lo debió hacer el gobierno mexicano hace muchos años, para ser exactos, desde que el incremento en el consumo de la droga empezó a extenderse. Desde que la matrícula escolar les cerraba las puertas a los jóvenes y el desempleo iba cada vez más en aumento, dejándoles como única opción dedicarse a trabajos ilícitos, a contratarse como sicarios, a ser narcomenudistas.
De ahí que se sostenga que el gobierno panista ha sido de sometimiento. Un sometimiento a lo que dicte Estados Unidos en ataque al narcotráfico.
Pero también es un gobierno de simulación y de doble discurso. Y si no, basta con mirar al presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien contrató de informante a alguien presuntamente vinculado con la organización criminar de los Beltrán Leyva.
Desde su campaña para presidente municipal, el actual edil panista dijo que era mejor hacer acuerdos con el narcotráfico para controlar el flagelo del tráfico de drogas, la clase política se escandalizó por su dicho.
Ahora resulta que la clase política siempre lo supo. Por lo menos, eso dijo el propio presidente municipal en sus declaraciones ministeriales, en las que reveló que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, siempre estuvo enterado de que recurriría a informantes para atacar al narcotráfico. Esa es la doble moral panista.
¿Qué se puede pensar del diputado local panista, presidente del Congreso local de Baja California, Víctor González Ortega, a quien elementos de la Policía Municipal detuvieron en posesión piedras de cocaína y en total estado de ebriedad?
Era el presidente del Congreso del estado, un político que, se supone, debe hacer leyes para combatir lo ilegal. Los panistas se escandalizan de lo que ocurre en otros lados, pero no se ven así mismos.
Seguramente en todos los partidos existen políticos que consumen drogas, como ocurre en todos los sectores de la sociedad, la diferencia estriba en esos políticos, los pancistas, forman parte del partido gobierno y ofrecen un doble discurso. Caen en la simulación.
La drogadicción es una enfermedad, no un asunto de moral, de discursos o de simulaciones. En México el consumo aumenta cada día y Felipe Calderón no ha dado muestras de querer abatirla o de tratar de cambiar las condiciones sociales que llevan a ello.
Lo único que hace es bajar la cabeza, aceptar las imposiciones del gobierno estadunidense y simular que combate al narcotráfico. El problema de esto es que está llevando al país a una violencia que parece no tener fin y, lo peor de todo, a que inocentes mueran en esta supuesta guerra contra el narcotráfico.
Por este tipo de gobierno votó la ciudadanía aquel 2 de julio del año 2000, por este tipo de gobierno se dejó la ciudadanía imponer aquel 2006. La violencia, la inseguridad, la muerte está presente en las familias mexicanas. El desgobierno surge en diversas zonas del país y la administración federal nada hace por detenerlo.
¿Qué es lo que va a festejar México este año? ¿Una Independencia que no es tal? ¿Un cambio de gobierno autoritario o diez años de un gobierno fracasado?
mjcervantes@proceso.com.mx
Presión para liberar a Alberta y Teresa
Protesta de Amnistía Internacional en el Cereso de Querétaro.MÉXICO, D.F., 25 de marzo (apro).- Ignacio del Valle fue condenado a más de cien años de prisión, por haber sido la cabeza visible de los campesinos de Atenco que se opusieron a un acto de autoridad que quería arrebatarles sus tierras.
La represión contra Atenco y sus pobladores derivó en un ataque sexual a más de 24 mujeres que no han conseguido justicia. Esa represión ha sido condenada en el mundo, al igual que los asesinatos de más de 600 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace casi 15 años en que se conoció la barbarie.
En las últimas semanas, México ha sido señalado por un sinnúmero de organismos internacionales por el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, y ahora tirios y troyanos han alzado la voz para que sean liberadas.
Este caso es harto evidente de cómo se violan los derechos humanos en México. Se trata de dos indígenas de Querétaro, enjuiciadas por un supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en un mercado de Mexquititlán, y condenadas por el juez cuarto de Querétaro a 21 años de cárcel. Llevan tres. En la prisión, Teresa dio a luz a una niña, ahora de un año de vida.
Por el mismo caso fue detenida y enjuiciada Jacinta Francisco Marcial, liberada en septiembre pasado. A ella le dijeron: “Usted dispense”, pero todavía no opera la reparación del daño.
La contundencia de los hechos que llevaron a estas mujeres a la cárcel involucra a un sistema cómplice y corrupto que llevó a Amnistía Internacional a declarar a Alberta y Teresa como presas de conciencia.
La visita al penal de San José El Alto que hicieron senadores del PRI, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, y los buenos oficios legales y mediáticos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, nos dicen que es posible que Alberta y Teresa sean liberadas.
México ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de siete jóvenes asesinadas y halladas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y hay una docena de casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el de los 65 mineros que murieron a causa de la explosión de la Mina de Pasta de Conchos, en Coahuila.
A pesar de todo, existen también numerosas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Ciudad Juárez y en el de Pasta de Conchos; se conforman expedientes por el caso de Atenco, y es insoportable la situación documentada en Oaxaca por los casos de Loxicha y la región Triqui, además del conflicto social de 2006 por innumerables violaciones a derechos humanos.
Frente a todo ello, ha habido silencio, el más sepulcral de prácticamente toda la clase política. Ahora sorprende imaginar al jefe político del Senado, por parte del PRI, encabezando lo que él llama con urgencia “presión política”; llama la atención su discurso, sus declaraciones, su interés, cuando no apeló a la justicia frente a horrendos crímenes, como los que todos los días se comenten en los campos de batalla abiertos en el país por Felipe Calderón y el Ejército.
Alberta y Teresa son dos indígenas que no dejaron que los AFI robaran sus mercancías, las de Teresa principalmente. Alberta comenta que se opuso y pidió a los policías que justificaran su presencia. Por eso se dice que las detuvieron por venganza.
Lo cierto es que se trata de un caso ominoso, insoportable e inadmisible. Tres años en la cárcel en completa inocencia. Jacinta pasó más de dos años.
No se puede negar que ahora hay un halo de esperanza, como ellas dicen. No obstante, el Ministerio Público que las acusó, los integrantes de la AFI, todo el poder, el juez ciego y necio que las condenó, nadie, absolutamente nadie, piensa en los años perdidos, en las penas, en esa vida de reclusorio que no se me ocurre pensar cómo es de terrible.
Lo más grave es que ahora nos vayamos a festejar jubilosos y jubilosas que, por fin, tanta demanda, tanta denuncia, tantos trabajos jurídicos, finalmente servirán para algo. Ahora mismo ponemos todos nuestros sentidos en la decisión que tomará el estudio que hace la ministra Olga Sánchez Cordero, tras la decisión de la Suprema Corte al admitir el caso para analizar la injusticia.
Lo grave es que hay otros muchos casos que no han sido atendidos. Quizá, y pensando electoralmente, Beltrones ya se apresura a proponer que sean enjuiciadas las autoridades que no cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Demasiada amargura y pesadez costará ese párrafo en alguna ley, pero será muy lamentable que ello no cambie la vida de las amenazadas con cárcel por aborto en Guanajuato, Veracruz, Guerrero e Hidalgo, donde sabemos hay este tipo de injusticias.n Lamentable será que esta pirotecnia del viejo lobo de mar, Beltrones, sea sólo eso y no se haga justicia en todos los casos de clara y evidente violación a los derechos humanos, como lo han señalado las mismas instancias que han puesto los ojos en Alberta y Teresa.
Ellas, sin embargo, han de saber en el tiempo lo significativo que será su arbitraria detención y su injusto juicio. Es una lección, sin duda; es también un paréntesis a tanta desgracia. Ojalá que la Procuraduría de Justicia de Querétaro retire su acusación, antes mejor que la niña de Teresa, de apenas un año, tenga que permanecer en esas catacumbas del Cereso, donde aprende a caminar y a decir sus primeras palabras.
Pero negarse a mantener en alto la denuncia de los casos ominosos que cubren al gobierno de Felipe Calderón e imaginar que se puede ocultar la estela de atrocidades, sería como renunciar a la memoria, al sentido de la vida y la decencia, por no hablar de ética y sentido común.
