TeleSUR
El ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, denunció este lunes que un grupo terrorista organizado es el responsable del ataque con explosivos contra la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), en el centro de La Paz, y aseguró que se trata del mismo grupo que ha venido realizando actos de violencia con fines desestabilizadores en el país suramericano. "Estamos ya en presencia de una organización de carácter terrorista, ya que son atentados sucesivos con uso de explosivos, en algunos casos de armamento y eso ya constituye un desafío para la sociedad democrática boliviana", manifestó la autoridad de Gobierno.
El atentado se produce en medio de un clima de tensión provocado por varios incidentes en los últimos días en Bolivia, donde la oposición regional trata de imponer una autonomía anticonstitucional.
De acuerdo con el reporte policial, la explosión se produjo cerca de las 08H30 locales (12H30 GMT), es decir, unos 10 minutos antes de que funcionarios y dirigentes de la organización ingresaran a la sede de la COB.
El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, dijo que manejaba la información de que la explosión se produjo en la habitación que él ocupa como vivienda en el mismo edificio.
"No se si es granada o dinamita, pero la vivienda la han dejado destrozada", dijo Montes al señalar que, en los últimos días, ha recibido "varias amenazas de muerte" con llamadas telefónicas a su celular.
Ola de ataques
El ministro Rada relacionó el atentado con otros hechos de violencia ocurridos en los últimos días.
Recordó que en días pasados un explosivo impactó muy cerca al hotel Casa Blanca de Santa Cruz, donde el presidente Evo Morales acostumbra a hospedarse. Asimismo, el asambleísta Carlos Romero denunció el sábado que un grupo de integrantes del grupo de ultraderecha Unión Cívica Radical intentó quemar su domicilio.
"Me parece que estos atentados que se van presentando dejan de ser hechos aislados", consideró Rada, quien opinó que "el país sabrá responder a la altura de ese desafío".
Rada sostuvo que el grupo delictivo, por el momento, tiene carácter interno, pero que no se descarta su conexión con una red internacional.
Remarcó que los incidentes registrados el fin de semana en Santa Cruz y en la mañana de este lunes en La Paz no ponen en riesgo la democracia en el país, pero si atentan contra la seguridad interna.
Sobre esos hechos, el ministro Rada afirmó que las investigaciones, tanto por la Policía como por el Ministerio Público, están en curso para dar con los autores y determinar responsabilidades.
El pasado sábado, el presidente Morales reiteró sus denuncias sobre una conspiración que intenta derrocar a su gobierno y aseguró que del Palacio Quemado "sólo me sacarán muerto".
De su parte el Comandante General de la Policía, Gral. Miguel Vásquez, señaló que se inició inmediatamente el proceso investigativo en su etapa de recolección de información que permitirá más adelante ofrecer un informe en detalle.
"Nosotros vamos a cumplir nuestro rol constitucional de investigar estos hechos que no pueden quedar impunes", aseveró la autoridad policial.
miércoles, diciembre 26, 2007
El Mundo, enemigo del periodismo
Okrim Al Qasal
Por fin el periódico español El Mundo -conocido en ciertos círculos como El Inmundo: por algo será- revela a las claras su más que evidente línea editorial, lo que es en gran medida una ventaja a la hora de sopesar el (poco) valor que tienen sus juicios sobre determinados temas (Venezuela y Latinoamérica en especial). En sus connotados (sic) premios anuales, con los que designa al Personaje y al Enemigo del Año a su (corto) entender, acordaron que el Enemigo del Año sea Hugo Chávez, presidente de Venezuela. De este modo, el pasquín demuestra cuál ha sido su tratamiento informativo a lo largo de este 2007 en lo que al gobierno venezolano respecta: el que un contendiente dispensa a un enemigo. Es decir: objetividad, ética, credibilidad, moral y profesionalismo CERO . Y con este título otorgado a Chávez, es de suponer que el tratamiendo mediático durante el 2008 y más allá será idéntico.
De ahora en adelante, a confesión de parte , argumentar contra Venezuela y su gobierno “porque lo leí en El Mundo” será tan absurdo, fanático e intolerante como justificar el repudio a las religiones no cristianas “porque lo dice la Biblia”.
El periódico lo cuenta así, en el artículo donde anuncian a Sarkozy (el presidente francés) como personaje del Año:
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Lo primero que cabe preguntarse es ¿de quién es enemigo Hugo Chávez? ¿Del director de ese periodicucho? ¿De su junta directiva? ¿De sus lectores? ¿De sus accionistas? ¿De los españoles? El presidente nunca se ha pronunciado directamente contra ninguno de ellos (con la deshonrosa duda razonable de sus accionistas). Sin embargo, El Mundo le declara, oficial y unilateralmente, la guerra -la mediática, la de verdad se la dejan a posibles voluntarios, que no faltan- al mandatario venezolano.
El diario justifica su decisión en el “populismo” de Chávez y su “enfrentamiento con el Rey”. Además, como afirma el texto, ya que Chávez ha “contagiado” su “populismo” a otros presidentes en el continente, es de esperar que Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa y otros presidentes -todos elegidos democráticamente- sean a su vez enemigos de El Mundo.
En el párrafo explicativo del porqué de elegir a Chávez como Enemigo del Año, además, esa cloaca del periodismo dirigida por Pedro J. Ramírez, insinúa que el presidente venezolano debe dimitir de su cargo, cuando afirma que “se aferra al sillón presidencial a pesar del revés sufrido en el referéndum constitucional que planteó él mismo”. Cierto, una propuesta suya fue rechazada por un 1% de diferencia, y el propio Jefe de Estado acató el resultado. ¿Y entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Eso es motivo de ilegitimidad, Chávez “se aferra al sillón”? ¿Qué decir entonces de los gobernantes europeos, que veladamente aprobaron una constitución -de 25 países miembros sólo 10 la sometieron a referendo popular: 2 la aprobaron, 2 la rechazaron, 6 aplazaron la votación- aprobando y arreglando artículos de esa propuesta rechazada (si sólo un país no la aceptaba sería rechazada), tal y como Dios les dio a entender, en una reciente cita entre altos mandatarios en Portugal, a espaldas de sus pueblos?
En el anuario de personajes -“buenos” y “malos”- una de sus perpetrantes de redacción (usar el término periodista se me hace complicado en el caso de este medio), Iratxe Rojo, después de confundir la dietética con la genética, insinuando que la decisión de Uribe de suspender la mediación venezolana en el canje humanitario está relacionada con el incidente entre el Rey y el presidente venezolano, cierra su lamentable párrafo -titulado “El callador callado”- con una perla inolvidable: “Eso sí, Chávez sigue sin callar”.
En otro contexto, esa frase podría interpretarse como muestra de la altura política de Chávez, que no se calla lo que piensa, que no acepta presiones, que no arruga ante la adversidad. Cualidades todas éstas de las que debería hacer gala un periodista que se precie, por cierto. Pero en el contexto de El Mundo, ese “Chávez sigue sin callar” adquiere dimensiones preocupantes. ¿Es que acaso hay que callarlo? ¿Y cómo hay que callarlo? ¡Muy lindo eso, viniendo de un medio de comunicación, exigir el silencio para quien dice lo que no queremos escuchar! Iratxe Rojo y su patrón Pedro J. Ramírez, a sabiendas o no, están mandando un mensaje muy peligroso para estas latitudes, tan dadas a magnicidios y Golpes de Estado: “Hay que callar a Chávez”.
Ya he escrito una o dos veces sobre este diario, y aunque ahora su línea editorial sobre Venezuela, además de obvia es confesa, sospecho que volveré a hacerlo.
Por lo pronto, esa afirmación suya de que “Destacados periodistas venezolanos firmarán artículos de opinión en el suplemento dedicado al líder venezolano” promete un montón de inexactitudes, manipulaciones, calumnias, tergiversaciones y mentiras escandalosas: El Mundo en su máxima expresión.
Por fin el periódico español El Mundo -conocido en ciertos círculos como El Inmundo: por algo será- revela a las claras su más que evidente línea editorial, lo que es en gran medida una ventaja a la hora de sopesar el (poco) valor que tienen sus juicios sobre determinados temas (Venezuela y Latinoamérica en especial). En sus connotados (sic) premios anuales, con los que designa al Personaje y al Enemigo del Año a su (corto) entender, acordaron que el Enemigo del Año sea Hugo Chávez, presidente de Venezuela. De este modo, el pasquín demuestra cuál ha sido su tratamiento informativo a lo largo de este 2007 en lo que al gobierno venezolano respecta: el que un contendiente dispensa a un enemigo. Es decir: objetividad, ética, credibilidad, moral y profesionalismo CERO . Y con este título otorgado a Chávez, es de suponer que el tratamiendo mediático durante el 2008 y más allá será idéntico.
De ahora en adelante, a confesión de parte , argumentar contra Venezuela y su gobierno “porque lo leí en El Mundo” será tan absurdo, fanático e intolerante como justificar el repudio a las religiones no cristianas “porque lo dice la Biblia”.
El periódico lo cuenta así, en el artículo donde anuncian a Sarkozy (el presidente francés) como personaje del Año:
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Lo primero que cabe preguntarse es ¿de quién es enemigo Hugo Chávez? ¿Del director de ese periodicucho? ¿De su junta directiva? ¿De sus lectores? ¿De sus accionistas? ¿De los españoles? El presidente nunca se ha pronunciado directamente contra ninguno de ellos (con la deshonrosa duda razonable de sus accionistas). Sin embargo, El Mundo le declara, oficial y unilateralmente, la guerra -la mediática, la de verdad se la dejan a posibles voluntarios, que no faltan- al mandatario venezolano.
El diario justifica su decisión en el “populismo” de Chávez y su “enfrentamiento con el Rey”. Además, como afirma el texto, ya que Chávez ha “contagiado” su “populismo” a otros presidentes en el continente, es de esperar que Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa y otros presidentes -todos elegidos democráticamente- sean a su vez enemigos de El Mundo.
En el párrafo explicativo del porqué de elegir a Chávez como Enemigo del Año, además, esa cloaca del periodismo dirigida por Pedro J. Ramírez, insinúa que el presidente venezolano debe dimitir de su cargo, cuando afirma que “se aferra al sillón presidencial a pesar del revés sufrido en el referéndum constitucional que planteó él mismo”. Cierto, una propuesta suya fue rechazada por un 1% de diferencia, y el propio Jefe de Estado acató el resultado. ¿Y entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Eso es motivo de ilegitimidad, Chávez “se aferra al sillón”? ¿Qué decir entonces de los gobernantes europeos, que veladamente aprobaron una constitución -de 25 países miembros sólo 10 la sometieron a referendo popular: 2 la aprobaron, 2 la rechazaron, 6 aplazaron la votación- aprobando y arreglando artículos de esa propuesta rechazada (si sólo un país no la aceptaba sería rechazada), tal y como Dios les dio a entender, en una reciente cita entre altos mandatarios en Portugal, a espaldas de sus pueblos?
En el anuario de personajes -“buenos” y “malos”- una de sus perpetrantes de redacción (usar el término periodista se me hace complicado en el caso de este medio), Iratxe Rojo, después de confundir la dietética con la genética, insinuando que la decisión de Uribe de suspender la mediación venezolana en el canje humanitario está relacionada con el incidente entre el Rey y el presidente venezolano, cierra su lamentable párrafo -titulado “El callador callado”- con una perla inolvidable: “Eso sí, Chávez sigue sin callar”.
En otro contexto, esa frase podría interpretarse como muestra de la altura política de Chávez, que no se calla lo que piensa, que no acepta presiones, que no arruga ante la adversidad. Cualidades todas éstas de las que debería hacer gala un periodista que se precie, por cierto. Pero en el contexto de El Mundo, ese “Chávez sigue sin callar” adquiere dimensiones preocupantes. ¿Es que acaso hay que callarlo? ¿Y cómo hay que callarlo? ¡Muy lindo eso, viniendo de un medio de comunicación, exigir el silencio para quien dice lo que no queremos escuchar! Iratxe Rojo y su patrón Pedro J. Ramírez, a sabiendas o no, están mandando un mensaje muy peligroso para estas latitudes, tan dadas a magnicidios y Golpes de Estado: “Hay que callar a Chávez”.
Ya he escrito una o dos veces sobre este diario, y aunque ahora su línea editorial sobre Venezuela, además de obvia es confesa, sospecho que volveré a hacerlo.
Por lo pronto, esa afirmación suya de que “Destacados periodistas venezolanos firmarán artículos de opinión en el suplemento dedicado al líder venezolano” promete un montón de inexactitudes, manipulaciones, calumnias, tergiversaciones y mentiras escandalosas: El Mundo en su máxima expresión.
“Una persona no es libre si no tiene la existencia material garantizada”.
Entrevista a Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica
Juanjo Basterra
Gara
La Renta Básica (RB) se define como un pago monetario individual, universal e incondicional realizado por alguna administración pública sin ninguna condición adicional a la de ciudadanía o residencia acreditada. ¿Está calando esa propuesta entre la población a nivel general, europeo y mundial, por así decirlo?
Daniel Raventós. Sí, pero no al mismo paso. Hay países en donde la propuesta ya lleva años de discusión en distintos ámbitos (el mismo reino de España sería un ejemplo, Brasil sería otro con la promulgación de una ley hace ya 3 años de Renta Básica de Ciudadanía de aplicación gradual), y otros en donde ha surgido hace poco tiempo, pero con mucha fuerza (México es para mi el caso más claro). Lo que resulta indudable es la penetración cada vez más firme de esta propuesta en países fuera del ámbito europeo.
Gara. Una de las controversias más importantes que tiene vuestra propuesta (por lo menos la que más escucho entre quienes la han contemplado o estudiado de alguna manera) es la entrega a todas las personas, sean ricas o pobres, de una renta universal. ¿Puede explicar de una forma concisa y clara la vía impositiva que se aplicaría a unos y a otros para equilibrar ese desequilibrio inicial? También constatamos que quienes perdonan impuestos a los empresarios, por ejemplo, después nos dicen que no hay suficientes fondos económicos para hacer frente a una Renta Básica, como ocurre en la CAV ¿Cómo se financiaría vuestra renta básica?
DR. Que, por definición, todas las personas de un ámbito geográfico determinado recibieran la RB, no significa que todas salieran ganando. Los ricos, en toda propuesta de financiación para mi filosófica, social y políticamente interesante, pierden, aunque reciban la RB, porque deberían aportar más para poderla financiar. La mejor forma de explicarlo es mediante un estudio de simulación que hicimos hace poco para Catalunya y que Jordi Arcarons, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, está perfilando a lo largo de los últimos meses con muestras cada vez más completas. Mediante una reforma del IRPF, se podría financiar (entre otras muchas posibilidades) una RB de 5.414 euros anuales para toda la población catalana adulta y de 2.707 para toda la población menor de 18 años. Aproximadamente, el 15% más rico de la población perdería algo (el 2% más rico algo más que algo) respecto a la situación actual aunque recibiera una RB. El 65-70% con rentas más bajas (es decir, que ya nos situamos en capas de la población que no son ni mucho menos pobres) saldrían ganando respecto a la situación actual. Habría un 10-15% que se quedaría prácticamente igual que ahora.
Ser comprensivo con los impuestos de los empresarios es una opción social. La RB es otra opción social, bien diferente.
Gara. ¿Está de acuerdo con esta reducción de impuestos que se están aplicando a través del IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Patrimonio y Sucesiones a quienes más rentas poseen?
DR. No, claro que no. Especialmente la competición entre distintos estados por un lado para rebajar los impuestos de Sociedades, y dentro del territorio comprendido por el Estado español entre las distintas comunidades autónomas para ver quien ofrece pagar menos impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, no puede menos que resultar negativa. En la Europa de los 15, desde 1995 hasta nuestros días el impuesto de sociedades ha pasado del 38% a menos del 30%, y en la Europa de los 25, ha pasado del 35% a cerca del 20%. El gobierno del reino de España, para no ser menos, rebajó a finales de 2005 hasta el 30% (entonces estaba en el 35%) el impuesto de sociedades a las grandes empresas que facturan más de 8 millones de euros anuales. Y sigue con la intención de continuar haciéndolo. Quien más consecuentes han sido con esta forma de proceder han sido los paraísos fiscales. Y la cantidad de dinero que mueven los paraísos fiscales no es insignificante: supone la mitad de la actividad financiera mundial.
El gran constitucionalista estadounidense Cass Sunstein lo dijo no hace muchos años: “Los impuestos, lejos de ser una obstrucción a la libertad, son una condición necesaria de su existencia”.
Gara. En la propuesta de renta básica que aparece en el capítulo 8 de su libro Las condiciones materiales de la libertad (El Viejo Topo, 2007), hace referencia directa a una cantidad similar al SMI, ¿no habría que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional español mantiene una diferencia del 40% en relación a la media de los existentes en la Unión Europea? Es decir, ¿habría que recalcular esa cantidad?
DR. Lo que aparece en el capítulo 8 de mi libro es un cierto resumen del mencionado estudio de financiación al que ya me he referido. El estudio lo empezamos a hacer en el año 2003. Tomamos el SMI (12 pagas) que había en aquel momento. El criterio del SMI es uno entre otros. Existen otros posibles criterios como el umbral de la pobreza, la pensión media, etc. Nunca debe olvidarse: tan importante es la cantidad de RB como la forma de financiarla.
Gara. En la Comunidad Autonómica Vasca (CAV) tenemos una Renta Básica, que surgió de manera descafeinada de la Iniciativa Legislativa Popular que se denominó Carta de los Derechos Sociales ¿qué diferencia encuentra entre ésta y la que ustedes propugnan?
DR. La diferencia es muy clara. La RB de la CAV requiere, para poder recibirla, del cumplimiento de algunos requisitos que no requiere la RB que nosotros, la Red Renta Básica (sección del Basic Income Earth Network), defendemos. Como usted definía muy acertadamente en la primera pregunta, la RB no precisa de ninguna condición adicional a la de ciudadanía o residencia acreditada. No es el caso, obviamente, de la RB de la CAV.
Gara. ¿La necesidad de instaurar una renta básica universal supone la derrota del Estado de Bienestar?
