Entrevista con Manuel Zelaya desde Buenos Aires en el marco del Foro de São Paulo: "EE.UU no gana nada con estos golpes"
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"EE.UU no gana nada con estos golpes"
Entrevista con Manuel Zelaya desde Buenos Aires en el marco del Foro de São Paulo: "EE.UU no gana nada con estos golpes"
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La ultra derecha mediática actúa concertadamente
Alberto Maldonado.
He leído con atención las informaciones que han publicado estos días los diarios del sistema sobre el pleito que está por definirse en Argentina respecto de la posesión de un gran porcentaje de acciones en Papel Prensa (una empresa que controla la venta de papel periódico) en el que tienen acciones Clarín, el 49%, La Nación, el 22.5% y el Estado Argentino, el 27.5%; producto de una obscura transacción que se produjo cuando el país del sur estaba bajo las botas militares, una de las dictaduras más atroces e infames que se hayan dado en país alguno de América Latina (Solo un dato:30.000 desaparecidos(as) en 7 años de dictadura).
De lo que aquí se difunde, vía agencias internacionales, unos dicen que la señora Lidia Papaleo vda. de Graiver, fue amenazada por los militares (“firme o le costará la vida de su hija y de la suya” una amenaza que en esos tiempos era una sentencia a torturas y muerte) para que venda sus acciones precisamente a los diarios El Clarín y La Nación, los periódicos que estuvieron muy juntos en la “lucha contra la subversión” en Argentina. Otros dicen que la transacción accionaría, en este caso, fue libre y voluntaria.
Al margen de quién tenga la razón, debo referirme a este suceso porque, a pesar de que en Argentina, hasta nuestros días, están enfrentando tribunales penales los genocidas argentinos por los crímenes que cometieron contra su población civil, sin embargo, estos dos periódicos sipianos (de la SIP-CIA) con una impudicia y cinismos sin nombres, han lanzando a los cuatro vientos que lo que está haciendo la Presidenta Cristina Kirchner, es tratando de apropiarse de la empresa (Papel Prensa) para imponer una manipulación de los medios impresos del país, con los dos diarios incluidos.
“Coincidentalmente” en estos mismos días, la prensa sipiana continental desató un escándalo “de una disposición contraria a la libertad de expresión”, en Venezuela, porque un organismo de derecho local ha emitido una sanción contra el matutino “El Nacional” (de cerrada oposición al Gobierno de Hugo Chávez, desde luego) y ha advertido que los medios de comunicación no deben difundir gráficas de violencia, como la que publicó el referido diario, en primera página: una foto (trucada o no pero de fecha muy anterior) de un “anfiteatro” caraqueño, amontonado de cadáveres a la espera de su correspondiente autopsia. El objetivo declarado del diario fue que con esa foto “quiso advertir” que en la capital venezolana se vivía un clima de terror delincuencial pero que el Gobierno hacía poco o nada por combatirlo. Es decir, “echarle el muerto” a Chávez de esta tendencia criminal, ahora que están en vísperas de unas elecciones parlamentarias previstas para fines de septiembre.
En Ecuador, desde hace rato, los medios sipianos (con El Comercio de Quito a la cabeza) se han dedicado a maximizar todo acto delictivo que se produzca en cualquier punto del país. Desde luego, hay una vieja historia de crímenes, secuestros, asesinatos, escándalos y asaltos que los medios sipianos los trataron, a su debido tiempo, con cierta prudencia (me refiero a los tintes amarillistas de la noticia); pero, a partir del gobierno de Rafael Correa, esos medios no escatiman espacios en dar informaciones de este tipo, cada cual más alarmante. Con seguridad, el crimen organizado y desorganizado ha crecido en el país (especialmente por razones sociales) pero de ahí a pintar un ambiente lleno de peligros y de incertidumbre, por culpa del gobierno, hay una distancia; pero la intención es clarísima
Esa “tendencia”, sin embargo, no es la más significativa. Sin que se haya dado algún hecho concreto o que algún agente gubernamental haya intimado a alguien, a pretexto de una supuesta lucha contra la posibilidad de una “ley mordaza” tanto las radios del sistema como los canales de televisión abiertos pasan y repasan una “cuña-denuncia” según la cual, en el Ecuador de la “revolución ciudadana” se respira un ambiente de “peligro para la libertad de expresión” Aseguran que, de aprobarse el proyecto como está para segunda y definitiva votación en la Asamblea Nacional, se habrá dado un golpe “contra la democracia y la libertad”.
Está claro que el objetivo que persigue la comunicación sipiana (a través de unos cuantos asambleistas pelucones, que para eso están) es que la ley no sea ley. Ellos quieren que en este país andino, la SIP-CIA logre imponer uno de sus mandatos: “que en comunicación no hay mejor ley que la que no se dicta” y de paso consolidar lo que ha venido siendo “el catálogo del periodismo libre”: que los medios comerciales son impolutos por si mismos, que ellos son los dueños de la “libertad de expresión”, que nadie debería enjuiciarlos peor censurarlos y otras lindezas de este estilo.
Hace un par de semanas (jueves 12 de agosto/2010) El Comercio de Quito publicó una reseña informativa bajo este titular: “La libertad de prensa afronta un deterioro en los países andinos” La “redacción política” del diario se refería a un estudio que han hecho sobre la situación de la libertad de “prensa” (no de expresión) cuatro organismos: El Centro sobre Derecho y Sociedad (¿) el Consorcio Desarrollo y Justicia (¿), el Instituto de Defensa Legal (¿) y, cuando no, Freedom House, ese organismo yanqui que “hace estudios” respecto de nuestras realidades y presenta informes que nadie le ha pedido*.
Los relatores –como gustan llamarse estos diligentes “estudiosos”- dicen que han analizado la situación de “la libertad de expresión y de prensa” en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que han encontrado que, de “países de prensa libre” (en el 2000) hemos pasado a “parcialmente libres” a consecuencia de políticas cambiantes. Exceptúan a Colombia de la crítica, a pretexto de que en el 2000 ese país estaba afectado “por la violencia civil” pero no dicen ni media palabra sobre que en Colombia no es que se respetaron a los periodistas y medios de oposición sino que los pocos que quedaron vivos, lograron ponerse a buen recaudo, a tiempo.
Por el Ecuador, ha intervenido el señor César Ricaurte, fundador, dueño, director y mensajero de FUNDAMEDIOS* un organismo no tan fantasma que pocos saben quién lo financia y que trabaja para denunciar exactamente a Correa y sus “atentados” contra la prensa libre. Este sujeto –que tan siquiera es un periodista en ejercicio- se ha tomado la molestia de contar las veces (cerca de 100) que Correa “ha insultado a la prensa y a los periodistas” y eso lo presenta como “riesgos” contra la libertad de expresión. En cambio, ignora en sus cuentas las veces que los medios sipianos y sus periodistas estrella han dicho “samba canuta” del Jefe de Estado. Lo uno, para estos relatores sipianos es “ejercicio de la libertad de expresión, que está en peligro”; y lo otro “una agresión contra esa libertad” ¡Qué tal!
Lo anecdótico de esta información, es que los sabios relatores dicen que “Esa situación (de amenaza) también pudiera generar que la prensa se autocensure” como que si los medios sipianos nunca hubiesen usado la autocensura y la censura directa en la diaria información.
Todo el mundo sabe que los medios impresos y los medios audiovisuales del sistema, siempre han tenido “amigos de la casa” (los preferidos para entrevistas, para consultas, etc) y “enemigos de la empresa” para tipificar a todos aquellos que, por cualquier razón, generalmente ideológica, han pasado a formar parte del index que cada medio ha elaborado a su querer. Así que la censura y la autocensura han existido, existen y existirán siempre mientras exista el sistema que lo proteja.
En estos tiempos, el panorama descrito a través de unos pocos casos, lo que nos rebela es que los medios comerciales coinciden sin rubor en posiciones antagónicas frente a procesos políticos, económicos y sociales de cambios, que se vienen dando en nuestros países. Desde hace rato, se observa una manipulación informativa generalizada en contra de todo proceso de cambios o de transformaciones, por más mínimos que sean. El sistema imperante, (a través de sus medios comunicacionales) no quiere correr riesgos frente a la posibilidad de que las masas hambrientas y marginadas de nuestras sociedades, en procesos violentos o no, empiecen a minar los intereses del gran imperio y de las burguesías criollas. No hay que olvidar que la gran prensa sipiana depende en altísimo porcentaje, de las “generosas fuentes de financiamiento” que tienen el título de “marketing” o de publicidad pagada. Y está claro que los sectores sociales en proceso de transformaciones y demandas, no tienen ni para su diario sustento; peor para pagar espacios de publicidad en tales medios. Y se da la incongruencia, en nuestros países, que la publicidad estatal, sigue alimentando con millones de dólares a sus verdugos.
Difusión: TONATIUH MALDONADO..
La crisis del euro, provocada por EU
Lejos de ser resultado de la acción de la “invisible mano del mercado”, la crisis del euro es fruto de una estrategia pacientemente preparada por el Comité de Consejeros Económicos de la Casa Blanca. El objetivo es salvar la economía estadunidense al obligar a los capitales europeos a cruzar el Atlántico en busca de protección y al poner bajo control de ese país la economía de los Estados de la eurozona.
