http://www.youtube.com/watch?v=CxiKBS-el84
jueves, enero 07, 2010
VOTA por la renuncia de Calderón en Facebook
Decenas de miles piden renuncia de Calderón en Facebook
En apenas 9 días más de 25 mil 500 usuarios de Facebook se han unido a una cuenta que exige la renuncia de Felipe Calderón y que reta “A que en 30 días juntamos 1,000,000 que quiere que renuncie Calderón”.Decenas de miles de personas se unieron a una cuenta de Facebook para pedir la renuncia de Felipe Calderón Hinojosa. De los más de 25 mil 500 usuarios registrados, 13 mil 100 se registraron en poco más de 24 horas.
La cuenta de Facebook con el nombre “A QUE EN 30 DÍAS JUNTAMOS 1,000,000 QUE QUIERE QUE RENUNCIE CALDERÓN” ( http://www.facebook.com/group.php?gid=215247936591 ) fue creada el 22 de diciembre pasado y busca recabar 1 millón de firmas para exigir este propósito. El sitio que se decribe a si mismo como “completamente apartidista, sólo somos ciudadanos hartos de las burlas del Gobierno!” y “Para todos los que ya están hartos del enano en los pinos.”
El sitio muestra críticas a Calderón incluyendo un video en el cual prometió en campaña bajar los impuestos, así como comentarios del público con notas informativas.
“Apoyo el movimiento, que renuncie el espurio de calderon y que se acabe el PRIANISMO!!! Soy de Mty., aca la gente politicamente es estupida, se necesita hacer mucho trabajo para que vean lo empinado que esta el Pais, revolucion!!!” dice un participante de nombre Oscar Javier Saucedo Lugo .
También hay respuestas de panistas aunque por lo general no pasan de ser una serie de insultos. Un participante de nombre “Pinche Pavlo”, por ejemplo, escribe “pinches jodidos! ponganse a jalar en vez de estar haciendo estas mamadas, eso lograría más que la renuncia de calderón…”
Entre las discusiones del sitio se encuentra la pregunta “¿Y después de que renuncie qué sigue?”, “Además de quitar a Calderón, ¿qué le cambiarías a México en el corto plazo?”
De acuerdo con los reportes de los participantes, el sitio de Facebook ya se empieza a mencionar en la radio.
La cuenta de Facebook con el nombre “A QUE EN 30 DÍAS JUNTAMOS 1,000,000 QUE QUIERE QUE RENUNCIE CALDERÓN” ( http://www.facebook.com/group.php?gid=215247936591 ) fue creada el 22 de diciembre pasado y busca recabar 1 millón de firmas para exigir este propósito. El sitio que se decribe a si mismo como “completamente apartidista, sólo somos ciudadanos hartos de las burlas del Gobierno!” y “Para todos los que ya están hartos del enano en los pinos.”
El sitio muestra críticas a Calderón incluyendo un video en el cual prometió en campaña bajar los impuestos, así como comentarios del público con notas informativas.
“Apoyo el movimiento, que renuncie el espurio de calderon y que se acabe el PRIANISMO!!! Soy de Mty., aca la gente politicamente es estupida, se necesita hacer mucho trabajo para que vean lo empinado que esta el Pais, revolucion!!!” dice un participante de nombre Oscar Javier Saucedo Lugo .
También hay respuestas de panistas aunque por lo general no pasan de ser una serie de insultos. Un participante de nombre “Pinche Pavlo”, por ejemplo, escribe “pinches jodidos! ponganse a jalar en vez de estar haciendo estas mamadas, eso lograría más que la renuncia de calderón…”
Entre las discusiones del sitio se encuentra la pregunta “¿Y después de que renuncie qué sigue?”, “Además de quitar a Calderón, ¿qué le cambiarías a México en el corto plazo?”
De acuerdo con los reportes de los participantes, el sitio de Facebook ya se empieza a mencionar en la radio.
VOTA POR LA RENUNCIA DEL FECAL AQUI.
México subsidia consumo de gasolina en EU: Pemex
Al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso, el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, afirma que hasta el 2004, el Impuesto Especial para la Producción y Servicios en combustibles fue positivo .
En los últimos años, México ha subsidiado el consumo de gasolinas de ciudadanos de Estados Unidos, aseguró Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
"Cuando se abre un diferencial significativo de precios de las gasolinas que nosotros estimamos de 4 a 5 pesos, tenemos que se cruza la frontera con subir la gasolina en México.En los últimos años hemos estado importando gasolinas para subsidiar al consumidor norteamericano".
El director de Pemex expuso que en algunos momentos, el diferencial de precios ha llegado a ser de 100%.
Al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el funcionario dijo que hasta el 2004, el Impuesto Especial para la Producción y Servicios en combustibles fue positivo.
"A raíz de 2004, dada la aceleración del precio del crudo y de los petrolíferos, se generó un impuesto negativo, es decir, un subsidio... el costo para Pemex fue de más de 900 millones de pesos en el 2004 y más de 24 mil millones de pesos en el 2005", dijo Suárez Coppel.
fml
En los últimos años, México ha subsidiado el consumo de gasolinas de ciudadanos de Estados Unidos, aseguró Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
"Cuando se abre un diferencial significativo de precios de las gasolinas que nosotros estimamos de 4 a 5 pesos, tenemos que se cruza la frontera con subir la gasolina en México.En los últimos años hemos estado importando gasolinas para subsidiar al consumidor norteamericano".
El director de Pemex expuso que en algunos momentos, el diferencial de precios ha llegado a ser de 100%.
Al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el funcionario dijo que hasta el 2004, el Impuesto Especial para la Producción y Servicios en combustibles fue positivo.
"A raíz de 2004, dada la aceleración del precio del crudo y de los petrolíferos, se generó un impuesto negativo, es decir, un subsidio... el costo para Pemex fue de más de 900 millones de pesos en el 2004 y más de 24 mil millones de pesos en el 2005", dijo Suárez Coppel.
fml
Ricardo Monreal en comparecencia de los "soldaditos" de la SHCP y Pemex
Ricardo Monreal Se Inconforma Por El Formato De La Comparecencia De SP 07/01/10
http://www.youtube.com/watch?v=drnAhTMeSw0
http://www.youtube.com/watch?v=fe6u-UGLXXU
Alzas, empobrecimiento e insensibilidad
La espiral de aumentos que arrancó con los ajustes en los precios de las gasolinas, el diesel y las tarifas eléctricas ha extendido, en pocos días, un sentir de desasosiego en la población ante lo que se prefigura como un nuevo escenario de carestía y deterioro generalizado de la calidad de vida.
Este panorama se verá agravado por las alzas impositivas avaladas en meses pasados por los legisladores del PRI y el PAN. Ayer mismo, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la ciudad de México señaló que el incremento en los impuestos provocará un aumento generalizado de 5 por ciento en los precios de productos y servicios, y que el poder adquisitivo acusará una pérdida de 20 por ciento a consecuencia de esos mismos ajustes, tan sólo en el primer trimestre del año. En la capital del país, la circunstancia descrita se torna más compleja con los incrementos aplicados por las autoridades locales en los costos de distintos servicios, entre ellos el del pasaje del Sistema de Transporte Colectivo-Metro.
El descontento social ante la cascada de aumentos de tarifas, impuestos y productos de primera necesidad ha comenzado a manifestarse, como quedó en evidencia con las protestas realizadas ayer por organizaciones de transportistas en distintas ciudades del país, y con la advertencia de ese mismo sector de convocar a un paro nacional para presionar al gobierno federal a regresar el precio del diesel a 6.30 pesos por litro.
Los aumentos que se comentan son ilustrativos de la actitud insensible que la clase gobernante en su conjunto ha adoptado frente a las necesidades de una sociedad que continúa debatiéndose en medio de la crisis. A pesar de las múltiples voces que desaconsejan la aplicación de alzas impositivas en periodos de recesión, y pese al reconocido potencial inflacionario que encierran medidas como el incremento del precio de los combustibles y de las tarifas eléctricas, el calderonismo ha decidido avanzar por esas vías; ha mantenido, al mismo tiempo, una implacable contención salarial, y ha profundizado con ello el empobrecimiento de amplios sectores de la población. La ofensiva desatada por las autoridades en contra de la economía popular contraviene incluso los preceptos de la economía de mercado, toda vez que inhibe el consumo y, al desincentivar la circulación de dinero, dificulta la reactivación de uno de los motores del desarrollo nacional: la economía interna.
No hace falta demasiada perspicacia para comprender que tales actitudes, nocivas en cualquier circunstancia, resultan particularmente riesgosas para la de por sí precaria estabilidad del país, en un contexto marcado por el desempleo, por la falta de mecanismos de seguridad social y la insuficiencia de los servicios de salud; por las dificultades que enfrentan millones de jóvenes para acceder a la educación, y, en general, por la ausencia de oportunidades de desarrollo personal y familiar. Son relevantes, al respecto, las advertencias realizadas por múltiples y muy diversos sectores de la sociedad –desde los progresistas hasta representantes de la jerarquía católica– en torno al riesgo de que surjan estallidos sociales ante la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades para paliar los efectos de la crisis aún vigente.
En lo que toca a las alzas decretadas por el gobierno capitalino –y sin afán de soslayar una pérdida de sensibilidad social por las autoridades locales, como quedó exhibido con el aumento al precio del Metro–, es inevitable vincular a éstas con el manejo inequitativo de los recursos federales que se realiza año con año en perjuicio del Distrito Federal y su población desde mediados del sexenio foxista.
En la hora presente, la postura adoptada por los encargados del manejo económico del país es un elemento de agravio adicional a las malas noticias económicas y las dificultades que enfrentan distintos sectores laborales y productivos del país. En lo inmediato, es necesario que las autoridades de los distintos niveles de gobierno ensayen alternativas viables en el manejo de la economía, que operen como factores de distensión ante las crecientes muestras de inconformidad social.
Fuente: La jornada
http://www.youtube.com/watch?v=drnAhTMeSw0
http://www.youtube.com/watch?v=fe6u-UGLXXU
Alzas, empobrecimiento e insensibilidad
La espiral de aumentos que arrancó con los ajustes en los precios de las gasolinas, el diesel y las tarifas eléctricas ha extendido, en pocos días, un sentir de desasosiego en la población ante lo que se prefigura como un nuevo escenario de carestía y deterioro generalizado de la calidad de vida.
Este panorama se verá agravado por las alzas impositivas avaladas en meses pasados por los legisladores del PRI y el PAN. Ayer mismo, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la ciudad de México señaló que el incremento en los impuestos provocará un aumento generalizado de 5 por ciento en los precios de productos y servicios, y que el poder adquisitivo acusará una pérdida de 20 por ciento a consecuencia de esos mismos ajustes, tan sólo en el primer trimestre del año. En la capital del país, la circunstancia descrita se torna más compleja con los incrementos aplicados por las autoridades locales en los costos de distintos servicios, entre ellos el del pasaje del Sistema de Transporte Colectivo-Metro.
El descontento social ante la cascada de aumentos de tarifas, impuestos y productos de primera necesidad ha comenzado a manifestarse, como quedó en evidencia con las protestas realizadas ayer por organizaciones de transportistas en distintas ciudades del país, y con la advertencia de ese mismo sector de convocar a un paro nacional para presionar al gobierno federal a regresar el precio del diesel a 6.30 pesos por litro.
Los aumentos que se comentan son ilustrativos de la actitud insensible que la clase gobernante en su conjunto ha adoptado frente a las necesidades de una sociedad que continúa debatiéndose en medio de la crisis. A pesar de las múltiples voces que desaconsejan la aplicación de alzas impositivas en periodos de recesión, y pese al reconocido potencial inflacionario que encierran medidas como el incremento del precio de los combustibles y de las tarifas eléctricas, el calderonismo ha decidido avanzar por esas vías; ha mantenido, al mismo tiempo, una implacable contención salarial, y ha profundizado con ello el empobrecimiento de amplios sectores de la población. La ofensiva desatada por las autoridades en contra de la economía popular contraviene incluso los preceptos de la economía de mercado, toda vez que inhibe el consumo y, al desincentivar la circulación de dinero, dificulta la reactivación de uno de los motores del desarrollo nacional: la economía interna.
No hace falta demasiada perspicacia para comprender que tales actitudes, nocivas en cualquier circunstancia, resultan particularmente riesgosas para la de por sí precaria estabilidad del país, en un contexto marcado por el desempleo, por la falta de mecanismos de seguridad social y la insuficiencia de los servicios de salud; por las dificultades que enfrentan millones de jóvenes para acceder a la educación, y, en general, por la ausencia de oportunidades de desarrollo personal y familiar. Son relevantes, al respecto, las advertencias realizadas por múltiples y muy diversos sectores de la sociedad –desde los progresistas hasta representantes de la jerarquía católica– en torno al riesgo de que surjan estallidos sociales ante la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades para paliar los efectos de la crisis aún vigente.
En lo que toca a las alzas decretadas por el gobierno capitalino –y sin afán de soslayar una pérdida de sensibilidad social por las autoridades locales, como quedó exhibido con el aumento al precio del Metro–, es inevitable vincular a éstas con el manejo inequitativo de los recursos federales que se realiza año con año en perjuicio del Distrito Federal y su población desde mediados del sexenio foxista.
En la hora presente, la postura adoptada por los encargados del manejo económico del país es un elemento de agravio adicional a las malas noticias económicas y las dificultades que enfrentan distintos sectores laborales y productivos del país. En lo inmediato, es necesario que las autoridades de los distintos niveles de gobierno ensayen alternativas viables en el manejo de la economía, que operen como factores de distensión ante las crecientes muestras de inconformidad social.