DR. Esta es una pregunta difícil de responder en pocas palabras. En mi libro dedico un apartado precisamente a este punto. Allí intento argumentar que siempre hay quien, admirador del Estado de bienestar y partidario de la RB, esté muy dispuesto a forzar las compatibilidades. También hay quien, no tan admirador del Estado de bienestar y también partidario de la RB, no tiene el mínimo reparo en encontrar claros puntos de ruptura entre las concepción que inspiran uno y otro modelo. Siempre puede encontrarse a quien está más predispuesto a ver continuidades y a quien es más propenso a detectar rupturas. Ahora bien, si la RB supone una desmercantilización, aunque parcial, de la fuerza de trabajo, como algunos autores han mostrado; si la RB pudiera suponer una gran libertad para elegir el reparto que queremos hacer en nuestras vidas de los tres tipos de trabajo (remunerado, doméstico y voluntario); si la RB pudiera servir como caja de resistencia obrera para mantener huelgas que actualmente son difíciles de prolongar por la mengua del salario que comporta; si la RB sirviese para que muchas mujeres pudieran desligarse de la dependencia material de sus maridos; si la RB, en definitiva, pudiera servir para incrementar la libertad de una gran parte de la ciudadanía por disponer de la existencia material garantizada por primera vez en la historia de nuestra especie…; si todo ello, digo, fuera posible gracias a una RB, creo que hay razones de peso para mantener que los elementos de discontinuidad con respecto al Estado de bienestar (basado, entre otros “supuestos”, en el pleno empleo masculino, la seguridad en el puesto de trabajo y en los salarios) superan los elementos de continuidad. Después de 30 años de ofensiva, en parte ya ganada, por parte de los centros de decisión de las grandes transnacionales para acabar con la seguridad y el bienestar material que una gran parte de la población trabajadora de Europa Occidental y de América del Norte había conseguido, y después de los cambios estructurales que estos 30 años han supuesto, es razonable pensar que las cosas no volverán a ser como antes. En cualquier caso, si la RB pudiera servir para lograr estos decisivos objetivos tan brevemente enumerados, estaríamos hablando de un mundo con claras diferencias respecto el actual.
Gara. ¿Qué conclusiones saca del rechazo en el Congreso español de la propuesta de Renta Básica a inicios de octubre, iniciativa que fue presentada por ERC e ICV?
DR. Que ERC e ICV fueron muy valientes presentando esta propuesta y que los parlamentarios que designaron para defenderla estudiaron algunos de los argumentos académicamente bien establecidos. Y que las derechas española, catalana y vasca no leyeron absolutamente nada, ni en diagonal, pero vieron claro que no les convenía.
Gara. En el caso del diputado del PNV, Emilio Olabarria, decía que la instauración de la renta básica supondría otorgar "derecho legal a no trabajar", ¿Qué opina?
DR. Bueno, no fue muy original, aunque por el tono juerguista que empleó, según pude leer en el Diario de sesiones, debía pensarse que era el colmo de la genialidad. Esta crítica, esgrimida por este diputado, ya salió una micromillonésima de segundo después de formularse por primera vez la propuesta de la RB hace más de 20 años. Período en el cual ha habido mucha producción académica que nadie tiene la obligación de leerse, pero sí al menos debería mirar una pequeña parte de ella antes de atreverse a decir alegremente muchas mentecatadas. Curiosamente, los que acostumbran a indignarse por este “derecho legal a no trabajar” (en general, cualquier derecha de las que el mundo habitan) pasan de puntillas ante la evidencia de que ya en la sociedad actual existen personas que viven opulentamente de renta.
Gara. El PSOE tampoco se muestra partidario de la iniciativa, ¿a qué obedece?
DR. Hay alguna gente en su interior, especialmente de las juventudes, que me consta que sí son partidarios de la propuesta. Como partido, hoy por hoy, es evidente que no apoyan la RB.
Gara. En su último libro, Las condiciones materiales de la libertad, afirma que si no se tienen unos recursos mínimos económicos, no se puede ser libre.
DR. Efectivamente. En el libro afirmo que para la bimilenaria concepción republicana de la libertad, una persona no es libre si no tiene la existencia material garantizada. Una persona no es libre si debe pedir cotidianamente permiso a otros para vivir (si “sólo puede vivir con su permiso”, en la afortunada y gráfica expresión de Marx). Evidentemente, la pobreza significa imposibilidad de consumir bienes necesarios, significa dificultades de integración en la comunidad, significa mayor propensión a incurrir en determinadas patologías sociales y significa, también, otras carencias materiales y sociales. Todo esto es muy conocido. Pero la pobreza, además de todo lo anterior, también significa la dependencia de la avidez de otros; significa ruptura de la autoestima; significa, finalmente, aislamiento social de quien la padece.
Si se parte, republicanamente, de la premisa de que igualdad y libertad no son dos objetivos a elegir independientemente uno del otro; si se parte de la convicción de que las grandes desigualdades sociales son un auténtico impedimento para la libertad de muchos millones de personas, entonces pocas explicaciones adicionales serán necesarias para poder comprender que los pobres no pueden ser libres. Y de forma inversa: esta falta de libertad de los pobres, la necesidad en que se hallan de pedir diariamente permiso a otros para poder subsistir alimenta a su vez un subsiguiente incremento de la desigualdad.
Gara. Este sistema de renta básica se podría trasladar al conjunto de la Unión Europea. ¿Cómo lo ve? ¿A medio plazo quizá podría ser posible?
DR. Sí, la propuesta de RB podría tener un ámbito tan grande como el de la UE. Desde el punto de vista técnico no habría muchos problemas. Desde el punto de vista político, claro está, hay muchos más. El que sea o no posible dependerá de la movilización social en su favor, de la defensa que hagan algunos partidos y movimientos sociales de la RB o de una combinación de todo ello.
Gara. El camino para la instauración de la renta básica está resultando bastante duro, ¿tiene fuerzas para seguir adelante con este propósito?
DR. Ninguna persona que se haya tomado políticamente en serio la propuesta de la RB creo que haya pensado nunca que el camino para su implantación iba a ser sencillo. Estamos hablando de una propuesta social que tendría consecuencias no pequeñas en ámbitos como: el trabajo asalariado, la dependencia de muchas mujeres, la autonomía de la mayoría de personas, la libertad de buena parte de la población, la pobreza, etc. Por todo ello, hay personas y grupos que consideran a la RB un “peligro” y hasta “algo diabólico” (recuérdese el debate parlamentario español a principios de octubre pasado al que ya se ha aludido). Una RB no interesa a estas personas y grupos. Se resisten, y seguirán haciéndolo. Es normal que así sea. Así pues el camino de la RB, como usted lo llama, es y seguirá siendo duro. Nada nuevo bajo el Sol.
Daniel Raventós es miembro del Comité de Redacción de SINPERMISO. Su último libro es Las condiciones materiales de la libertad (El Viejo Topo, 2007)
Juanjo Basterra
Gara
La Renta Básica (RB) se define como un pago monetario individual, universal e incondicional realizado por alguna administración pública sin ninguna condición adicional a la de ciudadanía o residencia acreditada. ¿Está calando esa propuesta entre la población a nivel general, europeo y mundial, por así decirlo?
Daniel Raventós. Sí, pero no al mismo paso. Hay países en donde la propuesta ya lleva años de discusión en distintos ámbitos (el mismo reino de España sería un ejemplo, Brasil sería otro con la promulgación de una ley hace ya 3 años de Renta Básica de Ciudadanía de aplicación gradual), y otros en donde ha surgido hace poco tiempo, pero con mucha fuerza (México es para mi el caso más claro). Lo que resulta indudable es la penetración cada vez más firme de esta propuesta en países fuera del ámbito europeo.
Gara. Una de las controversias más importantes que tiene vuestra propuesta (por lo menos la que más escucho entre quienes la han contemplado o estudiado de alguna manera) es la entrega a todas las personas, sean ricas o pobres, de una renta universal. ¿Puede explicar de una forma concisa y clara la vía impositiva que se aplicaría a unos y a otros para equilibrar ese desequilibrio inicial? También constatamos que quienes perdonan impuestos a los empresarios, por ejemplo, después nos dicen que no hay suficientes fondos económicos para hacer frente a una Renta Básica, como ocurre en la CAV ¿Cómo se financiaría vuestra renta básica?
DR. Que, por definición, todas las personas de un ámbito geográfico determinado recibieran la RB, no significa que todas salieran ganando. Los ricos, en toda propuesta de financiación para mi filosófica, social y políticamente interesante, pierden, aunque reciban la RB, porque deberían aportar más para poderla financiar. La mejor forma de explicarlo es mediante un estudio de simulación que hicimos hace poco para Catalunya y que Jordi Arcarons, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, está perfilando a lo largo de los últimos meses con muestras cada vez más completas. Mediante una reforma del IRPF, se podría financiar (entre otras muchas posibilidades) una RB de 5.414 euros anuales para toda la población catalana adulta y de 2.707 para toda la población menor de 18 años. Aproximadamente, el 15% más rico de la población perdería algo (el 2% más rico algo más que algo) respecto a la situación actual aunque recibiera una RB. El 65-70% con rentas más bajas (es decir, que ya nos situamos en capas de la población que no son ni mucho menos pobres) saldrían ganando respecto a la situación actual. Habría un 10-15% que se quedaría prácticamente igual que ahora.
Ser comprensivo con los impuestos de los empresarios es una opción social. La RB es otra opción social, bien diferente.
Gara. ¿Está de acuerdo con esta reducción de impuestos que se están aplicando a través del IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Patrimonio y Sucesiones a quienes más rentas poseen?
DR. No, claro que no. Especialmente la competición entre distintos estados por un lado para rebajar los impuestos de Sociedades, y dentro del territorio comprendido por el Estado español entre las distintas comunidades autónomas para ver quien ofrece pagar menos impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, no puede menos que resultar negativa. En la Europa de los 15, desde 1995 hasta nuestros días el impuesto de sociedades ha pasado del 38% a menos del 30%, y en la Europa de los 25, ha pasado del 35% a cerca del 20%. El gobierno del reino de España, para no ser menos, rebajó a finales de 2005 hasta el 30% (entonces estaba en el 35%) el impuesto de sociedades a las grandes empresas que facturan más de 8 millones de euros anuales. Y sigue con la intención de continuar haciéndolo. Quien más consecuentes han sido con esta forma de proceder han sido los paraísos fiscales. Y la cantidad de dinero que mueven los paraísos fiscales no es insignificante: supone la mitad de la actividad financiera mundial.
El gran constitucionalista estadounidense Cass Sunstein lo dijo no hace muchos años: “Los impuestos, lejos de ser una obstrucción a la libertad, son una condición necesaria de su existencia”.
Gara. En la propuesta de renta básica que aparece en el capítulo 8 de su libro Las condiciones materiales de la libertad (El Viejo Topo, 2007), hace referencia directa a una cantidad similar al SMI, ¿no habría que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional español mantiene una diferencia del 40% en relación a la media de los existentes en la Unión Europea? Es decir, ¿habría que recalcular esa cantidad?
DR. Lo que aparece en el capítulo 8 de mi libro es un cierto resumen del mencionado estudio de financiación al que ya me he referido. El estudio lo empezamos a hacer en el año 2003. Tomamos el SMI (12 pagas) que había en aquel momento. El criterio del SMI es uno entre otros. Existen otros posibles criterios como el umbral de la pobreza, la pensión media, etc. Nunca debe olvidarse: tan importante es la cantidad de RB como la forma de financiarla.
Gara. En la Comunidad Autonómica Vasca (CAV) tenemos una Renta Básica, que surgió de manera descafeinada de la Iniciativa Legislativa Popular que se denominó Carta de los Derechos Sociales ¿qué diferencia encuentra entre ésta y la que ustedes propugnan?
DR. La diferencia es muy clara. La RB de la CAV requiere, para poder recibirla, del cumplimiento de algunos requisitos que no requiere la RB que nosotros, la Red Renta Básica (sección del Basic Income Earth Network), defendemos. Como usted definía muy acertadamente en la primera pregunta, la RB no precisa de ninguna condición adicional a la de ciudadanía o residencia acreditada. No es el caso, obviamente, de la RB de la CAV.
Gara. ¿La necesidad de instaurar una renta básica universal supone la derrota del Estado de Bienestar?
DR. Esta es una pregunta difícil de responder en pocas palabras. En mi libro dedico un apartado precisamente a este punto. Allí intento argumentar que siempre hay quien, admirador del Estado de bienestar y partidario de la RB, esté muy dispuesto a forzar las compatibilidades. También hay quien, no tan admirador del Estado de bienestar y también partidario de la RB, no tiene el mínimo reparo en encontrar claros puntos de ruptura entre las concepción que inspiran uno y otro modelo. Siempre puede encontrarse a quien está más predispuesto a ver continuidades y a quien es más propenso a detectar rupturas. Ahora bien, si la RB supone una desmercantilización, aunque parcial, de la fuerza de trabajo, como algunos autores han mostrado; si la RB pudiera suponer una gran libertad para elegir el reparto que queremos hacer en nuestras vidas de los tres tipos de trabajo (remunerado, doméstico y voluntario); si la RB pudiera servir como caja de resistencia obrera para mantener huelgas que actualmente son difíciles de prolongar por la mengua del salario que comporta; si la RB sirviese para que muchas mujeres pudieran desligarse de la dependencia material de sus maridos; si la RB, en definitiva, pudiera servir para incrementar la libertad de una gran parte de la ciudadanía por disponer de la existencia material garantizada por primera vez en la historia de nuestra especie…; si todo ello, digo, fuera posible gracias a una RB, creo que hay razones de peso para mantener que los elementos de discontinuidad con respecto al Estado de bienestar (basado, entre otros “supuestos”, en el pleno empleo masculino, la seguridad en el puesto de trabajo y en los salarios) superan los elementos de continuidad. Después de 30 años de ofensiva, en parte ya ganada, por parte de los centros de decisión de las grandes transnacionales para acabar con la seguridad y el bienestar material que una gran parte de la población trabajadora de Europa Occidental y de América del Norte había conseguido, y después de los cambios estructurales que estos 30 años han supuesto, es razonable pensar que las cosas no volverán a ser como antes. En cualquier caso, si la RB pudiera servir para lograr estos decisivos objetivos tan brevemente enumerados, estaríamos hablando de un mundo con claras diferencias respecto el actual.
Gara. ¿Qué conclusiones saca del rechazo en el Congreso español de la propuesta de Renta Básica a inicios de octubre, iniciativa que fue presentada por ERC e ICV?
DR. Que ERC e ICV fueron muy valientes presentando esta propuesta y que los parlamentarios que designaron para defenderla estudiaron algunos de los argumentos académicamente bien establecidos. Y que las derechas española, catalana y vasca no leyeron absolutamente nada, ni en diagonal, pero vieron claro que no les convenía.
Gara. En el caso del diputado del PNV, Emilio Olabarria, decía que la instauración de la renta básica supondría otorgar "derecho legal a no trabajar", ¿Qué opina?
DR. Bueno, no fue muy original, aunque por el tono juerguista que empleó, según pude leer en el Diario de sesiones, debía pensarse que era el colmo de la genialidad. Esta crítica, esgrimida por este diputado, ya salió una micromillonésima de segundo después de formularse por primera vez la propuesta de la RB hace más de 20 años. Período en el cual ha habido mucha producción académica que nadie tiene la obligación de leerse, pero sí al menos debería mirar una pequeña parte de ella antes de atreverse a decir alegremente muchas mentecatadas. Curiosamente, los que acostumbran a indignarse por este “derecho legal a no trabajar” (en general, cualquier derecha de las que el mundo habitan) pasan de puntillas ante la evidencia de que ya en la sociedad actual existen personas que viven opulentamente de renta.
Gara. El PSOE tampoco se muestra partidario de la iniciativa, ¿a qué obedece?
DR. Hay alguna gente en su interior, especialmente de las juventudes, que me consta que sí son partidarios de la propuesta. Como partido, hoy por hoy, es evidente que no apoyan la RB.
Gara. En su último libro, Las condiciones materiales de la libertad, afirma que si no se tienen unos recursos mínimos económicos, no se puede ser libre.
DR. Efectivamente. En el libro afirmo que para la bimilenaria concepción republicana de la libertad, una persona no es libre si no tiene la existencia material garantizada. Una persona no es libre si debe pedir cotidianamente permiso a otros para vivir (si “sólo puede vivir con su permiso”, en la afortunada y gráfica expresión de Marx). Evidentemente, la pobreza significa imposibilidad de consumir bienes necesarios, significa dificultades de integración en la comunidad, significa mayor propensión a incurrir en determinadas patologías sociales y significa, también, otras carencias materiales y sociales. Todo esto es muy conocido. Pero la pobreza, además de todo lo anterior, también significa la dependencia de la avidez de otros; significa ruptura de la autoestima; significa, finalmente, aislamiento social de quien la padece.
Si se parte, republicanamente, de la premisa de que igualdad y libertad no son dos objetivos a elegir independientemente uno del otro; si se parte de la convicción de que las grandes desigualdades sociales son un auténtico impedimento para la libertad de muchos millones de personas, entonces pocas explicaciones adicionales serán necesarias para poder comprender que los pobres no pueden ser libres. Y de forma inversa: esta falta de libertad de los pobres, la necesidad en que se hallan de pedir diariamente permiso a otros para poder subsistir alimenta a su vez un subsiguiente incremento de la desigualdad.
Gara. Este sistema de renta básica se podría trasladar al conjunto de la Unión Europea. ¿Cómo lo ve? ¿A medio plazo quizá podría ser posible?
DR. Sí, la propuesta de RB podría tener un ámbito tan grande como el de la UE. Desde el punto de vista técnico no habría muchos problemas. Desde el punto de vista político, claro está, hay muchos más. El que sea o no posible dependerá de la movilización social en su favor, de la defensa que hagan algunos partidos y movimientos sociales de la RB o de una combinación de todo ello.
Gara. El camino para la instauración de la renta básica está resultando bastante duro, ¿tiene fuerzas para seguir adelante con este propósito?
DR. Ninguna persona que se haya tomado políticamente en serio la propuesta de la RB creo que haya pensado nunca que el camino para su implantación iba a ser sencillo. Estamos hablando de una propuesta social que tendría consecuencias no pequeñas en ámbitos como: el trabajo asalariado, la dependencia de muchas mujeres, la autonomía de la mayoría de personas, la libertad de buena parte de la población, la pobreza, etc. Por todo ello, hay personas y grupos que consideran a la RB un “peligro” y hasta “algo diabólico” (recuérdese el debate parlamentario español a principios de octubre pasado al que ya se ha aludido). Una RB no interesa a estas personas y grupos. Se resisten, y seguirán haciéndolo. Es normal que así sea. Así pues el camino de la RB, como usted lo llama, es y seguirá siendo duro. Nada nuevo bajo el Sol.
Daniel Raventós es miembro del Comité de Redacción de SINPERMISO. Su último libro es Las condiciones materiales de la libertad (El Viejo Topo, 2007)
Se agravarán problemas del ISSSTE desde el primer día de 2008: sindicato
Prevé incorporación de más de un millón de derechohabientes
Patricia Muñoz Ríos
El secretario general del sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Ricardo Pontigo, advirtió ayer que a partir de enero próximo se profundizarán los problemas de atención en el instituto, debido a que desde el primer día se incorporarán más de un millón de nuevos derechohabientes.
Lo anterior de debe a que se dará base a más de 300 mil trabajadores que actualmente están contratados como eventuales en el sector público.
En entrevista, planteó que al menos cada trabajador inscribirá en promedio a dos familiares, lo que va a provocar que la atención en clínicas y hospitales del instituto sea más deficiente.
Faltan cirujanos, anestesiólogos, ginecólogos y demás especialistas, y si no se crean estas plazas se va a acumular el número de cirugías pendientes y el servicio médico va a tener serios problemas. No se trata de una situación menor, ya que se está calculando que desde el primer día de 2008 el ISSSTE tendrá más de un millón de nuevos demandantes de servicio, señaló el dirigente, quien estimó que se requerirá la contratación de entre 5 y 7 mil trabajadores más, particularmente de la rama médica.