La crisis del euro es el resultado de una decisión política deliberadamente escogida por las autoridades de la Unión Europea, cuyo objetivo es empeñar y debilitar el euro comunitario en vez de reestructurar la deuda pública griega. Una restructuración de dicha deuda habría resguardado y protegido al euro, pero habría exigido una contribución de los bancos, los cuales perdían una parte de sus créditos en la operación. Las instituciones financieras (comerciales privadas) francesas habrían soportado o perdido alrededor de 50 mil millones de la deuda griega si se hace el balance de sus cuentas, mientras que 28 mil millones habrían sido a cargo de los bancos alemanes.
Sin embargo, la protección para salvar algunos miles de millones de euros de las instituciones financieras no justifica que se tome un riesgo que perjudique y debilite al euro. La clave fundamental de todo esto –la presión sobre la moneda común europea– es hacer pagar la crisis a los trabajadores que perciben un salario y efectuar de esta manera una gigantesca transferencia de ingresos (de beneficios y/o ganancias) hacia las empresas comerciales, principalmente hacia las instituciones financieras.
Una ofensiva bajo dirección estadunidense
El tamaño de la transferencia es tal que puede ser piloteada únicamente por las instituciones financieras europeas, pero conducida por los mercados y su brazo armado, es decir la administración estadunidense.
La crisis del euro fue desencadenada por un ataque bien concentrado de agencias de notación estadunidenses, como la Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, contra la deuda de Grecia, de España y de Portugal.
La baja de las notas de estos tres países por las agencias estadunidenses, sobre todo aquélla que tenía que ver con Grecia, relegada a un segundo plano, a la categoría de inversiones especulativas, es la consecuencia de una acción coordinada y concentrada. La baja de notación (calificación financiera de la deuda griega) es la continuación de una serie de decisiones repetidas en poco tiempo. Estos ataques han sido apoyados por el aparato estatal estadunidense, sobre todo por las declaraciones alarmistas –generando pánico en los inversores– del consejero económico del presidente Obama, que fue a su vez un expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volker, quien habló de una futura desintegración de la zona euro.
El ataque contra el euro aparece como un pretexto, sobre todo cuando se sabía que, “desde 2004, las autoridades griegas hacían trampas en sus cuentas” y todo esto sin ninguna reacción de las agencias de notación en su contra.
Esta ofensiva contra el euro es, en primer lugar, una acción destinada a llevar hacia Estados Unidos los capitales extranjeros necesarios para la cobertura del déficit creciente de la balanza financiera.
Es una señal de advertencia destinada a países como China, que había empezado a reequilibrar sus reservas de divisas comprando euros en detrimento del dólar. Para Estados Unidos, se trata, en efecto, de una cuestión urgente. Hasta 2009, la financiación de sus déficits y la defensa del dólar estaban aseguradas por un saldo positivo de los flujos financieros. Pero durante ese mismo año, si bien el movimiento de los capitales sigue siendo positivo, ya no logra compensar los déficits. En un monto de 398 mil millones de dólares, el saldo se vuelve negativo. A nivel puramente económico, la ofensiva contra el euro está en la misma vena que la lucha contra el fraude fiscal iniciada por el presidente Obama en 2009. Se trata de aspirar, chupar los capitales a favor de Estados Unidos.
Desmantelar la Unión Europea
Esta acción táctica va acompañada de una operación estratégica: la de un movimiento de desmantelamiento de la Unión Europea a beneficio de una unión económica que cubra ambos continentes, cuya manifestación más visible es el proyecto de creación de un gran mercado trasatlántico. En función de este segundo objetivo, se puede comprender la actitud de Alemania que, tanto a nivel de la lucha contra el fraude fiscal como al del ataque contra el euro, ha proporcionado apoyo a la ofensiva estadunidense. Esta actitud es coherente con el compromiso privilegiado de este Estado europeo en el establecimiento de una unión económica trasatlántica.
La Unión Europea se construyó en torno a Alemania y se estructuró según sus intereses. Alemania, país que económicamente era el más eficiente en el momento de la instalación del gran mercado, sin apremio político, sin gobierno económico y transferencias importantes a las zonas desfavorecidas, pudo hacer que actuaran sus ventajas económicas comparativas. Hasta este año, la zona euro absorbe tres cuartas partes de las exportaciones alemanas. Tanto por medio de las declaraciones de sus responsables políticos y de sus banqueros, como por medio de la repetida exhibición de sus dudas, ha contribuido a la eficacia de la ofensiva contra el euro. Para Alemania, los beneficios de esta acción son inmediatos. La bajada de la moneda común permite aumentar las exportaciones alemanas fuera de la zona euro. Además, este país puede financiar mejor sus propios déficits. La crisis y la huida hacia la calidad que engendra permiten a las obligaciones alemanas situarse con una tasa de interés reducido.
Si da la impresión de que, a largo plazo, Alemania está aserrando la rama sobre la que está sentada, es que ha decidido cambiar de rama y quiere integrarse en un conjunto más amplio: el gran mercado trasatlántico. La “construcción europea” está en la encrucijada. Si hasta ahora ha permitido un desarrollo permanente de Alemania, este proceso no puede continuar según las mismas modalidades. La UE no puede salir de la crisis sin establecer un gobierno económico que administre una política económica común, una armonización del desarrollo y, para ello, asegurar las transferencias financieras consecuentes hacia los países y regiones más desfavorecidos.
Esta gestión política está en completa oposición con el simple pacto de estabilidad promovido por Alemania. La política presupuestaria de disminución acelerada de los déficits, que se ha vuelto a imponer en nombre de este pacto, se va a hacer en detrimento del poder adquisitivo de las poblaciones y no se puede realizar sin una recesión económica. La zona euro no puede seguir siendo la salida privilegiada de las exportaciones alemanas. Alemania ha elegido: el gran mercado trasatlántico y el mercado mundial.
Bajo la tutela del FMI
En vez de reestructurar la deuda de los países en quiebra, lo que habría hecho recurrir a los bancos, Europa ha establecido dos fondos de intervención. Tanto los 110 mil millones de euros de ayuda a Grecia como los 750 mil millones de préstamos y de garantías tienen por objeto someter a los países receptores a las condiciones del FMI, en el que Estados Unidos tiene la mayoría de los derechos de voto. En caso de depresión o incluso de estancamiento económico, la política de consolidación de los gastos públicos está abocada al fracaso. Los 750 mil millones que se han previsto de ayuda servirán para reembolsar a los bancos en detrimento del poder adquisitivo del contribuyente, y este pago a las instituciones financieras aumentará en la misma proporción la recesión. Este dispositivo de socorro está previsto que dure tres años.
Leer articulo completo AQUI.Con Calderón, cárteles lavan 1 billón de pesos
En la “guerra” de Calderón, los narcotraficantes lavan 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida: 1.3 billones de pesos; una tercera parte se legaliza en el circuito financiero, según “sospecha” Hacienda. El delito, sin embargo, está impune: sólo 112 miembros de siete cárteles han sido consignados y apenas 53 sentenciados por blanquear capitales sucios; a los bancos, sanciones por 1 millón 560 mil pesos. Intactos, los bolsillos de los capos.
Las finanzas de los narcotraficantes no son prioridad para la “guerra” contra las drogas que, desde el 1 de diciembre de 2006, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa impuso a los mexicanos y que ha costado la vida a más de 23 mil civiles. Hasta ahora, las autoridades federales han decomisado menos del 0.5 por ciento del dinero que se lava en el país.
En total impunidad, las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de estupefacientes han lavado entre 52 mil 500 millones y 105 mil millones de dólares, desde que el panista asumió la Presidencia de la República y hasta junio de 2010.
Las cifras –que equivalen a 661 mil 500 millones y 1 billón 323 mil millones de pesos, respectivamente, a un tipo de cambio de 12.6 pesos por 1 dólar– se desprenden de seis informes elaborados por el gobierno de Estados Unidos, y uno más generado por esa nación y por México.
El máximo reconocido por las autoridades –es decir, 105 mil millones de dólares lavados– es 80.7 veces el dinero que implica la Iniciativa Mérida. La ayuda para “combatir” el tráfico de drogas que los gobiernos de George W Bush y Barack Obama han dado a la administración calderonista, entre 2007 y 2010, asciende a apenas 1 mil 300 millones de dólares.
Mireille Roccati, investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, refiere que el negocio de las drogas es altamente rentable. Así lo demuestran, dice, la compra masiva de armas, la corrupción al más alto nivel de autoridades de los tres niveles de gobierno y el pago de nóminas de las propias organizaciones criminales, que alcanza incluso para cooptar a jóvenes como vigías, llamados halcones.
—Es dinero que se está produciendo, que está entrando al país y que está teniendo un flujo. Éste no se da con una, dos o tres maletas [tráfico de dólares a granel]. Mucho de ese dinero entra directamente a través del sistema financiero, no sólo en México sino a nivel internacional. El lavado también se da en grandes niveles en Estados Unidos y en otros países del mundo.
Ganancias intactas
Aunque la capacidad operativa, de fuego y de corrupción de los cárteles depende directamente de su poder adquisitivo, a tres años y medio de “guerra”, éste se mantiene intacto.
Cada año, los criminales han legalizado de 15 mil millones a 30 mil millones de dólares provenientes de la venta ilegal de drogas en territorio estadunidense, señalan los reportes International narcotics control strategy report, en sus versiones 2008, 2009 y 2010, del Departamento de Estado; National drug threat assessment 2008, 2009 y 2010, del Departamento de Justicia; y Bi-national criminal proceeds study 2010, cuya autoría recae en ambas naciones.