Esperemos el final de esta historia.
saralovera@yahnoo.com.mx
El Rojo de la sangre y el Blanco de las Damas
En la foto: El terrorista Posada Carriles ofrece declaraciones, en Miami, para una emisora del gobierno estadounidensePor Ernesto Pérez Castillo
El titular de El Nuevo Herald no pudo ser más lapidario: “Miami alzó su voz por Cuba”, y en las fotos deja ver al connotado asesino y terrorista Luis Posada Carriles, dando declaraciones a la nunca peor parada Radio Martí.
Y es ahí donde otra vez meten las patazas, donde otra vez dejan ver sus orejas peludas. Porque la turba que en Miami movilizó el multimillonario mercachifle Emilio Stefan, pretendía pasar por una marcha pacífica en apoyo a las autoproclamadas “damas de blanco”, y resulta que su principal bandera, su líder, su arma secreta para la ocasión no era otro que este asesino prófugo y confeso.
Es como si, retados desde la Habana por Calle 13, con su “atrévete, salte del closet, destápate”, hubieran decidido de una vez y por todas delatarse.
Y como una imagen vale más que mil palabras, esta foto de Luis Posada Carriles, vestido de blanco –como visten de blanco sus mercenarias habaneras, como vistió de blanco el cambia camisas de Juanes cuando vino a La Habana–, deja en claro, deja clarísimo, no ya quiénes son los que apoyan, sino quiénes son los que pagan, quiénes son los que planifican, quiénes son los que empujan, para quienes trabajan estas señoronas con sus paseitos dominicales.
¿Qué va decir ahora Laura Pollán, que ya antes reconoció que les pagan mes tras mes por el paseo? ¿Qué va a decir Bertha, que acaba de declarar en entrevista que desde Miami reciben cincuenta dólares cada una? ¿Qué va a decir su majestad, la Única, Yoani Sánchez? ¿Querrán seguir con la matraca de que no son mercenarias? ¿Podrán?
Allá en Miami Luis Posada Carriles marcha por las “damas de blanco”, él que en 1976 hizo estallar en pleno vuelo, con el visto bueno de la CIA, una aeronave civil cubana, con 73 pasajeros abordo. Él, que en 1997 hizo colocar varias bombas en instalaciones turísticas de La Habana, y dejó una importante secuela de daños materiales, de heridos, y provocó la muerte del joven turista italiano Fabio Di Celmo, y que después declaró a la prensa que esos asesinatos no le habían quitado el sueño, y que Fabio “estaba en el lugar equivocado”.
Aquí en La Habana, junto a las “damas de blanco”, marcha la Yoani Sánchez, y esa evidencia incontestable –Posada en Miami, Yoani en La Habana– los funde, los conecta, los expone, los acusa y los desnuda.
Porque un viejo axioma de la lógica plantea que dos cosas, iguales a una tercera, son iguales entre sí, y ese es el punto: Yoani la bloguera, Posada el asesino, y las “damas de blanco”, son una misma cosa los tres. Y lo han dejado en claro ellos, al marcar sus pasos en la misma comparsa, al elegir de qué lado de la foto se dejan ver.
¿Cómo pretende Posada Carriles pasar por defensor de mujer alguna? Este asesino, que jamás pidió perdón a las muchas madres cubanas que enlutó, este torturador que como comisario de la policía política venezolana, la DISIP, sembró el terror aplicando la picana eléctrica y el ahogo a sus detenidos.
Y Obama, que también cometió la torpeza de darles su apoyo a las “damas”, ha recibido a cambio este flaco favor desde Miami. Porque fue su antecesor, Súper W Bush, quien dijo al mundo que quien protege a un terrorista es un terrorista también. Y ahí tenemos al terrorista, al asesino Luis Posada Carriles, posando de defensor de las defendidas de Obama. Solo falta que Luis Posada Carriles abrase ante la prensa al señor Obama.
¿Qué va ha hacer usted ahora, señor presidente, señor premio nobel de la paz, que envía jóvenes norteamericanos a matar y morir en Afganistán e Iraq, mientras se llena la boca para hablar de paz y para defender a estas mercenarias que se pagan los terroristas que creó su propio gobierno?
Posada podrá ponerse todas las camisas blancas que quiera, que ningún trapo blanco le limpiará la sangre de sus victimas de la cara. Y esa misma sangre denuncia ahora a sus secuaces cubanas, esa sangre dolorosa llegó hoy, en un segundo, al blanco de las “damas”, ese rojo marcó hoy para siempre el teclado de la bloguera anticubana.
Publicado por M. H. Lagarde para Cambios en Cuba el 3/26/2010 12:37:00 AM
Cuba: Los recursos de la oposición
LA HABANA, 25 de marzo.- Las huelgas de hambre y los suicidios justificados por fuertes creencias morales, ideológicas, patrióticas o religiosas suelen impactar la conciencia de la gente. Desde Bobby Sands y los otros 10 jóvenes del Ejército Republicano Irlandés fallecidos en cárceles británicas en 1981, hasta los numerosos casos de presos políticos vascos y anarquistas, que protestaron en enero pasado debido a los malos tratos carcelarios o manipulaciones políticas de autoridades judiciales y aparatos policiales en España y Francia, la cuestión de la huelga de hambre y su significado no ha dejado de estar presente en la arena pública de las últimas décadas.
En esta perspectiva, el caso del disidente cubano Orlando Zapata, fallecido el 23 de febrero como consecuencia de una huelga de hambre, o la de su seguidor actual, Guillermo Fariñas, no son eventos insólitos. La muerte de Zapata constituye una tragedia humana; pero eso no explica que se haya vuelto una cause célèbre. Si se trata de entenderla en su contexto –algo difícil en el aguacero de opiniones que inundan los medios de comunicación–, es necesario dar un paso atrás de las noticias y examinar algunas cuestiones esenciales. ¿Qué son los grupos disidentes cubanos? ¿Cuál es el actual contexto político nacional e internacional de la isla? ¿Qué factores inciden en las reacciones particulares de los actores políticos en Europa y Estados Unidos ante el evento? ¿Cómo la “prensa internacional” contribuye a construir el problema? ¿Qué esperar de la política cubana hacia los disidentes?
“Micropartidos”
Estos grupos opositores no son esencialmente distintos al exilio cubano en métodos y objetivos. Las más poderosas organizaciones anticastristas en Miami y New Jersey tampoco preconizan hoy la guerra con bombas y grupos armados. Disidentes y exilio no coinciden en todo (por ejemplo, apoyo al embargo estadunidense), pero comparten un mismo objetivo (sustituir el sistema por un modelo capitalista), un denominador ideológico común (el anticastrismo y el antisocialismo) y los mismos aliados (Estados Unidos, gobiernos y partidos anticomunistas en Europa y otros países).
Su naturaleza política no se resuelve con el adjetivo de “mercenarios”, pues es probable que muchos, aunque reciban dineros de Estados Unidos, tengan auténticas creencias ideológicas. Bajo la sombrilla de la “convergencia democrática” de los disidentes pululan intereses, personalidades y corrientes, incluso “socialdemócratas”, pero su eje de gravitación tiende a ser de centro-derecha. Aunque esto explica en parte su falta de arraigo en la sociedad cubana, la principal causa de su inviabilidad se deriva de dos vacíos políticos esenciales: liderazgo y legitimidad.
A diferencia de las organizaciones anticomunistas de los años sesenta, con una base social y política, y una ideología coherente, los disidentes no tienen un anclaje en la sociedad civil: carecen de influencia en las organizaciones religiosas o la clase obrera, como en Polonia; de intelectuales orgánicos prestigiosos, como en Checoslovaquia; de un aval de lucha contra regímenes odiosos o corruptos, como en Rumania. Si así fuera, encarnarían movimientos de amplia repercusión. No son “sociedad civil”, sino micropartidos de oposición.
Naturalmente que las minorías juegan un papel político, y que un grupo pequeño se puede convertir en un gran movimiento social. Entonces, ¿por qué los disidentes no convocan a sectores más amplios? Consideraré tres razones principales.
En primer lugar, la mayoría de sus críticas al sistema ya forman parte del debate entre los demás cubanos, socialistas o no. Suponer que los disidentes son las voces solitarias y heroicas que se atreven a señalar errores y hacerle reclamos al gobierno revela ignorancia sobre la Cuba actual. El disentimiento se despliega hoy dentro (y fuera) de las instituciones, el movimiento intelectual, los diversos medios de difusión, las organizaciones sociales, religiosas y culturales, y la propia militancia política.
