¿Tú también, Greenspan? Estás totalmente equivocado

Mario Di Costanzo*

Al igual que hizo Cuauhtémoc Cárdenas hace algunos meses, durante la semana pasada Alan Greenspan, ex secretario del Tesoro estadunidense, alertó sobre la posibilidad de una crisis futura sobre las finanzas públicas de México dada una caída en los precios del petróleo, por lo que apremió a llevar a cabo la reforma energética y abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada nacional y extranjera.

Después de escuchar las declaraciones de Greenspan no me queda más que apremiarlo a que, antes de hablar sobre México, se tome la molestia de revisar los informes sobre la situación financiera del país.

Lo anterior, porque, de acuerdo con el primer informe sobre la situación de las finanzas públicas, al primer trimestre del año el sector público tuvo un superávit fiscal de 102 mil 436 millones de pesos.

Eso quiere decir que al mes de marzo del presente año los ingresos obtenidos por el gobierno fueron superiores al gasto que realizó durante los tres primeros meses de 2007.

Si bien es cierto que a primera vista esta situación podría parecer "buena", cuando revisamos este resultado de manera más detenida nos encontramos que este reporte de "superávit" hecho por el gobierno ha implicado que Pemex haya tenido durante los tres primeros meses del presente año un déficit de operación, o sea una pérdida de 10 mil 143 millones de pesos.

Para mostrar lo anterior basta mencionar que, de acuerdo con los datos publicados por Pemex al primer trimestre del año, esta paraestatal tuvo ventas totales por 235 mil 900 millones de pesos, de los cuales 134 mil millones (aproximadamente 56 por ciento de sus ventas totales) le fueron entregados a la Secretaría de Hacienda por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos.

Sin embargo, y de manera adicional, Pemex entregó al gobierno por concepto de "ingresos propios" 68 mil 353.5 millones de pesos, con lo que la contribución total de la paraestatal a las finanzas públicas fue de 202 mil 753 millones de pesos, lo que representa 85.9 por ciento de las ventas totales de la empresa.

Cabe destacar que si a las aportaciones a las finanzas públicas que hace Pemex por concepto de impuestos y de ingresos propios le añadimos lo que el gobierno recauda por concepto de impuesto especial a la producción y servicios, proveniente de la gasolina y el diésel (IEPS de gasolina y diesel) y lo que recauda por concepto de IVA a la gasolina, nos damos cuenta de que la contribución total de los ingresos petroleros a las finanzas públicas fue de 212 mil 410 millones de pesos, lo que representa 38 por ciento de los ingresos públicos totales.

Por ello resulta absurdo que la Secretaría de Hacienda se vanaglorie de haber obtenido un superávit fiscal de 102 mil millones de pesos, cuando esto fue a costa de que Pemex operara con pérdidas durante el primer trimestre del año.

También pone de manifiesto que la paraestatal jamás podrá ser una empresa competitiva y rentable mientras esté sujeta a la carga fiscal de la que es objeto.

De hecho, si Pemex enfrentara una carga fiscal como en teoría la tiene cualquier empresa privada, es decir, 28 por ciento, durante el primer trimestre del presente año la paraestatal hubiese reportado una utilidad de operación de cuando menos 60 mil millones de pesos, lo que representa el costo de una refinería con la mejor tecnología de punta.

Así, mientras Pemex paga una tasa de impuestos de 56 por ciento como proporción de sus ventas, Grupo Bimbo paga sólo 4 por ciento, Grupo Alfa 2.5 y Bachoco sólo 0.01 por ciento.

Esas son las verdaderas razones de que por un lado el gobierno federal hubiese obtenido un superávit fiscal y de que Pemex se encuentre descapitalizado y opere con pérdidas.

Por ello, Greenspan debería de haber recomendado una reforma fiscal que redujera la dependencia petrolera de nuestras finanzas públicas, mediante la desaparición de los regímenes fiscales que permiten que las grandes empresas no paguen impuestos, y no la privatización de nuestro sector energético.

*Secretario de la hacienda pública del "gobierno legítimo"

El sol y el dedo

Gustavo Esteva

Tiene razón Genaro Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Oaxaca está ardiendo internamente... La sociedad oaxaqueña está esperando justicia. Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar. El trance social no ha concluido".

La Corte no se planteó una comisión investigadora para averiguar lo que había pasado en Oaxaca. Los ministros se dieron por enterados. Afirmaron sin titubeos, reservas o matices que las autoridades federales, estatales y municipales habían violado gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños. Las corporaciones policiacas "afectaron físicamente a gran número de personas en forma cruel e inhumana", lo que se tradujo en lesionados, torturados y muertos. Ocurrió en Oaxaca, dijeron los ministros de la Corte, una suspensión de hecho de las garantías constitucionales.

Se reconoció así, en la instancia más alta del sistema judicial de México, lo que reportaron por un año todas las organizaciones de derechos humanos de Oaxaca; lo que informó la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, descalificada por la Secretaría de Gobernación, que esta semana presentó su informe al Parlamento Europeo; lo que señaló tibia y parcamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En vez de indagar otra vez lo que ya se sabe, la Corte se planteó cómo contribuir a restablecer el orden constitucional. "No podemos permitir", señaló, "que las detenciones arbitrarias y las torturas de prisioneros se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país..." Resulta evidente, advirtió, que los oaxaqueños "vivieron, y tal vez vivan todavía, un estado de incertidumbre emocional y jurídica". Insistió: "Resulta lógico que la gente viva en zozobra ante autoridades que usan ilimitadamente la fuerza pública, al grado de desconocer los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico".

La Corte, sin embargo, no menciona entre las causas de la delicada situación actual la impunidad y el cinismo que prevalecen. Los oaxaqueños viven aún en zozobra porque los autores materiales e intelectuales de esos hechos horrendos se pasean impunemente por las calles. Algunos ocupan posiciones de primer nivel en el gobierno estatal y en el federal y otros son candidatos a diputados. Es una ofensa cotidiana y constante a los oaxaqueños que se mantenga esa impunidad y se pretenda ocultar con cambios cosméticos la realidad oprobiosa de un régimen político enfermo de arrogancia, autoritarismo y corrupción, cuyo inaudito cinismo desbordó hace tiempo todos los límites de la decencia.

Como se demostró ampliamente en esta semana, los oaxaqueños no olvidan lo ocurrido y se mantienen en pie de lucha. Es útil que la más alta instancia del sistema de justicia mexicano reconozca la gravedad de lo ocurrido y, por tanto, la validez de ese empeño por remediarlo. Necesita reconocer también que en Oaxaca, con impunidad y cinismo, se sigue echando leña al fuego. La caldera hierve. El vapor, el impulso popular, puede hacer volar de nuevo la tapa policiaca que trata de contenerlo.

Al quedar enteramente al desnudo los crímenes que se cometieron y se siguen perpetrando en Oaxaca, falta por investigar su motivo, la razón de cometerlos. Es lo que se pregunta la Corte. Y la respuesta que empieza a perfilarse resulta espeluznante.

La estrategia de intimidación empleada busca obviamente doblegar a los rebeldes insumisos y que otros aprendan la lección. Es una estrategia para la represión de los movimientos sociales. Pero no es sólo eso. Busca también atemorizar a otro sector de la sociedad y atizar su encono, con el fin de crear la base social del ejercicio autoritario. El reino del mercado sólo puede establecerse y mantenerse en operación mediante el uso de la fuerza, pero ésta necesita sustento social y cobertura de legitimidad. Ni siquiera los Pinochet pueden descansar solamente en la policía; sólo es efectiva como instrumento de gobierno y control cuando un sector suficiente de la sociedad exige y respalda su intervención.

De eso se trata hoy. Se ensaya en Oaxaca lo que se intenta a escala del país... y del planeta. Se cierran una tras otra todas las vías institucionales y políticas, para que la gente se doblegue o bien caiga en la provocación y recurra a la violencia, lo que legitimaría el ejercicio autoritario y extendería su base social.

La escritora Arundhati Roy observa con preocupación los signos en India, que empiezan a resultar típicos. Sintetiza bien, con su genio habitual, lo que parece estar pasando en todas partes: "No es difícil leer lo que está escrito en el firmamento. Lo que dice allá arriba, en grandes letras, es lo siguiente: 'Compas, la mierda ya llegó al ventilador'".

Mayor inversión privada, eje articulador para el sector eléctrico

Claudia Sheinbaum Pardo

Para 2012 el programa de la CFE incluye el desmantelamiento de 33 plantas para ceder terreno a los productores privados de energía eléctrica Foto: Cristina Rodríguez

En el sexenio de Fox, la política energética del país estuvo sustentada en un objetivo articulador que fue la apertura del petróleo, el gas natural y la electricidad al capital privado. La orientación del actual gobierno usurpador no sólo no varía del anterior, sino que pretende ampliarla. Veamos el caso de la electricidad.

Los productores independientes de electricidad pasaron de representar 0.6 por ciento de la generación eléctrica en el año 2000, a 40.4 por ciento en 2007. Es decir, solamente 60 por ciento de la electricidad que consumimos se genera por las empresas del Estado y el resto proviene de la generación privada. Por si fuera poco, todas estas centrales de generación son de ciclo combinado y utilizan gas natural importado, fundamentalmente de Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Energía, en 2005 los productores independientes consumieron 336.78 petajulios (unidad energética) de gas natural seco, mientras se importaron 321.94 petajulios del mismo combustible, lo cual representa 20 por ciento del consumo nacional. Es decir, se importa casi la misma cantidad de gas que la que ocupan los productores privados de energía eléctrica.

Por si no fuera suficiente, una parte importante de las plantas de ciclo combinado, operadas por empresas privadas, sobre todo extranjeras, se licitaron sin que el país las necesitara. Me explico. La electricidad es un tipo de energía que debe utilizarse en el momento de consumo, es decir, no se puede almacenar en cantidades económicamente importantes. Para que un sistema eléctrico funcione adecuadamente requiere una capacidad instalada con posibilidad de generar cerca de 27 por ciento adicional de la demanda. Esto es así porque algunas centrales deben salir de operación para mantenimiento o sencillamente para poder cubrir posibles fallas. Sin embargo, el porcentaje de reserva ha llegado a representar en México más de 50 por ciento. Esta situación es inexplicable. Ninguna empresa eléctrica en el mundo quiere tener esta capacidad adicional porque sólo representa incremento innecesario de costos de inversión, operación y mantenimiento que se traducen en tarifas más altas al consumidor.

Y todavía más. Para asegurar la operación de los ciclos combinados que utilizan gas natural caro, las plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no operan a plena capacidad, privilegiando la generación de los privados, que es más cara que la de la CFE. Inclusive muchas plantas antiguas en magnífico estado se paran forzosamente y en el futuro próximo se pretende desmantelarlas y venderlas como chatarra.

Pero eso no es todo. Para poder cubrir la demanda de gas natural, la CFE decidió construir plantas regasificadoras de gas natural licuado en diversas zonas del país, que le permiten importar el gas natural y que ya son operadas por petroleras extranjeras para abastecer a los productores privados. En la actualidad, se encuentra en licitación la planta regasificadora de Manzanillo, la cual, para colmo, estará ubicada en la Laguna de Cuyutlán, afectando esta zona de altísimo valor biológico porque en ella habita una importante cantidad de especies de flora y fauna en peligro de extinción.

