Guadalupe Reyes
El pasado 23 de noviembre se publicaba un artículo en Rebelión escrito por Diego Cevallos con un título claramente tendencioso, “Un fraude de película” 1 , y un contenido digno de comentario. Dicho artículo se refería a la película que el director Luis Mandoki ha realizado sobre el fraude que, según el 40% de los mexicanos, fue perpetrado en las pasadas elecciones de julio de 2006 en México y que lleva por título “Fraude México 2006”.
En el artículo, Cevallos despliega una serie de críticas sutiles y veladas acerca de determinados aspectos como la parcialidad del “film”o su pertinencia. El autor pretende dar un aire de objetividad al presentar “hechos desnudos” como las opiniones expresadas por otras personas. Sin embargo, la selección de sus fuentes denota un posicionamiento hostil hacia la película. Parece que a Cevallos le molesta la existencia misma de la película y nos preguntamos qué mueve a este señor, tan sensible para denunciar muchas otras injusticias que se cometen en México, a escribir un artículo que se suma a la campaña de difamación y ninguneamiento no sólo de la película sino del propio movimiento que sigue apoyando, críticamente, a Andrés Manuel López Obrador.
“ Fraude” es un documental necesario para entender qué sucedió en México antes, durante y después de las elecciones del 2 de julio de 2006. Es más, sirve como instrumento de denuncia del corrupto y fraudulento sistema político mexicano. Poder ver en acción la desfachatez de muchos de los que estuvieron implicados en tamaño falseamiento de la voluntad popular es otro de sus méritos gracias a que decenas de valientes ciudadanos filmaron en diversos puntos de la geografía mexicana las alteraciones que se realizaron en los votos de las casillas (urnas), así como en las actas de votación, o la negativa a abrir las casillas que presentaban flagrantes irregularidades, entre otras tropelías. La película “Fraude” proporciona imágenes inéditas de cómo se realizó el fraude electoral, cabe decir que no sólo ante la presencia “ciega” de las autoridades del Instituto Federal Electoral (IFE) sino que, en muchas poblaciones, ello fue posible, además, por la activa connivencia de aquéllas con los militantes panistas. Bien fuera por omisión o por acción, el IFE, que tenía que velar por la transparencia e imparcialidad de los comicios, fue un actor principal en el desaguisado electoral. El puzzle que conforma el fraude va encajando si sabemos que dicha institución estaba controlada por personas del PAN y del PRI.
Asimismo, la película muestra imágenes irrefutables de las irregularidades cometidas. Irregularidades como actas donde al PAN se le asignaban más votos de los que tenía, mientras que a la Coalición por el Bien de Todos encabezada por López Obrador se le restaban; casillas donde había más votos emitidos que los permitidos por la legislación electoral mexicana –en México, por su particular historia electoral, las papeletas están contadas, son dadas a los votantes por los responsables de la mesa electoral y sólo puede haber un máximo de 750 votos por casilla-; papeletas sin ningún tipo de doblez insertas en casillas cuyo sello había sido violado; quema de actas y votos encontrados en basureros; etc. Pero también nos muestra maneras más sutiles de evitar el voto de las clases desfavorecidas que eran, como todo el mundo sabe, el principal soporte electoral de López Obrador. Entre estas tácticas estaba impedir el voto a través de “desaparecer” a las personas. Esto es, la persona iba a votar pero no estaba en las listas, pese a tener su acreditación correspondiente y haber votado en las últimas elecciones en esa misma mesa electoral. Si tenemos en cuenta que el cuñado de Calderón fue denunciado días antes de las elecciones por controlar una base de datos donde había información del censo electoral que incluía la preferencia de voto de los ciudadanos, podemos ir añadiendo más piezas al puzzle. Cevallos, por su parte, alega que los observadores electorales internacionales desestimaron las denuncias de irregularidades. Pero ¿cómo iban a poder evaluar los observadores electorales estas acciones que nunca pudieron observar? Olvida Cevallos que muchas de las denuncias se hicieron “a posteriori”, cuando ya los observadores electorales volaban rumbo a sus países. La observación electoral como tal se ciñó a la mera votación pues ningún observador pudo presenciar recuento alguno y, mucho menos, las maniobras bajo manga que se realizaron en las semanas posteriores para adecuar los resultados a una victoria ya anunciada de Felipe Calderón.
