Respetable y muy querido Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador:
Le escribo nuevamente con la esperanza de que ser tomado en cuenta por usted y su equipo en esta nueva propuesta.
Amigos de EL SENDERO DEL PEJE (www.elsenderodelpeje.com ), REVOLUCIONES, BLOG de BLOGS, El Justo Reclamo y demás resistentes:
Les mando este enlace a un video en http://www.youtube.com/watch?v=9_9f7W2vssI que muestra la alegria despues de que la Revolución Naranja triunfo en Ucrania con Yushenko (por decirlo así, AMLO versión Ucrania).
A Yushenko le pasó lo mismo, le robaron la elección (despues de que trataron de eliminarlo de carrera electoral ENVENENÁNDOLO, suceso homólogo al desafuero mexicano).
Despues del fraude Yushenko convoco a un plantón en la capital, la gente aguantó hasta que el ejército les amenazó, aún asi la gente permaneció firme, en espera de la masacre o de la justicia, al final, el tribunal fallo a favor de Yushenko (lo mismo que esperábamos del TEPJF) y bueno... este video nos va a dar ideas de resistencia, como la caravana de carros con banderas (no de partidos, espero, mejor de la CND)... ahi se los dejo a su criterio.
http://www.youtube.com/watch?v=9_9f7W2vssI
Nombre del video: RAZON NAS BAGATO
(De ser posible pongan el video en sus blogs y pasenlo a los blogs en resistencia)
Con ustedes en la lucha en todos los frentes con lo que se pueda, con quien se pueda y hasta la renovación de la República.
Viva López Obrador, Viva la Resistencia Civil Pacífica Creativa y que Viva México, Viva México, Viva México!!!
PD.- Les paso también el enlace a PEJE MATA PELELE:
http://www.youtube.com/watch?v=Iwt3dP3tids
sábado, abril 14, 2007
Hablemos de la legitimidad de un tal Felipe Calderón
REVOLUCIONES, Samuel García
AYER REVISAMOS EN la asignatura de Teoría Política algo interesante sobre Max Weber quien distingue tres tipos de legitimidad. La primera de ellas es la legitimidad tradicional, que apela a la creencia en la santidad o corrección de las tradiciones inmemoriales de una comunidad como fundamento del poder y la autoridad y que señala como gobiernos legítimos a aquellos que se ejercen bajo el influjo de esos valores tradicionales (la legitimidad monárquica sería el ejemplo evidente de este tipo de legitimidad).
Este tipo de legitimidad va en el sentido de "lo que se hereda". Efectivamente los reyes gracias a la monarquía tenían esa característica en automático, esto era admitido dentro de la sociedad sin problema alguno, el hecho de que los reyes fueran uno tras otro del mismo linaje o que cuando este terminará fuera otra familia la que heredara el trono pero era un asunto de herencia, ya establecido.
¿Tiene de algún modo relación este tipo de legitimidad con Felipe Calderón? No, ninguna y ni aún suponiendo que los potentados son un puñado de familias y que estos deciden quien va o quien no, o que Felipe pudiera ser un "buen católico" y que por dedazo le tocó estar donde está, no, no hay ninguna relación entre la legitimidad y Felipe Calderón. Podemos aseverarlo mejor indicando que aún dentro de esos mismos potentados se sabe que el señor Calderón Hinojosa no es quien realmente gobierna, sino es solo un títere, un actor para actuar a favor de las minorías rapaces.
La legitimidad que sigue es la legitimidad carismática, que apela a la creencia en excepcionales cualidades (ya desde aquí nada que ver con Calderón) de heroísmo o de carácter de una persona individual y del orden normativo revelado u ordenado por ella, considerando como dignos de obediencia los mandatos de esa persona o ese orden (la autoridad de lideres tan distintos entre sí como Gandhi, Mussolini o Jomeini vendría a caer en esta categoría).
Es muy claro lo que revela este tipo de legitimidad se trata de la conexión y aceptación que existe entre el sujeto y la población, la gente, los ciudadanos, las demás personas. La legitimidad carismática no es nada más para los lideres "buenos", sino también se dice que la legitimidad carismática aplica para gente como Mussolini y Hitler por citar un par de ejemplos, quienes a pesar de lo que hicieron –hoy interpretado como malo- tuvieron a la muchedumbre de su lado.
Ahora, si revisamos este tipo de legitimidad así sin irnos lejos, nada tiene que ver aquí Calderón Hinojosa, quien ya desde su propia persona, como sujeto, no tiene nada de carisma, ni en su casa siquiera. Es evidente que la única "muchedumbre" que le sigue es el EMP y que aún entre ellos mismos "no lo soportan", es decir, no le atribuyen ni una pizca de legitimidad, ustedes dirán "pero los potentados sí". Pero, ¡oh sorpresa! Ni entre los que lo impusieron existe una pizca de atribución de legitimidad carismática, todo es pura farsa, vemos que puede reunirse y sonreír con dos o tres empresarios pero estos, debido -entre otras cosas- a su enfermedad de alcoholismo no le pueden tener nada de fe, ni respeto y mucho menos concebirlo como legítimo, no al menos en este segundo tipo de legitimidad.
Y como tercer y último tipo de legitimidad viene la legitimidad legal-racional, la cual apela a la creencia en la legalidad y los procedimientos racionales como justificación del orden político y considera dignos de obediencia a aquellos que han sido elevados a la autoridad de acuerdo con esas reglas y leyes. De este modo, la obediencia no se prestaría a personas concretas, sino a las leyes.
Tomando en cuenta lo anterior, el TRIFE al dar su fallo sobre la elección presidencial del 2 de julio del 2006, en septiembre pasado concedió, sí, una legitimidad legal pero no racional. Esto ha sido comprobado incluso por este medio Revoluciones (vea aquí Fraude electoral: http://revolucionesmx.blogspot.com/search/label/el%20fraude%20electoral y Las Nuevas del Fraude: http://revolucionesmx.blogspot.com/search/label/nuevas%20del%20fraude%20electoral ) puesto que la ley fue mal ejecutada, de manera injusta y burda, atropellando aparentemente con la ley a ella misma. Sería absurdo considerar legal-racional la presidencia de Calderón, que es un hecho más bien identificado como "la imposición" de Felipe Calderón. Ahora retomando el sentido estricto, la ley sí dice hoy que es Calderón presidente constitucional de México y siendo el fallo del TRIFE ya un hecho que no se puede cambiar a menos que el mismo pueblo organizado así lo demande, podemos concluir que Calderón carece de legitimidad legal-racional, el lado legal podrá tenerlo pero no así en el sentido racional, no es completa su legitimidad.
Quiero resaltar que en estos casos la legitimidad está vinculada a la creencia en la legitimidad, es decir, es legítimo aquel poder que es tenido por legítimo. Y notemos la grande diferencia entre un presidente espurio y uno legítimo, el primero debe respaldarse duras penas en la institución del Ejército, recordaremos las palabras del secretario de defensa Galván, quien afirmó que la institución militar le da legitimidad a Calderón ¿qué entonces vivimos la monarquía?, si es así, pues gracias por avisarnos, pero ni así tiene legitimidad el señor Calderón.
Para el segundo caso, del que sí es legítimo, López Obrador, es evidente que además de contar con la legitimidad carismática (y le sobra), la tiene [entendiendo también que la llegaría a tener en la ejecución veraz de la ley actual mexicana], conforme a el artículo 71, fracción I, artículo 74, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Contrastante e interesante cierto? Tanto en lo teórico como en lo practico uno ejerce o intenta ejercer un gobierno para unos cuantos y por otro lado cada discurso, palabra, suspiro o no suspiro de López Obrador marca el paso de la agenda política de la vida nacional y más allá incluso me atrevería a decir, más allá de la agenda política marca el latido del corazón llenó de esperanza de esta patria sedienta de gente que sirva al pueblo, mexicanos como él LEGÍTIMOS DE LA "L" A LA "S". Estamos haciendo historia y la misma historia deriva en el destino que mejor le conviene terminar, de estos dos presidentes uno sin dudarlo saldrá sin gloria del escenario y el otro estará inundado de éxito, ¿sabe a quien me refiero?, sí, me refiero a nuestro Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador.
Si no hay solución...
Bibliografía
Del Águila, Rafael "La política, el poder y la legitimidad", en Manual de Ciencia Política, Madrid, Trotta, 2000, pp. 21-34.
revolucionesmx@gmail.com
AYER REVISAMOS EN la asignatura de Teoría Política algo interesante sobre Max Weber quien distingue tres tipos de legitimidad. La primera de ellas es la legitimidad tradicional, que apela a la creencia en la santidad o corrección de las tradiciones inmemoriales de una comunidad como fundamento del poder y la autoridad y que señala como gobiernos legítimos a aquellos que se ejercen bajo el influjo de esos valores tradicionales (la legitimidad monárquica sería el ejemplo evidente de este tipo de legitimidad).
Este tipo de legitimidad va en el sentido de "lo que se hereda". Efectivamente los reyes gracias a la monarquía tenían esa característica en automático, esto era admitido dentro de la sociedad sin problema alguno, el hecho de que los reyes fueran uno tras otro del mismo linaje o que cuando este terminará fuera otra familia la que heredara el trono pero era un asunto de herencia, ya establecido.
¿Tiene de algún modo relación este tipo de legitimidad con Felipe Calderón? No, ninguna y ni aún suponiendo que los potentados son un puñado de familias y que estos deciden quien va o quien no, o que Felipe pudiera ser un "buen católico" y que por dedazo le tocó estar donde está, no, no hay ninguna relación entre la legitimidad y Felipe Calderón. Podemos aseverarlo mejor indicando que aún dentro de esos mismos potentados se sabe que el señor Calderón Hinojosa no es quien realmente gobierna, sino es solo un títere, un actor para actuar a favor de las minorías rapaces.
La legitimidad que sigue es la legitimidad carismática, que apela a la creencia en excepcionales cualidades (ya desde aquí nada que ver con Calderón) de heroísmo o de carácter de una persona individual y del orden normativo revelado u ordenado por ella, considerando como dignos de obediencia los mandatos de esa persona o ese orden (la autoridad de lideres tan distintos entre sí como Gandhi, Mussolini o Jomeini vendría a caer en esta categoría).
Es muy claro lo que revela este tipo de legitimidad se trata de la conexión y aceptación que existe entre el sujeto y la población, la gente, los ciudadanos, las demás personas. La legitimidad carismática no es nada más para los lideres "buenos", sino también se dice que la legitimidad carismática aplica para gente como Mussolini y Hitler por citar un par de ejemplos, quienes a pesar de lo que hicieron –hoy interpretado como malo- tuvieron a la muchedumbre de su lado.
Ahora, si revisamos este tipo de legitimidad así sin irnos lejos, nada tiene que ver aquí Calderón Hinojosa, quien ya desde su propia persona, como sujeto, no tiene nada de carisma, ni en su casa siquiera. Es evidente que la única "muchedumbre" que le sigue es el EMP y que aún entre ellos mismos "no lo soportan", es decir, no le atribuyen ni una pizca de legitimidad, ustedes dirán "pero los potentados sí". Pero, ¡oh sorpresa! Ni entre los que lo impusieron existe una pizca de atribución de legitimidad carismática, todo es pura farsa, vemos que puede reunirse y sonreír con dos o tres empresarios pero estos, debido -entre otras cosas- a su enfermedad de alcoholismo no le pueden tener nada de fe, ni respeto y mucho menos concebirlo como legítimo, no al menos en este segundo tipo de legitimidad.
Y como tercer y último tipo de legitimidad viene la legitimidad legal-racional, la cual apela a la creencia en la legalidad y los procedimientos racionales como justificación del orden político y considera dignos de obediencia a aquellos que han sido elevados a la autoridad de acuerdo con esas reglas y leyes. De este modo, la obediencia no se prestaría a personas concretas, sino a las leyes.
Tomando en cuenta lo anterior, el TRIFE al dar su fallo sobre la elección presidencial del 2 de julio del 2006, en septiembre pasado concedió, sí, una legitimidad legal pero no racional. Esto ha sido comprobado incluso por este medio Revoluciones (vea aquí Fraude electoral: http://revolucionesmx.blogspot.com/search/label/el%20fraude%20electoral y Las Nuevas del Fraude: http://revolucionesmx.blogspot.com/search/label/nuevas%20del%20fraude%20electoral ) puesto que la ley fue mal ejecutada, de manera injusta y burda, atropellando aparentemente con la ley a ella misma. Sería absurdo considerar legal-racional la presidencia de Calderón, que es un hecho más bien identificado como "la imposición" de Felipe Calderón. Ahora retomando el sentido estricto, la ley sí dice hoy que es Calderón presidente constitucional de México y siendo el fallo del TRIFE ya un hecho que no se puede cambiar a menos que el mismo pueblo organizado así lo demande, podemos concluir que Calderón carece de legitimidad legal-racional, el lado legal podrá tenerlo pero no así en el sentido racional, no es completa su legitimidad.
Quiero resaltar que en estos casos la legitimidad está vinculada a la creencia en la legitimidad, es decir, es legítimo aquel poder que es tenido por legítimo. Y notemos la grande diferencia entre un presidente espurio y uno legítimo, el primero debe respaldarse duras penas en la institución del Ejército, recordaremos las palabras del secretario de defensa Galván, quien afirmó que la institución militar le da legitimidad a Calderón ¿qué entonces vivimos la monarquía?, si es así, pues gracias por avisarnos, pero ni así tiene legitimidad el señor Calderón.
Para el segundo caso, del que sí es legítimo, López Obrador, es evidente que además de contar con la legitimidad carismática (y le sobra), la tiene [entendiendo también que la llegaría a tener en la ejecución veraz de la ley actual mexicana], conforme a el artículo 71, fracción I, artículo 74, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Contrastante e interesante cierto? Tanto en lo teórico como en lo practico uno ejerce o intenta ejercer un gobierno para unos cuantos y por otro lado cada discurso, palabra, suspiro o no suspiro de López Obrador marca el paso de la agenda política de la vida nacional y más allá incluso me atrevería a decir, más allá de la agenda política marca el latido del corazón llenó de esperanza de esta patria sedienta de gente que sirva al pueblo, mexicanos como él LEGÍTIMOS DE LA "L" A LA "S". Estamos haciendo historia y la misma historia deriva en el destino que mejor le conviene terminar, de estos dos presidentes uno sin dudarlo saldrá sin gloria del escenario y el otro estará inundado de éxito, ¿sabe a quien me refiero?, sí, me refiero a nuestro Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador.