Destacó que lo grave es que aun cuando la Secretaría de Hacienda presupuestó lo referente al pago de salarios y prestaciones y esos recursos están contemplados para empezar a ejercerse desde el primer mes del año que entra, la Cámara de Diputados no dispuso ninguna partida para que el instituto haga frente al incremento de más de un millón de afiliados.
Pontigo aclaró que los recursos destinados al ISSSTE son de aproximadamente 79 mil millones de pesos, los cuales ni siquiera alcanzan para la operación actual.
Patricia Muñoz Ríos
El secretario general del sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Ricardo Pontigo, advirtió ayer que a partir de enero próximo se profundizarán los problemas de atención en el instituto, debido a que desde el primer día se incorporarán más de un millón de nuevos derechohabientes.
Lo anterior de debe a que se dará base a más de 300 mil trabajadores que actualmente están contratados como eventuales en el sector público.
En entrevista, planteó que al menos cada trabajador inscribirá en promedio a dos familiares, lo que va a provocar que la atención en clínicas y hospitales del instituto sea más deficiente.
Faltan cirujanos, anestesiólogos, ginecólogos y demás especialistas, y si no se crean estas plazas se va a acumular el número de cirugías pendientes y el servicio médico va a tener serios problemas. No se trata de una situación menor, ya que se está calculando que desde el primer día de 2008 el ISSSTE tendrá más de un millón de nuevos demandantes de servicio, señaló el dirigente, quien estimó que se requerirá la contratación de entre 5 y 7 mil trabajadores más, particularmente de la rama médica.
Destacó que lo grave es que aun cuando la Secretaría de Hacienda presupuestó lo referente al pago de salarios y prestaciones y esos recursos están contemplados para empezar a ejercerse desde el primer mes del año que entra, la Cámara de Diputados no dispuso ninguna partida para que el instituto haga frente al incremento de más de un millón de afiliados.
Pontigo aclaró que los recursos destinados al ISSSTE son de aproximadamente 79 mil millones de pesos, los cuales ni siquiera alcanzan para la operación actual.
Operativos militares retrasan la liberación de rehenes: Piedad Córdoba
Hoy anuncia Hugo Chávez la “fórmula” para la entrega de tres cautivos de las FARC
El Ejecutivo colombiano insiste en que ve con buenos ojos “el gesto” de los rebeldes
Comités de apoyo a Ingrid Betancourt piden a guerrilla y gobierno “actuar por la paz”
Afp, Dpa y Reuters
Juan Carlos Lecompte, esposo de la ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt, lanzó desde una avioneta fotos de los hijos de la rehén de las FARC sobre la selva colombiana, como regalo de Navidad Foto: Ap
Caracas, 25 de diciembre. La liberación de tres de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos un niño nacido en cautiverio, se ha venido retrasando a una semana de su anuncio debido a los operativos militares que mantienen las fuerzas armadas de Colombia en la frontera con Venezuela, denunció la senadora colombiana Piedad Córdoba.
Por lo pronto, el gobierno venezolano anunció que el presidente Hugo Chávez revelará la “fórmula para la liberación de los tres retenidos” que la guerrilla colombiana se comprometió a entregarle durante una conferencia de prensa este miércoles a las 11:00 horas local.
Córdoba, quien previamente había confiado en que la liberación ocurriría entre el 25 y 26 de este mes, afirmó que la persistencia de operativos militares en Colombia “puede dar lugar a que de pronto se pueda atrasar” la liberación, aunque el gobierno colombiano negó cualquier operación orientada a impedir la entrega.
La Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), que difunde información de las FARC desde Europa, también atribuyó a operaciones militares de Colombia como el factor que dificulta la entrega a Venezuela de los tres cautivos, y afirmó que sus vidas “corren grave peligro” debido a tales acciones.
“Era lo menos que podía esperarse del régimen uribista. Bogotá nunca ha hablado con seriedad y transparencia sobre el tema del intercambio o canje de prisioneros”, agregó la agencia. Recientemente el régimen colombiano interceptó y capturó a tres emisarios de la insurgencia que iban a entregar pruebas de vida de varios de los rehenes.
La senadora Córdoba, que junto a Chávez fungió como mediadora en la búsqueda del intercambio de 45 rehenes de las FARC por 500 guerrilleros presos hasta que el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, los cesó en esa labor el 21 de noviembre, dijo el lunes que los rehenes “no han aparecido y de momento no hay nada”.
Entre los rehenes canjeables figura la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien este 25 de diciembre cumplió 46 años, casi seis de ellos en cautiverio, así como tres estadunidenses contratistas del Departamento de Estado, y decenas de políticos, policías y militares.
Mientras el presidente Chávez se encontraba con su familia en su natal estado de Barinas, donde pasó la Nochebuena, el ministro de Información, Willian Lara, informó sobre la conferencia de prensa que dará el mandatario este miércoles en el palacio de Miraflores en la que dará a conocer la “fórmula” para la entrega de los retenidos.
La entrega de Clara Rojas, de 44 años, quien fue compañera de fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, su hijo Emmanuel, de tres años, y la ex congresista Consuelo González, de 57, es esperada desde el martes de la semana pasada, cuando las FARC anunciaron haber impartido la orden de liberación.
Aunque fue calificada de un “buen regalo de Navidad” por Chávez, la liberación se ha dilatado.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, insistió en negar que su gobierno esté interfiriendo con acciones militares la entrega de los tres rehenes, y sostuvo que más bien es favorable a que “este propósito humanitario se consume”. También reiteró que ven “con buenos ojos” que las FARC tengan este gesto hacia el presidente Chávez.
El mandatario colombiano envió el lunes un mensaje de Navidad a los rehenes. “Quiero hacerles llegar un saludo de Navidad a los secuestrados, con la esperanza de que los liberen rápido”, indicó, al parecer en respuesta a un llamado de la familia Betancourt de que el mandatario coadyuvara aunque fuera con un mensaje.
La zona fronteriza colombo-venezolana, extenso escenario con habitual presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes comunes, se ha mantenido sin mayor despliegue militar del lado venezolano y del colombiano, según han constatado periodistas.
Esa zona fue recorrida el fin de semana por Juan Carlos Lecompte, marido de Betancourt, quien realizó una travesía en avión por las selvas colombianas lanzando miles de fotografías de los hijos de la secuestrada, Melanie y Lorenzo Delloye Betancourt, como regalo de Navidad y cumpleaños para su esposa.
Asimismo, los comités de apoyo a Betancourt enviaron un saludo navideño a Uribe y al máximo líder insurgente Manuel Marulanda, a quienes pidieron que con otros jefes de Estado influyentes actúen “por la paz en Colombia”.
El Ejecutivo colombiano insiste en que ve con buenos ojos “el gesto” de los rebeldes
Comités de apoyo a Ingrid Betancourt piden a guerrilla y gobierno “actuar por la paz”
Afp, Dpa y Reuters
Juan Carlos Lecompte, esposo de la ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt, lanzó desde una avioneta fotos de los hijos de la rehén de las FARC sobre la selva colombiana, como regalo de Navidad Foto: ApCaracas, 25 de diciembre. La liberación de tres de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos un niño nacido en cautiverio, se ha venido retrasando a una semana de su anuncio debido a los operativos militares que mantienen las fuerzas armadas de Colombia en la frontera con Venezuela, denunció la senadora colombiana Piedad Córdoba.
Por lo pronto, el gobierno venezolano anunció que el presidente Hugo Chávez revelará la “fórmula para la liberación de los tres retenidos” que la guerrilla colombiana se comprometió a entregarle durante una conferencia de prensa este miércoles a las 11:00 horas local.
Córdoba, quien previamente había confiado en que la liberación ocurriría entre el 25 y 26 de este mes, afirmó que la persistencia de operativos militares en Colombia “puede dar lugar a que de pronto se pueda atrasar” la liberación, aunque el gobierno colombiano negó cualquier operación orientada a impedir la entrega.
La Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), que difunde información de las FARC desde Europa, también atribuyó a operaciones militares de Colombia como el factor que dificulta la entrega a Venezuela de los tres cautivos, y afirmó que sus vidas “corren grave peligro” debido a tales acciones.
“Era lo menos que podía esperarse del régimen uribista. Bogotá nunca ha hablado con seriedad y transparencia sobre el tema del intercambio o canje de prisioneros”, agregó la agencia. Recientemente el régimen colombiano interceptó y capturó a tres emisarios de la insurgencia que iban a entregar pruebas de vida de varios de los rehenes.
La senadora Córdoba, que junto a Chávez fungió como mediadora en la búsqueda del intercambio de 45 rehenes de las FARC por 500 guerrilleros presos hasta que el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, los cesó en esa labor el 21 de noviembre, dijo el lunes que los rehenes “no han aparecido y de momento no hay nada”.
Entre los rehenes canjeables figura la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien este 25 de diciembre cumplió 46 años, casi seis de ellos en cautiverio, así como tres estadunidenses contratistas del Departamento de Estado, y decenas de políticos, policías y militares.
Mientras el presidente Chávez se encontraba con su familia en su natal estado de Barinas, donde pasó la Nochebuena, el ministro de Información, Willian Lara, informó sobre la conferencia de prensa que dará el mandatario este miércoles en el palacio de Miraflores en la que dará a conocer la “fórmula” para la entrega de los retenidos.
La entrega de Clara Rojas, de 44 años, quien fue compañera de fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, su hijo Emmanuel, de tres años, y la ex congresista Consuelo González, de 57, es esperada desde el martes de la semana pasada, cuando las FARC anunciaron haber impartido la orden de liberación.
Aunque fue calificada de un “buen regalo de Navidad” por Chávez, la liberación se ha dilatado.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, insistió en negar que su gobierno esté interfiriendo con acciones militares la entrega de los tres rehenes, y sostuvo que más bien es favorable a que “este propósito humanitario se consume”. También reiteró que ven “con buenos ojos” que las FARC tengan este gesto hacia el presidente Chávez.
El mandatario colombiano envió el lunes un mensaje de Navidad a los rehenes. “Quiero hacerles llegar un saludo de Navidad a los secuestrados, con la esperanza de que los liberen rápido”, indicó, al parecer en respuesta a un llamado de la familia Betancourt de que el mandatario coadyuvara aunque fuera con un mensaje.
La zona fronteriza colombo-venezolana, extenso escenario con habitual presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes comunes, se ha mantenido sin mayor despliegue militar del lado venezolano y del colombiano, según han constatado periodistas.
Esa zona fue recorrida el fin de semana por Juan Carlos Lecompte, marido de Betancourt, quien realizó una travesía en avión por las selvas colombianas lanzando miles de fotografías de los hijos de la secuestrada, Melanie y Lorenzo Delloye Betancourt, como regalo de Navidad y cumpleaños para su esposa.
Asimismo, los comités de apoyo a Betancourt enviaron un saludo navideño a Uribe y al máximo líder insurgente Manuel Marulanda, a quienes pidieron que con otros jefes de Estado influyentes actúen “por la paz en Colombia”.
Censura Canacintra situación del empleo
Víctor Cardoso
Contrario al triunfalismo oficial en materia de empleo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) criticó los resultados del actual gobierno y cuestionó que más de la mitad de las fuentes creadas cayeran en la categoría de “temporales”. De acuerdo con análisis del organismo, “el empleo ha sido el indicador macro que no ha tenido los resultados esperados durante la presente administración”. Más aún, la Canacintra pronosticó que la tasa de desempleo abierto se elevará al menos un punto porcentual, al pasar de 3.4 por ciento este año, a 3.5 por ciento de la población económicamente activa en 2008. El organismo que concentra a 42 mil empresarios dedicados a la producción industrial en 95 ramas advirtió sobre la necesidad de que a partir del año entrante “promover la generación de empleo, el progreso y la expansión de actividades productivas, así como fomentar la permanente modernización tecnológica de la industria y la instrumentación de normas para la mayor eficiencia económica en la administración y operación de las empresas”. En materia del empleo, el cálculo de la Canacintra para 2008 de 3.5 por ciento se encuentra cercano a los niveles reportados para noviembre pasado de 3.46 por ciento, según un reporte de la casa de bolsa Invex.
Contrario al triunfalismo oficial en materia de empleo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) criticó los resultados del actual gobierno y cuestionó que más de la mitad de las fuentes creadas cayeran en la categoría de “temporales”. De acuerdo con análisis del organismo, “el empleo ha sido el indicador macro que no ha tenido los resultados esperados durante la presente administración”. Más aún, la Canacintra pronosticó que la tasa de desempleo abierto se elevará al menos un punto porcentual, al pasar de 3.4 por ciento este año, a 3.5 por ciento de la población económicamente activa en 2008. El organismo que concentra a 42 mil empresarios dedicados a la producción industrial en 95 ramas advirtió sobre la necesidad de que a partir del año entrante “promover la generación de empleo, el progreso y la expansión de actividades productivas, así como fomentar la permanente modernización tecnológica de la industria y la instrumentación de normas para la mayor eficiencia económica en la administración y operación de las empresas”. En materia del empleo, el cálculo de la Canacintra para 2008 de 3.5 por ciento se encuentra cercano a los niveles reportados para noviembre pasado de 3.46 por ciento, según un reporte de la casa de bolsa Invex.
Reprueban exámenes de confianza 59% de empleados de la PFP, según el IFAI
Gustavo Castillo García
Desde su creación en diciembre de 2000 al 31 de julio de 2007, 59 por ciento del personal de la Policía Federal Preventiva (PFP), resultó “no apto” en los exámenes de confianza practicados a los integrantes de la corporación, revelan datos obtenidos mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información pública (IFAI), mediante la solicitud 0002200105407.
Según la respuesta dada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, durante estos años un total de 18 mil 214 aspirantes a servidores públicos fueron sometidos a exámenes poligráficos, toxicológicos, entorno social, médicos y de aptitud; sin embargo, la corporación apenas cuenta con poco más de 15 mil efectivos.
A pesar de lo anterior, resulta que a lo largo de la existencia de la corporación se han realizado un total de 51 mil un exámenes de confianza a personal ya contratado, y 30 mil 95 han resultado “no aptos”.
Es decir, 59 por ciento de los servidores públicos evaluados reprobó alguna o varias de las pruebas; aun así no es posible definir cuántos fueron dados de baja por no cubrir los requerimientos para formar parte de esa corporación que en su mayoría está integrado por militares con licencia para desempeñar tareas policiacas.
De acuerdo con las estadísticas, durante 2000 se aplicaron 5 mil 864 pruebas y 3 mil 16 examinados resultaron no aptos; en 2001, de 6 mil 503 evaluados, 2 mil 500 no aprobaron; para 2002, 7 mil 34 fueron sometidos a la batería de pruebas y 3 mil 729 no pasaron; en 2003, 8 mil 964 servidores públicos se sometieron a examen y 6 mil 279 resultaron no aptos.
2004, año en que más miembros de la corporación resultaron “no aptos”
De las evaluaciones surge que el año que menos servidores públicos de la PFP resultaron no aptos fue 2004. En ese año, 5 mil 121 examinados, es decir, 76.7 por ciento de 6 mil 671, reprobó alguna de las pruebas.
Para 2005, el porcentaje de “no aptos” llegó a 66.9 por ciento. De un total de 5 mil 921 examinados, 3 mil 962 reprobaron los exámenes que se realizan para permanencia o ascenso.
En 2006, las estadísticas refieren que fueron evaluados 6 mil 611 empleados de la PFP: 65.9 por ciento fueron considerados “no aptos”.
Hasta el 31 de julio del año que termina se habían aplicado 3 mil 433 exámenes; de éstos, mil 131 –es decir 32.9 por ciento–, no superaron las pruebas.
De acuerdo con las cifras obtenidas, “el personal acreditó las evaluaciones por área de adscripción, con motivo de la licencia oficial colectiva de portación de armas de fuego, en el periodo comprendido del año 2000 al 31 de julio de 2007”; la mayor parte de los exámenes se aplicaron a personal adscrito a la sección de Seguridad Regional, área a la cual se sumaron los integrantes de la extinta Policía Federal de Caminos, con un total de 11 mil 948.
Sin embargo, la información dada a conocer por la SSP federal, no es exacta ya que únicamente proporciona cifras de 2003 a julio de 2007.
Durante este periodo se aplicaron 4 mil 689 pruebas a integrantes de las Fuerzas Federales de Apoyo, segundo sector en estado de fuerza dentro de la PFP.
En tanto, el área de Inteligencia para la Prevención registró un total de 4 mil 315 evaluaciones; en el área del Estado Mayor de la PFP, se han realizado 251 exámenes; en el Instituto de Formación han sido examinados 109 servidores públicos en casi ocho años de existencia.
Respecto a los llamados Servicios Técnicos, se han aplicado 114 evaluaciones, y desde 2005 no se han realizado pruebas de confianza; en Transportes Aéreos, por lo menos hasta julio de este año no se había evaluado a nadie, y durante la existencia de la PFP apenas se han aplicado 103 exámenes.
Al personal de la unidad de Administración y Servicios si bien no se le aplicaron exámenes en 2006, en el año que termina apenas se hizo una sola evaluación, y de 2003 a julio de este año fueron evaluados 199 servidores públicos.
En la llamada Unidad de Desarrollo, se han aplicado 41 pruebas de 2003 a julio de 2007,pues en el primer semestre de este año no se había examinado a nadie; por lo que hace al área de Asuntos Jurídicos, no hubo evaluación alguna entre 2003 y 2004; durante 2005 se aplico una sola batería de exámenes, y desde 2006 ninguna.
Por lo que hace al área de Vinculación y Comunicación Social, en 2003 no se aplicó ninguna prueba, para 2004, una; en 2005, 59, y ninguna desde ese año.
Para el próximo año, la Seguridad Pública Federal espera consolidar su proyecto de contar con un centro nacional de evaluación, que permita examinar anualmente a cien mil policías, tomando en cuenta que se pretende auscultar a todos los uniformados del país, en busca de que las corporaciones cuenten con mejores elementos.
Desde su creación en diciembre de 2000 al 31 de julio de 2007, 59 por ciento del personal de la Policía Federal Preventiva (PFP), resultó “no apto” en los exámenes de confianza practicados a los integrantes de la corporación, revelan datos obtenidos mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información pública (IFAI), mediante la solicitud 0002200105407.
Según la respuesta dada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, durante estos años un total de 18 mil 214 aspirantes a servidores públicos fueron sometidos a exámenes poligráficos, toxicológicos, entorno social, médicos y de aptitud; sin embargo, la corporación apenas cuenta con poco más de 15 mil efectivos.
A pesar de lo anterior, resulta que a lo largo de la existencia de la corporación se han realizado un total de 51 mil un exámenes de confianza a personal ya contratado, y 30 mil 95 han resultado “no aptos”.
Es decir, 59 por ciento de los servidores públicos evaluados reprobó alguna o varias de las pruebas; aun así no es posible definir cuántos fueron dados de baja por no cubrir los requerimientos para formar parte de esa corporación que en su mayoría está integrado por militares con licencia para desempeñar tareas policiacas.
