sábado, mayo 28, 2011

Zelaya ya está en Honduras


El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, depuesto en 2009, llegó hasta el aeropuerto hondureño de Tegucigalpa, donde miles de sus seguidores se habían concentrado para recibirlo.

Tras meses en el exilio, aterrizó en el aeropuerto de Toncontín en un avión de origen venezolano, procedente de Managua, donde fue despedido con honores por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Zelaya, de 58 años, viajó acompañado por su esposa, Xiomara Castro, y sus hijas, junto a varios de sus ex funcionarios, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba y el ex presidente de Panamá, Martín Torrijos.

ZELAYA AFIRMA QUE EL REGRESO ES MENSAJE DE ESPERANZA

Volver a Honduras “significa un mensaje de esperanza y optimismo para las democracias de Latinoamérica”, dijo Zelaya en declaraciones exclusivas a la cadena de televisión venezolana Telesur, las primeras que formuló tras volver de un exilio de 16 meses en República Dominicana.

“Hoy (sábado), después de casi dos años, después de una lucha de toda Latinoamérica, hemos logrado volver a nuestra tierra a abrazarnos con nuestro pueblo”, agregó el exmandatario, quien vestía su tradicional sombrero blanco, un traje oscuro y botas de cuero.

Un golpe de Estado lo sacó del poder el 28 de junio de 2009 y llegó a Santo Domingo el 27 de enero de 2010, tras la toma de posesión de Porfirio Lobo como presidente de Honduras y después de pasar cuatro meses en la embajada de Brasil de ese país.

Su regreso es resultado de los acuerdos suscritos el pasado domingo en Cartagena, Colombia, con el presidente hondureño, Porfirio Lobo, que permitirán el regreso del país centroamericano a la Organización de Estados Americanos (OEA) de la que fue excluido tras el golpe de Estado.



http://www.youtube.com/watch?v=8Ju4Xsg0yqE

El mejor alcalde del mundo

Desfiladero

Desde que el salinismo las incorporó a la vida política nacional, para dar verosimilitud a sus maniobras fraudulentas, si algo hemos aprendido de las encuestas es que éstas no reflejan lo que opina la gente, sino lo que desean que opine la gente que las manda a hacer. Una de las más recientes, publicada por un diario oficialista el lunes antepasado, midió las preferencias de militantes y simpatizantes de cada partido en relación con los posibles candidatos a la Presidencia de la República.

En cuanto al PRD, el ejercicio mostró que una abrumadora mayoría de la militancia (67 por ciento) desea que su abanderado sea Andrés Manuel López Obrador, mientras de los simpatizantes sólo 17 de cada 100 se inclinan por él y 16 por Marcelo Ebrard. ¡Una dramática (¡uf y recontra uf!) ventaja de apenas un punto!

Tres lecturas se desprenden de estos números banales: a) el PRD no tiene simpatizantes; b) a los pocos que confiesan serlo, les da lo mismo si el gallo es AMLO o Ebrard; c) con encuestas como ésta, los dueños de México harán todo lo posible para que sea Ebrard. No en vano, éste les ha entregado los jugosísimos contratos de los 24 megaproyectos que privatizan importantes espacios públicos de la ciudad, en beneficio de empresas españolas y de los mismos ricos de siempre.

Después de las elecciones de julio de 2006, en medio del plantón que a pesar de los pesares no pudo evitar el ascenso de Felipe Calderón al poder, es decir, la tragedia que hoy nos enluta y nos desgarra, Ebrard se casó dos veces al mismo tiempo: por lo civil, con la rubia Mariagna Pratts, y por la vía de los hechos con el movimiento de masas encabezado por López Obrador, que ahora se llama Morena.

En la actualidad, divorciado tanto de la rubia como de Morena, Ebrard sostiene íntimas relaciones con la corriente del PRD que desde el inicio del sexenio se alió con Calderón, y si bien no ha vacilado en reprimir con la fuerza pública a quienes con su voto lo convirtieron en jefe del Gobierno del Distrito Federal, por otra parte ha tolerado la corrupción más indignante y escandalosa en las delegaciones capitalinas, sobre todo en aquellas donde están en marcha sus megaproyectos.

