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martes, noviembre 23, 2010
Chávez anuncia acto en Parlamento contra amenazas de ultraderecha latinoamericana a ALBA
Focos rojos en Sedena ante posible intervención de EU
Militares en activo, generales y coroneles –que ocupan cargos operativos en el Ejército Mexicano– manifiestan su preocupación ante la posible intervención militar de Estados Unidos en México. Se muestran frustrados por la política de Felipe Calderón, obsequiosa ante los duros del Pentágono, y advierten que se construye el “escenario” para el ingreso de tropas estadunidenses a territorio nacional. Señalan que una parte del caos y la violencia en ciudades mexicanas es inducida desde el exterior con la anuencia del gobierno federal. Especialistas en seguridad nacional coinciden en que se generan las condiciones que justifiquen una “cooperación más estrecha” en el plano militar entre ambos países.
El pasado 18 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como “superpotencia” a las bandas del narcotráfico que operan en México. El hecho apenas mereció unas líneas en páginas interiores de algunos medios impresos. Pero militares de la Segunda Sección del Ejército Mexicano (encargada de las labores de inteligencia) terminaron por desesperarse: observan como inminente la llegada de tropas estadunidenses al país, una demanda de los sectores castrenses más duros de la Defensa Nacional de Estados Unidos.
“Institucionales”, acostumbrados a callar sus diferencias con los civiles y renuentes a comentar las discrepancias al interior de las Fuerzas Armadas, esta vez los militares prefieren hablar. Señalan que parte de la violencia que se ha desatado en las últimas semanas podría ser “inducida”. Y acusan al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa de preparar el “escenario” para una intervención estadunidense abierta.
Aseguran contar con información de que los atentados con carros bomba (uno realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 16 de julio, y dos más en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 26 de agosto de 2010) pudieron no ser obra de las bandas de narcotraficantes. Incluso, es probable que no hayan sido realizados por mexicanos.“No es el modus operandi de los cárteles ni de los grupos armados con reivindicaciones políticas”, dice uno de los divisionarios que solicita mantener bajo reserva su identidad. Agrega que en círculos castrenses existe inquietud ante la desestabilización del país y las acciones del gobierno federal que, más que contenerla, parecen propiciarla.
Las declaraciones a Contralínea de militares en activo del Ejército son válvulas de escape y señales de lo que ocurre en el ámbito castrense. A decir de Guillermo Garduño –especialista en Fuerzas Armadas e investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional–, los militares están desesperados porque los comanda un grupo de civiles que “ni idea tiene de lo que son las Fuerzas Armadas”. México no ha creado una elite civil que conozca al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México ni a la Fuerza Aérea.
De acuerdo con los generales y coroneles que solicitan no revelar sus nombres, la supuesta “estrategia” para permitir el ingreso de tropas estadunidenses a territorio mexicano con los menores costos sociales contaría con dos vertientes: al interior, donde se buscaría que la propia sociedad mexicana demande más “seguridad” sin importar el origen de la “ayuda”; y al exterior, en el que los países consideren que la intervención sería “humanitaria”, ante bandas criminales que han superado al Estado mexicano.
Las presiones, en ascenso
En el estudio La globalización del delito: evaluación de la amenaza del crimen organizado trasnacional, presentado el pasado 18 de julio, la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito señala que la “superpotencia” mundial de criminales organizados “ha generado una guerra por territorios y nuevas rutas entre bandas de traficantes, particularmente en México”.
Ya antes, el informe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aprobado para su publicación el 25 de noviembre de 2008 y dado a conocer en enero de 2009, Joint Operating Environment. Challenges and implications for the future Joint Force (JOE) –título cuya traducción sería Contexto de la Operación Conjunta. Desafíos e implicaciones para el futuro de las operaciones de las Fuerzas Conjuntas– advirtió que el Estado mexicano podría ser incapaz de mantener la estabilidad en los próximos años. Y colocó al país como un Estado fallido con características similares a Afganistán. En el mismo documento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “recuerda” que “un México inestable podría representar un problema de seguridad de enormes proporciones” para ese país.
Las presiones estadunidenses fueron subiendo de tono y de número. El 10 de marzo de 2009, el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, señaló que México no controlaba todo su territorio. Para julio de ese mismo año, el informe La narcoinsurgencia de México y la política antidrogas de Estados Unidos –del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército, dependiente del Pentágono– planteó que México vivía “una transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”. Además, el 17 de ese mes Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, declaró que el Ejército Mexicano había fracasado en su lucha contra el narcotráfico en la fronteriza Ciudad Juárez.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de este 2010, el discurso de las autoridades estadunidenses y de la ONU ha sido cada vez más contundente: México es incapaz de controlar a las bandas del narcotráfico y su ineficiencia es una amenaza a la seguridad de varias regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos.
“Todo se va acomodando”
Ya antes, el informe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aprobado para su publicación el 25 de noviembre de 2008 y dado a conocer en enero de 2009, Joint Operating Environment. Challenges and implications for the future Joint Force (JOE) –título cuya traducción sería Contexto de la Operación Conjunta. Desafíos e implicaciones para el futuro de las operaciones de las Fuerzas Conjuntas– advirtió que el Estado mexicano podría ser incapaz de mantener la estabilidad en los próximos años. Y colocó al país como un Estado fallido con características similares a Afganistán. En el mismo documento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “recuerda” que “un México inestable podría representar un problema de seguridad de enormes proporciones” para ese país.
Las presiones estadunidenses fueron subiendo de tono y de número. El 10 de marzo de 2009, el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, señaló que México no controlaba todo su territorio. Para julio de ese mismo año, el informe La narcoinsurgencia de México y la política antidrogas de Estados Unidos –del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército, dependiente del Pentágono– planteó que México vivía “una transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”. Además, el 17 de ese mes Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, declaró que el Ejército Mexicano había fracasado en su lucha contra el narcotráfico en la fronteriza Ciudad Juárez.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de este 2010, el discurso de las autoridades estadunidenses y de la ONU ha sido cada vez más contundente: México es incapaz de controlar a las bandas del narcotráfico y su ineficiencia es una amenaza a la seguridad de varias regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos.
“Todo se va acomodando”
El embajador Henry A Crumpton, exoficial de operaciones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia y excoordinador de la lucha contra el terrorismo en el Departamento de Estado, aseguró que México vive una “narcoinsurgencia”. A principios de septiembre pasado, en una entrevista con Wall Street Journal, Crumpton reconoció que ese concepto es “particularmente incendiario” para los mexicanos por su temor histórico a que el ejército de Estados Unidos se ponga al frente de la lucha antinarcóticos.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, retomó el concepto vertido por Crumpton y, el 8 de septiembre, agregó que México “se está pareciendo más a como se veía Colombia hace 20 años”. En esa misma declaración, defendió el Plan Colombia, del que, aseguró, sí dio resultados en la lucha contra el narcotráfico.