“México sigue siendo un centro de lavado de dinero”, afirma, por ejemplo, el International narcotics control strategy report 2010. El Departamento de Estado añade: “Se estima que los ingresos brutos anuales de las organizaciones delictivas oscilan entre 15 mil millones y 30 mil millones de dólares por ventas de drogas ilícitas en Estados Unidos. La mayoría de estos ingresos que se obtienen en territorio estadunidense se repatrian principalmente a través de los envíos de divisas a granel y el lavado a través de negocios legítimos de México”.
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Alarma mundial por la violencia en México
En este mes que termina estuvieron en el país representantes de la libertad de expresión de la OEA y de la ONU para escrutar la situación de violencia envolvente que afecta ya al gremio periodístico, las mujeres y a otros sectores sociales. En su inusual visita conjunta, los relatores de los organismos multilaterales Catalina Botero y Frank La Rue comprobaron que la cruzada contra el narco sólo ha polarizado la situación: hoy una parte del territorio nacional está militarizado, mientras otra está dominada por los cárteles de la droga.
México está bajo la mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto nacional de narcoviolencia.
México está bajo la mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto nacional de narcoviolencia.
En la reciente visita conjunta de 17 días de los relatores de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, se reveló que los organismos internacionales discuten cómo clasificar la violencia mexicana porque la forma en que se manifiesta no entra dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra que cataloga conflictos armados internacionales (de un país contra otro) y conflictos armados internos (grupos rebeldes que buscan el poder).
La violencia mexicana no cabe en las definiciones de una guerra y existe resistencia a llamarla “conflicto armado” porque ello implica considerar débil al Estado. Lo que hoy se discute es si México inaugurará la categoría de “país con regiones de enfrentamiento intenso”, en la cual se considerarían como zonas especiales los territorios militarizados y los dominados por los cárteles de la droga.
Al final de la visita, el relator La Rue señaló que la Cruz Roja Internacional deberá crear esa nueva clasificación para México que le permita intervenir y atender a los ciudadanos afectados en las zonas violentas.
Durante la estancia de La Rue en México también salió a relucir que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que cuenta sólo con cuatro sedes en la región, ubicadas en Colombia, Bolivia, México y Guatemala) aumentó su personal en la delegación mexicana. Uno de los nuevos comisionados es el estadunidense Christopher Guarnotta, que inaugurará el puesto de visitador para la zona norte, y a quien el exrepresentante de la oficina, Alberto Brunori, presentó a los defensores de derechos humanos en su último viaje a Chihuahua, donde informó que más personal llegaría a reforzar la oficina.
Un día antes de que arribaran al país los relatores Botero y La Rue para realizar la inédita visita conjunta estaba en el país la alta comisionada adjunta de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, la coreana Kyung-Wha Kang, quien participó en un foro sobre derechos de las mujeres; también se reunió con funcionarios de gobierno y les expresó sus “preocupaciones muy serias por la situación”, con énfasis en los abusos de los militares en tareas de seguridad pública.
“El gobierno a lo largo de los años ha tratado de incorporar elementos que integran los elementos de derechos humanos en las operaciones militares y en la lucha por la seguridad y contra las bandas de delincuentes, pero ha habido casos de abusos –civiles que han perdido la vida, que han sido sacrificados, no solamente en fuego cruzado, violaciones de derechos humanos– que claramente se atribuyen a los elementos de las Fuerzas Armadas”, dijo a Proceso en entrevista.
La diplomática recabó información que llevará a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien realizará una visita al país en noviembre. Para octubre se espera la visita de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul, quien revisará la situación estructural de impunidad.
“Sabemos que el relator contra la tortura (de la ONU) está preocupado, ha recibido gran cantidad de denuncias, y la Unión Europea, que se ha manifestado en casos específicos y paradigmáticos. Pero Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos ni de la tortura, a pesar de que lo hemos solicitado al embajador”, señala el director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez.
A su vez, un diplomático extranjero comparte con Proceso la percepción manifiesta en los organismos internacionales: “Queda la sensación de que hay una crisis de institucionalidad del Estado, mucha impunidad y, por lo mismo, un progresivo deterioro de la situación. México enfrenta un momento decisivo”.
Peligroso para todos
En su visita al Distrito Federal y los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y México, los relatores recabaron información sobre las zonas donde el crimen organizado obliga a la prensa a censurarse, la violencia tiene paralizada a la gente y las procuradurías de justicia no investigan los crímenes cometidos contra el gremio y alientan, de esa manera, a que se cometan más ataques.
El sábado 7, dos días antes del inicio de la misión, mil 200 periodistas marcharon en el Distrito Federal, y cientos más en 14 ciudades del país, congregados bajo un mismo lema “Los queremos vivos”, en reclamo por el asesinato de 64 colegas, la desaparición de 11 y la impunidad en sus casos.
En el informe preliminar La Rue y Botero señalaron la urgencia de que el Estado implemente una política de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra periodistas, y criticaron la falta de voluntad, de recursos y de resultados de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR porque desde su creación, en 2006, no ha sancionado a ningún culpable.
“La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse… en algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia.”
Señalaron que de los 64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos en una década, 29 asesinatos y cinco desapariciones ocurrieron a partir de 2008, a lo que hay que sumar los secuestros, amenazas y hostigamientos que comúnmente reciben los reporteros locales que cubren temas de corrupción, narcotráfico y seguridad pública, y los atentados con explosivos contra sus medios de comunicación.
“En algunos casos particularmente extremos, la información recibida indica que grupos de narcotráfico han intentado activamente influenciar los contenidos de los medios de comunicación. Esas graves tendencias, que antes afectaban solamente a medios locales en sitios con gran presencia del crimen organizado, comienzan ahora a impactar a medios nacionales”, advierte el informe.
Frente a los brutales asesinatos atribuidos a grupos del crimen organizado, la responsabilidad del Estado es prevenir y crear un mecanismo de protección enfocado a periodistas, así como luchar contra la impunidad.
La colombiana Botero explicó en diferentes reuniones que los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, requieren especial protección del Estado porque con sus investigaciones “constantemente están tentando al monstruo”; y como se encargan de denunciar lo que ocurre, su trabajo protege a muchas personas.
“Si ellos, que visibilizan los abusos, son silenciados, se genera un efecto amedrentador para toda la sociedad. Porque el derecho a la información es un bien público, todos tienen derecho a estar informados y los periodistas a informar”, dijo en uno de los encuentros.
Los relatores reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas” y señalaron que el Estado debe legislar para prohibir la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, definir procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes.
Botero y La Rue pusieron como ejemplo la queja presentada por Proceso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene una amplia y reconocida circulación.
Código rojo
Además de la ONU y la OEA, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras o Human Rights Watch también han manifestado su preocupación.
La Internacional Media Support, por ejemplo, planea organizar una segunda misión conjunta a México que congregue a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, el Comité de Protección a los Periodistas y Artículo 19, entre otros, porque considera que la violencia contra los periodistas tiende a agravarse.
“No se ve un retén, no se ve una trinchera, no se ve dónde o cómo el gobierno pueda contener la violencia”, comentó el enviado de una organización de derechos humanos que analiza la situación del país.
La generalización de la violencia ha disparado masivamente la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, y tiene saturado el trabajo de las organizaciones que velan por el respeto a las garantías de las personas.
Así ocurre con organizaciones como la CMDPDH, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, el chihuahuense Centro de Derechos Humanos de las Mujeres o el centro guerrerense Tlachinollan de la Montaña, que no se dan abasto para tomar la defensa de nuevos casos, y muchas veces se limitan sólo a registrarlos.
“La situación ha disparado ciertas conductas violatorias de derechos humanos, como índices de tortura que se han manifestado de forma dramática, índices de arraigo, las denuncias de detenciones arbitrarias, los casos de personas desaparecidas, más la violación al derecho del debido proceso y las fallas del sistema de justicia penal”, dijo el director de la CMDPDH.
Situación de las mujeres
Al terminar su visita a México, la alta comisionada adjunta de derechos humanos de la ONU, Kyung-Wha Kang, se dijo profundamente preocupada porque el asesinato de mujeres se ha diseminado a varias entidades del país y por las enmiendas legislativas que permiten encarcelamiento de las mujeres por abortar, a contracorriente de las normas internacionales de salud reproductiva.
En entrevista con Proceso, ella comentó que aun cuando cada Estado es autónomo y puede implementar sus propias leyes, el gobierno federal tiene el reto de armonizar las legislaciones estatales y leyes municipales para que estén en concordancia con los derechos humanos y de salud reproductiva a los que México se ha comprometido en el ámbito internacional.
“Es muy preocupante encontrar casos donde las mujeres han sido enviadas a prisión, sentenciadas por muchos años en algunos casos. Algunas son mujeres violadas y tienen que enfrentar un embarazo no deseado y por lo tanto han tenido un aborto. Bajo los códigos penales se permite encarcelarlas… pero los estándares internacionales de derechos humanos son muy claros: la norma más común indica que hasta las 12 semanas del embarazo es legal la interrupción del mismo”, según la representante de la ONU.
La diplomática participó en el 90 aniversario de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, realizado durante la segunda semana de agosto. También se reunió con funcionarios de gobierno y activistas que luchan contra el feminicidio en Ciudad Juárez, colectivos de mujeres asesinadas por militares y defensoras de la libertad sexual en Guanajuato.