No hace falta ser simpatizante de López Obrador para darse cuenta de que lo reflejado en la cinta es material suficiente para inferir que en México no hubo unas elecciones limpias, cuando menos. Hasta se pueden observar los testimonios de científicos demostrando matemáticamente las incoherencias del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), programa informático diseñado, supuestamente, para intentar disipar la suspicacia en torno a los resultados 2 . Suspicacia que ha acompañado a las elecciones mexicanas en los últimos ochenta años pues los gobiernos priístas no se caracterizaron por su respeto a las reglas electorales de la democracia burguesa. Para muestra, un botón: México ganó el premio al máximo exponente de cinismo cuando se produjo la “caída del sistema” de 1988, merced a la cual Salinas de Gortari pudo ganar unas elecciones que iba perdiendo frente a Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato de la izquierda. De esos polvos, vinieron estos lodos…
Por eso, cargar las tintas contra Mandoki y su cinta por ser un “panfleto” a medida de López Obrador o por no mostrar los argumentos contrarios al fraude es no ver el árbol por culpa de las ramas. Si bien se pueden hacer cuestionamientos a la película, como la excesiva presencia del candidato perredista, no es justo acusarla de parcialidad cuando muchos de los que son puestos en el punto de mira por ésta no accedieron a dar su versión de los hechos. Por su parte, Cevallos pone de manifiesto que “Fraude” está siendo exhibida en varias salas del país aunque sus productores denunciaron una censura previa. Pero Mandoki no mintió cuando denunció la censura existente. Ésta fue ejercida no sólo por una gran distribuidora de capital estadounidense que se negó a distribuirla, sino también por radiodifusoras y canales de televisión que silenciaron su existencia, a pesar de haber firmado contratos de promoción. A ello hay que añadir que, posteriormente, la película ha tenido que lidiar con diversas acciones de sutil boicot desplegadas en los mismos cines donde ha sido proyectada, tales como: omitir el título de la película en algunas carteleras a pie de calle, no proyectarla pese a estar programada, o no acompañarla de su correspondiente cartel en la sala donde se proyecta, entre otras.
Sin embargo, focalizar la atención en los asuntos anteriores es un debate estéril que resta relevancia a lo fundamental. Lo que aquí importa no es la película en sí sino la denuncia que ésta realiza. Y en la elusión de este aspecto crucial es donde radica el principal problema del artículo de Cevallos. Que alguien, después de ver semejante enumeración de aberraciones, se vea movido a escribir un artículo donde se critiquen veladamente aspectos formales de la cinta o cuestione la veracidad de las pruebas presentadas por ésta, en lugar de valorar su audacia, es de una miopía atroz. Máxime cuando “Fraude” pone en tela de juicio la falacia construida por el poder y avalada por los medios de comunicación mexicanos, a su vez secundados por la prensa internacional y los gobiernos “lacayos del imperio”, que diría alguno. Una denuncia más que necesaria si lo que pretendemos es desenmascarar, tanto en México como en el resto del mundo, la podredumbre del sistema capitalista y construir una sociedad verdaderamente alternativa donde la impunidad y la corrupción no campen a sus anchas.
1 Véase http://www.rebelion.org/noticia.php?id=59432
2 Puede consultarse, además, el artículo http://www.rebelion.org/noticia.php?id=34294
lunes, enero 07, 2008
El indio y lo indio en el anarquismo magonista
Benjamin Maldonado
Rebelión
A principios del siglo XX había en México una población de unos 12 millones de habitantes, de los cuales la mayoría eran indígenas que vivían en pequeñas comunidades rurales y en haciendas. Esto hace pensar que la base de un movimiento revolucionario debía ser esa gran masa indígena sobreexplotada y, por tanto, que los trabajos de agitación considerarían a esta población como su principal objetivo, aún cuando fuera como apoyo estratégico para sectores considerados de punta, como el incipiente proletariado. Pero si actualmente los indios son apenas visibles, en aquella época su situación era peor. Su diferencia era percibida como una raza distinta, obviamente inferior, ajena a los destinos de la patria, quedando disueltos en la categoría de masa analfabeta. Aquí me refiero al pensamiento político de la época, es decir al conjunto de ideas que guiaban a grupos de acción; había gentes como Abraham Castellanos o Francisco Belmar que pensaban de distinta manera sobre los indios, pero se trata de intelectuales cuyos planteamientos alternos no llegaron a influir de forma decisiva y masiva ni en el gobierno ni en el curso de los acontecimientos políticos.
El objetivo implícito de esta identificación genérica no era caracterizar a un grupo sino mostrar a qué tipo de gente no se pertenecía ni se quería pertenecer, es decir establecer una identidad negativa con respecto al otro. Un ejemplo está en el pensamiento “revolucionario” de Francisco I. Madero, quien sostenía en 1908 que aún en los países muy ilustrados no es el pueblo bajo el que determina quiénes deben llevar las riendas del gobierno. Generalmente, los pueblos democráticos son dirigidos por los jefes de partido... Aquí en México pasará lo mismo, y no será la masa analfabeta la que dirija al país, sino su elemento intelectual (Madero, La sucesión presidencial en 1910, en: Maldonado, 1994:43).
Compartiendo esa visión racista, los políticos porfiristas no reconocían en el indio cualidades positivas, por lo que, por ejemplo, sostenían que era necesario crear una legislación sabia para "sacar al indio de su abyección y metamorfosearlo en ciudadano, en padre de familia y en ciudadano útil a la comunidad" (Enrique C.Creel, en: Ibid:42).