Fuente: La jornada
Sin información, no hay cambio
Si en México más personas se enteraran de la corrupción y la impunidad que abundan en el país, habría posibilidades de un cambio.
No de una revolución, sino de un cambio por la vía democrática, advierte el historiador Enrique Serna.
"El analfabetismo, en lugar de ser un detonador de revoluciones, puede ser, al contrario, un freno para ellas. Pensemos en la situación actual de México.
"En un país de 100 millones de habitantes, sólo hay un millón que lee periódicos", precisa.
El historiador, entrevistado por Francisco Martín Moreno para Reporte Índigo, afirma que los únicos beneficiados con este statu quo son precisamente quienes buscan evitar que las cosas se transformen.
"Como estamos en una situación de analfabetismo generalizado de la mayoría de los mexicanos, el poder se siente muy tranquilo, porque la gente que tiene acceso a la información realmente es muy poca en México", explica Serna.
A pesar de esto y de la tremenda situación de injusticia social, crisis económica y deterioro de la imagen de los partidos políticos, considera que el país no se encuentra en los albores de una revolución.
"Lo que sí veo es que hay un deterioro espeluznante de ingobernabilidad en varios estados en donde los narcotraficantes ya están en el poder", sentencia.
Serna observa este fenómeno en Chihuahua -particularmente en Ciudad Juárez-, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Veracruz.
"Esto puede generar una situación de guerra generalizada si nos descuidamos en algún momento", dice.
Narcotráfico, descontento social y analfabetismo se mezclan en el México contemporáneo. Aun así, ¿no vislumbra el historiador el peligro de un tercer movimiento revolucionario?
"No, yo no lo veo para nada en el horizonte. Porque, además, creo que cuando hay posibilidades de un cambio democrático, las revoluciones no tienen justificación.
"Creo que en México hay instituciones que permiten que el cambio se lleve por la vía democrática y legal, de modo que no hay pretexto para tener que tomar las armas", afirma.
---
¿Quién es Enrique Serna?
Enrique Serna nació en 1959 en la Ciudad de México.
Es narrador, historiador y ensayista. Entre sus obras destacan las novelas "Uno Soñaba que Era Rey", "Señorita México" y "El Miedo a los Animales"; el libro de cuentos "Amores de Segunda Mano" y la colección de ensayos "Las Caricaturas me Hacen Llorar".
En el año 2000 obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura por su novela histórica "El Seductor de la Patria".
Christopher Domínguez Michael incluyó uno de sus cuentos, "Hombre con Minotauro en el Pecho", en la "Antología de la Narrativa Mexicana del Siglo XX. Relatos Mexicanos de Finales del Siglo XX."
No de una revolución, sino de un cambio por la vía democrática, advierte el historiador Enrique Serna."El analfabetismo, en lugar de ser un detonador de revoluciones, puede ser, al contrario, un freno para ellas. Pensemos en la situación actual de México.
"En un país de 100 millones de habitantes, sólo hay un millón que lee periódicos", precisa.
El historiador, entrevistado por Francisco Martín Moreno para Reporte Índigo, afirma que los únicos beneficiados con este statu quo son precisamente quienes buscan evitar que las cosas se transformen.
"Como estamos en una situación de analfabetismo generalizado de la mayoría de los mexicanos, el poder se siente muy tranquilo, porque la gente que tiene acceso a la información realmente es muy poca en México", explica Serna.
A pesar de esto y de la tremenda situación de injusticia social, crisis económica y deterioro de la imagen de los partidos políticos, considera que el país no se encuentra en los albores de una revolución.
"Lo que sí veo es que hay un deterioro espeluznante de ingobernabilidad en varios estados en donde los narcotraficantes ya están en el poder", sentencia.
Serna observa este fenómeno en Chihuahua -particularmente en Ciudad Juárez-, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Veracruz.
"Esto puede generar una situación de guerra generalizada si nos descuidamos en algún momento", dice.
Narcotráfico, descontento social y analfabetismo se mezclan en el México contemporáneo. Aun así, ¿no vislumbra el historiador el peligro de un tercer movimiento revolucionario?
"No, yo no lo veo para nada en el horizonte. Porque, además, creo que cuando hay posibilidades de un cambio democrático, las revoluciones no tienen justificación.
"Creo que en México hay instituciones que permiten que el cambio se lleve por la vía democrática y legal, de modo que no hay pretexto para tener que tomar las armas", afirma.
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¿Quién es Enrique Serna?
Enrique Serna nació en 1959 en la Ciudad de México.
Es narrador, historiador y ensayista. Entre sus obras destacan las novelas "Uno Soñaba que Era Rey", "Señorita México" y "El Miedo a los Animales"; el libro de cuentos "Amores de Segunda Mano" y la colección de ensayos "Las Caricaturas me Hacen Llorar".
En el año 2000 obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura por su novela histórica "El Seductor de la Patria".
Christopher Domínguez Michael incluyó uno de sus cuentos, "Hombre con Minotauro en el Pecho", en la "Antología de la Narrativa Mexicana del Siglo XX. Relatos Mexicanos de Finales del Siglo XX."
PARA ENTRAR A EXPERIENCIA INDIGO AQUI.
La tercera revolución
http://www.youtube.com/watch?v=pmTYDJCRoAM
Por Ramón Alberto Garza
1810: El cura Miguel Hidalgo encabeza un alzamiento contra el monopolio fiscal que España impone a la colonia. Once años después es decretada la independencia de México.
1910: Francisco I. Madero se convierte en el caudillo de un movimiento antirreeleccionista para acabar con el monopolio político de Porfirio Díaz. Su asesinato despierta al "México bronco" en una revolución que culmina en 1929 con la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), precursor del PRI.
2010: La sociedad mexicana está sometida a fuerzas que monopolizan el quehacer político y económico. La alternancia de partidos no es suficiente. La intranquilidad social va en aumento. La inseguridad, la corrupción y la impunidad son tres serpientes cuyo veneno inhibe el vuelo del águila.
Una nueva revolución luce inminente.
La pregunta es si esa revolución será pacífica, con un cambio de actitud y una refundación de la República que se geste por encima de los intereses que hoy paralizan a la nación...
O si será violenta, mediante la fuerza, con el alzamiento de los millones de desposeídos que no aciertan a garantizar su sobrevivencia en el presente, y mucho menos a apostar por un mejor futuro.
Veamos de la mano del escritor e historiador Francisco Martín Moreno la radiografía de las revoluciones que forjaron el México de hoy. Y con las reflexiones de los historiadores Patricia Galena, Enrique Serna y Alejandro Rosas, evaluemos las similitudes de las condiciones que nos permitan comprender los cambios que se avecinan. Analicemos...
LA TERCERA REVOLUCIÓN
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México está en la antesala de su tercera revolución.
A nadie escapa que los esquemas políticos, económicos y sociales que experimentó el país en el siglo 20 están agotados, caducaron. Ya no responden a las exigencias de los tiempos.
Las estructuras forjadas en el centralismo político que manipula la democracia y en las prácticas monopólicas de una economía que simula libre competencia, no dieron los resultados suficientes para cerrar la brecha social.
En el amanecer de 2010, 100 años después de la Revolución y 200 años después de la Independencia, se reciclan los vicios que provocaron aquellas revueltas y que hoy crean un caldo de cultivo propicio para el sacudimiento del sistema y, por ende, de la nación.
Los reclamos de la autonomía fiscal, que fueron el detonante de la Independencia, se espejean en el centralismo tributario de un gobierno federal insaciable, obeso e ineficiente.
Un gobierno que primero alimenta su elevada burocracia y luego utiliza los sobrantes para comprar las voluntades de los nuevos caudillos regionales, los actuales gobernadores.
Las exigencias de un sufragio efectivo, las mismas que detonaron el estallido de 1910, vuelven a estar vigentes frente a una partidocracia que con sus reglas a modo, secuestra al sistema político e impide que cualquier mexicano aspire a un cargo de elección. Tiene que ser bajo sus siglas, sometido a sus reglas.
Los asientos legislativos que deciden, los que tienen poder real, no se ganan en las urnas. Se pactan como plurinominales desde las cúpulas que están cooptadas por los poderes fácticos. Y los votos que deciden el triunfo en muchos casos no son los de los ciudadanos, sino los de los sindicatos que operan al servicio del mejor postor. ¿Quién representa en la actualidad a los mexicanos? ¿El Congreso...? ¿Quién escucha y acata sus deseos?
Un puñado de notables deciden, como si fueran amos y señores de la colonia o el porfirismo, el juego político, económico y mediático que les permite imponer sus condiciones por encima del interés público. Los beneficios son de los pocos que tienen más. Y los que pagan tributos fiscales o el sobreprecio de bienes y servicios son los muchos que poseen menos.
Y los desequilibrios se asoman en una nación que 100 años después de su gran revolución no es capaz de tejer, más allá de sus reciclados discursos, un horizonte de esperanza para sus desposeídos.
El padrón que en los últimos años ganó más adeptos no es el de los electores, o el de los emprendedores, o el de los creadores de riqueza, o el de una clase media en crecimient
Cien años después de la revolución que reclamaba la justicia social, uno de cada dos mexicanos está inscrito en la ignominiosa lista bajo el sello de "pobre". La viabilidad del país está en riesgo.
Más aún cuando existen dos poderes que se instalan por encima de los que en legitimidad deberían gobernar a la nación.
Uno es el poder del neoporfirismo. El dominio de una casta privilegiada que se entronizó en la política y en la economía tras 70 años de priismo. Una élite política y económica que cerró filas en torno al neoliberalismo salinista que hoy continúa imponiendo su voluntad en el quehacer nacional.
Los mismos nombres que se heredan los asientos legislativos, los mismos nombres que dominan los negocios públicos y privados , los mismos nombres que, instalados en cotos sindicales, cobran cara su protección. Otro es el poder del neovillismo. El de un puñado de bandoleros etiquetados como narcotraficantes, los miembros del llamado crimen organizado, que imponen su ley por encima del Estado.
Con la diferencia de que al menos Francisco Villa esgrimía una causa social para justificar su calidad de bandolero. Los neovillistas de hoy no solo compran al sistema en todos sus niveles.
Lo más doloroso es que corrompen la salud nacional promoviendo las adicciones.
Y la movilidad social, que fue el detonante del crecimiento y la consolidación de una clase media entre los años 50 y 80, está congelada. Se trabaja no para crecer ni para hacer patrimonio, sino para sobrevivir atrapados en una espiral de ciclos de crisis sobre crisis.
Y todo este proceso se da mientras que en las aulas nacionales se incuba la mediocridad y la resignación. El sistema educativo no es ni creativo ni productivo. Es una mal aceitada maquinaria de control político incapaz de preparar profesionistas mexicanos de clase mundial.
El modelo se agotó con Luis Echeverría en la Presidencia. Los primeros brotes de insurgencia se dieron con movimientos armados clandestinos que confrontaron el orden establecido. Pero el sistema se hizo de oídos sordos.
Ni José López Portillo ni Miguel de la Madrid pudieron rescatarlo. La frivolidad de uno y la medianía del otro apenas sobrevivieron a sus sexenios. Carlos Salinas de Gortari diseñó una revolución de instituciones con una visión que lucía casi perfecta.
Pero falló en la implementación. Y terminó atrapado en los mismos vicios del viejo sistema fincado en el control, la sumisión, la ignorancia y la corrupción.
Peor aún, las riquezas generadas por el amiguismo de su sexenio y las fortunas amasadas por los políticos de su administración son los dineros que hoy aceitan la maquinaria que blinda el statu quo que defiende sus privilegios.
El surgimiento de una incipiente neorrevolución zapatista y la moderna versión de una Decena Trágica, anticipada con los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, frenaron los avances modernizadores de entonces.
Las privatizaciones tan elogiadas por las élites nacionales e internacionales terminaron en manos de unos cuantos amigos privilegiados, y la crisis del postsalinismo, agravada en el sexenio de Ernesto Zedillo, trajo el efecto del Santa Anna neoliberal.
La banca, el territorio económico del sistema nacional de pagos, fue puesta en manos de extranjeros, un caso único en el mundo.
El petróleo mexicano terminó siendo procesado por las multinacionales, y la riqueza generada fue consumida por el gasto corriente de la burocracia.
Aunque Ernesto Zedillo entendió el signo de los tiempos y con el respeto al voto en la elección presidencial de 2000 despresurizó la intranquilidad generada por las crisis recurrentes, la transición política terminó abortada.
Vicente Fox quedó atrapado en los mismos temores de Francisco I. Madero. Sometido a los intereses que se negaban a ceder sus espacios para dar paso al nuevo modelo de nación y consultando el destino nacional en una ouija.
El horizonte esperanzador del "Sexenio del Cambio" se topó con la incapacidad presidencial para desmantelar la compleja red de intereses que, ante la falta de voluntad y decisión, volvió a manos de los salinistas.
Los modernos Limantour se adueñaron de la hacienda nacional, y los ejes del poder se mudaron de Los Pinos a los sindicatos, a los medios de comunicación, a los despachos de empresarios monopolistas y a las residencias de ex presidentes. A las de todos los beneficiados por el viejo sistema.
El secuestro de Felipe Calderón desde los favores electorales priistas para legitimar su triunfo lo obligó a ceder en las urgencias de los cambios de fondo, los que demandaban una revolución de las conciencias y una sacudida a fondo de los privilegios de las élites.
