jueves, agosto 02, 2007
El denominador común entre Bush, el pelele y Aznar
El alcoholismo
http://www.youtube.com/watch?v=2OEVq76nZtE&mode=related&search=
Las mentiras y el cuento del terrorismo para justificar la represión y el poder arbitrario
http://www.youtube.com/watch?v=KuuGQGPi-tU&mode=related&search=
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Las mentiras y el cuento del terrorismo para justificar la represión y el poder arbitrario
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Nueva Izquierda ya está descaradamente al servicio del espurio
Bloquea NI queja perredista contra Agustín Carstens
GABRIELA ROMERO, ROCIO GONZALEZ
Diputados perredistas pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda (NI), encabezados por Víctor Hugo Círigo bloquearon la aprobación de un punto de acuerdo que presentó el también perredista Agustín Guerrero, por el cual se pedía al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, no atribuirse facultades que competen a la Asamblea Legislativa al indicar al gobierno capitalino que hacer con los recursos que se obtengan por la refinanciación de la deuda.
En un extremo del presídium, Círigo Vásquez no ocultaba su molestia por la propuesta que leía Guerrero ante el pleno de la Diputación Permanente, ya que antes había presentado el acuerdo promovido por él en la Comisión de Gobierno, en el que el órgano legislativo no sólo "se congratula del acuerdo logrado entre los gobiernos federal y del DF en torno a la operación del refinanciamiento de la deuda", sino que advierte que "será celosa vigilante" de los recursos derivados de ésta.
La panista Kenia López se refirió a Guerrero como un "diputado líder de una expresión política de su grupo parlamentario, cuya cercanía con el jefe de Gobierno es a todas luces conocida".
En la votación, Círigo y Piña Olmedo (NI), así como Juan García (PT), se abstuvieron; Guerrero, Salvador Martínez della Rocca y Avelino Méndez (PRD), a favor; López, Paula Soto, Jorge Triana (del PAN), y Jorge Schaffino (PRI), en contra.
GABRIELA ROMERO, ROCIO GONZALEZ
Diputados perredistas pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda (NI), encabezados por Víctor Hugo Círigo bloquearon la aprobación de un punto de acuerdo que presentó el también perredista Agustín Guerrero, por el cual se pedía al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, no atribuirse facultades que competen a la Asamblea Legislativa al indicar al gobierno capitalino que hacer con los recursos que se obtengan por la refinanciación de la deuda.
En un extremo del presídium, Círigo Vásquez no ocultaba su molestia por la propuesta que leía Guerrero ante el pleno de la Diputación Permanente, ya que antes había presentado el acuerdo promovido por él en la Comisión de Gobierno, en el que el órgano legislativo no sólo "se congratula del acuerdo logrado entre los gobiernos federal y del DF en torno a la operación del refinanciamiento de la deuda", sino que advierte que "será celosa vigilante" de los recursos derivados de ésta.
La panista Kenia López se refirió a Guerrero como un "diputado líder de una expresión política de su grupo parlamentario, cuya cercanía con el jefe de Gobierno es a todas luces conocida".
En la votación, Círigo y Piña Olmedo (NI), así como Juan García (PT), se abstuvieron; Guerrero, Salvador Martínez della Rocca y Avelino Méndez (PRD), a favor; López, Paula Soto, Jorge Triana (del PAN), y Jorge Schaffino (PRI), en contra.
Advierten indígenas bolivianos que incluso con las armas defenderán la Constituyente
Presentan pueblos originarios ofrendas a la Pachamama, la Madre Tierra
"Evo Morales, próximo presidente de Perú", grito en Lima durante la visita del mandatario
ROSA ROJAS
La Paz, 1º de agosto. En el cerro sagrado de Pajchiri, frente al lago Titicaca, el más alto del mundo, los temidos ponchos rojos de la provincia de Omasuyos, defensores y guardianes del aguerrido pueblo aymara de Achacachi, presentaron este miércoles sus ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra), a la que pidieron por la unidad de Bolivia: "Aquí nace la fuerza, aquí se juntan todos los caminos".
En una ceremonia en la que participaron unos 3 mil indígenas para agradecer a la Pachamama en este, el primer día del "mes de la boca abierta de la tierra", en que las ofrendas buscan retribuir lo que ésta dio a los humanos en los meses pasados, durante la cosecha, los ponchos rojos advirtieron que defenderán inclusive con las armas la Asamblea Constituyente.
También hubo discursos políticos como el del alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, quien ratificó que los ponchos rojos acudirán en forma pacífica a Santa Cruz para participar en el desfile militar del 7 de agosto, con motivo de las fiestas patrias y el aniversario de la creación del ejército boliviano, pese a que los cívicos cruceños cuestionan su presencia.
La presidenta de la junta vecinal del pueblo de Chuavisalay, Juana Nacho, recordó que si no hubiera sido por los pueblos originarios que defendieron con su sangre los recursos naturales en la guerra del Chaco contra Paraguay, a principios del siglo XX, Bolivia no contaría hoy con las reservas de gas que le permiten sacar adelante su economía.
En tanto, en la ciudad de Santa Cruz, la sede del Comité Cívico sufrió esta madrugada un ataque con una bomba molotov, que causó daños leves, reportó el diario El Deber. El rotativo añadió que en el patio del edificio se encontró un cartucho de dinamita sin estallar.
El gobierno del presidente Evo Morales -quien está de visita en Perú- ordenó una investigación sobre el hecho. Aunque su vocero, Alex Contreras, comentó que en el país puede haber "atentados y autoatentados" y en este caso "no se descarta" esta última opción.
Los comités cívicos de la denominada media luna autonomista -Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando- emitieron un manifiesto "por la concertación y la defensa de la unidad nacional, la convivencia pacífica y defensa democrática", en que "repudian" la "política de confrontación" que, dicen, promueve el gobierno nacional.
Convocan al presidente Evo Morales a una reunión el 8 de agosto en la ciudad de Santa Cruz, y advierten que de no asistir tomarían otras medidas, como podrían ser convocar a cabildos departamentales y declarar las autonomías de hecho.
Además, exigen la no exclusión del tema del retorno de la sede de gobierno de La Paz a Sucre y reclaman garantías al libre ejercicio de la representación cívica, "sin amedrentamientos ni amenazas", respetando los derechos consagrados en la Constitución, en referencia al atentado contra el comité cívico cruceño.
Mientras, un hombre que portaba una bandera del Partido Comunista gritó hoy -durante un mitin organizado para homenajear al mandatario boliviano- con sincero sentimiento "Evo Morales, próximo presidente de Perú", quien visitó Villa El Salvador, un sector popular al sur de Lima.
El despacho de Afp agrega que el hombre de 50 años gritó envalentonado "ese es el presidente que necesitamos, no el que tenemos ahora", mientras en el estrado Evo Morales se aprestaba a iniciar su discurso en presencia de algunos legisladores peruanos y representantes diplomáticos de Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua.
"Evo Morales, próximo presidente de Perú", grito en Lima durante la visita del mandatario
ROSA ROJAS
La Paz, 1º de agosto. En el cerro sagrado de Pajchiri, frente al lago Titicaca, el más alto del mundo, los temidos ponchos rojos de la provincia de Omasuyos, defensores y guardianes del aguerrido pueblo aymara de Achacachi, presentaron este miércoles sus ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra), a la que pidieron por la unidad de Bolivia: "Aquí nace la fuerza, aquí se juntan todos los caminos".
En una ceremonia en la que participaron unos 3 mil indígenas para agradecer a la Pachamama en este, el primer día del "mes de la boca abierta de la tierra", en que las ofrendas buscan retribuir lo que ésta dio a los humanos en los meses pasados, durante la cosecha, los ponchos rojos advirtieron que defenderán inclusive con las armas la Asamblea Constituyente.
También hubo discursos políticos como el del alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, quien ratificó que los ponchos rojos acudirán en forma pacífica a Santa Cruz para participar en el desfile militar del 7 de agosto, con motivo de las fiestas patrias y el aniversario de la creación del ejército boliviano, pese a que los cívicos cruceños cuestionan su presencia.
La presidenta de la junta vecinal del pueblo de Chuavisalay, Juana Nacho, recordó que si no hubiera sido por los pueblos originarios que defendieron con su sangre los recursos naturales en la guerra del Chaco contra Paraguay, a principios del siglo XX, Bolivia no contaría hoy con las reservas de gas que le permiten sacar adelante su economía.
En tanto, en la ciudad de Santa Cruz, la sede del Comité Cívico sufrió esta madrugada un ataque con una bomba molotov, que causó daños leves, reportó el diario El Deber. El rotativo añadió que en el patio del edificio se encontró un cartucho de dinamita sin estallar.
El gobierno del presidente Evo Morales -quien está de visita en Perú- ordenó una investigación sobre el hecho. Aunque su vocero, Alex Contreras, comentó que en el país puede haber "atentados y autoatentados" y en este caso "no se descarta" esta última opción.
Los comités cívicos de la denominada media luna autonomista -Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando- emitieron un manifiesto "por la concertación y la defensa de la unidad nacional, la convivencia pacífica y defensa democrática", en que "repudian" la "política de confrontación" que, dicen, promueve el gobierno nacional.
Convocan al presidente Evo Morales a una reunión el 8 de agosto en la ciudad de Santa Cruz, y advierten que de no asistir tomarían otras medidas, como podrían ser convocar a cabildos departamentales y declarar las autonomías de hecho.
Además, exigen la no exclusión del tema del retorno de la sede de gobierno de La Paz a Sucre y reclaman garantías al libre ejercicio de la representación cívica, "sin amedrentamientos ni amenazas", respetando los derechos consagrados en la Constitución, en referencia al atentado contra el comité cívico cruceño.
Mientras, un hombre que portaba una bandera del Partido Comunista gritó hoy -durante un mitin organizado para homenajear al mandatario boliviano- con sincero sentimiento "Evo Morales, próximo presidente de Perú", quien visitó Villa El Salvador, un sector popular al sur de Lima.
El despacho de Afp agrega que el hombre de 50 años gritó envalentonado "ese es el presidente que necesitamos, no el que tenemos ahora", mientras en el estrado Evo Morales se aprestaba a iniciar su discurso en presencia de algunos legisladores peruanos y representantes diplomáticos de Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua.
Pedirá la comisión especial expediente de denuncia por narco contra los Bribiesca
También revisará las subastas del IPAB en que se benefició a los parientes de Vicente Fox
La mesa directiva de la Cámara aprobó la agenda de trabajo del órgano legislativo
ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MENDEZ
La comisión especial encargada de investigar a la empresa Construcciones Prácticas y los vínculos de ésta con los hijos de Marta Sahagún Jiménez presentará el 8 de agosto su plan de trabajo, en el que destaca la solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR) del expediente referente a una denuncia ciudadana, ante el Ministerio Público, en torno a la probable participación de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún en actividades de narcotráfico.
El presidente de la comisión especial, Elías Cárdenas, informó a este diario que los diputados también revisarán las subastas del IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario) y del SAE (Sistema de Administración y Enajenación de Bienes) donde fueron beneficiados los hijastros de Vicente Fox.
Al quedar integrado el citado órgano legislativo, la mesa directiva de la Cámara aprobó el plan de trabajo para someterlo al pleno la semana próxima. El diputado Cárdenas refirió que se seguirán aquellas líneas comprobables, como las subastas del IPAB y del SAE, y algunos créditos otorgados a algunas empresas relacionadas con Construcciones Prácticas.
"Por lo que respecta a la PGR, estamos insistiendo al procurador que nos proporcione la información relativa a una denuncia ciudadana de que hay expedientes en la dependencia que involucran a los hermanos Bribiesca con el narcotráfico. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desclasificó la información solicitada por un ciudadano respecto al hecho.
"Obviamente, el procurador no nos contestó personalmente, sino por medio de uno de sus agentes del Ministerio Público, quien nos comunicó que el 29 de noviembre del año pasado había sido dictado el acuerdo del no ejercicio de acción penal, es decir, 24 horas antes de que Vicente Fox dejara el poder".
Otro de los cimientos de la información consistirá en el resultado de la resolución de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que determinará si el cheque que firmó Jorge Alberto Bribiesca confirma la relación existente entre los hermanos Bribiesca Sahagún y Construcciones Prácticas.
"Debemos concentrar todo nuestro esfuerzo en estos temas, porque son los más viables, donde pudiera existir esta relación que hasta ahora ha sido tan difícil de probar formalmente porque, obviamente, la percepción popular señala a los hermanos Bribiesca como beneficiarios de grandes negocios al amparo del poder y, desde luego, de algunos altos funcionarios de la administración foxista".
-¿Es posible investigar a los Bribiesca Sahagún por un asunto tan delicado, como es el narcotráfico?
-Si fuera así, se solicitaría y se haría constar el hecho en el informe de la comisión, para que el Ejecutivo federal determine qué hacer, ya sea ordenar que las averiguaciones se integren y, en caso de resultar positivas, se consignen ante los jueces penales.
-¿Si fuera el caso, podría seguirse un proceso penal por esa imputación?
-Desde luego que sí. El problema sería que la PGR, que se ha convertido en una verdadera encubridora de muchos delitos, sobre todo aquellos que afectan a las gentes que están en el poder, podría resolver olímpicamente otro no ejercicio de la acción penal, en su afán de cubrir a la familia de Vicente Fox y Marta Sahagún.
-¿Cree que la PGR responderá afirmativamente a su solicitud?
-El procurador tiene obligación, porque esta información fue desclasificada por el IFAI. La PGR tiene el antecedente de que quería desclasificarla hasta 2009, pero yo me pregunto una cosa: ¿cómo es posible este criterio de desclasificar una averiguación previa, si ésta tiene que integrarse en el menor tiempo posible y consignarse ante un juez? Debe ser un expediente público.
-¿Prevé que en algún momento se crucen las investigaciones sobre narcotráfico, tráfico ilegal en las aduanas y enriquecimiento ilícito?
-Esa es una de las grandes tareas de esta comisión, la cual ya tiene mucha información, pero necesitamos atar cabos para presentar un caso que tenga sustento, que esté documentado.
-¿Cree que Felipe Calderón actúe si la comisión especial presenta pruebas documentales de actividades ilícitas de los hijos de Marta Sahagún?
-No sé si éste sea uno de los grandes compromisos del gobierno de Fox con el de Calderón.
