miércoles, febrero 23, 2011
Libertad De Expresion Mexico 21-02-11 Mesa 2 FORO CAMARA DIPUTADOS
Fuente: politicaypoliticosmx
Entrevista a Andres Manuel Lopez Obrador
Difusión: AMLOTV
PIDE LICENCIA ARNALDO CÓRDOVA AL PRD, "LOS ESTATUTOS NO LO PROHIBEN, ENTONCES ES POSIBLE", ARGUMENTA.
México, Distrito Federal a 22 de febrero de 2011
Compañero Camilo Valenzuela,
Presidente del Consejo Nacional del PRD
Presente,
Por este conducto me dirijo a usted para solicitarle transmita al Consejo Nacional mi solicitud de licencia temporal como miembro del PRD mientras sigua privando la política de alianzas con la derecha panista que viene imponiendo la actual dirigencia perredista. No considero adecuado hacer esta solicitud ante una Presidencia del PRD y una Comisión Política que se han acostumbrado a violar y transgredir los principios inscritos en los documentos básicos del partido. Hay un principio jurídico general que dice que lo que no está expresamente prohibido está jurídicamente permitido; aunque las licencias no se contemplen en el estatuto del PRD, no están prohibidas y es mi sentir que deben ser atendidas.
Desde luego, debo decirle que la razón principal de mi solicitud es la profunda inconformidad que me provocan las alianzas con el panismo que van en contra de la naturaleza política de los partidos políticos, y que olvidan no sólo las tradiciones de lucha del PRD, sino también los ominosos agravios que la derecha ha infligido a la izquierda y al pueblo de México. Pediría a quienes promueven este tipo de alianzas que revisara los Principios de Doctrina de Acción Nacional y nuestra Declaración de Principios y nos explicaran en dónde encuentran una mínima coincidencia.
Finalmente, me parece de un pragmatismo ramplón y miserable la hipótesis de que hay que derrotar al PRI, alegando su caciquismo inveterado, cuando el PRI es tan derechista como el PAN y lo muestran los innumerables acuerdos que esos partidos han convenido en detrimento siempre de los intereses populares.
A t e n t a m e n t e,
Dr. Arnaldo Córdova.
Sobre las alianzas
La actual dirección nacional del PRD ha tenido un acercamiento con el gobierno
espurio de Felipe Calderón y ha pactado alianzas electorales con su partido, el PAN, en varias entidades. La más importante sería en el Estado de México. La justificación es la necesidad de unir fuerzas para derrotar cacicazgos locales y detener a Enrique Peña Nieto en su carrera a la presidencia. De esta manera, se sacrifican los principios fundacionales del PRD y se defiende un pragmatismo electorero que divide a la izquierda y da oxígeno a la oligarquía, sumida en la des- composición y el desgaste político, y a su gobierno usurpador, entrampado en sus graves fracasos económicos, en su corrupción y en su sangrienta y disparatada “guerra contra el narco”.
El argumento central de las alianzas es mentiroso porque el PRI y el PAN son, por igual, instru- mentos del régimen oligárquico para garantizar su continuidad. Ambos defienden la política económica neoliberal, la privatización de los bienes nacionales, la represión y el autoritaris- mo. Los une la complicidad en la corrupción monumental. Aliarse con el PAN o con el PRI sig- nifica, en los hechos, entregarse a los brazos de la mafia que tiene secuestrado el poder público. Nos convertiría en cómplices de un régimen corrupto que, desde Salinas a Calderón, ha llevado al país a la postración, a la zozobra y a una vergonzosa dependencia.
No hay justificación posible para el oportunismo y la falta de escrúpulos de la actual dirigencia del PRD. Sus verdaderas intenciones se desnudan cuando acusan al movimiento lopezobradorista de ser un factor de división de la izquierda y de favorecer a Peña Nieto. En su alianza con la derecha, los chuchos le dan la espalda a la izquierda misma, al movimiento popular y democrático.
En las elecciones de julio pasado, la alianza PRD-PAN postuló candidatos a media docena de gubernaturas y obtuvo el triunfo en tres de ellas: Oaxaca, Puebla y Sina- loa. Oaxaca se cuece aparte porque el gobernador electo, Gabino Cué, encabezó una opción respaldada por movimientos populares, al cual el PAN se trepó de último momento. El movimiento lopezobradorista se hizo a un lado después de promover el voto por Cué para derrotar al asesino de Ulises Ruíz. En Puebla, en cambio, el PRD apoyó al candidato de Elba
Esther Gordillo, y en Sinaloa respaldó al candidato de Manlio Fabio Beltrones. Así pues, esos dos “triunfos” son, en realidad, derrotas para la izquierda.
En el caso del proceso electoral en el Estado de México, la dirección del PRD quiere aliarse al PAN con el argumento de que sólo así se puede derrotar al PRI y detener a Peña Nieto, el candidato de Televisa. Olvida que en 2006 la izquierda, unida en la coalición Por el Bien de Todos y en torno a la figura de López Obrador, derrotó al priísmo mexiquense sin alianzas vergonzosas, lo que podría repetirse en 2011 y en 2012. Y olvida que el pueblo no es inmoral ni tonto, y que re chazará un pragmatismo tan parecido al “haiga sido como haiga sido”, con que Calderón justificó el fraude de 2006.
En suma: los aliancistas de la “izquierda moderna” y entreguista pretenden convencernos de que para derrotar a Drácula hay que irse a la cama con el Hombre Lobo. A lo que puede verse, ya perdieron de vista que el objetivo principal consiste, más bien, en demoler la casa de los sustos, es decir, el corrupto y antidemocrático régimen de la oligarquía y de sus sirvientes: el PRI y el PAN.
Ejército compró cobertores en 143 mil pesos cada uno
Ciudad de México - La Secretaría de la Defensa Nacional compró 600 cobertores afelpados individuales a un precio de 143 mil 400 pesos cada uno.
Datos de Compranet revelan que la Sedena, por medio de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración, adquirió en 2009 la cantidad de 600 cobertores afelpados individuales por un total de $86,040,000.00 pesos.
Esta compra se realizó por medio del contrato número 4500004786 con número de adjudicación 00007001-0001-09 y fecha de suscripción del 29 de enero de 2009.
El proveedor de los cobertores es Dirección Sport S.A. de C.V., el cual tiene RFC DSP-960705-PB0 y ubicación en Calle Oriente No.Int 309-3 No.Ext 158 Col. MONTEZUMA 2/a. SECCION. C.P 15500
Los datos de Compranet muestran que la compra fue por “cobertor afelpado individual”, por una cantidad de 600 piezas a un precio de $143,400.00 por pieza, dando un total por la compra de $86,040,000.00 pesos que la Sedena tuvo que pagar.
Cabe señalar que una búsqueda en el sitio de internet de Palacio de Hierro muestra que un cobertor electrónico individual tiene un precio en esa tienda departamental de mil 420 pesos, mientras que una frazada de cama Ralph Lauren Home Collection tiene un precio de mil 479 pesos a precios de 2011.
Es decir, hace 2 años, la Sedena pagó por un solo cobertor 100 veces el precio de 2011 por un cobertor de marca de lujo.
El caso de los cobertores comprados por Sedena recuerda al caso de la compra de toallas a un precio de 400 dólares cada una por Vicente Fox para remodelar las cabañas de Los Pinos.
Revuelta social en Medio Oriente, lección para México
Detrás del cambio de régimen en Túnez y Egipto, están el autoritarismo y el neoliberalismo que dejan sin oportunidades a los jóvenes, auspician oligopolios, nepotismo y desempleo o elevan el precio de los alimentos. Mientras miles de mexicanos padecen estos males, el gobierno federal insiste en mantener el mismo sistema económico y político. “La lección está en Medio Oriente”, previenen analistas.