Y mientras tanto la nación está secuestrada por los monopolios privados, por los sindicatos oficiales, por los partidos políticos y por el Congreso de la Unión que le restan cualquier margen de maniobra para encausar a México hacia el progreso y la libertad que, sin duda, se merece al instalarse entre los grandes en el siglo 21.
Por eso, el año 2010 que hoy se inicia va más allá de una fecha simbólica. Porque, con otros nombres, subsisten los hacendados y los jornaleros.
Porque, con distintos ropajes, sobreviven los que sienten que la nación está escriturada a su nombre.
Una nueva revolución se hace indispensable para alterar el curso de una historia que se perfila con un final muy infeliz.
Cerrar los ojos a esta realidad es apostarle a un nuevo estallido, a un nuevo levantamiento sin control. Porque a diferencia de los tiempos de la Independencia y la Revolución, hoy están dadas las condiciones para gestar no un movimiento armado, sino una revolución de la conciencia nacional.
Un cambio real y sustantivo de la actitud nacional para concretar las reformas que rompan los cercos de privilegios políticos, económicos, sindicales y mediáticos que inhiben el desarrollo de un México urgido de recuperar su posición global, que hoy va en picada.
Es curioso que sin insurgencias ni confrontaciones, naciones latinoamericanas como Chile o Brasil, con gobiernos de izquierda, están logrando en pocos años una modificación real de sus sistemas políticos y económicos, con el positivo reflejo en el combate a la pobreza y en la recuperación de la esperanza en el ánimo nacional.
Por eso, Reporte Índigo invitó hoy a Francisco Martín Moreno, uno de los escritores e historiadores más leídos de México. Para hacer una evaluación de las condiciones que se vivían en 1810, las que se tenían en 1910 y las que prevalecen en 2010.
El autor de "México Negro" y "México Mutilado" también dialogó sobre las peculiaridades de los movimientos insurgentes y las condiciones en las que actualmente vivimos con tres historiadores de primera línea: Patricia Galeana, Enrique Serna y Alejandro Rosas.
Te convocamos a que en los albores del bicentenario de nuestra Independencia y del centenario de la Revolución, reflexionemos juntos sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar.
Sobre cómo aprovechar las vastas riquezas naturales, las inmensas extensiones agrícolas, los bosques, litorales y mares, para generar la riqueza suficiente que rescate de la miseria a millones de compatriotas.
Pero ante todo, a intentar debatir lo que es necesario hacer para evitar que se repita el ciclo violento que dominó en los últimos dos siglos. Todavía estamos a tiempo de cambiar la historia.
PARA VER REPORTE INDIGO AQUI.
El origen del fracaso nacional
Por Francisco Martín Moreno Después de 200 años México ha evolucionado en muchos aspectos, pero también es un fracaso histórico como nación. Hemos sobrevivido dos siglos sin un proyecto de país definido.
El historiador Alejandro Rosas se pregunta por qué la nación camina hoy sin rumbo cuando tuvimos oportunidades de oro para crecer. No despegamos con la industria ferrocarrilera del Porfiriato, ni con la plata, ni en el auge petrolero del Pri o durante el milagro mexicano de finales de siglo pasado.
Según Rosas esto se le puede atribuir a cuatro factores: la discrecionalidad en la aplicación de la ley, la impunidad, la corrupción y la falta de educación. Todos han sido la constante desde la Independencia y la Revolución hasta nuestros días y son los que generan la desigualdad abismal que sufre esta nación.
"La impunidad es algo total y absolutamente presente en los tres periodos. También está presente en ese sentido y lo vemos en esta idea de que el mexicano puede hacerlo todo. Te puedes pasar un alto, doble fila y no te va a pasar nada. Y si te va a pasar, entonces el tercer elemento sería la corrupción. Si te pasa, ya puedes llegar a un acuerdo", dice el escritor.
"Quizá no somos mayores de edad en términos de la mentalidad que se requiere para un país que busque ser próspero, vanguardista y progresista. Tenemos que hacer un acto de contrición como sociedad y ver que nosotros también hemos estado por debajo de las circunstancias de lo que necesitaba este país en diversas épocas".
Pero no todo es gris. Hay una gran diferencia entre la sociedad de 1810 y 1910 y la de hoy porque el hartazgo social que vivimos actualmente se ha convertido en movilización cívica, lenta y paulatina.
Según Rosas, por eso es inconcebible la idea de una tercera revolución. La historia no se repite, no es cíclica. No hay por qué esperar a los Hidalgos, los Zapatas o los Maderos en 2010.
"La sociedad por primera vez en la historia de México ya rebasó a su clase política. Ya estamos un paso adelante en la visión de lo que necesita el país, pero la sociedad no ha podido traducir o presionar de tal modo que las estructuras políticas de verdad hagan conciencia", asegura Rosas.
Para el historiador, en el presente existe una clase media más informada y educada. Este sector de la población está empujando un cambio de mentalidad nacional: quiere paz y respeto a las instituciones.
El ejemplo más reciente es el movimiento del voto nulo de hace unos meses. Significó la expresión de un grupo numeroso intentando desmontar componendas políticas y una estructura electoral endeble.
Según Rosas, la administración actual debe abrir los ojos y leer las señales que ha ido dejando la historia antes de que sea demasiado tarde y la clase poderosa rebase al gobierno como ocurrió en1810 y 1910.
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Alejandro Rosas (Ciudad de México, 1969) es historiador y su pasión es la Revolución Mexicana. Desde hace más de 20 años publica en medios de comunicación como el diario Reforma y la revista Letras Libres. Fue conductor del programa radiofónico "Monitor en la Historia". Ha escrito once libros, como "Los Presidentes de México" (2001), "Mitos de la Historia Mexicana" (2006), "Cartas desde el Atlántico. El Titanic y la Revolución Mexicana" (2007), "Muertes Históricas" (2008) y "Charlas de café con Felipe Ángeles" (2009). Es colaborador de W Radio. Su más reciente libro es "Sangre y Fuego" (Planeta), una novela sobre el golpe de Estado del general Victoriano Huerta y el asesinato del presidente Francisco I. Madero.
Fuente: Reporte Indigo
A siete meses incendio ABC, padres exigen respuesta de Ejecutivo. Con Ricardo Rocha
Notimex
Abraham Fraijo Rascón, padre de Emilia, una de las menores fallecidas en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado domingo, señaló que a siete meses del siniestro, mantienen la exigencia de que el presidente Felipe Calderón acuda a esa entidad y escuche el sentir de los paterfamilias afectados.
“Seguimos plantados frente a Palacio de Gobierno del Estado de Sonora, con la huelga de hambre que inició Manuel Rodríguez en exigencia de que Felipe Calderón se presente en Hermosillo y escuche las exigencias y que diga porque no se ha pronunciado al caso de la guardería, no ha hecho mención del caso, queremos saber porque el presidente de México no ha intervenido en ningún momento a este asunto”.
En entrevista telefónica en “Fórmula Detrás de la Noticia”, Fraijo Rascón relacionó el desinterés del Ejecutivo en el caso, al hecho de que una de las dueñas de la guardería ABC es la prima de su esposa, Margarita Zavala.
“Porque ese nulo interés en la guardería ABC, acaso es porque una prima de su esposa está involucrada, es socia de los dueños de la guardería, y eso también porque se permite que el juez diga que es un delito no grave la muerte de 49 niños y el intento de homicidio de otros 70 más, dando una fianza de dos mil pesos, que vendrían siendo 43 pesos por niño fallecido, sin contar los niños lesionados”.
El padre de familia aseguró que los dueños de ABC se encuentran en Hermosillo, “paseando libremente bajo la protección del propio gobierno, de sus apellidos”.
Abraham Fraijo, miembro del Comité Ciudadano 5 de junio, dijo además que debido a que hoy se cumplen siete meses de la tragedia, este día realizarán un mitin frente al palacio de gobierno, a las 11 de la mañana, además de que iniciarán con la pega de calcomanías por todo Hermosillo, dijo.
Asimismo, señaló que la empresa de origen norteamericano que los paterfamilias eligieron para realizar el peritaje sobre las causas principales del incendio, y que contrató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya terminó sus investigaciones, resultados que serán entregados al máximo tribunal en el mes de marzo.
“Tenemos la esperanza de que ahí se diga realmente que fue lo que inició el incendio y si había o no había acelerantes dentro de la hacienda”, apuntó.
Fuente: Radio Fórmula
Laicismo, izquierda y revolución
MÉXICO, D.F., 6 de enero.- Más que aquel mito histórico al que algunos la reducen, la Revolución Mexicana es una realidad presente que distingue a nuestra nación y que ha inspirado nuestra cotidiana construcción democrática. Uno de los logros más importantes de los revolucionarios de 1910 fue sin duda la irrestricta separación Iglesia-Estado.
La fortaleza y la dignidad del Estado laico mexicano siempre fueron ejemplos internacionales del éxito de un liberalismo progresista, y se destacan hoy más que nunca en una época de resurgimiento de fundamentalismos y sectarismos de diversa índole a lo largo y ancho del planeta.
México cuenta con un nivel de desarrollo mucho más avanzado que Estados Unidos en la materia. En el país vecino del norte, tanto el presidente como los diputados y senadores federales juran sobre la Biblia al tomar posesión de sus cargos. En más de una docena de entidades federativas de la Unión Americana un sacerdote inaugura las sesiones legislativas locales con una bendición pública. La moneda estadunidense reza que su valor surge de la “confianza” que los ciudadanos tienen en Dios (“In God We Trust”). Las bodas oficiadas por curas, pastores e incluso chamanes tienen valor civil. Un gran número de escuelas públicas del sur de Estados Unidos todavía enseñan que la humanidad tiene su origen en el pecado original de Adán y Eva.
México, en contraste, es un ejemplo de modernidad y progreso. Si bien el régimen del partido del Estado estableció cuestionables pactos con los grupos más conservadores de la jerarquía católica, durante sus más de 70 años en el poder el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus precursores nunca se atrevieron a minar totalmente los cimientos del Estado laico.
Hoy, el respaldo del PRI a las iniciativas que prohíben y penalizan al aborto en diversos estados de la República representa una franca traición al tradicional compromiso de este partido con los principios del liberalismo. Ello ha demostrado que el “nuevo” PRI es aún más carente de valores y principios democráticos que el “viejo” PRI. La visita de Enrique Peña Nieto al Papa es particularmente elocuente al respecto.
A diferencia de lo anterior, el izquierdista gobierno del Distrito Federal se ha convertido en uno de los más importantes defensores de los principios revolucionarios. La reciente aprobación y publicación de las reformas al Código Civil que permiten el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, así como la adopción de niños por estas parejas, implican una significativa expansión de los derechos de la población mexicana. Al igual que con la legalización del aborto, la legislación del “divorcio exprés” y el aval a la muerte asistida en el Distrito Federal, en este caso los asambleístas del Partido de la Revolución Democrática y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, se han colocado de nuevo a la vanguardia en el cambio social y político.
Esta reforma es trascendente no tanto por permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, sino porque representa la liberación del Estado mexicano de la definición eclesiástica de la familia. Abre la puerta para el pleno reconocimiento estatal de la gran diversidad de familias que existen en la sociedad mexicana.
Estrictamente hablando, cualquier persona debería poder adoptar a un niño, aun si no estuviera “casado/a” con otra persona. Los millones de madres solteras del país saben muy bien que lo verdaderamente relevante es el compromiso, el respeto y el amor, no necesariamente la presencia de dos adultos. Incluso, muchas veces las familias “tradicionales” resultan ser espacios muy poco propicios para el desarrollo emocional e intelectual de los niños, sobre todo cuando la norma es el maltrato de las mujeres y niños por el padre de familia.
Hace 10 días, en el evento de reapertura del museo Casa Morelos en Michoacán, Calderón reveló su estrategia para sacar raja política de las celebraciones de la Revolución y la Independencia que tendrán lugar durante 2010.
Primero, apelará al patrioterismo y al “nacionalismo” cultural: “2010 debe ser un año en el que celebremos con alegría 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Debe ser un año en el que el sentimiento patrio palpite con enorme fuerza en cada hogar, en cada escuela y en cada plaza pública”.
Segundo, priorizará el legado de la Independencia por encima de la Reforma y la Revolución, con el enaltecimiento del papel de la Iglesia y la marginación del liberalismo mexicano.
Tercero, colocará como los principales “enemigos” a vencer a los narcotraficantes, en lugar de la pobreza, el autoritarismo o la concentración del poder: “Hoy, como hace 200 años, nuestra nación sufre los embates de sus enemigos, de aquellas que buscan cancelar para todo efecto práctico las libertades de los mexicanos”.
Los mexicanos no podemos permitir esta reinterpretación eminentemente conservadora de los legados de la Independencia y la Revolución. “Morelos luchó por la Independencia nacional convencido de que esa era su misión en la vida. Hay generaciones a las que les corresponde luchar por la libertad y otras a las que nos corresponde luchar por preservarla”, declaró Calderón.
Así como Barack Obama fracasó olímpicamente en su intento de transformar el Premio Nobel de la Paz en una certificación para emprender “guerras justas” desde el imperio, Felipe Calderón tampoco tendrá éxito en su esfuerzo de convertir las guerras libertarias del pasado mexicano en un permiso para frenar la expansión de nuestros derechos y reinstalar un Estado confesional y una intolerancia institucionalizada.
www.johnackerman.blogspot.com
México está en la antesala de su tercera revolución
Francisco Martín MorenoMEXICO, D.F., 1 de enero.- La pregunta es si esa revolución será pacífica, con un cambio de actitud y una refundación de la República que se geste por encima de los intereses que hoy paralizan a la nación…
O si será violenta, mediante la fuerza, con el alzamiento de los millones de desposeídos que no aciertan a garantizar su sobrevivencia en el presente, y mucho menos a apostar por un mejor futuro.