La mesa directiva de la Cámara aprobó la agenda de trabajo del órgano legislativo
ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MENDEZ
La comisión especial encargada de investigar a la empresa Construcciones Prácticas y los vínculos de ésta con los hijos de Marta Sahagún Jiménez presentará el 8 de agosto su plan de trabajo, en el que destaca la solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR) del expediente referente a una denuncia ciudadana, ante el Ministerio Público, en torno a la probable participación de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún en actividades de narcotráfico.
El presidente de la comisión especial, Elías Cárdenas, informó a este diario que los diputados también revisarán las subastas del IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario) y del SAE (Sistema de Administración y Enajenación de Bienes) donde fueron beneficiados los hijastros de Vicente Fox.
Al quedar integrado el citado órgano legislativo, la mesa directiva de la Cámara aprobó el plan de trabajo para someterlo al pleno la semana próxima. El diputado Cárdenas refirió que se seguirán aquellas líneas comprobables, como las subastas del IPAB y del SAE, y algunos créditos otorgados a algunas empresas relacionadas con Construcciones Prácticas.
"Por lo que respecta a la PGR, estamos insistiendo al procurador que nos proporcione la información relativa a una denuncia ciudadana de que hay expedientes en la dependencia que involucran a los hermanos Bribiesca con el narcotráfico. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desclasificó la información solicitada por un ciudadano respecto al hecho.
"Obviamente, el procurador no nos contestó personalmente, sino por medio de uno de sus agentes del Ministerio Público, quien nos comunicó que el 29 de noviembre del año pasado había sido dictado el acuerdo del no ejercicio de acción penal, es decir, 24 horas antes de que Vicente Fox dejara el poder".
Otro de los cimientos de la información consistirá en el resultado de la resolución de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que determinará si el cheque que firmó Jorge Alberto Bribiesca confirma la relación existente entre los hermanos Bribiesca Sahagún y Construcciones Prácticas.
"Debemos concentrar todo nuestro esfuerzo en estos temas, porque son los más viables, donde pudiera existir esta relación que hasta ahora ha sido tan difícil de probar formalmente porque, obviamente, la percepción popular señala a los hermanos Bribiesca como beneficiarios de grandes negocios al amparo del poder y, desde luego, de algunos altos funcionarios de la administración foxista".
-¿Es posible investigar a los Bribiesca Sahagún por un asunto tan delicado, como es el narcotráfico?
-Si fuera así, se solicitaría y se haría constar el hecho en el informe de la comisión, para que el Ejecutivo federal determine qué hacer, ya sea ordenar que las averiguaciones se integren y, en caso de resultar positivas, se consignen ante los jueces penales.
-¿Si fuera el caso, podría seguirse un proceso penal por esa imputación?
-Desde luego que sí. El problema sería que la PGR, que se ha convertido en una verdadera encubridora de muchos delitos, sobre todo aquellos que afectan a las gentes que están en el poder, podría resolver olímpicamente otro no ejercicio de la acción penal, en su afán de cubrir a la familia de Vicente Fox y Marta Sahagún.
-¿Cree que la PGR responderá afirmativamente a su solicitud?
-El procurador tiene obligación, porque esta información fue desclasificada por el IFAI. La PGR tiene el antecedente de que quería desclasificarla hasta 2009, pero yo me pregunto una cosa: ¿cómo es posible este criterio de desclasificar una averiguación previa, si ésta tiene que integrarse en el menor tiempo posible y consignarse ante un juez? Debe ser un expediente público.
-¿Prevé que en algún momento se crucen las investigaciones sobre narcotráfico, tráfico ilegal en las aduanas y enriquecimiento ilícito?
-Esa es una de las grandes tareas de esta comisión, la cual ya tiene mucha información, pero necesitamos atar cabos para presentar un caso que tenga sustento, que esté documentado.
-¿Cree que Felipe Calderón actúe si la comisión especial presenta pruebas documentales de actividades ilícitas de los hijos de Marta Sahagún?
-No sé si éste sea uno de los grandes compromisos del gobierno de Fox con el de Calderón.
Falta voluntad a Ulises Ruiz para resolver la crisis: AI
Hay graves violaciones que hemos documentado: Irene Khan
El gobierno federal también tiene responsabilidad en este caso, dice
VICTOR BALLINAS
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), dijo ayer a La Jornada: ''Lo que quedó claro en mi visita a Oaxaca, y en la entrevista que tuve con el gobernador Ulises Ruiz, es que no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado, muchas de las cuales nosotros las hemos documentado''.
Un día después de haberse reunido en Oaxaca con decenas de afectados en sus garantías individuales, ya sea porque sufrieron detenciones arbitrarias, torturas, golpes, cateos, persecución o porque algunos de sus familiares resultaron muertos, Khan sostuvo: ''Mi impresión es que en ese estado hay un problema muy serio de seguridad pública, del comportamiento de las fuerzas policiacas, pero el gobierno no estuvo dispuesto a escuchar''.
Oaxaca, subrayó, ''está pasando por un periodo muy difícil. Hay un serio problema de seguridad pública, graves violaciones a derechos humanos, agresiones y abusos policiacos contra la población, y el gobernador y sus funcionarios no estuvieron en posición de decirnos qué estarían dispuestos a hacer para resolver eso''.
Por ejemplo, abundó, ''nos dijeron que investigan 17 casos, pero no nos podían precisar sobre qué, y sin embargo, nosotros hemos documentado arrestos arbitrarios, tortura, malos tratos, la lista es interminable. Hay casos documentados por los medios de comunicación; ahí está el de una persona que cuando fue detenida no tenía ni un rasguño, estaba sana cuando se la llevaron detenida, y cuando apareció tenía heridas en la cabeza y debió ir al hospital''.
La secretaria general de AI presentó el pasado martes en la mencionada entidad el informe ''Oaxaca clamor por la justicia'', y más tarde se lo entregó al propio gobernador. Sobre el particular, señaló que Ulises Ruiz le dijo que ''ese documento era parcial, que representaba sólo a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y que las denuncias de las víctimas ahí expresadas eran aventuradas y sin ningún fundamento''.
Ayer, en entrevista, Khan dijo: ''No esperábamos esa respuesta. El comentario del gobernador fue otro pretexto, es una manera de evadir su responsabilidad. Lo que quedó claro es que no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas y documentadas en esta entidad, por eso hemos hecho un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que investigue''.
Abundó: ''El gobierno federal también tiene responsabilidad. Debe hacer una indagatoria imparcial y responder a las preocupaciones de la comunidad internacional sobre Oaxaca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha solicitado una investigación''.
La defensora de derechos humanos de la organización internacional más grande del mundo aseveró: ''Mi impresión es una gran decepción de un gobierno que no ha hecho nada; es escandaloso que no quiera poner fin a las detenciones arbitrarias, torturas, golpes, persecución de defensores, de luchadores sociales, a la fabricación de delitos que hemos documentado''.
Agrega: ''El informe presentado es imparcial. AI es una organización con reconocimiento internacional por nuestro trabajo serio. Y eso el gobernador lo sabe. El gobierno mexicano tiene conocimiento de nuestra trayectoria. Esperábamos que el mandatario estatal tuviera mayor conciencia del enfoque y de la importancia que Amnistía le da a Oaxaca. Nosotros no nos basamos sólo en un testimonio. Lo tomamos, lo corroboramos, hay una investigación en cada caso. Hemos hablado con sus funcionarios (de Ulises Ruiz), es un proceso muy serio''.
Insiste en que ''hay diferentes niveles de responsabilidad: el gobierno estatal es responsable por el comportamiento de sus policías, pero el gobierno federal tiene responsabilidad en dos niveles, porque están involucrados agentes federales -de la Policía Federal Preventiva- y porque tiene la responsabilidad de garantizar que se protejan los derechos humanos de todos los mexicanos. Esa es su responsabilidad en todo el país''.
Khan manifiesta que conoce la situación de Oaxaca. ''Hemos estado al tanto, se han realizado viajes por parte de AI a ese estado para investigar, pero nadie puede decir que entiende la situación hasta que la conoce de viva voz de los afectados. Escuché a una mujer que me contó cómo murieron su esposo y una hija, que me narró cómo encontró a su padre en el hospital luego de su detención y de ser golpeado. Es muy importante que se sepa que había mucha gente que tenía temor a salir en los medios. Me dijeron que no tenían confianza en las investigaciones''.
Khan conoció ayer varios casos de violación a derechos humanos, como los feminicidios de Ciudad Juárez, la detención y acoso a la periodista Lydia Cacho, las dos indígenas violadas por militares en Guerrero y las mujeres violadas por policías en San Salvador Atenco, entre otros. Ante todo ello aseveró: ''En México el sistema de justicia tiene fallas sistemáticas, que se suceden una y otra vez en todo el país''.
Tras escuchar los testimonios de Lydia Cacho; de Bárbara Italia, violada por policías en Atenco; del esposo de Magdalena García Durán, indígena detenida; de Alicia de los Ríos, hija de una desaparecida de la guerra sucia; de Obtilia Eugenio Manuel, defensora de mujeres indígenas violadas por militares, expresó: ''Todas son historias similares del fracaso para obtener justicia. Es un listado de cómo el Estado ha fallado en la protección de los derechos humanos''.
Acusó que ''en muchos casos hay colusión activa de elementos del Estado, que son los violadores de derechos humanos, y las víctimas son grupos vulnerables: pobres, indígenas y mujeres''.
La secretaria general de Amnistía Internacional destacó que ''aunque México promueve internacionalmente el respeto a los derechos humanos, en casa falla a la horas de garantizarlos; se niega y se ignora la violencia contra las mujeres; la impunidad que rodea los casos es un cáncer con raíces largas; es una gran decepción escuchar los fracasos del gobierno federal en materia de justicia''.
En México, concluyó, los ciudadanos han sido humillados por elementos de la policía y oficiales que deberían darles protección. Ahí, delante de las víctimas, Irene Khan se comprometió a que en sus entrevistas con los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y el propio presidente Felipe Calderón, ''haré llegar las voces de aquellos cuyos derechos han sido violados. Les hablaré del constante fracaso endémico de la justicia y de la impunidad''.
Y ESTE PELELE INMORAL QUE CALLA ANTE LA GRAVE SITUACIÓN DE OAXACA, CON DESAPARECIDOS, DETENIDOS, TORTURADOS, HERIDOS Y MUERTOS EMITE UNA "ENÉRGICA CONDENA" POR UN EXPLOSIVO QUE DESTRUYÓ UNA PUERTA DE SEARS QUE A NADIE LESIONÓ.
El gobierno federal calificó la detonación de un explosivo en un centro comercial de Oaxaca de "hechos criminales", y emitió su "más enérgica condena por el uso de cualquier tipo de expresión violenta que pretenda lastimar la convivencia y la tranquilidad de la sociedad oaxaqueña".
¡INDIGNANTE! ¡EL COLMO! ¿HASTA CUANDO?
El gobierno federal también tiene responsabilidad en este caso, dice
VICTOR BALLINAS
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), dijo ayer a La Jornada: ''Lo que quedó claro en mi visita a Oaxaca, y en la entrevista que tuve con el gobernador Ulises Ruiz, es que no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado, muchas de las cuales nosotros las hemos documentado''.
Un día después de haberse reunido en Oaxaca con decenas de afectados en sus garantías individuales, ya sea porque sufrieron detenciones arbitrarias, torturas, golpes, cateos, persecución o porque algunos de sus familiares resultaron muertos, Khan sostuvo: ''Mi impresión es que en ese estado hay un problema muy serio de seguridad pública, del comportamiento de las fuerzas policiacas, pero el gobierno no estuvo dispuesto a escuchar''.
Oaxaca, subrayó, ''está pasando por un periodo muy difícil. Hay un serio problema de seguridad pública, graves violaciones a derechos humanos, agresiones y abusos policiacos contra la población, y el gobernador y sus funcionarios no estuvieron en posición de decirnos qué estarían dispuestos a hacer para resolver eso''.
Por ejemplo, abundó, ''nos dijeron que investigan 17 casos, pero no nos podían precisar sobre qué, y sin embargo, nosotros hemos documentado arrestos arbitrarios, tortura, malos tratos, la lista es interminable. Hay casos documentados por los medios de comunicación; ahí está el de una persona que cuando fue detenida no tenía ni un rasguño, estaba sana cuando se la llevaron detenida, y cuando apareció tenía heridas en la cabeza y debió ir al hospital''.
La secretaria general de AI presentó el pasado martes en la mencionada entidad el informe ''Oaxaca clamor por la justicia'', y más tarde se lo entregó al propio gobernador. Sobre el particular, señaló que Ulises Ruiz le dijo que ''ese documento era parcial, que representaba sólo a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y que las denuncias de las víctimas ahí expresadas eran aventuradas y sin ningún fundamento''.
Ayer, en entrevista, Khan dijo: ''No esperábamos esa respuesta. El comentario del gobernador fue otro pretexto, es una manera de evadir su responsabilidad. Lo que quedó claro es que no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas y documentadas en esta entidad, por eso hemos hecho un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que investigue''.
Abundó: ''El gobierno federal también tiene responsabilidad. Debe hacer una indagatoria imparcial y responder a las preocupaciones de la comunidad internacional sobre Oaxaca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha solicitado una investigación''.
La defensora de derechos humanos de la organización internacional más grande del mundo aseveró: ''Mi impresión es una gran decepción de un gobierno que no ha hecho nada; es escandaloso que no quiera poner fin a las detenciones arbitrarias, torturas, golpes, persecución de defensores, de luchadores sociales, a la fabricación de delitos que hemos documentado''.
Agrega: ''El informe presentado es imparcial. AI es una organización con reconocimiento internacional por nuestro trabajo serio. Y eso el gobernador lo sabe. El gobierno mexicano tiene conocimiento de nuestra trayectoria. Esperábamos que el mandatario estatal tuviera mayor conciencia del enfoque y de la importancia que Amnistía le da a Oaxaca. Nosotros no nos basamos sólo en un testimonio. Lo tomamos, lo corroboramos, hay una investigación en cada caso. Hemos hablado con sus funcionarios (de Ulises Ruiz), es un proceso muy serio''.
Insiste en que ''hay diferentes niveles de responsabilidad: el gobierno estatal es responsable por el comportamiento de sus policías, pero el gobierno federal tiene responsabilidad en dos niveles, porque están involucrados agentes federales -de la Policía Federal Preventiva- y porque tiene la responsabilidad de garantizar que se protejan los derechos humanos de todos los mexicanos. Esa es su responsabilidad en todo el país''.