Si no hay solución...
Bibliografía
Del Águila, Rafael "La política, el poder y la legitimidad", en Manual de Ciencia Política, Madrid, Trotta, 2000, pp. 21-34.
revolucionesmx@gmail.com
El señor ministro de relaciones exteriores de Suecia
Sr. Carl Bildt: podrá haber en este planeta muchas persona con autoridad moral para hablar de Cuba, pero usted; un personaje nefasto que invierte millones de dólares en acciones, para potenciar el complejo militar industrial, que produce toneladas de bombas de racimo, lo menos que se le debía hacer es un consejo de guerra por crímenes contra la humanidad...
En uno de nuestros medios hemos iniciado una acción de carácter informativo que nos permite mostrar quien es este siniestro personaje, que encabeza la política norteamericana en Europa…
Les enviamos un video con la opinión del Arquitecto brasileño Oscar Niemayer sobre Cuba y les incluimos las informaciones que hemos publicado sobre la ocupación principal del Sr. Carl Bildt, financiar la producción de bombas de racimo, adjuntamos los documentos.
Les solicitamos nos ayuden a difundir esta denuncia en los medios vuestros o de algunos amigos.
www.rtvneruda.com/documentos/1._Bomba.doc
www.rtvneruda.com/documentos/3_Bildt_MARTES.doc
www.rtvneruda.com/videos/WBildt.wmv
www.rtvneruda.com/documentos/4_BILDT_invierte.doc
www.rtvneruda.com/documentos/5_Siffrorna.doc
www.rtvneruda.com/documentos/6._Efectos.doc
En uno de nuestros medios hemos iniciado una acción de carácter informativo que nos permite mostrar quien es este siniestro personaje, que encabeza la política norteamericana en Europa…
Les enviamos un video con la opinión del Arquitecto brasileño Oscar Niemayer sobre Cuba y les incluimos las informaciones que hemos publicado sobre la ocupación principal del Sr. Carl Bildt, financiar la producción de bombas de racimo, adjuntamos los documentos.
Les solicitamos nos ayuden a difundir esta denuncia en los medios vuestros o de algunos amigos.
www.rtvneruda.com/documentos/1._Bomba.doc
www.rtvneruda.com/documentos/3_Bildt_MARTES.doc
www.rtvneruda.com/videos/WBildt.wmv
www.rtvneruda.com/documentos/4_BILDT_invierte.doc
www.rtvneruda.com/documentos/5_Siffrorna.doc
www.rtvneruda.com/documentos/6._Efectos.doc
Reconciliación, sólo si se esclarece el pasado: CIDH
Intervendremos si no hay justicia en Atenco y Oaxaca
Fue un error haber desaparecido la Femospp: Meléndez
VICTOR BALLINAS
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, dijo a La Jornada que en su visita al país manifestó al gobierno sus "preocupaciones en temas centrales, como la persistencia de la impunidad en casi todos los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Eso es inaceptable. En los casos de tortura, le expresamos que esa es una preocupación de primer grado y tienen que tomar medidas para erradicar esa práctica policiaca".
"Le reclamamos al gobierno la impunidad de los crímenes del pasado y demandamos el esclarecimiento de violaciones graves de derechos humanos, como las 1968 y 1971, y las desapariciones forzadas. No creemos que la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sea precisamente la mejor acción que haya tomado el gobierno. Eso dice mucho de la voluntad política de las autoridades", abundó Meléndez.
Reveló que la CIDH "tenía preocupación de que el presidente Felipe Calderón no se hubiera pronunciado sobre el tema de los derechos humanos, y en nuestras reuniones con funcionarios de alto nivel les planteamos esta situación, y nos comentaron que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 está previsto el tema, al igual que en el Programa Nacional de Derechos Humanos.
"Estamos dando un compás de espera al gobierno mexicano para que resuelva y atienda las violaciones sexuales en San Salvador Atenco y las violaciones a derechos humanos en Oaxaca, pero si no hay justicia, la CIDH entrará a revisar los casos", sostuvo.
Grave, el caso de Ernestina Ascensión
Sobre el caso de Ernestina Ascensión, la indígena presuntamente violada por militares en Zongolica, Veracruz, el presidente de la CIDH exigió a las autoridades actuar rápido y elaborar una investigación imparcial. "En primera instancia, esto le compete al gobierno local, pero es gravísimo: se trata de violación y asesinato".
-¿Ve a México en el camino de abatir la impunidad en los crímenes del pasado
-No. Le reclamamos al gobierno la desaparición de la Femospp, pero ellos nos han respondido que los casos se están revisando en la Procuraduría General de la República (PGR), en una estructura que ya estaba creada. Nos han planteado que es difícil la investigación porque se han desvanecido pruebas, debido a que ha pasado mucho tiempo y se han muerto muchos protagonistas.
-¿Está de acuerdo con la desaparición de la Femospp?
-No. Desde luego que esto manifiesta que no hay voluntad para continuar (las investigaciones). Es importante que se limpien los hechos del pasado, es como limpiar un poco la mesa en materia de justicia, y esto reflejará buenas proyecciones de justicia en el futuro. Si estos hechos no se esclarecen, si no se deslindan responsabilidades, es muy difícil encontrar reconciliación con la sociedad, y difícilmente se sentarán precedentes de cómo debe actuar la sociedad y las instituciones en el futuro ante graves violaciones a los derechos humanos; pero el Estado nos ha dicho que sí continuarán investigando.
-Sobre la indígena violada y asesinada en Veracruz, ¿qué opina?
-No podemos opinar, ha sucedido recientemente, pero es un caso gravísimo. Estamos informándonos, pero es tarea prioritaria de las instituciones de justicia iniciar una pronta investigación imparcial, porque hay militares implicados y todavía no se ha esclarecido si participaron en la violación. Si hay contradicción en las investigaciones tiene que hacerse una averiguación imparcial y objetiva, en la que únicamente participen las instancias que tienen competencia.
-¿Ha sabido que en México se criminaliza la protesta?
-Es un equívoco y una desnaturalización de la facultad de represión legal del Estado frente a la ciudadanía. Esto implica confundir lo que es el ejercicio legítimo de las libertades democráticas y el uso de la fuerza por parte del Estado para reprimir el delito. Un Estado no tiene la facultad en ningún país de criminalizar la movilización pública y el ejercicio legítimo de las libertades. No debe confundirse que el Estado defienda a personas en sus propiedades y garantías con la represión y persecución de líderes sociales, sindicales o defensores de derechos humanos.
-Usted ha dicho que Oaxaca es un tema prioritario, ¿cómo ve el caso?
-Nos preocupa muchísimo, ojalá esta situación se encauce hacia una solución política y pacífica. Nos preocupa que todavía hayan 90 escuelas donde los niños no pueden regresar a clases; nos preocupa la situación de que haya diferencias entre padres y maestros. También hemos pedido que se investigue la violencia que imperó en mayo y noviembre de 2006, y lo más preocupante es que todavía persiste la intolerancia en ese estado.
Recomienda diálogo en Oaxaca
Florentín Meléndez insiste que en Oaxaca tiene que haber diálogo y entendimiento entre los distintos gremios de maestros y la sociedad organizada. A la CIDH le preocupa, abunda, la situación de las personas privadas de su libertad. "Tenemos que llegar a ella y, por ello, en la próxima visita, que será en un par de meses, visitaremos las cárceles de Oaxaca, donde están detenidas mujeres y hombres".
-¿Conocieron el caso de Atenco? ¿Cómo ve las decisiones del gobierno en este caso?
-Hemos abierto un compás de espera, estamos dando tiempo a que las autoridades mexicanas, federales y locales, reaccionen como debe ser, conforme manda la Constitución, pero si las instancias de justicia no son eficaces, la CIDH entrará a revisar al caso y activaremos el sistema internacional.
-¿Y en Oaxaca?
-Igual. Estamos en un compás de espera. Daremos un tiempo prudente para que se diluciden en un plazo razonable, tanto Atenco como Oaxaca, pero si no hay acciones encaminadas a hacer justicia, revisaremos ambos asuntos y entrará el sistema internacional en acción. En el caso de las mujeres violadas es muy difícil que los policías y militares, si no tienen voluntad política para erradicar la impunidad, lleven ante la justicia a los responsables. Para erradicar la impunidad debe existir voluntad política de los jefes militares y policiacos.
-¿Cómo ve la participación de militares en tareas de seguridad?
-En términos ideales no sería recomendable que participen en el combate al crimen, pero si México, como otras naciones de la región tienen necesidad de ello, tienen que poner controles para que no haya excesos ni violaciones.
Fue un error haber desaparecido la Femospp: Meléndez
VICTOR BALLINAS
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, dijo a La Jornada que en su visita al país manifestó al gobierno sus "preocupaciones en temas centrales, como la persistencia de la impunidad en casi todos los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Eso es inaceptable. En los casos de tortura, le expresamos que esa es una preocupación de primer grado y tienen que tomar medidas para erradicar esa práctica policiaca".
"Le reclamamos al gobierno la impunidad de los crímenes del pasado y demandamos el esclarecimiento de violaciones graves de derechos humanos, como las 1968 y 1971, y las desapariciones forzadas. No creemos que la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sea precisamente la mejor acción que haya tomado el gobierno. Eso dice mucho de la voluntad política de las autoridades", abundó Meléndez.
Reveló que la CIDH "tenía preocupación de que el presidente Felipe Calderón no se hubiera pronunciado sobre el tema de los derechos humanos, y en nuestras reuniones con funcionarios de alto nivel les planteamos esta situación, y nos comentaron que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 está previsto el tema, al igual que en el Programa Nacional de Derechos Humanos.
"Estamos dando un compás de espera al gobierno mexicano para que resuelva y atienda las violaciones sexuales en San Salvador Atenco y las violaciones a derechos humanos en Oaxaca, pero si no hay justicia, la CIDH entrará a revisar los casos", sostuvo.
Grave, el caso de Ernestina Ascensión
Sobre el caso de Ernestina Ascensión, la indígena presuntamente violada por militares en Zongolica, Veracruz, el presidente de la CIDH exigió a las autoridades actuar rápido y elaborar una investigación imparcial. "En primera instancia, esto le compete al gobierno local, pero es gravísimo: se trata de violación y asesinato".
-¿Ve a México en el camino de abatir la impunidad en los crímenes del pasado
-No. Le reclamamos al gobierno la desaparición de la Femospp, pero ellos nos han respondido que los casos se están revisando en la Procuraduría General de la República (PGR), en una estructura que ya estaba creada. Nos han planteado que es difícil la investigación porque se han desvanecido pruebas, debido a que ha pasado mucho tiempo y se han muerto muchos protagonistas.
-¿Está de acuerdo con la desaparición de la Femospp?
-No. Desde luego que esto manifiesta que no hay voluntad para continuar (las investigaciones). Es importante que se limpien los hechos del pasado, es como limpiar un poco la mesa en materia de justicia, y esto reflejará buenas proyecciones de justicia en el futuro. Si estos hechos no se esclarecen, si no se deslindan responsabilidades, es muy difícil encontrar reconciliación con la sociedad, y difícilmente se sentarán precedentes de cómo debe actuar la sociedad y las instituciones en el futuro ante graves violaciones a los derechos humanos; pero el Estado nos ha dicho que sí continuarán investigando.
-Sobre la indígena violada y asesinada en Veracruz, ¿qué opina?
-No podemos opinar, ha sucedido recientemente, pero es un caso gravísimo. Estamos informándonos, pero es tarea prioritaria de las instituciones de justicia iniciar una pronta investigación imparcial, porque hay militares implicados y todavía no se ha esclarecido si participaron en la violación. Si hay contradicción en las investigaciones tiene que hacerse una averiguación imparcial y objetiva, en la que únicamente participen las instancias que tienen competencia.
-¿Ha sabido que en México se criminaliza la protesta?
-Es un equívoco y una desnaturalización de la facultad de represión legal del Estado frente a la ciudadanía. Esto implica confundir lo que es el ejercicio legítimo de las libertades democráticas y el uso de la fuerza por parte del Estado para reprimir el delito. Un Estado no tiene la facultad en ningún país de criminalizar la movilización pública y el ejercicio legítimo de las libertades. No debe confundirse que el Estado defienda a personas en sus propiedades y garantías con la represión y persecución de líderes sociales, sindicales o defensores de derechos humanos.
-Usted ha dicho que Oaxaca es un tema prioritario, ¿cómo ve el caso?
-Nos preocupa muchísimo, ojalá esta situación se encauce hacia una solución política y pacífica. Nos preocupa que todavía hayan 90 escuelas donde los niños no pueden regresar a clases; nos preocupa la situación de que haya diferencias entre padres y maestros. También hemos pedido que se investigue la violencia que imperó en mayo y noviembre de 2006, y lo más preocupante es que todavía persiste la intolerancia en ese estado.
Recomienda diálogo en Oaxaca
Florentín Meléndez insiste que en Oaxaca tiene que haber diálogo y entendimiento entre los distintos gremios de maestros y la sociedad organizada. A la CIDH le preocupa, abunda, la situación de las personas privadas de su libertad. "Tenemos que llegar a ella y, por ello, en la próxima visita, que será en un par de meses, visitaremos las cárceles de Oaxaca, donde están detenidas mujeres y hombres".
-¿Conocieron el caso de Atenco? ¿Cómo ve las decisiones del gobierno en este caso?
-Hemos abierto un compás de espera, estamos dando tiempo a que las autoridades mexicanas, federales y locales, reaccionen como debe ser, conforme manda la Constitución, pero si las instancias de justicia no son eficaces, la CIDH entrará a revisar al caso y activaremos el sistema internacional.