Es posible que en México se reproduzca lo que ocurrió en Túnez y Egipto, pues existen condiciones similares: un gran número de jóvenes desatendidos por el Estado y una población desempleada, cada vez más hambrienta. Ahora, el alza en los alimentos y el autoritarismo pueden detonar una crisis política en México, coinciden en señalar el geopolitólogo Alfredo Jalife-Rahme y el internacionalista Edmundo Hernández Vela.
Si cayó Túnez –que siguió la receta neoliberal con el apoyo de Estados Unidos y Francia–, considerado el país más pacífico de Medio Oriente, cualquier país en esas circunstancias puede caer. Hay que observar, señala Jalife, que “México es una tiranía simulada, pues el sufragio no es efectivo y no hay libertad de expresión, pues se persigue a los comunicadores”.
El analista plantea que no hay diferencia entre un dictador con 20 años en el poder –como Ben Zine El Abidine Ben Alí, en Túnez, o Hosni Mubarak, que dirigió Egipto por casi 36 años– y lo que pasa en México. En estos países, el modelo neoliberal se perpetúa, y en México, la situación puede desbordar porque “hay muchos agravios acumulados”.
Para Edmundo Hernández Vela, investigador del Centro de Relaciones Internacionales, el gobierno mexicano debe reconocer que las revueltas ocurren en regímenes de Medio Oriente, cuya política economía radical agudizó los problemas sociales en las poblaciones más pobres.
Para evitar la “ruta de colisión a que conduce el neoliberalismo” y que se genere una revuelta como la que ahora protagonizan los tunecinos y egipcios, debe transformarse el sistema económico imperante. El internacionalista estima que, al parecer, no se quieren ver con claridad los avisos que desde hace tiempo se manifiestan sobre la gravedad de los problemas de México.
“Mientras el gobierno siga la tónica de Carlos Salinas de Gortari, que sintetizó en la frase ‘ni los veo ni los oigo’, no atenderá lo que pasa en el país ni en el mundo”, advierte el autor del Diccionario de relaciones internacionales.
A pesar de la distancia, aprecia que México y Medio Oriente comparten experiencias: se abandonaron las políticas sociales “o se falsea información para dar resultados de que aquí no pasa nada”. De continuar con esta tendencia, señala el internacionalista, se corre el riesgo de ampliar la marginación y condenar a los ciudadanos a una situación de indigencia.
Esto se agrava con la actual política de restricción a las pensiones y a la seguridad social, por lo que grandes sectores de la población ya no tienen derecho a pensar en un futuro estable. Advierte Hernández Vela, que al no ver resultados satisfactorios, las protestas y las manifestaciones aumentarán “contra un régimen verdaderamente pésimo (el mexicano)”.
Por su parte, Jalife-Rahme indica que, cuando se quiere colocar en primer término la seguridad y se pisotean los derechos universales, viene la protesta social, como ocurrió en enero en varios países de Medio Oriente. “En México, no están leyendo bien los tiempos históricos, y si no se colocan del lado de las corrientes de la historia, serán arrasados por ellas”, concluye.
Abandono diplomático
Mientras en el mundo árabe se gestan cambios políticos promovidos por ciudadanos descontentos, esa región ha sido la gran desplazada en la agenda diplomática mexicana. Así lo confirmó, en noviembre de 2006, el Memorándum para el presidente electo. La política exterior de México en los primeros 100 días, que se preparó bajo los auspicios del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).
Ese estudio afirma que en Medio Oriente y África, la presencia de México ha estado marcada por el abandono y la apertura y cierre de embajadas sin razones coherentes. En 2006, sólo permanecían abiertas en esa región cinco representaciones: Argelia, Egipto, Marruecos, Kenia y Sudáfrica. En cambio, Cuba tiene 30 embajadas y un contingente de médicos y trabajadores cooperantes, que la convierten en la mayor presencia hispanoparlante en la zona. Le sigue Brasil, con 20 embajadas; Argentina y Venezuela, con embajadas en Angola y Etiopía.
El estudio proponía privilegiar el ámbito político de cooperación con África y Medio Oriente. Sugería, para promover el conocimiento de México en aquellas latitudes, establecer redes con todos los actores de esas sociedades: con los gobiernos, los parlamentarios, los empresarios, los medios, las organizaciones no gubernamentales, los académicos y centros de pensamiento.
Para llevar a cabo esas actividades, el Memorándum propuso reabrir las embajadas en Etiopía y en Nigeria –décimo productor mundial de petróleo y sexto exportador–; en el mediano plazo, inaugurar una representación en Angola. El estudio de la Comexi también propuso la restitución de la figura del gabinete de política exterior como instrumento indispensable en el esfuerzo de coordinación.
Lejos de atender las recomendaciones de Comexi, en noviembre de 2010 la cancillería mexicana anunció el cierre de algunas representaciones por criterios presupuestales, entre ellas la de Angola. Esta medida, opina el geopolitólogo Alfredo Jalife, exhibe la ausencia de México en Medio Oriente y África, que decidió Jorge Castañeda Gutman, en su gestión como secretario de Relaciones Exteriores, porque decidió colocar “a la política exterior de México en el eje israelí-estadunidense.
Tal medida, afirma, fue un error, pues México, que aún vive del petróleo y posee grandes reservas de este recurso, debe monitorear cómo se comportan los otros países productores: los de Medio Oriente. Mientras México cierra embajadas, Brasil las abre en África y teje alianzas extraordinarias con Irán y Turquía.
Sin retorno
La gran sublevación popular en Túnez y Egipto alertó a los gobiernos de la región. Yemen, Siria, Jordania y Argelia reajustaron sus gabinetes y anunciaron reformas democráticas, pues anticipan un escenario de “no retorno”. En Occidente, el movimiento popular contra el régimen de Hosni Mubarak provocó inquietud en los centros de pensamiento, como Stratfor.
George Friedman admitió que “la pesadilla para Estados Unidos es que en Egipto ocurra una revolución semejante a la de Irán de 1979”. Describió que la seguridad nacional de Israel descansa en los Acuerdos de Camp David que firmó con Egipto.
Por ello se desmilitarizó el Sinaí –que protegía el frente Sur de Israel con el país árabe–, ya que todas las guerras que Israel libró fueron contra Egipto (1948, 1967 y 1973). Después del tratado de paz, las otras guerras que Israel libró (contra Líbano en 1982 y 2006) fueron para defender sus intereses, no su sobrevivencia.
El analista de Stratfor advierte que si en Egipto surge un nuevo régimen que abrogue los Acuerdos de Camp David y con el tiempo reconstruye su ejército, resurgirá la amenaza contra la existencia de Israel. Esta inquietud llevó a Washington a emprender el control de daños y a optar por el escenario menos nocivo a su interés geopolítico.
En términos geopolíticos, Egipto es el puente entre Asia y África por el estratégico Canal de Suez. Por ese paso interoceánico, el Mar Mediterráneo se conecta con el Mar Rojo y el Océano Índico, lugar de mayor tránsito de buques petroleros en el mundo.
Además, Egipto tiene la mayor población juvenil en Medio Oriente. Casi el 60 por ciento de los egipcios es menor de 30 años de edad y nació cuando Hosni Mubarak ya era presidente. En el último estrato social, están los kafaya (¡ya basta!), un sector de la población más miserable.
El otro actor es el ejército, que es el más poderoso del mundo árabe y décimo a nivel mundial. Además, pese a los cambios en el gabinete del presidente egipcio, aún permanecen intactos los servicios secretos (Mukhabarat) y su desmantelamiento es tarea del sucesor del dictador.
Por último, Stratfor advierte que aunque la agenda islámica no está en primer lugar en los reclamos de los estudiantes egipcios, son omnipresentes los Hermanos Musulmanes, una organización ilegal que declinó presentar un candidato propio para relevar a Mubarak.