De acuerdo con las estadísticas, durante 2000 se aplicaron 5 mil 864 pruebas y 3 mil 16 examinados resultaron no aptos; en 2001, de 6 mil 503 evaluados, 2 mil 500 no aprobaron; para 2002, 7 mil 34 fueron sometidos a la batería de pruebas y 3 mil 729 no pasaron; en 2003, 8 mil 964 servidores públicos se sometieron a examen y 6 mil 279 resultaron no aptos.
2004, año en que más miembros de la corporación resultaron “no aptos”
De las evaluaciones surge que el año que menos servidores públicos de la PFP resultaron no aptos fue 2004. En ese año, 5 mil 121 examinados, es decir, 76.7 por ciento de 6 mil 671, reprobó alguna de las pruebas.
Para 2005, el porcentaje de “no aptos” llegó a 66.9 por ciento. De un total de 5 mil 921 examinados, 3 mil 962 reprobaron los exámenes que se realizan para permanencia o ascenso.
En 2006, las estadísticas refieren que fueron evaluados 6 mil 611 empleados de la PFP: 65.9 por ciento fueron considerados “no aptos”.
Hasta el 31 de julio del año que termina se habían aplicado 3 mil 433 exámenes; de éstos, mil 131 –es decir 32.9 por ciento–, no superaron las pruebas.
De acuerdo con las cifras obtenidas, “el personal acreditó las evaluaciones por área de adscripción, con motivo de la licencia oficial colectiva de portación de armas de fuego, en el periodo comprendido del año 2000 al 31 de julio de 2007”; la mayor parte de los exámenes se aplicaron a personal adscrito a la sección de Seguridad Regional, área a la cual se sumaron los integrantes de la extinta Policía Federal de Caminos, con un total de 11 mil 948.
Sin embargo, la información dada a conocer por la SSP federal, no es exacta ya que únicamente proporciona cifras de 2003 a julio de 2007.
Durante este periodo se aplicaron 4 mil 689 pruebas a integrantes de las Fuerzas Federales de Apoyo, segundo sector en estado de fuerza dentro de la PFP.
En tanto, el área de Inteligencia para la Prevención registró un total de 4 mil 315 evaluaciones; en el área del Estado Mayor de la PFP, se han realizado 251 exámenes; en el Instituto de Formación han sido examinados 109 servidores públicos en casi ocho años de existencia.
Respecto a los llamados Servicios Técnicos, se han aplicado 114 evaluaciones, y desde 2005 no se han realizado pruebas de confianza; en Transportes Aéreos, por lo menos hasta julio de este año no se había evaluado a nadie, y durante la existencia de la PFP apenas se han aplicado 103 exámenes.
Al personal de la unidad de Administración y Servicios si bien no se le aplicaron exámenes en 2006, en el año que termina apenas se hizo una sola evaluación, y de 2003 a julio de este año fueron evaluados 199 servidores públicos.
En la llamada Unidad de Desarrollo, se han aplicado 41 pruebas de 2003 a julio de 2007,pues en el primer semestre de este año no se había examinado a nadie; por lo que hace al área de Asuntos Jurídicos, no hubo evaluación alguna entre 2003 y 2004; durante 2005 se aplico una sola batería de exámenes, y desde 2006 ninguna.
Por lo que hace al área de Vinculación y Comunicación Social, en 2003 no se aplicó ninguna prueba, para 2004, una; en 2005, 59, y ninguna desde ese año.
Para el próximo año, la Seguridad Pública Federal espera consolidar su proyecto de contar con un centro nacional de evaluación, que permita examinar anualmente a cien mil policías, tomando en cuenta que se pretende auscultar a todos los uniformados del país, en busca de que las corporaciones cuenten con mejores elementos.
Al final las televisoras lograron imponer su poderío ante el Senado
Andrea Becerril
El recién concluido periodo de sesiones del primer año de la 60 Legislatura en el Senado fue uno de los más intensos y controvertidos que se recuerden, ya que la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral confrontó a las tres principales fuerzas políticas con uno de los poderes fácticos del país: las televisoras.
Aunque se aprobaron 43 modificaciones legales y se crearon ocho nuevas leyes, la controversia giró en torno a las dos reformas constitucionales, la judicial y la electoral, sobre todo esta última.
Fueron cuatro meses de enfrentamiento entre el Congreso y los concesionarios de las poderosas cadenas de televisión y de radio, los que no dudaron en usar sus pantallas y micrófonos –e incluso se enlazaron en cadena nacional en dos ocasiones– para tratar de frenar las modificaciones constitucionales que finalmente se aprobaron y que, entre otras cosas, establecen una nueva relación entre partidos políticos, candidatos y medios electrónicos.
Si bien los dueños de Televisa y Tv Azteca no pudieron detener la reforma constitucional, que se aprobó el 11 de septiembre, a pesar de que insistieron en que es violatoria de la libertad de expresión, lograron en cambio que en las modificaciones a una de las principales leyes secundarias, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), las sanciones a radiodifusoras por violar los ordenamientos en materia de difusión de asuntos comiciales se suavizaran al máximo.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que el periodo que se clausuró el pasado día 13 estuvo caracterizado por claroscuros, ya que la reforma electoral “es un logro importante” de todas las fuerzas políticas, pues elimina muchos de los puntos que permitieron el fraude electoral de julio del 2006, pero frente a ello se aprobó también, ahí sólo con el voto del PRI y el PAN, la reforma sobre justicia, que es un retroceso en materia de derechos humanos.
Un día antes de que se votara la reforma electoral, el 11 de septiembre, las dos televisoras enviaron a los conductores de sus noticiarios estelares –Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre–, de sus programas de chismorreo, como Paty Chapoy, y a los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para reclamar por “la violación a la libertad de expresión”.
Una semana antes, las campañas en sus emisoras las centraron en una supuesta vulnerabilidad a la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), por la decisión de PRI, PAN y PRD de establecer nombramientos escalonados en ese organismo, con la finalidad de que saliera el presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, y cinco consejeros más.
Durante esa reunión del 11 de septiembre en el Senado, el duopolio televisivo mostró el motivo real de su enojo: la supresión de propaganda electoral pagada en medios electrónicos, ya que la nueva disposición en la Carta Magna es que los partidos y candidatos se promuevan en época electoral mediante los tiempos oficiales. “¡Nos van a arruinar el rating!”, exclamó el dueño de Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga.
La supresión de los espots pagados les significa dejar de cobrar miles de millones de pesos, pero también menor influencia, ya que no podrán impulsar a algún candidato ni emprender guerras sucias contra algún partido o aspirante a cargo de elección popular.
La defensa de sus intereses económicos en cadena nacional y de manera insolente y arrogante –Pedro Ferriz de Con hasta los amenazó e injurió– sólo los exhibió ante la opinión pública, ya que ese mismo día se aprobó en comisiones el dictamen y un día después, ante el pleno, se votó la reforma electoral.
“Es el primer paso para reordenar a los grupos de presión”, advirtió ante el pleno el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel. “Podrán doblar a un político, pero nunca al Estado”, expresó a su vez el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Ambos, por cierto, salen ya muy poco en televisión. En el caso de Creel, a pesar de que antes de dejar la Secretaría de Gobernación –en el pasado sexenio foxista– aprobó decenas de permisos para instalar casas de juego y apuestas de Televisa, está vetado y no aparece en sus pantallas.
Aunque el Senado ganó esta primera batalla, en la segunda debió recular, ya que las televisoras estuvieron muy pendientes de la ley secundaria, de las reformas al Cofipe y se lanzaron a fondo, de nuevo escudados en una presunta defensa de la libertad de expresión, para reducir al mínimo las sanciones.
En el nuevo Cofipe, que se negoció durante dos meses, se establecen penalidades para los partidos políticos, los candidatos, para organizaciones empresariales y sindicales y para las televisoras y radiodifusoras que infrinjan las disposiciones en materia electoral.
En un principio se valoró establecer como sanción máxima, en el caso de violaciones reiteradas al Cofipe, sacar un mes del aire a las emisoras de radio o de televisión infractoras, lo que quedó en un primer proyecto de dictamen en un día como máximo como pantalla negra.
Al presentarse el dictamen esa sanción máxima quedó sólo en sacar del aire de una a 36 horas la publicidad comercial de las estaciones de radio o televisión, y un día antes de que se votara, las sanciones se suavizaron aún más, ya que se decidió que aplicarán sólo en casos de que contraten publicidad electoral o difundan mensajes y programas no contratados por el IFE.
En esos términos se aprobó el Cofipe, con el voto en contra de PT y Convergencia, que se sintieron lesionados por las nuevas disposiciones por las que, en caso de contender en coalición, están obligados a demostrar su fuerza real, aunque les permiten sobrevivir con la cláusula de vida eterna.
En ese juego de claroscuros, como lo describió el perredista Navarrete, lo oscuro en el Senado fue la aprobación por PRI, PAN y Verde Ecologista, el último día del periodo, de la reforma en materia de justicia.
Después de varios meses de discusión, con la opinión en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y juristas destacados, el Senado avaló la minuta que los priístas en San Lázaro habían aprobado y que incluye arraigos, cateos y allanamientos de domicilios por parte de la policía, sin orden judicial.
El 13 de diciembre, luego de varias horas de discusión, el Senado la aprobó, pero le hizo dos cambios, por lo que se regresó a la Cámara de Diputados. El debate se prolongó hasta la madrugada del viernes 14, ya que los perredistas, sobre todo Pablo Gómez y Ricardo Monreal, intentaron que se modificaran o suprimieran los aspectos más peligrosos de la reforma.
No lograron, ya que la mayoría de priístas y panistas, con muchas copas encima a esa hora, rechazaron todas las propuestas para cambiar las disposiciones que violan garantías consagradas en la propia Constitución.
El recién concluido periodo de sesiones del primer año de la 60 Legislatura en el Senado fue uno de los más intensos y controvertidos que se recuerden, ya que la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral confrontó a las tres principales fuerzas políticas con uno de los poderes fácticos del país: las televisoras.
Aunque se aprobaron 43 modificaciones legales y se crearon ocho nuevas leyes, la controversia giró en torno a las dos reformas constitucionales, la judicial y la electoral, sobre todo esta última.
Fueron cuatro meses de enfrentamiento entre el Congreso y los concesionarios de las poderosas cadenas de televisión y de radio, los que no dudaron en usar sus pantallas y micrófonos –e incluso se enlazaron en cadena nacional en dos ocasiones– para tratar de frenar las modificaciones constitucionales que finalmente se aprobaron y que, entre otras cosas, establecen una nueva relación entre partidos políticos, candidatos y medios electrónicos.
Si bien los dueños de Televisa y Tv Azteca no pudieron detener la reforma constitucional, que se aprobó el 11 de septiembre, a pesar de que insistieron en que es violatoria de la libertad de expresión, lograron en cambio que en las modificaciones a una de las principales leyes secundarias, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), las sanciones a radiodifusoras por violar los ordenamientos en materia de difusión de asuntos comiciales se suavizaran al máximo.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que el periodo que se clausuró el pasado día 13 estuvo caracterizado por claroscuros, ya que la reforma electoral “es un logro importante” de todas las fuerzas políticas, pues elimina muchos de los puntos que permitieron el fraude electoral de julio del 2006, pero frente a ello se aprobó también, ahí sólo con el voto del PRI y el PAN, la reforma sobre justicia, que es un retroceso en materia de derechos humanos.
Un día antes de que se votara la reforma electoral, el 11 de septiembre, las dos televisoras enviaron a los conductores de sus noticiarios estelares –Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre–, de sus programas de chismorreo, como Paty Chapoy, y a los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para reclamar por “la violación a la libertad de expresión”.
Una semana antes, las campañas en sus emisoras las centraron en una supuesta vulnerabilidad a la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), por la decisión de PRI, PAN y PRD de establecer nombramientos escalonados en ese organismo, con la finalidad de que saliera el presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, y cinco consejeros más.
Durante esa reunión del 11 de septiembre en el Senado, el duopolio televisivo mostró el motivo real de su enojo: la supresión de propaganda electoral pagada en medios electrónicos, ya que la nueva disposición en la Carta Magna es que los partidos y candidatos se promuevan en época electoral mediante los tiempos oficiales. “¡Nos van a arruinar el rating!”, exclamó el dueño de Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga.
La supresión de los espots pagados les significa dejar de cobrar miles de millones de pesos, pero también menor influencia, ya que no podrán impulsar a algún candidato ni emprender guerras sucias contra algún partido o aspirante a cargo de elección popular.
La defensa de sus intereses económicos en cadena nacional y de manera insolente y arrogante –Pedro Ferriz de Con hasta los amenazó e injurió– sólo los exhibió ante la opinión pública, ya que ese mismo día se aprobó en comisiones el dictamen y un día después, ante el pleno, se votó la reforma electoral.
“Es el primer paso para reordenar a los grupos de presión”, advirtió ante el pleno el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel. “Podrán doblar a un político, pero nunca al Estado”, expresó a su vez el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Ambos, por cierto, salen ya muy poco en televisión. En el caso de Creel, a pesar de que antes de dejar la Secretaría de Gobernación –en el pasado sexenio foxista– aprobó decenas de permisos para instalar casas de juego y apuestas de Televisa, está vetado y no aparece en sus pantallas.
Aunque el Senado ganó esta primera batalla, en la segunda debió recular, ya que las televisoras estuvieron muy pendientes de la ley secundaria, de las reformas al Cofipe y se lanzaron a fondo, de nuevo escudados en una presunta defensa de la libertad de expresión, para reducir al mínimo las sanciones.
En el nuevo Cofipe, que se negoció durante dos meses, se establecen penalidades para los partidos políticos, los candidatos, para organizaciones empresariales y sindicales y para las televisoras y radiodifusoras que infrinjan las disposiciones en materia electoral.
En un principio se valoró establecer como sanción máxima, en el caso de violaciones reiteradas al Cofipe, sacar un mes del aire a las emisoras de radio o de televisión infractoras, lo que quedó en un primer proyecto de dictamen en un día como máximo como pantalla negra.
Al presentarse el dictamen esa sanción máxima quedó sólo en sacar del aire de una a 36 horas la publicidad comercial de las estaciones de radio o televisión, y un día antes de que se votara, las sanciones se suavizaron aún más, ya que se decidió que aplicarán sólo en casos de que contraten publicidad electoral o difundan mensajes y programas no contratados por el IFE.
En esos términos se aprobó el Cofipe, con el voto en contra de PT y Convergencia, que se sintieron lesionados por las nuevas disposiciones por las que, en caso de contender en coalición, están obligados a demostrar su fuerza real, aunque les permiten sobrevivir con la cláusula de vida eterna.
En ese juego de claroscuros, como lo describió el perredista Navarrete, lo oscuro en el Senado fue la aprobación por PRI, PAN y Verde Ecologista, el último día del periodo, de la reforma en materia de justicia.
Después de varios meses de discusión, con la opinión en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y juristas destacados, el Senado avaló la minuta que los priístas en San Lázaro habían aprobado y que incluye arraigos, cateos y allanamientos de domicilios por parte de la policía, sin orden judicial.
El 13 de diciembre, luego de varias horas de discusión, el Senado la aprobó, pero le hizo dos cambios, por lo que se regresó a la Cámara de Diputados. El debate se prolongó hasta la madrugada del viernes 14, ya que los perredistas, sobre todo Pablo Gómez y Ricardo Monreal, intentaron que se modificaran o suprimieran los aspectos más peligrosos de la reforma.
No lograron, ya que la mayoría de priístas y panistas, con muchas copas encima a esa hora, rechazaron todas las propuestas para cambiar las disposiciones que violan garantías consagradas en la propia Constitución.
Desempleo, migración y escasez
De acuerdo con las 300 organizaciones participantes de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano Sin Maíz No Hay País, desde que se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, el país ha sufrido las siguientes consecuencias directas:
1. La pérdida de 2 millones de empleos agropecuarios. Además, cada año emigran a Estados Unidos 300 mil personas originarias del sector rural. Diversas instituciones han demostrado que de 1980 a 2002 la migración campesina de México hacia Estados Unidos creció 500 por ciento.
2. La producción de alimentos se estancó y la dependencia alimentaria aumenta cada año, con lo cual se impone una lógica perversa: emigran los campesinos y se importan alimentos producidos en el agro estadunidense, pagando por ellos más de 100 mil millones de pesos anuales.
3. México importa más de 10 mil millones de dólares en alimentos que podrían ser abastecidos por productores nacionales si contaran con el apoyo adecuado.
4. En Sonora la falta de créditos obligó a 70 por ciento de los agricultores comunitarios a vender sus tierras a las grandes empresas comerciales. En el sur del país se redujo a la mitad el número de pequeños agricultores con acceso a crédito, además de que aumentaron considerablemente las tasas de interés.
5. Las importaciones de maíz de Estados Unidos se duplicaron en dos años y el grano se paga a precios inferiores al menos en 30 por ciento del costo de producción debido, en parte, al mayor rendimiento agrícola, pero también por los elevados subsidios estadunidenses.
1. La pérdida de 2 millones de empleos agropecuarios. Además, cada año emigran a Estados Unidos 300 mil personas originarias del sector rural. Diversas instituciones han demostrado que de 1980 a 2002 la migración campesina de México hacia Estados Unidos creció 500 por ciento.
2. La producción de alimentos se estancó y la dependencia alimentaria aumenta cada año, con lo cual se impone una lógica perversa: emigran los campesinos y se importan alimentos producidos en el agro estadunidense, pagando por ellos más de 100 mil millones de pesos anuales.
3. México importa más de 10 mil millones de dólares en alimentos que podrían ser abastecidos por productores nacionales si contaran con el apoyo adecuado.
4. En Sonora la falta de créditos obligó a 70 por ciento de los agricultores comunitarios a vender sus tierras a las grandes empresas comerciales. En el sur del país se redujo a la mitad el número de pequeños agricultores con acceso a crédito, además de que aumentaron considerablemente las tasas de interés.
5. Las importaciones de maíz de Estados Unidos se duplicaron en dos años y el grano se paga a precios inferiores al menos en 30 por ciento del costo de producción debido, en parte, al mayor rendimiento agrícola, pero también por los elevados subsidios estadunidenses.
Vaticinan “muerte económica” del campo por apatía ante el TLCAN
Millones de productores serán avasallados debido a omisiones de Calderón, advierten diputados
La política del gobierno federal es “inocente” para afrontar efectos a partir del 1º de enero
Hay parálisis para hacer frente a la disparidad de subsidios en el marco del tratado, subrayan
Roberto Garduño
La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) significará la “muerte económica” para millones de campesinos mexicanos, que serán avasallados por las omisiones del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y la desproporción de los subsidios otorgados a productores de Estados Unidos y Canadá.
Diputados del PRD responsabilizaron de tal situación al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “por no haber aplicado normas y prácticas que dieran oportunidad comparativa a los campesinos mexicanos frente a la adversidad que enfrentarán a partir del primero de enero. La política agraria del régimen panista inocentemente apuesta al libre mercado y olvida que la economía nacional difiere sustancialmente de las acciones que en Estados Unidos benefician a los productores de aquel país”, expuso Juan Guerra Ochoa.
Con dureza, el diputado del partido del sol azteca advirtió que el juicio de la historia se enfocará en la responsabilidad de Felipe Calderón y de Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, por sus omisiones.