Khan manifiesta que conoce la situación de Oaxaca. ''Hemos estado al tanto, se han realizado viajes por parte de AI a ese estado para investigar, pero nadie puede decir que entiende la situación hasta que la conoce de viva voz de los afectados. Escuché a una mujer que me contó cómo murieron su esposo y una hija, que me narró cómo encontró a su padre en el hospital luego de su detención y de ser golpeado. Es muy importante que se sepa que había mucha gente que tenía temor a salir en los medios. Me dijeron que no tenían confianza en las investigaciones''.
Khan conoció ayer varios casos de violación a derechos humanos, como los feminicidios de Ciudad Juárez, la detención y acoso a la periodista Lydia Cacho, las dos indígenas violadas por militares en Guerrero y las mujeres violadas por policías en San Salvador Atenco, entre otros. Ante todo ello aseveró: ''En México el sistema de justicia tiene fallas sistemáticas, que se suceden una y otra vez en todo el país''.
Tras escuchar los testimonios de Lydia Cacho; de Bárbara Italia, violada por policías en Atenco; del esposo de Magdalena García Durán, indígena detenida; de Alicia de los Ríos, hija de una desaparecida de la guerra sucia; de Obtilia Eugenio Manuel, defensora de mujeres indígenas violadas por militares, expresó: ''Todas son historias similares del fracaso para obtener justicia. Es un listado de cómo el Estado ha fallado en la protección de los derechos humanos''.
Acusó que ''en muchos casos hay colusión activa de elementos del Estado, que son los violadores de derechos humanos, y las víctimas son grupos vulnerables: pobres, indígenas y mujeres''.
La secretaria general de Amnistía Internacional destacó que ''aunque México promueve internacionalmente el respeto a los derechos humanos, en casa falla a la horas de garantizarlos; se niega y se ignora la violencia contra las mujeres; la impunidad que rodea los casos es un cáncer con raíces largas; es una gran decepción escuchar los fracasos del gobierno federal en materia de justicia''.
En México, concluyó, los ciudadanos han sido humillados por elementos de la policía y oficiales que deberían darles protección. Ahí, delante de las víctimas, Irene Khan se comprometió a que en sus entrevistas con los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y el propio presidente Felipe Calderón, ''haré llegar las voces de aquellos cuyos derechos han sido violados. Les hablaré del constante fracaso endémico de la justicia y de la impunidad''.
Y ESTE PELELE INMORAL QUE CALLA ANTE LA GRAVE SITUACIÓN DE OAXACA, CON DESAPARECIDOS, DETENIDOS, TORTURADOS, HERIDOS Y MUERTOS EMITE UNA "ENÉRGICA CONDENA" POR UN EXPLOSIVO QUE DESTRUYÓ UNA PUERTA DE SEARS QUE A NADIE LESIONÓ.
El gobierno federal calificó la detonación de un explosivo en un centro comercial de Oaxaca de "hechos criminales", y emitió su "más enérgica condena por el uso de cualquier tipo de expresión violenta que pretenda lastimar la convivencia y la tranquilidad de la sociedad oaxaqueña".
¡INDIGNANTE! ¡EL COLMO! ¿HASTA CUANDO?
Raúl: el socialismo no está a discusión
Angel Guerra Cabrera
Se ha cumplido un año desde que Fidel Castro, de conformidad con la Constitución cubana, delegó todos sus cargos en Raúl. Su hermano, machaca la fábrica de embustes, que omite al intrépido combatiente del Moncada y expedicionario del yate Granma, capaz jefe durante la guerra de liberación del Segundo Frente Oriental Frank País, dedicado organizador -después del triunfo- de las invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias. No es gratuito que haya ganado desde hace décadas el cariño, la confianza y el respeto del pueblo.
Méritos revalidados durante 12 meses de enfermedad del jefe de la revolución en que ha mantenido firmemente el timón con serenidad, tacto, trabajo sistemático, espíritu de equipo y distribución de responsabilidades, atento al sentir de sus compatriotas. Su proverbial discreción no ha impedido apreciar al sabio estadista. A Raúl y a la unida dirección revolucionaria y al culto y consciente pueblo de Cuba hay que atribuir la liquidación de los delirios del imperialismo y sus intelectuales tarifados acerca del inminente derrumbe de la revolución en las nuevas circunstancias, pues uno de los rasgos sobresalientes de estos tiempos ha sido la entrañable identificación entre ambos.
Dos días después de la proclama de Fidel, informando la intervención quirúrgica que lo apartaría de sus responsabilidades por tiempo indeterminado, un editorial de The New York Times rezaba en el encabezado: "El principio del fin", evocación de aquel panfleto, firmado por Andrés Oppenheimer, que anunciaba "La hora final de Castro"... hace ya 15 años.
En Miami la mafia desbordaba en gozosos alaridos en la calle Ocho, mientras en Washington la contentura no podía ser mayor. Ya se veían de un momento a otro mandando en Cuba, como en los buenos tiempos, jugando en los casinos y disfrutando los prostíbulos reabiertos. Nuestro compañero David Brooks reportaba desde la capital del Potomac: "Es posible que nunca se haya dado un debate tan público, explícito y abierto en una nación sobre la mejor manera de intervenir en otra". Tal era el clima de enajenación de que eran presa la Casa Blanca y numerosos políticos imperiales ante lo que suponían el colapso inminente, ahora sí, del "castrismo".
Experimentado en enfrentar esas peligrosas patologías, el gobierno de la isla ya había tomado las medidas de movilización y preparación militar, que se han mantenido y, anunció Raúl, se mantendrán hasta después de las elecciones en Estados Unidos. En Cuba, lejos de producirse las protestas masivas anunciadas, ha reinado la calma y se ha reiterado de mil maneras el apoyo popular a la revolución.
Claro que hay problemas y muchos. El salario no alcanza, por ejemplo. Ya Fidel había planteado el más grave de todos en su discurso de noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana: la posibilidad de la reversibilidad de la revolución. No por obra del imperialismo, sino de los fenómenos de involución ideológica y extensión de la corrupción a consecuencia principalmente de las medidas de liberalización a que se vio forzado el país para reactivar la economía después del derrumbe soviético y el recrudecimiento del bloqueo. Raúl se refirió a varios de estos problemas el pasado 26 de julio y aseguró que todos se están estudiando para encontrarles solución con premura, pero evitando las improvisaciones. Los empleados de la maquinaria mediática se han devanado los sesos para llegar a la conclusión de que fue el discurso de un "pragmático", en el sentido que le dan ellos al vocablo: alguien dispuesto a introducir "reformas" ajenas al rumbo socialista y que evita la postura antimperialista. Mientras más leo el discurso, y lo he hecho varias veces, más constato que es todo lo contrario. Raúl, por supuesto, tiene su estilo personal de actuar y de formular las ideas; no es ni pretende ser -lo ha dicho reiteradamente- una copia de Fidel. Sólo todos nosotros podríamos sustituirlo, ha expresado. También ha dicho que cada decisión importante le ha sido consultada al comandante.
Cuba necesita renovarse y en esa dirección marcha; es la esencia de una revolución auténtica. Raúl lo confirmó el 26 de julio al estimular el cuestionamiento a lo realizado y el rechazo al anquilosamiento: habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios, dijo refiriéndose a las deficiencias de la economía. Lo único que no cuestionará "jamás" un revolucionario cubano, añadió, es la decisión irrenunciable de construir el socialismo.
Se ha cumplido un año desde que Fidel Castro, de conformidad con la Constitución cubana, delegó todos sus cargos en Raúl. Su hermano, machaca la fábrica de embustes, que omite al intrépido combatiente del Moncada y expedicionario del yate Granma, capaz jefe durante la guerra de liberación del Segundo Frente Oriental Frank País, dedicado organizador -después del triunfo- de las invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias. No es gratuito que haya ganado desde hace décadas el cariño, la confianza y el respeto del pueblo.
Méritos revalidados durante 12 meses de enfermedad del jefe de la revolución en que ha mantenido firmemente el timón con serenidad, tacto, trabajo sistemático, espíritu de equipo y distribución de responsabilidades, atento al sentir de sus compatriotas. Su proverbial discreción no ha impedido apreciar al sabio estadista. A Raúl y a la unida dirección revolucionaria y al culto y consciente pueblo de Cuba hay que atribuir la liquidación de los delirios del imperialismo y sus intelectuales tarifados acerca del inminente derrumbe de la revolución en las nuevas circunstancias, pues uno de los rasgos sobresalientes de estos tiempos ha sido la entrañable identificación entre ambos.
Dos días después de la proclama de Fidel, informando la intervención quirúrgica que lo apartaría de sus responsabilidades por tiempo indeterminado, un editorial de The New York Times rezaba en el encabezado: "El principio del fin", evocación de aquel panfleto, firmado por Andrés Oppenheimer, que anunciaba "La hora final de Castro"... hace ya 15 años.
En Miami la mafia desbordaba en gozosos alaridos en la calle Ocho, mientras en Washington la contentura no podía ser mayor. Ya se veían de un momento a otro mandando en Cuba, como en los buenos tiempos, jugando en los casinos y disfrutando los prostíbulos reabiertos. Nuestro compañero David Brooks reportaba desde la capital del Potomac: "Es posible que nunca se haya dado un debate tan público, explícito y abierto en una nación sobre la mejor manera de intervenir en otra". Tal era el clima de enajenación de que eran presa la Casa Blanca y numerosos políticos imperiales ante lo que suponían el colapso inminente, ahora sí, del "castrismo".
Experimentado en enfrentar esas peligrosas patologías, el gobierno de la isla ya había tomado las medidas de movilización y preparación militar, que se han mantenido y, anunció Raúl, se mantendrán hasta después de las elecciones en Estados Unidos. En Cuba, lejos de producirse las protestas masivas anunciadas, ha reinado la calma y se ha reiterado de mil maneras el apoyo popular a la revolución.
Claro que hay problemas y muchos. El salario no alcanza, por ejemplo. Ya Fidel había planteado el más grave de todos en su discurso de noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana: la posibilidad de la reversibilidad de la revolución. No por obra del imperialismo, sino de los fenómenos de involución ideológica y extensión de la corrupción a consecuencia principalmente de las medidas de liberalización a que se vio forzado el país para reactivar la economía después del derrumbe soviético y el recrudecimiento del bloqueo. Raúl se refirió a varios de estos problemas el pasado 26 de julio y aseguró que todos se están estudiando para encontrarles solución con premura, pero evitando las improvisaciones. Los empleados de la maquinaria mediática se han devanado los sesos para llegar a la conclusión de que fue el discurso de un "pragmático", en el sentido que le dan ellos al vocablo: alguien dispuesto a introducir "reformas" ajenas al rumbo socialista y que evita la postura antimperialista. Mientras más leo el discurso, y lo he hecho varias veces, más constato que es todo lo contrario. Raúl, por supuesto, tiene su estilo personal de actuar y de formular las ideas; no es ni pretende ser -lo ha dicho reiteradamente- una copia de Fidel. Sólo todos nosotros podríamos sustituirlo, ha expresado. También ha dicho que cada decisión importante le ha sido consultada al comandante.
Cuba necesita renovarse y en esa dirección marcha; es la esencia de una revolución auténtica. Raúl lo confirmó el 26 de julio al estimular el cuestionamiento a lo realizado y el rechazo al anquilosamiento: habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios, dijo refiriéndose a las deficiencias de la economía. Lo único que no cuestionará "jamás" un revolucionario cubano, añadió, es la decisión irrenunciable de construir el socialismo.
La llama eterna
Fidel Castro Ruz
Esta es una reflexión política. Para decirlo más exactamente: es otra proclama. Hoy se cumple un año exacto de la primera, el 31 de julio de 2006. Pero el año transcurrido vale por 10 en cuanto a la posibilidad de vivir una experiencia única que me aportó información y conocimientos sobre cuestiones vitales para la humanidad, que he transmitido con toda honradez al pueblo de Cuba.
Ahora me acosan con preguntas sobre el momento en que volveré a ocupar lo que algunos llaman el poder, como si tal poder fuera posible sin independencia. Hay un poder real y destructivo en el mundo, emanado de un imperio decadente que a todos amenaza.
El propio Raúl se ha encargado de responder que cada decisión importante a medida que me iba recuperando era consultada conmigo. ¿Qué haré? Luchar sin descanso como lo hice toda la vida.
Al cumplirse un aniversario de la Proclama, comparto con el pueblo la satisfacción de observar que lo prometido se ajusta a la inconmovible realidad: Raúl, el partido, el gobierno, la Asamblea Nacional, la Juventud Comunista y las organizaciones de masas y sociales, encabezadas por los trabajadores, marchan adelante guiados por el principio inviolable de la unidad.
Con la misma convicción, seguimos batallando sin tregua por liberar de cruel y despiadada prisión a los Cinco Héroes que brindaban información sobre los planes terroristas anticubanos de Estados Unidos.
La lucha debe ser implacable, contra nuestras propias deficiencias y contra el enemigo insolente que intenta apoderarse de Cuba.
Este punto me obliga a insistir en algo que no puede ser jamás olvidado por los dirigentes de la revolución: es deber sagrado reforzar sin tregua nuestra capacidad y preparación defensiva, preservando el principio de cobrar a los invasores en cualquier circunstancia un precio impagable.
Nadie se haga la menor ilusión de que el imperio, que lleva en sí los genes de su propia destrucción, negociará con Cuba. Por mucho que le digamos al pueblo de Estados Unidos que nuestra lucha no es contra él -algo muy correcto-, éste no está en condiciones de frenar el espíritu apocalíptico de su gobierno ni la turbia y maniática idea de lo que llaman "una Cuba democrática", como si aquí cada dirigente se postulara y eligiera a sí mismo, sin pasar por el riguroso tamiz de la abrumadora mayoría de un pueblo educado y culto que lo apoye.
En reflexión anterior mencioné nombres históricos: Martí, Maceo, Agramonte, Céspedes. Para el recuerdo permanente de la interminable lista de caídos en combate, o de los que lucharon y se sacrificaron por la patria, Raúl encendió una llama que arderá eternamente, al cumplirse 50 años de la caída de Frank País, el joven héroe de 22 años cuyo ejemplo nos conmovió a todos. La vida sin ideas de nada vale. No hay felicidad mayor que la de luchar por ellas.
31 de julio de 2007, 5:35 P.M.
Texto distribuido por Prensa Latina
Esta es una reflexión política. Para decirlo más exactamente: es otra proclama. Hoy se cumple un año exacto de la primera, el 31 de julio de 2006. Pero el año transcurrido vale por 10 en cuanto a la posibilidad de vivir una experiencia única que me aportó información y conocimientos sobre cuestiones vitales para la humanidad, que he transmitido con toda honradez al pueblo de Cuba.