A saber, Tlalpan –donde planea tanto la Biometrópolis del Ajusco como la Ciudad del Conocimiento, sobre una reserva natural que alberga especies en peligro de extinción–, Azcapotzalco –donde la familia Salinas Pliego, propietaria de Tv Azteca, levantará la Arena de la Ciudad de México, con capacidad para 22 mil espectadores, 125 suites de lujo y 5 mil cajones para automóviles–, Xochimilco –donde sobre tierras ejidales inversionistas privados establecerán una zona hotelera con el acuario más grande de América Latina–, y las de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tláhuac, donde la constructora española OHL (que también trabaja para Peña Nieto), y su socia mexicana Copri, siguen adelante con la Supervía Poniente, el viejo proyecto que Manuel Camacho Solís concibió cuando era regente del DF a las órdenes de Salinas de Gortari.

Carlos Slim, ICA, la española CAF, la francesa Alston, la inmobiliaria Grupo Frisa y otros consorcios y magnates se llevarán las grandes tajadas de este pastel en que Ebrard –de acuerdo con la puntual denuncia del politólogo Pablo Moctezuma Barragán– está entregando a los inversionistas privados espacios públicos de la ciudad que son propiedad de la nación y que el GDF sólo puede y debe administrar, pero de ninguna manera desincorporar como lo hizo con los 81 mil metros cuadrados donde se alzaba el rastro de Ferrería, que ahora están en manos de Grupo Avalanz y Zignia Live, de la familia Salinas Pliego.

Para favorecer a empresarios y firmas que, a su modo de ver, podrían impulsarlo a la Presidencia, Ebrard no sólo ha despojado de tierras y viviendas a colonos y ejidatarios que se niegan a ceder sus espacios vitales a los grandes negocios en los párrafos anteriores descritos. También coquetea con su vieja amiga y protectora, Elba Esther Gordillo, la gran proveedora de votos, a quien le disgusta profundamente el proyecto humanista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y nada le agradaría tanto como que ésta desapareciera.

Hoy, mirando las cosas en retrospectiva, esta fobia de Gordillo explica por qué, en su momento, Ebrard recortó el presupuesto de la UACM y condicionó la entrega del faltante a que la comunidad académica y estudiantil eligiera a la señora Esther Orozco como rectora de la institución. Ahora también se entiende por qué la sucesora de Manuel Pérez Rocha no ha desaprovechado ninguna oportunidad para crispar las relaciones internas en los planteles, hasta que logró desatar la crisis que actualmente divide a quienes exigen que el Consejo Universitario le revoque el mandato y quienes piden la cabeza de aquellos que la impugnan.

Si en el ámbito de la educación pública Ebrard respalda a una persona como Orozco, en el de salud ha sido totalmente insensible a los reclamos de quienes imploran la destitución de la directora del hospital materno infantil de Magdalena Contreras, la doctora Eutiquia Ramírez Melgar, jubilada del Seguro Social, quien llegó a ese cargo hace dos años gracias a una recomendación de los Chuchos.

Ese nosocomio atiende a las embarazadas y parturientas de Contreras y las zonas altas de Tlalpan, pero cuenta también con una sala de urgencias... carente de todo. Ahí llegan tanto víctimas de un ataque al corazón como de un accidente de automóvil, una agresión con arma blanca o una intoxicación por estupefacientes. Y a pesar de la constante demanda de ayuda que recibe, tiene una sola ambulancia pero ningún chofer, de modo que son los médicos quienes deben manejarla para ir a recoger a los heridos.

¿Por qué se vive una situación tan fácilmente remediable como la de ese modesto hospital, que sin embargo a nadie en las alturas del GDF le interesa? Ebrard ya obtuvo el título de mejor alcalde del mundo, ahora se codea con los magnates de América y de Europa en busca de la candidatura presidencial, y al tramposo empresario de Tlalpan que construyó una gasolinera con permisos ilegales sobre Insurgentes Sur, a dos metros de un conjunto habitacional, por debajo del agua le pide paciencia... sólo un poco más de paciencia, pues en cuanto arranque su precampaña, del brazo de los Chuchos, necesitará de toda la ayuda de sus amigos.

Mientras los abnegados promotores de Morena viajan día tras día por todo el país, desafiando los mil y un peligros que ofrecen las carreteras, jugándosela con tal de recorrer pueblo por pueblo, barrio por barrio, manzana por manzana, a fin de tocar puerta por puerta e invitar a la gente a organizarse en comités que el día de las elecciones presidenciales de 2012 defiendan los votos casilla por casilla, en la ciudad de México la desastrosa gestión de Ebrard puede tener consecuencias de proporciones incalculables.

Con plazas llenas a reventar en Puebla, Cuernavaca, Oaxaca, Mérida, Guadalajara, Jalapa, Culiacán, Tepic, Monterrey, Saltillo y muchas más, López Obrador concluirá su gira por las 40 ciudades más importantes del país, el próximo domingo 5 de junio, con un mitin en el Zócalo. Un día antes partirá de Cuernavaca, rumbo a Juárez, la caravana de las organizaciones ciudadanas que piden el cese de García Luna y de la guerra estúpida de Calderón.