Para 2012, el programa de la CFE incluye el desmantelamiento de 33 plantas de la propia empresa con una capacidad de 4 mil 546 megavatios y la instalación de 12 mil 184 adicionales de ciclo combinado con productores independientes.

Y a todo esto, ¿dónde quedaron los artículos 27 y 28 constitucionales? ¿Dónde quedó la soberanía y el patrimonio nacional? ¿Dónde el desarrollo independiente?...

Fondos y trasfondos de una agenda

Miguel Angel Velázquez

Para nadie, o para muy pocos, pero muy pocos, debe ser fácil admitir sus relaciones, cualquiera que esas hubieran sido, con Carlos Ahumada. Todo lo que de ese nombre proviene huele a podrido, a corrupción. Más allá de los videos, que sirvieron también para desnudar una buena parte de las actividades que lo llevaron a la cárcel, se muestra ahora la agenda donde se puede mirar hacia la cotidianidad de aquel al que llamaron "preso político".

Es necesario aclarar que la agenda donde se describen algunos de los movimientos del sobornador, no es ni con mucho la parte más oscura de las actividades de Carlos Ahumada. La agenda 2003 que tiene en su poder La Jornada es la que llevaba su secretaria; por tanto, podríamos decir, no era un documento restringido. Muy seguramente los más grandes y graves secretos tenían algún otro registro.

No obstante, hay datos que parecen de mayor importancia si se ligan entre sí. Por ejemplo, el miércoles 2 de julio de 2003, Ahumada pidió hablar con Luis Eduardo Zuno Chavira, ex delegado en Alvaro Obregón, y dos días después, el 4, precedido de un OK marcado sobre el momento del día: las 15 horas, se apuntó en la agenda: "$500000, Luis Zuno".

Ese mismo día, el ex delegado fue aprehendido por las autoridades en el aeropuerto de Toluca, estado de México, por contrabandear armas, y el día 7, es decir, tres días más tarde, con la clave de registro que se le asignó en la agenda (GPV 22), Zuno Chavira debió haber recibido otros 150 mil, y el 9, otros 500 mil. Después de esa fecha, Zuno desaparece.

Pero no todo era la cosa política, aunque sí apareciera como la más importante en su negocios. Por ejemplo, muy temprano en la agenda aparece el nombre de Lily, a quien se le mandaban arreglos florales y joyas que provenían de la afamada joyería Perylongue, a la que en septiembre de ese mismo año le envió, según la agenda, 160 mil dólares para cubrir algunos gastos.

Para los malos ratos, y para obsequiar a sus amigos, seguramente, Ahumada tenía un recurso, el vino, el buen vino. El 23 de abril degustó o envió, no se consigna en el documento, dos botellas de Petruss, el vino más caro del mundo, cosecha 1993; pero no era todo, al día siguiente pagó con un cheque de caja, otras cinco botellas, nada más que esta vez la cosecha pedida fue 1997. Es necesario aclarar que en aquel entonces cada botella costaba 15 mil 90 pesos cada una.

Esa parecía una parte de su faceta menos sometida a las presiones de lo político, porque la primera página de la agenda que hemos comentado tiene, como ya se ha dicho en los escritos firmados por los reporteros Gabriela Romero y Agustín Salgado en este diario, un registro en clave de cuando menos 60 personas que recibían, de diversas formas, dinero del sobornador.

Y allí está, aparentemente, el nombre del juez que lo liberó. De confirmarse la posibilidad de que Ahumada y el juez Rubalcava tuvieran nexos anteriores al juicio, el sistema de justicia del Tribunal Superior del DF estaría en graves aprietos y con él, desde luego, la Procuraduría General de Justicia capitalina.

Esto porque la agenda siempre estuvo en manos de los fiscales, quienes debieron haber investigado la coincidencia en los nombres, ya que de tratarse del mismo individuo, deberían haber pedido, cuando menos, que el juez se excusara de llevar el caso, de lo contrario habrían caído en una omisión imperdonable que podría llevar a que el juicio se declare nulo.

De la misma forma tendría que investigarse, a fondo, por qué el presidente de la Judicatura le asignó el caso. El asunto es de fondo.

De pasadita

Marcelo Ebrard ya escogió el tema y al adversario. Retó a Felipe Calderón a debatir sobre el caso de las marchas en la ciudad de México, así que no nos queda más que proponer que tal evento, en caso de realizarse, sea en el mero Zócalo. Sería un banquete. Tres noticias de sopetón: la primera sería la tan ansiada por los locutores azules que demandan ver a Ebrard y Calderón juntos; la segunda sería que Calderón por fin estuviera en un acto público y abierto, y la tercera lo que de ese debate saliera. Así que nada más nos queda esperar la fecha, porque nosotros recordamos por ahí alguna declaración de alguien que decía que él "no se raja". ¿Será?

Austeridad de mentiritas

Carlos Fernández-Vega

El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, gastó casi un millón de pesos en un viaje a Brasil, en abril pasado Foto: Víctor Camacho

Grotesco además de inmoral que este señor gaste esa cantidad mientras en nuestra patria los indígenas se mueren de hambre y se haya confabulado con sus subordinados militares y con el pelele para ocultar el crimen de Zongolica. ¡Traidor!

Con el boato que ameritaba la ocasión, el inquilino de Los Pinos inició su estancia en la residencia oficial con la firma de un fatuo decreto de "austeridad" que reduciría 10 por ciento su salario, el de su gabinete y funcionarios que lo acompañan, y recortaría gastos de operación, representación, servicios personales, telefonía móvil, seguros de gastos médicos y muchos más.

Lo anterior, según el decreto (también firmado por el gabinete en pleno), para "ahorrar" 25 mil 500 millones de pesos, monto que "permitirá mantener, perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los mexicanos el acceso universal a los servicios de salud, a una educación pública de calidad y a una vida acorde con su dignidad".

Eso fue el pasado 3 de diciembre. Al día siguiente el decreto apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y hasta ahora más fanfarrias que resultados ha dado el mentado decreto, porque buena parte de la "continuidad", en particular, y la clase política, en general, se lo ha pasado por el arco del triunfo.

El artículo décimo sexto del multicitado documento establece: "los pasajes aéreos, marítimos y terrestres, así como los servicios de hospedaje, deberán adquirirse con agencias especializadas o prestadoras de servicios turísticos que garanticen los esquemas más económicos de contratación".

Exactamente en sentido contrario procedió, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván (abajo firmante del decreto de "austeridad"), quien en mayo agarró el mejor avión de la dependencia a su cargo y se fue a Brasil, junto con dos altos mandos militares, parta asistir a la "sexta Feria Internacional de Tecnología, Equipos y Servicios Relacionados con el Sector de la Defensa" (versión oficial). Resultado: viaje cómodo y placentero a un hermoso país, con un costo cercano a un millón de pesos (riguroso cargo al erario) sólo por concepto de transportación (combustible y servicios aeroportuarios, supuestamente, lo demás lo pagó el ministro brasilero de Defensa).

Pues bien, sólo en este viaje el secretario gastó el equivalente (tabulador oficial) a siete meses y unas horas de su sueldo neto (142 mil 628.83 pesos cada 30 días), aunque éste se mantendrá incólume, porque el tour brasiliero lo pagó el erario.

Allá por los días del decreto comentamos que mucho se ha debatido en torno al salario presidencial y el de sus funcionarios de primer nivel, los poderes Legislativo y Judicial, y los gobiernos estatales y municipales. Es una sangría real, una ofensa para la mayoría de los mexicanos, aunque algunos aseguren que "son ingresos justos". Si se revisa el presupuesto y simplemente se mide en dinero, lo más barato es el sueldo del inquilino de Los Pinos y sus funcionarios. En el caso del primero, representa menos de 0.01 por ciento del presupuesto de la Presidencia. El problema comienza cuando a ese salario se suma todo lo demás: séquito, propaganda, "imagen", comunicación social, (creciente) aparato de seguridad, transportación, "remodelaciones", "cabañitas", giras nacionales e internacionales, besos papales, vestimenta, familia, parientes, etcétera, etcétera, que elevan a grado sumo el costo que los contribuyentes deben pagar para que quien esté sentado en la primera silla de la nación se sienta a gusto.

Entonces, si sólo en sueldos el Presidente de la República y sus funcionarios se comen más de 250 mil millones de pesos anuales, ¿cuánto le representa a la nación todo lo demás? Y con 10 por ciento de descuento el problema, desde luego, no se soluciona.

En efecto, nada soluciona. Por estos días, una vez más y de forma por demás ostentosa, los ciudadanos asisten como convidados de piedra al vergonzoso espectáculo de la danza de los millones que protagoniza la clase política. Cierto es que no es ninguna novedad y que es el pan de cada día (decretos de "austeridad" han sido firmados por prácticamente todos los inquilinos de Los Pinos, con iguales resultados).

Valga un apretado resumen: aviadores (mil 400 en la Cámara de Diputados), millonarias remodelaciones (jacuzzi incluido) en los congresos federal y estatales, vehículos nuevos, comilonas por aquí y allá, "prima de riesgo" (Agustín Carstens), millonarios seguros médicos para los funcionarios, generosas "invitaciones" de la Secretaría de Hacienda para que 22 legisladores conocieran el bello París y de pasadita la intentona fiscal de la "continuidad", viaje de la familia presidencial para besar el anillo papal, aumento de 18 mil pesos mensuales a los diputados (108 millones adicionales por año), 67 millones de pesos que el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, le "regaló" a Televisa, más lo que se quede en el tintero y lo que se acumule esta semana y el resto del sexenio, lo que se sumará al negro historial de nuestra rapaz cuan transparente clase gobernante, siempre blindada con decretos de "austeridad". Y faltan las corruptelas del sector privado.

Tal vez por lo anterior la Cámara de Diputados concluyó, con lujo de cinismo, que 2005 fue "el mejor año de Fox", tras documentar la existencia de un quebranto de fondos públicos por (sólo) 26 mil 342 millones de pesos en el penúltimo año del gobierno del "cambio", cuyo titular gustaba decir que "en este país no se puede repartir el dinero que no se tiene".

Las rebanadas del pastel

De allí la "necesidad" de privatizar Petróleos Mexicanos, porque el gobierno "carece de recursos"...

¿Sindicalismo en Wal-Mart?

Julio Hernández López

A sabiendas de que en esa empresa todo tipo de organización es castigado con el despido inmediato de quienes la promueven, trabajadores de Wal-Mart de México han comenzado un movimiento, hasta ahora anónimo y subterráneo, en busca de sindicalización y justicia laboral. A pesar de que el año pasado la firma tuvo 26 por ciento más de utilidades (con ventas por más de 198 mil millones de pesos), "los salarios son miserables, el reparto de utilidades no corresponde con las ganancias reales de la compañía, el pago por concepto de comisiones es sumamente bajo e injusto, ya que no se respeta la venta real, el apoyo en el vale electrónico o llamado vale de despensa es raquítico y no hay fondo para liquidación digna, conforme a antigüedad, de quienes deseen desligarse de la empresa", aseguran los integrantes de la Organización de Trabajadores de Wal-Mart de México, que han entrado en contacto con esta columna.