Ahora me acosan con preguntas sobre el momento en que volveré a ocupar lo que algunos llaman el poder, como si tal poder fuera posible sin independencia. Hay un poder real y destructivo en el mundo, emanado de un imperio decadente que a todos amenaza.
El propio Raúl se ha encargado de responder que cada decisión importante a medida que me iba recuperando era consultada conmigo. ¿Qué haré? Luchar sin descanso como lo hice toda la vida.
Al cumplirse un aniversario de la Proclama, comparto con el pueblo la satisfacción de observar que lo prometido se ajusta a la inconmovible realidad: Raúl, el partido, el gobierno, la Asamblea Nacional, la Juventud Comunista y las organizaciones de masas y sociales, encabezadas por los trabajadores, marchan adelante guiados por el principio inviolable de la unidad.
Con la misma convicción, seguimos batallando sin tregua por liberar de cruel y despiadada prisión a los Cinco Héroes que brindaban información sobre los planes terroristas anticubanos de Estados Unidos.
La lucha debe ser implacable, contra nuestras propias deficiencias y contra el enemigo insolente que intenta apoderarse de Cuba.
Este punto me obliga a insistir en algo que no puede ser jamás olvidado por los dirigentes de la revolución: es deber sagrado reforzar sin tregua nuestra capacidad y preparación defensiva, preservando el principio de cobrar a los invasores en cualquier circunstancia un precio impagable.
Nadie se haga la menor ilusión de que el imperio, que lleva en sí los genes de su propia destrucción, negociará con Cuba. Por mucho que le digamos al pueblo de Estados Unidos que nuestra lucha no es contra él -algo muy correcto-, éste no está en condiciones de frenar el espíritu apocalíptico de su gobierno ni la turbia y maniática idea de lo que llaman "una Cuba democrática", como si aquí cada dirigente se postulara y eligiera a sí mismo, sin pasar por el riguroso tamiz de la abrumadora mayoría de un pueblo educado y culto que lo apoye.
En reflexión anterior mencioné nombres históricos: Martí, Maceo, Agramonte, Céspedes. Para el recuerdo permanente de la interminable lista de caídos en combate, o de los que lucharon y se sacrificaron por la patria, Raúl encendió una llama que arderá eternamente, al cumplirse 50 años de la caída de Frank País, el joven héroe de 22 años cuyo ejemplo nos conmovió a todos. La vida sin ideas de nada vale. No hay felicidad mayor que la de luchar por ellas.
31 de julio de 2007, 5:35 P.M.
Texto distribuido por Prensa Latina
11-09: negocio criminal
John Saxe-Fernández
En marzo de 2003, poco después del 11-09 en Afganistán, Bush, Cheney et al, con apoyo de Blair, abrieron las puertas del infierno en Irak, tal como tenían previsto antes de asumir el poder. A los más de 700 mil cadáveres, que según la revista médica inglesa Lancet abarrotan desde entonces diariamente las morgues, se agregan cientos de miles de mutilados, al menos 4 millones de iraquíes desplazados por la petroguerra y más de 3 mil 500 bajas y unos 20 mil soldados estadunidenses amputados. En este mar de dolor y sangre, perpetrado bajo el disfraz de "las armas de destrucción masiva de Saddam", florecen los negocios de las grandes firmas petroleras, bélico-industriales y de seguridad, mientras el pueblo iraquí, dueño del petróleo, es inmolado bajo el programa de "estabilización y reconstrucción", motor de una genocida devastación humana e infraestructural incalificable y corrupta. Los negocios prosperan bajo un rosario de crímenes de guerra y de graves transgresiones constitucionales, legales y a las Convenciones de Ginebra, que ameritan el desafuero de Bush-Cheney. Es una criminalidad de Estado sin control.
El Servicio de Investigación Legislativa (CRS) acaba de ofrecer un estudio actualizado al 16 de julio sobre las erogaciones en esos rubros desde el 11-09. Son cifras astronómicas que permiten delinear la inmensidad del "negocio" de los beneficiarios del 11-09 y su secuela neohitleriana. Si se incluye el presupuesto de Bush de 2008 para "la estabilización y la reconstrucción" en Irak, Afganistán y la guerra antiterrorista, el total ascendería a 758 mil millones de dólares (mmdd), cifra similar al PNB de México. Pero esos vastos fondos no llegan al pueblo de Irak: persisten las carencias y discontinuidad de servicios básicos, empleo, agua potable, electricidad, medicinas. La mitad vive en pobreza absoluta. El 93 por ciento de los recursos son manejados por el Departamento de Defensa (DdD), a través de cientos de empresas bajo esquemas amplios de privatización de la guerra y la "reconstrucción"; 7 por ciento van al Departamento de Estado y menos de uno por ciento a gastos médicos de los soldados. De continuar, en 2017 el costo de la guerra oscilaría entre 1 billón (millón de millones) y 1.4 billones de dólares.
Las asignaciones anuales dedicadas al sector bélico-industrial, petrolero y de seguridad que se registra desde los ataques del 11-09 sobrepasan esos cálculos. Con datos oficiales de 2006, Robert Higgs, del Independent Institute, estima que el total excede con holgura el importe anual del DdD, que de todas maneras creció 6 por ciento y rozó el medio billón de dólares en 2006. Si se incluyen los presupuestos de los departamentos de Estado para operaciones militares, de Energía, en armas nucleares, de Homeland Security, de Veteranos de Guerra, del Tesoro -para la campaña antiterrorista-, de Justicia (presupuesto del FBI), de la NASA, así como los intereses netos de la deuda atribuibles al financiamiento del gasto militar, estimados en 206.7 mmdd, el total llegó en 2006 a 934.9 mmdd. Higgs tasa el gasto militar y de seguridad en un billón 28 mmdd sólo para 2007.
Si en 2001 el DdD invirtió 750 mmdd en nuevos armamentos, este año, bajo el efecto 11-09, esa erogación se elevó a 1.5 billones. Son datos salidos a la luz por el esfuerzo de la Oficina de la Contraloría General de EU (GAO) para entender de manera cabal lo que la guerra (en Irak, Afganistán y contra el terrorismo) cuesta al erario, pues se informa de la persistente incapacidad del DdD "para llevar la cuenta de su propio gasto", por lo cual tampoco se pueden determinar las cantidades que se están desembolsando ni se pueden utilizar los datos históricos, a fin de predecir las tendencias futuras. Aun así, GAO indica que es un desembolso plagado de sobrecostos, atrasos y fallas técnicas. Es parte de una dinámica engranada con la apropiación del excedente para generar ganancias por medio del tráfico de influencias, personas e información, de lo público a lo privado y viceversa.
Con la masacre en Irak el Programa de Incremento de la Participación Civil en Tareas de Logística (Logcap) cobró gran fuerza, favoreciendo, entre otras, a Halliburton, dedicada a servicios petroleros y de construcción. El Logcap fue impulsado por Cheney en 1992 desde el DdD. Y de ahí fue nombrado CEO de Halliburton que, junto con Bechtel, encabeza centenas de empresas en Irak que contratan a más de 180 mil personas -iraquíes, extranjeros y de EU- en "servicios múltiples": desde construcción y mantenimiento hasta operativos mercenarios (C. Miller, LAT, 4/07/07). Sólo Halliburton tiene contratos por 20 mmdd y este año registra ganancias de 3.7 mmdd. Ello es parte del outsourcing o traslado de actividades del DdD hacia firmas usualmente vinculadas a la cúpula estatal. Desde el 11-09 esta práctica se generalizó a todo el gobierno para generar "oportunidades" para los negocios. Hoy los contratistas de funciones públicas tienen más personal y espacio en Washington, que el total en la nómina y edificios gubernamentales.
En marzo de 2003, poco después del 11-09 en Afganistán, Bush, Cheney et al, con apoyo de Blair, abrieron las puertas del infierno en Irak, tal como tenían previsto antes de asumir el poder. A los más de 700 mil cadáveres, que según la revista médica inglesa Lancet abarrotan desde entonces diariamente las morgues, se agregan cientos de miles de mutilados, al menos 4 millones de iraquíes desplazados por la petroguerra y más de 3 mil 500 bajas y unos 20 mil soldados estadunidenses amputados. En este mar de dolor y sangre, perpetrado bajo el disfraz de "las armas de destrucción masiva de Saddam", florecen los negocios de las grandes firmas petroleras, bélico-industriales y de seguridad, mientras el pueblo iraquí, dueño del petróleo, es inmolado bajo el programa de "estabilización y reconstrucción", motor de una genocida devastación humana e infraestructural incalificable y corrupta. Los negocios prosperan bajo un rosario de crímenes de guerra y de graves transgresiones constitucionales, legales y a las Convenciones de Ginebra, que ameritan el desafuero de Bush-Cheney. Es una criminalidad de Estado sin control.
El Servicio de Investigación Legislativa (CRS) acaba de ofrecer un estudio actualizado al 16 de julio sobre las erogaciones en esos rubros desde el 11-09. Son cifras astronómicas que permiten delinear la inmensidad del "negocio" de los beneficiarios del 11-09 y su secuela neohitleriana. Si se incluye el presupuesto de Bush de 2008 para "la estabilización y la reconstrucción" en Irak, Afganistán y la guerra antiterrorista, el total ascendería a 758 mil millones de dólares (mmdd), cifra similar al PNB de México. Pero esos vastos fondos no llegan al pueblo de Irak: persisten las carencias y discontinuidad de servicios básicos, empleo, agua potable, electricidad, medicinas. La mitad vive en pobreza absoluta. El 93 por ciento de los recursos son manejados por el Departamento de Defensa (DdD), a través de cientos de empresas bajo esquemas amplios de privatización de la guerra y la "reconstrucción"; 7 por ciento van al Departamento de Estado y menos de uno por ciento a gastos médicos de los soldados. De continuar, en 2017 el costo de la guerra oscilaría entre 1 billón (millón de millones) y 1.4 billones de dólares.
Las asignaciones anuales dedicadas al sector bélico-industrial, petrolero y de seguridad que se registra desde los ataques del 11-09 sobrepasan esos cálculos. Con datos oficiales de 2006, Robert Higgs, del Independent Institute, estima que el total excede con holgura el importe anual del DdD, que de todas maneras creció 6 por ciento y rozó el medio billón de dólares en 2006. Si se incluyen los presupuestos de los departamentos de Estado para operaciones militares, de Energía, en armas nucleares, de Homeland Security, de Veteranos de Guerra, del Tesoro -para la campaña antiterrorista-, de Justicia (presupuesto del FBI), de la NASA, así como los intereses netos de la deuda atribuibles al financiamiento del gasto militar, estimados en 206.7 mmdd, el total llegó en 2006 a 934.9 mmdd. Higgs tasa el gasto militar y de seguridad en un billón 28 mmdd sólo para 2007.
Si en 2001 el DdD invirtió 750 mmdd en nuevos armamentos, este año, bajo el efecto 11-09, esa erogación se elevó a 1.5 billones. Son datos salidos a la luz por el esfuerzo de la Oficina de la Contraloría General de EU (GAO) para entender de manera cabal lo que la guerra (en Irak, Afganistán y contra el terrorismo) cuesta al erario, pues se informa de la persistente incapacidad del DdD "para llevar la cuenta de su propio gasto", por lo cual tampoco se pueden determinar las cantidades que se están desembolsando ni se pueden utilizar los datos históricos, a fin de predecir las tendencias futuras. Aun así, GAO indica que es un desembolso plagado de sobrecostos, atrasos y fallas técnicas. Es parte de una dinámica engranada con la apropiación del excedente para generar ganancias por medio del tráfico de influencias, personas e información, de lo público a lo privado y viceversa.
Con la masacre en Irak el Programa de Incremento de la Participación Civil en Tareas de Logística (Logcap) cobró gran fuerza, favoreciendo, entre otras, a Halliburton, dedicada a servicios petroleros y de construcción. El Logcap fue impulsado por Cheney en 1992 desde el DdD. Y de ahí fue nombrado CEO de Halliburton que, junto con Bechtel, encabeza centenas de empresas en Irak que contratan a más de 180 mil personas -iraquíes, extranjeros y de EU- en "servicios múltiples": desde construcción y mantenimiento hasta operativos mercenarios (C. Miller, LAT, 4/07/07). Sólo Halliburton tiene contratos por 20 mmdd y este año registra ganancias de 3.7 mmdd. Ello es parte del outsourcing o traslado de actividades del DdD hacia firmas usualmente vinculadas a la cúpula estatal. Desde el 11-09 esta práctica se generalizó a todo el gobierno para generar "oportunidades" para los negocios. Hoy los contratistas de funciones públicas tienen más personal y espacio en Washington, que el total en la nómina y edificios gubernamentales.
¿Quimeras?
Miguel León-Portilla
En México y en otros muchos países hay enormes diferencias entre ricos y pobres. Mientras algunos magnates perciben sumas estratosféricas al día, hay muchos que sólo disponen de lo indispensable para sobrevivir y aun no faltan quienes, en pobreza extrema, con frecuencia no tienen ni para comer.
No sólo en lo económico se dan tales contrastes. También se presentan en campos como los de la educación, la salud y otros. En tanto que unos completan los ciclos que van de la primaria hasta los profesionales y de posgrado, muchos no reciben ni siquiera la educación básica y vegetan sin preparación para afrontar la vida.
En lo tocante a los que se consideran derechos primarios de los seres humanos, incluso reconocidos por la Constitución de no pocos países, los contrastes entre opulencia y carencia son también enormes. Es cierto que todo ello guarda relación con la riqueza y la pobreza, pero importa señalarlo, ¿no es un derecho humano poseer un lugar donde vivir? ¿Y no lo es recibir atención médica en caso de enfermedad? ¿Y acaso no se tiene derecho a percibir en la vejez una pensión decorosa?
A la luz -o mejor, ante la sombría realidad de todo esto- quiero esbozar posibles respuestas, aunque suenen a ingenuidad, utopía o quimera. Comienzo con los contrastes económicos. Se deben ellos en gran parte a que un porcentaje muy alto de la población tiene percepciones extremadamente raquíticas. Pensemos en los salarios mínimos, o mejor dicho de hambre, y comparémoslos con las jugosas ganancias de muchos industriales, comerciantes, banqueros y aun políticos.
