Contraste entre la primera ley de petropolítica y petroguerra

Barómetro Internacional

Por Israel López Montaño*

La comunidad internacional está constituida por Estados soberanos iguales ante la ley, pero entre ellos, existen diferencias sustanciales en cuanto al desarrollo económico, militar, tenencia de recursos naturales, hidrocarburíferas, mineralógicos, capacidad de consumo y producción. En consecuencia la historia y geopolítica de las relaciones internacionales, en América Latina y el mundo tienen como común denominador la obtención de materias primas para añadir valor agregado y posicionarlo en el mercado mundial.

Ahora bien, como uno de los apologistas de las acciones de los países desarrollados e importadores de petróleo, Thomas L. Friedman, Columnista del New York Times, bajo la inocente justificación de su ensayo “La Primera Ley de Petropolítica”, se suma a la campaña mediática tendiente a desacreditar a los países productores y dueños de las reservas hidrocarburíferas en el mundo.

Friedman, sostiene una correlación entre los precios del petróleo y la libertad política existente en los países detentadores de reservas hidrocarburíferas y mineralógicas, al establecer la Ley de Petropolítica, consistente en que: “el precio del crudo y el ritmo de la libertad siempre se mueven en direcciones opuestas en los países ricos en petróleo. [Es decir] (…) mientras más alto sea el promedio global del precio del crudo, más se debilitarán la libertad de expresión y de prensa, las elecciones libres y justas, el sistema judicial, el estado de derecho y los partidos políticos.” Para ello, explica a través de un cuadro cronológico y comparativo la correlación entre precio de petróleo y libertad, asociando a Nigeria, Irán y Venezuela, de ser países donde existe un déficit de libertad política y de prensa.

El objetivo de Friedman es claro, establecer unos tendenciosos principios político y económico falaces: a mayor poder económico de los países en desarrollo más vulnerable son las libertades políticas. Demostrando en el caso de Venezuela y países latinoamericanos un claro desconocimiento de sus realidades política, económica, social y cultural. Asimismo, implícitamente establece una división entre buenos y malos, entre libertad y autoritarismo, cual juez parcializado en la compleja red de intereses geopolíticos de los países desarrollados y transnacionales en el mundo y América Latina.

En contraste a las afirmaciones de Fiedman existe la Primera Ley de la Petroguerra, consistente en: la obtención de reservas hidrocarburíferas y la promoción de la paz se mueven en direcciones opuestas en los países carentes de recursos energéticos. Es decir, mientras más necesidad y escasez de petróleo tengan los países consumidores y desarrollados militar y económicamente, tendrán menos voluntad política para promover la paz en el mundo y la resolución de los problemas ambientales que se generan a raíz del modelo consumista en sus sociedades.

Los países dueños de los recursos naturales más importantes en el mundo, en hidrocarburos y minerales vienen obteniendo importantes ingresos por la venta de sus materias primas, situación que genera en cierta medida una independencia económica de los centros de poder financiero y político en mundo.

En el caso de Venezuela, se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tiene la reputación mundial de imponer medidas poco democráticas a los países solicitantes de un crédito o financiamiento. Asimismo, Venezuela, siendo productor y promotor de un precio justo para su producción y comercialización de petróleo, es el país que durante los últimos años ha tenido 12 procesos eleccionarios entre presidenciales, parlamentarias, municipales, y referendos, donde se observó una participación democrática de los ciudadanos para decidir su destino político y económico. En cuanto a la utilización del recurso petrolero, como instrumento de política exterior, ésta se viene empleando en la promoción de acuerdos de cooperación con países de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo: en suministro de petróleo a los países centroamericanos en módicas cuotas de pago y financiamiento. Además, con el factor petróleo, Venezuela impulsa iniciativas tendientes a la integración política, económica y social de los países en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.

En caso de la República de Bolivia, durante los años de precio bajo del petróleo se llevó adelante una política de privatización de todas las empresas estatales. Para ello, no existió ningún atisbo de propiciar la libertad o toma de decisión de la población, a través de un referéndum respecto a la aplicación de modelos económicos; al contrario, el gobierno de turno promovió la venta de las empresas estatales en un clima de represión política y por tres veces consecutivas la suspensión de garantías constitucionales en los años 90. Ulteriormente, después de la guerra del agua del año 2000 y la guerra del gas del 2003, el actual gobierno tuvo que materializar la voluntad del pueblo boliviano expresado en referéndum el 14 de julio de 2004, de nacionalizar la industria del gas y la recuperación de las empresas entregadas al capital transnacional.

El caso chileno es muy singular al respecto. Chile en los años setenta emprendió una serie de cambios económicos y políticos -según a criterio de los grandes inversionistas y representantes del capital transnacional fue calificado como algo muy positivo y ejemplarizante- pero en la historia latinoamericana, representa el período más sangriento y antidemocrático al imponer un modelo de desarrollo neoliberal, a costa de la eliminación física de los disidentes.

Ahora bien, en los actuales momentos ese sistema capitalista “democrático”, que tanto nos vendían los intelectuales de Chicago, atraviesa por una recesión que hasta el momento no se conoce la magnitud y el tiempo que estará presente en el sistema económico internacional. La crisis económica es una coyuntura propicia para que los pueblos presionen a los Estados a promover un nuevo sistema económico, basado en principios de honestidad y responsabilidad a objeto de satisfacer las verdaderas necesidades de las personas y naciones.

Para concluir, la política internacional que promueven los Estados se diferencian unos de otros por las necesidades de recursos estratégicos que requieren para afianzar su desarrollo y poder en la comunidad internacional. Para ello, emplearan su potencialidad económica, militar o diplomática como instrumento de política exterior para lograr sus fines. La guerra en Irak, tuvo como antesala una premeditada campaña mediática, donde dejaron por sentado una falsedad que repetida mil veces dio inicio a la invasión de un Estado y contó con intelectuales como Fiedman la justificación de la guerra en nombre de la libertad.

No constituye casualidad o un interés inocente, la publicación de artículos tendenciosos a vulnerar la democracia y libertad que incomoda a los grandes capitales del mundo. Venezuela, Bolivia, Ecuador y América Latina, durante la última década vienen promoviendo la generación un nuevo orden económico y político mundial, donde las instituciones adopten como principio básico la democratización de sus estructuras, según la evolución objetiva de la realidad internacional, que clama paz, justicia y respeto al medio ambiente.

* Internacionalista