Presencia débil, costosa
Corresponde al personal diplomático enterar a su gobierno de la situación que impera en los Estados donde están acreditados y evaluar los posibles escenarios de conflicto que coinciden con la problemática de México. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores reserva los informes de sus embajadores y se desconoce si despliegan o no un trabajo eficiente y acorde con el interés del país.
La presencia diplomática de México en Medio Oriente se plasma en sus embajadas de Arabia Saudita, Argelia, la República Árabe de Egipto, Irán, Líbano e Israel. Éstos son los representantes de México en esa región:
La embajadora de México en la República Árabe de Egipto es María Carmen Oñate Muñoz, también concurrente para el reino hachemita de Jordania, la República Árabe de Siria y Sudán. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1979 y en 2002 ascendió al rango de embajadora. Fue jefa de Departamento en la Dirección General para América del Norte y en la Dirección General para América Latina y el Caribe.
Dirigió el Acervo Histórico Diplomático y fue encargada de Prensa en la embajada de México en Cuba; jefa de cancillería en la embajada de Guatemala y embajadora en Costa Rica.
En el debate del Senado para su ratificación, propuso “evaluar las condiciones para impulsar la realización de visitas de funcionarios mexicanos de alto nivel a Egipto, Jordania y Siria”. Además del beneficio político de tales visitas, vislumbró resultados concretos en materia jurídica, económica, cultural y de cooperación.
La embajadora Oñate –con un salario mensual de 9 mil 538 dólares con 74 centavos– despacha desde el número 25 de la calle Hadayek, en la zona Maadi Sarayat de El Cairo.
En Riad, la capital de Arabia Saudita, la embajada de México está a cargo de José Arturo Trejo Nava, quien percibe un salario mensual de 9 mil 654 dólares con 84 centavos. El diplomático, que también tiene la concurrencia ante el reino de Bahrein, Kuwait, el sultanato de Omán y la República de Yemen, fue embajador en Belice.
El embajador de Argelia es Eduardo Eugenio Roldán Acosta. Desde 1989, es miembro del Servicio Exterior Mexicano; fue director para Asuntos Bilaterales con Estados Unidos y Canadá; director para Europa y director de Relaciones Económicas para Asia-Pacífico. Además, fungió como encargado de Negocios y jefe de cancillería en la embajada de México en Corea y como cónsul alterno en Hong Kong.
También es embajador concurrente para Libia, Mauritania y Túnez; percibe un salario mensual de 10 mil 71 dólares con 8 centavos y despacha en la embajada ante Argelia, ubicada en el número 25 de la calle Chemin El Bakri, en la zona Ben Aknoun.
Ante la República Islámica de Irán, el embajador de México es Carlos Tirado Zavala, también concurrente para Afganistán e Irak. Por su gestión, el diplomático percibe un salario mensual de 9 mil 655 dólares con 22 centavos y despacha en la sede de la embajada, ubicada en el número 12 de la Calle Golfam, en la Avenida África de Teherán.
La relación de México con Israel se mantiene a través del embajador Federico Salas Lofte. Es licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Harvard y fue director General de Organismos Internacionales Especializados, así como coordinador general de Asesores en la cancillería. En el extranjero, se desempeñó como consejero político ante Naciones Unidas; fungió como ministro para Asuntos Políticos en la representación mexicana ante Estados Unidos y fue embajador ante la República Checa.
Ante el Senado de la República, Sala Lofte destacó que el Tratado de Libre Comercio México-Israel ha sido “la iniciativa más importante en materia de cooperación”. Señaló que el mayor reto entre ambos países radica en el abordaje de temas de seguridad internacional y derechos humanos.
El embajador mexicano ante Líbano es Jorge Álvarez Fuentes, también concurrente ante los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En el debate ante el Senado por su designación, Álvarez recordó que su país anfitrión “cuenta con una fuerte inversión de la empresa mexicana Cemex”. En la Universidad de las Américas, ante estudiantes de relaciones internacionales, el diplomático ofreció intentar establecer la primera ruta aérea entre ambos países.
Su salario mensual es de 10 mil 85 dólares con 13 centavos y despacha desde la sede diplomática que se ubica en el número 53, primer piso, del Sector 2 del Boulevard Mansour, en Nuevo Naccache, Beirut.
En Marruecos, el embajador mexicano es Porfirio Thierry Muñoz-Ledo Chevannier, también concurrente para las repúblicas de Malí, Senegal y Gabón (aunque información del Senado indica que su gestión se extiende a Costa de Marfil, Nigeria y Ghana).
Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1986, Muñoz-Ledo Chevannier se desempeñó en las embajadas del Reino Unido, en Austria y Francia, así como en las misiones permanentes de México ante la Oficina de Naciones Unidas en Viena, entre otros. Fue asesor en la Oficina de la Representación de Petróleos Mexicanos en París, Francia.
Despacha en la embajada situada en el número 6 de la Rue Kadi Mohamed Berebri, Souissi en Rabat, la capital marroquí. Su salario mensual es de 9 mil 164 dólares con 47 centavos.
Negocios de la corona española en Pemex
Con millonarios contratos en el sector energético y créditos de la banca de desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón capitaliza el grupo Abengoa. Los recursos del presupuesto federal se convirtieron en una de las principales vías de ingreso del consorcio español que opera como intermediario en Pemex. Docenas de empresarios mexicanos alegan supuestos fraudes y tráfico de influencias del consorcio, entre cuyos accionistas y directivos figuran políticos españoles, aristócratas, funcionarios y familiares de la corona española, como Carlos Borbón dos Sicilias, primo hermano del rey Juan Carlos I, su consejero y representante en el mundo empresarial. Abengoa sería una de las firmas en las que el rey de España tiene intereses económicos.
Ana Lilia Pérez / primera parte
Por enésima ocasión le negaron el acceso. El director general para México del consorcio español Abengoa, Luis Rancé Comes, ordenó al personal de seguridad impedir el paso de una obstinada empresaria de Campeche que, insistente, reclamaba el pago de los trabajos que su pequeña compañía hizo para Telvent, subsidiaria de Abengoa, en una obra encomendada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Envuelta en su impecable traje sastre, sofocada aún por el largo viaje, Susana Salinas se topó de frente con el musculoso brazo de un hombre que, flanqueado en la puerta, le impedía cruzar el umbral. De un empellón, Susana se abrió paso hasta la recepción. Segura de que Rancé y el director de proyectos Alejandro Guerrero de nuevo la evadirían, decidió improvisar un plantón.
De su portafolio, extrajo un folder en el que escribió: “¡Luis Rancé, exijo mi pago!”. Extendiéndolo de frente, entre sus manos, se sentó a esperar una audiencia fallida. De la dirección general, llegó la respuesta: “No le pagarán y no regrese”, machacó el guardia y la expulsó.
Un año antes, en septiembre de 2006, Telvent contrató a Industrias y Publicidad Noble, la compañía de Susana Salinas, para que realizara los patines para la inyección de nitrógeno en la planta de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Jalpa de Méndez, Tabasco. “Nos pagaron la primera y la segunda estimación de obra; luego, nada. Nos dijeron que siguiéramos trabajando, que nuestro dinero estaba seguro. Nosotros seguimos. Teníamos 20 trabajadores en campo más los supervisores. Para cubrir gastos, tuvimos que pedir créditos y dejamos en fianza el patrimonio familiar. Al fin que estábamos con una empresa española que cobraría a Pemex muchos millones, pensábamos. Nuestro pago estaba asegurado, o al menos eso creíamos”.
A punto de terminar los trabajos, la compañía aún no les abonaba nada. Susana decidió apersonarse en las oficinas de Abengoa. Por más que intentó sensibilizar a los españoles al exponer su desesperación de que los créditos para costear el contrato generaban interés sobre interés, regresó a Campeche con la cuenta vacía, pero con la promesa de que, en cuanto concluyera la obra, le liquidarían y le darían nuevos trabajos.