Aquí entra lo que para muchos será no sólo ingenuidad, sino quimera. Imaginemos un magnate de esos cuyas ganancias anuales suman cientos o aun miles de millones de dólares o de euros, ¿no podría dicho señor incrementar los sueldos de quienes trabajan para él en algunas o en todas sus empresas? Digamos que aumentara en un 20 o 30 por ciento los sueldos. Al romper los esquemas prevalentes, ¿sería considerado un loco por otros ricachones o quizás algunos se sentirían motivados a imitarlo al menos en parte?
¿Habrá de prevalecer la postura de David Ricardo, "la ley de hierro de los salarios", dramática enunciación de que los mismos deben permanecer cercanos al nivel de subsistencia de quienes los perciben? O, por el contrario, ¿se valorará el pensamiento de Robert Owen que, tenido en su tiempo como utópico, al incluir temas como el de la reducción de las jornadas laborales, la prohibición del trabajo de los niños, la revisión periódica de los sueldos y el otorgamiento de las prestaciones más elementales, se acerca a lo que hoy se prescribe en la legislación de muchos países?
Frente a la objeción de que tal modo de proceder, al mermar las ganancias, impedirá el desarrollo de las empresas, puede responderse que, elevando el nivel de ingresos del pueblo, éste tendrá mayor capacidad de compra, se elevará en consecuencia su nivel de vida y se reactivará la economía.
Pensemos en otro tema que puede sonar también a quimera. Se habla mucho de necesarias reformas fiscales. En mi quizás ingenua manera de pensar diré que la reforma fiscal, que hace falta con urgencia en México y otros países, debe consistir en grabar los impuestos de quienes mucho perciben y disminuir los de aquellos que tienen poco. Los poderosos se opondrán a semejante medida, pero tendrán que reconocer al fin que sólo así, con un presupuesto más elevado, podrá el Estado atender las necesidades más apremiantes de las mayorías. Se harán realidad, al menos en parte, mejores sistemas educativos, más eficiente atención médica y de seguridad social, otorgamientos de créditos para la vivienda, ampliar y mejorar las vías de comunicación, fomentar la investigación y otras muchas cosas tan requeridas como las mencionadas. Este sería un camino -¿quimérico?- para atenuar los lacerantes contrastes en que vivimos.
Diré algo que sonará a una tercera y aquí última de las posibles quimeras de las que estoy hablando. ¿Servirá de algo incrementar los sueldos de las mayorías y elevar los impuestos de las minorías si perdura, como hasta hoy, la corrupción en todos o casi todos los niveles? ¿Es una quimera pensar que la corrupción puede abatirse, cuando de mil formas se torna ella presente? Pensemos en las mordidas chicas y grandes; demos entrada a lo que pueden significar las ganancias de quienes toleran o participan en el narcotráfico. ¿Cómo puede abatirse la corrupción? Un posible camino -¿otra quimera?- sería exigir legalmente la rendición pública y pormenorizada de los ingresos personales de los gobernantes y servidores públicos. Y, paralelamente, prescribir y hacer también públicas periódicamente, las percepciones y ganancias de los magnates y de sus empresas nacionales y trasnacionales. Globalizar esta práctica en cumplimiento de preceptos legales, ¿podría abatir la corrupción?
Tal vez estoy saltando de ingenuidad en ingenuidad. Pero, si todo lo que he expresado no es sino un conjunto de quimeras, ¿la respuesta es resignarnos a contemplar cómo las mayorías subsisten en la pobreza o la miseria, en la ignorancia, padeciendo todo género de privaciones alimentarias, médicas, y habitacionales? ¿O habrá que aconsejar a todos los desprotegidos en su propia tierra, que emigren a algún país rico? ¿Y ello aunque en tal aventura puedan pagar su intento con la pérdida de sus vidas?
En México y en otros muchos países hay enormes diferencias entre ricos y pobres. Mientras algunos magnates perciben sumas estratosféricas al día, hay muchos que sólo disponen de lo indispensable para sobrevivir y aun no faltan quienes, en pobreza extrema, con frecuencia no tienen ni para comer.
No sólo en lo económico se dan tales contrastes. También se presentan en campos como los de la educación, la salud y otros. En tanto que unos completan los ciclos que van de la primaria hasta los profesionales y de posgrado, muchos no reciben ni siquiera la educación básica y vegetan sin preparación para afrontar la vida.
En lo tocante a los que se consideran derechos primarios de los seres humanos, incluso reconocidos por la Constitución de no pocos países, los contrastes entre opulencia y carencia son también enormes. Es cierto que todo ello guarda relación con la riqueza y la pobreza, pero importa señalarlo, ¿no es un derecho humano poseer un lugar donde vivir? ¿Y no lo es recibir atención médica en caso de enfermedad? ¿Y acaso no se tiene derecho a percibir en la vejez una pensión decorosa?
A la luz -o mejor, ante la sombría realidad de todo esto- quiero esbozar posibles respuestas, aunque suenen a ingenuidad, utopía o quimera. Comienzo con los contrastes económicos. Se deben ellos en gran parte a que un porcentaje muy alto de la población tiene percepciones extremadamente raquíticas. Pensemos en los salarios mínimos, o mejor dicho de hambre, y comparémoslos con las jugosas ganancias de muchos industriales, comerciantes, banqueros y aun políticos.
Aquí entra lo que para muchos será no sólo ingenuidad, sino quimera. Imaginemos un magnate de esos cuyas ganancias anuales suman cientos o aun miles de millones de dólares o de euros, ¿no podría dicho señor incrementar los sueldos de quienes trabajan para él en algunas o en todas sus empresas? Digamos que aumentara en un 20 o 30 por ciento los sueldos. Al romper los esquemas prevalentes, ¿sería considerado un loco por otros ricachones o quizás algunos se sentirían motivados a imitarlo al menos en parte?
¿Habrá de prevalecer la postura de David Ricardo, "la ley de hierro de los salarios", dramática enunciación de que los mismos deben permanecer cercanos al nivel de subsistencia de quienes los perciben? O, por el contrario, ¿se valorará el pensamiento de Robert Owen que, tenido en su tiempo como utópico, al incluir temas como el de la reducción de las jornadas laborales, la prohibición del trabajo de los niños, la revisión periódica de los sueldos y el otorgamiento de las prestaciones más elementales, se acerca a lo que hoy se prescribe en la legislación de muchos países?
Frente a la objeción de que tal modo de proceder, al mermar las ganancias, impedirá el desarrollo de las empresas, puede responderse que, elevando el nivel de ingresos del pueblo, éste tendrá mayor capacidad de compra, se elevará en consecuencia su nivel de vida y se reactivará la economía.
Pensemos en otro tema que puede sonar también a quimera. Se habla mucho de necesarias reformas fiscales. En mi quizás ingenua manera de pensar diré que la reforma fiscal, que hace falta con urgencia en México y otros países, debe consistir en grabar los impuestos de quienes mucho perciben y disminuir los de aquellos que tienen poco. Los poderosos se opondrán a semejante medida, pero tendrán que reconocer al fin que sólo así, con un presupuesto más elevado, podrá el Estado atender las necesidades más apremiantes de las mayorías. Se harán realidad, al menos en parte, mejores sistemas educativos, más eficiente atención médica y de seguridad social, otorgamientos de créditos para la vivienda, ampliar y mejorar las vías de comunicación, fomentar la investigación y otras muchas cosas tan requeridas como las mencionadas. Este sería un camino -¿quimérico?- para atenuar los lacerantes contrastes en que vivimos.
Diré algo que sonará a una tercera y aquí última de las posibles quimeras de las que estoy hablando. ¿Servirá de algo incrementar los sueldos de las mayorías y elevar los impuestos de las minorías si perdura, como hasta hoy, la corrupción en todos o casi todos los niveles? ¿Es una quimera pensar que la corrupción puede abatirse, cuando de mil formas se torna ella presente? Pensemos en las mordidas chicas y grandes; demos entrada a lo que pueden significar las ganancias de quienes toleran o participan en el narcotráfico. ¿Cómo puede abatirse la corrupción? Un posible camino -¿otra quimera?- sería exigir legalmente la rendición pública y pormenorizada de los ingresos personales de los gobernantes y servidores públicos. Y, paralelamente, prescribir y hacer también públicas periódicamente, las percepciones y ganancias de los magnates y de sus empresas nacionales y trasnacionales. Globalizar esta práctica en cumplimiento de preceptos legales, ¿podría abatir la corrupción?
Tal vez estoy saltando de ingenuidad en ingenuidad. Pero, si todo lo que he expresado no es sino un conjunto de quimeras, ¿la respuesta es resignarnos a contemplar cómo las mayorías subsisten en la pobreza o la miseria, en la ignorancia, padeciendo todo género de privaciones alimentarias, médicas, y habitacionales? ¿O habrá que aconsejar a todos los desprotegidos en su propia tierra, que emigren a algún país rico? ¿Y ello aunque en tal aventura puedan pagar su intento con la pérdida de sus vidas?
El ciudadano ausente
Adolfo Sánchez Rebolledo
Se habla en nombre del ciudadano y allí donde antes se pronunciaba con veneración la palabra "pueblo" ahora se escribe ciudadanía, como si la sola evocación del término nos transportara, más allá de los métodos y vicios del quehacer público, a una forma superior de convivencia democrática, al reino del individuo liberado, por fin, de todo lazo comunitario. Y con ello se cree decir algo importante. El discurso se llena de frases rimbombantes sobre el "estado de derecho", la libertad y otras semejantes, aunque luego algunos de los que las pronuncian sean incapaces de resistir el aleteo de la corrupción, la domesticación ejercida por el poder o las simples inercias impuestas por la costumbre. Dicho de otro modo: la realidad se filtra a través de las fantasías ideológicas más o menos democráticas.
Claro que si comparamos el país actual con el de hace una o dos décadas, los cambios son inmensos, aunque no siempre tan positivos como algunos predican. Gracias al pluralismo la diversidad real se expresa más profundamente: en general, la sociedad es menos autoritaria, más libre y, en general, más tolerante que ayer, aunque persisten formas antiguas de discriminación y clasismo atadas a la desigualdad cuya inamovible persistencia nos impide progresar. La presencia popular se deja sentir como esperanza o amenaza, pero no es invisible, así lo pretendan los nuevos mandantes. Y ése sí es un cambio, cuyas consecuencias apenas se comienzan a sentir.
La competencia política es abierta y desinhibida, pero la opinión que vale aún proviene de las elites, ubicadas por encima de las mayorías, pues, por desgracia, no disponemos de verdaderos mecanismos de participación para compartir el peso de las grandes decisiones. El ciudadano sigue ausente. La falta de credibilidad mina el funcionamiento del Congreso, los jueces, la administración y son vanos los esfuerzos por modernizarlos sin una transformación a fondo del Estado y la sociedad, sin una recuperación de la iniciativa pública frente a la afirmación absoluta de los valores privados a los que en estos días se les rinde culto.
En la carrera por democratizar las instituciones políticas hemos olvidado, acaso sin pensarlo, quiénes eran los sujetos de dicha transformación y cuáles los objetivos de un cambio semejante. Los mínimos se convirtieron en máximos. La apertura electoral al pluralismo fortaleció a los partidos, cuya existencia es indispensable en toda democracia representativa, pero no corrió la misma suerte el entramado cívico que debería nutrirla, es decir, el puente que necesitamos para hacer creíbles y sustentables las instituciones. Los sindicatos quedaron al margen, al igual que otros organismos sociales urbanos y rurales; los medios de masas tampoco se democratizaron ni el modelo de comunicación se desvinculó de la búsqueda del lucro, si bien atrajo al negocio la veta política financiada con recursos públicos. Y ya no digamos la escuela básica, cuya pérdida de prestigio sólo equivale a la caída de su eficacia formativa y al poderío de los caciques que la mal gobiernan, como si se pudiera concebir un Estado democrático sin el escalón educativo, sin llenar de contenidos axiales, esos espacios vitales para la construcción de ciudadanía.
Como bien señala Mauricio Merino, los intereses privados colonizaron los espacios públicos y los pusieron a su servicio, cuando la democracia tendría como tarea extenderlos, preservarlos y darles nueva vida. Mas la mentalidad privatizadora no se conforma con apoderarse del patrimonio público o las riquezas naturales. Quiere vencer en las conciencias doblegando al Estado a sus objetivos y transformar a la ciudadanía en una criatura suya.
El ciudadano real se evapora en el "promedio" que resulta funcional para los fines del gobierno "mercadotécnico" cuya voz ha quedado atrapada por el lexicón publicitario. "Todo lo que me sirve es racional, sólo es real aquello que me sirve", parecen decir, en abusiva parodia, grupos y grupillos de poder. Los debates anunciados como esencia del juego democrático se han quedado en intercambio de frases derogatorias, en zancadillas verbales que hacen imposible no ya el acuerdo, sino el diálogo, que es imprescindible. No sorprende que ronde en algunas cabezas el fantasma de la ruptura violenta o la inaudita pretensión de remontar la historia, como quiere la derecha más intransigente o, al menos, la vuelta a una imposible "unidad nacional" que en nuestras condiciones significa la extinción del otro. Aún no sabemos equilibrar la legitimidad del conflicto inherente al juego democrático con la edificación de un espacio común, compartido (remember julio de 2006) y en ese borde debemos caminar juntos aun sin proponérnoslo.
En lugar de concebir la democracia como un nuevo sistema político, se hace una caricatura en la cual el consenso popular se gana con la confrontación mediática, como si la competencia por el poder (o por mantenerlo) fuera equiparable a un espectáculo taurino, donde el aplauso o el abucheo instantáneo deciden la suerte de los protagonistas.
Tanto provincianismo, dicho con todo respeto, se refleja en la titubeante comunicación del gobierno o en el oportunismo de las oposiciones, en la conversión de temas secundarios en grandes "debates", en la absoluta falta de transparencia para decir a la ciudadanía la verdad en casos tan aberrantes como el del dinero capturado en Las Lomas, mientras el país sufre por la tendencia decreciente de los precios del petróleo, acompañado del portazo migratorio simbolizado por el muro en la frontera, la llegada de miles de jóvenes a un mercado laboral desbordado cuya ampliación no está a la vista; en fin, la persistencia de una política económica sin aliento, mediocre y sin capacidad de propiciar una fase de crecimiento real. Más vale no equivocarse en cuanto a la magnitud del desafío: o se dan pasos hacia la solución de los problemas reales de la desigualdad, la corrupción y los servicios sociales de salud y seguridad o al cabo de un tiempo habrá quien piense que la democracia no era tan importante.