(Desde la intimidad de este paréntesis, el autor del Desfiladero abraza a quienes el pasado lunes atestiguamos, llorando con la dulce música de los jaraneros, la prodigiosa transmutación de doña María Teresa Cuéllar Salinas, en una abigarrada alfombra de flores, que reflejan la discreta grandeza de su vida y de su obra extraordinarias.)

Censida, 187 MDP sin resultados

Desde 2006, el Censida ha otorgado alrededor de 187 millones de pesos para programas de prevención sin contar con mecanismos que le permitan conocer su efectividad. El director del organismo, José Antonio Izazola Licea, reconoce que el Centro debe transparentar los financiamientos; al tiempo, acepta que su administración carece de evaluaciones de resultados y de impacto.

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Mayela Sánchez

Desde hace seis años, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) ha entregado recursos públicos a organizaciones civiles sin contar con reportes de evaluación e impacto de los proyectos que financia.

El monto otorgado suma alrededor de 187 millones de pesos, estima su director general, José Antonio Izazola Licea.

Tan sólo para este año, el organismo dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa) presupuestó 43 millones de pesos, que se entregaron a 65 organizaciones para programas de prevención de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida).

Mas el Censida no podrá saber si el trabajo de éstas cumplió efectivamente con su propósito ni si lo ha hecho el de años anteriores, ya que hasta ahora no ha establecido mecanismos para conocer el impacto de los proyectos a los que apoya.

El organismo tampoco ha analizado los resultados de las propuestas financiadas, sino que ha ceñido su trabajo de supervisión al monitoreo de un porcentaje de las organizaciones beneficiadas. Es decir que sólo revisa que éstas cumplan con llevar a cabo las actividades programadas.

En respuesta a la solicitud de información 001200051811, el 9 de marzo pasado el Censida reconoció que no cuenta con reportes de evaluación e impacto de los proyectos que ha financiado desde 2006 a través de la Convocatoria pública para el fortalecimiento de la respuesta en prevención de la sociedad civil ante el VIH/Sida e ITS [infecciones de transmisión sexual].

Izazola Licea confirma lo anterior en entrevista con Contralínea; sin embargo, justifica la inexistencia de los reportes sobre el impacto de los proyectos al decir que “no se puede hacer cada año porque [éste] se ve acumulado”.

Aunque el director del Censida asegura que las evaluaciones sobre el cumplimiento de los procesos existen, éstas no figuran en su página de internet ni tampoco en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Secretaría.

El organismo encargado de promover la prevención y el control del Sida en el país tampoco hace pública la información sobre las organizaciones a las que ha financiado en años anteriores ni los montos que cada una de ella ha recibido.

Izazola Licea aduce la ausencia de dicha información a la falta de capacidad del portal electrónico del organismo: “Los objetivos, el financiamiento, el presupuesto, el convenio firmado [con las organizaciones], todo eso es público; si no está en la página web todo el tiempo no lo sé. No es algo que yo revise, pero debemos tener limitaciones en términos de recursos físicos, que son limitados. Si no depuráramos la página, sería muy difícil de navegar, de sostener”.

Aunado a la ausencia de información sobre los montos entregados y los resultados de los proyectos financiados, también se desconocen los criterios en los que el Censida se basa para seleccionarlos.

Su director General reconoce que no hay un documento que establezca los estándares para evaluar los proyectos, pero afirma que hay instrucciones para los revisores.

Sin embargo, enfatiza que éstas “son exclusivamente para ellos y no [las] vamos a hacer públicas, porque no queremos que alguien pueda entender cuál es el secreto para poner bien la respuesta. Lo que queremos son propuestas sólidas”.

Pero luego revira: “No es tampoco ningún secreto saber que los objetivos tienen que ser alcanzables, medibles, realizables; no hay ningún secreto en ver cómo se hace un presupuesto y cómo se evalúa… La instrucción que damos es: ‘revisen la coherencia de los objetivos con los métodos, los presupuestos y las capacidades ahí descritas para ver si son proyectos factibles’”.

Falta de información, la queja

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/234/fotos/sida/antirretrovirales.jpgLa falta de información sobre cómo se eligen los proyectos por financiar llevó a nueve integrantes del Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) a solicitar al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, los resultados de los dictámenes de las propuestas registradas “con la finalidad de tener claridad sobre los criterios de selección”.