El 98 por ciento del trabajo estaba cumplido cuando Telvent le rescindió el contrato con el argumento de incumplimiento. “Me informaron que no me pagarían porque todo estaba mal. Era absurdo, porque tengo las bitácoras de obra que el director del proyecto, Alejandro Guerrero, y su jefe Ignacio Mérida firmaron de conformidad en cada avance”, dice y muestra los documentos, todos con el visto bueno de los directivos de Telvent. Con la documentación certificada por un notario público, decidió reclamar su pago en tribunales al grupo Abengoa. “Entonces –prosigue–, no sabía con quién me enfrentaba”.
Los beneficios de Calderón
Entre los accionistas y directivos de Abengoa, figuran Carlos Borbón dos Sicilias, Emilio Cassinello y Paula Chaves, reputados políticos españoles, aristócratas, funcionarios y sus familiares. El primero no sólo es primo hermano del rey Juan Carlos I, sino su consejero y representante empresarial, de allí que la prensa española identifique al grupo Abengoa como una de las firmas en las que el rey tiene sus intereses económicos.
El consorcio ingresó al mercado mexicano en 1993 como Sainco (Sociedad Anónima de Instalaciones de Control). Para Carlos de Borbón, el mercado no le era ajeno, dado su encargo como funcionario del Banco de México, según inscribe su biografía oficial. Tampoco a Emilio Cassinello, directivo de Abengoa que entre 1982 y 1985 fue embajador de España en México.
En 1997, registraron la subsidiaria Abengoa México e ingresaron como presidente del corporativo a Luis Rancé Comes, directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro, el hombre de las relaciones públicas y políticas desde el sexenio de Vicente Fox. Se trata de uno de los empresarios que aparece en las indagatorias que la Secretaría de la Función Pública integró en 2005 como parte de una red de empresarios y empresas supuestamente favorecidas con contratos irregulares de Pemex Refinación asignados durante la administración del hoy senador Juan Bueno Torio.
Pero ha sido el gobierno de Felipe Calderón el que ha entregado a Abengoa el mayor número de contrataciones en su historia de negocios en nuestro país, por montos que le aportan el 50 por ciento de los ingresos totales que el corporativo obtiene en América.
Ello sin duda es del agrado de Carlos de Borbón, esposo de la princesa Ana de Orleans, primero en el puesto de la línea de sucesión a la corona después de los descendientes directos del rey Juan Carlos. No en balde Felipe Calderón ha recibido una suerte de distinción, como la condecoración de la Orden Isabel la Católica, que en junio de 2008 recibieron él y su esposa Margarita Zavala de manos del rey Juan Carlos.
El consorcio tiene registrados como proveedores del gobierno federal a sus empresas Abengoa; Abener; Abener Energía, SA; Abener México, SA, de CV; Abener Energía El Sauz, SA de CV; Telvent Energía, y Medio Ambiente, SA (antes Sainco); Telvent México, SA de CV; Telvent Energía, SA; Telvent Git; Befesa México; Befesa Limpiezas Industriales, SA de CV; Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV; todas domiciliadas en el 174 de la calle Bahía de Santa Bárbara, colonia Verónica Anzures, Distrito Federal, a unas calles de la sede de Pemex. También a las firmas Telvent Tráfico y Transporte, SA, y Telvent Git (en Madrid, España) y Abener Energía (en Sevilla, España).
Entre 2008 y 2010, a nombre de Abengoa México facturaron 8 mil 176 millones de pesos a Pemex. Uno de estos contratos, asignado en 2009 por Pemex Gas y Petroquímica Básica para la transformación del agua desmineralizada a vapor, representó un monto de 7 mil 429 millones 410 mil pesos.
Telvent Energía, por ejemplo, facturó más de 600 millones de pesos a Pemex Refinación por implantar el sistema SCADA en siete poliductos. A Telvent México, III Servicios le pagó más de 100 millones de pesos por un diagnóstico de riesgos de estaciones de bombeo de ductos de Pemex Refinación (Pajaritos, Progreso, Juan Díaz Covarrubias, Loma Bonita, Tierra Blanca, Arroyo Moreno, Mendoza, Maltrata y San Martín Texmelucan), trabajos que, según su naturaleza, debía hacer la paraestatal.
El gobierno de Calderón les entregó también créditos de Nacional Financiera (Nafin) por montos que fueron clasificados como “confidenciales”, según la respuesta que Nafin dio a Contralínea mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Subcontratación, el método
Sin infraestructura ni planta laboral, Abengoa recibe contratos de obra, servicios y suministros por adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Pemex, por ejemplo, le ha adjudicado unos 50 proyectos, algunos estratégicos y costosos, como la automatización de procesos en las terminales de almacenamiento y distribución de combustibles del país.
Entre ellos, la instalación del calentamiento de crudo ligero en la Sonda de Campeche, contrato 418815809, por 324 millones de pesos; la ingeniería, adquisición, instalación y pruebas para el Proyecto del Sistema Supervisorio Operativo de Procesos para las instalaciones del Activo Integral Ku-Maloob Zaap –420836814– por 110 millones 425 mil 854 pesos; la construcción de líneas del sistema de deshidratación de crudo para el traslado del aceite a la Terminal Marítima de Dos Bocas –420847804–, por 73 millones 847 mil 375 pesos.
También, el reacondicionamiento de la subestación eléctrica de potencia Samaria, del Activo de Producción Samaria Sitio Grade, contrato 415112993, por 6 millones 501 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el Campo Hormiguero, contrato 4169088180 por 15 millones 625 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el campo José Colomo, contrato 4169088190 por 12 millones 458 mil pesos; y la construcción y puesta en operación de separadores trifásicos de hidrocarburos en el Activo Integral Bellota Jujo, contrato 425029819 por 68 millones 780 mil pesos.
Pero las adjudicaciones no parecen del todo legales, revela Armando Barragán, exejecutivo del consorcio Abengoa, cuya relación con la empresa inició durante su periodo como directivo de Pemex Refinación, y justo cuando los españoles iniciaron su relación contractual en la paraestatal. Entonces, como director de proyectos, “recibí la instrucción de ayudar a la compañía y yo los ayudaba”, admite.
—¿A cambio de dádivas?
—Ellos lo manejan de una manera muy diferente, de una forma política y de allí manejan todo. Todo lo que tengan que otorgar, lo otorgan.
—¿Cómo qué?
—Lo que requieran; lo que les estén pidiendo.
—¿Le tocó conocer lo que dan a los funcionarios a cambio de los contratos?
—A mí, por ejemplo, una vez me dijeron mis jefes de Pemex que me iba de viaje a España, y bueno, a mí Pemex me pagaba todo. Ellos (Abengoa) me dijeron: “¿Y si te damos el boleto de avión para tu familia?”. “Mmm… pues me los llevo”, respondí. Y me proporcionaron los boletos.
Al cabo del tiempo, la relación se hizo tan estrecha y para el grupo Abengoa resultó tan rentable que, cuando a Armando le rescindieron su contrato en Pemex, “por no ayudar a una empresa priista”, dice, lo integraron como directivo del consorcio. La finalidad era que con sus contactos y amigos operara los contratos que Pemex les adjudicaría.
“Cuando salgo (de Pemex), y como conozco mucho, pues me contratan para que les ayude. Me dicen: ‘Ayúdanos. Tú conoces a todo mundo y puedes ayudarnos’. Me fui con ellos. Pudimos hacer el trabajo más rápido.”