Se habla en nombre del ciudadano y allí donde antes se pronunciaba con veneración la palabra "pueblo" ahora se escribe ciudadanía, como si la sola evocación del término nos transportara, más allá de los métodos y vicios del quehacer público, a una forma superior de convivencia democrática, al reino del individuo liberado, por fin, de todo lazo comunitario. Y con ello se cree decir algo importante. El discurso se llena de frases rimbombantes sobre el "estado de derecho", la libertad y otras semejantes, aunque luego algunos de los que las pronuncian sean incapaces de resistir el aleteo de la corrupción, la domesticación ejercida por el poder o las simples inercias impuestas por la costumbre. Dicho de otro modo: la realidad se filtra a través de las fantasías ideológicas más o menos democráticas.
Claro que si comparamos el país actual con el de hace una o dos décadas, los cambios son inmensos, aunque no siempre tan positivos como algunos predican. Gracias al pluralismo la diversidad real se expresa más profundamente: en general, la sociedad es menos autoritaria, más libre y, en general, más tolerante que ayer, aunque persisten formas antiguas de discriminación y clasismo atadas a la desigualdad cuya inamovible persistencia nos impide progresar. La presencia popular se deja sentir como esperanza o amenaza, pero no es invisible, así lo pretendan los nuevos mandantes. Y ése sí es un cambio, cuyas consecuencias apenas se comienzan a sentir.
La competencia política es abierta y desinhibida, pero la opinión que vale aún proviene de las elites, ubicadas por encima de las mayorías, pues, por desgracia, no disponemos de verdaderos mecanismos de participación para compartir el peso de las grandes decisiones. El ciudadano sigue ausente. La falta de credibilidad mina el funcionamiento del Congreso, los jueces, la administración y son vanos los esfuerzos por modernizarlos sin una transformación a fondo del Estado y la sociedad, sin una recuperación de la iniciativa pública frente a la afirmación absoluta de los valores privados a los que en estos días se les rinde culto.
En la carrera por democratizar las instituciones políticas hemos olvidado, acaso sin pensarlo, quiénes eran los sujetos de dicha transformación y cuáles los objetivos de un cambio semejante. Los mínimos se convirtieron en máximos. La apertura electoral al pluralismo fortaleció a los partidos, cuya existencia es indispensable en toda democracia representativa, pero no corrió la misma suerte el entramado cívico que debería nutrirla, es decir, el puente que necesitamos para hacer creíbles y sustentables las instituciones. Los sindicatos quedaron al margen, al igual que otros organismos sociales urbanos y rurales; los medios de masas tampoco se democratizaron ni el modelo de comunicación se desvinculó de la búsqueda del lucro, si bien atrajo al negocio la veta política financiada con recursos públicos. Y ya no digamos la escuela básica, cuya pérdida de prestigio sólo equivale a la caída de su eficacia formativa y al poderío de los caciques que la mal gobiernan, como si se pudiera concebir un Estado democrático sin el escalón educativo, sin llenar de contenidos axiales, esos espacios vitales para la construcción de ciudadanía.
Como bien señala Mauricio Merino, los intereses privados colonizaron los espacios públicos y los pusieron a su servicio, cuando la democracia tendría como tarea extenderlos, preservarlos y darles nueva vida. Mas la mentalidad privatizadora no se conforma con apoderarse del patrimonio público o las riquezas naturales. Quiere vencer en las conciencias doblegando al Estado a sus objetivos y transformar a la ciudadanía en una criatura suya.
El ciudadano real se evapora en el "promedio" que resulta funcional para los fines del gobierno "mercadotécnico" cuya voz ha quedado atrapada por el lexicón publicitario. "Todo lo que me sirve es racional, sólo es real aquello que me sirve", parecen decir, en abusiva parodia, grupos y grupillos de poder. Los debates anunciados como esencia del juego democrático se han quedado en intercambio de frases derogatorias, en zancadillas verbales que hacen imposible no ya el acuerdo, sino el diálogo, que es imprescindible. No sorprende que ronde en algunas cabezas el fantasma de la ruptura violenta o la inaudita pretensión de remontar la historia, como quiere la derecha más intransigente o, al menos, la vuelta a una imposible "unidad nacional" que en nuestras condiciones significa la extinción del otro. Aún no sabemos equilibrar la legitimidad del conflicto inherente al juego democrático con la edificación de un espacio común, compartido (remember julio de 2006) y en ese borde debemos caminar juntos aun sin proponérnoslo.
En lugar de concebir la democracia como un nuevo sistema político, se hace una caricatura en la cual el consenso popular se gana con la confrontación mediática, como si la competencia por el poder (o por mantenerlo) fuera equiparable a un espectáculo taurino, donde el aplauso o el abucheo instantáneo deciden la suerte de los protagonistas.
Tanto provincianismo, dicho con todo respeto, se refleja en la titubeante comunicación del gobierno o en el oportunismo de las oposiciones, en la conversión de temas secundarios en grandes "debates", en la absoluta falta de transparencia para decir a la ciudadanía la verdad en casos tan aberrantes como el del dinero capturado en Las Lomas, mientras el país sufre por la tendencia decreciente de los precios del petróleo, acompañado del portazo migratorio simbolizado por el muro en la frontera, la llegada de miles de jóvenes a un mercado laboral desbordado cuya ampliación no está a la vista; en fin, la persistencia de una política económica sin aliento, mediocre y sin capacidad de propiciar una fase de crecimiento real. Más vale no equivocarse en cuanto a la magnitud del desafío: o se dan pasos hacia la solución de los problemas reales de la desigualdad, la corrupción y los servicios sociales de salud y seguridad o al cabo de un tiempo habrá quien piense que la democracia no era tan importante.
Oaxaca: elecciones y resistencia
Francisco López Bárcenas
Oaxaca vive una efervescencia política que se expresa de muchas maneras: represión gubernamental sobre pueblos inconformes con la situación en que viven, elecciones en las que los partidos políticos buscan reacomodarse para conservar o mejorar sus canonjías, y resistencia popular que se expresa en un amplio y fuerte movimiento que impulsa cambios de fondo en la situación económica, política y social del estado. En el telón de fondo se ven los intereses de los grupos de poder real y un gobierno federal que ha optado por la omisión consciente, ya que requiere el apoyo del partido del repudiado gobernador de Oaxaca para seguir gobernando.
La represión ha sido el signo de Ulises Ruiz desde antes de que llegara a la gubernatura; la ha acompañado durante todo el tiempo que ha ocupado el puesto y, para desgracia de los oaxaqueños, parece que lo perseguirá hasta el día en que se vaya.
Cierto, no es el único gobernante que ha utilizado ese método para usufructuar el poder, pero es el que lo ha convertido en su instrumento preferido de control de la inconformidad social, incluso abusando de él, al grado que ha mostrado imágenes de represión propias de los años 70, cuando se mantuvieron en el poder las las peores dictaduras latinoamericanas de las últimas décadas. Sólo con represión pudo sacar adelante la Guelaguetza, mediante la cual, a decir de sus personeros, se jugó la posibilidad de demostrar que gobierna el estado y que el repudio popular en su contra va disminuyendo. Finalmente logró que el acto folclórico para consumo de los turistas extranjeros saliera adelante, aunque fuera con acarreados afines, pero exhibiéndose como uno de los gobernantes más represivos de todos los que existen en el país.
¿Por qué la saña enfermiza? ¿Por qué una exhibición mundial de ese tipo? ¿Valía la Guelaguetza una represión de tal magnitud? Son dudas que no encuentran respuesta única, ni en los límites de la realización de un acto cultural.
Hay quienes sostienen que la represión no obedeció sólo a la necedad de llevar a cabo la Guelaguetza, sino a un problema mayor que le quita el sueño a Ulises Ruiz y su equipo desde antes que se hicieran del poder: cómo hacerse del control político de Oaxaca, que nunca han tenido, porque en amplios espacios siguen mandando otros grupos de su propio partido, así como de otros que resulta difícil calificar de oposición.
Los comicios del próximo domingo para la integración de la próxima legislatura resultan la oportunidad para lograr su propósito o hundirse definitivamente. A pesar de que el pueblo oaxaqueño no se distingue por su afición a votar en las elecciones para elegir gobernador o diputados, en años recientes el Partido Revolucionario Institucional ha ido perdiendo puestos de elección popular, que han ido a parar a manos de otros partidos. Y, aunque esto no cambia en mucho las formas de gobernar, ni los objetivos con que se hace, mueve las piezas del ajedrez político estatal, construido con base en cacicazgos regionales y grupos de intereses. Por eso cuando el PRI pierde algún cacique regional o grupo de interés económico es sacrificado y eso vuelve más difícil una negociación y obliga a un reacomodo de fuerzas.
Habría que concluir entonces que el gobierno reprimió con tanta saña para desmovilizar a la oposición, inducir el voto del miedo y disminuir el voto de castigo en su contra. En otras palabras: conscientes de la imposibilidad de aumentar el voto oficial, los del gobierno optaron por disminuir el de la oposición para conservar la mayoría de las diputaciones en las próximas elecciones. Claro, además de dar un escarmiento a la gente que no acepta negociar en lo oscurito y mantiene en alto la demanda de que Ulises Ruiz y su equipo abandonen el poder como condición para que el estado pueda transitar hacia una posible democracia.
Para lograr sus objetivos no les importó el precio a pagar. Por eso en días pasados vimos imágenes que ya creíamos desterradas para siempre: manifestantes que se entregaban voluntariamente a la policía con la esperanza de no seguir siendo golpeados y que más adelante aparecieron con el cráneo y las vísceras destrozadas; opositores sometidos que fueron golpeados, rapados y ofendidos en su dignidad cuando ya no tenían ninguna posibilidad de defenderse; ciudadanos privados de su libertad por el delito de llevar las manos sucias y encontrarse en el lugar equivocado en el momento menos oportuno, o porque a alguien les parecieron sospechosos; presos sin delito, cuya libertad no depende de que se le pruebe alguna culpabilidad, sino de que se comprometan a abandonar su lucha.
Y atrás de todo esto están unos pueblos que no se amedrentan y resisten, porque saben que ni del gobierno ni de las elecciones pueden esperar un cambio verdadero a la situación tan injusta en que viven.
Oaxaca vive una efervescencia política que se expresa de muchas maneras: represión gubernamental sobre pueblos inconformes con la situación en que viven, elecciones en las que los partidos políticos buscan reacomodarse para conservar o mejorar sus canonjías, y resistencia popular que se expresa en un amplio y fuerte movimiento que impulsa cambios de fondo en la situación económica, política y social del estado. En el telón de fondo se ven los intereses de los grupos de poder real y un gobierno federal que ha optado por la omisión consciente, ya que requiere el apoyo del partido del repudiado gobernador de Oaxaca para seguir gobernando.
La represión ha sido el signo de Ulises Ruiz desde antes de que llegara a la gubernatura; la ha acompañado durante todo el tiempo que ha ocupado el puesto y, para desgracia de los oaxaqueños, parece que lo perseguirá hasta el día en que se vaya.
Cierto, no es el único gobernante que ha utilizado ese método para usufructuar el poder, pero es el que lo ha convertido en su instrumento preferido de control de la inconformidad social, incluso abusando de él, al grado que ha mostrado imágenes de represión propias de los años 70, cuando se mantuvieron en el poder las las peores dictaduras latinoamericanas de las últimas décadas. Sólo con represión pudo sacar adelante la Guelaguetza, mediante la cual, a decir de sus personeros, se jugó la posibilidad de demostrar que gobierna el estado y que el repudio popular en su contra va disminuyendo. Finalmente logró que el acto folclórico para consumo de los turistas extranjeros saliera adelante, aunque fuera con acarreados afines, pero exhibiéndose como uno de los gobernantes más represivos de todos los que existen en el país.
¿Por qué la saña enfermiza? ¿Por qué una exhibición mundial de ese tipo? ¿Valía la Guelaguetza una represión de tal magnitud? Son dudas que no encuentran respuesta única, ni en los límites de la realización de un acto cultural.
Hay quienes sostienen que la represión no obedeció sólo a la necedad de llevar a cabo la Guelaguetza, sino a un problema mayor que le quita el sueño a Ulises Ruiz y su equipo desde antes que se hicieran del poder: cómo hacerse del control político de Oaxaca, que nunca han tenido, porque en amplios espacios siguen mandando otros grupos de su propio partido, así como de otros que resulta difícil calificar de oposición.
Los comicios del próximo domingo para la integración de la próxima legislatura resultan la oportunidad para lograr su propósito o hundirse definitivamente. A pesar de que el pueblo oaxaqueño no se distingue por su afición a votar en las elecciones para elegir gobernador o diputados, en años recientes el Partido Revolucionario Institucional ha ido perdiendo puestos de elección popular, que han ido a parar a manos de otros partidos. Y, aunque esto no cambia en mucho las formas de gobernar, ni los objetivos con que se hace, mueve las piezas del ajedrez político estatal, construido con base en cacicazgos regionales y grupos de intereses. Por eso cuando el PRI pierde algún cacique regional o grupo de interés económico es sacrificado y eso vuelve más difícil una negociación y obliga a un reacomodo de fuerzas.
Habría que concluir entonces que el gobierno reprimió con tanta saña para desmovilizar a la oposición, inducir el voto del miedo y disminuir el voto de castigo en su contra. En otras palabras: conscientes de la imposibilidad de aumentar el voto oficial, los del gobierno optaron por disminuir el de la oposición para conservar la mayoría de las diputaciones en las próximas elecciones. Claro, además de dar un escarmiento a la gente que no acepta negociar en lo oscurito y mantiene en alto la demanda de que Ulises Ruiz y su equipo abandonen el poder como condición para que el estado pueda transitar hacia una posible democracia.
Para lograr sus objetivos no les importó el precio a pagar. Por eso en días pasados vimos imágenes que ya creíamos desterradas para siempre: manifestantes que se entregaban voluntariamente a la policía con la esperanza de no seguir siendo golpeados y que más adelante aparecieron con el cráneo y las vísceras destrozadas; opositores sometidos que fueron golpeados, rapados y ofendidos en su dignidad cuando ya no tenían ninguna posibilidad de defenderse; ciudadanos privados de su libertad por el delito de llevar las manos sucias y encontrarse en el lugar equivocado en el momento menos oportuno, o porque a alguien les parecieron sospechosos; presos sin delito, cuya libertad no depende de que se le pruebe alguna culpabilidad, sino de que se comprometan a abandonar su lucha.
Y atrás de todo esto están unos pueblos que no se amedrentan y resisten, porque saben que ni del gobierno ni de las elecciones pueden esperar un cambio verdadero a la situación tan injusta en que viven.