En segundo, sus propuestas no constituyen un programa económico y político coherente, sino una ristra de consignas ideológicas imprecisas (“reconciliación nacional”, “fortalecimiento de la sociedad civil”, “pluralismo”) y de clásicas medidas de liberalización económica ya conocidas desde hace 20 años en América Latina. Tomar el Proyecto Varela por un plan serio de reforma política basado en la propia Constitución de 1992 revela no haberla leído detenidamente; pero sobre todo, no conocer el alcance de los temas en el debate público real: descentralización, participación y control político efectivo del Poder Popular sobre la burocracia, reordenamiento y eficiencia del funcionamiento económico, ampliación del sector no estatal, extensión de la cooperativización, recuperación de los niveles de ingreso según el trabajo y del poder adquisitivo, fin de subsidios generalizados y gratuidades, nuevas políticas sociales hacia sectores más vulnerables, reflejo de la opinión pública en los medios, ampliación de los espacios de libertad de expresión, reforzamiento del orden constitucional y la ley, democratización real de las instituciones (incluidas las políticas).
En tercero, es muy difícil que un cubano (no importa si simpatiza o no con Fidel y Raúl Castro, o comparte los ideales socialistas) considere legítimos a grupos apoyados por Estados Unidos, los partidos europeos y las más poderosas fuerzas del exilio, cuyas trayectorias como campeones de la democracia y libertad cubanas no son muy convincentes.
En lugar de las razones anteriores, se atribuye la falta de respaldo de los disidentes a la eficacia de los aparatos de la seguridad cubana (sin duda, efectivos), y muy especialmente a la ignorancia, el aislamiento, la resignación y el miedo de los pobres cubanos. Este razonamiento colonial asume la pasividad y la resignación como rasgos de la cultura política cubana –algo difícil de demostrar a partir de la historia de los últimos dos siglos.
El tablero del poder
¿Entonces la actual reacción en Europa y Estados Unidos responde a “falta de información”? Vamos a ver, ¿qué dicen sobre los disidentes sus centros de inteligencia en La Habana? ¿Cuál es la valoración de sus diplomáticos sobre el liderazgo, coherencia ideológica, integridad, viabilidad política de estos grupos? ¿Cómo los juzgan (realmente) los propios corresponsales extranjeros en la isla, que reportan sus peripecias cada semana, obedeciendo a “demandas de la dirección del periódico”? Si estos informan lo mismo que me cuentan a mí, me figuro que esas cancillerías y comisiones de relaciones exteriores estén al tanto del terreno que pisan.
Si es así, las resonantes declaraciones de gobiernos y partidos políticos no responden a ninguna sociedad civil de Holguín o Santa Clara, sino a sus propios intereses, pugnas partidistas y estrategias electorales en sus respectivos países. No en balde, para que un funcionario sea autorizado a reunirse con el gobierno cubano, un requisito suele ser que se entreviste con los disidentes. Así se garantiza el efecto mediático, que la oposición exhibe como trofeo y el gobierno como casco protector.
Si Guillermo Fariñas u otros disidentes han entrado en huelga de hambre muchas otras veces, ¿por qué esta resonancia ahora? Eclipsados por la propaganda sobre los blogueros, los disidentes regresan a primera plana por la muerte de Zapata, pero sobre todo en una coyuntura internacional peculiar para la isla. A pesar de sus limitados resultados, el diálogo entre Washington y La Habana ha avanzado más en el último año que en los 10 anteriores: se han reanudado conversaciones sobre migración y correo directo; grupos semioficiales exploran avenidas de cooperación en intercepción de drogas; sin levantar las restricciones impuestas por Bush en 2005, se han vuelto a otorgar visas a académicos y artistas; corrientes en el Congreso intentan restablecer la libertad de los estadunidenses para viajar a la isla.
Por otra parte, a pesar de la “posición común” adoptada a finales de 1996, la política de la Unión Europea, liderada por España, había mejorado sustancialmente la relación con el gobierno de Raúl Castro desde junio de 2008, al levantarse las sanciones impuestas en 2003. Este cambio también se propició por los crecientes lazos entre Cuba y el resto de la región, no sólo con gobiernos de izquierda y centro-izquierda, sino con otros, como el de México.
¿Qué podría pasar –se preguntaban en privado algunos expertos hace varias semanas– que interfiriera en este raprochment? La respuesta no se ha hecho esperar. Igual que en el incidente de las avionetas en 1996, se le achaca de nuevo al gobierno cubano la “responsabilidad” por este acontecimiento “evitable y cruel” (la muerte de un “preso de conciencia”). La conveniencia para los intereses que se oponen al diálogo es obvia.
¿Algo nuevo en este viejo enfrentamiento? La ostensible racialización mediática del caso Zapata, a lo ancho del espectro ideológico: era “un albañil afrocubano” (El País, España), “un obrero negro de 43 años” (Cubaencuentro), “no por negro o albañil” (Kaos en la Red), “negro, palestino y opositor” (El Mundo, España), “un albañil de raza negra… víctima del colectivismo marxista” (El Heraldo, Ecuador). A este efecto de resonancia se suma la intensidad y saturación del tema. Sólo El País publicó más de 20 artículos y editoriales en los primeros seis días posteriores al fallecimiento de Zapata.
Aparte de este inédito interés por los “disidentes afrocubanos”, la Eurocámara ha reiterado al gobierno de la isla su pedido de “liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y de conciencia”. ¿Cuán consistente es este enfoque?
Lo primero es que el puñado de presos políticos entre los disidentes no lo está por motivos “de conciencia” o por “criticar al gobierno”, sino por oponerse activamente al sistema, en alianza con Estados Unidos, el exilio y el viejo anticomunismo europeo. No disponen de armas, pero sí de recursos de poder, puestos a su servicio por Estados y organizaciones, con aparatos y medios de largo alcance, que hacen la guerra por otros medios.
Lo segundo, ¿qué enseña la experiencia sobre el hecho de poner a este gobierno en la picota? Ni siquiera aquellos cubanos que pudieran considerar ineficiente su política hacia los disidentes estarían en condiciones de argumentar que deberían indultarse precisamente ahora, bajo las presiones de ese bloque de intereses creados y de su doble rasero. El gobierno de la isla no ha negociado nunca bajo presión, ni siquiera durante la Crisis de los Misiles; sería improbable que fuera a hacerlo ahora.
Parte de este contexto político es cierta lógica perversa expresada en la pregunta “¿y qué va a hacer Cuba a cambio de…?”: el permiso para viajar a los cubano-estadunidenses, las licencias a las corporaciones para vender alimentos, la firma de un acuerdo sobre narcotráfico. Según esta lógica, Cuba debería pagar un tributo por cada mínimo cambio en la política de Estados Unidos.
De ahí que, si alguna vez ese país considerara indultar a los cinco cubanos presos por infiltrar el exilio, la “ficha negociadora” única y obvia serían los disidentes condenados como “agentes de una potencia extranjera”. Lógica perversa, pero lógica al fin, los disidentes son peones en este tablero de poderes enfrentados. Resulta difícil imaginar cambios realistas en el trato hacia ellos mientras subsista un cuadro tan cerrado.
¿Podrá admitir el socialismo cubano en el futuro, junto con una institucionalidad democrática renovada, un sistema descentralizado, un sector no-estatal, también una oposición leal, dentro del propio sistema? Esa no es una pregunta para congresistas y europarlamentarios, sino para los cubanos que vivan su futuro en la isla.
* Politólogo cubano. Profesor visitante de las universidades estadunidenses de Texas, Columbia y Harvard, y de las instituciones mexicanas CIDE e ITAM. Es director de Temas, una de las más importantes revistas sobre sociedad y cultura que se editan en Cuba. Texto exclusivo para Proceso.
El abad "H"
MÉXICO, D.F., 24 de marzo (apro).- Muchos católicos y laicos se levantaron el domingo pasado con la esperanza de que el Papa Benedicto XVI mostrara, por fin, un acto de constricción y abriera a la crítica y a la ley de los mortales las ajadas puertas de la Iglesia católica por los casos de pederastia que se han presentado entre sacerdotes en varios países, México entre ellos.
Sin embargo, nada de eso ocurrió y, como lo ha hecho por siglos la Iglesia, se encerró una vez más sin importar el descrédito, la desilusión y la desesperanza que provoca mantener sin castigo a quienes han abusado en contra de niños y niñas, usando la sotana y la religión.