Se trata de Gerardo Cabrera Reséndiz, Héctor Miguel Corral, María Luisa González Barrios, Jessica Bear Blas, Julián Elizalde Peña y Rosember López Samayoa; todos, vocales del Conasida. Así como Alejandra Gil Cuervo y Oriana López Uribe, suplentes de vocalía.

Además de formar parte de la instancia de coordinación entre los sectores público, privado y social para promover la prevención del VIH/Sida, todos ellos pertenecen a organizaciones de la sociedad civil (OSC).

En una carta enviada al funcionario el 8 de abril pasado, los firmantes también solicitaron conocer los mecanismos de evaluación y saber si existían guías para los dictaminadores, así como los nombres y perfiles de los integrantes del Equipo Asesor y de Revisión de Proyectos (EARP) “para garantizar las competencias y objetividad de las personas que dictaminan”.

La respuesta, formulada por Izazola Licea, explica el procedimiento para elegir los proyectos, mas no arroja luz sobre cuáles fueron los criterios de selección.

A través del oficio DG/DPPS/0538/11, el director del Censida refiere que las 286 propuestas participantes fueron calificadas con tres evaluaciones “independientes y asignadas aleatoriamente a través de medio electrónico y de manera ciega”.

Y señala que en los casos en que se presentaron “inconsistencias en las evaluaciones”, como que existiera una diferencia mayor a tres puntos entre dos revisores, éstos se examinaron en una reunión presencial del EARP.

Respecto de la petición de información sobre los integrantes del EARP, el director del Censida contestó que la lista de personas, así como información general de todos los proyectos registrados y los formatos de evaluación, “entre otros documentos”, estarían disponibles en su portal electrónico a partir del 25 de abril.

Izazola Licea, quien ocupa el cargo desde enero de 2009, aclara que tales datos no se podían dar a conocer antes porque había que esperar que concluyera el proceso de selección para publicarlos.

Pero aunque éste ya finalizó, el Censida se reservó la información sobre el monto que entregó a cada organización. Tampoco difundió los formatos de evaluación, sino únicamente las calificaciones de los proyectos ganadores.

Respecto de la información de años anteriores, el funcionario se excusa diciendo que él llegó hace apenas dos años y que es difícil “reconstruir” los resultados de convocatorias previas, en las que el proceso de evaluación era muy laxo.

No obstante, termina por reconocer la ausencia de información en el Censida: “La verdad sí nos puede faltar algo en términos de transparencia, pero de ninguna manera de tal magnitud que se cuestione la validez de la evaluación”.

Izazola Licea arguye que, aun cuando no exista un documento que especifique los criterios de evaluación, ello no significa que no haya un proceso de estandarización en las revisiones.

Tras explicar que como funcionario público, con recursos materiales y humanos limitados, tiene que establecer prioridades, espeta: “¿Quiere que desperdicie mi tiempo en hacer cosas que no son tan cruciales? Para mí es más crucial, por ejemplo, lograr el acceso a antirretrovirales. No estamos sentados ociosos para ver qué se les ocurre a las organizaciones civiles preguntarnos, porque ahorita es eso; el año que entra ¿qué van a pedir?

“Yo creo que es un poco frustrante que se pidan respuestas a todas y cada una de las posibles inquietudes que se tengan cuando algunas no son tan prioritarias”, expresa.

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Las organizaciones opinan

La información disponible muestra que los trabajos seleccionados este año alcanzaron, en promedio, una calificación global de 68.23 puntos; además, 32 casos fueron revisados una cuarta vez por el Equipo Asesor presencial debido a discrepancias significativas en sus evaluaciones.

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De las 65 organizaciones seleccionadas para recibir financiamiento, la mayoría se encuentra en el Distrito Federal. Se trata de la entidad con mayor número de casos de Sida en el país, de acuerdo con datos de la Ssa.

Le siguen en prevalencia de casos el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Baja California. Sin embargo, entre los ganadores sólo figuran tres organizaciones jaliscienses, tres poblanas y dos mexiquenses, una de la ciudad de Tijuana, Baja California, y ninguna de Veracruz.

Aunque ello puede ser a causa de que no se presentaron propuestas viables de las OSC en esas entidades o a que quizá obtuvieron calificaciones inferiores a la media global, la falta de información impide conocer los criterios que sigue el Censida para seleccionar los proyectos a financiar.

Tal fue la inquietud compartida por miembros de las organizaciones de la sociedad civil que, en su calidad de vocales del Conasida, dirigieron su queja al secretario de Salud.