Veamos de la mano del escritor e historiador Francisco Martín Moreno la radiografía de las revoluciones que forjaron el México de hoy. Y con las reflexiones de los historiadores Patricia Galena, Enrique Serna y Alejandro Rosas, evaluemos las similitudes de las condiciones que nos permitan comprender los cambios que se avecinan. Analicemos…
A nadie escapa que los esquemas políticos, económicos y sociales que experimentó el país en el siglo 20 están agotados, caducaron. Ya no responden a las exigencias de los tiempos.
Las estructuras forjadas en el centralismo político que manipula la democracia y en las prácticas monopólicas de una economía que simula libre competencia, no dieron los resultados suficientes para cerrar la brecha social.
En el amanecer de 2010, 100 años después de la Revolución y 200 años después de la Independencia, se reciclan los vicios que provocaron aquellas revueltas y que hoy crean un caldo de cultivo propicio para el sacudimiento del sistema y, por ende, de la nación.
Los reclamos de la autonomía fiscal, que fueron el detonante de la Independencia, se espejean en el centralismo tributario de un gobierno federal insaciable, obeso e ineficiente.
Un gobierno que primero alimenta su elevada burocracia y luego utiliza los sobrantes para comprar las voluntades de los nuevos caudillos regionales, los actuales gobernadores.
Las exigencias de un sufragio efectivo, las mismas que detonaron el estallido de 1910, vuelven a estar vigentes frente a una partidocracia que con sus reglas a modo, secuestra al sistema político e impide que cualquier mexicano aspire a un cargo de elección. Tiene que ser bajo sus siglas, sometido a sus reglas.
Los asientos legislativos que deciden, los que tienen poder real, no se ganan en las urnas. Se pactan como plurinominales desde las cúpulas que están cooptadas por los poderes fácticos. Y los votos que deciden el triunfo en muchos casos no son los de los ciudadanos, sino los de los sindicatos que operan al servicio del mejor postor. ¿Quién representa en la actualidad a los mexicanos? ¿El Congreso…? ¿Quién escucha y acata sus deseos?
Un puñado de notables deciden, como si fueran amos y señores de la colonia o el porfirismo, el juego político, económico y mediático que les permite imponer sus condiciones por encima del interés público. Los beneficios son de los pocos que tienen más. Y los que pagan tributos fiscales o el sobreprecio de bienes y servicios son los muchos que poseen menos.
Y los desequilibrios se asoman en una nación que 100 años después de su gran revolución no es capaz de tejer, más allá de sus reciclados discursos, un horizonte de esperanza para sus desposeídos.
El padrón que en los últimos años ganó más adeptos no es el de los electores, o el de los emprendedores, o el de los creadores de riqueza, o el de una clase media en crecimiento o el de los mexicanos con más y mejor educación. El padrón que más creció fue el de los pobres.
Cien años después de la revolución que reclamaba la justicia social, uno de cada dos mexicanos está inscrito en la ignominiosa lista bajo el sello de “pobre”. La viabilidad del país está en riesgo.
Más aún cuando existen dos poderes que se instalan por encima de los que en legitimidad deberían gobernar a la nación.
Uno es el poder del neoporfirismo. El dominio de una casta privilegiada que se entronizó en la política y en la economía tras 70 años de priismo. Una élite política y económica que cerró filas en torno al neoliberalismo salinista que hoy continúa imponiendo su voluntad en el quehacer nacional.
Los mismos nombres que se heredan los asientos legislativos, los mismos nombres que dominan los negocios públicos y privados , los mismos nombres que, instalados en cotos sindicales, cobran cara su protección. Otro es el poder del neovillismo. El de un puñado de bandoleros etiquetados como narcotraficantes, los miembros del llamado crimen organizado, que imponen su ley por encima del Estado.
Con la diferencia de que al menos Francisco Villa esgrimía una causa social para justificar su calidad de bandolero. Los neovillistas de hoy no solo compran al sistema en todos sus niveles.
Lo más doloroso es que corrompen la salud nacional promoviendo las adicciones.
Y la movilidad social, que fue el detonante del crecimiento y la consolidación de una clase media entre los años 50 y 80, está congelada. Se trabaja no para crecer ni para hacer patrimonio, sino para sobrevivir atrapados en una espiral de ciclos de crisis sobre crisis.
Y todo este proceso se da mientras que en las aulas nacionales se incuba la mediocridad y la resignación. El sistema educativo no es ni creativo ni productivo. Es una mal aceitada maquinaria de control político incapaz de preparar profesionistas mexicanos de clase mundial.
El modelo se agotó con Luis Echeverría en la Presidencia. Los primeros brotes de insurgencia se dieron con movimientos armados clandestinos que confrontaron el orden establecido. Pero el sistema se hizo de oídos sordos.
Ni José López Portillo ni Miguel de la Madrid pudieron rescatarlo. La frivolidad de uno y la medianía del otro apenas sobrevivieron a sus sexenios. Carlos Salinas de Gortari diseñó una revolución de instituciones con una visión que lucía casi perfecta.
Pero falló en la implementación. Y terminó atrapado en los mismos vicios del viejo sistema fincado en el control, la sumisión, la ignorancia y la corrupción.
Peor aún, las riquezas generadas por el amiguismo de su sexenio y las fortunas amasadas por los políticos de su administración son los dineros que hoy aceitan la maquinaria que blinda el statu quo que defiende sus privilegios.
El surgimiento de una incipiente neorrevolución zapatista y la moderna versión de una Decena Trágica, anticipada con los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, frenaron los avances modernizadores de entonces.
Las privatizaciones tan elogiadas por las élites nacionales e internacionales terminaron en manos de unos cuantos amigos privilegiados, y la crisis del postsalinismo, agravada en el sexenio de Ernesto Zedillo, trajo el efecto del Santa Anna neoliberal.
La banca, el territorio económico del sistema nacional de pagos, fue puesta en manos de extranjeros, un caso único en el mundo.
El petróleo mexicano terminó siendo procesado por las multinacionales, y la riqueza generada fue consumida por el gasto corriente de la burocracia.
Aunque Ernesto Zedillo entendió el signo de los tiempos y con el respeto al voto en la elección presidencial de 2000 despresurizó la intranquilidad generada por las crisis recurrentes, la transición política terminó abortada.
Vicente Fox quedó atrapado en los mismos temores de Francisco I. Madero. Sometido a los intereses que se negaban a ceder sus espacios para dar paso al nuevo modelo de nación y consultando el destino nacional en una ouija.
El horizonte esperanzador del “Sexenio del Cambio” se topó con la incapacidad presidencial para desmantelar la compleja red de intereses que, ante la falta de voluntad y decisión, volvió a manos de los salinistas.
Los modernos Limantour se adueñaron de la hacienda nacional, y los ejes del poder se mudaron de Los Pinos a los sindicatos, a los medios de comunicación, a los despachos de empresarios monopolistas y a las residencias de ex presidentes. A las de todos los beneficiados por el viejo sistema. El secuestro de Felipe Calderón desde los favores electorales priistas para legitimar su triunfo lo obligó a ceder en las urgencias de los cambios de fondo, los que demandaban una revolución de las conciencias y una sacudida a fondo de los privilegios de las élites.
Y mientras tanto la nación está secuestrada por los monopolios privados, por los sindicatos oficiales, por los partidos políticos y por el Congreso de la Unión que le restan cualquier margen de maniobra para encausar a México hacia el progreso y la libertad que, sin duda, se merece al instalarse entre los grandes en el siglo 21.
Por eso, el año 2010 que hoy se inicia va más allá de una fecha simbólica. Porque, con otros nombres, subsisten los hacendados y los jornaleros.
Porque, con distintos ropajes, sobreviven los que sienten que la nación está escriturada a su nombre.
Una nueva revolución se hace indispensable para alterar el curso de una historia que se perfila con un final muy infeliz.
Cerrar los ojos a esta realidad es apostarle a un nuevo estallido, a un nuevo levantamiento sin control. Porque a diferencia de los tiempos de la Independencia y la Revolución, hoy están dadas las condiciones para gestar no un movimiento armado, sino una revolución de la conciencia nacional.
Un cambio real y sustantivo de la actitud nacional para concretar las reformas que rompan los cercos de privilegios políticos, económicos, sindicales y mediáticos que inhiben el desarrollo de un México urgido de recuperar su posición global, que hoy va en picada.
Es curioso que sin insurgencias ni confrontaciones, naciones latinoamericanas como Chile o Brasil, con gobiernos de izquierda, están logrando en pocos años una modificación real de sus sistemas políticos y económicos, con el positivo reflejo en el combate a la pobreza y en la recuperación de la esperanza en el ánimo nacional.
Por eso, Reporte Índigo invitó hoy a Francisco Martín Moreno, uno de los escritores e historiadores más leídos de México. Para hacer una evaluación de las condiciones que se vivían en 1810, las que se tenían en 1910 y las que prevalecen en 2010.
El autor de “México Negro” y “México Mutilado” también dialogó sobre las peculiaridades de los movimientos insurgentes y las condiciones en las que actualmente vivimos con tres historiadores de primera línea: Patricia Galeana, Enrique Serna y Alejandro Rosas.
Te convocamos a que en los albores del bicentenario de nuestra Independencia y del centenario de la Revolución, reflexionemos juntos sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar.
Sobre cómo aprovechar las vastas riquezas naturales, las inmensas extensiones agrícolas, los bosques, litorales y mares, para generar la riqueza suficiente que rescate de la miseria a millones de compatriotas.
Pero ante todo, a intentar debatir lo que es necesario hacer para evitar que se repita el ciclo violento que dominó en los últimos dos siglos. Todavía estamos a tiempo de cambiar la historia.
(Ramón Alberto Garza, director de la revista digital Reporte Indigo)
2010, la incertidumbre
Alejandro Encinas RodríguezMás allá del significado mítico que los mexicanos acostumbramos dar a fechas y sucesos emblemáticos de nuestra historia y cultura, 2010 es con mucho un año crucial para el futuro del país.
No se trata sólo de estar a la mira del impacto continuado de la crisis económica que, pese al optimismo oficial y de los apologistas del régimen, continuará impactando negativamente al empleo y al salario, máxime con la escalada inflacionaria de enero y la entrada en vigor de nuevos impuestos. Tampoco se trata de limitarse al seguimiento de la violencia alcanzada en los enfrentamientos con la delincuencia organizada, en la cual algunos de sus cárteles permanecen intactos, ni mantenerse atento al profundo deterioro de las instituciones públicas, advirtiendo cómo se amoldan los grupos de poder, los cacicazgos regionales y los partidos políticos en las elecciones locales y cómo acomodan sus cartas de cara a la sucesión presidencial.
Se trata más bien de atender el estado de ánimo social con que los mexicanos llegamos este año: La desazón provocada por la falta de empleo; la falta de expectativa de contar con un ingreso mínimo que desagravie el ingreso familiar; la frustración de millones de jóvenes sin expectativa de estudio o trabajo; de campesinos sin posibilidad de producir; de obreros a los que el mismo gobierno lanza a las calles, lo que se acompaña de una militarización desmedida en todo el país, donde retén tras retén, operativo tras operativo, se genera un clima de intimidación a la población y que da cuenta de la zozobra de un régimen sin asideros de legitimidad ni rumbo.
Por ello carece de sentido el debate en torno a si el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución son motivo de celebración o conmemoración, como también carece el de reflexionar sobre la extensa agenda social incumplida. Bastaría preguntarnos qué tan independientes y soberanos somos 200 años después de la gesta independiente, y qué tanta justicia social y democracia tenemos 100 años después de la Revolución, para instalarnos en un debate tan estéril como innecesario.
El hecho puntual reside en asumir que la desazón existente expresa ya un desencanto con nuestra endeble democracia, a lo que se suman la frustración y desesperanza derivadas de la crisis económica, que puede traducirse en reclamo e inconformidad. Así, existe un caldo de cultivo favorable para dar otros valores y propósitos al cumplimiento de estas fechas, en un escenario de posibilidades tan diverso que va desde el intento de crear un marco festivo de celebraciones que distraiga de las regresiones autoritarias que vive el país, hasta hacer de estas conmemoraciones una apología de la violencia.
El régimen de Calderón ha entendido este riesgo. De ahí las intensas e infames campañas mediáticas que, en complicidad con los concesionarios y haciendo uso de la mentira flagrante, pretenden crear un ambiente optimista en cuanto a la salida de la crisis o en la “eficacia” del gobierno para combatir a la delincuencia, y en un alarde extremo, la militarización del territorio nacional, independientemente de la falta de coordinación entre las corporaciones civiles y militares, o de la confrontación entre el Ejército y la Armada.
Sin embargo, no sólo son exiguas estas medidas, sino que tampoco trazan una salida a la crisis. Los hechos de la vida política cotidiana marcan un creciente descontento que no pueden toparse con nuevas acciones autoritarias. Por el contrario, si en verdad se aspira a dar un paso cualitativo, es necesario abrir el espacio para construir una salida democrática que atienda los graves problemas de inequidad e incertidumbre que viven los mexicanos y que dé satisfacción a sus aspiraciones frustradas a lo largo de dos siglos.