Quienes convocan a la organización laboral han actuado sin revelar sus nombres (para evitar descabezamientos automáticos) y, en una primera etapa, han enviado cartas a los directivos en México de la supercadena mundial para plantear los principales problemas e injusticias y solicitar atención y soluciones. El pasado 15 de marzo hicieron llegar un escrito a las oficinas de Scott Ran, director de operaciones de Grupo Wal-Mart de México (GWMM), señalando "las condiciones deplorables de trabajo" y proponiendo medidas a tomar por la empresa. En esa misiva se advirtió que no se toleraría más la situación injusta prevaleciente y que en caso de represalias o desatención a lo propuesto se desarrollaría un movimiento "discrecional, indefinido y progresivo", exigiendo "respeto absoluto a nuestro legítimo derecho a asociarnos en defensa de nuestros intereses" (en un párrafo se asienta: "nos queda claro que no somos asociados, sino trabajadores, y como tales queremos ser tratados").

La primera respuesta no oficial de la empresa ante ese emplazamiento informal fue "la publicación en todos los restaurantes y tiendas de un reglamento interno que se sabía que existía, pero nunca había sido exhibido; la publicación, a la entrada de las gerencias de tiendas y restaurantes, de carteles, hasta entonces relegados a los comedores, donde se promueve 'la política de puertas abiertas' al invitar al personal a externar inquietudes e inconformidades ante los directivos; el otorgamiento de un día adicional de descanso a la semana y la apertura, en algunas tiendas, de comedores y la instalación de televisores allí". Además se suspendió un anunciado recorte de personal, y "a pesar de que las ventas actualmente son demasiado bajas no se nos presiona como en otros tiempos, cuando se provocaban renuncias voluntarias para bajar la plantilla y disminuir costos". Los problemas de fondo, sin embargo, "no fueron resueltos", a juicio de la coordinación de trabajadores, que envió un segundo escrito al directivo Ran para anunciarle que el tiempo se había acabado y pasarían a desarrollar diversas acciones de resistencia laboral, como por ejemplo "boicotear la apertura de 130 nuevas unidades; aumentar los gastos por concepto de materiales, energía eléctrica, servicio de teléfonos y todo aquello que represente un aumento en los gastos; y bajar las ventas mediante el uso de todos los medios posibles".

Ya instalados en esa etapa de resistencia laboral, los trabajadores han redactado volantes para distribuir en domicilios particulares, en los que explican que pertenecen a los diversos giros de WMM, como son Wal-Mart Supercenter, Vips, El Portón, Suburbia, Sam's Club, Superama y Aurrerá, y que es su deber informar: "La comida que se sirve en el Vips y El Portón tiene meses de congelación, con los correspondientes daños a la salud, además de que parte de la comida que los clientes no tocan se vuelve a servir, lo cual duplica las ganancias de la empresa; en las tarjetas de crédito Suburbia, Wal-Mart y Bancomer se cambian constantemente las promociones, con el propósito de confundir al tarjetahabiente y, en consecuencia, hacer que caigan en retrasos, con lo cual pueden cobrar altos intereses; la ropa de Wal-Mart Supercenter, Suburbia, Aurrerá y Sam's Club cada vez es de menor calidad y, en cambio, discretamente le están subiendo los precios; el aire acondicionado de las tiendas y restaurantes genera principios de enfermedades pulmonares, ya que la empresa baja la temperatura en su empeño por vender la mercancía, y la iluminación de tiendas y restaurantes ha provocado daños irreversibles a la retina, de los cuales se tiene registro". Los trabajadores han emitido un manifiesto, en el cual advierten que pronto habrá nuevas acciones contra "el sistema de opresión y esclavismo en que nos han tenido durante años".

Astillas

Gran concordia institucional ante las recomendaciones convenidas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para "demostrar" que los agravios a la ciudadanía cometidos desde el poder son atendidos y, en la medida de lo posible, corregidos y castigados. Todos los presuntos regañados han aceptado el sermón en el desierto del predicador Soberanes y harán como que, muy compungidos, cumplen las penitencias arregladas... El abogado Javier Lozano, Señor de los Trabajos, es decir, de los Encargos, ha salido al foro capitalino a cumplir las instrucciones del guionista formalmente presidencial que busca la manera de confrontar al jefe del Gobierno capitalino con la pretensión de quitarle la coordinación de las fuerzas policiacas locales. Por ello hay una campaña de miedo en diversos medios de comunicación y por ello se ha dado la provocación epistolar de un miembro del gabinete federal al que sólo mueven a reflexiones jurídicas profundas los problemas de los gobiernos ajenos y no los propios; ni los de su área, en particular, la laboral, ni los relacionados con el desorden generalizado de la administración a la que sirve... Y, mientras vuelven hoy al zócalo oaxaqueño los plantones de protesta, ¡hasta mañana, en esta columna de autoservicio!

Los señores de la guerra

Guillermo Almeyra

En los últimos 10 años los gastos mundiales en armamentos aumentaron 37 por ciento. El 58 por ciento de ese monto se debe a las guerras actuales de Estados Unidos y a la preparación constante de la guerra "preventiva" contra Rusia y China. Este último país también se rearmó, modernizando su aviación y su ejército con armas rusas, pero tanto China como Rusia aportaron, cada una, apenas 5 por ciento de ese aumento. Como se sabe además desde hace tiempo, Estados Unidos tiene preparados sus planes de ataque a Irán, que dependen, para su ejecución, de la existencia de una situación política nacional e internacional favorable (Bush el maromero baila hoy en la cuerda floja en su propio país). Está preparando su llamado "escudo" contra posibles misiles chinos y rusos, pero Rusia acaba de lanzar tres misiles capaces de vencer esa intercepción, y se los podría dar a China, con lo cual estamos de nuevo en el equilibrio del terror atómico, como en plena guerra fría.

Corea del Norte, por su parte, lanzó cohetes que pueden llegar fácilmente a ese portaviones natural, anclado frente a ella y a China, que es Japón (que también se rearma a la chita callando). Por otra parte, mientras Estados Unidos coloca bases en Bulgaria y en Rumania, el 26 de abril Vladimir Putin amenazó con retirar a Rusia del Tratado sobre las Fuerzas Convencionales en Europa, que permite a las potencias enfrentadas inspeccionar las bases de los firmantes y controlar sus movimientos de tropas. Serguei Ivanov, viceministro encargado de los asuntos militares, declaró además la moratoria de las inspecciones y de las informaciones diciendo que Rusia tiene derecho pleno a desplazar sus tropas por su territorio. Pero Rusia considera que todo el Mar Negro tiene para ella importancia estratégica y, por lo tanto, mantiene una base en la región de Abjazia (en Georgia, aliada de Washington) y en Transnistria (en Moldavia, ligada a Estados Unidos) y, además, amenazó a Polonia, Ucrania y la República Checa con apuntar hacia esos países sus cohetes defensivos, ya que ellos instalan misiles estadunidenses que apuntan hacia toda Rusia.

Para agravar las cosas, el incendiario George W. Bush, en su reciente visita a la capital albanesa, Tirana, acaba de declarar su apoyo a la secesión por la fuerza de Kosovo, que es región autónoma de Serbia. Con eso no sólo da un golpe de muerte a la doctrina imperante desde después de las anexiones nazis en la Segunda Guerra Mundial (la integridad territorial de los países salidos de esa guerra) sino que también sienta un temible precedente. Por ejemplo, se podrá plantear en teoría la secesión de Flandes de los valones belgas (o sea, el fin de Bélgica), o separaciones (por la fuerza de otros, si éstos decidiesen intervenir en problemas) en Francia (Córcega, por ejemplo), Italia (Lombardía o Tirol), España (Cataluña o País Vasco) pero también en la parte oriental de Ucrania (que es pro rusa) o en Abjazia (Georgia) o Transnistria (Moldavia), si Moscú así lo decidiera.

La Revolución Francesa dio el impulso inicial a la organización estatal de las naciones europeas (hasta entonces divididas por razones dinásticas prescindiendo de la historia, la cultura, la geografía). La revolución de 1848, esa "primavera de los pueblos", desarrolló después la contradicción entre las estructuras estatales monárquicas y la voluntad de independencia nacional de los súbditos (húngaros, eslavos, italianos, polacos) de los mismos. El paneslavismo unió por casi un siglo (detrás de Rusia) a casi todos los Balcanes y parte de Europa central (la alianza checo-eslovaca, Hungría) y dio base a la independencia -con eje en Serbia- de los eslavos del sur, que formaron Yugoslavia, cuyo bautismo de sangre data de la guerra antifascista. Pero el estalinismo en Rusia y en los países de Europa oriental vacunó a esos pueblos no sólo contra el "socialismo real" sino también contra una alianza con Moscú, desarrollando sentimientos violentamente antirrusos. Alemania y Estados Unidos chapotean desde hace rato en ese caldo reaccionario. Disgregaron Yugoslavia, aplastaron a Serbia, tratan de meter la dictadura turca en Europa para controlar mejor y dividir esa zona y procuran expulsar a Rusia del Mar Negro y del Mediterráneo. Rusia, a la que quieren convertir en un país asiático de mediana importancia, con una parte europea (ahora es una potencia euroasiática), para explotar mejor su gas y su petróleo, responde estrechando lazos con China y se defiende utilizando todos los medios militares, económicos y financieros a su alcance (es una gran productora de oro, y por eso, y por sus energéticos y sus relaciones con otros países petroleros que tienen grandes reservas monetarias, puede debilitar aún más al dólar).

El panorama es así el de los años 30 del siglo pasado: armamentismo, conquistas de posiciones estratégicas, crisis financiera, nacionalismos, colonialismo (Israel en Palestina, Estados Unidos en Irak y Afganistán), equilibrio político internacional volátil. No se trata sólo, por consiguiente, de lograr mejores precios para las materias primas, el fin de los subsidios de los países imperiales a sus propios productos exportables o que terminen las prácticas industriales antiecológicas que amenazan la subsistencia de la humanidad. No se sabe, en efecto, si la guerra generalizada precederá al desastre ecológico y lo potenciará o si éste acelerará la disputa militar por los recursos y, por consiguiente, el conflicto bélico mundial. Por lo tanto, es indispensable discutir cómo salir de un sistema -el capitalista- que trae en su seno la guerra, la crisis y los desastres naturales tal como las nubes traen las tormentas destructivas. Una vez más hay que proclamar que la alternativa es el socialismo o la barbarie, y declarar la guerra a la guerra.

La gravedad

Rolando Cordera Campos

Puede tener razón el secretario del Trabajo, Javier Lozano, cuando dice que las reformas a la Ley del ISSSTE "no son reversibles". No la tiene si con eso quiere sugerir que con esas enmiendas se alejó del panorama una crisis financiera catastrófica del organismo o que se logró un alivio de consideración para las frágiles finanzas públicas, como anda diciendo el presidente Calderón.

Ni en un aspecto ni en el otro puede el gobierno presumir su victoria y en este sentido la razón que hoy podría asistirle al secretario del Trabajo, de convertirse en credo gubernamental puede pronto volverse una sinrazón con efectos nocivos sobre las relaciones políticas y sociales que todavía sostienen un intercambio pacífico en las pugnas distributivas y de poder que cruzan el escenario nacional. La perspectiva del Estado debería ser la de una clara disposición a asumir la conveniencia de discutir la reforma de las reformas, tanto en el ISSTE como en el IMSS, y no negarse de modo tan dogmático a aceptar como tema a debate la conveniencia de un giro de fondo en la política previsional mexicana, en el rumbo de una universalización de las pensiones y del acceso de los mexicanos a los servicios de salud.