“Todo se va acomodando”, dice a Contralínea un general que solicita mantener bajo reserva su nombre. Llamar “superpotencia” al narcotráfico es considerar que las Fuerzas Armadas de México no son suficientes para combatir a una “amenaza mundial”. El “peligro” de una intervención es real, agrega.
En efecto, oficiales estadunidenses consultados por Wall Street Journal explicaron que “el gobierno mexicano parece estar cada vez más abierto a una mayor cooperación, debido a que la situación de seguridad está empeorando”. En declaraciones publicadas el mismo 10 de septiembre, el embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, dijo: “Hemos alentado a Estados Unidos a mejorar y profundizar la cooperación con México”.
A los agentes de la Oficina Binacional de Inteligencia –establecida en agosto pasado y anunciada en marzo de este año, luego de las reuniones de “alto nivel” celebradas en México entre la plana mayor de seguridad nacional de Estados Unidos y sus pares mexicanos– se suman los “Cuerpos de Paz”.
Tan sólo durante la semana del 7 de noviembre llegaron 39 “voluntarios”, como informó la embajada estadunidense en México. Estos nuevos voluntarios se integran a trabajos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.
Previamente, a lo largo del año, habían llegado 33, que estarían integrados a la propia Semarnat en programas de manejo de áreas protegidas, ecoturismo, educación ambiental y desarrollo de negocios sostenibles; y 12 más, en los programas del Conacyt en transferencia tecnológica, tecnologías de la información, desarrollo de negocios y organizaciones y enseñanza del idioma inglés.
La intervención blanda Especialistas consideran que, como nunca desde la Revolución Mexicana, el país se encuentra al borde de una intervención militar estadunidense. Coinciden en que mientras más desestabilizado se encuentre el país, mayores serán las posibilidades de que marines “colaboren” en territorio mexicano.
“Ése [el de la intervención] es el tema en los círculos de la inteligencia en México”, señala Abelardo Rodríguez Sumano, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara.
El especialista en temas de seguridad nacional de México y Estados Unidos señala que la intervención estadunidense tendría como origen el “vacío” que han dejado las autoridades mexicanas.
“No hay un consenso en el sistema de seguridad nacional en cuanto a la relación con Estados Unidos. Estamos desarticulados en el aspecto de la ‘colaboración’. Hay sectores, como el de la Marina [Armada de México], que la quieren. Y otros, como el del Ejército [Mexicano], que se resisten. Y mientras no haya acuerdo y se generen estos vacíos estratégicos, los estadunidenses los van a ocupar. Ellos sí tienen claro qué quieren respecto de nosotros.”
Para el doctor Guillermo Garduño Valero, la intervención no es un hecho del futuro inmediato: “Ya está ocurriendo”. Agrega que los propios estadunidenses consideran que no son necesarias en este momento las tropas de ellos en el país.
“Se trata de una guerra de ellos; pero que la libran, como la mayoría de ellas, a lo largo de su historia, fuera de su territorio. Ellos ya están aquí. Ya intervienen, pero los que ponen las vidas son los mexicanos”, asegura.
Al final, concede: “Cuando las instituciones mexicanas se agoten, entonces sí tendrán que responder ellos directamente… Y va a ocurrir”.
Para Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, la preocupación de los sectores militares mexicanos ante una posible intervención estadunidense no es nueva. El egresado del Centro de Estudios de la Defensa Nacional, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, explica que después del ataque a las torres gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, la inteligencia militar mexicana advirtió que Estados Unidos querría instalar bases militares en México.
La advertencia habría quedado plasmada en un documento elaborado en 2003: la minuta de la reunión de las dos generaciones de maestría en seguridad nacional que las Fuerzas Armadas mexicanas imparten. Se trataría de la elite castrense egresada del Colegio de la Defensa Nacional (a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional) y la del Centro de Estudios Superiores Navales (a cargo de la Secretaría de Marina).
Para el senador René Arce, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Estados Unidos “siempre ha intervenido en México en cuestiones de inteligencia”. Arce cuestiona: “Ahora sí nos quieren parecer muy patriotas y marcar su línea, cuando lo que les ha molestado [a las Fuerzas Armadas mexicanas] es que les digan que violan los derechos humanos; ése es el problema. La presencia de militares y gente de inteligencia sí existe, pero es discreta”.
Abelardo Rodríguez señala que incluso para el sector militar más duro de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, los marines debieron desplegarse en México desde hace meses.
“Pero históricamente está visto que una vez que Estados Unidos se instala en algún país, es muy difícil que salga”, advierte.
EPR, también en alerta ante posible intervención
La posible intervención estadunidense en México no sólo ha sido advertida por las Fuerzas Armadas Mexicanas, sino también por los grupos guerrilleros. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), considerada la guerrilla con mayor capacidad de fuego en México, señaló que cuando Estados Unidos utiliza los conceptos narcoinsurgencia y narcoguerrilla, está señalando que intervendrá militarmente.
En su órgano de difusión El Insurgente, correspondiente a septiembre y octubre de 2010, el EPR y su organización política, el Partido Democrático Popular Revolucionario, señalan que el “gendarme del mundo” es el que acuña los términos narcoinsurgencia, narcoguerrilla y narcoterrorismo con el fin de intervenir en México, y también con el de relacionar a la lucha de reivindicaciones políticas y sociales con el crimen organizado.
El EPR rechaza que la delincuencia organizada, principalmente los cárteles del narcotráfico, sea “insurgencia”. Equipararlos equivaldría a criminalizar la pobreza. Se trata, asegura, de un ardid de la guerra de baja intensidad diseñada por los militares estadunidenses.
El narcotráfico es una empresa capitalista; nada tiene que ver con la guerrilla en México, concluye el EPR.
Relaciones ocultas entre Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos
Como parte de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México, mandos castrenses mexicanos se han capacitado en instituciones militares estadunidenses desde hace décadas. Con la Iniciativa Mérida, esa relación militar se fortaleció y amplió
Cuando el Ejército y la Marina asumieron la misión de combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, experimentaron una profunda transformación, tanto interna como en sus relaciones con las autoridades civiles y militares de Estados Unidos, afirma el especialista Roderic Camp. Al asumir misiones de seguridad interior, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de la Marina (Semar) fueron obligados a interactuar muy de cerca con las Fuerzas Armadas y agentes de las agencias de seguridad estadunidenses.
Aunque predomina la percepción sobre el carácter “nacionalista” del Ejército y más “liberal” de la Marina, su relación con los institutos armados estadunidenses y con otras agencias de seguridad era, hasta hace poco, “fría pero cordial”. Camp, mexicanólogo del Colegio Claremont McKenna de California, comenta que se trata de “una larga historia de sospecha y desconfianza”.