Licitaciones del IMSS benefician a trasnacionales
Carlos Fernández-Vega
Semanas atrás las pequeñas y medianas empresas del sector industrial médico y farmacéutico denunciaban la cerrazón del IMSS y la opacidad con la que dicho instituto lleva a cabo sus licitaciones, en las que las principales beneficiarias resultan ser las grandes trasnacionales, con lo que prácticamente se condena a muerte a las pequeñas y medianas empresas del sector industrial médico y farmacéutico mexicano de esta área productiva.
En la primera semana de julio pasado comentamos en este espacio que el gobierno calderonista parece estar decidido no sólo a eliminar varios capítulos de la seguridad social en el país para sacar adelante su tercera "solución definitiva" y fortalecer, dice, las finanzas del IMSS, sino que, mediante licitaciones dudosas, por decir lo menos, y severos retrasos en el pago de facturas a proveedores, pretende matar por inanición a las pequeñas y medianas empresas del sector, que intentan participar en la cadena de abasto del Instituto. A tal grado ha llegado el intento, que las organizaciones de esas ramas productivas, asociadas a la Canacintra, tuvieron que pedir ayuda a los diputados, dada la cerrazón del IMSS, organismo que, de acuerdo con la denuncia, desde 2004 realiza sus licitaciones con base en "una ilegal interpretación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento", condenando a las pequeñas y medianas empresas del sector a dedicarse a otras actividades.
Dichas organizaciones coinciden en que "pretenden borrar de un plumazo a la pequeña y mediana industria mexicana de este sector, que aproximadamente mantiene a 50 mil familias, que laboran en mil 500 empresas del sector industrial médico y farmacéutico del país, sin considerar que las mismas cuotas obrero patronales que el IMSS recibe provienen de estas empresas. Creemos que como mexicanos tenemos derecho a vivir de un trabajo legítimo en nuestro país, y a vivir dignamente, tenemos derecho a fabricar y a surtir nuestros productos, y a que seamos considerados en el presupuesto federal mediante las compras de gobierno, es decir, nuestros productos están hechos para atender las necesidades de abasto de las instituciones mexicanas", y citaban casos concretos de licitaciones oscuras, por decir lo menos: las números 00641218-035-06, para la adquisición de material de curación y radiológico; 00641193-038-06, para la adquisición de medicamentos; 00641194-053-06 y 00641194-054-06, para la adquisición de sustancias y productos farmacéuticos, todas convocadas por el IMSS, en agosto de 2006, a través de sus delegaciones "Estado de México Poniente", "Michoacán" y "Oaxaca", respectivamente (hasta aquí la cita).
Pues bien, las pymes del sector industrial médico y farmacéutico no provocaron mayor atención de las autoridades del IMSS, pero sí de la Cámara de Diputados, en la que, junto con los legisladores, desarrollaron un foro de análisis, denuncia y compromiso sectorial para lograr que el Instituto no sólo atienda sus reclamos, sino que el sector médico público en conjunto transparente sus licitaciones, adquisiciones y contrataciones de servicios relativas a la adquisición de dispositivos médicos, sustancias y productos farmacéuticos y medicamentos.
Sería más fácil y productivo que el IMSS y el sector médico público se sentaran a platicar con las pequeñas empresas del referido sector industrial, pero como en la burocracia parece existir un gusto especial por hacer difícil lo fácil, los empresarios tuvieron que recurrir a los legisladores y al susodicho foro. Y en este contexto, se propuso al Legislativo crear una comisión para verificar, aprobar, auditar y dar seguimiento a las pre-bases y/o bases de licitaciones públicas, así como a los procesos licitatorios de las dependencias y/o instituciones a cargo del Ejecutivo federal, en adquisiciones de dispositivos médicos, sustancias y productos farmacéuticos y medicamentos, y en la contratación de servicios integrales (en torno a este último por no contar con marco jurídico que los sustente).
Además, la revisión detallada de varias leyes federales involucradas en este marco (entre ellas la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su reglamento, y la de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), con el fin de promover sustanciales modificaciones, proyectos de adición y/o de decreto, de tal forma que se favorezca a la industria nacional, y no a la trasnacional. Aunado a lo anterior, se propuso un punto de acuerdo mediante el cual el Legislativo exhorte al titular del Ejecutivo federal, los secretarios de despacho, directores de instituciones y/o dependencias, así como al titular del Gobierno del Distrito Federal para que al adquirir dispositivos médicos, sustancias y productos farmacéuticos y medicamentos, sus áreas de adquisiciones cumplan y se apeguen a lo que establecen las distintas leyes en la materia.
Nodal fue la propuesta de acuerdo del Legislativo para que exhorte a los directores de IMSS e ISSSTE, así como al secretario de Salud, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a los gobiernos estatales y municipales para que en sus procesos de licitaciones públicas se elimine la figura de "precios máximos de referencia", "precios de referencia", "descuentos" y/o cualquier otra figura que pretenda integrar la ley y que no se apegue a derecho, mediante la cual se promuevan pre-bases y/o bases de licitaciones públicas que promueven la competencia desleal y depredación de precios, lesionando la industria nacional del sector médico y farmacéutico de México.
En fin, cómo le cuesta a la burocracia hacer lo que por ley tiene que hacer.
Las rebanadas del pastel
El chiste de la semana: dice la Secretaría de Hacienda que "las decisiones relacionadas con la renegociación de la deuda del Distrito Federal se hicieron con base en aspectos meramente técnicos y no partidistas" (Alejandro Werner, subsecretario del ramo dixit)... Juar, juar.
Semanas atrás las pequeñas y medianas empresas del sector industrial médico y farmacéutico denunciaban la cerrazón del IMSS y la opacidad con la que dicho instituto lleva a cabo sus licitaciones, en las que las principales beneficiarias resultan ser las grandes trasnacionales, con lo que prácticamente se condena a muerte a las pequeñas y medianas empresas del sector industrial médico y farmacéutico mexicano de esta área productiva.
En la primera semana de julio pasado comentamos en este espacio que el gobierno calderonista parece estar decidido no sólo a eliminar varios capítulos de la seguridad social en el país para sacar adelante su tercera "solución definitiva" y fortalecer, dice, las finanzas del IMSS, sino que, mediante licitaciones dudosas, por decir lo menos, y severos retrasos en el pago de facturas a proveedores, pretende matar por inanición a las pequeñas y medianas empresas del sector, que intentan participar en la cadena de abasto del Instituto. A tal grado ha llegado el intento, que las organizaciones de esas ramas productivas, asociadas a la Canacintra, tuvieron que pedir ayuda a los diputados, dada la cerrazón del IMSS, organismo que, de acuerdo con la denuncia, desde 2004 realiza sus licitaciones con base en "una ilegal interpretación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento", condenando a las pequeñas y medianas empresas del sector a dedicarse a otras actividades.
Dichas organizaciones coinciden en que "pretenden borrar de un plumazo a la pequeña y mediana industria mexicana de este sector, que aproximadamente mantiene a 50 mil familias, que laboran en mil 500 empresas del sector industrial médico y farmacéutico del país, sin considerar que las mismas cuotas obrero patronales que el IMSS recibe provienen de estas empresas. Creemos que como mexicanos tenemos derecho a vivir de un trabajo legítimo en nuestro país, y a vivir dignamente, tenemos derecho a fabricar y a surtir nuestros productos, y a que seamos considerados en el presupuesto federal mediante las compras de gobierno, es decir, nuestros productos están hechos para atender las necesidades de abasto de las instituciones mexicanas", y citaban casos concretos de licitaciones oscuras, por decir lo menos: las números 00641218-035-06, para la adquisición de material de curación y radiológico; 00641193-038-06, para la adquisición de medicamentos; 00641194-053-06 y 00641194-054-06, para la adquisición de sustancias y productos farmacéuticos, todas convocadas por el IMSS, en agosto de 2006, a través de sus delegaciones "Estado de México Poniente", "Michoacán" y "Oaxaca", respectivamente (hasta aquí la cita).
Pues bien, las pymes del sector industrial médico y farmacéutico no provocaron mayor atención de las autoridades del IMSS, pero sí de la Cámara de Diputados, en la que, junto con los legisladores, desarrollaron un foro de análisis, denuncia y compromiso sectorial para lograr que el Instituto no sólo atienda sus reclamos, sino que el sector médico público en conjunto transparente sus licitaciones, adquisiciones y contrataciones de servicios relativas a la adquisición de dispositivos médicos, sustancias y productos farmacéuticos y medicamentos.
Sería más fácil y productivo que el IMSS y el sector médico público se sentaran a platicar con las pequeñas empresas del referido sector industrial, pero como en la burocracia parece existir un gusto especial por hacer difícil lo fácil, los empresarios tuvieron que recurrir a los legisladores y al susodicho foro. Y en este contexto, se propuso al Legislativo crear una comisión para verificar, aprobar, auditar y dar seguimiento a las pre-bases y/o bases de licitaciones públicas, así como a los procesos licitatorios de las dependencias y/o instituciones a cargo del Ejecutivo federal, en adquisiciones de dispositivos médicos, sustancias y productos farmacéuticos y medicamentos, y en la contratación de servicios integrales (en torno a este último por no contar con marco jurídico que los sustente).
Además, la revisión detallada de varias leyes federales involucradas en este marco (entre ellas la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su reglamento, y la de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), con el fin de promover sustanciales modificaciones, proyectos de adición y/o de decreto, de tal forma que se favorezca a la industria nacional, y no a la trasnacional. Aunado a lo anterior, se propuso un punto de acuerdo mediante el cual el Legislativo exhorte al titular del Ejecutivo federal, los secretarios de despacho, directores de instituciones y/o dependencias, así como al titular del Gobierno del Distrito Federal para que al adquirir dispositivos médicos, sustancias y productos farmacéuticos y medicamentos, sus áreas de adquisiciones cumplan y se apeguen a lo que establecen las distintas leyes en la materia.
Nodal fue la propuesta de acuerdo del Legislativo para que exhorte a los directores de IMSS e ISSSTE, así como al secretario de Salud, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a los gobiernos estatales y municipales para que en sus procesos de licitaciones públicas se elimine la figura de "precios máximos de referencia", "precios de referencia", "descuentos" y/o cualquier otra figura que pretenda integrar la ley y que no se apegue a derecho, mediante la cual se promuevan pre-bases y/o bases de licitaciones públicas que promueven la competencia desleal y depredación de precios, lesionando la industria nacional del sector médico y farmacéutico de México.
En fin, cómo le cuesta a la burocracia hacer lo que por ley tiene que hacer.
Las rebanadas del pastel
El chiste de la semana: dice la Secretaría de Hacienda que "las decisiones relacionadas con la renegociación de la deuda del Distrito Federal se hicieron con base en aspectos meramente técnicos y no partidistas" (Alejandro Werner, subsecretario del ramo dixit)... Juar, juar.
Autobombazo
Julio Hernández López
Ulises Ruin Productions presentó ayer en Oaxaca una controladamente explosiva innovación electoral: el uso del fantasma guerrillero como pretexto para militaRuizar la entidad en vísperas de comicios (se pide a la policía guelaguetza que no vaya a ordenar secuestro o tortura contra este tecleador por usar antes el adjetivo ''ruin'', pues no se ha usado con la significación en español de ''vil, bajo y despreciable'', sino con la inglesa que se traduce como ''ruina'': Ulises Ruin Productions sería, pues, una productora de ruinas, mínimas como las sucedidas en una puerta de un Sears de Oaxaca, pero muy propias para la magnificación en términos mediáticos).
La oportuna detonación prelectoral ha permitido al gran jefe mapache oaxaco declarar en alerta a la entidad, y a nadie debería sorprender que se produzcan nuevas provocaciones que ahuyenten a los ciudadanos de la intención de sufragar y abran el paso a la dura base priísta adecuadamente aceitada y preparadamente multiplicable. El estallido del artefacto casero (¿Casa de Gobierno?) permite también sobreponer una noticia de distracción a las contundentes declaraciones de la secretaria general de Amnistía Internacional, que se ha ''escandalizado'' del número y grado de violaciones a los derechos humanos que se han realizado en aquella entidad contra opositores al gobierno de URO.
El humo mediático provocado en la oaxaqueña Plaza del Valle también le sirve a AutoUlises para tratar de diluir la importante decisión tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado necesario solicitar al Estado mexicano que tome medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de cinco ciudadanos que forman parte del Comité de Liberación 25 de Noviembre, una agrupación que con el pintor Francisco Toledo como impulsor ha trabajado en la entidad, de manera silenciosa y efectiva, en la atención jurídica y la defensa de los derechos humanos de presos y perseguidos políticos. La CIDH ha solicitado garantías para Alejandro Noyola, Jesús Manuel Grijalva, Mayem Arellanes, Alba Cruz Ramos y Alma Gómez Soto, quienes han sufrido acoso policial, seguimientos y amenazas.
Y ya que diversos organismos internacionales expresan preocupación por lo que sucede en México, será importante que tengan presentes los casos de la familia Cerezo (el expediente judicial fue activado justamente por otro acto de sospechosa provocación nunca esclarecido: la detonación de artefactos explosivos años atrás, en un modelo muy típico de los diseños represivos hechos en los sótanos del poder) y de San Salvador Atenco. Ayer, por cierto, cumplió años Ignacio del Valle, en penal de alta seguridad, sentenciado virtualmente a prisión perpetua, depositario de ''todo el peso de la ley'' por encabezar resistencias civiles justas, mientras políticos, empresarios y otros personajes de elite saquean la nación y violan y retuercen leyes y preceptos sin consecuencia alguna.
En Baja California, los panistas también estudian la manera de ''justificar'' el arribo vigilante de tropas, en previsión de que la ola roja hankista se ponga demasiado Caliente en caso de que las otras mafias, las blanquiazules, pretendan quedarse a como dé lugar con el gran negocio de aquel gobierno fronterizo. Los priístas están condicionando la aprobación de la dizque reforma fiscal (adelgazada a contentillo de los empresarios que han exigido reducción en la tasa de su contribución) a los resultados de Baja California, y el impresentable apostador Hank ha negociado la declinación en su favor de Mercedes Maciel, quien hacía como que era candidata a gobernadora en nombre de los partidos recaudadores de migajas denominados Convergencia y del Trabajo.