Quizás, con un giro de esta suerte, la ciudadanía estaría más dispuesta a recibir proposiciones de reforma fiscal que no sean la enojosa repetición de las ocurrencias anteriores, de IVA o muerte, con las que se casaron inopinadamente no sólo los panistas sino muchos destacados priístas que, so pretexto de la angustia financiera que en efecto circunda al Estado mexicano, están dispuestos a falsear la realidad internacional y a manipular la información fiscal con que se cuenta. Pero este es un tópico que vendrá pronto, aunque ya aparezca distorsionado por tanta visita foránea, de Greenspan a Gurría, y tan curiosas reuniones que parecen cursillos de cristiandad, en París o en las playas de Jalisco, como la que anuncian los legisladores del PRI.

No podremos avanzar en el tema crucial de las pensiones o del derecho a la salud si no admitimos la gravedad de la situación social del México de hoy. De esta admisión debe partir la deliberación y no al revés: de parche en parche a los síntomas hasta llegar al enredo total, como parece ocurrir ya en el IMSS, donde el inefable director general apenas llegando descubre que los acuerdos anteriores logrados por el gobierno del que también él formaba parte no aliviaron nada y la situación del instituto sigue tan mala como la radiografió Santiago Levy.

De remedio casero a invención tecnocrática, de conversión del cálculo actuarial en realidad inmediata a afirmación autoritaria repetida de que no hay más ruta que la suya, mientras la calle arde, el Estado acendra su pérdida de eficacia y su legitimidad rueda hacia abajo. Mientras tanto, la distancia social entre ricos y no ricos, y entre ellos y los pobres y muy pobres, se transparenta gracias a la urbanización de la pobreza y la desigualdad, en tanto que el universo de la sociedad desprotegida crece y la justicia social se desvanece. Más de la mitad de la población no tiene pensiones ni derecho efectivo a la salud, y aumenta con los días el número de mexicanos que no tiene empleo digno, ni salario de subsistencia, ni protección real de las leyes laborales.

Estos viven en la incertidumbre y el riesgo, y la única certeza que les asiste es la de que mañana estarán peor. Grave es el estado de la cuestión social, de la que no se salva el mundo del trabajo formal, donde la tentación caciquil, de hacendados tardíos, como ocurre con el superdueño del Grupo México, no se esconde más: lo que está sobre la mesa es la conculcación abierta de los derechos de los trabajadores, el sometimiento de sus sindicatos, la jibarización de los derechos sociales fundamentales. Guerra de clases, si es necesario, con tal de que la revolución de los ricos siga su marcha triunfal.

La cuestión, así, no es la irreversibilidad de una ley, sino su evaluación en el contexto de gravedad aguda que define la cuestión social de los mexicanos del nuevo siglo, de la globalización y de la democracia. Y es esto lo que se ha puesto en la picota y reclama que cuanto antes se deje atrás tanta leyenda negra y las dirigencias políticas asuman que la pradera seca es la realidad de todos los días y para todos, sin escape.

Todo, menos los procesos biológicos y la muerte entre ellos es reversible, así vamos contemplando la reversibilidad o la anulación de una ley criminal.

Pésima memoria

Néstor de Buen

Con gran indignación leí hace unos días la noticia de que en España no permiten el ingreso de ciudadanos mexicanos si no comprueban que cuentan con recursos suficientes, acreditan la reservación de hoteles y muestran el boleto de regreso.

He tenido noticias confiables de que se trata de una medida decretada por la Unión Europea para impedir la estancia de extranjeros que, por regla general, lo que buscan es quedarse en Europa en busca del tan ansiado empleo. Me dicen, inclusive, que el ingreso de inmigrantes ilegales -así les llaman- por la vía aérea es mucho más intenso que en las famosas pateras, barquitos que sirven para muy poco y de los cuales muchas veces son más los muertos que los vivos los que llegan a las costas o son sorprendidos por los barcos encargados de impedir su acceso. Es sabido que las pateras vienen de Africa, particularmente de Marruecos, donde la falta de empleo lleva a estos aventureros a jugarse la vida -que muchas veces pierden- a cambio de la remota oportunidad de conseguir un trabajo en labores agrícolas. Los tripulantes de las pateras suelen ser de raza negra, lo que hace más difícil que, aun en el improbable caso de que alcancen las costas españolas, puedan pasar inadvertidos y lograr la residencia, aunque sea la precaria, del inmigrante ilegal.

Por supuesto que el tema conduce a comparaciones de nuestras propia emigración hacia Estados Unidos, tan llena de riesgos como la de los africanos y debida a causas muy semejantes. Lo que me causó dolor fue que España rechace a los mexicanos, a partir de un gobierno socialista que, por lo visto, ha perdido la memoria respecto del exilio que gracias a mi general Lázaro Cárdenas nos permitió a muchos miles de españoles escapar de la dictadura franquista sin cumplir otro requisito que nuestra propia identidad y circunstancia. Claro está que todo se confirmaba por venir en alguno de los barcos que hicieron el traslado desde Francia, como fueron, entre otros, el Sinaia, el Mexique y, memoria personal en juego, el Cuba, con el que viajamos desde Burdeos con destino a la República Dominicana, cuyo dictador, Leónidas Trujillo, no nos permitió desembarcar a los cerca de 500 españoles. El Cuba llegó a su destino final en Martinica, y desde allí, en un barquito disminuido denominado contradictoriamente Santo Domingo, navegamos a México y llegamos a un puerto de nombre imposible: Coatzacoalcos, el Puerto de la Esperanza como con tanto acierto lo calificó Eulalio Ferrer.

Ya instalados en México, en toda clase de condiciones, nada nos impidió hacer una vida normal: estudios, empleo, labores académicas, actividades profesionales, teatro y cine, periodismo, pintura, literatura y, entre otras, las actividades políticas, que nunca nos fueron ajenas. Se nos permitió todo, y yo digo, con particular orgullo, que el exilio español fue para México una excelente inversión. Pero no faltaba acto, que había muchos, en que se mencionara a Cárdenas, que no se desatara una enorme ovación, como alguna vez se lo oí decir a Ernesto Guasp, el inolvidable dibujante. El gobierno español invoca ahora, como razón de ser, las exigencias de la Unión Europea, que empieza a estar harta de la presencia de quienes no han nacido en los países que la integran. Me pregunto, por supuesto, si esas reglas de conducta son obligatorias o si cada uno de los países que integran la UE no podría invocar razones especiales para no cumplir esas disposiciones generales. Me cuesta trabajo aceptar que la soberanía nacional haya quedado pervertida por la obediencia ciega a mandatos que no toman en cuenta las razones particulares de cada país miembro. España no tiene derecho a rechazar el ingreso de mexicanos, obviamente adecuadamente documentados, que pretendan llegar al país, aunque pueda sospecharse que su intención sea la de quedarse para conseguir empleo. Las puertas de España siempre han estado abiertas, y en particular, a los mexicanos. En este momento (y menos si está gobernada por socialistas) no puede España faltar a la altísima responsabilidad de hacer honor a un compromiso histórico que pocos países han tenido, como el de pagar, en la mínima medida, una deuda que, por otra parte, es claramente impagable. En otros tiempos España abrió las puertas a muy distinguidos exiliados mexicanos, como Martín Luis Guzmán, probablemente el mejor escritor mexicano del siglo XX, y Alfonso Reyes, poeta y literato inolvidable. Debo suponer que eso ocurrió principalmente durante la monarquía. Pero en la Guerra Civil la presencia del lado de la República de las Brigadas Internacionales, que tanto contribuyeron a la defensa de Madrid, fue definitiva. América Latina ha sido la prolongación de España, o de la península ibérica si se quiere, como yo quiero considerar también a Brasil. Una prolongación que ha asumido su propia personalidad. Pero conserva el idioma, en sus dos versiones, las costumbres buenas y malas y los valores comunes. México ha hecho suya la memoria de un español fundamental como fue Francisco Javier Mina, que luchó por nuestra Independencia. El gobierno de España debe rectificar. Su enorme deuda histórica con México lo exige.

En varias ocasiones he escrito sobre el tema en este blog por lo cual concuerdo totalmente con el señor de Buen, de Buenos principios debería llamarse. En lo que no estoy de acuerdo es con que se deba a la mala memoria, creo que más bien es consecuencia de la falta de solidaridad humana que caracteriza a todos los países del planeta, y que aunque se les recuerde se quedan tan campantes cometiendo los mismos atropellos porque lo que menos les importa es rectificar. En este mundo las deudas por lo general no se pagan y menos las que son de índole moral, lamentablemente.

Precios del crudo: nuevos datos que confirman falsedad de cifras oficiales

Antonio Gershenson

A finales de abril, con motivo de una reducción en el precio oficial esperado para el petróleo crudo mexicano de exportación, mostrábamos que la tendencia real de este combustible, aquí y en el mercado mundial en el que se basa, era al alza. Nuevo datos apuntan a una alza a precios incluso mayores.

Primero, consideramos los precios promedio de los crudos de referencia tradicionales, WTI del oeste de Texas y Brent de la parte inglesa del Mar del Norte. Después de los datos mencionados en ese artículo anterior, que se pueden resumir en una alza de alrededor de tres dólares por mes de enero a abril de 2007. Luego de una baja de unos centavos en mayo, en lo que va de junio (la primera mitad) hay una alza de dos dólares y medio. Y tenemos enfrente el periodo de vacaciones de verano en el hemisferio norte, con un mayor consumo de gasolina en las carreteras; los posibles, meteorológicamente previstos, huracanes en el Golfo de México, aunque no necesariamente tengan que ser tan fuertes como los que hicieron subir de manera muy importante los precios de la energía hace dos años, y la inestabilidad política en regiones en las que hay países exportadores de petróleo.

Hay un segundo elemento, muy importante y que puede traducirse en cambios básicos en el mercado mundial del petróleo crudo. Uno de los crudos de referencia, el WTI, está dejando de serlo. Su comportamiento está dejando de ser representativo del comportamiento del conjunto del mercado mundial. Y este tipo de crudo es ahora más barato que, por ejemplo, el Brent, a pesar de ser más ligero (lo cual implica mayor rendimiento en gasolina en una refinería similar) y con menos azufre que el Brent. Históricamente, y técnicamente, ese crudo texano era y debía ser más caro que el Brent.

Todavía en enero pasado el WTI fue, en promedio mensual, casi dos dólares más caro que el Brent; pero luego ha sido, desde abril, más de tres dólares más barato. Podemos comparar este crudo texano con el ANS de Alaska, de peor calidad y que es el principal abastecedor de la costa del Pacífico del mismo Estados Unidos. En enero, el ANS era, como corresponde a su calidad, tres dólares y medio más barato que el texano. Pero su precio relativo ha subido sin cesar, y ya en abril era más de un dólar más caro que el WTI. ¿Hasta qué punto se puede seguir considerando como "de referencia" este último, si el comportamiento del precio de la variedad más importante para la costa del Pacífico de su mismo país es totalmente diferente?