“En pocos días comenzaremos a observar que no sólo los productores resultarán afectados por la errática política agraria de la actual administración. Lo más grave es que además el consumidor final recibirá el impacto directo del incremento en el precio de los alimentos y, sobre todo, de la escasez, porque la entrada libre y sin control de los productos de Canadá y Estados Unidos a suelo mexicano propiciará con el tiempo la especulación”, añadió.
A tal postura se sumó su compañero de bancada Emilio Ulloa Pérez, quien criticó “la absurda actitud política de Felipe Calderón, quien se ha dedicado a apostar su legitimidad a las fuerzas armadas. Es una paradoja que, en lugar de atacar los problemas de fondo, trate, por medio de la fuerza del Estado, de responder a un problema que se ha generado no por el narcotráfico en sí, sino por la pobreza rampante que se vive en la mayoría de las comunidades campesinas del país”.
José Manuel del Río Virgen, diputado por Convergencia, indicó que “la abierta y clara ausencia de políticas de las autoridades nacionales para enfrentar los retos que conlleva el libre comercio en el campo deberá significar un argumento principal para acusar y posteriormente juzgar a las autoridades federales por la miopía con que se han conducido no sólo en los últimos meses, sino desde el gobierno de Vicente Fox, quien obtuvo 700 mil millones de pesos, producto de los excedente petroleros, y ni un pozo extra mandó perforar en ninguna parte de México”.
También Silvano Garay, diputado por el Partido del Trabajo, refirió que además de la “justificación” que habrán de dar las autoridades por su inmovilidad, estarán obligadas a responder “al fenómeno de escasez de alimentos que se avecina”.
La política del gobierno federal es “inocente” para afrontar efectos a partir del 1º de enero
Hay parálisis para hacer frente a la disparidad de subsidios en el marco del tratado, subrayan
Roberto Garduño
La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) significará la “muerte económica” para millones de campesinos mexicanos, que serán avasallados por las omisiones del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y la desproporción de los subsidios otorgados a productores de Estados Unidos y Canadá.
Diputados del PRD responsabilizaron de tal situación al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “por no haber aplicado normas y prácticas que dieran oportunidad comparativa a los campesinos mexicanos frente a la adversidad que enfrentarán a partir del primero de enero. La política agraria del régimen panista inocentemente apuesta al libre mercado y olvida que la economía nacional difiere sustancialmente de las acciones que en Estados Unidos benefician a los productores de aquel país”, expuso Juan Guerra Ochoa.
Con dureza, el diputado del partido del sol azteca advirtió que el juicio de la historia se enfocará en la responsabilidad de Felipe Calderón y de Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, por sus omisiones.
“En pocos días comenzaremos a observar que no sólo los productores resultarán afectados por la errática política agraria de la actual administración. Lo más grave es que además el consumidor final recibirá el impacto directo del incremento en el precio de los alimentos y, sobre todo, de la escasez, porque la entrada libre y sin control de los productos de Canadá y Estados Unidos a suelo mexicano propiciará con el tiempo la especulación”, añadió.
A tal postura se sumó su compañero de bancada Emilio Ulloa Pérez, quien criticó “la absurda actitud política de Felipe Calderón, quien se ha dedicado a apostar su legitimidad a las fuerzas armadas. Es una paradoja que, en lugar de atacar los problemas de fondo, trate, por medio de la fuerza del Estado, de responder a un problema que se ha generado no por el narcotráfico en sí, sino por la pobreza rampante que se vive en la mayoría de las comunidades campesinas del país”.
José Manuel del Río Virgen, diputado por Convergencia, indicó que “la abierta y clara ausencia de políticas de las autoridades nacionales para enfrentar los retos que conlleva el libre comercio en el campo deberá significar un argumento principal para acusar y posteriormente juzgar a las autoridades federales por la miopía con que se han conducido no sólo en los últimos meses, sino desde el gobierno de Vicente Fox, quien obtuvo 700 mil millones de pesos, producto de los excedente petroleros, y ni un pozo extra mandó perforar en ninguna parte de México”.
También Silvano Garay, diputado por el Partido del Trabajo, refirió que además de la “justificación” que habrán de dar las autoridades por su inmovilidad, estarán obligadas a responder “al fenómeno de escasez de alimentos que se avecina”.
Estados Unidos en peligro
Ana María Aragonés
Estados Unidos, líder en la economía mundial y uno de los principales países en el desarrollo de la economía del conocimiento, se encuentra en peligro. No porque estén cerca nuevos ataques terroristas, no porque Irán, Venezuela y Cuba, parte del “eje del mal”, estén yendo por caminos inaceptables sin que pueda detenerlos, no por Osama Bin Laden, sino porque algunas regiones estadunidenses se están quedando sin trabajadores, debido a que su población está envejeciendo a consecuencia de la falta de remplazo poblacional por las bajas tasas de natalidad. Ésta es una de las gravísimas realidades que vive el país vecino, y si no acepta flexibilizar sus políticas migratorias y otorgar amnistía a los indocumentados, esas comunidades van a desaparecer. El propio secretario de Comercio de Estados Unidos afirmó que “sin migrantes, simplemente no tenemos suficientes trabajadores, punto”.
Un ejemplo de esto es la situación que se vive en Dakota del Norte, estado conocido por su importantísima producción agrícola y ganadera, y sobre todo en lo que se refiere a la producción de cerdos, que ha sido reseñada en forma muy interesante en un artículo aparecido el 26 de noviembre en USA Today.
De acuerdo con el demógrafo Richard Rathge, en este estado se vive una de las más severas crisis demográficas que azotan al país. Entre 1990 y 2000 la población sólo creció en seis de los 53 condados. El problema es que mientras los granjeros se han reducido, la dimensión de las granjas ha crecido. Es decir, el promedio en 1940 era de 250 hectáreas y en la actualidad de 650 hectáreas. La consecuencia ha sido que todos los servicios que sostenían la vida de esas comunidades, iglesias, escuelas, hospitales, supermercados, restaurantes, etcétera, están desapareciendo por falta de población.
Según el Censo, el porcentaje de población de Dakota del Norte en edad de trabajar (25 a 54 años) está por debajo del promedio nacional y se situó en 40.5 por ciento para el año 2000 y la proyección para 2020 es que descenderá a 33.4 por ciento.
La alternativa para evitar que estas comunidades queden finalmente abandonadas es crear industrias y diversos proyectos productivos que generen trabajos bien pagados para atraer a la mano de obra nativa. El problema es que se trata de un estado cuyo promedio de ingreso por familias está por debajo de la media nacional, esto es, 39 mil 233 dólares al año, lo que es un obstáculo para atraer a trabajadores nativos. Por lo tanto, los pobladores temen que de llevarse a cabo esos proyectos productivos sería un imán para los migrantes hispanos, sobre todo indocumentados. Y ante esa eventualidad, que es posible, los pobladores prefieren irse muriendo poco a poco antes de “romper una barrera cultural” que podría salvarlos de desaparecer.
No hay duda de que todo el mundo sabe que los trabajos mal pagados los realizan los indocumentados, y además que resultan fundamentales para la economía de algunos estados, sobre todo ante el envejecimiento de las poblaciones. Simplemente en Dakota del Norte hay 10 mil trabajos esperando contratar mano de obra. No obstante, se ha desatado una fobia antinmigrante pocas veces vista en Estados Unidos.
Lo que habría que preguntarse es: ¿quién tiene la culpa de que se haya extendido una verdadera sicosis y una falsa percepción de los trabajadores indocumentados? En primer lugar, los propios patrones para los cuales estos trabajadores suponen enormes beneficios, y mientras más difícil les hagan la llegada, serán más vulnerables y precarios, lo que repercutirá favorablemente sobre sus ganancias invirtiendo muy poco. Por otro lado, los congresistas, quienes se deben a esos mismos empresarios, granjeros y patrones, y si quieren ser relegidos tendrán que continuar con la misma estrategia. Y por supuesto los medios hacen su trabajo apoyándolos, lamentablemente.
Que los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos pongan en el centro del debate a la migración es simplemente buscar un chivo expiatorio sobre el cual se vayan todas las miradas y así evitar debatir en el contexto del propio sistema, mismo que ha perdido toda legalidad y por lo que ha sido severamente cuestionado por la comunidad internacional ante los últimos acontecimientos.
Se atreven a señalar a esos trabajadores indocumentados como un problema de seguridad nacional, cuando justamente la amenaza no son éstos, sino la falta de ellos. Y esto sí puede convertirse en un problema de seguridad nacional al tener que enfrentar la muerte de las comunidades.
Estados Unidos, líder en la economía mundial y uno de los principales países en el desarrollo de la economía del conocimiento, se encuentra en peligro. No porque estén cerca nuevos ataques terroristas, no porque Irán, Venezuela y Cuba, parte del “eje del mal”, estén yendo por caminos inaceptables sin que pueda detenerlos, no por Osama Bin Laden, sino porque algunas regiones estadunidenses se están quedando sin trabajadores, debido a que su población está envejeciendo a consecuencia de la falta de remplazo poblacional por las bajas tasas de natalidad. Ésta es una de las gravísimas realidades que vive el país vecino, y si no acepta flexibilizar sus políticas migratorias y otorgar amnistía a los indocumentados, esas comunidades van a desaparecer. El propio secretario de Comercio de Estados Unidos afirmó que “sin migrantes, simplemente no tenemos suficientes trabajadores, punto”.
Un ejemplo de esto es la situación que se vive en Dakota del Norte, estado conocido por su importantísima producción agrícola y ganadera, y sobre todo en lo que se refiere a la producción de cerdos, que ha sido reseñada en forma muy interesante en un artículo aparecido el 26 de noviembre en USA Today.
De acuerdo con el demógrafo Richard Rathge, en este estado se vive una de las más severas crisis demográficas que azotan al país. Entre 1990 y 2000 la población sólo creció en seis de los 53 condados. El problema es que mientras los granjeros se han reducido, la dimensión de las granjas ha crecido. Es decir, el promedio en 1940 era de 250 hectáreas y en la actualidad de 650 hectáreas. La consecuencia ha sido que todos los servicios que sostenían la vida de esas comunidades, iglesias, escuelas, hospitales, supermercados, restaurantes, etcétera, están desapareciendo por falta de población.
Según el Censo, el porcentaje de población de Dakota del Norte en edad de trabajar (25 a 54 años) está por debajo del promedio nacional y se situó en 40.5 por ciento para el año 2000 y la proyección para 2020 es que descenderá a 33.4 por ciento.
La alternativa para evitar que estas comunidades queden finalmente abandonadas es crear industrias y diversos proyectos productivos que generen trabajos bien pagados para atraer a la mano de obra nativa. El problema es que se trata de un estado cuyo promedio de ingreso por familias está por debajo de la media nacional, esto es, 39 mil 233 dólares al año, lo que es un obstáculo para atraer a trabajadores nativos. Por lo tanto, los pobladores temen que de llevarse a cabo esos proyectos productivos sería un imán para los migrantes hispanos, sobre todo indocumentados. Y ante esa eventualidad, que es posible, los pobladores prefieren irse muriendo poco a poco antes de “romper una barrera cultural” que podría salvarlos de desaparecer.
No hay duda de que todo el mundo sabe que los trabajos mal pagados los realizan los indocumentados, y además que resultan fundamentales para la economía de algunos estados, sobre todo ante el envejecimiento de las poblaciones. Simplemente en Dakota del Norte hay 10 mil trabajos esperando contratar mano de obra. No obstante, se ha desatado una fobia antinmigrante pocas veces vista en Estados Unidos.
Lo que habría que preguntarse es: ¿quién tiene la culpa de que se haya extendido una verdadera sicosis y una falsa percepción de los trabajadores indocumentados? En primer lugar, los propios patrones para los cuales estos trabajadores suponen enormes beneficios, y mientras más difícil les hagan la llegada, serán más vulnerables y precarios, lo que repercutirá favorablemente sobre sus ganancias invirtiendo muy poco. Por otro lado, los congresistas, quienes se deben a esos mismos empresarios, granjeros y patrones, y si quieren ser relegidos tendrán que continuar con la misma estrategia. Y por supuesto los medios hacen su trabajo apoyándolos, lamentablemente.
Que los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos pongan en el centro del debate a la migración es simplemente buscar un chivo expiatorio sobre el cual se vayan todas las miradas y así evitar debatir en el contexto del propio sistema, mismo que ha perdido toda legalidad y por lo que ha sido severamente cuestionado por la comunidad internacional ante los últimos acontecimientos.
Se atreven a señalar a esos trabajadores indocumentados como un problema de seguridad nacional, cuando justamente la amenaza no son éstos, sino la falta de ellos. Y esto sí puede convertirse en un problema de seguridad nacional al tener que enfrentar la muerte de las comunidades.
Festejos del bicentenario: la reforma judicial
Alejandro Nadal
La reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados y retocada por el Senado pretende combatir la delincuencia organizada. Para ello establece varios procedimientos que otorgan flexibilidad en materia de detenciones, arraigo y acceso a información confidencial o privada. La idea central es establecer reglas claras que faciliten la investigación y persecución en materia de delincuencia organizada.
Desde luego, los cateos sin orden judicial o la posibilidad de detener a un indiciado hasta por 80 días, manteniéndolo incomunicado mientras dura la investigación, son cambios graves. Pero la reforma judicial los justifica diciendo que sólo se aplicará en el caso de la delincuencia organizada.
Pero, ¿qué se debe entender por delincuencia organizada? En nuestra legislación penal ya existe la figura de asociación delictuosa, pero eso es distinto de la delincuencia organizada. La primera consiste en una sociedad para cometer delitos en general, mientras que la delincuencia organizada se tipifica en la legislación penal alrededor de delitos específicos.
Las consideraciones que pretenden justificar la reforma judicial contienen una referencia a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, firmada en Palermo en 2000. Se pretende cobijar así esta reforma interna y enviar el mensaje de que los cambios propuestos son acordes con las tendencias recientes del derecho internacional. Pero eso es falso. La reforma judicial tiene más parecido con la Ley Patriota de Bush y su Guantánamo que con la Convención de Palermo.
La reforma judicial define la delincuencia organizada como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”. ¿Cuál es esa ley? Se podría pensar que se trata de la ley federal contra la delincuencia organizada, aprobada en 1996 (bajo Zedillo). En esa ley se enlistan los delitos que corresponden a la delincuencia organizada: terrorismo, falsificación de moneda, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, asaltos y robo de vehículos.
Sin embargo, ésa no es la legislación de referencia. La ley en la materia no es otra que la propia Convención de Palermo, ratificada por México y, por lo tanto, parte de la ley suprema de la Unión (según el artículo 133 constitucional). Y aquí yace la esencia del asunto: esa convención tiene una definición que no corresponde a la utilizada en la reforma judicial.
La Convención de Palermo define (artículo 2) como “grupo delictivo organizado” a un grupo estructurado de tres o más personas que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico. Esa referencia al tipo de beneficio que un grupo delictivo pretende obtener es una salvaguarda importante que está ausente de la definición de la reforma judicial. Esto entraña un grave riesgo porque el carácter persecutorio de una reforma constitucional sobre delincuencia organizada podría ser extendido así a muchos otros fenómenos sociales, incluso a movimientos cívicos y de protesta social.
Por si fuera poco, la reforma judicial desliza en la lista de delitos graves, junto con los de la delincuencia organizada, los que atentan contra la seguridad nacional. ¿De dónde viene eso? De la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2005 con Fox. En un alarde de mala técnica jurídica, esa ley dice que por seguridad nacional “se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Ahora sí estamos en el terreno de lo político y las referencias técnicas a la delincuencia organizada stricto sensu quedan muy lejos. Luz verde a la persecución política con ágiles trámites y procesos inquisitoriales.
Sobre delincuencia organizada tenemos en México una interesante lista de episodios. Comienza con el Fobaproa y llega hasta el caso de la conspiración en contra de Lydia Cacho. Pero no son esos casos lo que preocupa a los promotores de esta reforma judicial. Lo que interesa es penalizar los movimientos sociales de protesta y tener carta blanca para cometer crímenes tipo Acteal, Atenco y los realizados contra la APPO.
Todas las instancias de gobierno cuentan con comisiones organizadoras de festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. Pero, ¿qué es lo que se va a festejar? ¿La existencia de un Estado democrático en el que predomina la garantía de legalidad para todos? ¿Un nivel de desarrollo económico con bienestar para la población? ¿La reducción de la pobreza a su mínima expresión?
No está muy claro el motivo del festejo, pero un indicio de la fiesta que prepara el gobierno se encuentra en la reforma judicial. ¿Qué mejor que un retroceso de 150 años? De una vez, ¿por qué no eliminamos el juicio de amparo? Digamos adiós a Manuel Crescencio Rejón. ¿Por qué no festejar las leyes centralistas de 1836 y su Supremo Poder Conservador? Después de todo, ahí están los verdaderos precursores de la reforma judicial.
La reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados y retocada por el Senado pretende combatir la delincuencia organizada. Para ello establece varios procedimientos que otorgan flexibilidad en materia de detenciones, arraigo y acceso a información confidencial o privada. La idea central es establecer reglas claras que faciliten la investigación y persecución en materia de delincuencia organizada.
Desde luego, los cateos sin orden judicial o la posibilidad de detener a un indiciado hasta por 80 días, manteniéndolo incomunicado mientras dura la investigación, son cambios graves. Pero la reforma judicial los justifica diciendo que sólo se aplicará en el caso de la delincuencia organizada.
Pero, ¿qué se debe entender por delincuencia organizada? En nuestra legislación penal ya existe la figura de asociación delictuosa, pero eso es distinto de la delincuencia organizada. La primera consiste en una sociedad para cometer delitos en general, mientras que la delincuencia organizada se tipifica en la legislación penal alrededor de delitos específicos.
Las consideraciones que pretenden justificar la reforma judicial contienen una referencia a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, firmada en Palermo en 2000. Se pretende cobijar así esta reforma interna y enviar el mensaje de que los cambios propuestos son acordes con las tendencias recientes del derecho internacional. Pero eso es falso. La reforma judicial tiene más parecido con la Ley Patriota de Bush y su Guantánamo que con la Convención de Palermo.
La reforma judicial define la delincuencia organizada como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”. ¿Cuál es esa ley? Se podría pensar que se trata de la ley federal contra la delincuencia organizada, aprobada en 1996 (bajo Zedillo). En esa ley se enlistan los delitos que corresponden a la delincuencia organizada: terrorismo, falsificación de moneda, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, asaltos y robo de vehículos.
Sin embargo, ésa no es la legislación de referencia. La ley en la materia no es otra que la propia Convención de Palermo, ratificada por México y, por lo tanto, parte de la ley suprema de la Unión (según el artículo 133 constitucional). Y aquí yace la esencia del asunto: esa convención tiene una definición que no corresponde a la utilizada en la reforma judicial.
La Convención de Palermo define (artículo 2) como “grupo delictivo organizado” a un grupo estructurado de tres o más personas que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico. Esa referencia al tipo de beneficio que un grupo delictivo pretende obtener es una salvaguarda importante que está ausente de la definición de la reforma judicial. Esto entraña un grave riesgo porque el carácter persecutorio de una reforma constitucional sobre delincuencia organizada podría ser extendido así a muchos otros fenómenos sociales, incluso a movimientos cívicos y de protesta social.