Operaciones oscuras
La carta fuerte del grupo Abengoa en sus propuestas contractuales es un supuesto know how y tecnología. Su ejecutivo, Armando Barragán, dice que no hay tal, que “no tienen tecnología; la que venden a Pemex es canadiense y el software es lo mismo que los mexicanos. En realidad, no ofrecen nada”. Aunque lo que les ha resultado más lucrativo, explica, “son los contratos leoninos que firman con subcontratistas en los que al final son ellos los que terminan costeando los trabajos que Abengoa cobra”.
Lo que le ocurrió a Susana Salinas y su empresa Industrias y Publicidad Noble no es un caso aislado.
Una vez que la firma obtiene un contrato, recluta compañías locales a las que presentan en Pemex y CFE como si fuesen parte de su plantilla, narran otros tres empresarios. Si bien podría suponerse que representan una opción de empleo para docenas de compañías mexicanas, el resultado es completamente opuesto, pues en la ejecución de los contratos les abonan sólo las primeras estimaciones de obra, condicionándoles el pago al término total de los trabajos; pero cuando su conclusión se acerca, les rescinden el contrato y hacen válidas las fianzas de los subcontratistas. Por ello, las relaciones contractuales entre el grupo Abengoa y muchos de sus subcontratistas terminan dirimiéndose en los juzgados.
El contrato que Pemex Refinación le asignó a Telvent para automatizar las TAD es representativo: el 95 por ciento de las subcontratistas demandó a la compañía por supuesto fraude. Armando Barragán, responsable del grupo Abengoa en este contrato, explica las razones:
“Los contratos eran leoninos; estaban pactados a precio alzado, por lo que no podían hacerse modificaciones de obra ni de monto, pero en ellos se estipulaba mucho menos obra que la que era en realidad, para que sus precios fueran menores. Ya cuando empezaban a trabajar y se daban cuenta que era mucho más obra, pedían que se modificara el contrato. Como eran compañías que trabajaban de buena fe, se les decía ‘te voy a hacer los ajustes’, se confiaban y decían ‘ok, yo trabajo’. Luego se argumentaba que incumplieron y se les aplicaban penalidades del 20 por ciento por 10 días de atraso y 2 por ciento diario. Al final, las contratistas le debían a la compañía.”
—¿Esto es deliberado?
—Sí, es deliberado. Saben que no te vas a dar cuenta.
—¿Cuántas empresas calcula durante el tiempo en que usted trabajó y que terminaron en pleito?
—Como el 95 por ciento. Yo estuve trabajando con ellos cerca de ocho años. Los contratos grandes que yo manejaba de aproximadamente 30 compañías, 25 salieron con problemas. Pero el problema no termina allí, sino que ellos se cobran de mala fe. Dicen “a esta compañía la vamos a penalizar”. Llega un momento en que entregan los equipos, terminan los trabajos y no les pagan. Porque a muchas compañías, aunque entreguen a tiempo, les descuentan muchísimo.
Armando Barragán devela detalles que explican las ganancias del grupo Abengoa:
“Como corporativo, trabajan un sistema denominado pago por banco a 180 días. Cuando el proveedor lleva la factura, ellos la revisan. En la revisión se pueden tardar de 15 días a dos meses. Cuando la aceptan, te dan la instrucción: ‘si quieres cobrar la llevas al banco’, y de sus líneas de crédito te pagarán 180 días después, pero si quieres cobrar antes deberás pagar comisión por factoraje. Cuando quieren perjudicar a una compañía, se van con el factoraje más alto, más intereses, de entre 8 y 10 por ciento.
“Ellos se quedan con la mitad de los intereses o los puntos TIE que se manejen; la otra mitad es para los bancos. Es dinero fresco que entra a la compañía nuevamente. Ya seas contratista o proveedor, te aplican un descuento obligado que lo aceptas o lo aceptas porque normalmente el consorcio se queda con los contratos grandes (del gobierno). Entonces no te queda más que irte con él a venderle.”
Los supuestos defraudados
En 2007, PEP contrató al grupo Abengoa para proporcionar el servicio de “voz y datos” en más de 170 pozos, con el cual la paraestatal debía disponer de información en tiempo real durante la operación de los pozos. Se les encargaron también los sistemas satelitales.
Adrián Fernández Delfín, un empresario tabasqueño que hasta antes de Abengoa daba ambos servicios a Pemex de manera directa, fue subcontratado a través de Telvent. Los españoles, dice, lo localizaron a través de los mismos funcionarios de Pemex que les asignaron el contrato.
“En la zona de Veracruz, realicé todos los servicios de los sistemas satelitales y de comunicación de voz y datos. Luego los de voceo y alarmas audibles para los pozos desde Ciudad del Carmen hasta Reynosa. Ellos ganaron la licitación, pero no sé cómo si no tenían personal para estos trabajos; me buscaron ya cuando los tenían asignados. Uno se pregunta ‘¿cómo le hacen?’. Son muy raras las facilidades que tienen para ganar un concurso sin que acrediten ninguna infraestructura, pues a nosotros Pemex nos pide acreditarlo.
“Empecé a trabajar con ellos en 2007. Desde el inicio, no querían pagarme los trabajos, que ellos llaman ‘órdenes de compra y pedidos’. Me dijeron que cuando terminara, me pagarían; y trabajé con ellos hasta 2009. Cuando reclamaba mi pago, me salieron con que yo les debía. Luego, de plano, me dijeron que no me iban a pagar. Presenté una demanda en Tabasco, pero la diligencia fue en México. Fui a hablar con Alejandro Guerrero (directivo de Abengoa) y me mandaron la guardia de seguridad para sacarme”, detalla en entrevista.
Por los servicios de sistemas de intercomunicación, Telvent facturó a PEP casi 18 millones de pesos. Por los servicios de intercomunicación para prevención y respuesta a emergencias, 23 millones de pesos.
Jorge Cámara Domínguez, de Ingeniería Cadeli, es un caso excepcional entre los subcontratistas de Abengoa. En 2009, logró ganar el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra el consorcio, integrado en el expediente 651/2007.
Cadeli es una empresa mexicana especializada en sistemas contra incendio, proveedora del gobierno federal y del sector privado desde hace 25 años. En los contratos que Refinación adjudicó a Telvent para automatizar las terminales de abastecimiento y distribución, se requería de equipos que sólo Cadeli maneja. Pero en lugar de que Pemex se los adjudicara de manera directa, fue un funcionario de la paraestatal, dice Cámara, el que le recomendó a los directivos de Telvent subcontratarlo.
También le pagaron sólo las primeras estimaciones; la misma historia descrita: rescisión del contrato antes de cubrir los pagos, penalizaciones, hasta que el asunto llegó a tribunales. Pero Cámara aporta un dato que explica por qué Abengoa logra hacer válidas las fianzas, incluso sin informar a los subcontratistas:
“El truco lo hacen con las fianzas para hacerlas válidas y de esa forma recuperar los primeros pagos que le dan a la subcontratista. Hacen negocios con las afianzadoras para poder cobrar con la simple reclamación, y que después la afianzadora se pelee con el contratista para recuperar su dinero. El negocio se hace con los grandes brokers de las fianzas. El acuerdo es ‘yo reclamo la fianza, tú me pagas’ y después la afianzadora recupera su dinero.”
Enrique Santoscoy, de Integral Safety Systems México y de
Comercialización Técnica del Norte, se vio de pronto con las afianzadoras reclamándoles el pago que supuestamente hicieron al grupo Abengoa por sus “incumplimientos”. Es uno de los subcontratistas que la española reclutó para automatizar las terminales de Pemex Refinación. Le encomendaron las de Acapulco y Tepic.