De ahí que en algunos medios petroleros se empiece a considerar al Brent como crudo de referencia por sí solo. Y si esta apreciación se generaliza, eso implica que el precio promedio real del crudo en el mercado internacional sería mayor que el promedio de los "dos crudos de referencia" que hemos tomado como base para los precios mundiales.

Esto, a su vez, es parte de un fenómeno más amplio. El proceso de abandono del dólar como moneda de referencia en el ámbito mundial es gradual, pero no se ha detenido. En especial, se le usa menos para transacciones petroleras, aunque hay países que han hecho el cambio de manera más general.

Todo lo anterior nos muestra que lo que decíamos a finales de abril, en cuanto a que la baja en la previsión oficial de precios petroleros de exportación para 2007 iba en el sentido contrario de una realidad con precios crecientes del petróleo y de la energía en general. Ahora se ve que hay incluso, en ese sentido, elementos adicionales como el debilitamiento como pieza de mercado del crudo WTI, que a su vez es la parte más barata del promedio que hemos usado en el plano mundial. Esto, como vimos, lleva a un precio promedio real más elevado, además del aumento en el mismo binomio WTI-Brent.

También, como dijimos entonces, debemos estar alertas ante la distribución de los nuevos excedentes petroleros. Deben usarse en inversión de Pemex, y el remanente en inversión en infraestructura, y no, como ha sucedido, para beneficiar a minorías privilegiadas.

De la ética y la política

Arnaldo Córdova

La política, vista desde afuera, es una cloaca pestilente y nauseabunda y es probable que haya muy contadas personas en el mundo que no estén convencidas de ello. Y creo que los políticos son los primeros que lo creen y lo saben, con la diferencia de que a ellos simplemente les tiene perfectamente sin cuidado. Pero buena parte de ellos sabe lo que los demás no saben o fingen no saber: que si bien la política es un mundillo tenebroso y siniestro en el que lo normal es que todos cometan contra los demás todas las traiciones, todas las deslealtades y todas las iniquidades que se les pueda ocurrir, también es cierto que la política es la actividad especializada que permite luchar por el poder del Estado (o de cualquier organización), alcanzarlo, ejercerlo y conservarlo.

La política tiene muy mala fama (y muy bien ganada). Creo que fue el Tejón Garizurieta quien en los años cuarenta la definió como "el arte de darle por el culo al que está abajo y de ponerle la misma región anatómica para que haga lo propio al que está arriba". Todos los norteamericanos, casi sin excepción, ven en la capital de su país, Washington, una auténtica Babilonia de corrupción, vileza y traición. Claro que lo es, pero es también el cerebro de la nación y el asiento del mayor poder mundial y ha llegado a serlo, precisamente, por las mismas razones por las que a los gringos se les congela el espinazo de tan sólo pensar en que deben hacer un viaje a esa ciudad para realizar algún trámite obligado.

Por razones de elemental supervivencia, los políticos deben saber estar bien dotados y armados para enfrentar toda clase de traiciones, deslealtades, engaños, tortuosidades, golpes bajos, maldades o seducciones (Gordillo dijo que eso le había pasado con Madrazo) e incluso hipnotismos que les pueden hacer sus contrincantes y hasta sus contlapaches. Y todos saben también que, en su momento, deben estar decididos para hacerles lo mismo si es que eso les produce un mejor posicionamiento o alguna ventaja. Saben, finalmente, que por esas razones nadie va a la cárcel y, si bien es cierto que puede pagar un costo si alguien lo descubre o lo expone en público con pruebas, después no pasa nada, porque no se trata de ningún delito, aunque sí de muchísimas faltas a la moral y a las buenas costumbres, pero tampoco eso está penado por la ley.

Mi querido amigo José Agustín Ortiz Pinchetti anda preocupado por esos problemas. Su punto de vista es que es absolutamente inadmisible que un político sea todo lo que hemos visto que es (creo que, por lo general, puede ser peor). Hace unas semanas me hizo una entrevista desde Florencia, Italia, para que le dijera qué pensaba del tema, comenzando por lo que escribió Maquiavelo al respecto. Creo que no le gustó lo que le respondí, porque en su columna tan rudamente titulada "Contra el maquiavelismo" de hace dos domingos escribió lo siguiente, dándome un severo coscorrón: "Es cierto que un político puede ser eficaz e inmoral simultáneamente, pero las violaciones a la ética no perdonan ni a los políticos. No existen dos esferas separadas: la política está sujeta a los principios de la ética, como cualquier otra actividad humana. El comportamiento corrupto, desleal, traicionero y tortuoso es signo de decadencia, no de habilidad".

José Agustín se refiere a dos respuestas mías. Me preguntó si Maquiavelo aconsejaba ser desleal, traicionero o tortuoso. Yo le dije que en realidad el Secretario Florentino no es que aconsejara al príncipe (al político) ser desleal, cruel, traicionero o falso; lo que él buscaba saber es lo que un príncipe hace para tener éxito, para triunfar en la lucha política, independientemente de sus métodos o de sus recursos. Maquiavelo no daba consejos, aunque lo parezca, sino descripciones de lo que el buen político hace para ganar. También me preguntó si Maquiavelo constató que los políticos de su época se portaban en forma desleal, tortuosa o traicionera. Le contesté que eso no le interesaba, sino ver cómo triunfa un príncipe en la política y estudiar la acción política exitosa del modo más objetivo posible, sin orejeras éticas o religiosas. El nunca juzgó a los príncipes de su época para saber si eran buenos o malos; esto le tenía sin cuidado.

También le dije a mi querido amigo que estoy convencido de que la ética no va con la política: es otra esfera de la vida de los hombres en sociedad. Si metemos a la ética con la política vamos a acabar corrompiéndola y adulterándola. Y a la política la vamos a acabar pervirtiendo hasta hacerla totalmente infuncional. Maquiavelo independizó a la política de la moral, para poder entenderla; Kant independizó al derecho de la moral, asimismo, para poder estudiarlo como tal. La ética no nos sirve para hacer política ni tampoco para estudiarla. De otro modo, acabaríamos sin ver ni saber nada tanto de la ética como de la política.

La sentencia de José Agustín en su citada columna es flamigerante: el que viola los principios éticos la paga. Pues, con todo respeto para mi amigo, yo no veo que Salinas haya pagado por no respetar los principios de la ética; tampoco veo que Zedillo, ni Fox, ni Gil Díaz, ni muchos otros hayan sufrido tal punición. La Gordillo, que es una violadora contumaz de los principios de la ética, sigue vivita y coleando. Madrazo pagó sus tonterías, no su falta de ética. Calderón fue poco ético, pero ganó finalmente la Presidencia de la República. A los corruptos no se les castiga, me dijo José Agustín. Yo le respondí que sí se les ha castigado, cuando los agarran en flagrancia, si bien habría que agregar que no los castigan precisamente por corruptos, sino, parafraseando a don Luis Cabrera, por pendejos.

La política es así. Estoy pensando en qué diría Salinas de Gortari si alguien le preguntara si él piensa que es éticamente bueno. O si se le preguntara a la Gordillo qué es la moral para ella y a tantos otros. Probablemente dirían, con el Alazán Tostado, Gonzalo N. Santos, "la moral es un árbol que da moras o sirve para pura chingada".

PD. En mi artículo del domingo pasado yo no escribí "las clases obreras", como algún corrector de mala leche me puso, sino "las clases trabajadoras". Todavía puedo distinguir a un trabajador de una fábrica y uno del campo y, también, sé lo que quiere decir "éste" (con acento) y "este" (sin acento)

Si bien concuerdo con que lo que pinta Arnaldo es la realidad, también creo que eso es lo que debiera al menos preocuparnos como a Ortiz Pinchetti, pues el que el derecho y la política, así como la economía, estén separados de la moral es lo que hace al mundo insufrible para más de tres cuartos de su población. Si las disciplinas que organizan la sociedad se rigen por mentiras, traiciones y corruptelas no podemos esperar que ésta reciba ningún beneficio de ellas y por lo tanto pierden la utilidad y los objetivos filosóficos que les dieron origen. Lo que ello refleja es el atraso en que el ser humano vive aún, en términos de procurarse bienestar de la convivencia. La falta de conciencia ética nos sitúa en el salvajismo y la barbarie y debiera ser ocupación constante para quienes la tienen apuntalarla lo más posible como modelo a seguir si es que queremos progresar como organización viviente y lo mero principal como seres vivos que puedan obtener de la vida un goce para que al dejarla nos vayamos con la idea de que valió la pena y no de que fue una lamentable experiencia además de el absurdo que en sí entraña.

El paraembajador de Colombia tiene los días contados

Carlos Fazio


Altos mandos del ejército colombiano estarían involucrados con paramilitares autores de matanzas contra civiles en el país sudamericano. La imagen, durante un desfile de 2003 Foto: Ap

El embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, está en problemas. El diplomático está siendo investigado en su país en el caso de la llamada narcoparapolítica, un tenebroso y enorme engranaje que parte del Estado mismo y vincula a empresarios, gobernadores, políticos y legisladores del entorno íntimo del presidente Alvaro Uribe, así como a magistrados del Poder Judicial con conocidos narcotraficantes y jefes paramilitares.

Osorio, quien presentó sus cartas credenciales como embajador en México el 22 de noviembre de 2006, fue fiscal general de la nación entre 2001 y 2005, y está identificado por diversas instituciones humanitarias como uno de los principales encubridores de responsables de masacres, ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones clandestinas de cientos de personas. Durante su gestión, prácticamente nunca hubo esfuerzos por descubrir quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de homicidios colectivos y crímenes de lesa humanidad en departamentos como Sucre, Antioquia, Norte de Santander o Meta, donde siempre aparecían vinculados los nombres de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, Salvatore Mancuso o, incluso, Fidel Castaño.

El pasado 15 de mayo, al comparecer ante la fiscalía de Medellín, Salvatore Mancuso declaró lo que todo mundo sabía desde hace tiempo: que el paramilitarismo es y ha sido una estrategia del Estado colombiano. Apoyándose en los manuales de contrainsurgencia del ejército, en una acción discursiva calculada, Mancuso pretendió ubicarse como víctima de una ideología que preconiza la defensa del cristianismo, el capitalismo y la democracia. Banalizó su responsabilidad individual en crímenes de lesa humanidad e intentó sustentar una responsabilidad colectiva institucional. El, como el nazi Adolf Eichmann, sólo cumplía órdenes; era sólo una parte de la maquinaria militar oficial. Sin embargo, denunció: "Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia (...) El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el ejército dispara a quien se oponga a esto, sea o no sea guerrilla".

En su confesión, el ex comandante de las AUC soltó varios nombres de funcionarios y militares de alto rango presuntamente involucrados en matanzas contra población civil indefensa. Por ejemplo, reveló que se había reunido en varias ocasiones con el ahora vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, y con el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Y por primera vez mencionó sus nexos con los generales retirados Iván Ramírez Quintero, ex jefe de inteligencia del ejército; el ex comandante del arma Martín Orlando Carreño, y Rito Alejo del Río, con quienes, dijo, planeó la "expansión paramilitar" en el norte de Colombia.