Por si fuera poco, la reforma judicial desliza en la lista de delitos graves, junto con los de la delincuencia organizada, los que atentan contra la seguridad nacional. ¿De dónde viene eso? De la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2005 con Fox. En un alarde de mala técnica jurídica, esa ley dice que por seguridad nacional “se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Ahora sí estamos en el terreno de lo político y las referencias técnicas a la delincuencia organizada stricto sensu quedan muy lejos. Luz verde a la persecución política con ágiles trámites y procesos inquisitoriales.
Sobre delincuencia organizada tenemos en México una interesante lista de episodios. Comienza con el Fobaproa y llega hasta el caso de la conspiración en contra de Lydia Cacho. Pero no son esos casos lo que preocupa a los promotores de esta reforma judicial. Lo que interesa es penalizar los movimientos sociales de protesta y tener carta blanca para cometer crímenes tipo Acteal, Atenco y los realizados contra la APPO.
Todas las instancias de gobierno cuentan con comisiones organizadoras de festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. Pero, ¿qué es lo que se va a festejar? ¿La existencia de un Estado democrático en el que predomina la garantía de legalidad para todos? ¿Un nivel de desarrollo económico con bienestar para la población? ¿La reducción de la pobreza a su mínima expresión?
No está muy claro el motivo del festejo, pero un indicio de la fiesta que prepara el gobierno se encuentra en la reforma judicial. ¿Qué mejor que un retroceso de 150 años? De una vez, ¿por qué no eliminamos el juicio de amparo? Digamos adiós a Manuel Crescencio Rejón. ¿Por qué no festejar las leyes centralistas de 1836 y su Supremo Poder Conservador? Después de todo, ahí están los verdaderos precursores de la reforma judicial.
Intelectuales de medios
Luis Linares Zapata
Un compacto agrupamiento de intelectuales (y otros colados circunstanciales) han recurrido al amparo de la justicia en defensa de su libertad de expresión, pues la sienten amenazada. Su queja va contra el artículo 41 de la Constitución que la reciente reforma electoral introdujo. No acepta que se ponga traba a su derecho a contratar propaganda en radio y televisión. Dicho mandato lo traduce el grupo firmante en restricción a su libertad de expresar sus ideas, a propagar sus opiniones delante de millones de mexicanos.
Tal como hicieron en la contienda de 2006 tales intelectuales pretenden reservarse un lugar de privilegio para lo que pueda aproximarse en 2009 y, en especial, para 2012, que ya ven cercano, no exento de nubarrones para con sus inclinaciones e intereses. Parten de su probada capacidad, cuasi monopólica, de acceso a los medios de comunicación masiva. A tal hecho le llaman su actividad lícita, aun cuando, bien saben cómo se las gastan los traficantes de tiempos e imágenes en esa industria de la que son parte integral, orgánica.
Convertidos en pequeño grupo de presión, ésos, y otros cuantos personajes adicionales que no aparecen como reclamantes de amparo, tienen varias características en común. La primera es el permiso que les otorgan los concesionarios de los medios para que aparezcan, tarde, noche y entre actos varios en las pantallas y ante los micrófonos para que traten de influir, de distorsionar la opinión colectiva con un propósito inocultable: favorecer a la más reaccionaria visión de esos empresarios, sus reales empleadores que, sin tapujos, han decidido ocupar un lugar destacado en la conservación del orden establecido que tanto los ha beneficiado.
Los concesionarios de los medios masivos se han transformado en un reducto de la extrema derecha nacional y aspiran a ser un factor de influencia en el subcontinente. Con similar estridencia sus voceros (locutores, conductores de programas, opinólogos circunstanciales, intelectuales coincidentes que les blanquean imagen y demás fauna de acompañamiento) han heredado las actitudes de aquellos cubanos en el exilio (gusanos los llamaban) en defensa de las que predicaban con vehemencia libertades básicas (sólo para algunos cuantos). Años después han aparecido otros sustitutos que se han dado a la tarea de combatir lo que llaman el populismo sudamericano. El énfasis ha sido puesto en Hugo Chávez de Venezuela, extendible, por contagio malévolo, a Morales de Bolivia y a Correa de Ecuador.
La plutocracia caraqueña ha inundado con su histeria los espacios radiotelevisivos de centro y norte de América. La íntima sociedad de Cisneros con Televisa (a la que se suman muchos otros amigos, socios laterales, cómplices o comparsas) ha sido un conducto para propagar en México toda clase de infundios con críticas alevosas y ocultamiento de la realidad. El contagio no es casual. Ha sido una suerte de tejido cotidiano entre comunicadores y políticos con empresarios de variado corte, la extrema derecha, pues. Muchos de los cuales, por cierto, hacen jugosos negocios con los que ya han transformado en vociferantes dictadores para las audiencias clase medieras nacionales.
El grupo inconforme con la posibilidad de que su libertad de expresión sea afectada por las que tildan de tonterías de los partidos políticos que aprobaron la reforma electoral tiene ya una nítida definición: son parte integral de la derecha mexicana. Y, tal vez más, su corazón, tarea, pendencias y hasta bolsillo los haga militar en el extremo de ese apartado ideológico y de intereses. Ya bien probaron su talante durante la contienda de 2006. Son los que aún sostienen la impoluta elección que llevó sin trampas a Calderón al sitial de presidente del oficialismo que ahora usufructúa. Todos esos firmantes son hombres y mujeres cercanos a las esferas del poder establecido. Se mueven a sus anchas en esos ambientes, de ahí se nutren y en ellos elucubran y hacen propios conceptos, valores, enemigos y rutas de mutua defensa. La mayoría son empleados de los concesionarios, pero, otros, más abusados y capaces, se han colocado como asesores de los que controlan las grandes empresas. Y desde esas posiciones de control y manejo han ejercido su difuminada labor.
Una característica adicional unifica a los reclamantes de atención jurídica y la quieren conservar: su rechazo a las posiciones de izquierda, más todavía a esa facción que confía, alienta y se apoya en los movimientos populares. En particular con aquella que actúa, para su profundo malestar y hasta desprecio de ilustrado, de manera radical en defensa de los que no tienen voz y nunca tendrán cabida en las altas y cerradas esferas decisorias mientras el estado de cosas permanezca inalterable. No quieren que sus benefactores pierdan esa capacidad de influencia sobre la masa desprevenida la que López Obrador corteja con vehemencia inigualable. No lo quieren ver ni oír. Les causa urticaria epidérmica, los pone ante el espejo de sus miserias, traiciones o cortedades.
Saben que la reforma planteada seguirá a pesar de su amparo. Conocen los vericuetos adicionales que habrán de usar para combatir sin tregua al enemigo, para favorecer al cómplice, para construirle al patrocinador un nicho a la medida de sus ambiciones, una imagen a modo de su perfil fotogénico de líder. Se saben los trucos, los variados subterfugios para convertir a un aspirante al poder en un obediente seguro de su continuidad.
Eso, y no la defensa de la libertad de expresión que nadie trata de conculcarles, buscan tales personajes. La izquierda, ésa que no es modosita, la que se rehúsa a negociar la confianza depositada por los olvidados de los medios, sabe que esos intelectuales serán sus opositores intransigentes. Los conocen bien, son los atrincherados francotiradores de esta decadente enfermedad nacional que ya dura más de un cuarto de siglo. Lo que se añora de la lista de abajo firmantes es la ausencia de otros notables luchadores. Firmas como las de Paty Chapoy, Pedrito Ferriz de Con u Oscar Mario Beteta, insignes peleoneros por la misma libertad los acompañan en esta pequeña historia de desvelos.
Un compacto agrupamiento de intelectuales (y otros colados circunstanciales) han recurrido al amparo de la justicia en defensa de su libertad de expresión, pues la sienten amenazada. Su queja va contra el artículo 41 de la Constitución que la reciente reforma electoral introdujo. No acepta que se ponga traba a su derecho a contratar propaganda en radio y televisión. Dicho mandato lo traduce el grupo firmante en restricción a su libertad de expresar sus ideas, a propagar sus opiniones delante de millones de mexicanos.
Tal como hicieron en la contienda de 2006 tales intelectuales pretenden reservarse un lugar de privilegio para lo que pueda aproximarse en 2009 y, en especial, para 2012, que ya ven cercano, no exento de nubarrones para con sus inclinaciones e intereses. Parten de su probada capacidad, cuasi monopólica, de acceso a los medios de comunicación masiva. A tal hecho le llaman su actividad lícita, aun cuando, bien saben cómo se las gastan los traficantes de tiempos e imágenes en esa industria de la que son parte integral, orgánica.
Convertidos en pequeño grupo de presión, ésos, y otros cuantos personajes adicionales que no aparecen como reclamantes de amparo, tienen varias características en común. La primera es el permiso que les otorgan los concesionarios de los medios para que aparezcan, tarde, noche y entre actos varios en las pantallas y ante los micrófonos para que traten de influir, de distorsionar la opinión colectiva con un propósito inocultable: favorecer a la más reaccionaria visión de esos empresarios, sus reales empleadores que, sin tapujos, han decidido ocupar un lugar destacado en la conservación del orden establecido que tanto los ha beneficiado.
Los concesionarios de los medios masivos se han transformado en un reducto de la extrema derecha nacional y aspiran a ser un factor de influencia en el subcontinente. Con similar estridencia sus voceros (locutores, conductores de programas, opinólogos circunstanciales, intelectuales coincidentes que les blanquean imagen y demás fauna de acompañamiento) han heredado las actitudes de aquellos cubanos en el exilio (gusanos los llamaban) en defensa de las que predicaban con vehemencia libertades básicas (sólo para algunos cuantos). Años después han aparecido otros sustitutos que se han dado a la tarea de combatir lo que llaman el populismo sudamericano. El énfasis ha sido puesto en Hugo Chávez de Venezuela, extendible, por contagio malévolo, a Morales de Bolivia y a Correa de Ecuador.
La plutocracia caraqueña ha inundado con su histeria los espacios radiotelevisivos de centro y norte de América. La íntima sociedad de Cisneros con Televisa (a la que se suman muchos otros amigos, socios laterales, cómplices o comparsas) ha sido un conducto para propagar en México toda clase de infundios con críticas alevosas y ocultamiento de la realidad. El contagio no es casual. Ha sido una suerte de tejido cotidiano entre comunicadores y políticos con empresarios de variado corte, la extrema derecha, pues. Muchos de los cuales, por cierto, hacen jugosos negocios con los que ya han transformado en vociferantes dictadores para las audiencias clase medieras nacionales.
El grupo inconforme con la posibilidad de que su libertad de expresión sea afectada por las que tildan de tonterías de los partidos políticos que aprobaron la reforma electoral tiene ya una nítida definición: son parte integral de la derecha mexicana. Y, tal vez más, su corazón, tarea, pendencias y hasta bolsillo los haga militar en el extremo de ese apartado ideológico y de intereses. Ya bien probaron su talante durante la contienda de 2006. Son los que aún sostienen la impoluta elección que llevó sin trampas a Calderón al sitial de presidente del oficialismo que ahora usufructúa. Todos esos firmantes son hombres y mujeres cercanos a las esferas del poder establecido. Se mueven a sus anchas en esos ambientes, de ahí se nutren y en ellos elucubran y hacen propios conceptos, valores, enemigos y rutas de mutua defensa. La mayoría son empleados de los concesionarios, pero, otros, más abusados y capaces, se han colocado como asesores de los que controlan las grandes empresas. Y desde esas posiciones de control y manejo han ejercido su difuminada labor.
Una característica adicional unifica a los reclamantes de atención jurídica y la quieren conservar: su rechazo a las posiciones de izquierda, más todavía a esa facción que confía, alienta y se apoya en los movimientos populares. En particular con aquella que actúa, para su profundo malestar y hasta desprecio de ilustrado, de manera radical en defensa de los que no tienen voz y nunca tendrán cabida en las altas y cerradas esferas decisorias mientras el estado de cosas permanezca inalterable. No quieren que sus benefactores pierdan esa capacidad de influencia sobre la masa desprevenida la que López Obrador corteja con vehemencia inigualable. No lo quieren ver ni oír. Les causa urticaria epidérmica, los pone ante el espejo de sus miserias, traiciones o cortedades.
Saben que la reforma planteada seguirá a pesar de su amparo. Conocen los vericuetos adicionales que habrán de usar para combatir sin tregua al enemigo, para favorecer al cómplice, para construirle al patrocinador un nicho a la medida de sus ambiciones, una imagen a modo de su perfil fotogénico de líder. Se saben los trucos, los variados subterfugios para convertir a un aspirante al poder en un obediente seguro de su continuidad.
Eso, y no la defensa de la libertad de expresión que nadie trata de conculcarles, buscan tales personajes. La izquierda, ésa que no es modosita, la que se rehúsa a negociar la confianza depositada por los olvidados de los medios, sabe que esos intelectuales serán sus opositores intransigentes. Los conocen bien, son los atrincherados francotiradores de esta decadente enfermedad nacional que ya dura más de un cuarto de siglo. Lo que se añora de la lista de abajo firmantes es la ausencia de otros notables luchadores. Firmas como las de Paty Chapoy, Pedrito Ferriz de Con u Oscar Mario Beteta, insignes peleoneros por la misma libertad los acompañan en esta pequeña historia de desvelos.
La dulzura del libre comercio
Ana de Ita
El próximo primero de enero vencen los últimos plazos de protección del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para los productos agrícolas con mayores dificultades para competir con importaciones regionales. México seleccionó el maíz, el frijol y la leche en polvo y Estados Unidos el azúcar y el jugo de naranja para tener los plazos más largos de protección.
En su momento el máximo triunfo para los negociadores mexicanos fue el caso del azúcar, pues el acuerdo original permitía la exportación ilimitada del excedente de producción a partir del año 2000, si México se mantenía dos años consecutivos como productor excedentario neto. Pero el presidente Clinton no pudo vender el TLCAN al Congreso de Estados Unidos y tuvo que comprar su aprobación haciendo concesiones a los distintos sectores. Los “acuerdos paralelos” fueron el mecanismo utilizado para no modificar el tratado aprobado vía fast-track y a la vez enmendarlo. Serra Puche, secretario de Comercio en México, y Michael Kantor, representante comercial en Estados Unidos, a través de un “acuerdo paralelo” cambiaron la parte medular de la negociación, al incluir en la definición de país productor excedentario, además del consumo de azúcar, el de alta fructosa de maíz. Así, para poder exportar azúcar sin arancel, la producción mexicana debe ser mayor que el consumo interno de azúcar, más fructosa.
Como era de esperarse, durante los 14 años de transición del TLCAN México no pudo colocarse como productor excedentario neto de azúcar, y por el contrario aumentó la importación de fructosa, que sólo tenía un arancel de 15 por ciento, eliminado en 2003.
La producción y el consumo de azúcar en México han crecido de manera sostenida. Se producen en promedio 5 millones de toneladas anuales, pero desde 1996 el consumo de fructosa empezó a crecer y a desplazar el de azúcar, que pasó de 60 mil toneladas a 600 mil en 2001.
En Estados Unidos la producción de alta fructosa de maíz se expandió a partir de 1994 en más de 3.5 millones de toneladas anuales. A pesar de que las ventas internas aumentaron, no fueron suficientes y provocaron la reducción de precios. Una salida a la sobreproducción de fructosa era exportarla a México, donde el consumo de azúcar de la industria refresquera se calcula en 1.4 millones de toneladas.
Para el año 2001, 43 por ciento del consumo de fructosa de México provino de importaciones, realizadas mayoritariamente por Cargill, Corn Products International y Archer Daniels Midland; el resto fue fructosa producida en México con maíz importado, por dos de las mismas corporaciones: ADM, vinculada con Almex y Maseca, y CPI con su filial Arancia. Desde la desaparición de Conasupo estos tres carteles trasnacionales han avanzado en el control de un importante segmento del mercado interno de maíz, a partir de la compra de las cosechas a los productores, de su industrialización y distribución.
Estas tres corporaciones también figuran entre las principales importadoras de maíz y han sido beneficiadas por la política de apertura unilateral del gobierno mexicano que desde 1996 eliminó el cobro de aranceles a las importaciones de maíz que rebasaran el cupo. Cargill junto con ADM y Zen Noh controlan 81 por ciento de las exportaciones de maíz de Estados Unidos. Su posición en el mercado de maíz, altamente concentrado, es la plataforma que utilizan para colocarse como líderes de la producción de fructosa.
En México el sector azucarero está formado por más de 164 mil campesinos productores de caña –76 por ciento de ellos con parcelas menores a cinco hectáreas–, ubicados en 15 estados del país y cerca de 400 mil trabajadores directos. Además de la actividad dependen 2.2 millones de empleos indirectos.
En el periodo TLCAN el aumento de la producción nacional de azúcar y de la producción e importación de alta fructosa de maíz provocaron la crisis de la industria azucarera.
El mercado del azúcar y los edulcorantes ha estado cruzado permanentemente por disputas comerciales entre México y Estados Unidos. En 1997 México inició una investigación antidumping y estableció un impuesto entre 55 y 175 dólares por tonelada, a las importaciones de fructosa que se vendían a un precio menor a sus costos de producción. Estos impuestos estarían vigentes hasta 2002, pero en 2000 la Organización Mundial del Comercio (OMC) declaró que México incumplía las obligaciones del TLCAN y debía eliminar el impuesto.
A partir de 2002, el Poder Legislativo mexicano impuso un impuesto de 20 por ciento a los refrescos que no estuvieran fabricados con azúcar. Con esta medida buscaba reducir el consumo de fructosa.
Seis corporaciones productoras e importadoras de fructosa contratacaron utilizando las reglas del TLCAN, de la OMC y el Acta de Comercio de Estados Unidos. En 2006, la OMC falló en contra de los impuestos compensatorios y en favor de las trasnacionales. El pasado 20 de diciembre el tribunal arbitral del TLCAN condenó a México a indemnizar a ADM y a Tate & Lyle. En estos dos casos las demandas fueron interpuestas por Cargill, ADM, Corn Products International y otras trasnacionales que se han beneficiado de la decisión del gobierno mexicano de exentar de impuestos a las importaciones de maíz por arriba del cupo, pero que no están dispuestas a ceder ninguno de sus privilegios.
El próximo primero de enero la fructosa estadunidense inundará el mercado mexicano y desplazará el consumo de azúcar. Para exportar los crecientes excedentes de azúcar será necesario que Estados Unidos cumpla sus compromisos y que el precio del azúcar sea competitivo en el mercado del país vecino. No son buenas noticias para los ganadores del TLCAN.
El próximo primero de enero vencen los últimos plazos de protección del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para los productos agrícolas con mayores dificultades para competir con importaciones regionales. México seleccionó el maíz, el frijol y la leche en polvo y Estados Unidos el azúcar y el jugo de naranja para tener los plazos más largos de protección.