No obstante ese recelo mutuo, el número de militares mexicanos (especialmente de la Marina) que ha recibido entrenamiento en Estados Unidos en las pasadas dos décadas fue tan significativo que preparó el escenario para el fortalecimiento de los lazos institucionales. Así lo asegura Roderic Camp en su análisisFuerzas Armadas y drogas: percepciones públicas y retos institucionales, publicado en octubre pasado.
Ahí describe que, desde 2006, el Ejército Mexicano colocó a oficiales de enlace en instalaciones militares estadunidenses. Al mismo tiempo, aumentó significativamente la cantidad de oficiales mexicanos que ha recibido capacitación en aquel país.
Para el especialista en Fuerzas Armadas mexicanas, varios elementos contribuyeron a cambiar la naturaleza de la cooperación bilateral civil o militar en seguridad, pero el fundamental fue la Iniciativa Mérida. Entonces aumentó la cooperación bilateral en seguridad y, a la par, proliferaron los lazos institucionales entre militares de las dos naciones y “un gran apoyo público” para aceptar la asistencia estadunidense en la lucha contra el tráfico de drogas.
Camp señala que esos elementos “se combinaron para cambiar profundamente la naturaleza de la cooperación bilateral en seguridad”. Además, dice, el expansivo rol de los militares en seguridad interior genera críticas. Es notable que en la gestión de Calderón Hinojosa aumentaran dramáticamente las denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos.
En 2006, hubo 182 denuncias por ese motivo; en 2009 se incrementaron a 1 mil 500. De acuerdo con el especialista, la mayoría de esas denuncias procede de zonas en las que son altas la presencia militar y la violencia relacionada con las drogas. El analista encontró que sólo 10 militares fueron sentenciados por crímenes contra civiles entre 2000 y 2009, y ninguno recibió sentencia mayor a 12 años de prisión.
Vínculos cercanos
Consecuencia de la creciente participación antidrogas de los soldados mexicanos es la posibilidad de que los militares estadunidenses se involucren en México, advierte Camp, también miembro del Programa México del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, DC.
Desde la década de 1990, la relación entre las Fuerzas Armadas estadunidenses y las mexicanas había sido cordial pero formal. Los cuerpos castrenses mexicanos nunca han colaborado con el liderazgo militar estadunidense para extenderse en la región, aunque comparten intereses de seguridad similares.
Ese patrón se atribuye a la histórica relación entre los dos países y al éxito de los militares en mantener su autonomía interna de la intervención política y civil. Hasta ahora, las Fuerzas Armadas sostienen una postura cercana, “incluso secreta”, aunque en el pasado la fuente primaria de colaboración se limitó a la experiencia de los numerosos oficiales mexicanos entrenados en Estados Unidos.
Roderic Camp constató que el número de personal capacitado fue elevado durante muchas décadas. Cita, como ejemplo, que el oficial mayor del secretariado de la Defensa Nacional (en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari) ocupaba la tercera posición y recibió entrenamiento adicional en recopilación de inteligencia, contrainsurgencia y guerra sicológica en Estados Unidos.
A mediados de 1990, Estados Unidos comenzó a entrenar a unos 1 mil oficiales mexicanos y más de una docena de elementos básicos en tácticas de intercepción de drogas. La Agencia Central de Inteligencia impartió cursos extensivos de inteligencia para unos 90 oficiales mexicanos que formaron la nueva fuerza antidrogas.
A fines del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, los soldados y oficiales mexicanos representaban el 34 por ciento de todo el personal que fue capacitado en la antigua Escuela de las Américas del Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental, en Fort Benning, Georgia.
En la base de la Fuerza Aérea de Lackland, los mexicanos constituían el 30 por ciento del personal entrenado en esa instalación, según el artículo de Stanley Meisler publicado en The Washington Post (15 de julio de 1998). Ese autor describe que las estadísticas sobre la capacitación de mexicanos por estadunidenses revelan una “sorprendente y cercana” relación entre los dos sistemas militares.
Entre 1961 y 1998, estudiaron en la antigua Escuela de las Américas 1 mil 327 oficiales mexicanos. Existen antecedentes de cursos de corta duración desde 1956 –entre cuatro y ocho semanas?. Según Camp, los soldados mexicanos y de otros países de América Latina eran entrenados “por docenas” en bases y programas militares de Estados Unidos, no sólo en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
Los vínculos personales más fuertes se establecieron entre William Perry, secretario de la Defensa estadunidense y su contraparte mexicano, el general Enrique Cervantes Aguirre, entre 1995 y 1997. El hecho de que la mayoría de los niveles más altos en el Departamento de la Defensa de Estados Unidos sea civil niega los vínculos que podrían ocurrir durante el entrenamiento militar.
Así lo describe Craig A Deare en su análisisRelaciones de defensa EU-México: una interfase incompatible (Foro Estratégico número 243, julio 2009).
Más de 1 mil 900 mexicanos fueron entrenados en Estados Unidos durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, según el documentoBorrando las líneas. Tendencias en los programas militares de Estados Unidos con América Latina, de la Oficina de Washington sobre América Latina (2004).
Desde 2000 hasta fines de 2009, estudiaron en Estados Unidos 1 mil 76 elementos del Ejército y la Fuerza Área; 68 por ciento de ellos viajó y se capacitó durante la administración de Fox. Las cifras cambiaron en el gobierno de Calderón y fueron al alza con un promedio anual de 76.
En 2005, la Marina informó que 82 de sus elementos habían estudiado en el extranjero, confirmando el amplio y desproporcionado radio de estudios extranjeros entre los dos servicios: con la Armada, que tiene un promedio de cuatro veces más que los del Ejército.
Camp refiere que, entre 1965 y 1985, México alojó a 225 militares de diferentes países. La mayoría de ellos (46) estudió en el Heroico Colegio Militar; 45, en la Escuela Superior de Guerra, y 63, en la Escuela Médico Militar. Casi todos los estudiantes extranjeros provenían de Centroamérica, además de un puñado de elementos de El Caribe y de los países andinos.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información pública 00007001408089, del 26 de octubre de 2009, en ese recuento figuran 17 estadunidenses y dos coreanos que asistieron a la Escuela Superior de Guerra.
El símbolo más pronunciado de esa “indirecta y potencial influencia estadunidense” es el secretario de la Defensa en el gobierno de Vicente Fox, el general Clemente Vega. Él se graduó en el curso de contrainsurgencia en Fort Gulick, situado en la zona del Canal en Panamá, y es un militar experto en seguridad nacional, autor de un manual de seguridad sobre el tema utilizado en la Escuela Superior de Guerra.
Vega recibió entrenamiento “de y en contacto con oficiales del Ejército estadunidense”, aunque esto no produjo cambios significativos en la relación entre las dos Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fox.