Entre ellos están Jessica Bear Blas y María Luisa González Barrios, titulares de las asociaciones Fortaleciendo la Diversidad, AC, y Mujeres en Acción Positiva, respectivamente.

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/234/fotos/sida/osc.jpgTanto Bear Blas, cuya organización trabaja con personas transgénero en San Luis Potosí, como González Barrios, quien preside la organización que apoya a mujeres que viven con VIH en Ciudad Juárez, Chihuahua, saben que por la población con la que trabajan es difícil obtener apoyo a través de los financiamientos del Censida, que se han enfocado más al grupo con mayor prevalencia en el país: los hombres que tienen sexo con otros hombres.

A pesar de que ambas reconocen que era poco probable que recibieran un financiamiento, coinciden en que los resultados dejaron insatisfechas a sus organizaciones y por eso buscaron una respuesta más clara.

Benjamín Delgado, subdirector de Teatro & Sida, expresa ideas similares, pues su trabajo con adolescentes homosexuales y mujeres que viven con VIH también ha llevado a su organización a padecer de poco apoyo oficial para esas poblaciones.

Delgado crítica que, en materia de prevención, el trabajo de las OSC no ha sido acompañado de acciones concretas del Estado, pues sus campañas son escuetas y no se han dirigido a poblaciones específicas, como aquéllas con las que su organización trabaja.

Sin embargo, algo diferencia a Delgado de las vocales del Conasida: su organización sí resultó beneficiada en la convocatoria de este año.

La propuesta de Teatro & Sida consiste en trabajo de prevención con internos en centros penitenciarios del Distrito Federal, para lo cual le fueron otorgados 400 mil pesos.

El presidente del Comité Lésbico Gay de Occidente, Isidro García, es crítico respecto de cómo se seleccionan los proyectos por financiar, pues considera que, si bien la convocatoria es clara en su contenido, el proceso de selección es “amañado”.

En el mismo tenor califica las evaluaciones del trabajo de las OSC, pues refiere que aunque el Censida debe entregarles una constancia de cumplimiento al final del año, esto no se hace.

Al no haber un documento que avale la conclusión adecuada del trabajo propuesto, la única posibilidad de saber que cumplieron es cuando reciben otro apoyo, asevera.

En opinión de Isidro García –cuya organización se encuentra en Jalisco y resultó seleccionada este año–, los financiamientos del Censida han servido como una forma de acallar a la sociedad civil, pues “la gente que tenga financiamiento no denuncia ciertas irregularidades del Censida porque luego vienen las amenazas de auditorías a las organizaciones.

“Es como un círculo vicioso: yo no te denuncio, tú no me denuncias. Es como el rollo del clientelismo que usa el gobierno”, valora.

Para Maribel Ortega Álvarez, presidenta del Consejo Directivo de Acciones Voluntarias sobre Educación en México, AC, los mecanismos de transparencia “son perfectibles” y califica como “un área de oportunidad para Censida” la actual ausencia de información sobre los resultados y el impacto de los proyectos financiados.

La organización, que ha participado y ha sido seleccionada en casi todas las convocatorias del Censida, recibió esta vez apoyo para dos propuestas: una es la difusión de mensajes de prevención a través de la red social Facebook y la otra, que es continuación de un proyecto anterior, se aboca a la promoción de modelos saludables entre jóvenes gay.

Héctor Miguel Corral está al frente de otra organización que logró financiamiento: la Agencia Familiar Binacional. Pero Corral figura, además, entre los vocales del Conasida que firmaron la misiva a Córdova Villalobos.

El tijuanense dice que su trabajo es representar a la sociedad civil y, por tanto, tenía que atender la inconformidad de algunas organizaciones sobre cómo se había llevado a cabo el proceso de selección de proyectos.

“Nos dimos a la tarea de conocer cuáles eran las opiniones de esas organizaciones, dónde estaban las inconformidades, y nosotros, como miembros de la sociedad civil, también hicimos algunas críticas al respecto, que después fueron aclaradas por Izazola a través de una carta y de una reunión”, explica.

Para Gerardo Cabrera Reséndiz, el más visible promotor de la queja ante el secretario de Salud, el tema del proceso de selección ya ha quedado aclarado por las autoridades del Censida.

El director de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/Sida dice que ahora se encuentran en negociaciones con el organismo “para ver cómo podemos mejorar la convocatoria”.

Cabrera Reséndiz no pasa por alto que el Censida comenzó a dar información a partir de la queja que se hizo y reconoce que el organismo está en la disposición de ver cómo pueden mejorarse esos procesos. “Pero yo creo que eso lo vamos a poder ver reflejado hasta el año que entra. Éste no podría hablar todavía de esa parte”, acota.