Kyung-Wha Kang recibió información del centro Las Libres, de Guanajuato, sobre los casos de las seis mujeres encarceladas en esa entidad por abortar, así como de aproximadamente 30 más que habían sido procesadas por el mismo delito y 150 que eran buscadas para ser juzgadas.
Sobre esta situación, comentó: “Otros países tienen términos más amplios; otros, más restricciones, pero permiten el aborto legal en casos de violación, incesto o en casos en los que está en peligro la vida de la mujer… Pero hay que tener un espacio claro para que las mujeres ejerciten su derecho a la salud reproductiva libremente y en una forma responsable”.
La diplomática coreana, que tiene una conocida trayectoria feminista, señaló que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción y sancionan los abortos bajo cualquier circunstancia, se oponen a décadas de normas de derechos internacionales que garantizan a las mujeres ejercitar su derecho a la salud reproductiva responsable y libremente.
Otro tema que llamó la atención de la comisionada adjunta de la ONU fueron los asesinatos de mujeres: “Un tema muy importante en mis discusiones con los participantes de la sociedad civil y las autoridades es la violencia contra de las mujeres, en particular el feminicidio. Es increíble que, a partir de que esto se registró por primera vez, hayan pasado décadas y el problema no está desapareciendo; al contrario, parece estarse diseminando a otras partes del país”.
Las organizaciones feministas informaron a Kang que este año se han registrado más de 400 asesinatos de mujeres, fenómeno que consideró “muy impactante”; pero criticó que en el país no haya todavía un centro que procese y compile los datos, esenciales para saber qué ocurre realmente y cómo atender el problema.
“La impunidad –dijo– es un elemento que alimenta el crimen. Si matar a la mujer es fácil y nadie lo impide ni va ser castigado, nada impide que los delincuentes lo repitan… (ello se debe a que) la discriminación está enraizada profundamente. Así que creo que la discriminación de las mujeres y la impunidad se han juntado aquí para crear este reto que permanece sobre los feminicidios.”
Señaló que la situación de las mujeres es un indicador muy claro de la situación de la sociedad, y los retos de derechos humanos en la llamada “guerra en contra del crimen organizado” son acabar con la discriminación y la impunidad que prevalece ante estos retos (…) el hecho de que los agresores sean llevados a la justicia es importante”. l
La disputa por la Cámara y el cobro de facturas
MÉXICO, D.F., 27 de agosto (apro).- La disputa entre el PRI y el PRD por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados parece ser hoy parte de las consecuencias de la alianza electoral que establecieron PRD y PAN en las pasadas elecciones del 4 de julio, donde le arrebataron al PRI las gubernaturas de Oaxaca, Sinaloa y Puebla.
La factura seguramente fue calculada por quien se considera fue uno de los operadores de dicha alianza, el expriista Manuel Camacho Solís; pero del otro lado, la corriente del PRD, encabezada por Nueva Izquierda y la cual tiene hoy la presidencia de ese partido, se resiste a pagarla, seguramente porque del lado del PRD está la ley.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso general, modificada el 13 de septiembre de 2006, el segundo y tercer año de la presidencia de la Mesa Directiva debe recaer, “en orden decreciente”, en uno de los integrantes de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido; es decir, en el PAN o en el PRD.
Además del citado articulo, el 17 en su numeral séptimo, está el número ocho, que establece claramente que “en ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política”.
Como dicha presidencia de la Jucopo esta aún en el PRI, entonces éste partido no puede continuar ahí, pero tampoco el PAN, a menos que le corresponda la mesa al PRI en este segundo año. De ser así, el tercer año, al PRD le tendría que corresponder tanto la presidencia de la Junta como de la Mesa, pues hasta ese momento no habría contado con ninguna de las dos. Sin embargo, como la ley, modificada el 13 de septiembre de 2006, impide que ambos órganos sean presididos por un mismo partido, pues sólo queda una forma de solucionar este vericueto legal: que el PRD tenga hoy la presidencia de la Mesa Directiva.
Pero el PRI se resiste a ello, la razón es simple: le está cobrando el “pecado” de haberse aliado con el PAN en las pasadas elecciones y, con ello, el haberle arrebatado las tres gubernaturas antes mencionadas.
Y aunque legalmente la Mesa le corresponde al PRD, parece que hoy al PRI no le interesa respetar la ley, sino más bien cobrarles la pifia a los llamados “chuchos”.
El pleito entre el PRI y el PRD no parará en la designación de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Será un asunto que se extenderá seguramente a la discusión del paquete económico para el próximo año y que empezará a discutirse a partir del próximo 9 de septiembre, un día después de que el Ejecutivo federal lo entregue a la Cámara.
Me explico: el PRI cuenta con 237 legisladores más los 21 del Partido Verde Ecologista de México, lo que suma 258 diputados, suficientes para condicionar la entrega de los recursos que el próximo año utilizarán las 32 entidades federativas.
Esto significa que el endurecimiento del PRI influirá notablemente a la hora de autorizar el presupuesto para Oaxaca, Sinaloa y Puebla, entidades que el PRD y el PAN tratarán de impulsar con un buen número de recursos. a la vez que pretenderán una disminución para el estado de México.
La razón de esto último es porque el PRI se cobrará con ello la audacia del PRD de haber hecho alianza con su enemigo político histórico: el PAN. A la vez que los “chuchos” y los 143 diputados del partido del Ejecutivo federal intentarán frenar los millonarios recursos para el Edomex, entidad que tendrá comicios para renovar la gubernatura.
En el ámbito político siempre se ha considerado la gubernatura del Edomex como “la corona” de todas las elecciones, debido a que es la entidad con el mayor número de votantes.
En 2011 quien gane el Edomex podrá llegar mejor posicionado a la elección presidencial. El PRI desea mantener dicha entidad, en tanto que el PRD ya anunció que probablemente se alié nuevamente con el PAN para quitársela al PRI.
Como sea, los frutos de la alianza PRD-PAN en las pasadas elecciones y la futura en el Edomex, serán sin duda lo que haga al partido tricolor imponérsele al PRD.
Quizá entregue a los “chuchos” la presidencia de la Mesa Directiva, pero lo que de ninguna manera hará será darles todos los recursos que pidan para los tres estados antes mencionados y, por supuesto, para el Distrito Federal, entidad que, por cierto, hoy más que nunca, el PRI considera que puede recuperar en 2012 ante el desprestigio político en que se ha sumido el PRD desde la llegada de “los chuchos” a la presidencia, según opinan hasta los propios perredistas.
Pero regresando a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en caso de no haber acuerdo entre el PRI y el PRD para el 31 de agosto, deberá ser la Mesa de Decanos la que dirija los trabajos los cinco primeros días de septiembre y, por ende, ser ellos quien reciban el cuarto informe del Ejecutivo federal.
El secretario de Gobernación, Francisco Blake, ya anunció que Felipe Calderón no irá al Congreso, por lo que puede ser que el propio secretario únicamente entregue a la Oficialía de Partes el documento y no sea ni el PRD ni la Mesa de Decanos quien lo reciba.
El resultado del endurecimiento del PRI lo veremos el 31 de agosto, pero serán sin duda los siguientes meses, octubre y noviembre momentos de la verdadera disputa, porque no sólo estarán en juego los millonarios recursos presupuestales para los estados y la federación; también se habrá de discutir la Ley Nacional de Seguridad que al Ejecutivo federal tanto interesa para seguir “su” guerra contra el narcotráfico, sino que también están en puerta las modificaciones en materia de derechos humanos.
Puede ser que el PRI evite seguir dándole más herramientas al Ejecutivo federal para atacar al crimen organizado pues, hasta la fecha, a pesar de todas las leyes que le ha aprobado, no ha habido avance en ello, sino que, por el contrario, la violencia y el aumento de pérdida de vidas no ha parado.
Pero también puede ser que el PRI haga uso de toda su fuerza para aplastar no sólo al PAN, sino también al PRD, ya sea de los “chuchos” o al PRD simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, porque el premio que buscan en todo esto es solo uno: la presidencia de la República en 2012.
mjcervantes@proceso.com.mx
Cuernavaca: el basurero y la ineptitud
MÉXICO, D.F., 27 de agosto.- Al imperio de la basura moral –el crimen y el terror– que desde la muerte de Arturo Beltrán Leyva se ha ido apoderando de Morelos, se ha sumado otro: el de las miles de toneladas de desechos que diariamente la ciudadanía produce y que desde que el priista Manuel Martínez Garrigós llegó a la presidencia del municipio de Cuernavaca no se ha resuelto satisfactoriamente, a pesar de que era una prioridad de sus promesas de campaña.
Este muchacho ha puesto una vez más en evidencia que la vuelta al poder que para 2012 pretende el PRI será terrible. Formado en las filas de ese partido y dueño de un estilo de gobierno que el PAN aprendió de él –la propaganda, la simulación, la improvisación populista y la arbitrariedad–, Martínez Garrigós ha dilapidado su capital político en poco más de un año de gobierno.
1) Contra la oposición de una gran parte de la ciudadanía y del sentido común (aún recuerdo la manera sorda y condescendiente con la que escuchó mis argumentos contra la inoperancia de un segundo piso en la Avenida Plan de Ayala, y la simulada amabilidad con la que recogió los documentos que al respecto le llevé), se empeñó en realizar el proyecto que recientemente la SCT canceló “por carecer de estudios técnicos”.