Refiere Roderic Camp que en la entrevista que sostuvo en febrero de 2004 con el general Clemente Vega, “me informó personalmente que sintió que su cooperación con el ejército de Estados Unidos había mejorado, comparado con lo que hizo su predecesor, cuando se pensó que México no estaba interesado en participar activamente en el Comando Norte.
El Ejército canadiense informó las mismas dificultades a fines de 2006 en el desarrollo de vínculos más cercanos con militares mexicanos.
La Marina, más liberal
Algunos de los asignados de Calderón, y sus colaboradores más influyentes, ofrecieron similares puntos de contacto sobre la posibilidad de aumentar la colaboración entre las Fuerzas Armadas de los dos países. El presidente nombró al almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza como su nuevo secretario de la Marina.
El secretario de la Marina de Calderón Hinojosa permaneció más de un año en Estados Unidos, donde sirvió como asistente naval agregado a la embajada mexicana en Washington, DC. Durante ese tiempo, concluyó el curso en defensa intercontinental. El almirante Saynez también tiene un dominio del idioma inglés.
Sin dar el nombre del oficial, Roderic Camp describe que el actual asistente del secretario de Marina ?que previamente fue el oficial mayor entre 2006 y 2008? también fue asistente naval agregado en Washington, DC. Finalmente, apunta que el actual oficial mayor, almirante Moisés Gómez Cabrera, exjefe de la Inteligencia Naval y el oficial más condecorado de la Marina en 2008, habla un inglés fluido y estudió el currículum marítimo internacional en el Colegio de Guerra Naval en Estados Unidos.
Explica el especialista que “los avances más significativos en la colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países han ocurrido entre las marinas”, por lo que no es accidental que “los tres más altos administradores navales compartan estas tres experiencias curriculares”.
Camp cita la solicitud de información pública gubernamental 0001300001406, del 24 de febrero de 2006, que contiene una lista detallada de intercambios académicos “regulares, pero dinámicos”, que mantuvo la Armada con varios países.
La información que se intercambia entre la 4 Flota en Mayport, Florida, y la Secretaría de Marina es “excelente”. Roderic Camp afirma que la Marina mexicana activó “otra nueva posición” en Norfolk con el Comando de las Fuerzas Navales.
Cita que sus fuentes le informan de una creciente cooperación entre la Guardia Costera estadunidense y la Marina mexicana, que se evidencia en los recientes decomisos a narcotraficantes de barcos y minisubmarinos en aguas mexicanas.
De hecho, el oficial de enlace de la Marina mexicana en el Comando Norte (asignado en 2007) mencionó que trabajaba cercano al guardacostas estadunidense para desarrollar sus propias escuelas de búsqueda y rescate. También, el jefe de Staff de la Marina mexicana informó que “estaba feliz” con el nivel de inteligencia que se compartía en tiempo real con la Guardia Costera estadunidense.
Otras fuentes ven más intensa la cooperación a futuro entre las Armadas mexicana y estadunidense por el tráfico (de personas y drogas) en aguas internacionales. Ahí destaca que la Marina mexicana participó en los ejercicios Unitas Gold 2009 en abril y mayo de ese año.
La capacitación en el extranjero de las Fuerzas Armadas mexicanas no se limita a Estados Unidos. Personal mexicano ha estudiado en otros 28 países: en 2000, viajaron a Rusia 37 elementos militares para recibir capacitación; en 2003 estudiaron en Francia 23 elementos, y en 2004 estudiaron 16 oficiales en Suecia.
En 2007, estudiaron 15 en Colombia. “Grandes contingentes han ido a diferentes países”, como ocurrió en 2008 cuando 32 oficiales estudiaron en Alemania y 14 más, en Israel, durante 2009. Contrario a ciertas afirmaciones, sólo algunos han estudiado en Guatemala (20, en nueve años), según la respuesta a la solicitud de información pública gubernamental 0000700168209, del 19 de noviembre de 2009.
De 2006 a 2010
Roderic Camp apunta que, en contraste con el fogueo internacional de la Marina, el más alto cargo de la Defensa del presidente Felipe Calderón es el general Guillermo Galván Galván. Este militar, salvo por su asignación como agregado militar en España, nunca ha servido o recibido entrenamiento en el exterior.
Galván fue el primer asistente del secretario de la Defensa Nacional en recibir ese puesto desde 1945. Ésta fue la primera vez en medio siglo que alguien que tuvo ese cargo se convirtió en secretario de la Defensa; además, Galván fue tutelado por el general Vega y, aunque tuvo más experiencia como comandante de tropa en el terreno que su antiguo jefe, también dirigió el sistema universitario militar, como su mentor.
Galván era general de División en el Ejército y, al mismo tiempo, comandó siete zonas y regiones entre 1988 y 2002. Su actual asistente secretario también sirvió en un país de habla hispana (Argentina) y no tiene experiencia en Estados Unidos.
Entre los cinco generales que han ocupado los puestos más altos de la Sedena desde diciembre de 2006, destaca Tomás Ángeles Dauahare, que fue agregado de la Defensa Militar y Aéreo en la embajada de México en Estados Unidos. Salvo esa excepción, los otros líderes de la Sedena, junto con el secretario, se jactan de haber hecho su extensa carrera como comandantes de tropa y no como administradores.
Afirma Camp, autor del estudio Fuerzas Armadas y drogas: percepciones públicas y retos institucionales, que tanto los oficiales del Pentágono como los del Comando Norte han confirmado que existe una creciente cooperación entre los militares de ambos países.
Señala que algunas de sus fuentes informaron de un “dramático cambio” hacia una mayor apertura en el secretariado de la Defensa Nacional; eso, creen, ha facilitado la nueva cooperación. Otras fuentes también informan de un “colosal aumento” en interacciones entre los militares de México y Canadá, que complementa lo que sucede entre Estados Unidos y México.
La reflexión más significativa en esa colaboración es el reciente aumento en la capacitación de militares mexicanos en Estados Unidos. Dice Camp: “Todas las fuentes con las que me comuniqué en ambos lados de la frontera coincidieron en que estos crecientes programas de capacitación han contribuido a mejorar la relación”.
Desde 2006, la cantidad de oficiales mexicanos en escuelas estadunidenses ha aumentado notablemente. Los mexicanos tienen a la mayoría de oficiales en el Departamento de Defensa entre los asistentes latinoamericanos. Una fuente informó a Camp que ese número de tenientes y coroneles que asisten a la Escuela Naval de Posgraduados era impensable apenas hace unos años.
Describe Roderic Camp que, en julio de 2009, el Ejército Mexicano asignó a un oficial en el Comando Norte, además de que el general Galván visitó el cuartel de ese mando y sostuvo una reunión con el secretario de Defensa Robert Gates.