Mientras tanto, lo concerniente a las evaluaciones de resultados y del impacto de los proyectos sigue pendiente, pues los vocales del Conasida no abordaron el tema con Izazola Licea.

Ello significa que la forma para ponderar los resultados del trabajo de las OSC seguirá siendo a través de los monitoreos del Censida y de los dos reportes (uno parcial y otro final) que éstas entregan al organismo.

Los ganadores

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/234/fotos/sida/compromiso.jpgEn la convocatoria de este año se presupuestaron 43 millones de pesos para entregarse a proyectos de las organizaciones civiles e instituciones académicas inscritos en siete distintas categorías; una octava categoría, relativa al tema de declaración ministerial, está por lanzarse.

Entre los beneficiados del primer proceso de selección, que concluyó en abril pasado, figuran dos organizaciones que no cumplen con uno de los requisitos establecidos, que es contar con Clave Única de Identificación (Cluni).

Se trata de Diversidad, Deporte y Sexualidad, AC (Didesex), y de Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, AC. Aunque las dos organizaciones figuran en el directorio de OSC –elaborado por el Censida– con su Cluni “en trámite”, los proyectos de ambas fueron palomeados.

Didesex es, además, la organización que obtuvo el más bajo puntaje de todas las seleccionadas. A pesar de que los tres evaluadores “ciegos” le concedieron pobres calificaciones (la más alta fue de 62.51 puntos) y de que su evaluación promedio fue de 38.39 puntos, su proyecto fue aprobado en una cuarta revisión del EARP.

La propuesta de la organización, cuyo presidente es Rafael Humberto Villanueva Hernández, lleva por título “La homofobia está out. El reality” y fue el único trabajo seleccionado en la categoría “Estrategia de modificación de normas sociales”.

Pero el de Didesex no fue el único proyecto con puntaje reprobatorio que consiguió financiamiento. El Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, AC, alcanzó 58.77 puntos, y Salud Integral para la Mujer, con 40.65 puntos, también fueron elegidos. Al igual que con Didesex, la decisión se tomó tras una cuarta evaluación del EARP.

Uno de los 28 integrantes de ese grupo presencial fue Izazola Licea, quien en entrevista expresó que un proyecto con tres evaluaciones bajas tiene altas probabilidades de que tenga una baja calidad en su planteamiento. Aun así, los tres proyectos resultaron ganadores.

Inhabilitan a funcionaria por criticar privatización de Pemex

Al puro estilo macartista, la contraloría interna en la Semarnat inhabilitó por 10 años a Silvia Ramos, exfuncionaria de Pemex. Ello, por emitir opiniones respecto de los fraudes en contratos de la petrolera, por su activismo sindical y por, supuestamente, simpatizar con el EZLN, acusa la ingeniera inhabilitada, activista en contra de la privatización de Pemex.

“Parecía un mal chiste que me inhabilitaran por hablar con la prensa de los fraudes y la mala administración en Petróleos Mexicanos (Pemex), por informar a los compañeros de que la privatización avanza a pasos agigantados, y porque dicen que en internet encontraron un comentario que me identifica como simpatizante del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

“Yo no sabía que en este país se puede inhabilitar a un profesionista por emitir sus ideas o ejercer sus derechos, pero eso ocurrió conmigo. Tengo un historial limpio, un desempeño profesional intachable, pero por manifestarme contra la privatización de Pemex, me castigaron: inhabilitada por 10 años… ¡10 años! El día que me entregaron la notificación, debí leerla varias veces para comprender que ese mal chiste era verdad.”

Silvia Ramos Luna, ingeniera química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, detalla los argumentos que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Eduardo Tirado Becerril, utilizó con el fin de inhabilitarla para desempeñar cargo alguno en el gobierno federal del 30 de marzo de 2011 al 7 de octubre de 2020. Recién había logrado su reinstalación en Pemex, tras un litigio por despido injustificado que duró casi 15 años.

Sentada frente a una taza de café, durante la entrevista, Silvia cita argumentos que suenan inverosímiles, porque en México no existe ley que castigue la exposición de ideas. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no prohíbe a los empleados de gobierno hablar con la prensa; tampoco, expresar sus afinidades políticas ni sus opiniones. Por el contrario, la Constitución es garante de la libre expresión; por eso es que los argumentos que ella cita suenan fantasiosos, de no ser porque, efectivamente, tal y como los expone, están asentados en el expediente 224/2009 que el funcionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) usó para inhabilitarla.