En su momento el máximo triunfo para los negociadores mexicanos fue el caso del azúcar, pues el acuerdo original permitía la exportación ilimitada del excedente de producción a partir del año 2000, si México se mantenía dos años consecutivos como productor excedentario neto. Pero el presidente Clinton no pudo vender el TLCAN al Congreso de Estados Unidos y tuvo que comprar su aprobación haciendo concesiones a los distintos sectores. Los “acuerdos paralelos” fueron el mecanismo utilizado para no modificar el tratado aprobado vía fast-track y a la vez enmendarlo. Serra Puche, secretario de Comercio en México, y Michael Kantor, representante comercial en Estados Unidos, a través de un “acuerdo paralelo” cambiaron la parte medular de la negociación, al incluir en la definición de país productor excedentario, además del consumo de azúcar, el de alta fructosa de maíz. Así, para poder exportar azúcar sin arancel, la producción mexicana debe ser mayor que el consumo interno de azúcar, más fructosa.
Como era de esperarse, durante los 14 años de transición del TLCAN México no pudo colocarse como productor excedentario neto de azúcar, y por el contrario aumentó la importación de fructosa, que sólo tenía un arancel de 15 por ciento, eliminado en 2003.
La producción y el consumo de azúcar en México han crecido de manera sostenida. Se producen en promedio 5 millones de toneladas anuales, pero desde 1996 el consumo de fructosa empezó a crecer y a desplazar el de azúcar, que pasó de 60 mil toneladas a 600 mil en 2001.
En Estados Unidos la producción de alta fructosa de maíz se expandió a partir de 1994 en más de 3.5 millones de toneladas anuales. A pesar de que las ventas internas aumentaron, no fueron suficientes y provocaron la reducción de precios. Una salida a la sobreproducción de fructosa era exportarla a México, donde el consumo de azúcar de la industria refresquera se calcula en 1.4 millones de toneladas.
Para el año 2001, 43 por ciento del consumo de fructosa de México provino de importaciones, realizadas mayoritariamente por Cargill, Corn Products International y Archer Daniels Midland; el resto fue fructosa producida en México con maíz importado, por dos de las mismas corporaciones: ADM, vinculada con Almex y Maseca, y CPI con su filial Arancia. Desde la desaparición de Conasupo estos tres carteles trasnacionales han avanzado en el control de un importante segmento del mercado interno de maíz, a partir de la compra de las cosechas a los productores, de su industrialización y distribución.
Estas tres corporaciones también figuran entre las principales importadoras de maíz y han sido beneficiadas por la política de apertura unilateral del gobierno mexicano que desde 1996 eliminó el cobro de aranceles a las importaciones de maíz que rebasaran el cupo. Cargill junto con ADM y Zen Noh controlan 81 por ciento de las exportaciones de maíz de Estados Unidos. Su posición en el mercado de maíz, altamente concentrado, es la plataforma que utilizan para colocarse como líderes de la producción de fructosa.
En México el sector azucarero está formado por más de 164 mil campesinos productores de caña –76 por ciento de ellos con parcelas menores a cinco hectáreas–, ubicados en 15 estados del país y cerca de 400 mil trabajadores directos. Además de la actividad dependen 2.2 millones de empleos indirectos.
En el periodo TLCAN el aumento de la producción nacional de azúcar y de la producción e importación de alta fructosa de maíz provocaron la crisis de la industria azucarera.
El mercado del azúcar y los edulcorantes ha estado cruzado permanentemente por disputas comerciales entre México y Estados Unidos. En 1997 México inició una investigación antidumping y estableció un impuesto entre 55 y 175 dólares por tonelada, a las importaciones de fructosa que se vendían a un precio menor a sus costos de producción. Estos impuestos estarían vigentes hasta 2002, pero en 2000 la Organización Mundial del Comercio (OMC) declaró que México incumplía las obligaciones del TLCAN y debía eliminar el impuesto.
A partir de 2002, el Poder Legislativo mexicano impuso un impuesto de 20 por ciento a los refrescos que no estuvieran fabricados con azúcar. Con esta medida buscaba reducir el consumo de fructosa.
Seis corporaciones productoras e importadoras de fructosa contratacaron utilizando las reglas del TLCAN, de la OMC y el Acta de Comercio de Estados Unidos. En 2006, la OMC falló en contra de los impuestos compensatorios y en favor de las trasnacionales. El pasado 20 de diciembre el tribunal arbitral del TLCAN condenó a México a indemnizar a ADM y a Tate & Lyle. En estos dos casos las demandas fueron interpuestas por Cargill, ADM, Corn Products International y otras trasnacionales que se han beneficiado de la decisión del gobierno mexicano de exentar de impuestos a las importaciones de maíz por arriba del cupo, pero que no están dispuestas a ceder ninguno de sus privilegios.
El próximo primero de enero la fructosa estadunidense inundará el mercado mexicano y desplazará el consumo de azúcar. Para exportar los crecientes excedentes de azúcar será necesario que Estados Unidos cumpla sus compromisos y que el precio del azúcar sea competitivo en el mercado del país vecino. No son buenas noticias para los ganadores del TLCAN.
Washington: una cama para Cristina F.
José Steinsleger
Medio siglo atrás, la “comunidad internacional” (nuevo gentilicio de Estados Unidos) hubiese menudeado los fuertes contenidos estratégicos del discurso de Cristina Fernández al asumir la Presidencia de Argentina, el 10 de diciembre pasado.
Fernández (odia que le digan “de Kirchner”) resaltó los vínculos de su país con Venezuela, urgió el ingreso de la República bolivariana al Mercosur, festejó la creación del Banco del Sur, manifestó su apoyo al acosado presidente de Bolivia, Evo Morales, y reclamó por la liberación de Ingrid Betancourt, cautiva de la guerrilla colombiana.
En un clima de camaradería que los grandes medios oligárquicos y los grupos de la izquierda impoluta omitieron, los presidentes de América del Sur elogiaron el tono firme y soberano de la presidenta. Sin embargo, los focos rojos del tablero imperial titilaron cuando Fernández subrayó que “… el temor al terror no justifica la violación global de los derechos humanos”.
Dos días después, el imperio encendió el ventilador. En una maniobra similar a la de los cinco cubanos que llevan años en prisión (aunque mucho más torpe y grotesca), la Oficina Federal de Investigación (FBI) detuvo a tres empresarios venezolanos y a un uruguayo. El grupo fue acusado de integrar una red de “agentes chavistas” que conspiraban contra la “seguridad nacional”, en complicidad con el venezolano-estadunidense Guido Antonini Wilson, solicitado con orden de captura por la justicia argentina a través de Interpol. La FBI detuvo al personaje. Pero en lugar de extraditarlo, lo convirtió en “testigo protegido”, cuya norma consiste en que el acusado demuestre su calidad de “buen ciudadano”, declarando y “colaborando” con lo que “la ley” espera que el detenido declare y “colabore”.
¿Quién es el tal Antonini Wilson? En agosto pasado, mientras Hugo Chávez viajaba a Buenos Aires para suscribir una serie de convenios con el entonces presidente Néstor Kirchner, Antonini se embarcó en Caracas en vuelo privado, con igual destino, cargando un maletín que contenía 800 mil dólares. Las autoridades aduaneras de Buenos Aires incautaron el dinero. Pero Antonini no fue detenido. Pocos días después, estaba en Miami. Simultáneamente, un pasquín de Caracas daba el puntapié inicial de la intriga, insinuando que el dinero tenía destinatario: la campaña presidencial de Cristina Fernández. La Nación (diario ultraconservador de Buenos Aires) y la “oposición democrática” se sumaron a la insidia. Y el 14 y 15 de agosto el Miami Herald y un boletín de los gusanos cubanos de Florida dieron por buena la información del pasquín venezolano.
Durante tres meses, enfrascados en sus respectivas campañas políticas, argentinos y venezolanos se olvidaron del maletín. Y, curiosamente, la “independiente” y celosa justicia yanqui también se olvidaba de otro maletín, incautado al estafador chino Norman Hsu, quien en septiembre pasado había “donado” igual suma a la precandidata demócrata Hillary Clinton. Pero bueno, es Hillary.
Maletín va, maletín viene, en noviembre asumió el nuevo “Attorney General” de Estados Unidos (titular de Justicia), Michael B. Mukasey, jefe jerárquico de Thomas Mulvihill, quien dio crédito a las “irrefutables pruebas documentales” de los medios referidos.
Inesperadamente, Cristina Fernández reaccionó con dignidad y vehemencia. “No me dejaré presionar”, dijo. La presidenta reafirmó los contenidos del discurso referido y denunció que las acusaciones de Mulvihill formaban parte de una “operación basura” contra su gobierno.
Agregó: “Hay basurales de la política internacional que más que indicar crecimiento y desarrollo indican tragicómicamente la involución del desarrollo de las relaciones internacionales”. Aludiendo sin nombrar, Cristina señaló que el gobierno estadunidense quiere “países empleados y subordinados”.
De experimentada “muñeca política”, es de esperar que la gobernante haya previsto el impacto de sus opiniones frente al actual estado de terrorismo de Estado que Washington fomenta en el mundo entero. Cosa que le exigirá algo más que faldas bien puestas, buena imagen y altos índices popularidad, a más de su declarada “admiración por el ratón Mickey” (Página 12, Buenos Aires, 17/05/03).
Así es que en los próximos cuatro años, si la presidenta de los argentinos anhela realmente que no se repitan situaciones “tragicómicas” como las del maletín venezolano, deberá tomar el toro por las astas.
Argentina requiere, con urgencia, de una nueva política exterior. Porque en dictadura o democracia, su historia ya demostró que la mil veces ensayada y fallida “tercera posición” jamás dio buenos resultados.
Por último, un dato ajeno al día de inocentes: la agente María del Luján Telpuk, funcionaria de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que ordenó a Antonini Wilson la apertura del maletín, acaba de posar semidesnuda en la última edición de la revista argentina Veintitrés. Se le ve guapa.
María del Luján dice que aspira a convertirse en “estrella de la farándula”. Fuera de esto, su hermano está acusado de colaborar con una empresa en manos de ex represores de la dictadura militar. Feliz año.
Medio siglo atrás, la “comunidad internacional” (nuevo gentilicio de Estados Unidos) hubiese menudeado los fuertes contenidos estratégicos del discurso de Cristina Fernández al asumir la Presidencia de Argentina, el 10 de diciembre pasado.
Fernández (odia que le digan “de Kirchner”) resaltó los vínculos de su país con Venezuela, urgió el ingreso de la República bolivariana al Mercosur, festejó la creación del Banco del Sur, manifestó su apoyo al acosado presidente de Bolivia, Evo Morales, y reclamó por la liberación de Ingrid Betancourt, cautiva de la guerrilla colombiana.
En un clima de camaradería que los grandes medios oligárquicos y los grupos de la izquierda impoluta omitieron, los presidentes de América del Sur elogiaron el tono firme y soberano de la presidenta. Sin embargo, los focos rojos del tablero imperial titilaron cuando Fernández subrayó que “… el temor al terror no justifica la violación global de los derechos humanos”.
Dos días después, el imperio encendió el ventilador. En una maniobra similar a la de los cinco cubanos que llevan años en prisión (aunque mucho más torpe y grotesca), la Oficina Federal de Investigación (FBI) detuvo a tres empresarios venezolanos y a un uruguayo. El grupo fue acusado de integrar una red de “agentes chavistas” que conspiraban contra la “seguridad nacional”, en complicidad con el venezolano-estadunidense Guido Antonini Wilson, solicitado con orden de captura por la justicia argentina a través de Interpol. La FBI detuvo al personaje. Pero en lugar de extraditarlo, lo convirtió en “testigo protegido”, cuya norma consiste en que el acusado demuestre su calidad de “buen ciudadano”, declarando y “colaborando” con lo que “la ley” espera que el detenido declare y “colabore”.
¿Quién es el tal Antonini Wilson? En agosto pasado, mientras Hugo Chávez viajaba a Buenos Aires para suscribir una serie de convenios con el entonces presidente Néstor Kirchner, Antonini se embarcó en Caracas en vuelo privado, con igual destino, cargando un maletín que contenía 800 mil dólares. Las autoridades aduaneras de Buenos Aires incautaron el dinero. Pero Antonini no fue detenido. Pocos días después, estaba en Miami. Simultáneamente, un pasquín de Caracas daba el puntapié inicial de la intriga, insinuando que el dinero tenía destinatario: la campaña presidencial de Cristina Fernández. La Nación (diario ultraconservador de Buenos Aires) y la “oposición democrática” se sumaron a la insidia. Y el 14 y 15 de agosto el Miami Herald y un boletín de los gusanos cubanos de Florida dieron por buena la información del pasquín venezolano.
Durante tres meses, enfrascados en sus respectivas campañas políticas, argentinos y venezolanos se olvidaron del maletín. Y, curiosamente, la “independiente” y celosa justicia yanqui también se olvidaba de otro maletín, incautado al estafador chino Norman Hsu, quien en septiembre pasado había “donado” igual suma a la precandidata demócrata Hillary Clinton. Pero bueno, es Hillary.
Maletín va, maletín viene, en noviembre asumió el nuevo “Attorney General” de Estados Unidos (titular de Justicia), Michael B. Mukasey, jefe jerárquico de Thomas Mulvihill, quien dio crédito a las “irrefutables pruebas documentales” de los medios referidos.
Inesperadamente, Cristina Fernández reaccionó con dignidad y vehemencia. “No me dejaré presionar”, dijo. La presidenta reafirmó los contenidos del discurso referido y denunció que las acusaciones de Mulvihill formaban parte de una “operación basura” contra su gobierno.
Agregó: “Hay basurales de la política internacional que más que indicar crecimiento y desarrollo indican tragicómicamente la involución del desarrollo de las relaciones internacionales”. Aludiendo sin nombrar, Cristina señaló que el gobierno estadunidense quiere “países empleados y subordinados”.
De experimentada “muñeca política”, es de esperar que la gobernante haya previsto el impacto de sus opiniones frente al actual estado de terrorismo de Estado que Washington fomenta en el mundo entero. Cosa que le exigirá algo más que faldas bien puestas, buena imagen y altos índices popularidad, a más de su declarada “admiración por el ratón Mickey” (Página 12, Buenos Aires, 17/05/03).
Así es que en los próximos cuatro años, si la presidenta de los argentinos anhela realmente que no se repitan situaciones “tragicómicas” como las del maletín venezolano, deberá tomar el toro por las astas.
Argentina requiere, con urgencia, de una nueva política exterior. Porque en dictadura o democracia, su historia ya demostró que la mil veces ensayada y fallida “tercera posición” jamás dio buenos resultados.
Por último, un dato ajeno al día de inocentes: la agente María del Luján Telpuk, funcionaria de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que ordenó a Antonini Wilson la apertura del maletín, acaba de posar semidesnuda en la última edición de la revista argentina Veintitrés. Se le ve guapa.
María del Luján dice que aspira a convertirse en “estrella de la farándula”. Fuera de esto, su hermano está acusado de colaborar con una empresa en manos de ex represores de la dictadura militar. Feliz año.
Acuerdos en lo oscurito
Carlos Fernández-Vega
Pemex, en la mira
Escalofriante costo de los rescates
Según palabras de sus impulsores, la reprivatización bancaria (1991-1992), y de los bienes nacionales en general, tenía un solo fin: “democratizar” el capital, involucrar a la iniciativa privada mexicana en la conducción económica y proveer al gobierno de recursos suficientes para “resolver” las carencias sociales.
El desastroso resultado es conocido, padecido y pagado por todos, pero no sólo en la banca sino en la mayoría de los consorcios “desincorporados” a favor de empresarios mexicanos que terminaron por ser “rescatados” por el erario y/o vender al capital extranjero, el mismo que ahora ocupa la posición decisoria en la economía que aquellos impulsores originalmente asignaban al capital autóctono.
Pues bien, ahora con la intentona de privatizar el petróleo nacional, de nueva cuenta se escuchan las mismas palabras para “justificar” tal decisión, mientras en lo oscurito se firman “acuerdos”, “alianzas”, “convenios”, “pactos” y demás trucos legaloides para abrir la puerta, así sea la trasera, al capital foráneo para que clave el colmillo en este sector constitucionalmente reservado al Estado.
Tras los “errores de diciembre” (1994) y el estallido de la crisis bancaria (1995), el entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, defendía ante los diputados la iniciativa zedillista para “mejorar la capitalización de los intermediarios financieros”, la que aseguraba, “muy enfáticamente, no propone, desde luego, entregar el sistema de pagos o la banca nacional a los extranjeros. Hoy día (enero, 1995) la participación del conjunto de la banca extranjera en el mercado financiero nacional es de alrededor de 8 por ciento…” Doce años después, Ortiz es el gobernador del Banco de México y extranjera el 90 por ciento de la banca que opera en el país.
Sirva lo anterior para ilustrar qué tipo de “acuerdos”, “alianzas”, “convenios”, “pactos” y demás trucos ha firmado el gobierno para ocultar, según dicen, la privatización del petróleo (aún) mexicano, y para dibujar el panorama con las petroleras trasnacionales “asociadas” con Pemex, el cual también dice que tales “alianzas” no tienen mayor intención que “mejorar la capitalización” y el perfil de la todavía paraestatal.
El experimento bancario mexicano ha tenido un costo (político, económico y social) escalofriante, como también el del rosario de “rescates” de empresas “desincorporadas” (aerolíneas, ingenios azucareros, carreteras, satélites, y las que se queden en el tintero), pero insisten en el esquema, ahora con la joya de la corona y en lo oscurito.
En lo oscurito también se pactó la extranjerización de la banca; en aquellos tiempos Ortiz aseguraba que sólo se capitalizaría a “los bancos más pequeños”; ahora, el director de Pemex afirma que “de corazón” no se privatiza la paraestatal. Sólo es cuestión de tiempo, pero en vía de mientras, va un recuento del Banco Mundial sobre “el papel de los intereses creados en el sector bancario mexicano”, parecidos a los que construyen en el “nuevo” sector petrolero.
Relata el organismos financiero multilateral que el desarrollo histórico del sector bancario mexicano ilustra de manera adecuada las “relaciones simbióticas” entre el gobierno y un segmento de la élite económica del país en tiempos del régimen unipartidista (ratificadas en la “alternancia”). El marco legal erigía altas barreras de entrada, protegiendo así el interés de quienes ya se encontraban establecidos en el sector. Gracias a la limitación de la competencia, los bancos presentaron conductas no competitivas, incluyendo la tenencia de carteras compuestas en su mayoría por acciones propiedad de sus mismos directores y por créditos a empresas, también propiedad de esos mismos directores. Este arreglo limitó la disponibilidad de créditos a la pequeña y mediana empresa sin “contactos” y para las familias y los pequeños agricultores.
Al comenzar la privatización bancaria cuatro instituciones controlaban 70 por ciento de los activos bancarios totales. Tras la privatización, la relajada supervisión gubernamental y una regla contable “especial” que permitía a los bancos ocultar parte de los créditos en cartera vencida, fueron el caldo de cultivo para su colapso final en diciembre de 1994, cuando el peso se devaluó estrepitosamente.