La Curia Romana sigue pensando que como supuestos representantes del dios católico, los sacerdotes difícilmente pueden ser juzgados por sus delitos carnales en los tribunales propios o en los judiciales, en países donde desde hace 70 años se han presentado casos de pedofilia, como Estados Unidos, Australia, España, Inglaterra, Irlanda, Canadá, México y algunos más de Latinoamérica y Europa.
El asunto no es nuevo si se observan las leyes del Derecho Canónico, que desde el siglo XVII ya preveían hasta con la expulsión el castigo a los sacerdotes que fueran descubiertos en casos de abuso sexual a menores de edad.
De hecho, en 1983 El Vaticano promulgó una revisión al Código de Derecho Canónico que incluía un canon (1395, 2) que explícitamente nombraba el sexo con menores, por parte de clérigos, como un crimen canónico. Ocho años después se revisó el documento, en línea con el Código de Derecho Canónico de 1983 y el Código de Cánones para las Iglesias Orientales de 1990, y fue promulgado.
Las leyes canónicas y las judiciales propias de cada país castigan severamente la pedofilia o pederastia, y ante casos muy claros como el de Marcial Maciel en México o en Irlanda, no basta con que se reconozca “los errores cometidos” en el pasado o que Joseph Ratzinger señale que es una “grave situación” o bien que manifieste que está “profundamente perturbado”.
Ni siquiera es suficiente realizar una auditoria si no hay castigo contra estos sacerdotes.
En su carta del domingo pasado, el papa Benedicto XVI dijo que estaba “verdaderamente apenado” por los casos de pederastia en Irlanda, e incluso lanzó la idea de cooperar con las autoridades civiles para castigar a los responsables y salvaguardar a los niños.
El problema es que la reacción del Papa es tardía, pues son miles los casos de abuso a menores por parte de sacerdotes católicos que desde 1950 fueron protegidos por la propia Iglesia, que además los trasladaba a iglesias de otros países sin que hubiera castigo de por medio.
Así lo hizo el mismo Ratzinger cuando era arzobispo de Munich y Freising, Alemania, entre 1977 y 1982, tiempo en que solapó en su arquidiócesis a un sacerdote condenado por la justicia alemana por abuso de menores.
El diario alemán Süddeutsche Zeitung reveló que el propio papa Benedicto XVI protegió a un sacerdote al que llamaron “Abad H”, a petición del obispado de Essen, en enero de 1980.
Según revelaron las propias autoridades católicas en Alemania, Ratzinger no dudó en conceder alojamiento al abad en una parroquia, a fin de que se sometiera a terapia.
Sin embargo, el “Abad H” volvió a cometer abusos luego de que fue reasignado a labores pastorales, hasta que en 1986 un tribunal de Alta Baviera lo condenó por pederastia a 18 meses de cárcel —aunque con suspensión— y una multa de 4 mil francos.
Aunque el vicario Garghard Gruber se responsabilizó del regreso a las labores pastorales del “Abad H”, fue claro que Joseph Ratzinger participó en la toma de decisiones y, por lo mismo, es responsable también de la pederastia que hubo por parte del sacerdote católico.
La carta emitida el domingo pasado en El Vaticano se limitó al caso de Irlanda, país donde, según una investigación eclesiástica que duró una década, 25 mil niños fueron víctimas potenciales de la pedofilia y la violencia de 400 religiosas y sacerdotes católicos, así como un centenar de seglares.
La misiva papal es taxativa, se queda en lo inmediato y no va al fondo de un problema que es mundial y que ha afectado y sigue afectando a miles de niños, principalmente católicos.
Por ejemplo, un caso relevante fue el de Estados Unidos, según un informe de la BBC de 2004, donde el problema de la pedofilia en los últimos 50 años alcanzaba a 4% del clero católico, es decir unos 4 mil 962 sacerdotes implicados en abusos sexuales contra 10 mil 667 menores.
Ratzinger tuvo en sus manos la oportunidad histórica de reconocer un problema secular y plantear no sólo uno, sino muchos actos de justicia para quienes han sido víctimas de uno de los peores pecados de la humanidad, para que ya no se repitan más historias como el del “Abad H”, pero no lo hizo.
La pederastia como metáfora
MÉXICO, D.F., 24 de marzo.- La Iglesia católica anduvo muy animosa y ocupada los meses anteriores en México. Negociando con los presidentes y los gobernadores del PRI y del PAN el control de la maternidad de las mujeres autóctonas. Repartiendo metáforas caninas e infernales para calificar a los homosexuales del país. Y en general gozando el prestigio de ser la última institución nacional con convicciones sobre cómo los mexicanos debemos vivir: paseándose, pues, como un gigante por el Liliput moral que es nuestra clase política. Y entonces le cayó un meteorito encima.
Corrijo: le cayó la segunda familia clandestina de Marcial Maciel. Segunda, puesto que tiene otra en España.
La pareja y los hijos mexicanos del sacerdote asistieron al programa de radio de Carmen Aristegui y ahí contaron larga y penosamente cómo el padre Maciel abusó de dos de ellos, cuando niños.
La reacción de la Iglesia católica mexicana: silencio. La reacción de nuestra clase política: más silencio. La reacción de los Legionarios de Cristo: acusar al hijo primogénito de Maciel de quererles cobrar la herencia que a su decir Maciel había dejado a resguardo con ellos, 6 millones de dólares, más 20 millones de dólares que pidió a cambio de su silencio.
Y la reacción del Vaticano: una petición de paciencia: está por llegar a término la investigación vaticana, no únicamente de la frondosa vida secreta de Maciel, sino de los manejos dudosos del dinero de la orden religiosa, maraña que pone en peligro sus vastas posesiones y esa joya de la corona legionaria que es la Universidad Anáhuac.
Lo que seguirá en cuanto a la pederastia de números asombrosos del padre Maciel es predecible, si es que Benedicto XVI no da un giro a la norma que él mismo estableció cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe: con la evidencia de las fechorías de Maciel en la mano, el Papa pedirá disculpas a las víctimas del depredador, declarará su infinito bochorno y dejará al clero mexicano lidiar con las demandas de dinero de las víctimas, suponiendo que nuestro sistema judicial lo obliga a ello, como en otras latitudes ha ocurrido.
Como en tantos otros casos, la Iglesia católica considerará la pederastia de Marcial Maciel como un pecado aislado. Un pecado: una desviación del Bien. O en términos psicoterapéuticos, dialecto que la Iglesia también utiliza para estos casos, como el resultado de una patología mental. Otra vez: como una desviación personal del sacerdote del Bien, es decir, de la salud mental.
De estar vivo y de ser menos conspicuo Maciel, la norma incluiría la confesión del sacerdote de sus pecados a un superior. Hay que precisar: la confesión secreta y sellada por la confidencialidad. Su traslado a otra zona geográfica, donde no se le conociese y no tuviera que pagar las consecuencias penales de su hecho. Y su tratamiento psicoterapéutico. En tanto, la Iglesia tendría que lidiar con las demandas de dinero de las víctimas.
Pero ante la cifra abrumadora de los casos de pederastia detectados en las escuelas y las órdenes católicas, se imponen dos preguntas: ¿Puede seguirse hablando de los actos de pederastia en el seno de la Iglesia como eventos de excepción? ¿O en cambio debemos suponer que hay algo en cómo opera la Iglesia que propicia la pederastia?
Nada escribo acá de la buena fe de los católicos que buscan sabiduría de vida en su religión. Nada, tampoco, de las enseñanzas bíblicas de Jesús. Acá escribo solamente sobre la antiquísma estructura de la institución religiosa.
Una estructura rígidamente autoritaria, donde los feligreses reciben instrucciones para vivir, estrictas e inapelables, de un sacerdote; un sacerdote recibe órdenes del obispo de su zona territorial; el obispo recibe órdenes del arzobispo del país; el arzobispo recibe sus órdenes del Papa; y el Papa, supuestamente, de Dios Padre.
La última monarquía absoluta y por mandato divino del planeta Tierra, donde cada persona está sujeta a su superior inmediato y debe sujetar a su inferior. Una estructura de dominación vertical donde cada persona es como un niño indefenso para con su superior y es como un Dios Padre para su inferior. Y donde la verticalidad depende de la silenciosa obediencia del inferior y su buena fe en que su superior actúa por amor.
Así, exactamente así, dramáticamente así, ocurre en la pederastia.