Silvia Ramos es una ingeniera que combina su trabajo con su labor como defensora de derechos humanos adscrita al Frente Mexicano Pro Defensa de los Derechos Humanos, pero, sobre todo, es una de las principales activistas del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, cuyas movilizaciones obligaron en 2008 a que la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón se discutiera ampliamente en el del Senado de la República.

Con grado académico de maestría por la Universidad La Salle y numerosos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, Silvia también es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), asociación civil que aglutina a reconocidos expertos, analistas, académicos e investigadores que brindan asesorías en materia energética, entre otros, al Congreso de la Unión.

Su ingreso a Pemex –en la Refinería Miguel Hidalgo– data del 4 de septiembre de 1984. Al cabo de una década, fue despedida junto con 27 de sus compañeros como represalia por pretender crear un sindicato para personal de confianza (Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros). En septiembre de 1995, presentó una demanda laboral por despido injustificado (expediente 456/95).

Ante el largo litigio que se avecinaba, en espera de su reinstalación, buscó empleo. Obtuvo el puesto de subdirectora de Seguimiento a Trabajos de Campo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde, hasta el 22 de abril de 2009, su trabajo consistió, a decir de ella, en registrar en formatos preestablecidos fechas y resultados de las auditorías que se realizaban a todas las empresas empadronadas por la Procuraduría: unas 6 mil 500.

El juicio laboral se extendió 14 años y ocho meses por las negativas y amparos de la Oficina del Abogado General (OAG) de Pemex para reinstalar a quien encabezara el grupo de ingenieros que los llevó a juicio por las irregularidades en los Contratos de Servicios Múltiples (CSM).

Silvia presidió la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), que alcanzó gran relevancia a partir de que promovieron el juicio de nulidad de los CSM, esquematizados y aprobados por José César Nava Vázquez para entregar a trasnacionales la operación y explotación de la Cuenca de Burgos, la reserva de gas no asociado más rentable del país.

De su bolsillo, los miembros de la UNTCIP –en su mayoría, ingenieros– sufragaron los costos del litigio en el que los representó, hasta el día de su muerte, el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. Lograron que se reconociera la inconstitucionalidad de los CSM, que la Suprema Corte y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenaron a Pemex suspenderlos.

Finalmente, como consecuencia del ultimátum judicial contra la OAG, el 20 de mayo de 2010 Silvia fue reinstalada. Pugnaba por los salarios caídos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció en su favor, cuando le notificaron de una investigación administrativa que el OIC en Semarnat abrió en su contra por supuesto conflicto de intereses y por “desprestigiar a Pemex”. La demanda fue promovida por la OAG y la oficina del exprocurador Patricio Patrón Laviada.

Profepa: trabajo sucio

El 5 de marzo de 2009, el jurídico de Pemex envió al entonces titular de la Profepa información relacionada con “presuntas irregularidades administrativas” de Silvia Ramos (oficio OAG/GJC/JLG/075/2009). En respuesta, la coordinadora de asesores de Patrón Laviada remitió al OIC un oficio (PFPA/1.2/8C.17.5/0046/09) para que abriera una investigación administrativa en su contra bajo el supuesto de “conflicto de intereses”, que quedaría integrado en el expediente DE-076/2009. El argumento fue que, durante el periodo en que trabajó en la Profepa, conoció de auditorías a instalaciones de Pemex y que, dada la demanda laboral contra la paraestatal, habría incurrido en ese conflicto de intereses.

Silvia rechaza tal argumento. Dice que su trabajo en la Profepa se limitaba a vaciar en los formatos las fechas, el nombre de los auditores que habían realizado las auditorías y el resultado de éstas: “Registraba los mismos datos de las 6 mil 500 empresas empadronadas, no sólo de Pemex, y no tenía relación directa con ninguna de las empresas auditadas. Además, la Semarnat nunca ignoró que yo trabajé en Pemex, pues ése fue precisamente el currículum que presenté para obtener el empleo. De manera que resulta incongruente que al cabo de 13 años de laborar allí pretendan ignorar que antes trabajé en Pemex para sostener su acusación de que incurrí en conflicto de intereses”......

Tufo antisindical

La inhabilitación de esta ingeniera trae consigo el tufo de la represión antisindical que ha caracterizado al gobierno de Felipe Calderón. Después de su lucha por la nulidad de los CSM, los miembros de la UNTCIP crearon la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), la única organización de empleados de confianza de Pemex que, pese a la política antisindical del secretario del Trabajo, Javier Lozano, logró su registro sindical en diciembre de 2009 luego de la lucha de diversas asociaciones que la antecedieron y de cumplir trámites absurdos, como el demostrarle a Javier Lozano documentalmente “la existencia de Pemex”, es decir obtener copia de la escritura original signada en tiempos de Lázaro Cárdenas.