“Cuando deciden cancelarte el contrato, te ejecutan las fianzas inmediatamente y la afianzadora te las cobra. Estás en dos pleitos legales: uno contra Telvent y otro contra la afianzadora. Ellos le apuestan a que tú no tengas capacidad financiera para defenderte. En un contrato de 4 millones de pesos, te demandan por 20 millones. Le apuestan a que no te defiendas y no le metas dinero bueno al malo. Por lo tanto, ya no les cobras. Pero su estrategia no es no cobrarte, sino hacer válidas las fianzas. Si sacamos el monto o la cantidad de empresas que trabajamos en ese proyecto, que fueron alrededor de 10 y a todas las demandaron por 20 millones de pesos, son 200 millones de pesos los que van a deducir de impuestos.”
—¿Acudieron con los directivos de Pemex para exponerles la situación?
—Así es, pero la respuesta fue que éste era un pleito entre particulares. La verdad es que el consorcio tiene muy buenas influencias; definitivamente sus relaciones son mucho más fuertes que las de nosotros.
Protección oficial
En julio de 2009, Javier Peña Gamboa publicó en su blog la denuncia que su compañía presentó en contra de Telvent por supuesto fraude. De todos puntos, del país le llegaron comentarios de subcontratistas de Abengoa en situaciones similares. Pensando en que en bloque obligarían a los españoles a cumplir sus obligaciones contractuales, Javier pensó organizar a los subcontratistas. La respuesta, dice, “fueron amenazas de directivos de la empresa”.
“Hago responsable públicamente a todos los directivos de Telvent si algo le ocurre a mi persona. Sí tenemos miedo mi familia y un servidor de lo que nos puedan hacer, pero estamos sacando fuerzas para luchar por nuestra dignidad, nuestro patrimonio y, sobre todo, para que más de 20 padres de familia no pierdan el sustento que les representa trabajar en esta pequeña empresa”, inscribió en su blog en octubre de ese año.
Javier Peña Gamboa es un hombre serio. En Campeche se le conoce como uno de los primeros empresarios de la zona en afiliarse al Partido Acción Nacional, y de ser quien, en la década de 1990, presentó a los Mouriño –Manuel Carlos y su hijo Juan Camilo– con el presidente de su partido, Felipe Calderón Hinojosa, en la ciudad de México.
“Nosotros nos preguntamos: ‘¿De veras tienen un padrino tan poderoso que los protege e influye para que hagan tantos negocios?’”, rememora Javier Peña, quien, junto con otros subcontratistas, documentó sus casos ante la Presidencia de la República y la Dirección General de Pemex. Incluso tuvo ocasión de comentarlo personalmente al titular de la paraestatal. Confiaba que el presidente Calderón atendiera el caso. La respuesta fue el mutis oficial y la asignación de nuevas y más redituables contrataciones para el grupo Abengoa, y en la vida pública, numerosos encuentros de Felipe Calderón y de su gobierno con el rey Juan Carlos y la realeza española.
Bajo los cuestionados esquemas de trabajo descritos por sus subcontratistas, el grupo ha recibido contratos para construir terminales, líneas de transmisión y subestaciones de la CFE; infraestructura, tratamiento de aguas, remediación de pozos, alarmas, automatizaciones, sistemas de control de emisiones y servicios tecnológicos para Pemex, entre otros.
Accionistas y gestores de alto nivel
Abengoa es una empresa de origen sevillano, fundada en 1941 por Javier Benjumea Puigcerver, fallecido en 2002. En las primeras décadas, junto con sus hijos Javier y Felipe Benjumea y sus sobrinos Joaquín Abaurre y José Luis Aya, manejó la firma como una pequeña empresa familiar, hasta que la fue capitalizando con contratos de los ayuntamientos y las relaciones públicas y políticas que iba tejiendo.
Diversas notas periodísticas de la prensa española documentan que bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción por una simulación en la compra de sus acciones –de Xfera por Telvet–, la familia Benjumea decidió abrir su negocio a influyentes personajes de la políticas y en la función pública de España, lo que además le garantizaba contrataciones gubernamentales. Actualmente, el directivo de mayor envergadura pública es Carlos de Borbón Dos Sicilias.
Nacieron el mismo año, se criaron bajo el mismo techo, se educaron en las mismas escuelas. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias, sucesor de Francisco Franco, nació en Roma el 5 de enero de 1938. Su primo Carlos María Alfonso Marcelo de Borbón Dos Sicilias vino al mundo 11 días después. Cursaron juntos el bachillerato en Las Jarillas y luego en el Instituto de San Isidro, en Madrid.
A sus 26 años de edad, al morir su padre, el infante Alfonso de Borbón, Carlos se convirtió en jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, luego en duque de Calabria y también en conde de Caserta. Catorce años después, su primo Juan Carlos subía al trono de España, heredero de la Dinastía de Borbón.
En 1994, Juan Carlos le dio a su primo el título de infante de España, distinción que sólo se otorga a los hijos del rey y al príncipe de Asturias. Con dicho título, Carlos de Borbón recibe trato de alteza real. Así, Juan Carlos dejó clara la cercanía y confianza con su primo, según consideraciones de la prensa.
Carlos de Borbón es el hombre de los negocios del rey Juan Carlos. “Compagina su labor profesional, vinculada al mundo de las empresas y las finanzas, con la defensa de la naturaleza, y representa al rey en todas las actividades que el monarca le encarga”, cita su biografía en la página oficial de la Casa Real de Borbón (www.constantinianorder.org).
Amén de su parentesco, en los círculos empresariales a Carlos de Borbón se le identifica como el operador de los negocios privados del rey. De allí que se aluda a los beneficios que en aquel país se le han dado a Abengoa, como ahora se hace también en México, particularmente con la feria de contrataciones entregadas por el gobierno federal.
Además de su alteza real Carlos de Borbón Dos Sicilias, como reza el directorio de Abengoa, entre sus directivos y accionistas aparecen diplomáticos de carrera como Emilio Cassinello Auban; políticos y exministros de gobierno, como el de Presupuesto de Felipe Aznar, Ricardo Martínez Rico o Cándido Velasquez, del círculo estrecho de Felipe González o Paula Chaves Iborra, involucrada en un escándalo de tráfico de influencias para favorecer al consorcio con un contrato que le adjudicó su papá, Manuel Chaves, presidente del Partido Socialista Obrero Español, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, para construir la Ciudad Digital de Almería, proyecto de 27 millones de euros del presupuesto público de esa localidad.
Contralínea solicitó entrevista con Luis Rancé para saber su postura respecto de la información planteada por los subcontratistas y su excolaborador en Abengoa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011
Daño patrimonial por 44 MDP en Sedena
La Dirección General de Administración de la Sedena habría incurrido en un daño al erario por 44.4 millones de pesos relacionado con el contrato para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, revela la Auditoría Superior. Los recursos fueron erogados por el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar entre 2008 y 2009.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría incurrido en irregularidades respecto del contrato FAM 2050/I/2008 para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, que involucró recursos públicos por 184 millones 236 mil 700 pesos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De su Informe de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, se desprende que el costo original del contrato ascendió a 147 millones 985 mil 400 pesos; pero, posteriormente, tuvo sobrecostos que superaron los 36 millones de pesos, pagados con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
Las anomalías detectadas por la ASF habrían costado al erario además de los 36 millones 251 mil 300 pesos por sobreprecios, 8 millones 187 mil 700 pesos por penalizaciones no cobradas a la empresa rusa Volans, con la cual se dio la relación contractual.
Como lo informó la columna Oficio de Papel el pasado 14 de febrero, las autoridades militares enfrentaron también una investigación del Órgano Interno de Control porque los helicópteros jamás fueron enviados a las instalaciones rusas de la empresa Volans.
La ASF indica que el contrato se firmó el 22 de septiembre de 2008 y tuvo como objeto la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un importe de 147 millones 985 mil 400 pesos (del cual en el ejercicio 2009 se erogó un importe de 121 millones 353 mil 400 pesos).
En la cláusula octava, agrega, se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009.