El pronunciado énfasis en la misión antidrogas de los militares durante el gobierno de Felipe Calderón aumentó los puntos de contacto entre los dos ejércitos. Institucionalmente, al entrar en vigor la Iniciativa Mérida –que incluye mayor capacitación como parte de los fondos que aporta esa estrategia?, mejoraron los contactos castrenses de ambos países.
Las fuentes creen que es demasiado pronto para afirmar si el diálogo entre la Sedena y el Pentágono producirá esos resultados. Camp señala que el secretario de la Marina manifestó su desacuerdo con los apoyos de la Iniciativa Mérida a principios de 2009 cuando dijo que no quería una pequeña flota de aviones en la segunda fase del programa, sino más helicópteros.
El futuro de la relación entre las Fuerzas Armadas mexicanas y estadunidenses no puede pensarse sin el resultado, cuando menos formal, de la Iniciativa Mérida, concluye Roderic Camp en esta investigación.
EU-México: entre la cooperación y la injerencia
El trabajo de la Comisión Binacional Estados Unidos-México y el conjunto de mecanismos de cooperación en temas fronterizos, sanitarios, ambientalistas y de alcance educativo salen a la luz por la información que hace pública la propia sede diplomática de aquel país en México
La Comisión Binacional Estados Unidos-México (BNC, por sus siglas en inglés) administra la amplia agenda gubernamental entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, comercial, financiera, migratoria, medio ambiente fronterizo, educación y salud. Esa instancia, establecida en 1981, también cobija la presencia y actuación de agentes estadunidenses de distintos niveles y agencias en territorio mexicano.
De acuerdo con la información pública de la embajada estadunidense, la BNC reúne a funcionarios de nivel ministerial y a ejecutivos de otras agencias en “discusiones intensas” de uno o dos días. La prioridad de la BNC son los asuntos sin resolver que dividen a ambos países, y en su seno se discuten posibles soluciones.
Esa fuente cita que tales reuniones conducen a resoluciones y ocasionan “lluvia de ideas” para encabezar programas innovadores, diseñados con el fin de administrar los asuntos en un margen muy amplio de temas fronterizos. Actualmente, describe, la BNC tiene 13 grupos y subgrupos de trabajo. Éstos “reflejan los asuntos políticos, económicos, de aplicación de la ley, sociales y ambientales” que conforman el tejido de las relaciones entre Estados Unidos y México.
Respecto de la forma como opera la Comisión Binacional, el embajador mexicano Benito Andion, representante de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para América del Norte y también responsable de coordinar la Iniciativa Mérida desde la cancillería, precisó que esa instancia “no es un nido de espías”.
El diplomático aludió así a la crítica sobre la falta de información, permanente y clara, sobre los trabajos que coordina ese órgano. Esa precisión tuvo lugar en la participación de Andión en el Seminario Internacional de Seguridad Nacional, Relaciones Cívico Militares y Combate al Crimen Organizado, celebrado en octubre pasado.
En materia de cooperación antidrogas, el gobierno estadunidense afirma, desde su sede en México, que ambos países “continúan trabajando activamente en una variedad de frentes antinarcóticos”. Agrega que un grupo de contacto de alto nivel se reúne, al menos dos veces por año, para supervisar la puesta en marcha de la Estrategia Bilateral de Drogas. Conduce las discusiones en curso el Grupo Plenario de Oficiales Sénior de Aplicación de la Ley.
Destaca que Estados Unidos lleva a cabo “más investigaciones sobre lavado de dinero con México que con cualquier otro país”. Refiere que la cooperación entre la Marina mexicana y la Guardia Costera de Estados Unidos ha resultado en decomisos de “multitoneladas” de narcóticos.
Esto es producto de las acciones del Grupo de Trabajo sobre Intercepciones, establecido en 2000 para intercambiar información sobre drogas. Según la visión estadunidense, sus medidas han “mejorado las comunicaciones y la cooperación”.
Desde 1998, se celebran anualmente conferencias que exigen la reducción en la demanda de narcóticos ilegales entre los ciudadanos estadunidenses. La información que difunde la embajada estadunidense en México sobre mecanismos bilaterales antidrogas afirma que ambos países “han progresado considerablemente” en su cooperación para reducir la demanda.
Existen proyectos financiados por ese gobierno que se destinan a la ciudad de México para “ayudar a los estudiantes universitarios y a los niños de la calle, para evitar la adicción a las drogas” a través de la educación y capacitación. Esa cooperación se formalizó en 1990 a través del Memorándum de entendimiento sobre educación.
La complejidad de la relación bilateral en la frontera promovió que se creara, en 1980, la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, que convoca a los ejecutivos de 10 estados fronterizos.
Según la embajada estadunidense, la agenda de discusión de la Conferencia aborda temas de agricultura, cruces fronterizos, desarrollo económico, educación, medio ambiente, turismo y salud. No esclarece si se abordan, y a qué nivel, los temas sobre tráfico de drogas, armas, personas ni lavado de dinero.
Un mapa para la frontera
El “mapa de los mecanismos e iniciativas bilaterales transfronterizas”, como denomina la representación diplomática estadunidense a ese conjunto de medidas, es un amplio conjunto de rubros temáticos que involucran la participación de diversos actores.
De acuerdo con la versión oficial estadunidense (www.usembassy-mexico.gov/eng/eborder_mechs.html#-),la región fronteriza entre ambos países vincula a no menos de 12 millones de ciudadanos que viven de uno y otro lado de la “línea”, que mantienen una “compleja y vibrante” red de relaciones.
Esos contactos se desarrollan en condados, municipios y ciudades que van desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. También cruzan legalmente esa frontera no menos de 250 millones de personas. Dada esa estrecha vecindad, en años recientes se ha desarrollado una amplia variedad de mecanismos “formales e informales” para administrar los asuntos fronterizos.
Los agentes institucionales de los niveles local, estatal y federal prácticamente conviven todos los días en su trabajo común de “construir la infraestructura necesaria que sostenga el desarrollo del comercio” en ese espacio, además de resolver, en conjunto, los problemas relacionados con la inmigración indocumentada, contrabando de drogas, degradación ambiental y su impacto en la salud y bienestar de los ciudadanos fronterizos.
Los cimientos para “expandir” esa cooperación se construyeron en la primera reunión oficial de los entonces presidentes George Walker Bush y Vicente Fox Quesada en México, en febrero de 2001. El objetivo fue “construir una auténtica sociedad para la prosperidad y trabajar para el desarrollo económico y social de nuestras comunidades fronterizas”.
El mapa de mecanismos bilaterales describe la llamada “cooperación a lo largo de la línea”. Tras el aumento del comercio bilateral, fue necesario construir instalaciones fronterizas: caminos, puentes, cruces de ferrocarril, oficinas de aduanas y migratorias. La información de la embajada afirma que la cooperación binacional es “esencial” y se mantiene por contactos regulares entre agentes de Aduanas y Migración de ambos países. Así se integra la Junta de Trabajo del Comité de Transporte e Infraestructura que sesiona anualmente en el Grupo Binacional sobre Puentes y Cruces Fronterizos.