En el otro extremo peninsular, la sobrina de Víctor Cervera Pacheco toma posesión como gobernadora y se pone parcialmente pejepibil, al reducir su sueldo a la mitad y anunciar apoyos en despensas y efectivo a personas de la tercera edad. Lo importante no es solamente bajarse el salario, sino abstenerse de hacer negocios desde el poder; la fuente fundamental de enriquecimiento de la mayoría de los políticos no proviene de los ingresos oficiales, sino de los descomunales actos de corrupción que les dotan de fortunas infinitamente más allá de sueldos y prestaciones burocráticas. La nueva gobernadora asegura que con un ''patrimonio modesto'' llega al cargo y así lo dejará, ''sólo con los frutos de mi trabajo''. La priísta forma parte de la camada de negociaciones del partido tricolor con Los Finos; ya se sabrá si el triunfo de Ivonne Ortega fue tan súbita y gratamente reconocido por el felipanismo porque había sido transado en lugar de la silla bajacaliforniana (a fin de cuentas, Hank forma parte de la corriente madracista que va en declive) o si Ivonne y Jorge van en paquete conjunto (las ''reformas'' calderónicas bien valen dos gubernaturas a los aliados voraces).
En el mundillo de la izquierda electoral se multiplican los testimonios y denuncias por las trapacerías cometidas en la reciente elección de delegados al congreso nacional que se realizará en poco más de dos semanas. Leonardo Martínez Barrientos, en su calidad de representante nacional de una de las planillas contendientes, presentó una impugnación formal ante el Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía y el Registro Nacional de Afiliados del PRD. Son 198 páginas en las que se detalla la rasura del padrón, la sustitución de funcionarios electorales (se consignan 338 casos, con datos puntuales), impedimento a representantes de planilla de cumplir con su función (cinco casos documentados), casillas no instaladas que aparecen con votación o bien que se instalaron varias horas después del inicio de la jornada electoral (ocho ejemplos), permiso de votar a personas que no estaban en el listado, así como votaciones atípicas y manipulación de resultados (casi 300 casillas, en cuyas urnas se habrían depositado, con rapidez olímpica, alrededor de un voto por minuto durante el tiempo en que estuvieron funcionando). Todo un cochinero, pues. ¡Hasta mañana!
Ulises Ruin Productions presentó ayer en Oaxaca una controladamente explosiva innovación electoral: el uso del fantasma guerrillero como pretexto para militaRuizar la entidad en vísperas de comicios (se pide a la policía guelaguetza que no vaya a ordenar secuestro o tortura contra este tecleador por usar antes el adjetivo ''ruin'', pues no se ha usado con la significación en español de ''vil, bajo y despreciable'', sino con la inglesa que se traduce como ''ruina'': Ulises Ruin Productions sería, pues, una productora de ruinas, mínimas como las sucedidas en una puerta de un Sears de Oaxaca, pero muy propias para la magnificación en términos mediáticos).
La oportuna detonación prelectoral ha permitido al gran jefe mapache oaxaco declarar en alerta a la entidad, y a nadie debería sorprender que se produzcan nuevas provocaciones que ahuyenten a los ciudadanos de la intención de sufragar y abran el paso a la dura base priísta adecuadamente aceitada y preparadamente multiplicable. El estallido del artefacto casero (¿Casa de Gobierno?) permite también sobreponer una noticia de distracción a las contundentes declaraciones de la secretaria general de Amnistía Internacional, que se ha ''escandalizado'' del número y grado de violaciones a los derechos humanos que se han realizado en aquella entidad contra opositores al gobierno de URO.
El humo mediático provocado en la oaxaqueña Plaza del Valle también le sirve a AutoUlises para tratar de diluir la importante decisión tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado necesario solicitar al Estado mexicano que tome medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de cinco ciudadanos que forman parte del Comité de Liberación 25 de Noviembre, una agrupación que con el pintor Francisco Toledo como impulsor ha trabajado en la entidad, de manera silenciosa y efectiva, en la atención jurídica y la defensa de los derechos humanos de presos y perseguidos políticos. La CIDH ha solicitado garantías para Alejandro Noyola, Jesús Manuel Grijalva, Mayem Arellanes, Alba Cruz Ramos y Alma Gómez Soto, quienes han sufrido acoso policial, seguimientos y amenazas.
Y ya que diversos organismos internacionales expresan preocupación por lo que sucede en México, será importante que tengan presentes los casos de la familia Cerezo (el expediente judicial fue activado justamente por otro acto de sospechosa provocación nunca esclarecido: la detonación de artefactos explosivos años atrás, en un modelo muy típico de los diseños represivos hechos en los sótanos del poder) y de San Salvador Atenco. Ayer, por cierto, cumplió años Ignacio del Valle, en penal de alta seguridad, sentenciado virtualmente a prisión perpetua, depositario de ''todo el peso de la ley'' por encabezar resistencias civiles justas, mientras políticos, empresarios y otros personajes de elite saquean la nación y violan y retuercen leyes y preceptos sin consecuencia alguna.
En Baja California, los panistas también estudian la manera de ''justificar'' el arribo vigilante de tropas, en previsión de que la ola roja hankista se ponga demasiado Caliente en caso de que las otras mafias, las blanquiazules, pretendan quedarse a como dé lugar con el gran negocio de aquel gobierno fronterizo. Los priístas están condicionando la aprobación de la dizque reforma fiscal (adelgazada a contentillo de los empresarios que han exigido reducción en la tasa de su contribución) a los resultados de Baja California, y el impresentable apostador Hank ha negociado la declinación en su favor de Mercedes Maciel, quien hacía como que era candidata a gobernadora en nombre de los partidos recaudadores de migajas denominados Convergencia y del Trabajo.
En el otro extremo peninsular, la sobrina de Víctor Cervera Pacheco toma posesión como gobernadora y se pone parcialmente pejepibil, al reducir su sueldo a la mitad y anunciar apoyos en despensas y efectivo a personas de la tercera edad. Lo importante no es solamente bajarse el salario, sino abstenerse de hacer negocios desde el poder; la fuente fundamental de enriquecimiento de la mayoría de los políticos no proviene de los ingresos oficiales, sino de los descomunales actos de corrupción que les dotan de fortunas infinitamente más allá de sueldos y prestaciones burocráticas. La nueva gobernadora asegura que con un ''patrimonio modesto'' llega al cargo y así lo dejará, ''sólo con los frutos de mi trabajo''. La priísta forma parte de la camada de negociaciones del partido tricolor con Los Finos; ya se sabrá si el triunfo de Ivonne Ortega fue tan súbita y gratamente reconocido por el felipanismo porque había sido transado en lugar de la silla bajacaliforniana (a fin de cuentas, Hank forma parte de la corriente madracista que va en declive) o si Ivonne y Jorge van en paquete conjunto (las ''reformas'' calderónicas bien valen dos gubernaturas a los aliados voraces).
En el mundillo de la izquierda electoral se multiplican los testimonios y denuncias por las trapacerías cometidas en la reciente elección de delegados al congreso nacional que se realizará en poco más de dos semanas. Leonardo Martínez Barrientos, en su calidad de representante nacional de una de las planillas contendientes, presentó una impugnación formal ante el Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía y el Registro Nacional de Afiliados del PRD. Son 198 páginas en las que se detalla la rasura del padrón, la sustitución de funcionarios electorales (se consignan 338 casos, con datos puntuales), impedimento a representantes de planilla de cumplir con su función (cinco casos documentados), casillas no instaladas que aparecen con votación o bien que se instalaron varias horas después del inicio de la jornada electoral (ocho ejemplos), permiso de votar a personas que no estaban en el listado, así como votaciones atípicas y manipulación de resultados (casi 300 casillas, en cuyas urnas se habrían depositado, con rapidez olímpica, alrededor de un voto por minuto durante el tiempo en que estuvieron funcionando). Todo un cochinero, pues. ¡Hasta mañana!
Oaxaca: responsabilidad compartida
Oaxaca: responsabilidad compartida
Editorial
Con el telón de fondo de la visita de una delegación de Amnistía Internacional (AI) a Oaxaca, y en vísperas de las elecciones de diputados al Congreso local, a celebrarse el próximo domingo, la madrugada de ayer se produjo una explosión en una tienda departamental al sur de la capital oaxaqueña y horas más tarde fue hallado en una sucursal bancaria de la misma zona un artefacto similar al que causó la detonación. Los sucesos fueron condenados por el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien los calificó como "hechos criminales". Por su parte, el procurador general de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, aseguró que la fabricación "casera" de los artefactos sugería que habían sido elaborados por "grupos locales" y desestimó la posibilidad de que los hechos fueran autoría del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Sin embargo, horas más tarde, la explosión fue reivindicada por esa organización guerrillera, mediante un comunicado.
El empleo de la violencia como forma de manifestación de los descontentos políticos es reprobable y alarmante, pero no sorprendente: estos estallidos se dan en un contexto nacional en el que la legalidad y el estado de derecho han sido vulnerados y quebrantados por el propio poder público. En ese sentido, el informe Oaxaca: clamor por la justicia, presentado por AI, da cuenta de innumerables atropellos a las garantías individuales perpetrados por la fuerzas policiales de la entidad, entre los que se cuentan "el uso de fuerza excesiva, la detención arbitraria y en régimen de incomunicación, los malos tratos y la tortura, amenazas, hostigamiento a personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo". Este informe fue inmediatamente desacreditado por el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, con el argumento de que era parcial, pues representaba sólo la postura de los grupos opositores a su régimen y carecía de fundamento. Por su parte, la secretaria general de AI, Irene Kahn, calificó la respuesta del gobernante como una forma de evadir su responsabilidad en el conflicto, y lamentó la evidente falta de voluntad política del mandatario "para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado".
Los señalamientos de Kahn dan cuenta de la vigencia y relevancia que el conflicto oaxaqueño tiene a escala internacional, por más que las autoridades estatales se empeñen en afirmar que el problema está resuelto. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la responsabilidad que el gobierno federal tiene en el conflicto, toda vez que es el responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución, que es donde se consagran los derechos humanos que están violándose en Oaxaca.
El informe de AI se suma a los señalamientos que anteriormente Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían hecho en el sentido de la deplorable situación de las garantías individuales en el país. No puede pretenderse que exista tranquilidad social y estado de derecho en tanto que las propias instancias del poder público incumplan, por acción o por omisión, con sus responsabilidades fundamentales, y en tanto que el actual gobierno federal carezca de una política concreta en materia de derechos humanos.
Por último, cabe señalar que, por el bien de la nación, es necesario que el gobierno federal abandone el estado de inercia que lo mantiene al margen del conflicto oaxaqueño, con el argumento inverosímil de un pretendido respeto al federalismo y a la soberanía de los gobiernos estatales, y atienda las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos a fin de dar solución a este conflicto.
Editorial
Con el telón de fondo de la visita de una delegación de Amnistía Internacional (AI) a Oaxaca, y en vísperas de las elecciones de diputados al Congreso local, a celebrarse el próximo domingo, la madrugada de ayer se produjo una explosión en una tienda departamental al sur de la capital oaxaqueña y horas más tarde fue hallado en una sucursal bancaria de la misma zona un artefacto similar al que causó la detonación. Los sucesos fueron condenados por el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien los calificó como "hechos criminales". Por su parte, el procurador general de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, aseguró que la fabricación "casera" de los artefactos sugería que habían sido elaborados por "grupos locales" y desestimó la posibilidad de que los hechos fueran autoría del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Sin embargo, horas más tarde, la explosión fue reivindicada por esa organización guerrillera, mediante un comunicado.
El empleo de la violencia como forma de manifestación de los descontentos políticos es reprobable y alarmante, pero no sorprendente: estos estallidos se dan en un contexto nacional en el que la legalidad y el estado de derecho han sido vulnerados y quebrantados por el propio poder público. En ese sentido, el informe Oaxaca: clamor por la justicia, presentado por AI, da cuenta de innumerables atropellos a las garantías individuales perpetrados por la fuerzas policiales de la entidad, entre los que se cuentan "el uso de fuerza excesiva, la detención arbitraria y en régimen de incomunicación, los malos tratos y la tortura, amenazas, hostigamiento a personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo". Este informe fue inmediatamente desacreditado por el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, con el argumento de que era parcial, pues representaba sólo la postura de los grupos opositores a su régimen y carecía de fundamento. Por su parte, la secretaria general de AI, Irene Kahn, calificó la respuesta del gobernante como una forma de evadir su responsabilidad en el conflicto, y lamentó la evidente falta de voluntad política del mandatario "para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado".
Los señalamientos de Kahn dan cuenta de la vigencia y relevancia que el conflicto oaxaqueño tiene a escala internacional, por más que las autoridades estatales se empeñen en afirmar que el problema está resuelto. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la responsabilidad que el gobierno federal tiene en el conflicto, toda vez que es el responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución, que es donde se consagran los derechos humanos que están violándose en Oaxaca.
El informe de AI se suma a los señalamientos que anteriormente Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían hecho en el sentido de la deplorable situación de las garantías individuales en el país. No puede pretenderse que exista tranquilidad social y estado de derecho en tanto que las propias instancias del poder público incumplan, por acción o por omisión, con sus responsabilidades fundamentales, y en tanto que el actual gobierno federal carezca de una política concreta en materia de derechos humanos.
Por último, cabe señalar que, por el bien de la nación, es necesario que el gobierno federal abandone el estado de inercia que lo mantiene al margen del conflicto oaxaqueño, con el argumento inverosímil de un pretendido respeto al federalismo y a la soberanía de los gobiernos estatales, y atienda las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos a fin de dar solución a este conflicto.
Gracias de todo corazón por las felicitaciones
Nos envían de Resistencia Creativa:
Lo agradecemos de todo corazón, así mismo a todos los que nos han enviado felicitaciones, es una gran motivación para seguir adelante. También felicitamos a todos los lectores, a los blogs, a los que imprimen y distribuyen la información y a los que colaboran para defender la patria en muchas otras actividades su esfuerzo y su entusiasmo por esta ardua labor de sacar a nuestro país de la ignominia, de la pobreza y de la injusticia. Nuestro pueblo, como dice AMLO merece un mejor destino y la vida nos puso en este camino que al final de cuentas nos llenará de orgullo y sobre todo les ofrecerá una vida mejor a las siguientes generaciones.
Lo agradecemos de todo corazón, así mismo a todos los que nos han enviado felicitaciones, es una gran motivación para seguir adelante. También felicitamos a todos los lectores, a los blogs, a los que imprimen y distribuyen la información y a los que colaboran para defender la patria en muchas otras actividades su esfuerzo y su entusiasmo por esta ardua labor de sacar a nuestro país de la ignominia, de la pobreza y de la injusticia. Nuestro pueblo, como dice AMLO merece un mejor destino y la vida nos puso en este camino que al final de cuentas nos llenará de orgullo y sobre todo les ofrecerá una vida mejor a las siguientes generaciones.
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