Un menor deposita su fe en el amor de un mayor del que depende. El mayor acrecienta esta confianza con palabras y tratos cariñosos e incita al menor, en nombre de ese afecto, a conductas que el menor no termina de entender. Caricias, masturbaciones. E instaura la práctica del secreto: Esto queda entre tú y yo. Nadie debe enterarse de ello nunca.
Se conoce qué sucede cuando el secreto se rompe en la relación de pederastia. En principio, el adulto suele negarlo todo y acusar de fantasía morbosa al niño. Si esto no resuelve el escándalo, el adulto suele escindir su culpa: él no es culpable, los culpables son sus instintos irrefrenables, su enfermedad psicológica y/o Satán el Malo que se le metió al cuerpo. Si esto tampoco lo resuelve, el abusador echa la culpa a su víctima: fue seducido por el niño; ahora el niño es el Satán fatal, el Don Juan enano y corruptor. Y en la última etapa de negación, el agresor minimiza los daños que la víctima padece.
Hasta ahora la Iglesia católica ha reaccionado ante sus sacerdotes pederastas protegiéndolos de la ley e identificándose con ellos, al grado de parecer su cómplice en las etapas de su negación.
Primero ha negado el decir de las víctimas. (En el caso de Maciel fueron dos décadas de negación.) Ante la evidencia flagrante, ha escindido la culpa de los victimarios: están sólo enfermos, o en una vida dedicada al Bien han cometido únicamente ese pecado; ergo, deben ocultarse y protegerse y ser atendidos para curarse. (Reléanse las órdenes del Papa Benedicto XVI del año 2006 para con Maciel.) Y por fin, y sólo cuando el reclamo de las víctimas no cesa y la justicia civil la obliga, lo antes escrito: ha aceptado la responsabilidad, ha pagado las sanciones pecuniarias, al tiempo que ha acusado a las víctimas de anticlericales y de agrandar su pesar para extorsionar a la santa institución.
Ya se verá si Benedicto XVI dicta una conducta más compasiva para con las víctimas y ensancha sus miras para examinar cómo la estructura misma de la Iglesia propicia la pederastia. Una estructura autoritaria y envuelta en el secreto.
Por lo pronto, todo es silencio.
Corrijo: le cayó la segunda familia clandestina de Marcial Maciel. Segunda, puesto que tiene otra en España.
La pareja y los hijos mexicanos del sacerdote asistieron al programa de radio de Carmen Aristegui y ahí contaron larga y penosamente cómo el padre Maciel abusó de dos de ellos, cuando niños.
La reacción de la Iglesia católica mexicana: silencio. La reacción de nuestra clase política: más silencio. La reacción de los Legionarios de Cristo: acusar al hijo primogénito de Maciel de quererles cobrar la herencia que a su decir Maciel había dejado a resguardo con ellos, 6 millones de dólares, más 20 millones de dólares que pidió a cambio de su silencio.
Y la reacción del Vaticano: una petición de paciencia: está por llegar a término la investigación vaticana, no únicamente de la frondosa vida secreta de Maciel, sino de los manejos dudosos del dinero de la orden religiosa, maraña que pone en peligro sus vastas posesiones y esa joya de la corona legionaria que es la Universidad Anáhuac.
Lo que seguirá en cuanto a la pederastia de números asombrosos del padre Maciel es predecible, si es que Benedicto XVI no da un giro a la norma que él mismo estableció cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe: con la evidencia de las fechorías de Maciel en la mano, el Papa pedirá disculpas a las víctimas del depredador, declarará su infinito bochorno y dejará al clero mexicano lidiar con las demandas de dinero de las víctimas, suponiendo que nuestro sistema judicial lo obliga a ello, como en otras latitudes ha ocurrido.
Como en tantos otros casos, la Iglesia católica considerará la pederastia de Marcial Maciel como un pecado aislado. Un pecado: una desviación del Bien. O en términos psicoterapéuticos, dialecto que la Iglesia también utiliza para estos casos, como el resultado de una patología mental. Otra vez: como una desviación personal del sacerdote del Bien, es decir, de la salud mental.
De estar vivo y de ser menos conspicuo Maciel, la norma incluiría la confesión del sacerdote de sus pecados a un superior. Hay que precisar: la confesión secreta y sellada por la confidencialidad. Su traslado a otra zona geográfica, donde no se le conociese y no tuviera que pagar las consecuencias penales de su hecho. Y su tratamiento psicoterapéutico. En tanto, la Iglesia tendría que lidiar con las demandas de dinero de las víctimas.
Pero ante la cifra abrumadora de los casos de pederastia detectados en las escuelas y las órdenes católicas, se imponen dos preguntas: ¿Puede seguirse hablando de los actos de pederastia en el seno de la Iglesia como eventos de excepción? ¿O en cambio debemos suponer que hay algo en cómo opera la Iglesia que propicia la pederastia?
Nada escribo acá de la buena fe de los católicos que buscan sabiduría de vida en su religión. Nada, tampoco, de las enseñanzas bíblicas de Jesús. Acá escribo solamente sobre la antiquísma estructura de la institución religiosa.
Una estructura rígidamente autoritaria, donde los feligreses reciben instrucciones para vivir, estrictas e inapelables, de un sacerdote; un sacerdote recibe órdenes del obispo de su zona territorial; el obispo recibe órdenes del arzobispo del país; el arzobispo recibe sus órdenes del Papa; y el Papa, supuestamente, de Dios Padre.
La última monarquía absoluta y por mandato divino del planeta Tierra, donde cada persona está sujeta a su superior inmediato y debe sujetar a su inferior. Una estructura de dominación vertical donde cada persona es como un niño indefenso para con su superior y es como un Dios Padre para su inferior. Y donde la verticalidad depende de la silenciosa obediencia del inferior y su buena fe en que su superior actúa por amor.
Así, exactamente así, dramáticamente así, ocurre en la pederastia.
Un menor deposita su fe en el amor de un mayor del que depende. El mayor acrecienta esta confianza con palabras y tratos cariñosos e incita al menor, en nombre de ese afecto, a conductas que el menor no termina de entender. Caricias, masturbaciones. E instaura la práctica del secreto: Esto queda entre tú y yo. Nadie debe enterarse de ello nunca.
Se conoce qué sucede cuando el secreto se rompe en la relación de pederastia. En principio, el adulto suele negarlo todo y acusar de fantasía morbosa al niño. Si esto no resuelve el escándalo, el adulto suele escindir su culpa: él no es culpable, los culpables son sus instintos irrefrenables, su enfermedad psicológica y/o Satán el Malo que se le metió al cuerpo. Si esto tampoco lo resuelve, el abusador echa la culpa a su víctima: fue seducido por el niño; ahora el niño es el Satán fatal, el Don Juan enano y corruptor. Y en la última etapa de negación, el agresor minimiza los daños que la víctima padece.
Hasta ahora la Iglesia católica ha reaccionado ante sus sacerdotes pederastas protegiéndolos de la ley e identificándose con ellos, al grado de parecer su cómplice en las etapas de su negación.
Primero ha negado el decir de las víctimas. (En el caso de Maciel fueron dos décadas de negación.) Ante la evidencia flagrante, ha escindido la culpa de los victimarios: están sólo enfermos, o en una vida dedicada al Bien han cometido únicamente ese pecado; ergo, deben ocultarse y protegerse y ser atendidos para curarse. (Reléanse las órdenes del Papa Benedicto XVI del año 2006 para con Maciel.) Y por fin, y sólo cuando el reclamo de las víctimas no cesa y la justicia civil la obliga, lo antes escrito: ha aceptado la responsabilidad, ha pagado las sanciones pecuniarias, al tiempo que ha acusado a las víctimas de anticlericales y de agrandar su pesar para extorsionar a la santa institución.
Ya se verá si Benedicto XVI dicta una conducta más compasiva para con las víctimas y ensancha sus miras para examinar cómo la estructura misma de la Iglesia propicia la pederastia. Una estructura autoritaria y envuelta en el secreto.
Por lo pronto, todo es silencio.
La tesis del "fuego cruzado"
MÉXICO D.F., 23 de marzo (apro).- Cuando culminen las reuniones entre el Grupo de Alto Nivel del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, y sus homólogos mexicanos, es muy probable que el discurso oficial calderonista y de gobernadores afines siga pidiendo disculpas por el “fuego cruzado” que ha matado a cientos de civiles en los últimos años de narcoguerra sin que ninguno de los responsables de estas ejecuciones haya sido sancionado. Un nuevo expediente de impunidad se abre con esta nueva tesis, temeraria e indignante.