El brigadier general Rito Alejo del Río, ex comandante de la Brigada XVII del ejército en el Urabá antioqueño y sindicado como uno de los "padres" del paramilitarismo en los años 80, está acusado de ser autor intelectual de más de 200 crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, la llamada Operación Génesis, que en febrero de 1997 provocó la muerte de 170 campesinos y el desplazamiento forzoso de 3 mil afrocolombianos de la cuenca del río Cacarica, en el departamento del Chocó. Del Río fue capturado el 21 de julio de 2001, pero el entonces fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, desestimó las denuncias, a pesar de que había una carga probatoria importante.

Por vía paralela, según constató en 2002 la organización Human Rights Watch, Osorio, quien al llegar a la fiscalía dijo a sus subordinados que las investigaciones contra los militares "no eran bienvenidas" y que había que reducir la atención que se daba a los casos de actividad paramilitar, porque tenían una "carga ideológica", desencadenó una "purga" de funcionarios judiciales que habían participado en el caso de los paragenerales. Destituyó a nueve fiscales, 15 se vieron forzados a renunciar bajo la acusación de "falta de lealtad con la institución" y desmanteló la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía.

Asimismo, allanó el camino para que un juez concediera a Del Río un recurso de habeas corpus y recuperara su libertad. Las evidencias contra el militar eran tan contundentes, que el presidente Andrés Pastrana tuvo que retirarlo del servicio activo, y hasta Estados Unidos removió su visa por "terrorismo internacional". No obstante esos antecedentes, en marzo de 2004 el propio fiscal Osorio se encargó de investigar al general por los hechos de Urabá, reorientó la indagación, lo absolvió de responsabilidad penal y archivó el proceso. También se negó a investigar acusaciones muy graves contra el presidente Alvaro Uribe, quien había patrocinado grupos paramilitares cuando fue gobernador del departamento de Antioquia, así como sus presuntos vínculos de complicidad con las conductas delictivas del general Del Río.

Según organizaciones humanitarias, mediante opiniones arbitrarias, Osorio descalificó todos los testimonios allegados al proceso, no obstante obrar en el expediente acusaciones sobre numerosos asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos obligados de población civil, bombardeos, actos de violencia sexual y pillajes. El caso ha sido admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que encontró responsabilidad del Estado colombiano en la Operación Génesis. Fue el mismo Osorio quien se encargó de absolver, además, al general de la Armada, Rodrigo Quiñónez Cárdenas, y a otros oficiales que eran investigados por presunta omisión en el asesinato de 26 campesinos en Chengue, Sucre, por paramilitares.

Osorio está siendo investigado, también, por haber desatendido a un testigo, Jairo Castillo Peralta, quien desde 2001 entregó todas las pruebas que demostraban el maridaje de la clase política de Sucre con el paramilitarismo. Paradójicamente, Castillo es en la actualidad la base para que la Corte Suprema de Justicia tenga en prisión a los congresistas Alvaro García Romero y Erick Morris, de la coalición gobernante, y la fiscalía busque a Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre.

Otra acusación que vincula a Osorio con los paramilitares fue formulada por Magally Moreno Vera, asistente personal de la ex directora de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez, amiga personal del actual embajador en México. Moreno admitió que ambas formaban parte de una red controlada por el jefe paramilitar conocido como Iguana. También señaló que en los tiempos de Osorio la relación de las AUC con la justicia colombiana "ya no era de maridaje, sino una verdadera luna de miel". La testigo aseguró que prácticamente todas las instancias operativas y judiciales del departamento Norte de Santander estaban penetradas por el paramilitarismo. De hecho, reveló nombres de altos oficiales del ejército, la policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que eran activos colaboradores de los paras. Y aseguró que pese a que nunca conoció una orden directa, "todos en la fiscalía sabían que tenían que colaborar" con esa organización clandestina, porque "la orden venía de arriba (entiéndase Luis Camilo Osorio)".

El investigador Richard Riaño Botina, experto en rastrear comunicaciones y sistemas informáticos, es otro dolor de cabeza para Osorio. Riaño, quien realizaba labores de inteligencia dentro de la fiscalía, hasta que fue echado por Osorio, encontró que los teléfonos de al menos 54 funcionarios del ente investigador se cruzaban con los de paramilitares del oriente colombiano. El hacker halló idéntica situación en algunas oficinas del DAS y del Congreso. Riaño, quien pidió a las autoridades colombianas protección en el exterior, entregó al senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, grabaciones, mensajes electrónicos y comunicaciones decodificadas que podrían servir no sólo para esclarecer algunos crímenes, sino para reabrir procesos contra paramilitares, que fueron cerrados durante la administración de Osorio.

El caso dio lugar para que el ahora embajador fuera vinculado formalmente a un proceso que, de prosperar, podría conducir a una declaración de indignidad para el ejercicio de su cargo diplomático en México. Si hay evidencia de que sus actuaciones como fiscal pueden calificarse como delitos, la Corte Suprema podría llevarlo a juicio. En ese caso, se convertiría en pieza clave para desentrañar los tentáculos de las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno de Uribe, los empresarios y la clase política que integran la alianza oficial.

Por otra parte, el embajador Osorio ha sido acusado en México de seguir los pasos de su antecesor, Luis Ignacio Guzmán, quien convirtió la sede diplomática del país sudamericano en esta capital en un centro de espionaje contra residentes colombianos y mexicanos solidarios con las luchas en aquella nación. Tampoco sería ajeno a las filtraciones periodísticas de los servicios de inteligencia colombianos sobre presuntos vínculos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con narcotraficantes mexicanos y la existencia de "células" de esa guerrilla en territorio nacional. México, no hay duda, tiene un huésped diplomático con serios problemas judiciales, que además se inmiscuye en asuntos internos, por lo que algunas voces comienzan a señalar que debería ser declarado persona non grata.

Telescopio

El Buscón

Por fin una noticia reconfortante: Cuba, como se sabe, es un pequeño país y su población total es casi un tercio de la del Distrito Federal y sus alrededores. Pues bien, el Granma informa con legítimo orgullo que dentro de dos años, en 2009, la isla tendrá nada menos que un millón de graduados universitarios. Hay que agregar que en varias ramas del saber la calidad de la enseñanza cubana está a la vanguardia y que el país, que es pobre, forma en sus universidades decenas de miles de estudiantes latinoamericanos con escasos recursos. El mismo periódico da una noticia opuesta: el Pentágono pide más dinero para reclutar 25 por ciento más de siquiatras, ya que entre 15 y 20 por ciento de los soldados que vuelven de Irak padecen trastornos mentales graves. Y hablando del Pentágono, El País, de Montevideo, publica una noticia insólita: aquél habría estudiado una "bomba gay" que, arrojada sobre los soldados enemigos, según el diario, "les provocaría irresistibles impulsos homosexuales" (acuérdense de cuando los geniales estrategas de la Agencia Central de Inteligencia estudiaron hacerle caer la barba a Fidel Castro para quitarle prestigio).

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El caldero venezolano: Según Globovisión, el gobierno venezolano está dispuesto a comprar los equipos de la ex Radio Caracas Televisión (RCTV). Si sus ex concesionarios no concordasen con el precio, se nombrarían peritos para fijarlo. Quienes hablaban de despojo, en el país y en el extranjero, no han comentado la noticia, por supuesto. Tal Cual, igualmente opositor pero dirigido por un ex guerrillero, ex comunista, ex maoísta, ex ministro del gobierno del democristiano Caldera, dice ahora que el partido de éste -Copei- acusa al gobierno de malversación de fondos públicos, que habrían sido destinados a formar las listas del nuevo partido socialista único, el PSUV, promovido por Hugo Chávez Frías. Por su parte, El Nacional informa que a un año de su elección, de acuerdo con lo que permite la Constitución y a pedido de 20 por ciento del electorado de sus respectivas regiones, el primero de octubre próximo serán sometidos a referendo revocatorio siete gobernadores (los de Vargas, Anzoátegui, Bolívar, Trujillo, Miranda, Carabobo y Yaracuy) y 109 alcaldes. Pensemos, por ejemplo, en Oaxaca y Ulises Ruiz Ortiz.

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En el sur del Sur: El País afirma que los sindicatos uruguayos se oponen a la reforma tributaria y que la mafia rusa invierte en el sector inmobiliario del país. Página 12, argentino, reporta por su parte el apoyo de la Central de Trabajadores Argentinos -a la que, sin embargo, el gobierno de Kirchner no le ha concedido la personería gremial- al candidato kirchnerista para la ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus. El chileno La Tercera revela, a su vez, que los ferrocarriles compraron a la española Renfe trenes usados que fallaron pocos días después de su inauguración, aunque una empresa china había ofrecido, más baratos, trenes nuevos y mejores.

Los bueyes y la carreta

León García Soler

En su torre de marfil, Alan Greenspan fue oráculo de la Reserva Federal; el Mago de Oz ante cuyas palabras se inclinaban los dueños del dinero, y los simples mortales conteníamos el aliento en espera de los efectos económicos que predecían los dígitos dictados para fijar las tasas de interés del imperio. El prime rate y el rechinar de los ejes de las carretas del subdesarrollo o las economías a horcajadas, "en vías de desarrollo".

El hombrecillo de la magia se retiró. Hoy viaja por el mundo y predica la sabiduría acumulada en décadas de dictador de la economía global. Vino a México y sentenció la catástrofe del ingreso público si no damos vía libre a la inversión extranjera en Pemex. La expropiación y nacionalización del petróleo, punto de partida del progreso y del auge del capitalismo en México. Hoy los timoratos dicen que no viene el capital del que habla Greenspan porque Pemex es del Estado y nuestras leyes permiten la expropiación. Terquedad ignara contra certeza jurídica. Dondequiera que se ha constituido un Estado-nación, las leyes fundamentales establecen la facultad soberana de expropiar, de ejercer lo que los juristas anglosajones llaman emminent domain, el dominio eminente sobre la propiedad privada.

Donde impera la economía de mercado, donde la democracia es sinónimo de capitalismo y receta para enderezar entuertos ajenos; donde aceptamos y acatamos el consenso de Washington, ahí también puede el gobiernos expropiar en favor del interés común y fincar sobre terrenos registrados como sacrosanta propiedad privada.

El formidable señor Greenspan no trajo a cuento el pecado original mexicano de la expropiación petrolera. Lo suyo es la moneda, el capital y su flujo, rentas fijas o inversiones de riesgo. La del petróleo es una industria de riesgo, de alto riesgo. Y altos rendimientos. Los miedos que alientan los patrocinadores de prédicas capitalistas nada tienen que ver con que Pemex sea del Estado: la apabullante mayoría de las grandes empresas petroleras son de propiedad estatal. En Noruega, en Arabia Saudita, en Irán, en Rusia, en Brasil, en Venezuela. En fin, los timoratos nativos gritan que no fluye el capital porque Pemex es del Estado. Pero desde los primeros instantes del petróleo nacionalizado hubo y hay capital privado invertido en trabajos de exploración, perforación, refinación y distribución de crudo y gas. Lo que se debatía en la señorial reunión donde el señor Greenspan nos anunció el agotamiento de las reservas si no damos paso a la inversión extranjera, capital y tecnología para explotar los depósitos en mares profundos del Golfo de México, era la catástrofe fiscal, desplome del ingreso, de la hacienda pública. Pemex paga impuestos que equivalen a algo más de 40 por ciento del total recaudado por un ineficaz sistema que capta entre 10 y 11 por ciento del PIB.