Se construyeron nuevos puentes sobre el Río Bravo (ellos lo denominan Río Grande) en cuatro locaciones. El más reciente une a los dos Laredos: en Tamaulipas, México, y en Texas, Estados Unidos; el costo se comparte entre ambos países. Se establecieron nuevos puertos de entrada a lo largo de la frontera entre California y Baja California que reducen el tiempo de viaje para los usuarios a través del sistema automático de varios carriles en los cruces más concurridos.
Un grupo de trabajo evalúa la creación de nuevos puertos de ingreso multicarriles cerca de San Diego. Ese grupo, creado bajo los auspicios de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, identifica los pasos específicos que cada país debe emprender para mejorar la eficiencia en las operaciones fronterizas.
Los Mecanismos de Enlace Fronterizos (BLM, por sus siglas en inglés) se desarrollaron para atender los asuntos transfronterizos de carácter local y existen en cada una de las 10 “ciudades hermanas” a lo largo de la frontera.
Los cónsules generales de México y de Estados Unidos dirigen cada reunión de los BLM; a ellas asisten funcionarios federales, estatales y locales. También se les unen empresarios y organizaciones no gubernamentales. Esos mecanismos alimentan una amplia red de relaciones personales entre los funcionarios y agentes locales que les permite atender “crisis de corto plazo” y ayudan a resolver temas de largo plazo.
Según la visión estadunidense, los BLM contribuyen a “calmar la tensión que se relaciona con la migración ilegal”. Agrega la información que, como parte de las ideas que surgen en esas reuniones, los funcionarios federales de ambos países “han ampliado los programas para hacer esa región más segura para los migrantes, residentes y los agentes responsables para protegerlos”.
Los mecanismos bilaterales en materia migratoria son operados a través del grupo de trabajo sobre migración y asuntos laborales que acordaron, en febrero de 2001, los entonces presidentes Bush y Fox. Ese grupo lo dirige el secretario de Estado y su contraparte mexicana, y su tarea consiste en “buscar acercamientos comunes para atender constructivamente” los temas de migración y trabajo.
Sin citar la fecha, la información de la embajada estadunidense indica que México duplicó la dotación de personal de los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración en las zonas “más peligrosas a lo largo de la frontera”, para atender a los migrantes con equipos de vigilancia, búsqueda y rescate.
Refiere que el Servicio Estadunidense de Inmigración y Naturalización también desplegó a “personal adicional y recursos” del lado de su territorio. Afirma que la información pública de campañas que se despliega en la zona fronteriza pone énfasis en los peligros de los cruces ilegales y que se extiende “en el Sur de México y Centroamérica”.
Como la migración ilegal, el problema de la degradación ambiental exige cercana cooperación bilateral, expresa la sede diplomática. El rápido crecimiento y la industrialización de la zona fronteriza acompañan la “seria polución del agua, aire y suelo”. La calidad de vida en las zonas urbanas transfronterizas ha sufrido deterioro y pone en duda la habilidad de la región para sostener un desarrollo futuro.
Pese a tal riesgo, la información que brinda la embajada estadunidense recuerda que la tradición de cooperación transfronteriza en administración ambiental se remonta a más de 50 años y que, en las décadas recientes, ha visto una proliferación de instituciones binacionales.
Ahí se describe el trabajo de la Comisión Internacional Fronteriza y de Agua, establecida por el Tratado de Agua de 1944, que es responsable de la demarcación de los límites territoriales en zonas de agua; también se ha involucrado ampliamente en la planeación y desarrollo de plantas para tratar aguas residuales.
En 1999, la Comisión construyó la planta de tratamiento de aguas en San Diego para las aguas residuales que se originan en Tijuana (diariamente filtra más de 25 millones de galones: 92.5 millones de litros). Informa que comenzó negociaciones para construir una segunda planta en Tijuana.
El Acuerdo de La Paz –firmado en 1983 entre los presidentes Ronald Reagan y Miguel de la Madrid, que incluye el programa de la Frontera del Siglo XXI– estableció un marco de cooperación en temas ambientales que han mantenido los subsecuentes gobiernos de ambos países.
La Agencia de Protección Ambiental estadunidense y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales buscan soluciones para los problemas de contaminación del aire, agua y tierra en la frontera.
El compromiso en el Acuerdo de la Paz lanzó la iniciativa multianual Programa Fronterizo XXI. Su propósito es que todas las entidades federales, estatales y locales de ambos países sean responsables de la administración del medio ambiente y los recursos naturales de la frontera.
El programa pone énfasis en los aportes públicos, la “descentralización de la administración ambiental” y la “mejorada comunicación y cooperación entre funcionarios de todos niveles”.
Agrega el documento que una “innovación particular” fue el esfuerzo por involucrar a las autoridades “tribales” –que representan a los pueblos indios cuyas tierras cruzan la frontera– en el proceso de toma de decisiones.
La Frontera XXI, “que ha alimentado y mejorado el diálogo entre gobiernos y ciudadanos”, se acerca al fin del término de los cinco años que se propuso. El gobierno estadunidense, a través de su embajada en México, afirma que, en ese periodo, se logró desarrollar mecanismos para compartir información sobre sitios potenciales de desechos peligrosos o radioactivos.
Destaca el establecimiento de la Junta del Comité Asesor de Calidad del Aire para remediar la polución del aire relacionada con problemas en la cuenca El Paso-Ciudad Juárez-Condado Doña Ana. Por último, cita el desarrollo de redes de monitoreo de contaminación ambiental en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.
La cooperación transfronteriza en materia ambiental ha logrado el compromiso de ambos gobiernos al “mayor nivel”. La versión pública de este mapa de mecanismos bilaterales hace notar que la planeación por un programa que siga ese camino “está en curso”.
Otro mecanismo ambiental transfronterizo en curso es la Oficina Ambiental del Buen Vecino, que creó la iniciativa para la Ley de las Américas de 1992 y que asesora al Ejecutivo de Estados Unidos en materia ambiental, así como de las necesidades en infraestructura en los estados fronterizos.
En esa Oficina están representadas las agencias estadunidenses estatales fronterizas ambientales y de salud, así como organizaciones del sector privado y no gubernamental. Funciona como una sede de información, análisis e innovación sobre temas fronterizos ambientales, de salud e infraestructura.
Uno de sus principales objetivos es proveer con “tecnologías ambientales” a las agencias mexicanas (que no se describen) y alternativas de recursos para los proyectos ambientales fronterizos. De acuerdo con la embajada estadunidense, esa Oficina trabaja “muy cerca” con el Consejo Nacional Mexicano para el Desarrollo Sostenible.