Primero fue justificar el homicidio de una anciana indígena en Zongolica, Veracruz, por “hemorragia intestinal”; después Calderón tuvo el pésimo reflejo de justificar la matanza en Salvárcar, Ciudad Juárez, diciendo que era un “pleito entre pandillas” y así le ha ido con los familiares de 15 adolescentes acribillados; ahora, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y los replicantes del gobierno de Nuevo León, insisten en decir que el asesinato de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y de Jorge Antonio Mercado Alonso, ambos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Tec, fue el resultado de que para su desgracia “estuvieron en la línea de fuego”.
La tesis del “fuego cruzado” no puede ocultar las decenas de contradicciones que se articulan en torno a los sucesos del viernes 19 de marzo, en el corazón de una de las zonas exclusivas de Monterrey. El primer comunicado de la Secretaría de Gobernación –que cada vez hace el papel de oficialía de partes de los malos operativos militares- no tiene desperdicio.
Señala que el tiroteo fue el resultado de una “denuncia ciudadana” que se recibió en el cuartel general de la 7ª. Zona militar, alertando que en el bar Valentona se encontraban individuos armados.
De inmediato el personal militar se trasladó a dicho lugar”, refiere el boletín. No le informaron ni a la procuraduría estatal ni a la general de la República que seguramente sólo existen para recoger cuerpos y ocultar pruebas. Cuando se dirigían a la Valentona, “una camioneta se emparejó y, al realizar una maniobra peligrosa, fue seguida por la unidad militar”. Nunca se aclara qué entienden por “maniobra peligrosa”.
“Momentos después –continúa la narración-, ya sobre la avenida Eugenio Garza Sada, la camioneta comenzó a abrir fuego” y “los efectivos militares repelieron la agresión en las inmediaciones del Tec de Monterrey”. “Simultáneamente a esos hechos arribaron más camionetas con agresores que comenzaron a atacar desde diversos puntos con granadas y armas de fuego al personal militar. Esta situación propició que los efectivos militares buscaran nuevos lugares de protección y desde donde contraatacar a los agresores, en tanto llegaran refuerzos al lugar de los hechos… Una vez controlada la situación arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC (Agente del Ministerio Público Federal), persona de peritos en balística, y del Servicio Médico Forense para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos” (subrayados propios).
Digno de un guión de Juan Orol este primer relato de los acontecimientos atizó el fuego de la indignación. Nunca se mencionaron los nombres de los estudiantes ni de otras víctimas.
Cuando se informó el sábado que entre los cuerpos levantados se encontraban dos jóvenes estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey comenzó un siniestro juego para escurrir el bulto y que ninguna autoridad se hiciera responsable de “la confusión” que llevó a catalogarlos como sicarios que, quizá por tal motivo, merecían morir acribillados. La confusión provocó que el propio rector del Tec, Rafael Rangel Sostman, anticipara en un comunicado del viernes que ninguna de las víctimas de la balacera pertenecía a esa casa de estudios. Después tuvo que desdecirse adjudicándole la responsabilidad de su error a la información proporcionada por el procurador estatal Alejandro Garza.
El gobernador Rodrigo Medina, del PRI, acusó en una entrevista televisiva a la PGR de haber sido la responsable de haber confundido a los estudiantes con delincuentes. “Cuando hay un operativo, a las autoridades locales no nos dejan entrar al área.
La información que proporcionamos al Tecnológico fue la información que nos dio la autoridad”, soltó Medina en una entrevista en Primero Noticias, como si él no fuera la autoridad. Tan lo es que el 21 de marzo en una medida desesperada cesó a 81 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por presuntos vínculos con el crimen organizado, sin arraigar a ninguno.
El mismo día que Medina acusaba a la PGR su procurador, Alejandro Garza, deslindó a la PGR de haber informado que los 2 estudiantes del Tec eran sicarios. Para el lunes 22 de marzo otro escándalo de “fuego cruzado” ya había trascendido las primeras planas de la prensa regiomontana y nacional: un atentado fallido en contra de Luis Eduardo Murrieta Maya, titular de la policía municipal de Santa Catarina derivó en el asesinato de un escolta y de un peatón, además de que resultó herida una pareja de sexagenarios que esperaba el transporte público.
El enredo descomunal en el que han caído los defensores de la tesis del “fuego cruzado” es exhibido con una serie de preguntas incómodas en un sitio de Facebook que demanda justicia para los dos estudiantes asesinados el 19 de marzo. Estos son los cuestionamientos:
“¿Por qué el procurador Alejandro Garza y Garza aseguró que no eran estudiantes? ¿En qué se basó para dar tal versión? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué el ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar? ¿Por qué los estudiantes presentan golpes en el rostro si fueron abatidos por el ejército por error, por qué después los golpearon buscando que dijeran que eran sicarios? ¿Por qué primero disparan y después averiguan?”.
Estas mismas preguntas proliferarán en un sinnúmero de casos que se están acumulando en Ciudad Juárez, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. En esta última entidad, dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron asesinados a balazos afuera de un local de cerveza en el municipio de Marcos Castellanos. Los hechos ocurrieron el lunes a la 1:30 horas. Y ahora tratan de decirnos que son lamentables víctimas del “fuego cruzado”, como la mayoría de los mexicanos que impávidos presenciamos la pesadilla calderoniana y su narcoguerra.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
Televisa en el Bar Bar: hasta el tuétano
Simón Charaf, Marcos Fastlicht y su yerno Emilio Azcárraga.
El pleito por el control de actores y deportistas entre Televisa y Simón Charaf exhibe el uso electoral de más de media docena de “talentos” contratados para “avalar” campañas electorales y de imagen de partidos políticos y gobernadores. En entrevista con Proceso, el dueño del Bar Bar –donde casi muere el futbolista Salvador Cabañas– denuncia haber recibido amenazas de muerte. La Televisora y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lo desmienten.
Dos meses después del atentado contra el futbolista Salvador Cabañas en el interior del Bar Bar, el dueño del establecimiento, Simón Charaf Medina, da cuenta de los negocios millonarios que la empresa Televisa tiene con gobiernos de los estados y partidos políticos, así como de las jugosas campañas publicitarias que se efectúan a través de los “talentos” del Canal de las Estrellas.
Charaf hace estas revelaciones luego de que fue marginado de los contratos a los que, asegura, tenía derecho por ser socio del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en la empresa Imagen y Talento Internacional (ITI), la cual, sostiene, pretenden arrebatarle mediante amenazas de muerte. De éstas responsabiliza a directivos “de alto nivel” de Televisa y a autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En su edición 1735, Proceso reveló que Charaf Medina (exesposo de la Miss Universo 1991 Lupita Jones) mantenía relaciones de negocios con Televisa desde 1994, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) del Distrito Federal.
De 1994 a 2000, Charaf fue socio de Televisa en Promo Certamen, empresa dedicada a la promoción y comercialización del Certamen Señorita México (folio mercantil 188675).
En 2005 quedó incorporada en el expediente de Imagen y Talento Internacional la sociedad con altos directivos del consorcio televisivo: Joaquín Valcárcel Santa Cruz, vicepresidente Jurídico; José Antonio Bastón Patiño, vicepresidente de Televisión y Operaciones; Salvi Rafael Folch Viadero, vicepresidente de Planeación Finaciera; Jorge Lutteroth Echegoyen, vicepresidente contralor del corporativo, y Rafael Carabias Príncipe, vicepresidente de Administración (folio mercantil 279989).
Televisa es socio mayoritario de ITI con 51% de las acciones; Charaf posee el 49%.
Según el convenio accionario, el objetivo de la empresa es “la representación, promoción y contratación de personalidades artistas, deportistas y conductores (‘las personalidades’), a efecto de comercializar en cualquier forma permitida por la ley campañas y proyectos publicitarios, promocionales, de relaciones públicas, conferencias, líneas de comerciales y productos, así como cualquier actividad semejante o conexa a las anteriores (‘la promoción publicitaria de personalidades’)”.
Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1743 de la revista Proceso, ya en circulación.
Azcárraga y artistas de Televisa "los mejores clientes" del Bar Bar, dice Charaf
MÉXICO, D.F., 26 de marzo (apro).- Simón Charaf, dueño del Bar Bar declaró que el propiertario deTelevisa, Emilio Azcárraga, altos ejecutivos de esa empresa y artistas del autollamado canal de las estrellas "eran los mejores clientes" de su centro nocturno, clausuarado desde el atentado al jugador del América, Salvador Cabañas.