La respuesta gubernamental ofrece una ilustración adicional del grado de influencia de los intereses creados en México, subraya el Banco Mundial. Antes de la devaluación de 1994, la tercera para de los créditos otorgados por la banca estaba denominada en moneda extranjera. Una gran parte de los deudores no recibía ingresos en moneda extranjera. Con la devaluación, se duplicó el valor en pesos de las deudas, los deudores incumplieron y los bancos se declararon insolventes.
El gobierno respondió a la crisis con un “rescate” masivo. En parte, la respuesta del gobierno se orientó a evitar que la economía sucumbiera a un repentino y severo caso de escasez total de crédito a medida que los bancos insolventes cerraban sus puertas. Sin embargo, esta respuesta también mostró una generosidad notable a favor de los intereses creados que no parece haber sido congruente con el interés público.
Los directores bancarios recibieron 20 por ciento de todos los créditos otorgados durante los tres años posteriores al inicio de la crisis (1995-1998). Se otorgaron a bajas tasas de interés, tenían una probabilidad de incumplimiento 33 por ciento mayor y una tasa de recuperación del colateral 30 por ciento menor. Estos créditos no cumplían las condiciones del Fobaproa, pero más tarde esta condición se relajó.
Entonces, el erario se hundió y la banca se extranjerizó. Y colorín colarado, este costosísimo cuento no se ha acabado.
Las rebanadas del pastel
Los que intentan privatizar el petróleo son los mismos que privatizaron y extranjerizaron banca, carreteras, aerolíneas, ingenios azucareros y demás. Así, dada la experiencia, ¿cómo imaginar un “rescate” de Pemex por parte del capital extranjero, sin que éste se lleve las ganancias y el erario las pérdidas?
Pemex, en la mira
Escalofriante costo de los rescates
Según palabras de sus impulsores, la reprivatización bancaria (1991-1992), y de los bienes nacionales en general, tenía un solo fin: “democratizar” el capital, involucrar a la iniciativa privada mexicana en la conducción económica y proveer al gobierno de recursos suficientes para “resolver” las carencias sociales.
El desastroso resultado es conocido, padecido y pagado por todos, pero no sólo en la banca sino en la mayoría de los consorcios “desincorporados” a favor de empresarios mexicanos que terminaron por ser “rescatados” por el erario y/o vender al capital extranjero, el mismo que ahora ocupa la posición decisoria en la economía que aquellos impulsores originalmente asignaban al capital autóctono.
Pues bien, ahora con la intentona de privatizar el petróleo nacional, de nueva cuenta se escuchan las mismas palabras para “justificar” tal decisión, mientras en lo oscurito se firman “acuerdos”, “alianzas”, “convenios”, “pactos” y demás trucos legaloides para abrir la puerta, así sea la trasera, al capital foráneo para que clave el colmillo en este sector constitucionalmente reservado al Estado.
Tras los “errores de diciembre” (1994) y el estallido de la crisis bancaria (1995), el entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, defendía ante los diputados la iniciativa zedillista para “mejorar la capitalización de los intermediarios financieros”, la que aseguraba, “muy enfáticamente, no propone, desde luego, entregar el sistema de pagos o la banca nacional a los extranjeros. Hoy día (enero, 1995) la participación del conjunto de la banca extranjera en el mercado financiero nacional es de alrededor de 8 por ciento…” Doce años después, Ortiz es el gobernador del Banco de México y extranjera el 90 por ciento de la banca que opera en el país.
Sirva lo anterior para ilustrar qué tipo de “acuerdos”, “alianzas”, “convenios”, “pactos” y demás trucos ha firmado el gobierno para ocultar, según dicen, la privatización del petróleo (aún) mexicano, y para dibujar el panorama con las petroleras trasnacionales “asociadas” con Pemex, el cual también dice que tales “alianzas” no tienen mayor intención que “mejorar la capitalización” y el perfil de la todavía paraestatal.
El experimento bancario mexicano ha tenido un costo (político, económico y social) escalofriante, como también el del rosario de “rescates” de empresas “desincorporadas” (aerolíneas, ingenios azucareros, carreteras, satélites, y las que se queden en el tintero), pero insisten en el esquema, ahora con la joya de la corona y en lo oscurito.
En lo oscurito también se pactó la extranjerización de la banca; en aquellos tiempos Ortiz aseguraba que sólo se capitalizaría a “los bancos más pequeños”; ahora, el director de Pemex afirma que “de corazón” no se privatiza la paraestatal. Sólo es cuestión de tiempo, pero en vía de mientras, va un recuento del Banco Mundial sobre “el papel de los intereses creados en el sector bancario mexicano”, parecidos a los que construyen en el “nuevo” sector petrolero.
Relata el organismos financiero multilateral que el desarrollo histórico del sector bancario mexicano ilustra de manera adecuada las “relaciones simbióticas” entre el gobierno y un segmento de la élite económica del país en tiempos del régimen unipartidista (ratificadas en la “alternancia”). El marco legal erigía altas barreras de entrada, protegiendo así el interés de quienes ya se encontraban establecidos en el sector. Gracias a la limitación de la competencia, los bancos presentaron conductas no competitivas, incluyendo la tenencia de carteras compuestas en su mayoría por acciones propiedad de sus mismos directores y por créditos a empresas, también propiedad de esos mismos directores. Este arreglo limitó la disponibilidad de créditos a la pequeña y mediana empresa sin “contactos” y para las familias y los pequeños agricultores.
Al comenzar la privatización bancaria cuatro instituciones controlaban 70 por ciento de los activos bancarios totales. Tras la privatización, la relajada supervisión gubernamental y una regla contable “especial” que permitía a los bancos ocultar parte de los créditos en cartera vencida, fueron el caldo de cultivo para su colapso final en diciembre de 1994, cuando el peso se devaluó estrepitosamente.
La respuesta gubernamental ofrece una ilustración adicional del grado de influencia de los intereses creados en México, subraya el Banco Mundial. Antes de la devaluación de 1994, la tercera para de los créditos otorgados por la banca estaba denominada en moneda extranjera. Una gran parte de los deudores no recibía ingresos en moneda extranjera. Con la devaluación, se duplicó el valor en pesos de las deudas, los deudores incumplieron y los bancos se declararon insolventes.
El gobierno respondió a la crisis con un “rescate” masivo. En parte, la respuesta del gobierno se orientó a evitar que la economía sucumbiera a un repentino y severo caso de escasez total de crédito a medida que los bancos insolventes cerraban sus puertas. Sin embargo, esta respuesta también mostró una generosidad notable a favor de los intereses creados que no parece haber sido congruente con el interés público.
Los directores bancarios recibieron 20 por ciento de todos los créditos otorgados durante los tres años posteriores al inicio de la crisis (1995-1998). Se otorgaron a bajas tasas de interés, tenían una probabilidad de incumplimiento 33 por ciento mayor y una tasa de recuperación del colateral 30 por ciento menor. Estos créditos no cumplían las condiciones del Fobaproa, pero más tarde esta condición se relajó.
Entonces, el erario se hundió y la banca se extranjerizó. Y colorín colarado, este costosísimo cuento no se ha acabado.
Las rebanadas del pastel
Los que intentan privatizar el petróleo son los mismos que privatizaron y extranjerizaron banca, carreteras, aerolíneas, ingenios azucareros y demás. Así, dada la experiencia, ¿cómo imaginar un “rescate” de Pemex por parte del capital extranjero, sin que éste se lleve las ganancias y el erario las pérdidas?
Adiós a un cardenal (¿o a dos?)
Julio Hernández López
Uno de los personajes más desgastados del año que termina es el cardenal Norberto Rivera. Pasajero de lujo en el tren de los poderes terrenos, el sacerdote duranguense no ha podido salir de las estaciones malditas llamadas “protección a la pederastia” y “alianza con los ricos e influyentes”. Fortalecido por el episodio de las campanas de catedral en el último tramo de su peregrinaje 2007, Rivera ha quedado, sin embargo, tan gravemente dañado por sus andanzas al lado de los césares que cíclicamente se renuevan las versiones de que el Vaticano rescataría de los pantanos mexicanos tanto para darle un respiro a él como –pragmáticos que durante milenios han sido los curas– a la propia estructura católica mexicana entrampada durante ya largo tiempo en los escándalos e infortunios de tan peculiar arzobispo primado.
En corrillos eclesiásticos se menciona el nombre de un candidato natural a suceder a Rivera en la jefatura formal de la Iglesia mexicana: Francisco Robles Ortega, un sacerdote jalisciense que ha sido obispo de Toluca (fue nombrado en julio de 1996) y que, siendo arzobispo de Monterrey (designado en enero de 2003), el pasado 24 de noviembre fue llevado al cardenalato por el papa Benedicto 16. Robles Ortega, nacido en Mascota, Jalisco, el 2 de marzo de 1949, tercero de 16 hijos, es un hombre prudente, conservador pero tolerante, poco afecto a los reflectores y, por tanto, adecuado para que, en un estilo pendular de política, los altos estrategas de sotana envíen con él un mensaje de moderación e inclusive reconciliación con segmentos, tanto de fieles como de simples ciudadanos, que se sienten agraviados por la conducta del principal obispo del país, Rivera, que no cuenta con el respaldo de sus colegas, agrupados en la conferencia episcopal, ni con el apoyo mayoritario de los sacerdotes comunes del país.
El rediseño de la sala de mandos de la Iglesia mexicana llegará también al polo de extrema derecha asentado en Guadalajara. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez cumplirá 75 años el próximo 28 de marzo y, conforme a la normatividad del caso, deberá presentar su renuncia para que, a partir de ese momento, en un plazo impreciso, el Vaticano la dé por aceptada. Normalmente, esa aceptación lleva entre dos meses y un año, en el caso de obispos, y excepcionalmente hasta dos años en cuanto a cardenales, según estimaciones hechas por el vicario general de la diócesis de Segovia, España, Andrés de la Calle cuando, en 2006, el obispo Luis Gutiérrez presentó su renuncia por haber llegado a los tres cuartos de siglo de vida (información publicada en El norte de Castilla). A partir de la entrega de esa renuncia forzosa, “el Vaticano se toma su tiempo, o no”, ilustró De la Calle. Mientras tanto, bromeó, “hay que estar pendientes, como los políticos en un año electoral”.
A diferencia de Rivera, que es un personaje prescindible de las altas esferas de la política nacional, sin base social ni estructura personal (a quien nadie extrañará cuando en esos centros de poder sea sustituido por alguien que cumpla funciones parecidas e incluso, muy probablemente, más eficaces) en el caso de Sandoval Íñiguez sí hay una figura de influencia social en la zona más conservadora del país (Los Altos de Jalisco) y en el aparato estatal de un gobierno que con frecuencia parece ejercido más por el cardenal en vías de retiro que por el feligrés panista (que fue presidente nacional del Partido Demócrata Mexicano, expresión electoral del sinarquismo) de nombre Emilio González Márquez.
Sandoval Íñiguez nació en Yahualica, uno de los municipios de la diócesis de San Juan de los Lagos, y fue rector del Seminario de Guadalajara y obispo de Ciudad Juárez antes de encargarse del arzobispado de Guadalajara en sustitución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en el aeropuerto de la capital tapatía. Sandoval, con 11 hermanos, de los cuales uno, José, es misionero guadalupano en Corea, recibió el arzobispado, el cardenalato y una bandera que ha ondeado incesantemente, al considerar que la muerte de su antecesor fue un crimen de Estado y no una confusión entre narcotraficantes como quedó legalmente establecido a partir de investigaciones que condujo y defendió el entonces alto funcionario salinista Jorge Carpizo. En el calendario anual de reavivamiento del tema, han acompañado a Sandoval su asesor jurídico, José Antonio Ortega, promotor de cruzadas “civiles” contra la inseguridad pública; Fernando Guzmán, ahora secretario general del gobierno de Jalisco, y el propio González Márquez, actualmente gobernador de la entidad.
Tocado políticamente Norberto Rivera, y en vías de retiro Juan Sandoval, sólo quedan dos cardenales en condiciones de buscar el arzobispado primado de México: Javier Lozano Barragán, quien durante largo tiempo ha desempeñado cargos en el Vaticano, y el citado Robles Ortega. Otros dos cardenales, Ernesto Corripio Ahumada y Adolfo Antonio Suárez Rivera, han rebasado los 75 años de edad. No es, sin embargo, obligatorio que el nuevo jefe formal de la Iglesia católica mexicana sea cardenal, pues podría ser cualquier obispo. El nuevo nuncio apostólico, Christophe Pierre, nombrado en marzo del presente año, deberá proponer a la sede de su corporativo trasnacional nombramientos que equilibren las fuerzas de una Iglesia socialmente mayoritaria pero afectada por los escándalos y elitismo de un cardenal asentado en la capital del país, por los proyectos de asalto al poder civil que se desarrollan en el importante polo occidental del catolicismo mexicano, por la desvinculación (salvo casos como el de don Raúl Vera, en Saltillo) de las elites respecto a las necesidades y exigencias populares, y por la marginación y combate que esas elites pretenden imponer a sacerdotes que, como en Oaxaca, están decididos a acompañar a los desvalidos en sus luchas reivindicatorias. Haiga sido como haiga sido, lo cierto es que el año venidero los mexicanos podrán decir adiós a, cuando menos, un cardenal –Sandoval, quien deberá presentar su renuncia, aunque la aceptación pudiera tardar. Sea por Dios.
Uno de los personajes más desgastados del año que termina es el cardenal Norberto Rivera. Pasajero de lujo en el tren de los poderes terrenos, el sacerdote duranguense no ha podido salir de las estaciones malditas llamadas “protección a la pederastia” y “alianza con los ricos e influyentes”. Fortalecido por el episodio de las campanas de catedral en el último tramo de su peregrinaje 2007, Rivera ha quedado, sin embargo, tan gravemente dañado por sus andanzas al lado de los césares que cíclicamente se renuevan las versiones de que el Vaticano rescataría de los pantanos mexicanos tanto para darle un respiro a él como –pragmáticos que durante milenios han sido los curas– a la propia estructura católica mexicana entrampada durante ya largo tiempo en los escándalos e infortunios de tan peculiar arzobispo primado.
En corrillos eclesiásticos se menciona el nombre de un candidato natural a suceder a Rivera en la jefatura formal de la Iglesia mexicana: Francisco Robles Ortega, un sacerdote jalisciense que ha sido obispo de Toluca (fue nombrado en julio de 1996) y que, siendo arzobispo de Monterrey (designado en enero de 2003), el pasado 24 de noviembre fue llevado al cardenalato por el papa Benedicto 16. Robles Ortega, nacido en Mascota, Jalisco, el 2 de marzo de 1949, tercero de 16 hijos, es un hombre prudente, conservador pero tolerante, poco afecto a los reflectores y, por tanto, adecuado para que, en un estilo pendular de política, los altos estrategas de sotana envíen con él un mensaje de moderación e inclusive reconciliación con segmentos, tanto de fieles como de simples ciudadanos, que se sienten agraviados por la conducta del principal obispo del país, Rivera, que no cuenta con el respaldo de sus colegas, agrupados en la conferencia episcopal, ni con el apoyo mayoritario de los sacerdotes comunes del país.
El rediseño de la sala de mandos de la Iglesia mexicana llegará también al polo de extrema derecha asentado en Guadalajara. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez cumplirá 75 años el próximo 28 de marzo y, conforme a la normatividad del caso, deberá presentar su renuncia para que, a partir de ese momento, en un plazo impreciso, el Vaticano la dé por aceptada. Normalmente, esa aceptación lleva entre dos meses y un año, en el caso de obispos, y excepcionalmente hasta dos años en cuanto a cardenales, según estimaciones hechas por el vicario general de la diócesis de Segovia, España, Andrés de la Calle cuando, en 2006, el obispo Luis Gutiérrez presentó su renuncia por haber llegado a los tres cuartos de siglo de vida (información publicada en El norte de Castilla). A partir de la entrega de esa renuncia forzosa, “el Vaticano se toma su tiempo, o no”, ilustró De la Calle. Mientras tanto, bromeó, “hay que estar pendientes, como los políticos en un año electoral”.
A diferencia de Rivera, que es un personaje prescindible de las altas esferas de la política nacional, sin base social ni estructura personal (a quien nadie extrañará cuando en esos centros de poder sea sustituido por alguien que cumpla funciones parecidas e incluso, muy probablemente, más eficaces) en el caso de Sandoval Íñiguez sí hay una figura de influencia social en la zona más conservadora del país (Los Altos de Jalisco) y en el aparato estatal de un gobierno que con frecuencia parece ejercido más por el cardenal en vías de retiro que por el feligrés panista (que fue presidente nacional del Partido Demócrata Mexicano, expresión electoral del sinarquismo) de nombre Emilio González Márquez.
Sandoval Íñiguez nació en Yahualica, uno de los municipios de la diócesis de San Juan de los Lagos, y fue rector del Seminario de Guadalajara y obispo de Ciudad Juárez antes de encargarse del arzobispado de Guadalajara en sustitución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en el aeropuerto de la capital tapatía. Sandoval, con 11 hermanos, de los cuales uno, José, es misionero guadalupano en Corea, recibió el arzobispado, el cardenalato y una bandera que ha ondeado incesantemente, al considerar que la muerte de su antecesor fue un crimen de Estado y no una confusión entre narcotraficantes como quedó legalmente establecido a partir de investigaciones que condujo y defendió el entonces alto funcionario salinista Jorge Carpizo. En el calendario anual de reavivamiento del tema, han acompañado a Sandoval su asesor jurídico, José Antonio Ortega, promotor de cruzadas “civiles” contra la inseguridad pública; Fernando Guzmán, ahora secretario general del gobierno de Jalisco, y el propio González Márquez, actualmente gobernador de la entidad.
Tocado políticamente Norberto Rivera, y en vías de retiro Juan Sandoval, sólo quedan dos cardenales en condiciones de buscar el arzobispado primado de México: Javier Lozano Barragán, quien durante largo tiempo ha desempeñado cargos en el Vaticano, y el citado Robles Ortega. Otros dos cardenales, Ernesto Corripio Ahumada y Adolfo Antonio Suárez Rivera, han rebasado los 75 años de edad. No es, sin embargo, obligatorio que el nuevo jefe formal de la Iglesia católica mexicana sea cardenal, pues podría ser cualquier obispo. El nuevo nuncio apostólico, Christophe Pierre, nombrado en marzo del presente año, deberá proponer a la sede de su corporativo trasnacional nombramientos que equilibren las fuerzas de una Iglesia socialmente mayoritaria pero afectada por los escándalos y elitismo de un cardenal asentado en la capital del país, por los proyectos de asalto al poder civil que se desarrollan en el importante polo occidental del catolicismo mexicano, por la desvinculación (salvo casos como el de don Raúl Vera, en Saltillo) de las elites respecto a las necesidades y exigencias populares, y por la marginación y combate que esas elites pretenden imponer a sacerdotes que, como en Oaxaca, están decididos a acompañar a los desvalidos en sus luchas reivindicatorias. Haiga sido como haiga sido, lo cierto es que el año venidero los mexicanos podrán decir adiós a, cuando menos, un cardenal –Sandoval, quien deberá presentar su renuncia, aunque la aceptación pudiera tardar. Sea por Dios.
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