2) No sólo el 14 de abril –junto con el gobernador Marco Antonio Adame, cuya característica es la grisura– decidió aceptar el toque de queda que el narcotráfico dictó a través de internet, sino que a partir de entonces las balaceras, los descuartizamientos, las quemas de antros, las muertes de policías y las “bajas colaterales” no han dejado de sucederse en Cuernavaca.
3) Para colmo de males, en su pleito contra la compañía PASA, encargada de la recolección de la basura doméstica, ha ahondado ese problema que nos heredaron tanto los gobiernos panistas como la incultura ciudadana en relación con los desechos.
La promesa de campaña a la que me he referido y que, dijo, cumpliría en cuanto llegara al poder, fue cerrar el relleno sanitario que su antecesor, el panista Jesús Giles, construyó, contra toda razón científica, en una zona de alto riesgo, y crear otro que cumpliera con las normas de seguridad ambiental. Lejos de ello, se ha enfrascado en un pleito con la compañía PASA y, frente a la ineficiencia del propio gobierno para la recolección y reciclado, ha hecho que el problema empeore.
Martínez Garrigós, al igual que no quiso escuchar nada sobre la inoperancia de un segundo piso –fue la improvisación la que lo salvó de su sordera–, ha olvidado también que el problema de la basura no es tanto PASA como el uso que se hace del relleno sanitario de Loma de Mejía –a donde los propios camiones del municipio han ido a depositar mezcladas las toneladas de basura que, hasta el momento en que escribo, logran recolectar.
La administración del relleno sanitario de Loma de Mejía, ya sea por parte de PASA o del municipio, es, a causa de su ubicación –una zona de alta permeabilidad–, un problema de salud pública cuya amenaza no se ve, como la basura depositada en las calles, pero cuyas consecuencias –a causa de que arroja en él mezclada– serán nefastas para la ecología y la salud, ya que los rellenos sanitarios son buenos cuando se deposita en ellos sólo 10% de la basura recogida y se produce un reciclaje de otro 90%: basura orgánica, vidrio, papel, cartón y metal.
Con su habitual arrogancia, Martínez Garrigós ha politizado el problema. La basura, la incultura de los ciudadanos en relación con el reciclado de sus desechos, los abusos, la falta de cuidado de la empresa PASA –que no ha cumplido con los requerimientos que implica el procesamiento de la basura–, la sospecha de que es un negocio de su antecesor Jesús Giles y de la corrupción del panismo, le han servido no para ir a la raíz del asunto, sino para un revanchismo partidista.
A falta de una propuesta política ambiental –misma que no tiene ni para la vialidad ni para la delincuencia–, Martínez Garrigós pretende gobernar golpeando a sus enemigos, pretende rehacer lo que ya no existe de su capital político, con lo que en su campaña mediática funcionó: culpar a sus antecesores de lo que ahora es incapaz de revertir, minimizar su propia ineptitud juzgando la ineptitud de los otros. El resultado son las pilas de basura mezclada que se acumulan en las calles o en un relleno sanitario mal ubicado y mal usado como el signo ominoso del desprecio y de aquello en lo que la vida política se ha convertido.
Si Martínez Garrigós construyera un buen relleno sanitario, cerrara el de Loma de Mejía y obligara a PASA y a la ciudadanía a hacer una división de los desechos y un reciclado de los mismos, no sólo cumpliría una promesa fundamental de su campaña, sino que desarrollaría una verdadera política ambiental en lo que a los desechos se refiere, y abriría la posibilidad de crear fuentes de trabajo: empresas de reciclado –cartón, vidrio, papel, metal y composta–. Pero ha preferido la improvisación y, con la arrogancia de los que están de vuelta en el poder, gritarnos que lo único que importa a los políticos es hacer del gobierno un modo de vida tan contraproductivo y mortal como la basura que mezclamos cada día en nuestras casas e, incapaces de procesarla, arrojamos a la calle para no verla.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.
Claroscuros de la Cofetel
MÉXICO, D.F., 27 de agosto.- En las últimas semanas se ha discutido mucho y razonado menos sobre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y sus resoluciones. Es difícil separar las diversas visiones ideológicas cargadas de adjetivos, identificar los intereses políticos en juego y precisar cuáles son realmente los problemas existentes desde la perspectiva legal. Por eso se antoja necesario desentrañar la madeja.
Primero. El punto de partida del intercambio de posiciones fue el debate sobre la naturaleza jurídica de la Cofetel. ¿Es o no autónoma? Las respuestas fueron maniqueas. Lo cierto es que depende de qué se entienda por autonomía. Si ésta significa independencia para la emisión de resoluciones, sin duda alguna la Cofetel es autónoma. Pero si como autonomía entendemos, además, personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios, la respuesta es negativa.
La Cofetel es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de suerte que por mandato de ley tiene una dependencia y vinculación orgánica a la propia SCT. Debería, por supuesto, contar con un amplio margen de autonomía, como sucede, por ejemplo, con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Ese, sin embargo, no es el caso.
La Suprema Corte de Justicia hizo una clara distinción. En el IFAI, que es un organismo descentralizado, es válida la participación del Senado en la designación de sus comisionados. No ocurre lo mismo con la Cofetel porque en realidad es un organismo de apoyo a la SCT y, por esa misma razón, tiene la figura de desconcentrado.
Segundo. El siguiente aspecto que generó discusiones hasta generar un clima de crispación fue la designación de Mony de Swaan, primero, como comisionado y, después, como presidente de la Cofetel. Sobre este tema ha habido varias acciones que llaman la atención. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó al titular de la SCT para que, el 10 de agosto pasado, le explicara su apoyo a De Swaan. Le recriminó la falta de imparcialidad y la existencia de muchas personas con mayores prendas profesionales que De Swaan. Aunque el Congreso tiene razón en sus percepciones y calificaciones, su acción carece de relevancia jurídica.
Es evidente la cercanía del titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, con De Swaan, pero ello no constituye ninguna violación a la ley. De igual forma, el 4 de agosto la Comisión Permanente aprobó iniciar una controversia constitucional contra el Ejecutivo federal con el argumento de que la designación del presidente de la Cofetel se hizo “en absoluta contravención a lo que establece el artículo 9C de la Ley Federal de Telecomunicaciones”.
El artículo 9 C, fracción III, dispone que un requisito para ser comisionado es “haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones”. Se trata de un enunciado normativo indeterminado que permite varias interpretaciones, de suerte que la “absoluta contravención” que señala el Congreso es difícil de probar. ¿Por qué, por ejemplo, no se impugnó la designación de Ernesto Gil Elorduy, quien, como es sabido, carecía de la mínima experiencia en la materia al llegar a la Cofetel? Si la SCJN decide entrar al fondo, haría una enorme contribución para definir los perfiles de puestos públicos, que en la actualidad es un problema mayúsculo.
Tercero. La gota que derramó el vaso fue la licitación 21 respecto a la frecuencia de 1.7 GHz, donde fue beneficiada la alianza Televisa-Nextel. Esta frecuencia corresponde a lo que se denomina “sistema universal de telecomunicaciones móviles”, también identificado como de tercera generación.
La primera generación fue la que permitió el nacimiento de los teléfonos celulares sin servicio de roaming; la segunda implica la comunicación digital, con capacidad de envío de mensajes SMS y roaming mundial; la tercera generación, adicionalmente, tendrá como base el uso de internet a alta velocidad (incluso superior a 2 Mbps), lo que facilitará ofrecer también contenidos.
En la tercera generación, por ejemplo, la popularización de los sistemas de voz sobre IP (como skype o vonage) es una realidad, lo que representa una reducción de los precios y un incremento del mercado. Aquí el primer problema residió en la forma de asignación, pues la Cofetel dispone de un amplio margen, discrecional, para diseñar las bases o reglas del juego sobre quiénes pueden intervenir en la licitación. El 1 de septiembre del 2009, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) había señalado como límite a la concentración en el espectro de servicios de telecomunicaciones móviles 80 MHz, y ello fue aceptado por la Cofetel.
Cuarto. La Cofetel decidió elaborar las bases por bloques nacionales de 30 MHz. Este hecho impidió a los concesionarios de celular actuales participar en este proceso licitatorio porque habrían rebasado los límites permitidos. Hubiera sido distinto si los bloques hubieran sido de 20 o 15 MHz. En este clima de suspicacias, fue impertinente que la Cofetel hubiera clasificado como reservado por 12 años el documento denominado “Criterios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en Materia de Planeación y Acumulación de Espectro para las Licitaciones 20 y 21”.
¿Por qué es importante conocer el documento? No sólo por el derecho a saber de los gobernados, sino porque si bien es cierto que la elaboración de las bases es discrecional, también lo es que la Cofetel debió observar, como todo acto de autoridad, el principio de legalidad; esto es, hallarse fundado y motivado para evitar que no se le considere arbitrario y, por lo tanto, inconstitucional.
El hecho es que de la lectura del contenido de la licitación podría desprenderse que la autoridad jurisdiccional competente la declarara nula en caso de que fuese presentada la promoción correspondiente. La semana pasada el IFAI revocó el acuerdo de clasificación y ordenó la entrega de la información solicitada. Por lo pronto, es de esperar que integrantes de la Cofetel presenten una demanda de amparo para evitar entregar la información. Seguramente el solicitante hará lo propio para hacer valer la resolución del IFAI.