No obstante, indica, “la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio ADQ-262/840 del 9 de enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones de Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable incumplimiento por causas de fuerza mayor”.
El cambio de planes en la Sedena costó 36 millones 251 mil pesos más a las finanzas públicas. Según la empresa Volans, el sobrecosto se derivó de la subcontratación de una planta reparadora en Ucrania, pues su planta rusa no podía realizar los trabajos en México.
Los gastos extras se justificaron de la siguiente forma: por la cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia y la ubicación del personal técnico en México durante ocho meses, Volans facturó otros 756.8 miles de dólares, equivalentes a 10 millones 564 mil 900 pesos a un tipo de cambio de 13.96 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2009.
Por la transportación aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos); por la transportación marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 240 mil dólares (3 millones 350 mil 400 pesos); por el envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, 400 mil dólares (5 millones 584 mil pesos); y por la compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a Ucrania, así como el personal mexicano contratado, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos).
De acuerdo con la ASF, la Sedena no cuenta con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio.
Al respecto, la Secretaría señaló a los auditores “que no se realizó la investigación de mercado que se alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas”.
Para la Auditoría Superior, esto habría contravenido el artículo 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El máximo órgano fiscalizador también señala que se incumplió con la fecha de entrega de tres helicópteros establecida en el contrato (10 de noviembre 2009). La Dirección General de Administración (DGA), detalla, conocía del atraso en la entrega de los servicios desde el 11 de noviembre de 2009, por lo cual tenía la obligación de cobrar penas convencionales (1 por ciento por cada día de atraso). “Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la entrega extemporánea que le correspondía”.
Mientras que la ASF determinó que las penas convencionales ascienden a 636 mil dólares (8 millones 187 mil 700 pesos); la Sedena sólo aplicó sanciones por 422 mil dólares (5 millones 174 mil 800 pesos). Ninguno de los dos montos fue recuperado, porque el proveedor solicitó su cancelación el 27 de mayo de 2010; y aunque habían transcurrido seis meses de la fecha de entrega pactada, “dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA”, dice la Sedena.
La Auditoría Superior notificó al Órgano Interno de Control las anomalías. Expediente que, según indicaron fuentes de la Secretaría de la Función Pública a la columna Oficio de Papel, ya habría sido cerrado sin fincar las responsabilidades correspondientes.
Calderón pide renuncia a Chávez Chávez
El presidente Felipe Calderón habría solicitado al procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, su renuncia. De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia, esta semana podría anunciarse la salida del chiuhahuense. Marisela Morales Ibáñez, titular de la SIEDO, destaca entre los posibles relevos.
El procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, habría presentado su renuncia en enero pasado al presidente Felipe Calderón Hinojosa, a petición de este último, informa la columna Oficio de Papel (www.oficiodepapel.com.mx, 21 de febrero de 2011).
De acuerdo con la columna, Calderón Hinojosa ha roto relaciones con el procurador a tal punto que “ya no acuerda con él” ningún tema y, “en su lugar, en Los Pinos se reúne con los probables sustitutos”.
Fuentes cercanas a la Presidencia, consultadas por el periodista Miguel Badillo, indican que Calderón Hinojosa ya analiza los perfiles de “Marisela Morales Ibáñez, subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien parece ser la favorita sobre los demás contendientes; Javier Lainez Potisek, procurador Fiscal de la Federación; el abogado Julio Esponda Ugartechea, experto en litigios corporativos y financieros y, además, muy amigo de Calderón, y hasta el veracruzano Miguel Ángel Yunes, quien después de perder las elecciones para gobernador es impulsado al cargo de procurador por su madrina política Elba Esther Gordillo”.
El motivo del alejamiento entre Chávez Chávez y Calderón, detalla Oficio de Papel, es porque el procurador olvidó su responsabilidad en el combate al crimen organizado y dejó solas en ese trabajo a las Fuerzas Armadas, es decir al Ejército y la Marina, mientras él se dedicaba a preparar cursos, talleres y seminarios para sus ministerios públicos.
“La insensibilidad de Chávez Chávez es más que evidente, pues jamás se enteró de que Calderón ordenó desde hace cuatro años hacer una ‘guerra’ en contra del crimen organizado”, dice Badillo. Agrega que, hasta ahora, no se tienen evidencias de que la Procuraduría investigue o siquiera haya iniciado las averiguaciones previas por los más de 35 mil civiles asesinados en lo que va de la administración calderonista.
El distanciamiento entre Felipe Calderón y Chávez Chávez se demuestra, indica el periodista, “pues el mandatario prefiere acordar con la titular de la SIEDO, Marisela Morales”, los temas que atañen a la Procuraduría.
Según las fuentes consultadas, esta semana se espera el anuncio de la renuncia de Arturo Chávez Chávez.
"No me voy del PRD, sólo pedí licencia": López Obrador
MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).-El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que no va a renunciar al PRD.
"No voy a presentar la renuncia. No estoy pensando en renunciar al PRD, pedí licencia. Me quedo como ciudadano libre", señaló en entrevistaq con Carmen Aristegui en su espacio de MVS.
"Primero, no presentaría la renuncia, y segundo, no les voy a dar el gusto a los miembros de la mafia en el poder. ¿Te imaginas a Salinas y Calderón frotándose las manos? (...) Estoy libre, pero sigo siendo del PRD", subrayó.
López Obrador aseguró que decidió separarse temporalmente del partido y será el Consejo Nacional perredista la instancia que determine su situación, pues a ese órgano de dirección le envió su solicitud.
Explicó que su decisión de mantener una distancia es porque no será parte de una "farsa" en la que un partido de izquierda puede unirse con otro de derecha, y presentar un mismo proyecto de gobierno.
El político tabasqueño fue cuestionado de por qué hasta ahora asume esta posición, cuando se han dado otras alianzas, como la de Oaxaca. "He sido muy tolerante, pero lo que pasa es que todo tiene su límite", respondió.
Cordero, el secretario Bartola
MÉXICO, D.F., 22 de febrero (apro).- Si el titular de Hacienda, Ernesto Cordero, pasó la mayor parte de este gobierno como un perfecto desconocido para la mayoría de los mexicanos, bastaron sus cinco minutos de infamia para que en las redes sociales se convirtiera en Mr. Bean y también en el “secretario Bartola”, en recuerdo a la famosa canción de Chava Flores que relataba la carestía de la vida a través de un ama de casa.
Cordero salió el lunes a presumir, en conferencia de prensa, que vivimos una clara recuperación económica y que, de acuerdo con los registros del INEGI, registramos un crecimiento de 5.5% a finales del año pasado.
Sin embargo, este dato positivo quedó absolutamente opacado con los siguientes comentarios que lo transformaron en un Trending Topic en la red social de Twitter:
“Con ingresos ya no digas de 13 mil pesos al mes; con ingresos de 6 mil pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”.
Nunca peor dicho. La insensibilidad de Cordero, el presunto favorito de Felipe Calderón en la carrera por sucederlo, también le pegó en la línea de flotación al gobierno federal panista. “Se inauguró Calderolandia”, escribieron en las redes sociales, por decir lo más amable, y hasta le recriminaron que le redujeran a él su salario a 6 mil pesos para que vea lo que se siente.
De nada ayudó que alrededor de las 10 de la noche, ante el cúmulo de reacciones negativas, Cordero aclarara que no quiso decir lo que dijo. El cantinflesco secretario de Hacienda se quedó ya con el estigma del ministro Bartola.
He aquí algunas muestras de lo que circuló en Twitter en una larga jornada de mala fama para el secretario de Hacienda:
“Mira Cordero, ahí te dejo estos dos pesos…Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges de ahí para tu gasto”.
@Isracarlock: “Oiga nini es por ‘ni la chinga y ni la friega’?