-¿Y en Oaxaca?
-Igual. Estamos en un compás de espera. Daremos un tiempo prudente para que se diluciden en un plazo razonable, tanto Atenco como Oaxaca, pero si no hay acciones encaminadas a hacer justicia, revisaremos ambos asuntos y entrará el sistema internacional en acción. En el caso de las mujeres violadas es muy difícil que los policías y militares, si no tienen voluntad política para erradicar la impunidad, lleven ante la justicia a los responsables. Para erradicar la impunidad debe existir voluntad política de los jefes militares y policiacos.
-¿Cómo ve la participación de militares en tareas de seguridad?
-En términos ideales no sería recomendable que participen en el combate al crimen, pero si México, como otras naciones de la región tienen necesidad de ello, tienen que poner controles para que no haya excesos ni violaciones.
Existen pruebas del ataque a Ascensión Rosario, afirma la procuraduría veracruzana
Se entregaron a la CNDH hisopos con muestras de cavidades anal y vaginal
Los médicos legistas que practicaron la primera necropsia fueron reinstalados en su cargo
ANDRES TIMOTEO MORALES CORRESPONSAL
Jalapa, Ver., 13 de abril. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz informó que sí se entregaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los tres hisopos de muestras tomadas durante la primera necropsia al cadáver de Ernestina Ascensión Rosario, lo que desmiente el dicho del ombudsman José Luis Soberanes, quien calificó de cochinero la primera revisión del cadáver y dijo que no existen pruebas periciales en dicho proceso.
En un comunicado, la procuraduría detalla ocho diligencias efectuadas al conocer el caso, que sirvieron para sustentar lo dicho por los fiscales, entre ellas la toma de muestras de líquido seminal y exámenes practicados a los restos de la indígena. La dependencia niega que hayan sido extraviadas o manipuladas las pruebas, pues están incluidas en el expediente judicial abierto sobre el caso.
Inclusive, la procuraduría estatal ordenó la reinstalación de los tres médicos legistas que practicaron la primera autopsia al cuerpo de la mujer y que fue descalificada por el ombudsman nacional.
En un comunicado, la dependencia señala que una vez que falleció la mujer, el 26 de febrero, el agente del Ministerio Público ordenó la necropsia del cadáver con la aplicación de todos los métodos profesionales.
En ellos incluyó un "dictamen pericial de microcirugía, exudado vaginal y anal para tomar muestras o residuos del liquido espermático, extracción de muestras de vísceras y jugo gástrico, estudios químicos, muestras de líquidos hemático y orina, para realizar exámenes químicos toxicológicos, rastreo de piel en uñas y filamentos capilares, diligencia criminalística de campo, con secuencia fotográfica, toma de muestras y secuencia fotográfica en la neurocirugía y orden de traslado de cadáver".
Sólo el MP tiene la facultad para investigar
Sin referirse directamente a las descalificaciones de la CNDH, la procuraduría veracruzana resalta que "sólo la institución del Ministerio Público tiene la facultad para investigar la existencia de los delitos y la probable responsabilidad de sus autores; por tanto, ninguna otra institución u organismo debe asumir un papel infundado de fiscal en una investigación ministerial donde no tiene injerencia para dilucidar las cuestiones de fondo y más aún cuando ésta no ha concluido".
Agrega que la revisión de la víctima al llegar al Hospital Regional de Río Blanco, el 25 de febrero, arrojó las lesiones que ahora son negadas por el ombudsman.
"En el dictamen pericial de ginecología y proctología se establecen las alteraciones que sufriera la persona que en vida se llamó Ernestina Ascensión Rosario, y asimismo, existen todos los dictámenes periciales que se han reseñado con antelación en la investigación ministerial", reza el documento.
La procuraduría veracruzana subrayó que "no ha existido dilación en el trámite de las pruebas periciales, ya que obran dentro de la investigación ministerial y han sido proporcionadas a las autoridades que conforme a la ley lo han solicitado".
Previamente, en el comunicado 012/2007, la institución informó que desde el 10 de abril se entregaron muestras tomadas al cadáver de Ascensión Rosario a visitadores de la CNDH.
Mediante la Dirección de Servicios Periciales se entregaron a los funcionarios del organismo Francisco Plata Morales y Carlos Alejandro Hernández González "los tres hisopos con los cuales se realizaron muestras en las cavidades vaginal y anal de quien en vida se llamó Ernestina Ascensión Rosario.
"Los tres hisopos con los que se tomaron las muestras y que son recibidos en cadena de custodia por el doctor Carlos Alejandro Hernández González, ya fueron analizados por peritos de la procuraduría."
Reinstalan peritos
En una breve conferencia, el jefe de la Oficina del Programa de Gobierno en Veracruz, Dionisio Pérez Jácome, informó que los médicos legistas María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez Vázquez fueron reinstalados en sus cargos luego de que el 28 de marzo fueron suspendidos por las declaraciones de José Luis Soberanes sobre inconsistencias e impericia en los dictámenes elaborados.
Alvarez evade opinar
Entrevistado en la ciudad de Jalapa, donde acudió a firmar un convenio con el gobierno estatal, el comisionado nacional para los Pueblos Indígenas, Luis H. Alvarez, evadió opinar sobre las declaraciones del presidente de la CNDH acerca del caso de Ascensión Rosario que atribuye su fallecimiento a "muerte natural".
"No tengo información sobre ese tema para darles una respuesta", dijo a los reporteros, y agregó que "no estoy informado en relación a la situación tan lamentable que ustedes hacen referencia", a pesar de que debería ser un tema de su competencia.
Alvarez comentó que la única postura de la comisión que encabeza es "simplemente insistir en que se haga justicia, que se apliquen las sanciones correspondientes, es lo que puede hacer la oficina a mi cargo".
Los médicos legistas que practicaron la primera necropsia fueron reinstalados en su cargo
ANDRES TIMOTEO MORALES CORRESPONSAL
Jalapa, Ver., 13 de abril. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz informó que sí se entregaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los tres hisopos de muestras tomadas durante la primera necropsia al cadáver de Ernestina Ascensión Rosario, lo que desmiente el dicho del ombudsman José Luis Soberanes, quien calificó de cochinero la primera revisión del cadáver y dijo que no existen pruebas periciales en dicho proceso.
En un comunicado, la procuraduría detalla ocho diligencias efectuadas al conocer el caso, que sirvieron para sustentar lo dicho por los fiscales, entre ellas la toma de muestras de líquido seminal y exámenes practicados a los restos de la indígena. La dependencia niega que hayan sido extraviadas o manipuladas las pruebas, pues están incluidas en el expediente judicial abierto sobre el caso.
Inclusive, la procuraduría estatal ordenó la reinstalación de los tres médicos legistas que practicaron la primera autopsia al cuerpo de la mujer y que fue descalificada por el ombudsman nacional.
En un comunicado, la dependencia señala que una vez que falleció la mujer, el 26 de febrero, el agente del Ministerio Público ordenó la necropsia del cadáver con la aplicación de todos los métodos profesionales.
En ellos incluyó un "dictamen pericial de microcirugía, exudado vaginal y anal para tomar muestras o residuos del liquido espermático, extracción de muestras de vísceras y jugo gástrico, estudios químicos, muestras de líquidos hemático y orina, para realizar exámenes químicos toxicológicos, rastreo de piel en uñas y filamentos capilares, diligencia criminalística de campo, con secuencia fotográfica, toma de muestras y secuencia fotográfica en la neurocirugía y orden de traslado de cadáver".
Sólo el MP tiene la facultad para investigar
Sin referirse directamente a las descalificaciones de la CNDH, la procuraduría veracruzana resalta que "sólo la institución del Ministerio Público tiene la facultad para investigar la existencia de los delitos y la probable responsabilidad de sus autores; por tanto, ninguna otra institución u organismo debe asumir un papel infundado de fiscal en una investigación ministerial donde no tiene injerencia para dilucidar las cuestiones de fondo y más aún cuando ésta no ha concluido".
Agrega que la revisión de la víctima al llegar al Hospital Regional de Río Blanco, el 25 de febrero, arrojó las lesiones que ahora son negadas por el ombudsman.
"En el dictamen pericial de ginecología y proctología se establecen las alteraciones que sufriera la persona que en vida se llamó Ernestina Ascensión Rosario, y asimismo, existen todos los dictámenes periciales que se han reseñado con antelación en la investigación ministerial", reza el documento.
La procuraduría veracruzana subrayó que "no ha existido dilación en el trámite de las pruebas periciales, ya que obran dentro de la investigación ministerial y han sido proporcionadas a las autoridades que conforme a la ley lo han solicitado".
Previamente, en el comunicado 012/2007, la institución informó que desde el 10 de abril se entregaron muestras tomadas al cadáver de Ascensión Rosario a visitadores de la CNDH.
Mediante la Dirección de Servicios Periciales se entregaron a los funcionarios del organismo Francisco Plata Morales y Carlos Alejandro Hernández González "los tres hisopos con los cuales se realizaron muestras en las cavidades vaginal y anal de quien en vida se llamó Ernestina Ascensión Rosario.
"Los tres hisopos con los que se tomaron las muestras y que son recibidos en cadena de custodia por el doctor Carlos Alejandro Hernández González, ya fueron analizados por peritos de la procuraduría."
Reinstalan peritos
En una breve conferencia, el jefe de la Oficina del Programa de Gobierno en Veracruz, Dionisio Pérez Jácome, informó que los médicos legistas María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez Vázquez fueron reinstalados en sus cargos luego de que el 28 de marzo fueron suspendidos por las declaraciones de José Luis Soberanes sobre inconsistencias e impericia en los dictámenes elaborados.
Alvarez evade opinar
Entrevistado en la ciudad de Jalapa, donde acudió a firmar un convenio con el gobierno estatal, el comisionado nacional para los Pueblos Indígenas, Luis H. Alvarez, evadió opinar sobre las declaraciones del presidente de la CNDH acerca del caso de Ascensión Rosario que atribuye su fallecimiento a "muerte natural".
"No tengo información sobre ese tema para darles una respuesta", dijo a los reporteros, y agregó que "no estoy informado en relación a la situación tan lamentable que ustedes hacen referencia", a pesar de que debería ser un tema de su competencia.
Alvarez comentó que la única postura de la comisión que encabeza es "simplemente insistir en que se haga justicia, que se apliquen las sanciones correspondientes, es lo que puede hacer la oficina a mi cargo".
Reforma fiscal amañada, el siguiente golpe: AMLO
Recomendaciones del FMI, intromisión en la soberanía
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL
La Antigua, Ver., 13 de abril. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador advirtió que uno de los siguientes "golpes" que el gobierno del presidente Felipe Calderón intentará asestar al pueblo será una reforma fiscal amañada, en la cual los únicos beneficiados serán los grandes emporios.
Además, calificó la recomendación emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar las reformas energética y fiscal, de intromisión en la independencia y la soberanía de México.
López Obrador consideró que el FMI no sugiere al gobierno que impulse la actividad productiva que combata la pobreza, sino recomienda que "entreguemos los recursos nacionales, el patrimonio de la nación, los energéticos y el petróleo".
En su gira por el municipio de La Antigua, ubicado a 28 kilómetros del puerto de Veracruz, el tabasqueño denunció que empresas como Teléfonos de México, Coca Cola, Cementos Mexicanos y Grupo Maseca gozan de un paraíso fiscal.
Señaló que la aportación que hacen esos consorcios a las arcas nacionales por el impuesto sobre la renta oscila entre dos y seis puntos porcentuales, mientras un comerciante, obrero o profesionista paga entre 15 y 28 por ciento por el mismo concepto.
Cuestionado sobre la ubicación de Carlos Slim como el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, el tabasqueño adelantó que en breve se revelarán pormenores de su fortuna.
"De él pronto hablaremos, ya vamos a hablar de eso", dijo a los reporteros durante su segundo día de gira por Veracruz, donde visitó los municipios de Paso de Ovejas, Puente Nacional, Ursulo Galván, Actopan, La Antigua, Emiliano Zapata y Coatepec.
En el municipio de Ursulo Galván, los lugareños recordaron al tabasqueño que existe una playa con el nombre de Chachalacas (ave gallinácea que se caracteriza por su canto escandaloso) y se quejaron de que el sitio "sufrió desprestigio" al relacionarlo con los ex presidentes Vicente Fox y Carlos Salinas.
"¡De aquí no son ninguno de eso fulanos, no nos friegues!", gritaron entre la muchedumbre. "¡Nuestras chachalacas son decentes, pobres animalitos no los ofendan!", agregaron otros.
Por otra parte, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal aseguró que las reformas a la Ley del ISSSTE, recién aprobadas, pueden ser reversibles si en la próxima conformación del Congreso de la Unión hay legisladores que defiendan al pueblo.
Indicó que hay antecedentes en países como Chile, donde transfirieron ahorros de los trabajadores a la iniciativa privada, y "resultó todo un fiasco, un fracaso, y ahora están revirtiendo las reformas". Así pasará en México, añadió.
En la plaza principal de Ciudad Cardel, cabecera municipal de La Antigua, el ex candidato presidencial calculó que a finales de 2008 se tendrán 5 millones de mexicanos afiliados a su movimiento.
Además, convocó a los presentes a la próxima asamblea informativa de la Convención Nacional Democrática, que se realizará en el Zócalo de la ciudad de México el próximo primero de julio.
Con información de Notimex
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL
La Antigua, Ver., 13 de abril. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador advirtió que uno de los siguientes "golpes" que el gobierno del presidente Felipe Calderón intentará asestar al pueblo será una reforma fiscal amañada, en la cual los únicos beneficiados serán los grandes emporios.
Además, calificó la recomendación emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar las reformas energética y fiscal, de intromisión en la independencia y la soberanía de México.
López Obrador consideró que el FMI no sugiere al gobierno que impulse la actividad productiva que combata la pobreza, sino recomienda que "entreguemos los recursos nacionales, el patrimonio de la nación, los energéticos y el petróleo".