En entrevista con Carmen Aristegui, Charaf, quien mantiene un litigio con Azcárraga por la disputa de la empresa "Imagen y Talento", respondió al desplegado que publica Televisa en algunos medios y en las que alude a "presuntas irregularidades" en las que operaba el antro Bar Bar.
Negó que en dicho centro nocturno se vendiera dorga y se ejerciera la prostitución disfrazada y se preguntó si el negocio estaba fuera de la ley, qué hacian ahí artistas y ejecutivos de Televisa, incluido su presidente Emilio Azcárraga Jean. "Eran los mejores clientes", afirmó.
El dueño del Bar Bar declaró a Aristegui que cuando Televisa empezó a presionarlo para que les vendiera la parte de sus acciones de la empresa dedicada a representar a artistas –“a un precio ridículo”, dijo--, tuvo un desencuentro con Alejandro Benítez, director de Comercialización Artística de la televisora, quien, le dijo que los ataques continuarían soltando la siguiente frase: “No te queda claro que quienes mandamos sobre la autoridad y hasta sobre el propio Presidente de la República somos nosotros”.
En entrevista con Carmen Aristegui, Charaf, quien mantiene un litigio con Azcárraga por la disputa de la empresa "Imagen y Talento", respondió al desplegado que publica Televisa en algunos medios y en las que alude a "presuntas irregularidades" en las que operaba el antro Bar Bar.
Negó que en dicho centro nocturno se vendiera dorga y se ejerciera la prostitución disfrazada y se preguntó si el negocio estaba fuera de la ley, qué hacian ahí artistas y ejecutivos de Televisa, incluido su presidente Emilio Azcárraga Jean. "Eran los mejores clientes", afirmó.
El dueño del Bar Bar declaró a Aristegui que cuando Televisa empezó a presionarlo para que les vendiera la parte de sus acciones de la empresa dedicada a representar a artistas –“a un precio ridículo”, dijo--, tuvo un desencuentro con Alejandro Benítez, director de Comercialización Artística de la televisora, quien, le dijo que los ataques continuarían soltando la siguiente frase: “No te queda claro que quienes mandamos sobre la autoridad y hasta sobre el propio Presidente de la República somos nosotros”.
Televisa niega campaña contra dueño del Bar Bar
MÉXICO D.F., 26 de marzo (apro).- Televisa respondió hoy al empresario Simón Charaf, quien, en tres entrevistas concedidas a la periodista Carmen Aristegui, en su noticiario de MVS Noticias, ha insistido en que la televisora pretende “destruirlo” y despojarlo de una empresa de la cual son socios, aprovechándose del atentado ocurrido al futbolista Salvador Cabañas en el centro nocturno Bar Bar.
En un desplegado de casi media plana publicado en los principales diarios, el director general Corporativo de Comunicación del grupo Televisa, Manuel Compeán, negó que alguno de los ejecutivos o persona vinculada a la empresa haya amenazado, bajo cualquier circunstancia, a Charaf o “este orquestando una campaña en su contra".
Luego de apuntar que Televisa mantiene sociedades y alianzas con múltiples empresas en México y el mundo y de recalcar que en todas ellas opera con “estricto apego a la legalidad”, Compéan precisó que la cobertura que Televisa ha dado a la investigación sobre el atentado contra Cabañas ha estado sustentada en dichos de las autoridades.
Y agregó:
“Sorprende que las declaraciones de Charaf se produzcan en este momento cuando, desde hace tiempo, el tema ya dejó de ocupar los principales espacios en los medios. Una posible explicación a su comportamiento es que se trate de una estrategia para distraer la atención del tema central que lo afecta: las presuntas irregularidades en las que operaba su establecimiento (el Bar Bar), como se hizo palpable a raíz del atentado contra Salvador Cabañas.
“Sin embargo, lo que es sorprendente es la obsesión de Carmen Aristegui de tratar de convertir un asunto contra Grupo Televisa en un escándalo más inverosímil que sea su fuente informativa. Utilizar como eje periodístico los dichos de Charaf, e invitarlo en tres ocasiones consecutivas a su programa es prueba del nivel de esta obsesión de Aristegui.
“Como también es inverosímil y ridícula la especulación de que un ejecutivo de Televisa encargado de manejar talento artístico pueda hacer una compleja maquinación con implicaciones políticas de alto nivel y que se le exponga a un personaje como Charaf dueño, de lo que sabemos hoy, es un oscuro antro con irregularidades que hoy es centro de una investigación policiaca por intento de homicidio.
Para ilustrar lo absurdo, afirmó que la empresa “Imagen y Talento” de la que son socios –Televisa posee 51% de las acciones y Charaf 49%--, apenas representó en 2009 ventas netas por 8.5 millones de pesos (el 0.02% de los ingresos netos de Grupo Televisa”.
En sus tres conversaciones con Aristegui, Charaf acusó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de someterse a los designios de Televisa para manipular la investigación del caso Cabañas y responsabilizar a los empleados del Bar Bar por el incidente ocurrido a Cabañas.
También culpó a Televisa de manipular editorialmente el caso, con la intención de aniquilarlo a él y a sus empleados para quedarse con la empresa “Talentos Artísticos” de la cual son socios.
Charaf confió a Aristegui que esta empresa se encargó de la campaña del Partido Verde en la que aparecen los actores Mayté Ferroni y Raúl Araiza, por lo que, dijo, cobraron cerca de 300 mil dólares.
Preparan en el SME acción “contundente y riesgosa” para recuperar sus empleos
*Según el gremio, 17 mil 247 trabajadores especializados no han aceptado su liquidación.
*La dirigencia sindical calcula que el gobierno les adeuda $637 mil millones en sueldos y prestaciones.
*La dirigencia sindical calcula que el gobierno les adeuda $637 mil millones en sueldos y prestaciones.
Fabiola Martínez
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) prepara para los próximos días una “acción contundente, riesgosa”, para avanzar en el propósito de recuperar su fuente de empleo y demostrar la “ilegalidad” del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Los electricistas reiteraron que su movimiento de resistencia es pacífico y respetuoso de las leyes. Sólo piden que se reconozca su contrato colectivo y se les reincorpore en sus labores.
Un censo elaborado por el gremio indica que de una plantilla de más de 44 mil trabajadores que había en el organismo, 17 mil 247 no han aceptado su liquidación, la mayoría de los cuales tenían puestos especializados en las áreas de distribución y transmisión, pero también hay una franja importante de electricistas procedentes de puestos con remuneraciones menores. En promedio –señala–, los trabajadores en lucha tienen entre 18 y 24 años de antigüedad. Todos ellos están por cumplir medio año sin cobrar salario, porque antes del decreto del 11 de octubre de 2009 les adeudaban sueldos y prestaciones.
En los documentos entregados por el SME al gobierno federal se precisa que, de acuerdo con los cálculos de la dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, se adeuda a los trabajadores unos “637 mil millones de pesos”.
La suma es muy alta, dijo a este diario un integrante del comité central del SME que elaboró este diagnóstico: “Imaginemos el nivel de jineteo a esa cantidad millonaria; es dinero que corresponde a los electricistas por concepto de pago proporcional de aguinaldo, fondo de ahorro y una semana con tres días devengada hasta el día del decreto ilegal, entre otras prestaciones que el gobierno se ha negado a liberar”.
En la semana que concluye, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la solicitud de amparo del SME respecto al referido decreto presidencial, al tiempo que están en curso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de demandas por despido injustificado.
Un sector de electricistas, alterno al grupo de Esparza, promueve demandas por recontratación en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que tomó la operación del suministro de energía en la zona central del país y, por tanto –afirman los demandantes– se convirtió en patrón sustituto, figura prevista en la ley.
En ese contexto, el pasado miércoles el SME entregó a la Secretaría de Gobernación una propuesta para que los cerca de 18 mil empleados que no han cobrado su finiquito se hagan cargo –a través de una contratación colectiva con el sindicato– del servicio público de energía eléctrica en el área señalada, como alternativa para solucionar el conflicto de manera política.
Mientras tanto, los trabajadores se reunieron ayer en asambleas departamentales, seccionales y divisionales para determinar las acciones a tomar en los próximos días. “Será un paso contundente, ciertamente riesgoso, pero firme, hacia la construcción de la victoria”, señalaron los dirigentes consultados.