La toma de nota del nuevo sindicato se anunció públicamente como una muestra de la democracia sindical del gobierno de Calderón, aunque al interior de la petrolera se desató una cacería contra el grupo que resultaba opositor al oficial, que encabeza Carlos Romero Deschamps.

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Los expedientes negros

Humberto Moreira. Amenaza electoral

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 28 de mayo (apro).- El 25 de mayo, Humberto Moreira, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD, respectivamente, se reunieron para explorar la posibilidad de una candidatura común para el gobierno de Michoacán y evitar así la realización de una campaña electoral que pudiera poner en peligro la vida de los aspirantes.

La foto salió en todos los periódicos, pero la noticia se desinfló al siguiente día. Los dirigentes nacionales tuvieron que admitir que sería casi imposible llegar a un acuerdo.

Lo anterior fue lo que salió en los medios de información; lo que no se dice es que desde la Presidencia de la República se ha estado acariciando la posibilidad de cancelar los comicios de noviembre próximo bajo el argumento de que la inestabilidad generada por la presencia del narcotráfico, pone en riesgo de seguridad, no sólo de candidatos, sino de la ciudadanía en general.

A los oídos de los priistas ha llegado esta versión, así como dos aún más graves para ellos: la próxima revelación de los ya famosos “expedientes negros” sobre un gobernador y dos exgobernadores.

Tiene la certeza de que dos de los expedientes se refieren a exgobernadores priistas, pero les ronda la duda de si el tercer expediente se refiere a un gobernador priista en activo o es perredista.

En el caso de los exgobernadores priistas, la pesada loza de la duda recae sobre Eugenio Hernández, que gobernó Tamaulipas en el sexenio 2004-2010, en donde no hay que olvidar ejecutaron al candidato priista a sucederlo, Rodolfo Torre Cantú, y su lugar fue ocupado por su hermano Hegidio Torre Cantú.

De hecho, entre los priistas se tiene la sospecha de que justamente por la posibilidad de que se involucre al exgobernador de Tamulipas es que el actual dirigente nacional, Humberto Moreira, no le ha tomado la protesta a Eugenio Hernández como nuevo encargado del Consejo Político Nacional del priistamo nacional.

Díaz después de su llegada a la dirigencia nacional priista, Moreira anunció que Eugenio Hernández se integraría al Comité Ejecutivo Nacional, y anticipó que, semanas después, el exgobernador tamaulipeco sería nombrado secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI. Incluso, se comentó que el nombramiento se oficializaría el 20 de mayo durante la reunión de la Comisión Política Permanente de ese partido. Ya pasó una semana y nada.

Otro elemento que genera suspicacia sobre la figura del exgobernador de Tamaulipas es la rapidez con que Humberto Moreira, Emilio Gamboa, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, lo despacharon cuando éste arribó al encuentro privado que sostenían para limar algunas asperezas entre los precandidatos presidenciales. Dicen que cuando Peña Nieto lo vio entrar no tardó nada en pedir su retiro.

De todas estas versiones, lo único cierto es que Eugenio Hernández sigue esperando el nombramiento.

En el PRI insisten en que los “expedientes negros” serán dados a conocer una vez que concluyan las elecciones para elegir gobernador en el Estado de México, el próximo 3 de julio, incluso aseguran que será entonces cuando se defina quién será el candidato presidencial del PRI para el 2012.

Existe una última versión sobre Michoacán: que se suspenderá la elección para gobernador, dado el alto grado de violencia que se ha registrado en los últimos meses; qué será una especie de “laboratorio” para, de alguna manera, suspender garantías y luego poder hacerlo en otros estados en donde los enfrentamientos entre cárteles de la droga, policías y fuerzas armadas no han dado tregua: Tamaulipas y Durango.

Habrá que ver si la hermana del titular del Ejecutivo Federal, María Luisa Calderón, Cocoa, está dispuesta a hacer a un lado sus aspiraciones de ser la candidata al gobierno de Michoacán, con tal de apoyar y no obstaculizar los objetivos de su hermano, Felipe Calderón Hinojosa.

La respuesta y la exposición de los expedientes negros, al tiempo. Como también en el tiempo pueden desaparecer los documentos que sean necesarios cuando se alcanzan ciertos acuerdos en privado.

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