Dicho en términos de lego: Pemex no puede crecer y aumentar su capacidad de exploración, producción, refinación y construcción de ductos, porque el fisco se queda con todo. Y, para colmo, la autonomía de gestión y el nuevo régimen fiscal indispensables para evitar el deterioro de Pemex, sólo podrían hacerse si Hacienda encuentra fuentes de ingreso que suplan lo que dejaría de ingresar por el nuevo régimen fiscal de Pemex. Y, de paso, dejar la parálisis de una recaudación apenas superior a 10 por ciento del PIB. En los países de la Unión Europea el ingreso fiscal es de entre 20 y 30 por ciento del respectivo producto interno bruto. Los del sur pobre, en Centroamérica, por ejemplo, captan 16, 17 y algunos 20 por ciento.

Vuelvo al lenguaje de lego. El problema de Pemex es fiscal: lo ordeñan. Acierta el señor Greenspan, la catástrofe sería para la hacienda pública. De eso sabe. Las tasas impositivas, el régimen al que está sujeto Pemex impiden que se invierta y podrían (no hay certidumbre fatal) conducir al agotamiento de las reservas probadas, dado el incremento en la producción de crudo y el acelerado descenso de los campos marítimos en explotación frente a Campeche y Tabasco. Acierta el gran oráculo de la Reserva Federal. Pero puso la carreta de Pemex adelante de los bueyes de la reforma hacendaria y la disponibilidad de capital. Si a las empresas extranjeras del gran capital dispuesto al riesgo las someten al régimen fiscal de Pemex y a un sistema de presupuesto anual, sin horizonte para la inversión a largo plazo, se les atoraría la carreta y los bueyes de la inversión se irían a la barranca.

Los legisladores panistas se reunieron con el presidente Calderón y recibieron adelantos de la iniciativa de reforma fiscal que presentará el titular del Ejecutivo ante la Cámara de Diputados. Plácida posición plural cuando se trata del poder de la bolsa, que debiera ser del Congreso y nadie disputa al Ejecutivo. Al inconcebible Vicente Fox le aprobaron por unanimidad los presupuestos diseñados ostentosamente por Paco Gil. Por hacer ruido, reviven el espantajo del IVA a medicinas y alimentos. Para curarse en salud aseguran que la reforma no contempla dichos impuestos. Y nadie sabe si habrá avances en materia de participaciones de las entidades de la República federal. Del centralismo de 1824 al de 1929 y, con el vuelco finisecular, vuelta al origen, con la opción de la Conago y los espacios de poder real para gobernadores que podrían reclamar voz y voto en la distribución del ingreso.

Lo extraño es que en el antiguo régimen, sin excluir los años del priato tardío, los diputados y senadores del Congreso de la Unión tuvieron las facultades y la representación necesarias para dictar el cómo y el cuánto de las participaciones del ingreso y para el gasto público. Hoy, el Poder Legislativo hace contrapeso retórico y simbólico al Ejecutivo; el deber de oponerse lo cumplen en la fantasía de lo absoluto, detrás del espejo. La obsesión litigiosa los impulsa a acudir al Poder Judicial; a llevar conflictos políticos a una Suprema Corte a la que han puesto al filo de legislar y en riesgo de dictar sentencias políticas.

La Corte resolvió la inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa, preservó la certidumbre jurídica en asunto de interés capital, en el que el brillo del poder mediático pareció ocultar que estaba en juego la facultad soberana del Estado de otorgar o negar una concesión. Vino lo del IFE y se reafirmó la separación de poderes, así como la precisión de ejercer exclusivamente las facultades que la ley les señala.

Pero en plena tormenta anual del magisterio y tras el alto costo del abuso del poder para eliminar adversarios (en el caso de Ulises Ruiz, el presunto operador electoral de Roberto Madrazo), el pleno de la Corte discute si tiene la facultad de investigar posibles violaciones a las garantías individuales. El ministro Genaro Góngora se erigió en tribuno del pueblo: "La sociedad oaxaqueña está esperando justicia. Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar. El trance social no ha concluido y es necesaria nuestra intervención."

No hablaba el senador Góngora. ¿Puede la Corte "intervenir" directamente? ¿Puede declarar desaparecidos los poderes del estado libre y soberano de Oaxaca?

¡Cuidado! Separación de poderes. Pesos y contrapesos. Sin la vacuidad del presidencialismo ilustrado que se declaró fiel de la balanza.

Reformas deseables, reformas posibles

José Agustín Ortiz Pinchetti

No me lo tomen a mal, pero no creo posible que salga adelante la reforma del Estado. Interesante catálogo de temas y presencia de asesores, entre ellos Diego Valadés y Porfirio Muñoz Ledo. Pero creo que hay tres razones para que no funcione el proyecto: primero, porque en México las grandes reformas sólo han sido posibles después de un conflicto en que uno de los contendientes es borrado del mapa y el otro puede imponer su proyecto (1824, 1867, 1917). Segundo, el pactismo (consenso) es imposible después de las heridas que provocó la desastrosa elección de 2006. Tercero, porque Calderón, por cuenta de los grupos de interés, quiere imponer "las reformas estructurales" y los otros partidos no están dispuestos a seguir al régimen, sino "colonizarlo". Esto fue lo que hizo que Fox, que al principio del sexenio había logrado un consenso muy amplio, lo desperdiciara y lo congelara.

No soy tan pesimista por lo que toca a la reforma electoral. La legislación actual y las reformas de 1994 y 1996 están dañadas irreparablemente. No sólo por sus debilidades técnicas, sino por el abuso que la derecha hizo de ellas. La perversidad o ineptitud con la que actuaron el presidente de la República, los gobernadores priístas y panistas, los medios electrónicos, las organizaciones patronales para impedir la alternancia emponzoñó la lucha política. Hay que blindar el sistema para que las elecciones de 2009 sean creíbles. Lo lógico, me diría usted lector amable, sería que la derecha quiera seguir gozando de ventajas. Pero creo que el PRI y el PAN están haciendo un análisis de las circunstancias y que se van a inclinar por permitir la reforma para conjurar males mayores.

Calderón no ha logrado legitimarse; 65 por ciento de la población está seguro que hubo fraude en su elección o duda si lo hubo. A pesar de una costosa campaña de medios, el agravio sigue abierto. La inconformidad social tenderá a crecer. Aumenta la resistencia a la abusiva Ley del ISSSTE y a los crímenes impunes de Oaxaca. No hay esperanzas de crecimiento económico. En el primer trimestre del año se perdieron 250 mil empleos y ahora es mucho más difícil buscarlos en Estados Unidos. La campaña militar de Calderón está fracasando. Cada día hay una ración de crímenes y de abusos de los soldados contra la población. El Congreso en lugar de lanzarse a la aventura de la reforma del Estado debería exigirle cuentas a Calderón por haber suspendido de hecho las garantías individuales sin un decreto del Legislativo y sin límites, en brutal violación de los artículos 29 y 129 de la Constitución.

La gobernabilidad no está garantizada. Intentar hacer las elecciones en 2009 con un sistema electoral que tenga los mismos personajes y defectos de 2006 puede ser muy peligroso para la estabilidad del país y del régimen. Aunque la reforma electoral parece indispensable y urgente, nuestro optimismo debe moderarse. Por lo que toca a la sensibilidad de la derecha mexicana, no hay que hacerse muchas ilusiones.

Pacífico colombiano: una realidad más allá del informe gubernamental (Colombia)

Número 176 – junio 15 de 2007 - El Turbión

El pasado 4 de junio, en la Universidad Javeriana, se realizó el lanzamiento del libro Derecho a la alimentación y al territorio en el Pacífico colombiano, de Jesús Alfonso Flórez López y Constanza Millán Echeverría, el cual se presenta como un informe alterno al presentado por el Estado a Naciones Unidas para el periodo 2000-2005.

Su objeto es ilustrar un balance sobre el cumplimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), respecto al control y tenencia del territorio, y sus correspondientes implicaciones en el disfrute del derecho a la alimentación de las comunidades residentes.

El libro presenta un contexto sobre la desigualdad y exclusión en la región; hace un análisis sobre las políticas públicas implementadas y el impacto de la intervención de actores armados, legales e ilegales, sobre el territorio y el derecho a la alimentación; brinda un espacio las organizaciones étnico territoriales para la presentación de sus propuestas y revisa el marco normativo, aterrizando en el estudio de cuatro casos específicos:

1. El desplazamiento y despojo de tierras, por el monocultivo de palma aceitera, de las comunidades del Medio y Bajo Atrato, en el periodo comprendido entre 1996 y 2005.

2. Las fumigaciones aéreas y la violación del derecho a la alimentación en Nariño.

3. Ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes y violación de los derechos al trabajo y a la alimentación en Buenaventura.

4. Derecho a la salud en el municipio de Guapi.

Aunque sus nombres figuran en la carátula del libro, estos dos autores reconocen que el escrito es el fruto del esfuerzo interdisciplinario de un grupo de investigación integrado por abogados, sociólogos y trabajadores sociales, con el apoyo de las diócesis del Pacífico y de organizaciones étnico territoriales.

Los autores hacen énfasis, también, en que el libro no es un objetivo, sino un instrumento. Sus páginas son el resultado de un proceso que lleva más de seis años y que empezó a materializarse desde hace dos, advirtiendo la necesidad de rendir un informe a la comunidad nacional e internacional sobre la grave situación que se vive en la zona.

El libro es, entonces, una pieza más dentro de una propuesta conformada por los “distintos lenguajes con los que se presenta el informe”, señala Constanza Millán, del cual hacen parte también el video documental que presenta los casos y una propuesta teatral interétnica.

De esta última fuimos espectadores los asistentes al lanzamiento, que destinó un espacio a la presentación del grupo Resistencia Itinerante, cuya actuación hizo gala de la calidad histriónica de sus integrantes, conmocionando al público con fuertes imágenes y reflexiones sobre la problemática.

Apatía gubernamental e intereses económicos de las multinacionales: principales factores de la problemática

La fijación de políticas públicas encaminadas a garantizar la explotación de la tierra con la implementación de macroproyectos, cuyos beneficiarios directos son los sectores monopólicos del país y empresas multinacionales presentes desde hace varios años en la zona, aunada al correspondiente descuido del bienestar de las comunidades, resultan ser los factores principales de la problemática identificada en el informe.

“Los macro proyectos son la expresión de la política publica, donde el Pacifico solamente se ve como una región de polo de desarrollo, pero no como un área en donde puedan desarrollar el bienestar las comunidades de forma autónoma”, indica Jesús Alfonso Flórez, quien entiende el informe como un mecanismo para exigir al gobierno el cumplimiento de los DESC, dentro de una óptica en la que se asuma al “Pacífico como una región integrada desde las perspectivas de las comunidades y no desde la perspectiva del capital”.

El libro integra dos elementos cuya correspondencia es innescindible: el derecho a la alimentación y al territorio. El control sobre este último para el desarrollo de monocultivos limita el derecho al trabajo y, consecuentemente, arrebata a la población una de sus principales fuentes de sustento, la agricultura, más cuando los nuevos productos no se prestan para el consumo humano.