En su gira por el municipio de La Antigua, ubicado a 28 kilómetros del puerto de Veracruz, el tabasqueño denunció que empresas como Teléfonos de México, Coca Cola, Cementos Mexicanos y Grupo Maseca gozan de un paraíso fiscal.
Señaló que la aportación que hacen esos consorcios a las arcas nacionales por el impuesto sobre la renta oscila entre dos y seis puntos porcentuales, mientras un comerciante, obrero o profesionista paga entre 15 y 28 por ciento por el mismo concepto.
Cuestionado sobre la ubicación de Carlos Slim como el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, el tabasqueño adelantó que en breve se revelarán pormenores de su fortuna.
"De él pronto hablaremos, ya vamos a hablar de eso", dijo a los reporteros durante su segundo día de gira por Veracruz, donde visitó los municipios de Paso de Ovejas, Puente Nacional, Ursulo Galván, Actopan, La Antigua, Emiliano Zapata y Coatepec.
En el municipio de Ursulo Galván, los lugareños recordaron al tabasqueño que existe una playa con el nombre de Chachalacas (ave gallinácea que se caracteriza por su canto escandaloso) y se quejaron de que el sitio "sufrió desprestigio" al relacionarlo con los ex presidentes Vicente Fox y Carlos Salinas.
"¡De aquí no son ninguno de eso fulanos, no nos friegues!", gritaron entre la muchedumbre. "¡Nuestras chachalacas son decentes, pobres animalitos no los ofendan!", agregaron otros.
Por otra parte, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal aseguró que las reformas a la Ley del ISSSTE, recién aprobadas, pueden ser reversibles si en la próxima conformación del Congreso de la Unión hay legisladores que defiendan al pueblo.
Indicó que hay antecedentes en países como Chile, donde transfirieron ahorros de los trabajadores a la iniciativa privada, y "resultó todo un fiasco, un fracaso, y ahora están revirtiendo las reformas". Así pasará en México, añadió.
En la plaza principal de Ciudad Cardel, cabecera municipal de La Antigua, el ex candidato presidencial calculó que a finales de 2008 se tendrán 5 millones de mexicanos afiliados a su movimiento.
Además, convocó a los presentes a la próxima asamblea informativa de la Convención Nacional Democrática, que se realizará en el Zócalo de la ciudad de México el próximo primero de julio.
Con información de Notimex
Exigen fincar responsabilidades a Fox y al ex secretario Salazar Sáenz
Jiménez Macías critica desvergüenza del ex presidente
ANDREA BECERRIL , GABRIEL LEON , ERNESTO MARTINEZ REPORTEROS , CORRESPONSAL
"Es una desvergüenza" que el ex presidente Vicente Fox se atreva a asegurar que nada tiene que ver con las maniobras para desconocer al dirigente del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, aseveró el senador priísta Carlos Jiménez Macías.
Agregó que el ex mandatario no puede negar las evidencias que han salido a relucir sobre maniobras fraudulentas para imponer a un dirigente afín al gobierno, lo que provocó incluso la muerte de trabajadores en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán.
En ese contexto, sostuvo, sería importante que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denuncie ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Fox por haberle pedido -según ha afirmado el mandatario estatal- encarcelar a Gómez Urrutia para distraer la atención de la tragedia en la mina Pasta de Conchos.
Por separado, el senador perredista Carlos Navarrete coincidió en que deben fincarse responsabilidades a Fox y al ex secretario de Trabajo Francisco Salazar Sáenz, pero empezar desde abajo, por el funcionario responsable de la toma de nota como dirigente del sindicato a Elías Morales a partir de documentos falsos.
Es importante, insistió Navarrete, que al fincar responsabilidades se empiece desde abajo, para ir luego al siguiente nivel y así hasta llegar al ex Ejecutivo federal, porque "la gravedad de los hechos amerita que se sancione a los responsables y no se les deje en la impunidad".
En entrevista por separado, el senador Jiménez Macías insistió en que el gobernador Moreira está obligado a acudir a la PGR para oficializar la denuncia pública que hizo en febrero pasado sobre presiones del ex presidente con el fin de inculpar a Gómez Urrutia y encarcelarlo, aun cuando no había elementos para hacerlo.
"Todo el aparato del Estado se fue contra Moreira cuando denunció la intervención ilegal de Fox, pero es evidente que el tiempo le ha dado la razón, con nuevas evidencias, como la falsificación de documentos; por ello, ojalá que Moreira decidiera presentar una denuncia en la PGR."
Debe hacerlo, insistió, porque "no es un asunto ligero, sino un tema que tiene que ver con el estado de derecho y con irregularidades y corruptelas que pudieron darse en otros ámbitos".
Aclaró que no defiende a Gómez Urrutia, quien debe dar la cara ante las acusaciones de que desvió fondos de los trabajadores mineros, sino la legalidad, ya que Fox y sus funcionarios violentaron la autonomía de un sindicato, impusieron un dirigente y crearon un clima de violencia en el gremio, por lo cual deben responder.
A su vez, el perredista Navarrete dijo que no debe olvidarse que por esa decisión de reconocer -"ahora se sabe, de manera turbia e irregular"- a un dirigente que no habían elegido los trabajadores, se provocaron enfrentamientos dentro del gremio y represión policiaca, como la que provocó dos muertos en Sicartsa. De ello también deben responder Fox y Salazar Sáenz, reiteró el coordinador perredista.
Sin embargo, desde el pasado lunes, cuando un peritaje de la PGR confirmó que las firmas asentadas en los documentos que permitieron otorgarle la toma de nota provisional a Elías Morales eran falsas, la Secretaría de la Función Pública se ha negado a informar sobre la presunta apertura de una investigación en torno a funcionarios involucrados.
Respaldo del líder del SNTSS
En Morelia, Michoacán, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez Fragoso, se manifestó también por que la autoridad competente finque responsabilidades a los funcionarios foxistas involucrados en la trama para desconocer a Gómez Urrutia.
La autoridad laboral, agregó, debe respetar la resolución judicial y devolver la legalidad al gremio minero, si realmente existe la intención del gobierno federal de no intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales.
Aclaró que desde un principio se pronunció en contra de la intromisión del gobierno en el sindicato, al quitar el liderazgo a Gómez Urrutia. Por lo que toca a la acusación de desvío de fondos sindicales, deberán ser las autoridades penales las que lo determinen, expresó.
El traidor a la democracia tendría que ir a la cárcel por esto y muchas otras cosas más, como dice la canción.
ANDREA BECERRIL , GABRIEL LEON , ERNESTO MARTINEZ REPORTEROS , CORRESPONSAL
"Es una desvergüenza" que el ex presidente Vicente Fox se atreva a asegurar que nada tiene que ver con las maniobras para desconocer al dirigente del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, aseveró el senador priísta Carlos Jiménez Macías.
Agregó que el ex mandatario no puede negar las evidencias que han salido a relucir sobre maniobras fraudulentas para imponer a un dirigente afín al gobierno, lo que provocó incluso la muerte de trabajadores en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán.
En ese contexto, sostuvo, sería importante que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denuncie ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Fox por haberle pedido -según ha afirmado el mandatario estatal- encarcelar a Gómez Urrutia para distraer la atención de la tragedia en la mina Pasta de Conchos.
Por separado, el senador perredista Carlos Navarrete coincidió en que deben fincarse responsabilidades a Fox y al ex secretario de Trabajo Francisco Salazar Sáenz, pero empezar desde abajo, por el funcionario responsable de la toma de nota como dirigente del sindicato a Elías Morales a partir de documentos falsos.
Es importante, insistió Navarrete, que al fincar responsabilidades se empiece desde abajo, para ir luego al siguiente nivel y así hasta llegar al ex Ejecutivo federal, porque "la gravedad de los hechos amerita que se sancione a los responsables y no se les deje en la impunidad".
En entrevista por separado, el senador Jiménez Macías insistió en que el gobernador Moreira está obligado a acudir a la PGR para oficializar la denuncia pública que hizo en febrero pasado sobre presiones del ex presidente con el fin de inculpar a Gómez Urrutia y encarcelarlo, aun cuando no había elementos para hacerlo.
"Todo el aparato del Estado se fue contra Moreira cuando denunció la intervención ilegal de Fox, pero es evidente que el tiempo le ha dado la razón, con nuevas evidencias, como la falsificación de documentos; por ello, ojalá que Moreira decidiera presentar una denuncia en la PGR."
Debe hacerlo, insistió, porque "no es un asunto ligero, sino un tema que tiene que ver con el estado de derecho y con irregularidades y corruptelas que pudieron darse en otros ámbitos".
Aclaró que no defiende a Gómez Urrutia, quien debe dar la cara ante las acusaciones de que desvió fondos de los trabajadores mineros, sino la legalidad, ya que Fox y sus funcionarios violentaron la autonomía de un sindicato, impusieron un dirigente y crearon un clima de violencia en el gremio, por lo cual deben responder.
A su vez, el perredista Navarrete dijo que no debe olvidarse que por esa decisión de reconocer -"ahora se sabe, de manera turbia e irregular"- a un dirigente que no habían elegido los trabajadores, se provocaron enfrentamientos dentro del gremio y represión policiaca, como la que provocó dos muertos en Sicartsa. De ello también deben responder Fox y Salazar Sáenz, reiteró el coordinador perredista.
Sin embargo, desde el pasado lunes, cuando un peritaje de la PGR confirmó que las firmas asentadas en los documentos que permitieron otorgarle la toma de nota provisional a Elías Morales eran falsas, la Secretaría de la Función Pública se ha negado a informar sobre la presunta apertura de una investigación en torno a funcionarios involucrados.
Respaldo del líder del SNTSS
En Morelia, Michoacán, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez Fragoso, se manifestó también por que la autoridad competente finque responsabilidades a los funcionarios foxistas involucrados en la trama para desconocer a Gómez Urrutia.
La autoridad laboral, agregó, debe respetar la resolución judicial y devolver la legalidad al gremio minero, si realmente existe la intención del gobierno federal de no intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales.
Aclaró que desde un principio se pronunció en contra de la intromisión del gobierno en el sindicato, al quitar el liderazgo a Gómez Urrutia. Por lo que toca a la acusación de desvío de fondos sindicales, deberán ser las autoridades penales las que lo determinen, expresó.
El traidor a la democracia tendría que ir a la cárcel por esto y muchas otras cosas más, como dice la canción.
Mineros, ni un caso más
Arturo Alcalde Justiniani
Debió transcurrir más de un año para que cambiara el rumbo de la maniobra foxista que pretendió imponer a los trabajadores mineros un liderazgo sindical al gusto empresarial. En este largo, costoso y sangriento periodo se exhibió la verdadera cultura laboral que predomina en nuestro país y las graves implicaciones de un añejo sistema corporativo sustentado en el control de los registros sindicales y tomas de nota que ahoga la libre expresión de la voluntad de los trabajadores. Los agravios y afectaciones son muchas, pero la única manera en que esta experiencia puede operar en favor de la sociedad, es que además de la reparación y deslinde de responsabilidades, se creen las condiciones institucionales para que no se repita otra experiencia similar.
La lista de cuentas pendientes se inicia con la decisión del presidente Vicente Fox de acceder a la petición de los dueños de Minera México y Villacero para imponer en el sindicato correspondiente un líder a su gusto, influyeron en ello los consejos de Ramón Muñoz y Bernardo Ardavín; los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ejecutaron la orden en unas cuantas horas sobre la absurda base de dos firmas, una de ellas falsa según ha quedado acreditado. Cómplices también fueron los líderes del Congreso del Trabajo que apoyaron la intervención gubernamental para relegir en su dirigencia al ferrocarrilero Víctor Flores.
Muchos agravios se han generado, entre ellos, el soborno y las presiones a los trabajadores para cambiar de bandera y la manipulación de los medios de comunicación. Los jueces hicieron su parte, unos encarcelando líderes locales insubordinados, otros, como el juez cuarto de distrito en materia laboral, se limitaron a congelar el expediente y después de un año llegar a la conclusión de que no podía conceder protección legal a los destituidos por razones irrisorias: los solicitantes no se podían considerar "comité ejecutivo" pues uno de ellos no había firmado la solicitud y el secretario general quejoso no acreditaba su personalidad, "ya que había sido desconocido por la STPS"; claro, precisamente por eso se estaba quejando. Fue necesario que un lúcido cuarto tribunal colegiado, apoyado en la ponencia de la magistrada Idalia Peña Cristo, salvando el honor, revocara la resolución del juez ordenando la reposición del comité depuesto.
El saldo más dramático ha sido la perdida de vidas que no podrán ser jamás recuperadas. Además de las centenas de trabajadores despedidos; varios centros de trabajo, entre ellos, la mina de La Caridad en Cananea y la planta de cal en Aguaprieta, Sonora, fueron cerrados para imponer a Elías Morales. Estas presiones se han enfrentado a la indomable voluntad de los mineros que los gobernantes foxistas nunca imaginaron, pensaron que en pocos meses se consolidaría la maniobra, como ha sucedido en otros conflictos laborales en que a los vencidos se les obliga a firmar supuestas conciliaciones e inclusive a "agradecer a las autoridades su valiosa intervención".
En contrapeso, la solidaridad nacional expresada en el Frente Nacional por la Unidad y Autonomía Sindical (FNUAS) y en el ámbito internacional por el combativo sindicato de los Steelworkers (USW) y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) crearon un muro de contención en favor de los trabajadores mineros y una luz de esperanza para seguir luchando.
Más allá de deslindar responsabilidades por el uso faccioso de las facultades de la autoridad laboral y por los costos sociales y económicos de este conflicto, es fundamental evitar su repetición. Ello sólo será posible suprimiendo el actual sistema de control ejercido por el Estado sobre las organizaciones gremiales en su registro, confirmación de directivas y solución de controversias. Como sabemos, la STPS en el ámbito federal y las juntas de Conciliación y Arbitraje en el ámbito local, deciden discrecionalmente sobre estos aspectos que corresponden sólo a los trabajadores, curiosamente siempre ignorados en estos conflictos.