El aspecto ambiental se contempla igualmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a través del paralelo Acuerdo de América del Norte para la Cooperación Ambiental, que a su vez estableció la Comisión para la Cooperación Ambiental. En 1993, se establecieron dos instituciones más: la Comisión Fronteriza de Cooperación Ambiental y el Banco para el Desarrollo de América del Norte, limitado a tratar cuestiones de alcantarillado y no de desarrollo
Fuente: Contralínea
El Grande, hasta con Calderón convivió
Todo indicaba que, tras su detención, la carrera delictiva de Sergio Villarreal, El Grande, llegaba a su fin, pero el capo supo negociar y hoy es un singular testigo protegido de la PGR. En sus declaraciones ministeriales embarró a cuanto mando pudo, lo que permitió afianzar la Operación Limpieza, estrategia mediante la cual la dependencia intenta terminar con sus agentes corruptos. Lo que se ignora es por qué la titular de la SIEDO, Marisela Morales, se negó a consignar en el expediente los pasajes en los cuales el detenido alude a sus contactos con Felipe Calderón, con otros funcionarios federales y con el senador panista Guillermo Anaya, quien, por cierto, tiene demandado a un reportero de Proceso por “daño moral”.Testigo Estelar
Tras su detención el 12 de septiembre pasado en un fraccionamiento de Puebla, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, el antiguo amo del narcotráfico en la Comarca Lagunera, debuta ahora como testigo estelar de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.
Hoy, El Grande goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.
A cambio de ello, él debía declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.
A la PGR le urgía incorporar a El Grande al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un exagente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la procuraduría.
Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, El Grande aportó datos que comprometían a Zavala Segovia, por lo que el exagente fue reaprehendido. En su testimonio, El Grande aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente “salpicaba” a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.
Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonios sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención. Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de Mateo. Morales Ibáñez declaró que El Grande fue incorporado a ese programa por una orden dictada “desde arriba”.
En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal Angélica Herrera Rivero y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, Mateo reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese día, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó.
Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación: “Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes”. El presidente contestó: “Igualmente”.
Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.
Mateo también habló de las líneas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa María Anaya Llamas, hermana del político panista, y que las familias “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, a pesar de que Elsa María y Adolfo llevan años separados.
La versión de “Mateo”
En su edición 1614, Proceso informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta que se realizó en Torreón, y aclaró que su hermana Elsa María se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.
Sin embargo, Mateo cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde vivía protegido por funcionarios del gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.
El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logística para ejecutar al comisionado de la Policía Federal Preventiva Édgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.
En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado El Perro, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según Mateo, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, El Perro le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.
Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo.
Mateo expuso: ... que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tenía más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe Arturo Beltrán Leyva ordenara su ejecución.
Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal), a quien Arturo (Beltrán) le había hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió pero nunca se comunicó con el cártel... Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.
En otro apartado señaló que otro funcionario que tenía que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policía Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo quería chingar porque recibía dinero por parte de El Chapo Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacería y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del gobierno sólo porque sí, que a los del gobierno que fueran a matar sólo sería porque se les pagara y aún así lastimaran los intereses de la organización.
Los pasos de “El Grande”
Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.
En sus declaraciones, mencionó también que tenía contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solía pasar los cargamentos de droga, así como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.
Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaína, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:
El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional, y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.
La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones.
Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva había traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como El MP, por órdenes de Arturo Beltrán:
A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creía muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: “Ya ves pinche marrano, no que muy cabrón”, posteriormente ordené que lo subieran a un vehículo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de cuerno de chivo en contra de él estando amarrado.
Posteriormente Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tenían relación con El MP o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así se procedió en esos días, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadas… Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, alias El MP, de nombre Clarisa.
Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y La Barbie, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de La Barbie.
En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a La Barbie, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.
Información clasificada
Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.
Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los exagentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.
Según el acuerdo, Villarreal Barragán debía declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.
La funcionaria también le comentó que por “órdenes superiores”, no se tocaría su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.
Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).
En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, El Chaky, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como La Joya, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar, apareció la alcaldesa Rosario Castro. Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaías Castillo Luna, un policía ampliamente conocido por la protección que brindó a El Chaky (Proceso 1496).
Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.
Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR, goza de protección e impunidad del gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla. l
Las componendas Calderón-El Grande
MÉXICO, DF, 22 de noviembre (apro).- En medio de la fastuosa celebración por el bautismo de su hija, el 24 de agosto de 2006, en Torreón, Coahuila, el senador panista Guillermo Anaya Llamas reunió a Felipe Calderón, el padrino, con Sergio Villarreal Barragán, identificado por el gobierno como el principal narcotraficante de la región y miembro del cártel de los Beltrán Leyva.
--Cualquier cosa que se le ofrezca, quedo a sus órdenes --le ofreció El Grande.
--Igualmente --respondió Calderón.
Este encuentro lo narró El Grande ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a raíz de su detención, el 12 de septiembre, en Puebla, y como parte de esas declaraciones ministeriales aseguró también que, entre 2003 y 2005, cuando fue alcalde de Torreón, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.
El narcotraficante confirmó, además, que las familias Anaya y Villarreal “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, y que su hermano Adolfo estuvo casado con Elsa, hermana del senador panista, aunque ya llevan años separados.
En sus declaraciones ante la SIEDO Villarreal Barragán implicó en las redes de corrupción a altos servidores públicos del gobierno de Calderón, entre ellos a Luis Cárdenas Palominos, coordinador de Seguridad Regional y uno de los hombres de confianza de secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Pero resulta que como parte de la componenda para que El Grande se acogiera al programa de testigos protegidos, y evitar que la Operación Limpieza se desbarranque por la falta de pruebas contra mandos policiacos implicados con el narco, la SIEDO archivó las declaraciones ministeriales que detallan las relaciones de éste con Calderón, Anaya Llamas, Cárdenas Palominos y otros servidores públicos.
Conforme al amplio reportaje publicado en el semanario Proceso, bajo la firma de Ricardo Ravelo, Villarreal Barragán hizo un trato con el gobierno de Calderón para revelar las redes de corrupción del cártel de los Beltrán Leyva con funcionarios a cambio de que, “por órdenes superiores”, la Procuraduría General de la República (PGR) le garantizara no sólo su completa impunidad, sino la conservación de su vasto patrimonio.
En efecto, la PGR garantizó a “Mateo”, como se identifica a Villarreal Barragán como testigo protegido, que tendría seguridad para él y su familia, pago de escuela para sus hijos, una mensualidad decorosa y respeto a sus ranchos, vehículos, aviones y diversos negocios.
¿Son creíbles las declaraciones de El Grande sobre la relación con Calderón y Anaya Llamas? Lo son en tanto que han servido, también, para formular acusaciones contra otros servidores públicos. ¿O son válidas sólo para una parte y para otra no?