Se ha planteado la posibilidad de una exigua reforma política y una revisión del pacto fiscal en el país, las cuales en sí mismas resultan insuficientes. Se necesita una gran transformación, una verdadera refundación de la República, pues el actual modelo de organización nacional ha dado de sí. Ante ello, el Congreso debe asumir la iniciativa para impulsar este cambio y resarcir su desgastado prestigio público. No se trata de partir de cero, existe un amplio debate que a lo largo de dos décadas ha llegado a acuerdos básicos en torno de una reforma del Estado que no se han traducido en reformas por el conservadurismo de los gobiernos panistas que se han negado a renunciar al viejo sistema y de un priismo que añora su regreso. Sin embargo, esa renuencia, que se ha convertido en la principal debilidad del panismo, y el apetito priista, no debe continuar siendo obstáculo para abrir paso en el Congreso a una reforma que permita dar rumbo al país, que de lo contrario seguirá empantanado en la incertidumbre.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador General de los Diputados Federales del PRD
Fuente: El Universal
No se trata sólo de estar a la mira del impacto continuado de la crisis económica que, pese al optimismo oficial y de los apologistas del régimen, continuará impactando negativamente al empleo y al salario, máxime con la escalada inflacionaria de enero y la entrada en vigor de nuevos impuestos. Tampoco se trata de limitarse al seguimiento de la violencia alcanzada en los enfrentamientos con la delincuencia organizada, en la cual algunos de sus cárteles permanecen intactos, ni mantenerse atento al profundo deterioro de las instituciones públicas, advirtiendo cómo se amoldan los grupos de poder, los cacicazgos regionales y los partidos políticos en las elecciones locales y cómo acomodan sus cartas de cara a la sucesión presidencial.
Se trata más bien de atender el estado de ánimo social con que los mexicanos llegamos este año: La desazón provocada por la falta de empleo; la falta de expectativa de contar con un ingreso mínimo que desagravie el ingreso familiar; la frustración de millones de jóvenes sin expectativa de estudio o trabajo; de campesinos sin posibilidad de producir; de obreros a los que el mismo gobierno lanza a las calles, lo que se acompaña de una militarización desmedida en todo el país, donde retén tras retén, operativo tras operativo, se genera un clima de intimidación a la población y que da cuenta de la zozobra de un régimen sin asideros de legitimidad ni rumbo.
Por ello carece de sentido el debate en torno a si el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución son motivo de celebración o conmemoración, como también carece el de reflexionar sobre la extensa agenda social incumplida. Bastaría preguntarnos qué tan independientes y soberanos somos 200 años después de la gesta independiente, y qué tanta justicia social y democracia tenemos 100 años después de la Revolución, para instalarnos en un debate tan estéril como innecesario.
El hecho puntual reside en asumir que la desazón existente expresa ya un desencanto con nuestra endeble democracia, a lo que se suman la frustración y desesperanza derivadas de la crisis económica, que puede traducirse en reclamo e inconformidad. Así, existe un caldo de cultivo favorable para dar otros valores y propósitos al cumplimiento de estas fechas, en un escenario de posibilidades tan diverso que va desde el intento de crear un marco festivo de celebraciones que distraiga de las regresiones autoritarias que vive el país, hasta hacer de estas conmemoraciones una apología de la violencia.
El régimen de Calderón ha entendido este riesgo. De ahí las intensas e infames campañas mediáticas que, en complicidad con los concesionarios y haciendo uso de la mentira flagrante, pretenden crear un ambiente optimista en cuanto a la salida de la crisis o en la “eficacia” del gobierno para combatir a la delincuencia, y en un alarde extremo, la militarización del territorio nacional, independientemente de la falta de coordinación entre las corporaciones civiles y militares, o de la confrontación entre el Ejército y la Armada.
Sin embargo, no sólo son exiguas estas medidas, sino que tampoco trazan una salida a la crisis. Los hechos de la vida política cotidiana marcan un creciente descontento que no pueden toparse con nuevas acciones autoritarias. Por el contrario, si en verdad se aspira a dar un paso cualitativo, es necesario abrir el espacio para construir una salida democrática que atienda los graves problemas de inequidad e incertidumbre que viven los mexicanos y que dé satisfacción a sus aspiraciones frustradas a lo largo de dos siglos.
Se ha planteado la posibilidad de una exigua reforma política y una revisión del pacto fiscal en el país, las cuales en sí mismas resultan insuficientes. Se necesita una gran transformación, una verdadera refundación de la República, pues el actual modelo de organización nacional ha dado de sí. Ante ello, el Congreso debe asumir la iniciativa para impulsar este cambio y resarcir su desgastado prestigio público. No se trata de partir de cero, existe un amplio debate que a lo largo de dos décadas ha llegado a acuerdos básicos en torno de una reforma del Estado que no se han traducido en reformas por el conservadurismo de los gobiernos panistas que se han negado a renunciar al viejo sistema y de un priismo que añora su regreso. Sin embargo, esa renuencia, que se ha convertido en la principal debilidad del panismo, y el apetito priista, no debe continuar siendo obstáculo para abrir paso en el Congreso a una reforma que permita dar rumbo al país, que de lo contrario seguirá empantanado en la incertidumbre.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador General de los Diputados Federales del PRD
Fuente: El Universal
La educación, atrapada
MÉXICO, D.F., 5 de enero.- El balance de la educación en los tres años del actual sexenio es alarmante. Sin una política definida, los distintos niveles del sistema educativo operan conforme a sus particulares criterios, con la recurrencia de visiones chatas, ridículas a menudo y siempre autoritarias por determinación de sus principales directivos.
Desde 2007 hasta la fecha se ha creído que con la sola realización de múltiples evaluaciones pueden superarse las magras condiciones educativas de la mayoría de la población, sin tomar las medidas necesarias para que los resultados de aquéllas se traduzcan en mecanismos de cambio o superación. En 2008, Felipe Calderón inclusive exigió a la entonces secretaria de Educación rendir cuentas “mes tras mes” de los avances logrados a partir de esas evaluaciones. Pero eso no ocurrió.
Mientras tanto, los indicadores más conocidos revelan que tenemos uno de los peores sistemas educativos del mundo porque, aun cuando la mayoría de nuestros estudiantes de educación básica son capaces de identificar los conceptos mínimos requeridos –por ejemplo en lectura y matemáticas–, no pueden comprender ni analizar el contenido de lo que leen o procesan, como tampoco su significado literario, estético, subliminal o abstracto. Señalan igualmente que la educación de alto nivel –que en México cuenta con algunas de las mejores universidades públicas del mundo, al igual que con excelentes maestros e investigadores– sigue siendo para una minoría: el 17% del grupo de edad escolar correspondiente.
Además, se sabe que durante estos tres años se ha mantenido la reducción de los recursos financieros destinados al sector; que los profesores no tienen ninguna perspectiva de mejoramiento de sus condiciones profesionales; que la infraestructura escolar está deteriorada; que el currículum es obsoleto y rígido, enciclopédico y memorístico; que se han propiciado la mercantilización educativa y el incremento de los precios de matriculación en escuelas privadas de baja calidad, con una oferta educativa que no cambia, y que se padece de una burocracia que vive a costa de mantener atrapado al sistema educativo, con aires de prepotencia y de autismo. ¿Qué se ha hecho para cambiar estos indicadores que son el resultado de todo tipo de evaluaciones? Nada.
Cuando se dio a conocer el Programa Sectorial 2007-2012 de la SEP, Pablo Latapí Sarre expresó: “El programa sectorial de este sexenio es una interminable exposición de propósitos sin diagnósticos, sin fundamentos conceptuales, sin articulaciones con el desarrollo histórico de cada problema (…) Parece que las autoridades privilegiaron cumplir con el cascarón técnico de la planeación y no tuvieron sensibilidad o tiempo para ofrecer una fundamentación del sentido de sus decisiones (…) ello decepciona”. El propio balance de Latapí fue contundente: no tenemos un programa educativo que cuente con una mínima densidad argumentativa; no se definen actores responsables de las acciones propuestas ni se ofrece ningún elemento para juzgar sobre la viabilidad de las mismas, mientras los aspectos financieros casi no se abordan y quedan “sujetos a la disponibilidad de recursos” (enero de 2008).
Otros autores han calificado las iniciativas gubernamentales de “mediocres” e “incoherentes”, como ocurrió con la llamada reforma “integral” al bachillerato (copia del modelo europeo de competencias, de homologación de créditos y de movilidad estudiantil), que fue inmediatamente rechazada por la UNAM y por diversos órganos colegiados de científicos y humanistas. Al respecto, hasta ahora nadie sabe muy bien de qué manera se avanza ni con quién.
Asimismo, el tema de la investigación científica dio sus vuelcos… hacia abajo. En 2008, por ejemplo, se vieron las incapacidades de Pemex y de la Secretaría de Energía para modernizar sus componentes tecnológicos y desarrollar alternativas en los procesos de exploración profunda, o para impulsar fuentes de energía alternativas, porque en todo se pensó, menos en tomar acciones decididas para impulsar la ciencia mexicana en estos y otros ámbitos, como el de la influenza A/H1N1, pese a los reclamos de la comunidad científica en 2009.
Y es que la prioridad máxima del gobierno federal ha sido refrendar la alianza entre las dirigencias del SNTE y de la SEP, en un ambiente plagado de escándalos sucesivos: la rifa obligada de autos de lujo, las maniobras represivas para acallar el conflicto magisterial en Oaxaca, el desprecio a la muy larga huelga de académicos en la UAM, los constantes roces y conflictos entre la secretaria de Educación y la lideresa del sindicato por el control de la SEP, y los frecuentes disparates discursivos de ésta última.
Más graves aún que la frivolidad y el ridículo observados, han sido los resultados de todo lo anterior: que las tasas de desempleo más alarmantes se encuentren ahora entre los jóvenes y entre los egresados de la educación media superior y superior, y que se esté perdiendo el principal activo de una educación ciudadana amplia, de calidad, que propicie la producción y transferencia de conocimientos, ciencia y tecnología en beneficio de un desarrollo con bienestar. Esto, en medio de una crisis que no para y con los recursos más bajos para la educación en relación con años anteriores, que en 2010 alcanzarán apenas para que las escuelas y las instituciones puedan ir saliendo del paso mientras algunos recibirán dinero a manos llenas porque la educación se encuentra atrapada en su poder.
La dependencia dice que 7.5 millones de jóvenes están excluidos de la enseñanza superior
Refutan expertos a SEP: sin prepa ni universidad, casi 11 millones
Critican erróneas políticas gubernamentales y que el mercado coordine la oferta educativa
Se pierden generaciones de mexicanos, advierten; demandan abrir un debate en la materia
Karina Avilés
Refutan expertos a SEP: sin prepa ni universidad, casi 11 millones
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De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre los mexicanos en edad de cursar esos niveles, 7.5 millones están fuera de la universidad y 2.4 millones fuera de la preparatoria. No obstante, a juicio del especialista Manuel Gil Antón, no son 7.5 millones los jóvenes excluidos de la enseñanza superior, sino 8 millones 250 mil. Esto da como resultado 10 millones 650 mil jóvenes marginados de esos niveles educativos.
A su vez, Hugo Casanova, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, expresó que dicha problemática es producto de que desde los años 80 las estrategias del gobierno favorecieron los factores macroeconómicos y expresaron un inequívoco desinterés por los factores sociales, de tal suerte que la enseñanza superior fue tratada como prescindible.
A causa de la política neoliberal, la cobertura educativa se ha atendido de forma insuficiente; de manera radical se redujo el acceso de miles de jóvenes a las instituciones públicas, abundó.
Bajo ese esquema, muchos de ellos tuvieron como única alternativa el ingreso a centros privados, que se caracterizan por su limitado alcance social y, salvo algunas excepciones, por su insolvencia académica, añadió.
Consideró que a mitad del sexenio ya no es posible esperar acciones radicales en materia de educación superior, por lo cual la perspectiva es que este gobierno mantenga su perfil actual.
Señaló la urgencia de que los actores educativos propongan políticas públicas que rebasen la dimensión sexenal. Es necesario, enfatizó, un pacto en el cual desterremos la politiquería gremial y partidista.
La profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional Etelvina Sandoval manifestó que el déficit en la cobertura educativa obedece a la falta de visión oficial, de espacios y de una política para la atención y retención en bachillerato y universidad.
Además ha faltado mucho trabajo del gobierno, que descuidó el bachillerato, y todo se ve cuando el problema estalla, agregó.
En educación, lo anterior tiene un costo muy grande porque hablamos de generaciones de jóvenes que se están perdiendo, lo cual tiene repercusiones económicas, sociales y educativas. Es decir, tenemos un país de jóvenes desaprovechados.
Al estar excluidos del sistema educativo, buscarán una ocupación de lo que sea o en lo que sea, con lo cual se abren las puertas a problemas como la delincuencia o la drogadicción; además se genera mayor inseguridad laboral, entre otros efectos, dijo.
Apremió a abrir un fuerte debate sobre este tema, que es el mayor problema educativo que actualmente se tiene.
A su vez, Manuel Gil Antón, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, insistió en que la SEP da una cifra menor de los jóvenes en edad de ir a la universidad que no lo hacen.
En realidad no están fuera 7.5 millones, sino 8 millones 250 mil, si se toma en cuenta no la tasa bruta, sino la tasa neta, es decir, el número de jóvenes que están estudiando efectivamente y que tienen entre 19 y 24 años de edad.
Lo grave, añadió, es que por lo menos desde hace 20 años el Estado no ha atendido este problema de manera integral, ya que ha dejado la autoridad educativa en manos no del magisterio, sino de la dirigencia magisterial.
Además ha permitido que el mercado coordine el crecimiento de la oferta, lo cual es una verdadera irresponsabilidad, sobre todo en un país con la desigualdad que tiene México.