@rimoba: “Antes Foxilandia ahora sueños del rey chiquito???
@JaRaskolnikov: “Yo no sé con 6,000. Pero con más de 200 mil no nos alcanza para tener un secretario de Hacienda que no sea un cretino”.
@En menos de 20min Cordero ya es Trending Topic! Esto es un nuevo récord para Twitter o un insulto al pueblo de México??
@TrendsCdMexico: “Calderolandia es ahora una tendencia en #MexicoCity”.
@Eliseirena: “¿En qué país viven? En Mx hay 40 millones de personas que viven con menos de dos mil pesos al mes y otros 30 millones con menos de 4 mil”.
@OmarVelascoM: “Esas pedas en Los Pinos ya afectan al gabinete…¿Con 6 mil pesos pago todo eso? Señor secretario #No Mamar”.
@Leonserment: “Retwittea si estás de acuerdo que a Ernesto Cordero le rebajemos el salario a 6 mil pesos al mes. ¡A ver si le alcanza!
@HIValicious: “205,122.05 pesos como sueldo total bruto se embolsa @ernestocordero, 145,613.98 pesos al mes como sueldo total neto”.
@IvanGamboaSong: “IMPORTANTE!!! Curso de Marketing Político: “Como acabar con una campaña en 5 min”. Impartida por el especialista Ernesto Cordero Arroyo.
@realnaquito: “Con seis mil pesos al mes y una narcotiendita cualquiera la hace”.
#Cordero está fuera de la realidad tal como su pastor@FelipeCalderon
“Yo no creo que @ernestocordero haya dicho eso de los 6 mil pesos. ¡Mr Bean no habla!”.
@giroCincoDos: 6000 pesos es el 3 % de lo que gana @ernestocordero, no es incongruente?
@Navarretecarlos: Srio. De Hacienda dice que con 6 mil pesos alcanza para todo. Y qué tal si prueba en su familia? A ver si le alcanza”.
Este martes, el periódico La Jornada tituló así su nota principal: “Cordero: con $6 mil se alcanza a pagar todo en México”, mientras Reforma, también en primera plana, tituló la nota: “Ve SHCP recuperación…y familias muy exigentes”. Pero la Rayuela de La Jornada lo sintetizó así: “Es clamorosamente evidente que el secretario Cordero no tiene idea de lo que cuesta un jitomate”.
Por lo pronto, esos jitomatazos virtuales le tundieron desde el lunes 21 a quien quiso presumir recuperación económica y se hundió en el despropósito.
El PRI y la partidocracia
MÉXICO, D.F., 22 de febrero.- El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República impulsa una iniciativa de reforma constitucional para que los partidos políticos postulen a los cargos de elección popular únicamente a sus afiliados, con un mínimo de 18 meses antes de la fecha de elección. Según las explicaciones que dieron a los medios de comunicación el líder de la bancada, Manlio Fabio Beltrones, y la legisladora Norma Esparza, la iniciativa busca frenar el transfuguismo político; sin embargo, tal como lo explicaron a los medios de comunicación, también acabaría con las llamadas candidatura ciudadanas a través de los partidos políticos, pues entonces éstos únicamente podrían registrar a sus militantes, cerrándose la puerta para que ciudadanos no partidistas, ante la imposibilidad de hacerlo directamente, contiendan por la vía de los partidos con registro.
Es una reacción inmediata a lo sucedido en las elecciones de Sinaloa y Guerrero, donde expriistas ganaron los comicios constitucionales para ocupar la gubernatura postulados por coaliciones de partidos distintos al tricolor. En ambos casos, los candidatos decidieron postularse por una fuerza política diferente al partido de su militancia original, después de que el PRI había definido a su candidato, es decir, cuando vieron frustradas sus intenciones de contender bajo la divisa priista. Lo mismo había pasado anteriormente en Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur y, en dos ocasiones, en Chiapas, entre otras entidades.
Pero en lugar de hacer una revisión crítica de lo que sucedió dentro de su partido y de mejorar sus métodos de selección de candidatos, los legisladores priistas prefieren dar otro paso para fortalecer a las dirigencias partidistas y estrechar todavía más las puertas de entrada a las contiendas electorales. En reformas sucesivas, los partidos con representación en el Congreso han ido estrechando los cauces para que nuevas fuerzas políticas se incorporen a las contiendas electorales; primero, duplicando el número de afiliados necesarios para obtener el registro, que pasó de 0.13% del padrón electoral al 0.26% (que en estos momentos significa poco más de 210 mil ciudadanos debidamente enlistados en el registro electoral); y, luego, pasando de 10 a 20 las entidades o de 100 a 200 los distritos en los que la organización debía realizar asambleas donde tenía que acreditar, en el primer caso, la asistencia de 3 mil afiliados, y en el segundo, de 300 por cada una de ellas.
Asimismo, transitoriamente, colocaron como requisito para hacer el trámite tener un registro como asociación política nacional; pero en la reforma de 2007 establecieron que el proceso de registro de nuevos partidos se abriría únicamente cada seis años y no cada tres, como sucedía anteriormente. Así, el proceso no se abrirá sino hasta 2013, es decir, una vez pasada la elección presidencial de 2012.
En la reforma constitucional de 2007 establecieron en el artículo 116 de la Constitución que: “IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que: ... e) Los partidos políticos (…) tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular…”, con lo cual cerraron el paso a las reformas que se habían hecho en Sonora y Yucatán para permitir el registro de candidaturas no partidistas, cuya constitucionalidad ya había avalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y respaldado el electorado, particularmente el yucateco, que ya había elegido a un alcalde no partidista.
Los partidos políticos aprovecharon la reforma de 2007 para constitucionalizar la partidocracia blindando su vida interna, incrementar sustancialmente el financiamiento público para actividades ordinarias, fortalecer a sus dirigencias nacionales, y debilitar a la autoridad electoral, lo que hoy también se hace manifiesto particularmente con las embestidas mediáticas del contralor general de dicha institución (Proceso 1610).
Mientras tanto, en la reforma legal incluyeron varias disposiciones en el mismo sentido, entre las que destacan el establecimiento de una categoría de información “no pública”, para proteger algunos documentos del escrutinio público, y el “requisito indispensable (…) para que las coaliciones en las elecciones estatales” tuvieran la aprobación del órgano de dirección nacional (Proceso 1623).
En caso de concretarse y aprobarse esta nueva iniciativa, más allá de cerrar el paso a los ciudadanos sin militancia en partidos políticos para ser postulados, las dirigencias partidistas también se fortalecerían pues estrecharían los márgenes de acción de sus propios militantes, incluyendo desde luego a quienes ocupan cargos de elección popular. De este modo, la disciplina partidaria se potencia particularmente tras de que se vence el plazo de 18 meses antes de la elección: un legislador con aspiraciones a otro puesto de elección popular durante ese periodo tendrá que obedecer ciegamente las consignas partidarias si no quiere ver canceladas sus posibilidades, pues su única opción depende de la voluntad de su dirigencia partidista.
El problema no es que cierren el paso al cambio de partido de sus militantes, sino los efectos colaterales que esto conlleva: un mayor ensimismamiento de los partidos políticos, al ensanchar los poderes discrecionales de sus dirigentes o líderes para imponer candidatos a los puestos de elección popular; el fortalecimiento de las dirigencias nacionales para disciplinar a sus militantes, particularmente los legisladores con aspiraciones políticas ulteriores; y la exclusión de las boletas electorales, ahora sí definitiva, de cualquier ciudadano no militante de un partido político.
Ante su creciente desprestigio, los partidos políticos, en lugar de buscar acercarse a la ciudadanía e impulsar su democracia interna y su comunicación con el electorado, optan por blindar a sus dirigencias. Al menos esto es lo que denotan las últimas reformas en la materia y esta iniciativa que preparan los senadores priistas.