Esta componenda del gobierno de Calderón con El Grande ilustra, en todo caso, la perversidad del programa de testigos protegidos, cuyos testimonios han servido para procesar a numerosos servidores públicos que, al cabo de un juicio, han resultado exonerados por los tribunales, como ocurrió con el célebre michoacanazo, que hizo quedar en ridículo al gobierno.
En el caso específico de la fiesta por el bautismo de la hija de Anaya, que selló el compadrazgo con Calderón, ese legislador insiste en que ese encuentro nunca se celebró, aunque tuvo que reconocer la relación entre las familias, como el matrimonio de su hermana Elsa con Adolfo Villarreal Barragán.
Pero en vez de esperar a que la PGR le informe si efectivamente El Grande emitió esas declaraciones, como ya lo solicitó él mismo, Anaya acusa a Proceso de publicar esa información en revancha por haber demandado penalmente al corresponsal Arturo Rodríguez García, por un párrafo de un reportaje.
“Jamás he tenido contacto con nadie del crimen organizado, mucho menos le he presentado a nadie a ningún otra persona, y por ello es que afirmo que lo que se dice en aquella revista es una vil mentira, calumnia y una revancha por haber emprendido una demanda judicial por daño moral en contra del señor Arturo Rodríguez”, cantinfleó Anaya.
No son nuevos los señalamientos de protección de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) a El Grande en la Comarca Lagunera, como cuando vivió en Lerdo, donde presuntamente fue protegido por la alcaldesa panista, Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).
Ahora El Grande goza de la protección directamente del gobierno de Calderón…
Apuntes
Mientras no cese la demencial “guerra” de Calderón se sucederán más muertes a manos de las fuerzas militares y de seguridad, como el asesinato del médico Mario Eduardo Robles Gil Bernal a manos de policías de Colima, tras la ejecución del exgobernador Silverio Cavazos, o los dos jóvenes en Tabasco abatidos por balas de marinos…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Detrás de la Noticia. País de locos… y hambrientos
Por Ricardo Rocha
23 noviembre 2010
Tan sólo las noticias de los cinco días recientes están como para salir corriendo. A ver quién apaga la luz y cierra la puerta.
En un elegante hotel de Reforma, se monta la farsa de una subasta de compradores no identificados. Se rematan anillos, relojes y hasta aviones de millones de pesos; todos manchados por la sangre del narco. Pero hay, por supuesto, quienes no le hacen asquitos a comprarse una camionetota para ir al súper con los niños. ¿Y las mansiones, apá? Ah, esas se subastan en privado para altos funcionarios y ex procuradores que disfrutan de la Navidad en una casotota con toda la familia. Ahí mismo donde se contaban las drogas, las pacas de dinero sucio, las chamaconas y los gruperos.
Mientras, siguen el duelo y las lágrimas por el nuevo retenazo donde dos jóvenes fueron baleados y muertos en Tabasco por un montón de soldados y marinos. Igual pasó en Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León o en el Tec de Monterrey: familias enteras, chavos y niños inocentes asesinados por las balas del Ejército. En premio, el mandamás de seguridad propone que sean los militares quienes entrenen a los policías estatales para “más alcance en el combate anticrimen”. O sea que habrá más retenazos en todo el territorio. Y a esta guerra que vamos ganando —aunque no lo parezca— agréguele usted la iniciativa presidencial para que todo el personal de la Sedena se sume a la lucha antinarco. Así que los médicos, los ingenieros y los administradores dejarán de hacerse guajes detrás de un escritorio para reforzar a los combatientes en las calles.
Y para completar los expedientes de esta locura colectiva uno se entera que los bancos que operan en este país ganan aquí más que en ningún otro lugar del mundo: 58 mil millones nada más en este 2010; 18% más que el año pasado, pero que a pesar de todo no prestan y que pagan una ridiculez de tres pesos de intereses por cada mil ahorrados.
Simultáneamente, nos avergüenza que en este país se duplicaron los hogares donde se padece hambre. Un dato que no proviene de algún socialista desvelado, sino de la ONU y el Coneval: de 1 millón 600 mil familias con menores de 17 años desnutridos en 2008, la cifra se fue a más del doble —3 millones 400 mil hogares— en 2009, lo que significa un total de 16 millones de hambrientos cada día. En pocas palabras, bancos gordos y mexicanos flacos.
Díganme, por favor, si algo parecido ocurre en algún otro país del mundo. Por eso el dicho bravucón ahora se llena de tristeza: como México no hay dos.
En un elegante hotel de Reforma, se monta la farsa de una subasta de compradores no identificados. Se rematan anillos, relojes y hasta aviones de millones de pesos; todos manchados por la sangre del narco. Pero hay, por supuesto, quienes no le hacen asquitos a comprarse una camionetota para ir al súper con los niños. ¿Y las mansiones, apá? Ah, esas se subastan en privado para altos funcionarios y ex procuradores que disfrutan de la Navidad en una casotota con toda la familia. Ahí mismo donde se contaban las drogas, las pacas de dinero sucio, las chamaconas y los gruperos.
Mientras, siguen el duelo y las lágrimas por el nuevo retenazo donde dos jóvenes fueron baleados y muertos en Tabasco por un montón de soldados y marinos. Igual pasó en Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León o en el Tec de Monterrey: familias enteras, chavos y niños inocentes asesinados por las balas del Ejército. En premio, el mandamás de seguridad propone que sean los militares quienes entrenen a los policías estatales para “más alcance en el combate anticrimen”. O sea que habrá más retenazos en todo el territorio. Y a esta guerra que vamos ganando —aunque no lo parezca— agréguele usted la iniciativa presidencial para que todo el personal de la Sedena se sume a la lucha antinarco. Así que los médicos, los ingenieros y los administradores dejarán de hacerse guajes detrás de un escritorio para reforzar a los combatientes en las calles.
Y para completar los expedientes de esta locura colectiva uno se entera que los bancos que operan en este país ganan aquí más que en ningún otro lugar del mundo: 58 mil millones nada más en este 2010; 18% más que el año pasado, pero que a pesar de todo no prestan y que pagan una ridiculez de tres pesos de intereses por cada mil ahorrados.
Simultáneamente, nos avergüenza que en este país se duplicaron los hogares donde se padece hambre. Un dato que no proviene de algún socialista desvelado, sino de la ONU y el Coneval: de 1 millón 600 mil familias con menores de 17 años desnutridos en 2008, la cifra se fue a más del doble —3 millones 400 mil hogares— en 2009, lo que significa un total de 16 millones de hambrientos cada día. En pocas palabras, bancos gordos y mexicanos flacos.
Díganme, por favor, si algo parecido ocurre en algún otro país del mundo. Por eso el dicho bravucón ahora se llena de tristeza: como México no hay dos.
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