Para garantizar el respeto a la voluntad de los trabajadores sin presiones de líderes, empresarios o partidos, es necesario crear una institución idónea para ello. No se trata simplemente de depurar los registros y padrones como lo anuncia la STPS, sino de crear un instrumento imparcial que sustraiga del control corporativo este ámbito de la vida democrática del país. Una propuesta en ese sentido, es la creación de un registro nacional público y autónomo de sindicatos y contratos colectivos, dirigido por personas de amplio prestigio; se trataría de un órgano que a nivel de toda la República daría un vuelco a las prácticas corporativas, que no sólo agobian a los trabajadores sino también a buena parte del empresariado pequeño y mediano obligados a lidiar con sindicatos fantasmas, emplazamientos a huelga falsos y líderes violentos.
La auténtica modernización laboral de nuestro país pasa por la creación de espacios públicos para un diálogo social y productivo, lo que supone, a su vez, interlocutores legítimos. Existen muchos análisis que coinciden en la necesidad de una cirugía mayor en los instrumentos de control gremial vigentes, tanto en el ámbito federal como local. En éste último, quienes laboran en las ramas industriales más modestas viven dramas poco conocidos por sus limitados recursos: nos referimos entre otros a los trabajadores de la industria de la construcción, de la rama del vestido y los servicios.
Organismos internacionales especializados en el ámbito laboral, de derechos humanos, incluso los vinculados al comercio, reclaman que el sistema político mexicano modifique sus reglas de juego para permitir una competencia leal. Por esta y muchas otras razones, principalmente la de responder a los mineros caídos en esta lucha de resistencia, es necesario que retomemos las banderas de un verdadero cambio en favor de la libertad de asociación en nuestro país.
Debió transcurrir más de un año para que cambiara el rumbo de la maniobra foxista que pretendió imponer a los trabajadores mineros un liderazgo sindical al gusto empresarial. En este largo, costoso y sangriento periodo se exhibió la verdadera cultura laboral que predomina en nuestro país y las graves implicaciones de un añejo sistema corporativo sustentado en el control de los registros sindicales y tomas de nota que ahoga la libre expresión de la voluntad de los trabajadores. Los agravios y afectaciones son muchas, pero la única manera en que esta experiencia puede operar en favor de la sociedad, es que además de la reparación y deslinde de responsabilidades, se creen las condiciones institucionales para que no se repita otra experiencia similar.
La lista de cuentas pendientes se inicia con la decisión del presidente Vicente Fox de acceder a la petición de los dueños de Minera México y Villacero para imponer en el sindicato correspondiente un líder a su gusto, influyeron en ello los consejos de Ramón Muñoz y Bernardo Ardavín; los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ejecutaron la orden en unas cuantas horas sobre la absurda base de dos firmas, una de ellas falsa según ha quedado acreditado. Cómplices también fueron los líderes del Congreso del Trabajo que apoyaron la intervención gubernamental para relegir en su dirigencia al ferrocarrilero Víctor Flores.
Muchos agravios se han generado, entre ellos, el soborno y las presiones a los trabajadores para cambiar de bandera y la manipulación de los medios de comunicación. Los jueces hicieron su parte, unos encarcelando líderes locales insubordinados, otros, como el juez cuarto de distrito en materia laboral, se limitaron a congelar el expediente y después de un año llegar a la conclusión de que no podía conceder protección legal a los destituidos por razones irrisorias: los solicitantes no se podían considerar "comité ejecutivo" pues uno de ellos no había firmado la solicitud y el secretario general quejoso no acreditaba su personalidad, "ya que había sido desconocido por la STPS"; claro, precisamente por eso se estaba quejando. Fue necesario que un lúcido cuarto tribunal colegiado, apoyado en la ponencia de la magistrada Idalia Peña Cristo, salvando el honor, revocara la resolución del juez ordenando la reposición del comité depuesto.
El saldo más dramático ha sido la perdida de vidas que no podrán ser jamás recuperadas. Además de las centenas de trabajadores despedidos; varios centros de trabajo, entre ellos, la mina de La Caridad en Cananea y la planta de cal en Aguaprieta, Sonora, fueron cerrados para imponer a Elías Morales. Estas presiones se han enfrentado a la indomable voluntad de los mineros que los gobernantes foxistas nunca imaginaron, pensaron que en pocos meses se consolidaría la maniobra, como ha sucedido en otros conflictos laborales en que a los vencidos se les obliga a firmar supuestas conciliaciones e inclusive a "agradecer a las autoridades su valiosa intervención".
En contrapeso, la solidaridad nacional expresada en el Frente Nacional por la Unidad y Autonomía Sindical (FNUAS) y en el ámbito internacional por el combativo sindicato de los Steelworkers (USW) y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) crearon un muro de contención en favor de los trabajadores mineros y una luz de esperanza para seguir luchando.
Más allá de deslindar responsabilidades por el uso faccioso de las facultades de la autoridad laboral y por los costos sociales y económicos de este conflicto, es fundamental evitar su repetición. Ello sólo será posible suprimiendo el actual sistema de control ejercido por el Estado sobre las organizaciones gremiales en su registro, confirmación de directivas y solución de controversias. Como sabemos, la STPS en el ámbito federal y las juntas de Conciliación y Arbitraje en el ámbito local, deciden discrecionalmente sobre estos aspectos que corresponden sólo a los trabajadores, curiosamente siempre ignorados en estos conflictos.
Para garantizar el respeto a la voluntad de los trabajadores sin presiones de líderes, empresarios o partidos, es necesario crear una institución idónea para ello. No se trata simplemente de depurar los registros y padrones como lo anuncia la STPS, sino de crear un instrumento imparcial que sustraiga del control corporativo este ámbito de la vida democrática del país. Una propuesta en ese sentido, es la creación de un registro nacional público y autónomo de sindicatos y contratos colectivos, dirigido por personas de amplio prestigio; se trataría de un órgano que a nivel de toda la República daría un vuelco a las prácticas corporativas, que no sólo agobian a los trabajadores sino también a buena parte del empresariado pequeño y mediano obligados a lidiar con sindicatos fantasmas, emplazamientos a huelga falsos y líderes violentos.
La auténtica modernización laboral de nuestro país pasa por la creación de espacios públicos para un diálogo social y productivo, lo que supone, a su vez, interlocutores legítimos. Existen muchos análisis que coinciden en la necesidad de una cirugía mayor en los instrumentos de control gremial vigentes, tanto en el ámbito federal como local. En éste último, quienes laboran en las ramas industriales más modestas viven dramas poco conocidos por sus limitados recursos: nos referimos entre otros a los trabajadores de la industria de la construcción, de la rama del vestido y los servicios.
Organismos internacionales especializados en el ámbito laboral, de derechos humanos, incluso los vinculados al comercio, reclaman que el sistema político mexicano modifique sus reglas de juego para permitir una competencia leal. Por esta y muchas otras razones, principalmente la de responder a los mineros caídos en esta lucha de resistencia, es necesario que retomemos las banderas de un verdadero cambio en favor de la libertad de asociación en nuestro país.
Nueva visita de la CIDH a México
Miguel Concha
Florentín Menéndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para México, visitó esta semana nuestro país. Lo acompañó Santiago Cantón, secretario ejecutivo del mismo organismo. Su propósito era el estudio de la situación de los derechos humanos en México, para lo cual se reunieron con las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. De igual forma se agendaron varios encuentros con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de escuchar sus opiniones con relación a temas como seguridad pública, acceso a la justicia, derecho a la información y a la libertad de expresión, situación de los derechos humanos en Chiapas y Oaxaca, derechos humanos de los refugiados y migrantes, y el estado de los derechos humanos de las mujeres.
No obstante que las conclusiones de esta visita aún no se han dado a conocer, los representantes de la CIDH han hecho ya varios comentarios que muestran claramente que México no ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones que este organismo emitió desde la publicación de su último informe en 1998, y que cuestiones como las agresiones a periodistas han aumentado de forma alarmante. ¿Qué podemos entonces esperar de esta visita? Primeramente, hay que puntualizar el carácter de la misma. Una de las formas de trabajo de la CIDH es justamente la realización de visitas in loco o in situ. Estas visitas tienen como objetivo el estudio de la situación de los derechos humanos en un determinado país, pero se llevan a cabo previa invitación del gobierno anfitrión. Posteriormente se publica un informe, que incluye recomendaciones concretas al Estado parte, con el fin de que cesen las violaciones o en su caso se mejore el cumplimiento de los derechos humanos.
México fue ya objeto de una vista de la CIDH en el año 1996. La CIDH publicó después, en 1998, un informe que contenía 61 recomendaciones. Lamentablemente, a la visita que Florentín Menéndez realizó esta semana no se le ha dado el mismo carácter que aquella realizada en 1996. Por lo que no debemos esperar un informe igual de amplio que el que se publicó en aquella ocasión. Sin embargo, su visita fue importante, pues el relator ha mostrado especial interés en conocer la situación actual de los derechos humanos en México, así como los avances y retrocesos que ha habido en la materia. Sus conclusiones seguramente serán también publicadas en un informe con recomendaciones puntuales al gobierno mexicano. La CIDH, junto con la Corte Interamericana, es el máximo órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Al contrario de lo que sucede en otros países del continente, su presencia en México no es muy difundida, y por lo regular sus visitas, e incluso sus resoluciones, salvo en casos destacables, pasaban inadvertidas o no generaban interés más que en aquellos actores gubernamentales, civiles y sociales directamente involucrados con estos temas. Este fenómeno negativo también se proyectó por décadas en los ámbitos académicos y judiciales. En los últimos años, sin embargo, hemos visto un incremento constante en el interés de los medios, la academia e inclusive el gobierno hacia este organismo. Cuestión a todas luces positiva, aunque insuficiente, mientras no se acaten sus recomendaciones y no tengamos en México el marco legal necesario para que las decisiones de la corte sean también en nuestro país de observancia obligatoria. Esto nos lleva a comparar el peso que se les da a otros organismos internacionales, y a reflexionar sobre cómo el concepto de soberanía se usa en México a conveniencia de poderosos intereses económicos y políticos.
En efecto, es de todos conocido que en cuestiones económicas y financieras el gobierno de México sigue puntualmente y con exceso lineamientos e instrucciones dictadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio. A pesar de que estas acciones se llevan a cabo sin consultar a la población, y sin considerar los impactos negativos que pueden tener sobre la misma, no vemos a nuestros gobernantes tan solícitos en esgrimir la soberanía nacional en contra de ellas. Sin embargo, cuando se trata de cumplir con los compromisos que en materia de derechos humanos el país ha contraído, el gobierno es reticente y siempre aduce algún argumento legal que invoca la soberanía o el estado interno de derecho, para justificar el incumplimiento de recomendaciones o resoluciones de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Por ello desde años atrás la CIDH y los relatores especiales de la OEA y de la ONU han señalado la necesidad de que nuestro país reforme su marco jurídico, con el fin de que se reconozca a los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de manera explícita en la Constitución.
Florentín Menéndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para México, visitó esta semana nuestro país. Lo acompañó Santiago Cantón, secretario ejecutivo del mismo organismo. Su propósito era el estudio de la situación de los derechos humanos en México, para lo cual se reunieron con las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. De igual forma se agendaron varios encuentros con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de escuchar sus opiniones con relación a temas como seguridad pública, acceso a la justicia, derecho a la información y a la libertad de expresión, situación de los derechos humanos en Chiapas y Oaxaca, derechos humanos de los refugiados y migrantes, y el estado de los derechos humanos de las mujeres.
No obstante que las conclusiones de esta visita aún no se han dado a conocer, los representantes de la CIDH han hecho ya varios comentarios que muestran claramente que México no ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones que este organismo emitió desde la publicación de su último informe en 1998, y que cuestiones como las agresiones a periodistas han aumentado de forma alarmante. ¿Qué podemos entonces esperar de esta visita? Primeramente, hay que puntualizar el carácter de la misma. Una de las formas de trabajo de la CIDH es justamente la realización de visitas in loco o in situ. Estas visitas tienen como objetivo el estudio de la situación de los derechos humanos en un determinado país, pero se llevan a cabo previa invitación del gobierno anfitrión. Posteriormente se publica un informe, que incluye recomendaciones concretas al Estado parte, con el fin de que cesen las violaciones o en su caso se mejore el cumplimiento de los derechos humanos.
México fue ya objeto de una vista de la CIDH en el año 1996. La CIDH publicó después, en 1998, un informe que contenía 61 recomendaciones. Lamentablemente, a la visita que Florentín Menéndez realizó esta semana no se le ha dado el mismo carácter que aquella realizada en 1996. Por lo que no debemos esperar un informe igual de amplio que el que se publicó en aquella ocasión. Sin embargo, su visita fue importante, pues el relator ha mostrado especial interés en conocer la situación actual de los derechos humanos en México, así como los avances y retrocesos que ha habido en la materia. Sus conclusiones seguramente serán también publicadas en un informe con recomendaciones puntuales al gobierno mexicano. La CIDH, junto con la Corte Interamericana, es el máximo órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Al contrario de lo que sucede en otros países del continente, su presencia en México no es muy difundida, y por lo regular sus visitas, e incluso sus resoluciones, salvo en casos destacables, pasaban inadvertidas o no generaban interés más que en aquellos actores gubernamentales, civiles y sociales directamente involucrados con estos temas. Este fenómeno negativo también se proyectó por décadas en los ámbitos académicos y judiciales. En los últimos años, sin embargo, hemos visto un incremento constante en el interés de los medios, la academia e inclusive el gobierno hacia este organismo. Cuestión a todas luces positiva, aunque insuficiente, mientras no se acaten sus recomendaciones y no tengamos en México el marco legal necesario para que las decisiones de la corte sean también en nuestro país de observancia obligatoria. Esto nos lleva a comparar el peso que se les da a otros organismos internacionales, y a reflexionar sobre cómo el concepto de soberanía se usa en México a conveniencia de poderosos intereses económicos y políticos.