Entre las acciones previstas se incluyen nuevas gestiones administrativas, que se sumarían a la solicitud de amparo que analiza la SCJN respecto a la “ilegalidad” del decreto emitido por el Presidente Felipe Calderón.
¿Es posible hacer otra revolución en México?
Desfiladero
¿Es posible hacer otra revolución en México?
¿Es posible hacer otra revolución en México?
Jaime Avilés
Claras y muy valiosas conclusiones dejó el discurso que Andrés Manuel López Obrador pronunció el domingo pasado en la Alameda ante la multitudinaria representación viviente de don Benito Juárez, encarnado en miles de hombres y mujeres libres. La más importante de las ideas que expuso ratifica su estrategia de acumulación de fuerzas rumbo a las elecciones presidenciales de 2012, ante las cuales todo el sistema de dominación articulado por el gobierno” calderónico, los empresarios golpistas, la alta burocracia (el IFE, el Trife y la Suprema Corte) y las fuerzas intervencionistas de Estados Unidos se coludirán para imponer a otro pelele.
Sólo por este motivo, porque iría en contra de todos los intereses dictatoriales que conspiran contra el pueblo mexicano, el triunfo de López Obrador en 2012 tendría un significado profundamente revolucionario. En consecuencia, la única revolución que podemos iniciar en este simbólico 2010 es la que propone el terco político tabasqueño.
Veamos: a la fecha, el “gobierno legítimo” que se constituyó en asamblea popular en el Zócalo en septiembre de 2006, y que entró en funciones allí mismo el 20 de noviembre de ese año, cuenta en la actualidad con dos millones y medio de activistas en todo el país. Si de aquí a diciembre cada uno de estos afiliados anima a otra persona a sumarse a la lucha, al final de 2010 la cifra habrá crecido a cinco millones. Y si este esfuerzo se realiza dos veces más, una por cada semestre de 2011, a principios de 2012 la organización habrá crecido a 20 millones de militantes.
¿Es tan difícil lograrlo? ¿Es imposible que durante los próximos 18 meses cada persona que hoy cuenta ya con credencial del “gobierno legítimo” reclute a otros más? Veinte millones de militantes equivalen a una fuerza acaso un poco más grande que la del PRD, aunque inferior a la del PRI, pero también a otra “ridícula minoría” ante el poderío de las televisoras, que volverán a repetirnos día y noche, como en 2006, que López Obrador es “un peligro para México”. Con la única diferencia de que ya nadie les creerá nada.
¿Alguien descarta, no obstante, que la oligarquía golpista atacará en 2012 con armas similares a las que usó en 2006? El 6 de marzo de ese año, el abonero sinaloense Enrique Coppel, dueño de la cadena de tiendas que lleva su apellido, dirigió una carta a sus 25 mil empleados para recomendarles que votaran por Calderón, porque... “Felipe, junto con su esposa Margarita, forman (sic) una pareja estable con 3 hijos, de 8, 9 y 13 años, bien avenida (y) tienen una buena formación moral, familiar. No hay duda de su honestidad”. ¡Ajá!
Luego comparó a México con China. “¿Cómo llegó China a tener tantos pobres? ¿Siguiendo políticas similares a las que propone el PRD? ¿Cómo ha llegado China a ser el ejemplo mundial en crecimiento económico? Siguiendo las políticas que propone Felipe Calderón.” ¡Ajá! El visionario sinaloense no se equivocó. En lo concerniente a sus negocios ha tenido en estos tres años catastróficos para el país un “crecimiento económico” asombroso. Su cadena de tiendas se extendió exponencialmente y pronto abrirá sucursales en Sudamérica; su experiencia como abonero, y la infinita gratitud de Fox y Calderón, lo hicieron dueño de su propio banco. Y cuando la violencia del Ejército y del narco ensangrentaron las calles y plazas de Culiacán, él se dedicó a contemplar la “guerra” desde el fraccionamiento amurallado en donde vive como príncipe medieval.
Cualquiera supondría que ante el desastre político, económico, financiero y social en que su recomendado Calderón hundió a México, Coppel escribiría una nueva carta a sus (¿ahora 100 mil?) empleados, en este caso para pedirles perdón por haber contribuido a entronizar al más corrupto, destructor e inmoral de los gobernantes contemporáneos. Pero qué va: hace unos días publicó un desplegado en un periódico nacional para apoyar la candidatura al gobierno estatal del alcalde de Culiacán, el priísta Jesús Vizcarra Calderón, asegurando que ese hombre es el más “adecuado” para servir “el interés superior de Sinaloa”, es decir, el de Enrique Coppel, por supuesto.
Y no lo dijo en vano. El 10 de noviembre del año pasado, en una ceremonia que encabezó el gobernador sinaloense Jesús Aguilar Padilla, Vizcarra Calderón entregó 4 mil 200 computadoras portátiles “para igual número de estudiantes de 16 universidades estatales” como parte del programa municipal Agarra tu laptop. Según la prensa local, Vizcarra explicó que si bien cada una de estas herramientas cibernéticas tenía “un costo de 8 mil 500 pesos en el mercado, los estudiantes beneficiados sólo pagarán en total 3 mil pesos, que se componen de mil pesos de enganche y los restantes 2 mil pesos en 12 abonos mensuales de 167 pesos, que deberán efectuar en cualquier sucursal Coppel”. ¡Ajá! Conque el interés superior de Sinaloa...
Este patético y deprimente ejemplo es apenas un argumento más en favor de la urgente necesidad que tiene el pueblo de organizarse para contrarrestar el poder de estos ricachones majaderos y atrabiliarios. Pero no son sólo ellos. Nada podrían si no contaran con la complicidad de los burócratas, como ha quedado en evidencia en Pemex Refinación, donde aparentemente estarían coaligados para enriquecerse ilegalmente los siguientes funcionarios que despachan en el piso 25 de la inmensa torre paraestatal: Juan Marcelo Parizot Murillo, gerente general de Ventas a Estaciones de Servicio; José Luis Rodríguez Rábago, subgerente de lo mismo para el valle de México, y Francisco Jesús Quezada, director de Franquicias.
El 29 de mayo de 2008, el restaurantero Jorge Talavera Ugalde solicitó a Pemex Refinación un permiso para instalar una gasolinera en Insurgentes Sur 4061, colonia Tlalpan Centro, código postal 14000, pero al obtener la licencia construyó la obra en Insurgentes Sur 4097, colonia Santa Úrsula Xitla, código postal 14420. Así nomás. Bajo “promesa de decir verdad”, aseguró que alrededor de su futuro negocio no había “centros de concentración masiva, escuelas, hospitales, mercados, iglesias”, ni “plantas de almacenamiento de gas LP a menos de 100 metros”.
Sin embargo, como salta a la vista, mintió al proporcionar una dirección falsa y omitir que su estación de servicio, con una capacidad de almacenamiento de 300 mil litros de combustible, está entre dos restaurantes (el suyo, Don Enrique, y la megataquería Arroyo, que cocinan con gas LP), o que colinda con un conjunto habitacional donde viven 80 familias, o que está a diez pasos del Metrobús y frente a una guardería, numerosos comercios, una capilla y un hospital siquiátrico. Pemex Refinación debió verificar esos datos y, al comprobar que eran falsos, negarle el permiso. Pero se lo concedió. ¿A cambio de qué? Eso lo deberían investigar las autoridades judiciales, pues todo sugiere que Parizot, Rodríguez Rábago y Quezada incumplieron con su responsabilidad y autorizaron la colocación de una bomba de tiempo. Total, a ellos qué. ¿Cuántos permisos irregulares han otorgado estos señores a la fecha? La obra de Tlalpan se encuentra clausurada temporalmente por el GDF, pero ya tiene franquicia para empezar a vender gasolina en cuanto Marcelo Ebrard se descuide.
¿Cómo va el país a enderezar el rumbo, ahora que tras la visita de todo el gabinete de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, la CIA, la DEA, la FBI, el Pentágono y Hillary Clinton administran la guerra sucia de Calderón contra el pueblo y en beneficio de la oligarquía y el narcotráfico? Moraleja: hay que aceptar la propuesta estratégica de López Obrador. Iniciar la revolución mexicana de 2010 quiere decir, hoy por hoy, afiliarse al “gobierno legítimo”.
jamastu@gmail.com
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