Así, la exclusión educativa de millones de jóvenes es resultado de cuatro factores combinados: a) el impacto de la crisis económica en la posibilidad de hacer estudios previos al bachillerato y en la infraestructura de las escuelas de nivel básico, b) la falta de calidad en el proceso educativo, c) la ampliación de la oferta de carreras de corte técnico, que no interesan a los jóvenes, en lugar de ampliar la oferta en las carreras que demanda la población y d) el desplome en la percepción de la utilidad de la enseñanza, finalizó.
Fuente: La jornada
Irregularidades en contratos del IMSS
* Irregularidades en contratos del IMSS
* Pierde instituto 250 millones de dólares
* Piden investigar a primo de los Zavala
* Pierde instituto 250 millones de dólares
* Piden investigar a primo de los Zavala
El escándalo ronda a la familia presidencial. Una vez más tiene que ver con los contratos en el mercado de los servicios de software y tecnología en los que de una u otra forma están relacionados los Zavala. Desde 2008 la información en torno a las irregularidades en las que se incurrió con la asignación y ejecución de un contrato por más de 250 millones de dólares que entregó el IMSS a la empresa de origen hindú, Tata Consultancy, no ha dejado de fluir en medio de impugnaciones promovidas por las grandes firmas estadounidenses que dominaban el mercado de los servicios de tecnologías de la información.
Sin embargo, más allá de la corrupción en torno al contrato asignado a Tata Consultancy por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, a cargo de Carlos Castañeda Gómez del Campo –primo hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón–, el daño que sufre el IMSS estaría directamente vinculado con el deterioro estructural del organismo tripartita ante el desvío de recursos, la manpulada asignación de contratos y la imposibilidad de dirigirlos a áreas prioritarias.
El expediente ya fue presentado ante el Poder Legislativo y los responsables de vigilar la transparencia y la calidad en el ejercicio del gasto público no podrán evadir el tema. El director general del IMSS, Daniel Karam, sabe que deberá acudir a la Cámara de Diputados para comparecer sobre el contrato otorgado a Tata Consultancy y que al final incurrió en un significativo sobre costo. En un sólo mes, en diciembre de 2008, la empresa hindú habría facturado 420 mil horas/hombre de consultoría, lo que habría exigido que más de 2 mil 625 programadores participaran en esa fase del proyecto.
Lo paradójico es que en México Tata Consultancy sólo cuenta con mil empleados. Esta es la información que los competidores de la compañía Tata, como EDS y Oracle, furiosos por haber perdido el millonario contrato, han difundido una y otra vez a través de la prensa, que hay irregularidades.
En solo un mes Tata facturó casi 115 millones de pesos en servicios que no reportan entregables tangibles y que suponen prácticamente la inacción del personal del IMSS. Por ello, debería aclararse donde quedaron más de 100 millones de dólares en servicios informáticos pagados supuestamente al Servicio de Administración Tributaria, en un sistema que a finales del 2006 no mostraba avance alguno. La conocida plataforma informática del IMSS es uno de los grandes fracasos de la fiscalización y un lamentable ejemplo de desvío de recursos.
Sin embargo, el verdadero problema se encuentra en el daño estructural que se le ha causado al IMSS. Es un hecho que mientras se dirigieron 250 millones de dólares a servicios de asesoría tecnológica, se descuidó la inversión en instalaciones e infraestructura de detección de amenazas epidemiológicas y la formación de reservas de antivirales. Además, se debe investigar la compra de medicamentos, pues hay claros indicios de contratos amañados, desvío de recursos y pago de comisiones.
Así, mientras la gestión de Juan Molinar Horcasitas aceleró la entrega de contratos, demoró, según lo documentó el exdiputado Juan Guerra, la constitución del fidecomiso que dotaría a nuestro país de un mecanismo articulador de recursos de los sectores público, social y privado para combatir amenazas epidemiológicas. Al no cumplir el mandato emitido por la autoridad competente durante 2007 y consumir buena parte del año 2008 para constituir el Fideicomiso en Investigación de la Salud, de manera discrecional la Dirección General del Instituto acudió a los servicios de la banca privada para la administración de los fondos públicos destinados a la investigación, sin que desde luego existan resultados, programas o actividades de desarrollo tecnológico en el sector.
Fue entonces cuando se asignaron y se dieron a conocer los contratos de consultoría como el celebrado con Tata, empresa extranjera que inexplicablemente presta servicios al IMSS, mediante un contrato que supera los 3 mil millones de pesos. Guerra demandó conocer los nombres, listados y nominas de tal empresa, hasta ahora desconocidos para realizar un escrupuloso escrutinio, debiéndose constatar si se han incorporado a la planta laboral extranjeros que desplazan a mexicanos en servicios que tradicionalmente contrataba el IMSS con empresas mexicanas.
Dicha afirmación, sin embargo, tendría que comprobarse porque históricamente la Dirección de Innovación del IMSS se ha caracterizado por beneficiar a empresas extranjeras. Karam además tiene que explicar a los legisladores cómo fue que una empresa de reciente creación, sin contar con las cualidades y documentación precisada para ser calificada como postor elegible, resultó adjudicataria de un proceso de licitación de tal magnitud, permitiéndosele completar requisitos mediante una supuesta alianza con una empresa extranjera que no participó en la licitación.
Los reclamos ante la Secretaría de la Función Pública no se hicieron esperar y a pesar de que se repuso el proceso de licitación, el IMSS volvió a ratificar el contrato e inexplicablemente a permitir sobrecostos. ¿Habrá coincidido la devaluación del peso frente al dólar? ¿Los retrasos en el inicio del contrato? Las empresas de tecnologías de la información siempre tienen una excusa; sin embargo, es responsabilidad de los funcionarios públicos abogar por la mejor aplicación de los recursos de los contribuyentes. Al parecer no sucedió en este caso.
Así, la fórmula empleada para asignar el contrato a través de cotización del referente hora-hombre, es un artificio que se presta a manipulación, derivando tarde o temprano en un proceso amañado. De tal forma que se puede licitar con un precio relativamente bajo a condición de que se aumente el número de horas facturadas.
Es posible que aun contratando a un precio más bajo se termine pagando más que en otras propuestas, dado que no se estipula límite de horas, ni se auditan las horas supuestamente prestadas. La posibilidad de sobrefacturación es enorme, dado que no quedan rastros ni evidencia palpable o mensurable de las decenas de miles de horas que dice prestar el consultor, ni forma efectiva de medir los resultados, desviaciones, fallas o productos.
El grado de discrecionalidad con que cuenta el operador de los servicios que “autoriza” o “admite” a trámite el pago de multimillonarias sumas es ilimitado. Ahora bien, si se considera que el secretario de la Función Pública en el 2007 tiene y ha tenido objetivos electorales y que el director general del IMSS en esos años también ha sido funcionario electoral del partido en el gobierno, es fácil suponer la necesidad de conducirse en la revisión de éste y otros contratos en el IMSS con absoluta responsabilidad.
El contexto y antecedentes en otros países no benefició a Tata, empresa que en Chile fue sorprendida en actos ilícitos, vinculada a servicios informáticos que prestaba al Registro Civil en aquel país. Aparentemente, la empresa hindú había hecho llegar recursos a campañas no admisibles conforme a la ley, y todo ello sucedía en tiempos que coincidían con épocas electorales en nuestro país. Las empresas de origen hindú, cabe destacar, están acostumbradas a lidiar con ambientes altamente corruptos y a diferencia de las firmas de Singapur, han transigido en prácticas poco claras a cambio de obtener millonarios contratos.
Por ello, no está de más revisar cómo en tan poco tiempo, Tata se allegó de personal calificado en nuestro país, así como si el personal experto no coincide con aquel de las empresas cuestionadas que operaron durante la segunda mitad de la pasada administración en el sector energético, hablamos de Hildebrando, ya que el responsable de la contratación, Carlos Castañeda Gómez del Campo, es un servidor público que tuvo una larga carrera en el sector bancario y súbitamente se volvió experto en materia informática a finales del 2004, integrándose a Petróleos Mexicanos, paraestatal que otorgó un nutrido número de contratos a Hildebrando, aquella compañía pertenecientes a un hermano de Margarita Zavala.
Antes de convertirse en un experto en tecnología, Castañeda, según su currículo, colaboró en Casa de Bolsa Inverlat (1995-2000) y Banco Nacional de México (1980-1995), donde desempeñó los cargos de director de Análisis Bursátil, de Operación de Mercado de Capitales y de Sociedades de Inversión.
El exdiputado Juan Guerra investigó que Castañeda Gómez del Campo estuvo directamente relacionado con empresas tecnológicas al servicio de la paraestatal, cubriendo enormes sumas por servicios ajenos a su trayectoria profesional por productos relacionados a nuevos esquemas contables que hoy presentan aún inconsistencias y no se adaptan a estándares internacionales.
A principios de esta administración, el primo hermano de Margarita Zavala se incorpora al IMSS, dejando sus quehaceres en manos de Reynaud Aveleyra, quien renunció al ser sorprendido de recibir beneficios económicos de SAP, empresa que estuvo estrechamente vinculada en Pemex y el mismo Carlos Castañeda Gómez del Campo. Ambos colaboraban a mediados del sexenio pasado en una sociedad de inversión ajena a tareas informáticas y se incorporaron a la paraestatal sin un claro currículo que los respaldara.
También es relevante constatar que el abundante personal contratado en tan corto plazo no proceda de empresas como Hildebrando, ya que los principales accionistas de ésta son parientes dentro del tercer grado del señalado Castañeda Gómez del Campo, responsable de la contratación. Los legisladores también recibieron la denuncia del despilfarro de cientos de millones de pesos en aplicaciones y servicios informáticos en el IMSS, en un sistema conocido como PREI, el cual arrojó diversas inconsistencias, faltantes y no permitió identificar puntualmente enormes cantidades cobradas por el Instituto Mexicano del Seguros Social bajo la figura de “penas convencionales e intereses moratorios”, montos que no se concentraron en la Tesorería de la Federación ni fueron seguidos por la Dirección General de Fondos y Valores Federales, quedando mas de mil millones de pesos con destino incierto. Dado que los importes referidos no son técnicamente ingresos fiscales o presupuestarios, se ha generado una perniciosa acumulación de penas convencionales que se aplican y ejercen con absoluta discrecionalidad.
Además, como sucede en el manejo de otras bases de datos como las de las Afores, custodiadas por la empresa poco investigada, Procesar, la información y el manejo operativo del IMSS no debería quedar confiada a empresas extranjeras. Es claro que Oracle y EDS tienen un competidor de cuidado en el corporativo indio de servicios de outsourcing en soluciones informáticas: Tata Consultancy Services.
En una entrevista, su director para México y Centroamérica, Ankur Prakash, dijo que la firma analiza al menos tres licitaciones del sector público en donde ofrecerán sus mejores opciones para servicios integrales de consultoría y sistema. Una de ellas fue la Cédula de Identificación. Por ahora, para cumplir sus objetivos, descarta aliarse con alguna compañía mexicana, pero no descarta una adquisición estratégica.
Antes de que Tata Consultancy Services, una de las filiales de la multinacional Tata con participación en el sector automotriz, llegara al mercado mexicano; firmas como la estadounidense Oracle y EDS mantenían una participación dominante en el mercado mexicano y en contratos como el que otorgó por varios años el Servicio de Administración Tributaria.
Hasta el 2011, si no se revoca este contrato, Tata seguirá ofreciendo al organismo tripartita para la seguridad social de los trabajadores servicios tecnológicos y de mantenimiento, además buscará nuevos contratos con el sector público, pero también en el bancario. Prakash dijo que, a pesar de la crisis financiera internacional, Tata puede ofrecer soluciones a los bancos pequeños y medianos pero a costos menores, respecto a los que ofrecen otras compañías de software. Ya vimos cómo lo hace. En el sector bancario, Tata ya mantiene contratos con los cinco bancos más grandes del sistema crediticio, pero buscará llegar a las principales franquicias bancarias sin importar el tamaño. Pero la banca mexicana desde hace muchos año se perdió y si hay contrataciones equivocadas es cosa de los privados, pero cuando hablamos del IMSS y del sector salud, más les vale a los funcionarios responsables que lo hagan bien, porque se trata de dinero público o de lo contrario el Congreso actuará.
oficiodepapel@contralinea.com.mx
El estilo Sabines: argucias, trampas, mentiras
En contravención del calendario electoral de 2010, según el cual en Chiapas deberá votarse por la renovación del Congreso local y de los 118 ayuntamientos, el gobernador, Juan Sabines Guerrero, maniobra para posponer hasta 2012 los comicios para designar a los presidentes municipales. En su empecinamiento por controlar al Poder Legislativo no sólo convierte a los diputados en sus comparsas; también miente al asegurar que sus reformas son avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, no se detiene en sus afanes de poder. Aunque se tuvo que echar para atrás en su pretensión de reelegir por decreto a los actuales diputados estatales, se empeña en cancelar las elecciones para la renovación de los 118 ayuntamientos del estado previstas para el primer domingo de julio próximo.
Con el aval del Congreso estatal, Sabines operó durante el último tercio de 2009 una reforma constitucional que tiene en la incertidumbre el proceso electoral, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que en esa entidad deberán renovarse el Congreso y los ayuntamientos este 2010.
El primer intento del gobernante chiapaneco fue en septiembre último, cuando emitió un primer decreto de reforma a la Constitución local para suspender ambas elecciones y posponerlas hasta el primer domingo de julio de 2012.
En esa propuesta, que mantuvo oculta durante semanas, Sabines argumentó que el calendario electoral de Chiapas debe homologarse con el federal y reducir, de paso, el gasto electoral en una entidad con graves problemas de pobreza.