En efecto, es de todos conocido que en cuestiones económicas y financieras el gobierno de México sigue puntualmente y con exceso lineamientos e instrucciones dictadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio. A pesar de que estas acciones se llevan a cabo sin consultar a la población, y sin considerar los impactos negativos que pueden tener sobre la misma, no vemos a nuestros gobernantes tan solícitos en esgrimir la soberanía nacional en contra de ellas. Sin embargo, cuando se trata de cumplir con los compromisos que en materia de derechos humanos el país ha contraído, el gobierno es reticente y siempre aduce algún argumento legal que invoca la soberanía o el estado interno de derecho, para justificar el incumplimiento de recomendaciones o resoluciones de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Por ello desde años atrás la CIDH y los relatores especiales de la OEA y de la ONU han señalado la necesidad de que nuestro país reforme su marco jurídico, con el fin de que se reconozca a los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de manera explícita en la Constitución.
Agrocombustibles: el juego de las lógicas perversas
Silvia Ribeiro*
Una de las muestras más claras de lógicas perversas globales es el empuje que desde gobiernos y trasnacionales se da a la producción industrial de agrocombustibles, principalmente etanol y biodiesel. La mayoría de los enunciados en esta campaña -mediática, política y subsidiada con recursos públicos- son falsos. Lo que sí es verdad es que el capitalismo aprovecha los desastres que provoca para generar nuevos negocios. Y como éstos generan nuevos desastres, entonces habrá nuevos negocios.
Presentan los agrocombustibles como una alternativa ambientalmente amigable, frente a los efectos del calentamiento global y el consecuente cambio climático -que es un desastre auténtico y una amenaza seria para los pueblos y los ecosistemas, principalmente para campesinos, pescadores artesanales y pastores, es decir, los que proveen al mundo de la mayor parte de los alimentos y son al mismo tiempo los más desposeídos del planeta.
Pero aunque existe debate al respecto, las cifras de eficiencia de tales combustibles no son halagüeñas. Según David Pimentel y Tad Patzek, de la Universidad de Cornell y de California en Berkeley, respectivamente, por cada unidad de energía fósil usada en la producción de agrocombustibles, el retorno es de 0.778 en el caso de metanol de maíz, 0.636 en el etanol de madera y 0.534 en biodiesel de soya. O sea, el balance es negativo. En lugar de aliviar el problema ¡lo aumenta! El cálculo se basa en la cantidad de insumos que son necesarios para la producción industrial de agrocombustibles, incluyendo cultivo y procesado.
Quienes promueven los agrocombustibles se han dedicado a denostar estos estudios, pero pese a cálculos alegres de otros investigadores, la ganancia neta de energía no mejora considerablemente. Pero ni en estos estudios ni en los de Pimentel y Patzek se incluyen los altos costos ambientales y sociales, producto de la erosión y contaminación de suelos, el aumento de uso de agua -un recurso ya en crisis y disputa-, la pérdida de biodiversidad por el avance de la frontera agrícola sobre áreas naturales y ecosistemas únicos, y la disputa de tierras que en lugar de producir alimentos se usan para alimentar autos.
En el caso de Brasil, donde la eficiencia del etanol producido a partir de caña de azúcar aparenta dar mejores resultados, se oculta el dato brutal, denunciado por Vía Campesina, el Grito de los Excluidos y otros movimientos sociales de ese país, de que la producción de caña de azúcar, desde la Conquista se basa en trabajo esclavo y ahora semiesclavo, en condiciones laborales deplorables, a las que se agrega la devastación ambiental producida por los grandes monocultivos y las refinerías.
Sin embargo, Estados Unidos y Europa han adoptado regulaciones para que se tenga que incluir porcentajes de agrocombustibles en el consumo de sus automóviles en el curso de la próxima década. El G8 solicitó al Banco Mundial que abriera créditos para apuntalar el desarrollo de este tipo de cultivos en los países del sur, lo cual ha hecho. De una primera ojeada podría ser difícil entender por qué se empuja este tipo de producción, cuando los datos de su eficiencia son tan controvertidos, y además no existen en los países industriales tierras disponibles para ello.
Un conjunto de razones explican este "negocio redondo". Los inversores son la gran industria automovilística y petrolera -las mayores empresas del planeta-, junto a las trasnacionales que controlan el monopolio de la distribución de cereales y las que dominan el sector de semillas y agrotóxicos, que son las mismas que producen transgénicos.
Como explica el economista Andrés Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la industria automovilística tiene una sobreproducción anual. Existen mil millones de autos en el planeta -con una población de 6 mil 600 millones de personas. Se producen cerca de 80 millones de nuevos autos cada año, pero el consumo es poco más de 60 millones. Esta poderosísima industria, que está entre las más grandes del planeta y es la causante principal del calentamiento global, vio ahora una oportunidad excelente de aumentar sus ventas. Con la obligatoriedad de incorporar una mezcla de agrocombustibles en la gasolina debido a las nuevas regulaciones -o la transformación de hecho de los proveedores- los automóviles deberán ser necesariamente cambiados por otros que se adapten a ello.
Con los porcentajes que han decidido los gobiernos, los agrocombustibles no competirán con la gasolina, pero las petroleras están en el negocio para controlar también este insumo, utilizando sus mismas redes y en connivencia con la industria automotriz.
Por su parte, las grandes cerealeras avizoran excelentes negocios: ADM ya controla 30 por ciento del mercado de etanol en Estados Unidos, mientras que Cargill y Bunge buscan consolidarse en los mercados latinoamericanos. Las trasnacionales de semillas y agrotóxicos, que son las mismas que nos han castigado con los transgénicos, ya están ganando con el nuevo impulso agrícola, pero, además, ellas aprovechan que actualmente los agrocombustibles no son eficientes, y están todas desarrollando cultivos transgénicos que prometen serán más efectivos. Aunque en el camino dejen de ser comestibles y provoquen desastres de contaminación.
Muchos gobiernos del sur avanzan en introducir legislaciones que posibiliten la conversión a la producción y consumo de agrocombustibles -en muchos casos subsidiados con préstamos que van a engrosar las deudas externas y por tanto pagamos todos-, toma nuevo impulso la producción para exportación en desmedro de la producción agrícola diversificada de pequeña escala y para la soberanía alimentaria.
Y todo esto, afirman los contaminadores, es una solución ambientalmente amigable
*Investigadora de Grupo ETC
Una de las muestras más claras de lógicas perversas globales es el empuje que desde gobiernos y trasnacionales se da a la producción industrial de agrocombustibles, principalmente etanol y biodiesel. La mayoría de los enunciados en esta campaña -mediática, política y subsidiada con recursos públicos- son falsos. Lo que sí es verdad es que el capitalismo aprovecha los desastres que provoca para generar nuevos negocios. Y como éstos generan nuevos desastres, entonces habrá nuevos negocios.
Presentan los agrocombustibles como una alternativa ambientalmente amigable, frente a los efectos del calentamiento global y el consecuente cambio climático -que es un desastre auténtico y una amenaza seria para los pueblos y los ecosistemas, principalmente para campesinos, pescadores artesanales y pastores, es decir, los que proveen al mundo de la mayor parte de los alimentos y son al mismo tiempo los más desposeídos del planeta.
Pero aunque existe debate al respecto, las cifras de eficiencia de tales combustibles no son halagüeñas. Según David Pimentel y Tad Patzek, de la Universidad de Cornell y de California en Berkeley, respectivamente, por cada unidad de energía fósil usada en la producción de agrocombustibles, el retorno es de 0.778 en el caso de metanol de maíz, 0.636 en el etanol de madera y 0.534 en biodiesel de soya. O sea, el balance es negativo. En lugar de aliviar el problema ¡lo aumenta! El cálculo se basa en la cantidad de insumos que son necesarios para la producción industrial de agrocombustibles, incluyendo cultivo y procesado.
Quienes promueven los agrocombustibles se han dedicado a denostar estos estudios, pero pese a cálculos alegres de otros investigadores, la ganancia neta de energía no mejora considerablemente. Pero ni en estos estudios ni en los de Pimentel y Patzek se incluyen los altos costos ambientales y sociales, producto de la erosión y contaminación de suelos, el aumento de uso de agua -un recurso ya en crisis y disputa-, la pérdida de biodiversidad por el avance de la frontera agrícola sobre áreas naturales y ecosistemas únicos, y la disputa de tierras que en lugar de producir alimentos se usan para alimentar autos.
En el caso de Brasil, donde la eficiencia del etanol producido a partir de caña de azúcar aparenta dar mejores resultados, se oculta el dato brutal, denunciado por Vía Campesina, el Grito de los Excluidos y otros movimientos sociales de ese país, de que la producción de caña de azúcar, desde la Conquista se basa en trabajo esclavo y ahora semiesclavo, en condiciones laborales deplorables, a las que se agrega la devastación ambiental producida por los grandes monocultivos y las refinerías.
Sin embargo, Estados Unidos y Europa han adoptado regulaciones para que se tenga que incluir porcentajes de agrocombustibles en el consumo de sus automóviles en el curso de la próxima década. El G8 solicitó al Banco Mundial que abriera créditos para apuntalar el desarrollo de este tipo de cultivos en los países del sur, lo cual ha hecho. De una primera ojeada podría ser difícil entender por qué se empuja este tipo de producción, cuando los datos de su eficiencia son tan controvertidos, y además no existen en los países industriales tierras disponibles para ello.
Un conjunto de razones explican este "negocio redondo". Los inversores son la gran industria automovilística y petrolera -las mayores empresas del planeta-, junto a las trasnacionales que controlan el monopolio de la distribución de cereales y las que dominan el sector de semillas y agrotóxicos, que son las mismas que producen transgénicos.
Como explica el economista Andrés Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la industria automovilística tiene una sobreproducción anual. Existen mil millones de autos en el planeta -con una población de 6 mil 600 millones de personas. Se producen cerca de 80 millones de nuevos autos cada año, pero el consumo es poco más de 60 millones. Esta poderosísima industria, que está entre las más grandes del planeta y es la causante principal del calentamiento global, vio ahora una oportunidad excelente de aumentar sus ventas. Con la obligatoriedad de incorporar una mezcla de agrocombustibles en la gasolina debido a las nuevas regulaciones -o la transformación de hecho de los proveedores- los automóviles deberán ser necesariamente cambiados por otros que se adapten a ello.
Con los porcentajes que han decidido los gobiernos, los agrocombustibles no competirán con la gasolina, pero las petroleras están en el negocio para controlar también este insumo, utilizando sus mismas redes y en connivencia con la industria automotriz.
Por su parte, las grandes cerealeras avizoran excelentes negocios: ADM ya controla 30 por ciento del mercado de etanol en Estados Unidos, mientras que Cargill y Bunge buscan consolidarse en los mercados latinoamericanos. Las trasnacionales de semillas y agrotóxicos, que son las mismas que nos han castigado con los transgénicos, ya están ganando con el nuevo impulso agrícola, pero, además, ellas aprovechan que actualmente los agrocombustibles no son eficientes, y están todas desarrollando cultivos transgénicos que prometen serán más efectivos. Aunque en el camino dejen de ser comestibles y provoquen desastres de contaminación.
Muchos gobiernos del sur avanzan en introducir legislaciones que posibiliten la conversión a la producción y consumo de agrocombustibles -en muchos casos subsidiados con préstamos que van a engrosar las deudas externas y por tanto pagamos todos-, toma nuevo impulso la producción para exportación en desmedro de la producción agrícola diversificada de pequeña escala y para la soberanía alimentaria.
Y todo esto, afirman los contaminadores, es una solución ambientalmente amigable
*Investigadora de Grupo ETC
Modelo agotado
Carlos Fernández-Vega
Presume Calderón empleo inexistente
Fox vaticinó que mucho se hablaría de la biblioteca José Vasconcelos
¡Felicidades! Dados los resultados de sus primeros 120 días como inquilino de Los Pinos, el "presidente del empleo" puede presumir que sólo 19 de cada mil mexicanos en edad y condición de laborar consiguieron emplearse permanentemente en la economía formal, o lo que es lo mismo el 1.9 por ciento de la demanda real registrada en dicho periodo.
Este último porcentaje se traduce en la generación de 7 mil 429 empleos permanentes en la economía formal, cuando en esos 120 días la demanda real ronda los 400 mil puestos de trabajo.
En ese periodo, el empleo permanente en la economía formal "creció" 0.06 por ciento, pero como la estrategia es dar la idea de que las cosas "van muy bien", la estadística oficial habla de la "generación de 250 mil" nuevos puestos de trabajo en esos cuatro meses, lo cual, de acuerdo con las propias cifras oficiales, simple y sencillamente es falso.
Días atrás, el inquilino de Los Pinos llegó muy contento a una reunión, y a los allí congregados dijo: "quiero compartir con ustedes el día de hoy, amigos de Yucatán, una muy buena noticia: el mes pasado, el mes de marzo, fue uno de los meses en que se generó el mayor número de empleos formales en el país. Durante el mes pasado, logramos crear más de 138 mil nuevos empleos formales, es decir, empleos registrados en el Seguro Social, con lo que el número de afiliados al Instituto llegó a una cifra histórica de 14 millones 221 mil trabajadores. En este año de 2007, de enero a la fecha, se han generado en México más de 250 mil nuevos empleos, más de un cuarto de millón de empleos nuevos registrados ante el Seguro Social".
Eso dijo, pero en el plano laboral los tres primeros meses del gobierno de la "continuidad" se caracterizaron por la constante cancelación de empleos en el sector formal de la economía, de acuerdo con las propias cifras del IMSS citadas por el inquilino de Los Pinos, las cuales, en ningún momento, avalan lo dicho por Calderón durante su periplo yucateco, ene especial aquello de que "en este año de 2007, de enero a la fecha, se han generado en México más de 250 mil nuevos empleos, más de un cuarto de millón de empleos nuevos registrados ante el Seguro Social".