En descargo de la Cofetel, es importante aclarar que el monto de 180 millones de pesos que se estableció como base no fue una decisión del órgano regulador, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene atribuciones para hacerlo. ¿No debería el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, informar por qué se asignó ese precio por la frecuencia licitada?
Quinto. El asunto es más sencillo de lo que se ha querido presentar. Lo que ahora ha pasado con la asignación a Televisa-Nextel no es culpa de estos grupos. Ellos no fijaron las bases, ni menos todavía se otorgaron la concesión. El problema reside en el diseño institucional del Estado mexicano que permite estos actos de autoridad revestidos de legalidad. De pena ajena fue que el Congreso haya citado a comparecer al titular de la SCT y a los comisionados de la Cofetel para saber por qué apoyaron a De Swaan como presidente. Esto último incluso va más allá de lo que dispone la ley.
Más que espectáculos mediáticos, lo que debe hacer el Congreso de la Unión es legislar en la materia para satisfacer el interés público dando a la Cofetel autonomía constitucional o al menos legal. Asimismo, deben establecerse las debidas salvaguardas para que haya transparencia sobre el sentido de los votos de los comisionados de la Cofetel, sentido que debería ser público. También es preciso que se publiciten las rondas en los procesos de licitación justo a su término para crear verdaderos contrapesos de vigilancia. Si en realidad los legisladores tuvieran compromisos con el país, esta experiencia debería servir de lección para hacer las reformas legales pertinentes con el fin de que no se repita lo ocurrido. l
evillanueva99@yahoo.com
Lujambio: la superficialidad y la ignorancia
MÉXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Uno de los grandes proyectos de la nación mexicana, desde la Independencia, fue sacar de la ignorancia a sus habitantes.
La democracia y la libertad son los dos signos filosóficos y políticos del proyecto educativo que arrancó en el siglo XIX. Y el Artículo Tercero Constitucional, precisamente, pone por encima de la moral el tema de la democracia.
La primera Dirección de Instrucción Pública, que se instituyó a iniciativa de Valentín Gómez Farías –varias veces presidente–, estaba fundamentada en el método Lancasteriano, siempre pensando en la urgencia de atender a muchas personas, a una amplia población. Esto en plena construcción de la República, con una visión laica e inclinada a desarrollar la democracia y dar oportunidades a las masas, seguramente de indios e indias que estaban dispersos en las comunidades del país.
Los científicos de Porfirio Díaz acercaron a la elite lo que entonces se discutía del positivismo en Europa, así como de Ilustración, y tal vez por ello en el Porfiriato se abrieron las escuelas de artes y oficios para mujeres.
Es decir, la idea de aprender, de masificar el conocimiento como algo realmente valioso, integrante de la visión de país, incluyendo a las niñas, como examina Samuel Ramos en El Perfil del Hombre y la Cultura en México, dio lugar a la reflexión. Nadie podría hablar de desarrollo del pensamiento sin aquel Ateneo de la Juventud a que se refiere Ramos.
No venimos de la nada, señor secretario Alonso Lujambio. ¿Por qué lo reclamo? Por su absoluta superficialidad y su incapacidad para ser heredero de esa fortaleza que es la Secretaría de Educación Pública, no sólo por los frescos de Diego Rivera que están ahí vigilantes de la cultura, sino por lo que ha representado en la construcción de nuestra identidad.
Los gastos y las respuestas sobre las tonterías de la fiesta del bicentenario lo han hecho derrapar y mostrar su verdadero rostro, señor Alonso Lujambio, nada más y nada menos que el encargado de la política educativa nacional.
Y Lujambio, que se retrata para promocionarse como precandidato a la presidencia de México, es tan superficial que no atina a responder por qué las 34 canciones para el bicentenario fueron escritas y arregladas --de arreglo musical- digo-- sólo por hombres; que para ello, entre sus amigos, el señor Leoncio Lara tuvo 600 millones de pesos para repartir y no sabía que había mujeres músicas, que no las llamó a participar, menos a concursar con los hombres, porque no hizo concurso. Y dice este señor Leoncio Lara que no tiene idea de cómo se aplica “la cuota de género”.
Esto es el colmo. Un verdadero horror de ignorancia y superficialidad ¿Quién le dijo a Lujambio que se trata de una cuota? No, señor Lujambio, no señor Leoncio Lara, no es un tema de cuota. Se trata de saber que en este país hay hombres y mujeres haciendo música desde el siglo XIX, ya de manera formal; se trata de saber que en las escuelas de música se han formado compositoras y compositores desde hace años, a pesar de que el neoliberalismo intentó desaparecer por completo las escuelas de iniciación artística de Bellas Artes. Como se lee.
Se han creado 34 canciones –algunas totalmente ridículas, sin gusto y malas-- para los festejos del bicentenario, todas hechas por hombres, pedidas entre amigos, sin concurso. La ignorancia es tan grave, que el señor secretario de Educación Pública no sabe historia y no sabe en qué lío se metió, porque tal vez incurre en falta administrativa grave al no hacer concurso y, encima, excluir a las creadoras.
Hay que contarle al señor secretario de Educación Pública que cuando se pensó en un Himno Nacional, como elemento fundamental para forjar la identidad de mexicanos y mexicanas que triunfaron en la guerra de la independencia, hubo un concurso, se llamó a toda la población para que participara, con el deseo de ver quién expresaba mejor el sentimiento nacional de aquella época --por cierto salió un himno guerrero y machín--, pero, en fin, lo importante, escúchese bien, es que se concursó, y fueron el poeta Francisco González Bocanegra y el músico Jaime Nunó los elegidos.
Se sabe que uno de los dos no quería, y fue precisamente su hermana quien lo impulsó y lo encerró por días, según los cuentos del profesorado en la época en que estudié la primaria.
Ahora nada. Estos neoliberales, conservadores e ignorantes, han tomado la batuta. Los gastos millonarios para las fiestas del bicentenario, de más de 2 mil 700 millones de pesos, son escandalosos. Lo que ha sucedido con las canciones, hechas sólo por músicos varones, revela que no sabremos cómo y con quién se reparten los recursos, lo que se suma a la gravedad de la exclusión de las artistas.
Lo de Lujambio es una vergüenza. Acabo de leer, el pasado lunes 23, que le rectificó al rector de la UNAM la cifra de jóvenes de 15 a 18 años que no estudian ni trabajan, asegurando que lo exacto son las estadísticas oficiales de INEGI, no las que expresó José Narro.
Pero existe un abismo entre lo que expone el Instituto Nacional de Geografía y la encuesta que la propia Secretaría de Educación Pública hizo, y ahora resulta que ¿se la inventó el público, el rector, cualquier comentarista? No hay seriedad, señor secretario.
A mí me da pena este señor Lujambio, cuyo libro de política está en una cadena de tiendas, como pidiendo que lo pongan en las novedades, además de que se toma fotografías pensando en que su “guapura” es un elemento electoral. Y más: aprobó el cambio de libros de texto minimizando hechos históricos, como el del 2 de Octubre de 1968; se lima y arregla las uñas de las manos, pero no tiene idea de que en México las niñas y los niños van a la escuela juntos, desde la época de Gómez Farías, y que las primeras mujeres profesionistas mexicanas se recibieron en tiempos de don Porfirio: la primera dentista Margarita Chorné y Salazar (1886) y la primera médica Matilde Montoya (1887).
No sabe que la señora, ahora diputada federal, Josefina Vásquez Mota, fue secretaria de Educación Pública porque las mujeres forman parte del entramado social de este país. Otras mujeres también hacen música o son de las más brillantes pintoras.
Pero hay más. El señor Lujambio no sabe que las maestras (el primer gremio masivo del país, porque el plan de nación tenía en el centro la idea de esparcir el conocimiento) son las actoras principales en la historia de México para pedir el voto ciudadano de todas las mujeres; ellas, además, fueron promotoras originarias de algunos otros derechos de las mujeres, que según el último censo de población, representan poco más de la mitad de la población (cifra institucional).
Es verdad. El diagnóstico del Banco Mundial sobre la falta de eficacia del sistema educativo de los gobiernos panistas de hace más de una década y de la ignorancia de los ejecutores de la política han dejado en el rezago a miles y miles de jóvenes. Cayó la calidad educativa y desgraciadamente parecemos un país sin futuro.
No digo que los únicos responsables sean los políticos panistas, retrógradas e ignorantes, sino que 10 años de panistas, sin conocimiento de la historia, sin títulos ni capacidades de estadistas, con espíritu guerrero como el de Felipe Calderón, le pusieron la cereza al pastel, ya que se aliaron con lo más nefasto del SNTE y no sabremos qué pasa con el dinero del pueblo.
Pero, entre todos, el señor Alonso Lujambio es un lujo, porque subió dos pisos del edificio de la SEP y se creyó, como Fox, que ya estaba en Los Pinos. La diferencia entre este secretario y Vicente Fox es solamente el sombrero. Lujambio pactó con las trasnacionales de frituras, refrescos light y porquerías alimenticias para vender en las escuelas, y Fox lo hizo con una refresquera trasnacional.