Su intención inicial era que la actual Legislatura –la LXIII, que tiene bajo su control– se extendiera hasta el 30 septiembre de 2012, un año y 10 meses más del periodo que les corresponde. Y en esa condición, los actuales diputados designarían a los concejos municipales en sustitución de los ayuntamientos que concluyen en diciembre próximo.
El plan estaba previsto en la reforma electoral que Sabines envío al Congreso y que fue aprobada por los diputados locales el 11 septiembre en una sesión extraordinaria simulada, 48 horas después de que el mandatario la presentó. Sin embargo, su iniciativa se vino abajo debido a las violaciones a la Constitución federal que implicaba la prolongación del mandato de la actual Legislatura. Al servir de comparsas, los diputados se reelegían a sí mismos.
Esa reforma fue impugnada por diputados del PRI y el PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una acción de inconstitucionalidad. Aunque el recurso aún no se resuelve, Sabines emitió un nuevo decreto el 25 de noviembre pasado en el que aun cuando repone las elecciones para diputados en este año, mantiene la cancelación de las municipales.
El cambio de parecer ocurrió luego de que el gobernador acudiera a la SCJN, donde se entrevistó con el ministro Sergio Valls Hernández, padre del actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y excolaborador del gobernante, Jaime Valls Esponda, aspirante a suceder al propio Sabines (Proceso 1725).
A pesar de esa cercanía, Valls Hernández no se declaró impedido de conocer el caso y le dio entrada al recurso. Pero antes de que la Corte declarara inconstitucional su decreto, fechado el 12 de septiembre, Sabines se adelantó y en noviembre publicó otro para modificar su reforma.
En su primer decreto sostuvo que la Constitución federal “no contempla prohibición alguna para modificar, prorrogar periodos de congresos locales o ayuntamientos o, en su caso, de estos últimos designar consejos (sic) municipales”.
Después del encuentro con Valls, en el segundo decreto el mandatario de Chiapas señaló: “El Ejecutivo del estado no puede soslayar la existencia de criterios definidos de la SCJN (sic) que consideran inconstitucionales las prórrogas de mandatos a las autoridades electas mediante el voto popular, como lo ha determinado al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas, en fecha reciente, las relativas al estado de Guerrero, y antes, incluso, respecto a nuestro propio estado”.
Propuestas desaseadas
Impugnado el primer decreto, Sabines no vaciló tampoco en manipular al Poder Judicial de la federación. A sus maniobras en el Congreso chiapaneco para suspender las elecciones, siguieron las verdades a medias que su gobierno, a través del consejero jurídico, Carlos Octavio Castellanos Mijares, declaró en el Juzgado Séptimo de Distrito en Chiapas.
En una comunicación oficial al juzgado, que intervino ante una demanda interpuesta por el ocultamiento del contenido de la primera reforma constitucional, el gobierno de Sabines negó haber ordenado la cancelación de los comicios y menos aun que lo hubiera publicado en un decreto. El gobernador, en efecto, no ordenó la cancelación de las elecciones, pero con el Congreso en la bolsa, maniobró para imponer su iniciativa.
Sabines respondió así a la demanda de amparo interpuesta por el exdiputado priista Horacio Culebro Borrayas, quien acudió a la justicia federal ante la negativa del gobierno y el Congreso de Chiapas para que le dieran copia de los decretos emitidos por ambos para anular los comicios.
Durante semanas, los ejemplares del Periódico Oficial del estado en los que se publicaron los decretos del Congreso y del gobierno chiapaneco sobre esa reforma estuvieron inaccesibles.
El ocultamiento fue parte de la maniobra en la que los diputados del PAN jugaron un papel central. Durante más de 40 días, el Congreso guardó hermetismo. En el estado sólo corría el rumor de que los diputados se habían reelecto y en lugar de terminar en noviembre de 2010, lo harían hasta septiembre de 2012.
La ejecución de la maniobra comenzó el 9 de septiembre de 2009, cuando la Comisión Permanente del Congreso convocó a los 40 diputados para sesionar el día 11 a las 20:00 horas.
El objetivo, dijeron, era “analizar y votar 12 iniciativas remitidas por el secretario general de Gobierno”. Las propuestas de ley habían sido dadas a conocer en la sesión ordinaria de ese mismo 9 de septiembre y de inmediato fueron turnadas a comisiones legislativas para su estudio y dictamen.
Entre las 12 propuestas de Sabines estaba la “Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del estado de Chiapas”.
Los diputados empezaron a sesionar poco después de las 10 de la noche del 12 de septiembre. Se saltaron los primeros dos puntos del orden del día y siguieron con el tercero. La reforma, que debía discutirse como prioritaria, estaba en el segundo punto del orden del día. El debate nunca ocurrió, al menos públicamente.
Los diputados estaban nerviosos esa noche. No todos llegaron, al menos 10 faltaron. Los que sí asistieron entraban y salían de sus cubículos, iban y regresaban de su curul. Hablaban por celular sin parar. Fue tal el desorden de esa sesión extraordinaria, que ni siquiera se realizó el acto protocolario para su instalación.
Se aprobó casi todo el paquete de iniciativas, y poco antes de la medianoche, sin precisar el motivo, la presidenta de la LXIII Legislatura local, Ana Elisa López Coello, del PAN, declaró un receso para reiniciar la sesión entre 30 y 40 minutos después.
Sandra de los Santos, reportera del diario local El Heraldo de Chiapas, hizo guardia esa noche en el palacio legislativo, pero nunca vio que en la sala de sesiones los diputados aprobaran reforma constitucional alguna en materia electoral. Pasada la medianoche, los diputados cerraron la sesión y se despidieron.
Una reforma hechiza
De haber aprobado esa noche la reforma constitucional, los diputados debieron de enviarla a los ayuntamientos para su validación y esperar que al menos 50% más uno de los cabildos la regresaran ratificada. Sólo después de ese trámite, el Ejecutivo local la podría publicar en el Periódico Oficial. Pero el día 12 (sábado), Sabines publicó la reforma con la supuesta recepción de 67 actas de cabildo de igual número de ayuntamientos.
Ese mismo fin de semana operadores políticos del gobierno estatal estuvieron en los ayuntamientos para que los cabildos firmaran actas de acuerdo para validar la reforma. La versión fue confirmada a Proceso por un presidente municipal que por temor a represalias pide omitir su nombre.
Pero toda confirmación oficial sobre las reformas se diluyó y ningún diputado se atrevió a hablar del tema; mucho menos los alcaldes, ni Juan Sabines, ni su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, exministro de la SCJN.
En el expendio oficial del periódico del estado, que depende de Castañón, los empleados confirmaron la inexistencia de tales publicaciones. En la página del Periódico Oficial, los ejemplares tampoco aparecían, a pesar de referir que estaba actualizada al 30 de septiembre.
El Congreso también coadyuvó al ocultamiento de esa información. En su página oficial, el registro de las actividades legislativas se saltó de la sesión de la Comisión Permanente del día 9 al 23 de septiembre, por lo que omitió la del día 11 y las subsecuentes.
El exdiputado priista Mario Carlos Culebro Velasco, líder de la Agrupación Política Nacional Renovación, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso.
Cuando todo era rumor todavía, fue el mismo gobernador quien el 15 de septiembre rompió el silencio y confirmó la reforma, pero se la endosó al PRI. La dirigente local del partido, Arely Madrid Tovilla, quien en ese momento participaba en una reunión con Sabines, guardó silencio, a pesar de que en el Congreso se presentó como una propuesta enviada por la secretaría general de Gobierno.
En el marco del Foro Internacional de la Mujer Rural en Chiapas, Sabines aseguró que la reforma fue respaldada de forma unánime en el Congreso y calificó de “positivo” posponer la elección de diputados y ayuntamientos para el 2012. Precisó que los alcaldes serían sustituidos por concejos municipales formados y avalados por el Legislativo local.
Expuso que al menos 40% de esos concejos deberían de estar reservados para mujeres, lo que le ganó el aplauso de sus oyentes. Madrid Tovilla salió del encuentro a toda prisa y no quiso responder al deslinde hecho por Sabines, quien tampoco encaró a la prensa.
Luego del gobernador, el 21 de septiembre, el Congreso también confirmó la reelección a través de una comunicación oficial firmada por la presidenta del Congreso y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Pedrero Rodríguez. Pero para entonces aún no se sabía en qué fecha había sido publicada la reforma en el Periódico Oficial.
Los diputados panistas deslindaron a Sabines y señalaron que “la decisión de homologar las elecciones fue propuesta por los 40 diputados”.
Según su versión, al cancelar las elecciones se ahorrarían 815 millones de pesos. Aseguraron que “por acuerdo de todos los diputados, (esos recursos) se destinarán a atender distintos rezagos y pendientes, como la conclusión de la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso del huracán Stan”, que afectó a Chiapas en 2005.
Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, las elecciones de 2007 en las cuales se votó por los alcaldes y diputados actuales costaron 374 millones 236 mil 551 pesos con 59 centavos. Además, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marco Antonio Ruiz Guillén, ya había asegurado que no pediría más de 400 millones de pesos para el proceso electoral que inicia el 1 de marzo próximo.
Información tardía
Fue hasta finales de octubre cuando estuvieron disponibles los ejemplares del Periódico Oficial con la reforma. En el número 186, del 11 de septiembre, se publicó la minuta proyecto del decreto de reforma aprobada por el Congreso. En el número 187, del día siguiente, Sabines publicó el decreto 328 con la reforma “aprobada” por 67 ayuntamientos.
De acuerdo con esas fechas, cuando los diputados cerraron la “sesión” la madrugada del 12 de septiembre, el decreto del gobernador ya se estaba imprimiendo en los Talleres Gráficos del gobierno del estado.
Abordada por Proceso, la diputada López Coello justificó la reforma con el argumento del ahorro de recursos en tiempos de crisis económica.
–Los chiapanecos no supieron nada de tales reformas –se le dijo.
–Si la gente de la calle no lo sabe es porque no ha encendido la televisión.
–¿Por qué no se consultó a la sociedad?
–Yo creo que todas las voces fueron escuchadas. La gente está harta de tantas contiendas, están hartos de tanto pleito entre partidos, están hartos que se tire el dinero en campañas y eso lo han dicho toda la vida.
Pese a la defensa de la reforma hecha por Sabines y los panistas, el gobernador tuvo que echarse para atrás debido a que su propuesta violaba la Constitución federal. Así lo hizo ver el exdiputado Horacio Culebro Borrayas en una demanda que interpuso contra Sabines en la PGR.
El exdiputado considera que Sabines, a través de su consejero jurídico, engañó al juez séptimo de Distrito en Chiapas al declarar que no había ordenado la cancelación de las elecciones y mucho menos que esa disposición había sido publicada en el Periódico Oficial.
Culebro acusa al gobernador de “falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, coalición de servidores públicos y los que resulten”. Además de Sabines, implica a Castañón y a los diputados de la LXIII Legislatura del estado.
En su demanda, el exdiputado –quien asegura haber sufrido persecución a raíz de la demanda– refiere que la cancelación de elecciones como lo hizo Sabines contravienen varias tesis de la SCJN. Una de ellas, la 47/2006, señala que es inconstitucional “el sistema normativo establecido en una Constitución local para dar operatividad a la intención de homologar tiempos de los comicios locales con los federales”.
Añade que de esa manera se amplía el mandato de la Legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentran en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual han sido electos de manera directa y democrática.
Esa ampliación, precisa, equivale a que esos órganos representativos se coloquen, de facto, como los únicos votantes y ciudadanos elegibles, privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, colocándose como triunfadores de una tácita elección.
A pesar de que ese criterio de la Corte incluye tanto al Congreso como a los ayuntamientos, Sabines sólo rectificó en la suspensión de las elecciones para diputados y mantuvo la prórroga en los 118 ayuntamientos.
En su decreto, publicado el 25 de noviembre con el número 11, establece que las elecciones para el Congreso se realizarán como estaban previstas originalmente, el 4 de julio próximo, pero que los diputados durarán en encargo hasta el 30 de septiembre de 2012. De esa manera, ese año se empatarán las elecciones para el Congreso estatal con las federales.
Respecto a los ayuntamientos, insiste en que una vez que concluya la gestión de las actuales administraciones, los nuevos diputados “por única ocasión y de manera excepcional”, dentro de los 30 días siguientes al inicio de sus funciones –el 16 de noviembre próximo–, elegirán a los concejos municipales que ejercerán entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2012.
En ese lapso media la conclusión de los actuales ayuntamientos y el primer domingo de julio de 2012, cuando se elegirá a nuevos presidentes de los 118 municipios que entrarán en funciones el 1 de octubre de ese año. El decreto también precisa que, en lo que atañe a los concejos municipales, la próxima Legislatura –la LXIV– deberá respetar la actual representación política en los ayuntamientos.
Asimismo, sostiene que ese tipo de designación ha sido avalada por el TEPJF y por la PGR ante la Suprema Corte. El tribunal federal, sin embargo, en su calendario electoral para este año señala que además de las elecciones para diputados, en Chiapas siguen programados los comicios para renovar los ayuntamientos.
El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, no se detiene en sus afanes de poder. Aunque se tuvo que echar para atrás en su pretensión de reelegir por decreto a los actuales diputados estatales, se empeña en cancelar las elecciones para la renovación de los 118 ayuntamientos del estado previstas para el primer domingo de julio próximo.
Con el aval del Congreso estatal, Sabines operó durante el último tercio de 2009 una reforma constitucional que tiene en la incertidumbre el proceso electoral, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que en esa entidad deberán renovarse el Congreso y los ayuntamientos este 2010.