Por el contrario. Los indicadores del INEGI revelan que en los tres primeros meses de la "continuidad" la tasa oficial de desempleo abierto en el país pasó de 3.58 a 4.02 por ciento de la población económicamente activa, porcentaje que se traduce en una cancelación de 200 mil puestos de trabajo, aproximadamente. En unos días más se actualizará la información a marzo del presente año.
De igual manera, las cifras del IMSS (citadas por Calderón) que de diciembre de 2006 a enero de 2007 se "perdieron" 133 mil plazas en la economía formal. Un febrero se recuperó terreno y sólo hasta marzo comenzaron a registrarse, así sea de manera raquítica, cifras positivas con respecto al cierre de la administración anterior. Entonces, no es que "marzo fue uno de los meses en que se generó el mayor número de empleos formales en el país" (Calderón dixit), sino el único.
Es en este contexto cuando en el tercer mes de 2007 aparecen, a nivel nacional, los 7 mil 429 empleos permanentes (todos en el ámbito urbano) en la economía formal, y a su lado 128 mil 814 eventuales (de ellos, 54 por ciento en las ciudades y 46 por ciento en el campo), es decir, que más allá del constante deterioro en la calidad del empleo en el país, sólo cinco de cada cien mexicanos aseguraron ocupación formal; los 95 restantes sólo la libraron por un rato. Además, por ninguna parte del registro del IMSS aparecen los 250 mil puestos de trabajo presumidos por el inquilino de Los Pinos.
Esas son las cifras oficiales que supuestamente utiliza Calderón como "base" para difundir sus "buenas noticias". Los resultados concretos, sin embargo, demuestran que para justificar la pérdida de ocupación remunerada el "presidente del empleo" recurre a las mismas cuan desgastadas herramientas mediáticas que llevaron a su nefasto antecesor a presumir, un día sí y el otro también, las inexistentes "tasas históricas" en generación de plazas laborales. En este como en tantos otros renglones, Fox descaradamente mintió. Y la "continuidad" parece dispuesta a seguir por ese camino.
Cierto, también, que socialmente el modelo económico no da para más, si es que en realidad algún día dio algo. A lo largo de los 76 meses de "cambio" con "continuidad" en el sector formal de la economía mexicana se han generado (cifras del IMSS) tan sólo un millón 405 mil 80 empleos, de los que sólo el 28 por ciento corresponde a plazas permanentes. El 72 por ciento han sido plazas eventuales.
También de acuerdo con cifras oficiales, en ese periodo alrededor de 7 millones 600 mil mexicanos se incorporaron al mercado laboral, de tal forma que sólo 18 de cada cien lograron emplearse en el sector formal, y de éstos sólo 5 de forma permanente.
Entonces, presumir que hay "buenas noticias" en materia de empleo es, simplemente, repetir las mentiras de Fox y jugar, como él lo hizo, con las urgencias de la gente.
Las rebanadas del pastel
Entre tanta mentira, Vicente Fox alcanzó a decir alguna verdad, aunque de manera inconsciente. Premonitorio, durante la inauguración de la Biblioteca José Vasconcelos (16 de mayo, 2006) y de la mano de Martita, el de la lengua larga y las ideas cortas aseguró que "mientras más se conozca esta obra, más dará de qué hablar". Y en efecto, mucho se habla de ella y del mar de mugre que la rodea... Si de hedor se trata, allí están los "magos" de Eduardo Medina Mora, quienes "desaparecieron" la documentación que involucra al gobierno foxista en los chanchullos laborales (Sindicato Minero caso concreto)... Mejor huyan, Salazar y Abascal.
Presume Calderón empleo inexistente
Fox vaticinó que mucho se hablaría de la biblioteca José Vasconcelos
¡Felicidades! Dados los resultados de sus primeros 120 días como inquilino de Los Pinos, el "presidente del empleo" puede presumir que sólo 19 de cada mil mexicanos en edad y condición de laborar consiguieron emplearse permanentemente en la economía formal, o lo que es lo mismo el 1.9 por ciento de la demanda real registrada en dicho periodo.
Este último porcentaje se traduce en la generación de 7 mil 429 empleos permanentes en la economía formal, cuando en esos 120 días la demanda real ronda los 400 mil puestos de trabajo.
En ese periodo, el empleo permanente en la economía formal "creció" 0.06 por ciento, pero como la estrategia es dar la idea de que las cosas "van muy bien", la estadística oficial habla de la "generación de 250 mil" nuevos puestos de trabajo en esos cuatro meses, lo cual, de acuerdo con las propias cifras oficiales, simple y sencillamente es falso.
Días atrás, el inquilino de Los Pinos llegó muy contento a una reunión, y a los allí congregados dijo: "quiero compartir con ustedes el día de hoy, amigos de Yucatán, una muy buena noticia: el mes pasado, el mes de marzo, fue uno de los meses en que se generó el mayor número de empleos formales en el país. Durante el mes pasado, logramos crear más de 138 mil nuevos empleos formales, es decir, empleos registrados en el Seguro Social, con lo que el número de afiliados al Instituto llegó a una cifra histórica de 14 millones 221 mil trabajadores. En este año de 2007, de enero a la fecha, se han generado en México más de 250 mil nuevos empleos, más de un cuarto de millón de empleos nuevos registrados ante el Seguro Social".
Eso dijo, pero en el plano laboral los tres primeros meses del gobierno de la "continuidad" se caracterizaron por la constante cancelación de empleos en el sector formal de la economía, de acuerdo con las propias cifras del IMSS citadas por el inquilino de Los Pinos, las cuales, en ningún momento, avalan lo dicho por Calderón durante su periplo yucateco, ene especial aquello de que "en este año de 2007, de enero a la fecha, se han generado en México más de 250 mil nuevos empleos, más de un cuarto de millón de empleos nuevos registrados ante el Seguro Social".
Por el contrario. Los indicadores del INEGI revelan que en los tres primeros meses de la "continuidad" la tasa oficial de desempleo abierto en el país pasó de 3.58 a 4.02 por ciento de la población económicamente activa, porcentaje que se traduce en una cancelación de 200 mil puestos de trabajo, aproximadamente. En unos días más se actualizará la información a marzo del presente año.
De igual manera, las cifras del IMSS (citadas por Calderón) que de diciembre de 2006 a enero de 2007 se "perdieron" 133 mil plazas en la economía formal. Un febrero se recuperó terreno y sólo hasta marzo comenzaron a registrarse, así sea de manera raquítica, cifras positivas con respecto al cierre de la administración anterior. Entonces, no es que "marzo fue uno de los meses en que se generó el mayor número de empleos formales en el país" (Calderón dixit), sino el único.
Es en este contexto cuando en el tercer mes de 2007 aparecen, a nivel nacional, los 7 mil 429 empleos permanentes (todos en el ámbito urbano) en la economía formal, y a su lado 128 mil 814 eventuales (de ellos, 54 por ciento en las ciudades y 46 por ciento en el campo), es decir, que más allá del constante deterioro en la calidad del empleo en el país, sólo cinco de cada cien mexicanos aseguraron ocupación formal; los 95 restantes sólo la libraron por un rato. Además, por ninguna parte del registro del IMSS aparecen los 250 mil puestos de trabajo presumidos por el inquilino de Los Pinos.
Esas son las cifras oficiales que supuestamente utiliza Calderón como "base" para difundir sus "buenas noticias". Los resultados concretos, sin embargo, demuestran que para justificar la pérdida de ocupación remunerada el "presidente del empleo" recurre a las mismas cuan desgastadas herramientas mediáticas que llevaron a su nefasto antecesor a presumir, un día sí y el otro también, las inexistentes "tasas históricas" en generación de plazas laborales. En este como en tantos otros renglones, Fox descaradamente mintió. Y la "continuidad" parece dispuesta a seguir por ese camino.
Cierto, también, que socialmente el modelo económico no da para más, si es que en realidad algún día dio algo. A lo largo de los 76 meses de "cambio" con "continuidad" en el sector formal de la economía mexicana se han generado (cifras del IMSS) tan sólo un millón 405 mil 80 empleos, de los que sólo el 28 por ciento corresponde a plazas permanentes. El 72 por ciento han sido plazas eventuales.
También de acuerdo con cifras oficiales, en ese periodo alrededor de 7 millones 600 mil mexicanos se incorporaron al mercado laboral, de tal forma que sólo 18 de cada cien lograron emplearse en el sector formal, y de éstos sólo 5 de forma permanente.
Entonces, presumir que hay "buenas noticias" en materia de empleo es, simplemente, repetir las mentiras de Fox y jugar, como él lo hizo, con las urgencias de la gente.
Las rebanadas del pastel
Entre tanta mentira, Vicente Fox alcanzó a decir alguna verdad, aunque de manera inconsciente. Premonitorio, durante la inauguración de la Biblioteca José Vasconcelos (16 de mayo, 2006) y de la mano de Martita, el de la lengua larga y las ideas cortas aseguró que "mientras más se conozca esta obra, más dará de qué hablar". Y en efecto, mucho se habla de ella y del mar de mugre que la rodea... Si de hedor se trata, allí están los "magos" de Eduardo Medina Mora, quienes "desaparecieron" la documentación que involucra al gobierno foxista en los chanchullos laborales (Sindicato Minero caso concreto)... Mejor huyan, Salazar y Abascal.
Impunidad y reformas: fast track al abismo
Jaime Avilés
De nuevo, cateos y represión en Oaxaca
Vender Pemex ya, urge el FMI al PRIAN
Calderón amaga a Fox, Marta responde
Ayer, minutos después de la una de la tarde, una pick up se detuvo ante el parque Juárez de Oaxaca. De ella bajaron siete uniformados de la policía preventiva estatal, arma- dos con rifles de asalto. Sin preámbulos, rodearon, encañonando, a David Venegas Reyes, de 27 años, militante activo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, lo subieron al vehículo a golpes y se lo llevaron sin orden de aprehensión. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Con él se encontraba en esos momentos el abogado Isaac Torres Carmona, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), quien trató de anotar los datos de la camioneta cuando uno de los policías le dijo, burlándose: "No trae placas, pendejo, y no le rasques porque sigues tú".
A pesar de la amenaza, Torres Carmona acudió al juzgado correspondiente a solicitar un amparo en favor del activista y exigir su inmediata liberación. Al denunciar los hechos ante la prensa, la Limedh aseguró que la entidad sufre una nueva escalada represiva por parte del gobierno de Ulises Ruiz, cuyos pistoleros otra vez andan sueltos: "Desde hace días, elementos de civil hacen cateos a casas particulares con el pretexto de que buscan explosivos".
Ruiz vuelve a la carga, por lo visto, fortalecido por las palabras de un alto representante de la Secretaría de Gobernación, quien la semana pasada dijo que el de aquella entidad es "un conflicto que no le compete al ámbito federal". Eso, en castellano, significa que el asesino serial de Oaxaca podrá seguir secuestrando y torturando a quien desee, mientras en el Congreso el PRI, su partido, se mantenga en alianza con el PAN para sacar, en fast track, las reformas "estratégicas" que faltan.
Pero en inglés, de acuerdo con un diccionario bilingüe, fast track puede traducirse como "el camino más corto al abismo" si la expresión se aplica a la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que el Fondo Monetario Internacional acaba de exigir tronando los dedos, luego de sugerir que el "gobierno" de México aproveche, para llevarla a cabo, el "marco político" que permitió la "rápida modificación del régimen pensionario de los trabajadores", o sea, la entrega de los ahorros de los jubilados del ISSSTE a la mafia de Elba Esther Gordillo gracias al voto de los senadores y diputados del PRIAN.
La "visionaria" recomendación -que confiere a su autor la grandeza del ratero que se queda echando aguas ("apúrense cabrones") mientras sus colegas desvalijan a la víctima en un callejón oscuro- fue formulada anteayer en Washington por Rodrigo Rato, director-gerente del FMI, que de 1996 a 2004 fue ministro de Hacienda del gobierno ultraderechista de José María Aznar, quien como bien se sabe apoyó y sigue apoyando a Calderón para que éste ponga las escrituras de Pemex a nombre de la petrolera ibérica Repsol.
Rato, que en su país de origen ha sido acusado varias veces de "rata", dijo también que nuestra economía necesita una reforma fiscal para mejorar "el entorno de (algunos) empresarios mexicanos", los cuales, como es notorio, están insatisfechos después de haberse quedado sólo con 105 mil millones de pesos por concepto de impuestos no pagados al fisco en 2006.
En este contexto, los escandalosos "descubrimientos" de la Auditoría Superior de la Federación -dados a conocer en las últimas dos semanas para insinuar que Vicente Fox podría enfrentar acusaciones penales por haber permitido que los empresarios le escatimaran a la Secretaría de Hacienda varios miles de millones de pesos-, ya sacaron de su rancho al destinatario de esos mensajes.
El mismo jueves, mientras Rato pontificaba en Washington, Fox llegó a la ciudad de León en compañía de su resplandeciente esposa y de enormes cajas de Kellogs con el emblema de la fundación Vamos México para alimentar a los pobres. Fue, en apariencia, su respuesta a Calderón para anunciarle quizá que volverá a opinar sobre las elecciones de 2006 porque no le está gustando eso de que salgan a relucir tanto las cifras de los impuestos no cobrados, como el hecho de que eran falsas las firmas que la Secretaría del Trabajo dio por buenas para desconocer al líder charro minero Napoleón Gómez Urrutia.
Ese es un asunto por el que Fox podría vérselas también ante un juez penal, ya que la falsificación de esos documentos y el manipuleo de la tragedia en la mina Pasta de Conchos desataron una crisis política dentro del sindicato minero y ésta produjo muertos en Michoacán, muertos que reclaman justicia. Sin embargo, el propio jueves, Marta Sahagún se refirió a su marido como "el presidente Fox", en señal del nulo respeto que le merece Calderón. Y entonces que a la PGR se le pierde el expediente del otro líder minero para que se vea quién manda en este país.
A los empresarios, mientras tanto, estos dimes y diretes no sólo no les quitan el sueño sino que les endulzan aun más la vida. Si Calderón los exhibió como estafadores del fisco para moverle el tapete a Fox, al día siguiente les condonó el pago de 80 por ciento de lo que debían por los impuestos de 2005 y ahora está por verse cuánto les rebajará el adeudo de 2006.