Dragones con sotana
MÉXICO, D.F., 26 de agosto.- Fidel Castro, comentando el texto más reciente de AMLO (La mafia que se apoderó de México… y el 2012), con la mirada serena que le da su vasta experiencia política, le señala tres vacíos notables: no hace referencia al negocio letal de las drogas que está estrangulando a nuestra patria; tampoco alude al destrozo ecológico que vive el planeta entero ni al peligro de una próxima guerra nuclear, que acabaría con todo. Fidel está en lo cierto. Pero no son los únicos puntos graves sin atender en el texto de AMLO. Hay por lo menos otros dos, en los que la inquisitiva mirada de López Obrador no se posó, por lo delicado del asunto, o tal vez por la conveniencia de no abordarlos él cuando se avecina la contienda electoral nacional, en la que participará como candidato. Si no se pronuncia sobre éstos, tendrá que hacerlo el movimiento nacional que coordine, porque no son temas para postergar.
Uno es el daño persistente que se deriva de la existencia del fuero militar. Marco Appel y Leonardo Boix realizan una entrevista a Amnistía Internacional (Proceso 1763) en la que se plantea a fondo esta problemática sin visos de solución. Rupert Knox, el entrevistado, pone con claridad el dedo en la llaga: “El fuero militar sigue siendo un instrumento para perpetuar la impunidad de los soldados… La PGR es cómplice de la impunidad imperante en el país. No investiga cuando puede investigar y deja un amplio espacio de maniobra a la justicia militar”. Más adelante, Knox dice que Vicente Fox le comentó en agosto de 2005 que “el Ejército cabildeaba todos los días para conservar su fuero”. Seamos tirios o troyanos en nuestra confrontación cotidiana, sabemos que es mal cuya corrección traería serio alivio al país.
Otro punto de litigio inevitable es el debate sobre el papel del clero católico; también es tema álgido, pero ningún proyecto de nación puede pasarlo por alto. Los clérigos llegaron hace 500 años del codo con los invasores que se apoderaron de los territorios que habitamos. Justificaron el despojo y le sacaron jugo. Siguen aquí. No han variado la tonada. No basta preguntarse, como lo hace AMLO: ¿qué haremos con la mafia?, en referencia a los herederos de los conquistadores. Hay que cuestionar también en serio qué hacer con los hombres de sotana y bonete, sus legitimadores, que no paran de sermonear a las víctimas para lograr la sumisión plena.
Ahora que se festejan las dos gestas patrias más conocidas de nuestra historia debería quedar bien claro que, en esos dos momentos ríspidos de nuestra historia, la insurrección popular tuvo como mira central poner fin a estas dos dolencias. Andan los titulares del poder muy hacendosos en tales festejos. No reciben respuesta alborozada precisamente porque la percepción popular sostiene que este monstruo multifacético fue herido, pero no sometido. Al contrario, goza de cabal salud. El Ejército anda desatado por las calles, masacrando civiles. Y el clero vocifera sandeces a voz en cuello y justifica las tropelías del poder ya sin decoro alguno. ¿Qué festejamos entonces?
La ausencia de bozal en los prelados mexicanos es proverbial. Pero quien se lleva la voz cantante es Juan Sandoval Íñiguez, el cardenal tapatío. A su ya larga cadena de exabruptos, sumó en la semana una acusación sin fundamento en contra de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En una rueda de prensa en Aguascalientes (Público, 16 de agosto) dijo que los ministros obedecen a organismos internacionales y que Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, los maiceó a cambio de ratificar la constitucionalidad del derecho de adopción de las sociedades de convivencia. En su andanada sin freno, que revela un fondo de incoherencia e ignorancia, sostuvo que estas medidas, promovidas por el PRD o las izquierdas en el mundo, son propuestas de los grandes capitalistas, “intereses internacionales de muy alto poder económico”. Para él da lo mismo ir atrás que adelante, que al cabo la cola es punta.
Con su retórica pendenciera, espetó a los reporteros: “¿A ustedes les gustaría que los adopten maricones o lesbianas?” Al término de la conferencia zarandeó a las activistas: “Mejor búsquense marido”. Puras perlas. Sandoval es gamberro, pero no es el único. Julio Alejandro Ríos registró la semana pasada (Proceso Jalisco 301) una declaración de José María de la Torre Martín, obispo de Aguascalientes, donde afirma que dio órdenes al alcalde de Encarnación de Díaz, Raúl Fermín Gutiérrez Pérez, de borrar los murales de la casa de la cultura. “Los habitantes vinieron a informarme que la obra mostraba imágenes obscenas y aberrantes que atentan contra la moral. Por eso le ordené al alcalde que ese mural fuera borrado”.
El alcalde ya le había informado al pintor de la intensa presión que recibía para eliminar la pintura. Sandoval mismo lo había puesto como condición para una visita por un festejo de la población. El alcalde terminó cumpliendo a pie juntillas el mandato de estos clérigos gamberros.
El debate sobre el papel por asignar al clero en una reestructuración de nuestras instituciones no puede ignorarse o darse por ya tenido. Es herida que hay que atender con suma urgencia. El poder de administrar o manipular la sexualidad humana, por medio del miedo y del sentimiento de culpa, es el gran misterio que encierra la vida oculta del clero católico, en México y en el mundo entero. Es también la veta principal que le genera sus cuantiosos recursos económicos. Mediante ambos instrumentos de control ha acumulado gran poder a lo largo de generaciones. Cualquier paso que se dé hacia el ejercicio universal de una sexualidad sana, razonable e informada, es un hachazo directo al corazón de sus finanzas y controles irracionales. De ahí su histeria en contra de toda medida que atente contra sus bastiones ancestrales. La puerta ha sido abierta. Habrá que salir a enfrentar de una vez por todas a los viejos dragones paralizantes. l
AMLO EN LA UNAM - Facultad de Economìa
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Gobierno desfalleciente
El 1 de septiembre el presidente Calderón informará a la nación. Esperemos no repita el show televisivo que montó en Palacio hace un año para presentar un decálogo de promesas incumplidas. Es la última oportunidad de su desfalleciente gobierno.
El Informe es ocasión para desplantes. La cúpula priísta exige que Calderón asista al Congreso cuando fueron ellos quienes, condescendientes, hicieron la reforma para que no asistiera. Sin recato denuncian: oculta el inminente colapso económico, la muerte de Petróleos Mexicanos, la ruina del Seguro y del Banco de México, habiendo sido ellos corresponsables en cada uno de estos nefastos resultados.
Se acelera nuestra caída al vacío. La guerra de Calderón oculta la descomposición social, económica, política; oculta incluso la carencia en su guerra de “inteligencia” y acciones profundas.
Buscaglia, consultor de la ONU, afirma literalmente que el problema de la droga está en la corrupción infiltrada en el Estado y el gobierno de Calderón que, de no eliminarse, no habrá solución. Pero la corrupción no se limita a la droga; infesta la estructura política y económica. Recientes declaraciones del anterior titular de la Auditoría Superior, González de Aragón, describen el saqueo a la nación —ejemplos de la familia Fox— del secretario Gil Díaz, del presidente Calderón, miles de millones en daños en la impunidad. La Cámara de Diputados contribuye —le corresponde fiscalizar los recursos del Estado— apoyada en la ASF, pero burocráticamente no genera acciones; así, esa trascendental función para el control del poder se diluye.
Se multiplican acciones lesivas del Ejecutivo. El golpe al SME a costa de hundir a la zona metropolitana en un caos eléctrico, pero facilita al director de la CFE contratar sin licitar por miles de millones de pesos con privados para un desastroso mantenimiento. Grandes negocios. Pero la Secretaría de la Función Pública no se entera, como tampoco de procesos en Estados Unidos de corrupción contra el jefe de Operaciones de la CFE; ni de sanciones internacionales al gigante eléctrico alemán Siemens por corromper a funcionarios de la CFE; o del regalo a Televisa de miles de millones del espectro radioeléctrico para telefonía y su vergonzosa aprobación por la Cofetel con el voto de sólo dos comisionados, facilitado por ausencia y abstención de otros; cómplices. No importa el escándalo, nada pasa. ¿En dónde está el crimen organizado, adentro o afuera?
Con el Informe inicia el periodo ordinario del Congreso, el mismo que ha contribuido con el Ejecutivo al desastre nacional; que no ha propuesto nada ajeno a la agenda de los intereses dominantes del país; conformado por esa partidocracia cuyas cúpulas coinciden con los intereses que representa Calderón.
La clase política es justamente vituperada, es responsable, pero siendo todos políticos, unos mandan y los más obedecen. Quienes controlan antidemocráticamente partidos y cámaras, integran la oligarquía; los más esperan sus favores. Por eso nadie propone las medidas indispensables para detener la disolución nacional, porque afectarían los intereses que los sostienen. La IP empieza a alarmarse, no por resultados económicos que les favorecen, sino por su seguridad personal, pero sus exigencias no son sociales, demandan más armas; ejemplo, Nuevo León.
Hoy, estos arreglos son insostenibles. Calderón debe plantear un auténtico rescate y llevarlo a cabo sin más compromiso que el interés nacional, so pena de sucumbir en la intrascendencia. Los diputados y senadores, por encima de tutelas cupulares deben legislar en verdad para salvar a la nación; tienen los instrumentos, empezando por el Presupuesto —ingresos y egresos— y el exigir al Ejecutivo acatarlo para dar el vuelco urgente. Si no, la descomposición arrastrará a todos, y las elecciones del 2012 serán en un panorama aterrador.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
México, líder en fraudes de empresas
El impacto económico promedio por cada uno de los fraudes reportados en los últimos 12 meses se ubicó en 850 mil pesos.
La crisis financiera internacional propició que los fraudes en las empresas mexicanas se incrementaran 55.5% entre 2008 y 2010, lo cual coloca a México como el país con mayor número fraudes en América Latina.