El primer intento del gobernante chiapaneco fue en septiembre último, cuando emitió un primer decreto de reforma a la Constitución local para suspender ambas elecciones y posponerlas hasta el primer domingo de julio de 2012.
En esa propuesta, que mantuvo oculta durante semanas, Sabines argumentó que el calendario electoral de Chiapas debe homologarse con el federal y reducir, de paso, el gasto electoral en una entidad con graves problemas de pobreza.
Su intención inicial era que la actual Legislatura –la LXIII, que tiene bajo su control– se extendiera hasta el 30 septiembre de 2012, un año y 10 meses más del periodo que les corresponde. Y en esa condición, los actuales diputados designarían a los concejos municipales en sustitución de los ayuntamientos que concluyen en diciembre próximo.
El plan estaba previsto en la reforma electoral que Sabines envío al Congreso y que fue aprobada por los diputados locales el 11 septiembre en una sesión extraordinaria simulada, 48 horas después de que el mandatario la presentó. Sin embargo, su iniciativa se vino abajo debido a las violaciones a la Constitución federal que implicaba la prolongación del mandato de la actual Legislatura. Al servir de comparsas, los diputados se reelegían a sí mismos.
Esa reforma fue impugnada por diputados del PRI y el PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una acción de inconstitucionalidad. Aunque el recurso aún no se resuelve, Sabines emitió un nuevo decreto el 25 de noviembre pasado en el que aun cuando repone las elecciones para diputados en este año, mantiene la cancelación de las municipales.
El cambio de parecer ocurrió luego de que el gobernador acudiera a la SCJN, donde se entrevistó con el ministro Sergio Valls Hernández, padre del actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y excolaborador del gobernante, Jaime Valls Esponda, aspirante a suceder al propio Sabines (Proceso 1725).
A pesar de esa cercanía, Valls Hernández no se declaró impedido de conocer el caso y le dio entrada al recurso. Pero antes de que la Corte declarara inconstitucional su decreto, fechado el 12 de septiembre, Sabines se adelantó y en noviembre publicó otro para modificar su reforma.
En su primer decreto sostuvo que la Constitución federal “no contempla prohibición alguna para modificar, prorrogar periodos de congresos locales o ayuntamientos o, en su caso, de estos últimos designar consejos (sic) municipales”.
Después del encuentro con Valls, en el segundo decreto el mandatario de Chiapas señaló: “El Ejecutivo del estado no puede soslayar la existencia de criterios definidos de la SCJN (sic) que consideran inconstitucionales las prórrogas de mandatos a las autoridades electas mediante el voto popular, como lo ha determinado al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas, en fecha reciente, las relativas al estado de Guerrero, y antes, incluso, respecto a nuestro propio estado”.
Propuestas desaseadas
Impugnado el primer decreto, Sabines no vaciló tampoco en manipular al Poder Judicial de la federación. A sus maniobras en el Congreso chiapaneco para suspender las elecciones, siguieron las verdades a medias que su gobierno, a través del consejero jurídico, Carlos Octavio Castellanos Mijares, declaró en el Juzgado Séptimo de Distrito en Chiapas.
En una comunicación oficial al juzgado, que intervino ante una demanda interpuesta por el ocultamiento del contenido de la primera reforma constitucional, el gobierno de Sabines negó haber ordenado la cancelación de los comicios y menos aun que lo hubiera publicado en un decreto. El gobernador, en efecto, no ordenó la cancelación de las elecciones, pero con el Congreso en la bolsa, maniobró para imponer su iniciativa.
Sabines respondió así a la demanda de amparo interpuesta por el exdiputado priista Horacio Culebro Borrayas, quien acudió a la justicia federal ante la negativa del gobierno y el Congreso de Chiapas para que le dieran copia de los decretos emitidos por ambos para anular los comicios.
Durante semanas, los ejemplares del Periódico Oficial del estado en los que se publicaron los decretos del Congreso y del gobierno chiapaneco sobre esa reforma estuvieron inaccesibles.
El ocultamiento fue parte de la maniobra en la que los diputados del PAN jugaron un papel central. Durante más de 40 días, el Congreso guardó hermetismo. En el estado sólo corría el rumor de que los diputados se habían reelecto y en lugar de terminar en noviembre de 2010, lo harían hasta septiembre de 2012.
La ejecución de la maniobra comenzó el 9 de septiembre de 2009, cuando la Comisión Permanente del Congreso convocó a los 40 diputados para sesionar el día 11 a las 20:00 horas.
El objetivo, dijeron, era “analizar y votar 12 iniciativas remitidas por el secretario general de Gobierno”. Las propuestas de ley habían sido dadas a conocer en la sesión ordinaria de ese mismo 9 de septiembre y de inmediato fueron turnadas a comisiones legislativas para su estudio y dictamen.
Entre las 12 propuestas de Sabines estaba la “Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del estado de Chiapas”.
Los diputados empezaron a sesionar poco después de las 10 de la noche del 12 de septiembre. Se saltaron los primeros dos puntos del orden del día y siguieron con el tercero. La reforma, que debía discutirse como prioritaria, estaba en el segundo punto del orden del día. El debate nunca ocurrió, al menos públicamente.
Los diputados estaban nerviosos esa noche. No todos llegaron, al menos 10 faltaron. Los que sí asistieron entraban y salían de sus cubículos, iban y regresaban de su curul. Hablaban por celular sin parar. Fue tal el desorden de esa sesión extraordinaria, que ni siquiera se realizó el acto protocolario para su instalación.
Se aprobó casi todo el paquete de iniciativas, y poco antes de la medianoche, sin precisar el motivo, la presidenta de la LXIII Legislatura local, Ana Elisa López Coello, del PAN, declaró un receso para reiniciar la sesión entre 30 y 40 minutos después.
Sandra de los Santos, reportera del diario local El Heraldo de Chiapas, hizo guardia esa noche en el palacio legislativo, pero nunca vio que en la sala de sesiones los diputados aprobaran reforma constitucional alguna en materia electoral. Pasada la medianoche, los diputados cerraron la sesión y se despidieron.
Una reforma hechiza
De haber aprobado esa noche la reforma constitucional, los diputados debieron de enviarla a los ayuntamientos para su validación y esperar que al menos 50% más uno de los cabildos la regresaran ratificada. Sólo después de ese trámite, el Ejecutivo local la podría publicar en el Periódico Oficial. Pero el día 12 (sábado), Sabines publicó la reforma con la supuesta recepción de 67 actas de cabildo de igual número de ayuntamientos.
Ese mismo fin de semana operadores políticos del gobierno estatal estuvieron en los ayuntamientos para que los cabildos firmaran actas de acuerdo para validar la reforma. La versión fue confirmada a Proceso por un presidente municipal que por temor a represalias pide omitir su nombre.
Pero toda confirmación oficial sobre las reformas se diluyó y ningún diputado se atrevió a hablar del tema; mucho menos los alcaldes, ni Juan Sabines, ni su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, exministro de la SCJN.
En el expendio oficial del periódico del estado, que depende de Castañón, los empleados confirmaron la inexistencia de tales publicaciones. En la página del Periódico Oficial, los ejemplares tampoco aparecían, a pesar de referir que estaba actualizada al 30 de septiembre.
El Congreso también coadyuvó al ocultamiento de esa información. En su página oficial, el registro de las actividades legislativas se saltó de la sesión de la Comisión Permanente del día 9 al 23 de septiembre, por lo que omitió la del día 11 y las subsecuentes.
El exdiputado priista Mario Carlos Culebro Velasco, líder de la Agrupación Política Nacional Renovación, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso.
Cuando todo era rumor todavía, fue el mismo gobernador quien el 15 de septiembre rompió el silencio y confirmó la reforma, pero se la endosó al PRI. La dirigente local del partido, Arely Madrid Tovilla, quien en ese momento participaba en una reunión con Sabines, guardó silencio, a pesar de que en el Congreso se presentó como una propuesta enviada por la secretaría general de Gobierno.
En el marco del Foro Internacional de la Mujer Rural en Chiapas, Sabines aseguró que la reforma fue respaldada de forma unánime en el Congreso y calificó de “positivo” posponer la elección de diputados y ayuntamientos para el 2012. Precisó que los alcaldes serían sustituidos por concejos municipales formados y avalados por el Legislativo local.
Expuso que al menos 40% de esos concejos deberían de estar reservados para mujeres, lo que le ganó el aplauso de sus oyentes. Madrid Tovilla salió del encuentro a toda prisa y no quiso responder al deslinde hecho por Sabines, quien tampoco encaró a la prensa.
Luego del gobernador, el 21 de septiembre, el Congreso también confirmó la reelección a través de una comunicación oficial firmada por la presidenta del Congreso y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Pedrero Rodríguez. Pero para entonces aún no se sabía en qué fecha había sido publicada la reforma en el Periódico Oficial.
Los diputados panistas deslindaron a Sabines y señalaron que “la decisión de homologar las elecciones fue propuesta por los 40 diputados”.
Según su versión, al cancelar las elecciones se ahorrarían 815 millones de pesos. Aseguraron que “por acuerdo de todos los diputados, (esos recursos) se destinarán a atender distintos rezagos y pendientes, como la conclusión de la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso del huracán Stan”, que afectó a Chiapas en 2005.
Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, las elecciones de 2007 en las cuales se votó por los alcaldes y diputados actuales costaron 374 millones 236 mil 551 pesos con 59 centavos. Además, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marco Antonio Ruiz Guillén, ya había asegurado que no pediría más de 400 millones de pesos para el proceso electoral que inicia el 1 de marzo próximo.
Información tardía
Fue hasta finales de octubre cuando estuvieron disponibles los ejemplares del Periódico Oficial con la reforma. En el número 186, del 11 de septiembre, se publicó la minuta proyecto del decreto de reforma aprobada por el Congreso. En el número 187, del día siguiente, Sabines publicó el decreto 328 con la reforma “aprobada” por 67 ayuntamientos.
De acuerdo con esas fechas, cuando los diputados cerraron la “sesión” la madrugada del 12 de septiembre, el decreto del gobernador ya se estaba imprimiendo en los Talleres Gráficos del gobierno del estado.
Abordada por Proceso, la diputada López Coello justificó la reforma con el argumento del ahorro de recursos en tiempos de crisis económica.
–Los chiapanecos no supieron nada de tales reformas –se le dijo.
–Si la gente de la calle no lo sabe es porque no ha encendido la televisión.
–¿Por qué no se consultó a la sociedad?
–Yo creo que todas las voces fueron escuchadas. La gente está harta de tantas contiendas, están hartos de tanto pleito entre partidos, están hartos que se tire el dinero en campañas y eso lo han dicho toda la vida.
Pese a la defensa de la reforma hecha por Sabines y los panistas, el gobernador tuvo que echarse para atrás debido a que su propuesta violaba la Constitución federal. Así lo hizo ver el exdiputado Horacio Culebro Borrayas en una demanda que interpuso contra Sabines en la PGR.
El exdiputado considera que Sabines, a través de su consejero jurídico, engañó al juez séptimo de Distrito en Chiapas al declarar que no había ordenado la cancelación de las elecciones y mucho menos que esa disposición había sido publicada en el Periódico Oficial.
Culebro acusa al gobernador de “falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, coalición de servidores públicos y los que resulten”. Además de Sabines, implica a Castañón y a los diputados de la LXIII Legislatura del estado.
En su demanda, el exdiputado –quien asegura haber sufrido persecución a raíz de la demanda– refiere que la cancelación de elecciones como lo hizo Sabines contravienen varias tesis de la SCJN. Una de ellas, la 47/2006, señala que es inconstitucional “el sistema normativo establecido en una Constitución local para dar operatividad a la intención de homologar tiempos de los comicios locales con los federales”.
Añade que de esa manera se amplía el mandato de la Legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentran en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual han sido electos de manera directa y democrática.
Esa ampliación, precisa, equivale a que esos órganos representativos se coloquen, de facto, como los únicos votantes y ciudadanos elegibles, privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, colocándose como triunfadores de una tácita elección.
A pesar de que ese criterio de la Corte incluye tanto al Congreso como a los ayuntamientos, Sabines sólo rectificó en la suspensión de las elecciones para diputados y mantuvo la prórroga en los 118 ayuntamientos.
En su decreto, publicado el 25 de noviembre con el número 11, establece que las elecciones para el Congreso se realizarán como estaban previstas originalmente, el 4 de julio próximo, pero que los diputados durarán en encargo hasta el 30 de septiembre de 2012. De esa manera, ese año se empatarán las elecciones para el Congreso estatal con las federales.
Respecto a los ayuntamientos, insiste en que una vez que concluya la gestión de las actuales administraciones, los nuevos diputados “por única ocasión y de manera excepcional”, dentro de los 30 días siguientes al inicio de sus funciones –el 16 de noviembre próximo–, elegirán a los concejos municipales que ejercerán entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2012.
En ese lapso media la conclusión de los actuales ayuntamientos y el primer domingo de julio de 2012, cuando se elegirá a nuevos presidentes de los 118 municipios que entrarán en funciones el 1 de octubre de ese año. El decreto también precisa que, en lo que atañe a los concejos municipales, la próxima Legislatura –la LXIV– deberá respetar la actual representación política en los ayuntamientos.
Asimismo, sostiene que ese tipo de designación ha sido avalada por el TEPJF y por la PGR ante la Suprema Corte. El tribunal federal, sin embargo, en su calendario electoral para este año señala que además de las elecciones para diputados, en Chiapas siguen programados los comicios para renovar los ayuntamientos.
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