“El hambre en el Chocó es historica”

Con esta afirmación, Flórez pretendió dar cuenta de que la reciente puesta en discusión que algunos medios de comunicación han realizado sobre la situación de hambre en el Chocó no es una novedad y que, por el contrario, data desde sus inicios como resultado de un abandono gubernamental absoluto a la zona.

Inquietados por el propósito con el cual se estaba dirigiendo la mirada a dicha problemática, le preguntamos acerca de las razones que, en su sentir, explicaban el naciente auge de la discusión. Frente a ello, señaló que “los intereses políticos ahora se muestran para reflejar el hambre de cuatro niños, pero olvidan el hambre de los centenares de miles de afrocolombianos e indígenas que están sometidos a esta presión y no pueden acceder a los alimentos”.

Según el autor, el tema del hambre en el Pacífico no se reduce a un conjunto de niños en condición de desnutrición crónica, sino a la condena de muerte de muchos habitantes. De acuerdo con él, la importancia atribuida a la materia, desde hace unas semanas, responde a los mismos intereses económicos de aprovechamiento de la región, a la necesidad de que el gobierno involucre en su agenda la materia y la grave crisis humanitaria, como exigencia de la bancada afroamericana en el Congreso de EEUU.

Por su parte, Constanza Millán argumenta que “en este momento hay varias discusiones en el país que están afectando territorialmente la región: la discusión sobre la Ley de Aguas, la Ley Forestal, el Estatuto Agrario y el TLC, que hacen que la situación sea vigente”.

Como bien se aclara, con el libro no se agotan las tareas desarrolladas para contrarrestar la difícil situación de una de las regiones más pobres del país. Los datos en él consignados servirán, especialmente, para que la sociedad colombiana despierte a una realidad que siempre le acompañó, pero que se negaba a admitir. En nuestras manos se encuentra, entonces, no sólo su difusión, sino la realización de las acciones que contribuyan a eliminar las condiciones que están acabando con los afrodescendientes, indígenas y mestizos que, en mayor o menor medida, habitan ese territorio. En nuestras manos está continuar con la labor ahora impulsada por una red de agentes regionales, para trasladar el debate de la agenda local a la nacional e internacional.

El Turbión es un proyecto de comunicación del Movimiento por la defensa de los derechos del pueblo - MODEP

Convocatoria

La Resistencia Creativa convoca a toda la resistencia civil pacífica a participar en una acción el día de mañana domingo 17 de junio a las seis de la tarde en punto en la puerta de los Leones, afuera del parque de Chapultepec de la Ciudad de México (estación "Chapultepec" de la línea 1 del Metro).

Convocatoria

Invitamos a los ciudadanos en general a participar en la Asamblea Dominical de la Resistencia Creativa este 17 de Junio a las 11:00 hrs. en el Hemiciclo a Juárez, en esta ocasión contaremos con la presencia de Raúl Álvarez Garín, dirigente del Comité 68, quien nos hablará de "los Riesgos de la Militarización del País", además continuaremos con la organización de "la exhibición de testimonios del fraude" la cual se llevará a cabo el 30 de junio en el Monumento a la Revolución.

¡Por un País más justo!
Resistencia Creativa

Destruida, la confianza en el sistema legal mexicano: Amnistía Internacional

Existe abuso de pruebas defectuosas o inexistentes y la violación de derechos

Destruida, la confianza en el sistema legal mexicano: Amnistía Internacional

Señala en un informe que los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca son representativos
AFP

El abuso de pruebas defectuosas o inexistentes, la negación de los derechos fundamentales a los procesados, particularmente a los indígenas, las mujeres y los pobres, ha destruido la confianza en el sistema de justicia mexicano, denunció este viernes Amnistía Internacional (AI).
"En todo México se ha detenido a decenas de personas sobre la base de pruebas defectuosas o inexistentes y se les han negado derechos fundamentales, lo que ha dado lugar a errores judiciales y ha destruido toda la confianza en el sistema de justicia y en el estado de derecho", afirmó en un informe la organización de defensa de derechos humanos.
Amnistía Internacional ilustró sus acusaciones con siete casos de personas que fueron detenidas, en su mayor parte en el contexto de la represión de protestas sociales que tuvieron lugar el año pasado en San Salvador Atenco y Oaxaca.
En dichos casos, aseguró AI, los afectados fueron detenidos de forma irregular, con pruebas poco fiables, algunos sufrieron torturas, malos tratos o agresiones sexuales, y durante sus procesos judiciales se violaron principios como la presunción de inocencia o la asistencia legal adecuada.
En el caso de acusados pertenecientes a alguna etnia indígena, con escasos o nulos conocimiento del español, la situación se agrava ya que éstos no suelen contar con un traductor o un abogado defensor que los entienda y les explique los detalles del proceso legal en su contra.
Además, criticó que "los agentes del Ministerio Público tienen poderes excesivos para determinar el valor de la prueba" y los jueces las dan por ciertas "sin garantizar explícitamente su examen con arreglo al principio de presunción de inocencia de la persona sospechosa.
"La impunidad de las violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma" y "en los pocos casos en los que se han llevado a cabo investigaciones oficiales sobre abusos, los mecanismos de rendición de cuentas son tan débiles que las personas responsables rara vez comparecen ante la justicia", concluyó el informe.

México SA
Carlos Fernández-Vega

Mentiroso

Baja la deuda pública del Distrito Federal
El neoliberalismo mata al campo
Bancomext perdió atribuciones hace tiempo

¡Sorpresa! El inquilino de Los Pinos y sus publicistas pueden dormir tranquilos, porque el "motivo" de sus histéricas acusaciones en el transcurso de la campaña electoral 2006, que tanto sueño les robó, fue rotundamente falso, aunque ellos, desde luego, "no lo sabían".
Resulta que en pleno proceso electoral, el minimichoacano desgañitábase y horrorizábase por el descomunal incremento de la deuda pública del Distrito Federal (obvio que sólo en los tiempos del peje), la cual, decía, "observa el mayor aumento" en el contexto de las entidades de la República".Y con esa "base" los publicistas actuaron obscenamente en consecuencia.
Pues bien, sin que el aumento del débito público del Distrito Federal sea una perita en dulce (cuarto a nivel nacional), resulta que los mayores incrementos en el renglón de deuda de los estados y en el periodo que tanto criticó el hoy inquilino de Los Pinos se registró en Chihuahua, Nuevo León y Jalisco, en una mezcla de gobierno panistas y priístas que nunca recibieron la histérica cortesía de Calderón y sus obscenos publicistas. Sólo restaría que el inquilino de Los Pinos se disculpe por tan indigna actuación o, mejor, abandone la residencia oficial por mentiroso!.
Pero en vía de mientras, las cifras definitivas para el periodo 2000-2006 que sobre deuda pública de los estados ha divulgado la Secretaría de Hacienda, sistematizadas por la Cámara de Diputados, revelan que dicho lapso el débito del gobierno de Chihuahua se incrementó 338.83 por ciento en términos nominales, la de Nuevo León 90 por ciento y la de Jalisco 71 por ciento; la del Distrito Federal lo hizo en 53.5 por ciento y la del estado de México 37 por ciento.
A lo largo del periodo referido, en Chihuahua fueron dos los gobernadores priístas (Patricio Martínez y José Reyes Baeza Terrazas); en Nuevo León dos panistas (el creativo Fernando Canales Clariond y Fernando Elizondo Barragán, sustituto de aquel y hoy senador) y un priísta (José Natividad González Parás); en Jalisco tres panistas (Alberto Cárdenas Jiménez, hasta 2001, hoy instalado en la Sagarpa; Francisco Ramírez Acuña, hoy en Bucareli y en sustitución de éste el designado Gerardo Octavio Solís Gómez, ahora también en Bucareli; en el DF un jefe de gobierno perredista (el peje) y en el estado de México dos priístas (el inmobiliario Arturo Montiel y su pariente Enrique Peña Nieto). Ninguno de ellos, salvo el de apodo de pez, fue objeto de las histéricas acusaciones de Calderón.
Por cortesía de la Cámara de Diputados, va la numeralia sobre deuda pública de los estados en el periodo 2000-2006: las entidades que presentan los mayores incrementos en la deuda con respecto al PIB son Veracruz, Chihuahua y Michoacán (0.06, 0.05 y 0.03 puntos porcentuales, respectivamente), mientras las que registran los descensos más pronunciados en la deuda a PIB son el estado de México, Distrito Federal y Sonora (0.08, 0.04 y 0.2).
Durante el periodo 2000-2006, la deuda total de las entidades federativas como porcentaje del PIB nacional presenta un comportamiento estable, manteniéndose, en promedio, en 1.7 por ciento del producto. En ese lapso, 11 entidades federativas mantuvieron su razón deuda-PIB, 14 la aumentaron y 7 la redujeron.
Al cierre de 2006, el saldo total de la deuda pública de las entidades federativas se ubicó en 160 mil 92.7 millones de pesos, cifra que representa el 1.7 por ciento del PIB nacional y que en términos reales resulta 7 por ciento superior al saldo de 2005 (143 mil 193.8 millones de pesos).
Al término de 2006, la deuda del Distrito Federal, estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Sonora, representó el 71.7 por ciento del total, es decir, 114 mil 748.2 millones de pesos. Por tipo de deudor, el 64 4 por ciento del total de la deuda se contrata directamente por los gobiernos estatales, 9.1 por los gobiernos municipales, 14.9 por organismos estatales y municipales y el restante 11.6 corresponde a deuda bursátil emitida por organismos con fuente propia de pago.

Las rebanadas del pastel
Que de tiempo atrás deambulaba el cadáver: "ya la veíamos venir. Lo sentimos cuando después de apoyarnos para exportar como cooperativa de productores de nopal, el Bancomext hace cuatro años, nos negó su asesoría para demandar a un broker de Los Angeles, California, llamado Tony Munguía, dueño de Surprise Corp, quien nos robó 60 mil dólares. El argumento del banco en ese entonces fue que ya le habían quitado la competencia que tenía para asesorar en materia jurídica a los productores, aunque fueran de bajos ingresos y del sector social. La sugerencia de los funcionarios del Bancomext fue: contraten ustedes abogados en Estados Unidos, que, por cierto, cobran cerca de 100 dólares por hora de trabajo. Lo veníamos venir desde la administración Fox. Les interesa reducir gasto corriente para "disminuir las presiones inflacionarias", darle más chamba a los despachos de abogados de Estados Unidos y dar libertad a los brokers corruptos para que hagan de la suyas a costa de los productores mexicanos y nuestros compas hermanos de Guerrero y Oaxaca que nos ayudan a cultivar y cosechar nuestro producto. Hay que decirles a los del Sindicato de Bancomext que el debilitamiento del banco de fomento, que hoy ya en nada nos ayuda, agudiza claramente la pérdida de competitividad internacional que aqueja a nuestra economía, arrastrándonos a muchos que, desde abajo, luchamos por elevar los ingresos de los que menos tienen y ofrecer alimentos de calidad a nuestros connacionales que viven en Estados Unidos y Canadá. Ya lo veíamos venir, y entonces tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, frente a productores de otros países subsidiados significativamente por sus respectivos gobiernos. El ¡viva Zapata! se ahoga ahora frente a la fuerza de ¡viva el neoliberalismo!; ¡viva el TLCAN!; ¡viva Greenspan!" (Alvaro Urreta, director general de Nopalvida, Tlalnepantla, Morelos).
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