De acuerdo con la Encuesta de Fraude en México 2010, estudio elaborado por la consultoría KPMG, el daño económico en 2008 se estimó en 11 mil 700 millones de pesos, pero dos años después la cifra creció a 18.2 mil millones de pesos.
El impacto económico promedio por cada uno de los fraudes reportados en los últimos 12 meses se ubicó en 850 mil pesos, cifra superior a los 650 mil pesos promedio en las empresas de América Latina.
“Los resultados de la encuesta muestran una realidad preocupante”, dijo Arturo del Castillo, gerente de la práctica forensic, quien explicó que el nivel de incidencia de fraudes en el país es el más alto en los países de América Latina.
En México, 75% de las empresas reportó ser víctima de diversos tipos de fraudes cuando menos en los últimos doce meses, explicó el directivo.
Del Castillo manifestó que en el periodo recesivo, las organizaciones empresariales del país apretaron el control de los mecanismos de prevención externos, pero muchas de esas medidas significaron también “un relajamiento en los mecanismo de control interno”.
De acuerdo con el documento existe una percepción de un mayor riesgo por parte de las firmas a padecer fraudes internos, mientras que en 2008 un 50% veía con desconfianza el futuro, hoy 56% considera que puede ser víctima de un fraude en los siguientes 12 meses.
Shelley Hayes, socia de la práctica de servicios de asesoría financiera, aseguró que “los fraudes que mayor daño están causando a las empresas son en los estados financieros”.
Los ponentes aseguraron que en el país solamente tres de cada 10 empresas cuentan con programas de prevención de fraudes. En el año 2010 casi dos terceras partes de las empresas defraudadas tardó más de un año en detectar el robo del que fueron víctimas.
Fraudes de grandes vuelos
El documento reveló que el fraude con mayor incidencia es a nivel operativo con 54%, pero el mayor daño económico es generado por empleados de la alta dirección, que causan 51% del impacto económico, en contraste con 12% causado por los niveles operativos.
Para una empresa, el defraudador más costoso se encuentra a nivel directivo, según KPMG, que dice que el perfil de los defraudadores es de personas de entre 35 a 50 años y de 10 a 15 años de antigüedad.
“En general, los fraudes para la alta dirección van de 3 a 6 millones de pesos”, según el estudio. Los defraudadores trabajan a nivel operativo, tienen entre 20 y 30 años de edad, y antigüedad de 3 años.Graciosa huida de Azcárraga
Aunque en el papel el gran derrotado por la compra de Mexicana de Aviación y sus filiales Click y Link por parte del enigmático grupo denominado Tenedora K es el presidente de la firma, Gastón Azcárraga Andrade, en realidad la cosa es totalmente a la inversa
Empresa | Alberto Barranco
Empresa | Alberto Barranco
El empresario se libró de un alud que podría haber derivado en responsabilidades penales, dada la forma en que administró la aerolínea adquirida en diciembre de 2008 en 165.8 millones de dólares, asumiendo una deuda de 200 millones adicionales.
La posibilidad hablaba de acusarlo de administración fraudulenta por la forma en que benefició a su principal empresa, el grupo hotelero Posadas; por la inaudita desaparición del fondo laboral; por las maniobras para “canibalear” a Mexicana de Aviación para reforzar a Click y Link, y por la venta masiva de boletos para vuelos a futuro, a sabiendas de que la firma solicitaría un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada.
De entrada, el socio principal de la compañía aérea se libró de la exigencia que perfilaba originalmente la Suprema Corte de Justicia de capitalizarla para concederle hacer efectiva una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que permitía desmantelar el contrato colectivo de trabajo en perjuicio de pilotos, personal de vuelo y personal de tierra.
Más allá, la compañía le pasa la estafeta a los nuevos dueños, es decir, la compañía que surgió por generación espontánea a la alianza entre el grupo Arizan, encabezado por Vicente Ariztegui Andreve y el Grupo Industrial Omega, encabezado por Andrés Rozental Gutman, medio hermano del ex canciller Jorge Castañeda Gutman, para cubrir el préstamo de 964 millones de pesos que le facilitó el Banco Nacional de Comercio Exterior, a sabiendas de que la compañía estaba quebrada.
En paralelo, se deja en otras manos la posibilidad de negociar el pago de un préstamo de mil 576 millones de pesos concedido por Banorte, cuyo aval eran los pagarés de tarjetas de crédito firmados por los clientes, en un escenario en que la empresa estaba utilizando los recursos para efectos de operación.
La larga fila de cuentas por pagar alcanza 15 mil millones de pesos, es decir dos tantos más de los que debía la compañía a su privatización.
De hecho, en afán de diluir cualquier responsabilidad, en la fase previa a la operación de venta, cuyo monto permanece en el anonimato, el grupo Posadas vendió su participación accionaria en el grupo de control de la empresa, es decir, Nuevo Grupo Aeronáutico, a un precio simbólico.
Estamos hablando de un peso.
La cadena de 113 hoteles en México, Brasil, Argentina y Chile tenía el 30% del capital.
Ahora que no fue sólo el azar lo que libró a Azcárraga Andrade de la papa caliente, sino la intervención del gobierno.
No es simple ironía del destino el que la negociación con el fondo Advent Internacional, quien manejó la batuta de la operación, la hubiera realizado la Secretaría del Trabajo y no la del ramo, es decir, Comunicaciones y Transportes, por más que se trataba, paradójicamente, de apretar a los trabajadores a aceptar condiciones que podrían calificarse de leoninas con el nuevo patrón.
Por lo pronto, pese a la exigencia de desmantelar el contrato colectivo de trabajo, para regir el de Click Mexicana; al despido de 700 trabajadores entre pilotos, sobrecargos y personal de tierra; a que los sobrevivientes se avienen a dejar pasar cinco años sin aumentos salariales, y 100 días con pagos simbólicos, nadie, nada, garantiza que Mexicana y sus filiales se mantengan en el aire, no ya como la segunda empresa aérea del país, sino como una más. Se diría, pues, que se trata de una tregua para ver cuál o cuáles realmente están en opción de sobrevivir.
Lo inaudito del caso es la pasividad con que el gobierno dejó que se llegara al callejón, cuando los focos rojos estaban prendidos desde junio del año pasado, justo cuando el Bancomext entró al rescate.
De hecho, de no haber sido por la presión de los medios de comunicación social, el gobierno le habría dado su aval para que Mexicana de Aviación colocara una emisión en deuda por 200 millones de dólares, cuya fase previa había sido palomeada por el propio banco de desarrollo.
Salida de emergencia para Azcárraga Andrade.
Balance General
Latente la amenaza de juicio político contra su titular, Juan Molinar Horcasitas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le está dando largas al sí definitivo en el resultado de la licitación 21 para espectro de telefonía celular de la banda de 1.7 gigahercios, lo que permitiría otorgar las concesiones respectivas al binomio integrado por Nextel-Televisa, Telcel y Telefónica México.
De acuerdo a la amenaza de la oposición en la Cámara de Diputados, el acto sería automático, con el agravante que el Grupo Salinas acusaría, en paralelo, al funcionario de desacato.
Por lo pronto, se alista el expediente para colocar en la misma picota a los dos comisionados que avalaron lo que se ha calificado como atraco a la Nación, es decir Mony de Swaan y Gonzalo Martínez Pous.
La manzana de la discordia, como usted sabe, es que Nextel-Televisa pagaría sólo 180.3 millones de pesos por una red nacional, mientras Telcel cubrirá tres mil 500 por un segmento regional equivalente a la tercera parte.
Expediente negro
Quien podría enfrentar problemas con el Servicio de Administración Tributaria es el grupo Kon que encabeza Iser Ravinovich, a quien se investiga en la presunción de que durante años ha transferido parte de las comisiones que obtiene en sus actividades diarias en el país hacia bancos suizos.
La firma se dedica a financiar la compra de muebles y viajes, en paralelo al otorgamiento de préstamos en efectivo.
La mayor parte del fondeo lo obtiene del banco francés BNP Paribas, quien lo está acusando de incumplimiento, amenazando con demandarla en paralelo a sus filiales Kondinero, Konmueble, KeViaje, CinterSelf y Más por ti.
La intermediaria le entregó un expediente negro a la Secretaría de Hacienda.
Nadbank se arriesga
Cerradas las ventanillas de los bancos nacionales al crédito en la frontera norte del país ante el riesgo que representa la inseguridad, quien se la está jugando en la coyuntura es el Nadbank, institución financiera binacional que surgió como parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El ámbito que puede alcanzar la intermediaria son 100 kilómetros al norte y 300 al sur de la línea fronteriza, abarcando los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Hasta hoy la derrama crediticia ha sido de mil millones de dólares.
Dignidad por delante
En un gesto de dignidad nacionalista, la Coparmex ciudad de México que encabeza Juan de Dios Barba le cerró la puerta a una misión de hombres de negocios de la ciudad de Phoenix, Arizona, a la que encabezaban representantes del gobierno.
Estamos hablando, entre otros, del subalcalde de la ciudad estadounidense, Michael Nowakowski.
El gesto, naturalmente, es en protesta por la implantación de la ley Antiinmigrantes en el Estado de la Unión Americana.
La exposición de motivos del organismo patronal remite que “resulta incongruente por un lado atentar en contra de los integrantes de una comunidad por su simple origen o apariencia, y al mismo tiempo procurar relaciones comerciales y económicas”.
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