Mientras tanto, en una decisión destinada tal vez a establecer cierto equilibrio entre esos empresarios y el Poder Ejecutivo, Calderón nombró como director de Canal 22 al escritor de derecha Jorge Volpi. El pasado miércoles, en entrevista con Mónica Mateos para La Jornada, Volpi no dijo, pero dio a entender, que meterá en cintura precisamente a los hombres de negocios que hicieron posible el fraude electoral de 2006.
Sin mencionar que en 1997 los hermanos Roberto y Lorenzo Servitje iniciaron el naufragio económico de Canal 40 al retirarle la publicidad de Bimbo en represalia porque esa emisora difundió graves acusaciones de pederastia contra el padre Marcial Maciel, Volpi dijo que hará del 22 una "empresa exitosa", o sea que gane muuucho dinero, y que para ello dará "precios razonables" a sus anunciantes, entre los cuales, añadió, hay "nuevos clientes que jamás se habían visto en un canal cultural: Wal-Mart, La Costeña, Alpura, Bimbo, pero no anunciando gansitos sino panes integrales, ¿eh?", palabras estas últimas que sembraron el desconcierto, porque hasta donde se sabe Alpura vende leche y La Costeña chiles enlatados.
A todo esto, al comentar el descrédito absoluto en que se ha hundido el titular de la CNDH (Coloquial Negación de los Derechos Humanos), José Luis Soberanes, un lector que pide no ser identificado plantea: "No se necesita ser médico para saber que algunas enfermedades son más graves que otras, por ejemplo que el sarampión es peor que la gripa o el cáncer peor que la gastritis. Yo creo que cuando Calderón informó que la señora de Zongolica murió de 'gastritis crónica no atendida' dijo lo primero que se le vino a la mente. Si hubiera sabido que tenía cáncer se hubiera fijado más en eso que en la gastritis. Por eso opino que la autopsia de la CNDH se hizo después de que empezó el escándalo y Soberanes está mintiendo. ¿Por qué en el gobierno ya no se habla de ese cáncer de hígado?"
De nuevo, cateos y represión en Oaxaca
Vender Pemex ya, urge el FMI al PRIAN
Calderón amaga a Fox, Marta responde
Ayer, minutos después de la una de la tarde, una pick up se detuvo ante el parque Juárez de Oaxaca. De ella bajaron siete uniformados de la policía preventiva estatal, arma- dos con rifles de asalto. Sin preámbulos, rodearon, encañonando, a David Venegas Reyes, de 27 años, militante activo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, lo subieron al vehículo a golpes y se lo llevaron sin orden de aprehensión. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Con él se encontraba en esos momentos el abogado Isaac Torres Carmona, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), quien trató de anotar los datos de la camioneta cuando uno de los policías le dijo, burlándose: "No trae placas, pendejo, y no le rasques porque sigues tú".
A pesar de la amenaza, Torres Carmona acudió al juzgado correspondiente a solicitar un amparo en favor del activista y exigir su inmediata liberación. Al denunciar los hechos ante la prensa, la Limedh aseguró que la entidad sufre una nueva escalada represiva por parte del gobierno de Ulises Ruiz, cuyos pistoleros otra vez andan sueltos: "Desde hace días, elementos de civil hacen cateos a casas particulares con el pretexto de que buscan explosivos".
Ruiz vuelve a la carga, por lo visto, fortalecido por las palabras de un alto representante de la Secretaría de Gobernación, quien la semana pasada dijo que el de aquella entidad es "un conflicto que no le compete al ámbito federal". Eso, en castellano, significa que el asesino serial de Oaxaca podrá seguir secuestrando y torturando a quien desee, mientras en el Congreso el PRI, su partido, se mantenga en alianza con el PAN para sacar, en fast track, las reformas "estratégicas" que faltan.
Pero en inglés, de acuerdo con un diccionario bilingüe, fast track puede traducirse como "el camino más corto al abismo" si la expresión se aplica a la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que el Fondo Monetario Internacional acaba de exigir tronando los dedos, luego de sugerir que el "gobierno" de México aproveche, para llevarla a cabo, el "marco político" que permitió la "rápida modificación del régimen pensionario de los trabajadores", o sea, la entrega de los ahorros de los jubilados del ISSSTE a la mafia de Elba Esther Gordillo gracias al voto de los senadores y diputados del PRIAN.
La "visionaria" recomendación -que confiere a su autor la grandeza del ratero que se queda echando aguas ("apúrense cabrones") mientras sus colegas desvalijan a la víctima en un callejón oscuro- fue formulada anteayer en Washington por Rodrigo Rato, director-gerente del FMI, que de 1996 a 2004 fue ministro de Hacienda del gobierno ultraderechista de José María Aznar, quien como bien se sabe apoyó y sigue apoyando a Calderón para que éste ponga las escrituras de Pemex a nombre de la petrolera ibérica Repsol.
Rato, que en su país de origen ha sido acusado varias veces de "rata", dijo también que nuestra economía necesita una reforma fiscal para mejorar "el entorno de (algunos) empresarios mexicanos", los cuales, como es notorio, están insatisfechos después de haberse quedado sólo con 105 mil millones de pesos por concepto de impuestos no pagados al fisco en 2006.
En este contexto, los escandalosos "descubrimientos" de la Auditoría Superior de la Federación -dados a conocer en las últimas dos semanas para insinuar que Vicente Fox podría enfrentar acusaciones penales por haber permitido que los empresarios le escatimaran a la Secretaría de Hacienda varios miles de millones de pesos-, ya sacaron de su rancho al destinatario de esos mensajes.
El mismo jueves, mientras Rato pontificaba en Washington, Fox llegó a la ciudad de León en compañía de su resplandeciente esposa y de enormes cajas de Kellogs con el emblema de la fundación Vamos México para alimentar a los pobres. Fue, en apariencia, su respuesta a Calderón para anunciarle quizá que volverá a opinar sobre las elecciones de 2006 porque no le está gustando eso de que salgan a relucir tanto las cifras de los impuestos no cobrados, como el hecho de que eran falsas las firmas que la Secretaría del Trabajo dio por buenas para desconocer al líder charro minero Napoleón Gómez Urrutia.
Ese es un asunto por el que Fox podría vérselas también ante un juez penal, ya que la falsificación de esos documentos y el manipuleo de la tragedia en la mina Pasta de Conchos desataron una crisis política dentro del sindicato minero y ésta produjo muertos en Michoacán, muertos que reclaman justicia. Sin embargo, el propio jueves, Marta Sahagún se refirió a su marido como "el presidente Fox", en señal del nulo respeto que le merece Calderón. Y entonces que a la PGR se le pierde el expediente del otro líder minero para que se vea quién manda en este país.
A los empresarios, mientras tanto, estos dimes y diretes no sólo no les quitan el sueño sino que les endulzan aun más la vida. Si Calderón los exhibió como estafadores del fisco para moverle el tapete a Fox, al día siguiente les condonó el pago de 80 por ciento de lo que debían por los impuestos de 2005 y ahora está por verse cuánto les rebajará el adeudo de 2006.
Mientras tanto, en una decisión destinada tal vez a establecer cierto equilibrio entre esos empresarios y el Poder Ejecutivo, Calderón nombró como director de Canal 22 al escritor de derecha Jorge Volpi. El pasado miércoles, en entrevista con Mónica Mateos para La Jornada, Volpi no dijo, pero dio a entender, que meterá en cintura precisamente a los hombres de negocios que hicieron posible el fraude electoral de 2006.
Sin mencionar que en 1997 los hermanos Roberto y Lorenzo Servitje iniciaron el naufragio económico de Canal 40 al retirarle la publicidad de Bimbo en represalia porque esa emisora difundió graves acusaciones de pederastia contra el padre Marcial Maciel, Volpi dijo que hará del 22 una "empresa exitosa", o sea que gane muuucho dinero, y que para ello dará "precios razonables" a sus anunciantes, entre los cuales, añadió, hay "nuevos clientes que jamás se habían visto en un canal cultural: Wal-Mart, La Costeña, Alpura, Bimbo, pero no anunciando gansitos sino panes integrales, ¿eh?", palabras estas últimas que sembraron el desconcierto, porque hasta donde se sabe Alpura vende leche y La Costeña chiles enlatados.
A todo esto, al comentar el descrédito absoluto en que se ha hundido el titular de la CNDH (Coloquial Negación de los Derechos Humanos), José Luis Soberanes, un lector que pide no ser identificado plantea: "No se necesita ser médico para saber que algunas enfermedades son más graves que otras, por ejemplo que el sarampión es peor que la gripa o el cáncer peor que la gastritis. Yo creo que cuando Calderón informó que la señora de Zongolica murió de 'gastritis crónica no atendida' dijo lo primero que se le vino a la mente. Si hubiera sabido que tenía cáncer se hubiera fijado más en eso que en la gastritis. Por eso opino que la autopsia de la CNDH se hizo después de que empezó el escándalo y Soberanes está mintiendo. ¿Por qué en el gobierno ya no se habla de ese cáncer de hígado?"
El retroceso del Estado laico
Editorial
En el debate sobre la despenalización del aborto, la jerarquía católica mantiene una postura que puede considerarse intolerante y ha lanzado ataques verbales contra los simpatizantes de esta medida, lo que podría calificarse de guerra sucia si se atiende a los más recientes episodios de confrontación política en el país. No obstante, para la Secretaría de Gobernación (SG) esta intromisión del clero en temas políticos es tan sólo un "ejercicio de derechos (...) en un régimen democrático", afirmación que avala las reiteradas agresiones del Episcopado Mexicano contra el principio del Estado laico, pese a que el artículo 130 constitucional establece que "los ministros no podrán asociarse con fines políticos (...) Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones".
Ayer viernes, el subsecretario de Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar Adame, respondió a la denuncia presentada por el partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera por presunta violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al considerar que el prelado atacó a los partidos que apoyan la despenalización. Dijo que la prohibición que figura en dicha ley sobre el proselitismo de los ministros de culto sólo se aplica "en lo que se refiere a procesos electorales", por lo que "no hay un atentado contra las instituciones".
Esta apreciación choca frontalmente con los hechos registrados en el último mes, periodo en el cual los obispos han calificado al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard -quien respalda la iniciativa-, de "hipócrita", "antidemocrático" y "radical". Los prelados también han lanzado desde el púlpito agresiones verbales contra los partidarios de la medida y exhortos a oponerse a ella. Además, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha denunciado que el Vaticano envió al cardenal Alfonso López Trujillo para presionar a las autoridades sobre este tema y que el arzobispado ha colocado mensajes en su página web llamando a la gente a no votar por el PRD y el Partido Revolucionario Institucional por apoyar la despenalización, entre otras irregularidades. Esta intromisión en la esfera política ha provocado una grave polarización del debate y una peligrosa radicalización de las posturas. Prueba de ello son las amenazas de muerte recibidas por la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Pero el avance del clero en detrimento del Estado laico no es un fenómeno nuevo, como lo demuestran las escuelas confesionales que existen en el país. El reciente caso del internado Villa de las Niñas ilustra cómo se atenta contra los principios de educación laica mediante una excesiva disciplina religiosa, a la vez que se daña a los estudiantes. Cabe señalar que las internas de esta escuela obtuvieron pobres resultados en la prueba Enlace, que mide los conocimientos de los alumnos en español y matemáticas.
Es lamentable que la Iglesia se permita lesionar con impunidad la laicidad del Estado, uno de los puntales del México moderno y garante del principio de división entre clero y gobierno.
En el debate sobre la despenalización del aborto, la jerarquía católica mantiene una postura que puede considerarse intolerante y ha lanzado ataques verbales contra los simpatizantes de esta medida, lo que podría calificarse de guerra sucia si se atiende a los más recientes episodios de confrontación política en el país. No obstante, para la Secretaría de Gobernación (SG) esta intromisión del clero en temas políticos es tan sólo un "ejercicio de derechos (...) en un régimen democrático", afirmación que avala las reiteradas agresiones del Episcopado Mexicano contra el principio del Estado laico, pese a que el artículo 130 constitucional establece que "los ministros no podrán asociarse con fines políticos (...) Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones".
Ayer viernes, el subsecretario de Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar Adame, respondió a la denuncia presentada por el partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera por presunta violación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al considerar que el prelado atacó a los partidos que apoyan la despenalización. Dijo que la prohibición que figura en dicha ley sobre el proselitismo de los ministros de culto sólo se aplica "en lo que se refiere a procesos electorales", por lo que "no hay un atentado contra las instituciones".
Esta apreciación choca frontalmente con los hechos registrados en el último mes, periodo en el cual los obispos han calificado al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard -quien respalda la iniciativa-, de "hipócrita", "antidemocrático" y "radical". Los prelados también han lanzado desde el púlpito agresiones verbales contra los partidarios de la medida y exhortos a oponerse a ella. Además, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha denunciado que el Vaticano envió al cardenal Alfonso López Trujillo para presionar a las autoridades sobre este tema y que el arzobispado ha colocado mensajes en su página web llamando a la gente a no votar por el PRD y el Partido Revolucionario Institucional por apoyar la despenalización, entre otras irregularidades. Esta intromisión en la esfera política ha provocado una grave polarización del debate y una peligrosa radicalización de las posturas. Prueba de ello son las amenazas de muerte recibidas por la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Pero el avance del clero en detrimento del Estado laico no es un fenómeno nuevo, como lo demuestran las escuelas confesionales que existen en el país. El reciente caso del internado Villa de las Niñas ilustra cómo se atenta contra los principios de educación laica mediante una excesiva disciplina religiosa, a la vez que se daña a los estudiantes. Cabe señalar que las internas de esta escuela obtuvieron pobres resultados en la prueba Enlace, que mide los conocimientos de los alumnos en español y matemáticas.
Es lamentable que la Iglesia se permita lesionar con impunidad la laicidad del Estado, uno de los puntales del México moderno y garante del principio de división entre clero y gobierno.
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