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Rebelión
A principios del siglo XX había en México una población de unos 12 millones de habitantes, de los cuales la mayoría eran indígenas que vivían en pequeñas comunidades rurales y en haciendas. Esto hace pensar que la base de un movimiento revolucionario debía ser esa gran masa indígena sobreexplotada y, por tanto, que los trabajos de agitación considerarían a esta población como su principal objetivo, aún cuando fuera como apoyo estratégico para sectores considerados de punta, como el incipiente proletariado. Pero si actualmente los indios son apenas visibles, en aquella época su situación era peor. Su diferencia era percibida como una raza distinta, obviamente inferior, ajena a los destinos de la patria, quedando disueltos en la categoría de masa analfabeta. Aquí me refiero al pensamiento político de la época, es decir al conjunto de ideas que guiaban a grupos de acción; había gentes como Abraham Castellanos o Francisco Belmar que pensaban de distinta manera sobre los indios, pero se trata de intelectuales cuyos planteamientos alternos no llegaron a influir de forma decisiva y masiva ni en el gobierno ni en el curso de los acontecimientos políticos.
El objetivo implícito de esta identificación genérica no era caracterizar a un grupo sino mostrar a qué tipo de gente no se pertenecía ni se quería pertenecer, es decir establecer una identidad negativa con respecto al otro. Un ejemplo está en el pensamiento “revolucionario” de Francisco I. Madero, quien sostenía en 1908 que aún en los países muy ilustrados no es el pueblo bajo el que determina quiénes deben llevar las riendas del gobierno. Generalmente, los pueblos democráticos son dirigidos por los jefes de partido... Aquí en México pasará lo mismo, y no será la masa analfabeta la que dirija al país, sino su elemento intelectual (Madero, La sucesión presidencial en 1910, en: Maldonado, 1994:43).
Compartiendo esa visión racista, los políticos porfiristas no reconocían en el indio cualidades positivas, por lo que, por ejemplo, sostenían que era necesario crear una legislación sabia para "sacar al indio de su abyección y metamorfosearlo en ciudadano, en padre de familia y en ciudadano útil a la comunidad" (Enrique C.Creel, en: Ibid:42).
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“Los medios informativos de masas en España mienten con total impunidad”
Pascual Serrano presenta su libro Perlas 2 en Canarias
M.L. González
El periodista Pascual Serrano presentó la pasada semana en Canarias su libro Perlas 2, patrañas, mentiras y trapacerías de la prensa española. En sus charlas, celebradas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, Serrano quiso dejar claro que los medios de comunicación mayoritarios en el Estado Español no son plurales ni garantizan la veracidad que cabría esperar de ellos.
Muy al contrario –dijo en Las Palmas- “aquí, tanto en la prensa escrita, como en las radios y en las televisiones, se miente con total impunidad”.
Para Serrano “en estos medios, la información se manipula sin ningún tipo de escrúpulos con tal de favorecer los intereses de las empresas que los sustentan. Desde los titulares que se dan sobre un determinado tema hasta los editoriales que se dedican a él, cualquier fórmula es válida si el objetivo es crear un estado de opinión que vaya en sintonía con esos intereses”.
En este sentido, el cofundador de Rebelión destacó el caso de Venezuela, “un país que, en los últimos años (esto es, desde que Hugo Chávez fue elegido presidente) ha sido blanco de la tergiversación informativa más feroz por parte de la prensa española”.
La reforma constitucional, que fue votada por el pueblo venezolano el pasado 2 de diciembre, fue el ejemplo al que más se refirió Serrano. “Los medios españoles no dejaron de repetir una y otra vez el término vitalicio (referido a la posibilidad planteada en la reforma de que el presidente del país pudiera postularse a más de dos legislaturas consecutivas), pero nada dijeron sobre la prohibición del latifundio o de las horas extras obligatorias para los trabajadores”
A propósito del referéndum, Serrano habló del caso del único muerto que se produjo en medio de ese proceso. “Se trataba del trabajador de una de las cooperativas que hay en el país, quien, además, en el momento en que le dispararon llevaba una camiseta roja (signo inequívoco del chavismo en Venezuela). Desde el primer momento, se supo que fueron los participantes en una manifestación opositora los que habían disparado, pero aquí, ni El Mundo, ni El País, ni ningún otro medio de los llamados mayoritarios presentaron los hechos tal como habían sucedido. Al revés, intencionadamente envolvieron la noticia en una nube de ambigüedad que impidió a la gente saber lo que de verdad había ocurrido”.
Frente a fenómenos como este, Pascual Serrano habló de la ocultación y el silencio que se cierne sobre los países y los dirigentes que encarnan las políticas neoliberales en América Latina. “Cabría preguntarse –apuntó- porqué no hay noticias sobre Méjico o Perú, dos naciones en las que, por cierto, ha habido conflictos sociales muy duros en estos tiempos y, en cambio, porqué siempre las balas se dirigen contra Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador”.
Alternativas a una lata de atún
Coincidiendo con el ejemplo peruano, la foto de las supuestas latas de atún con las caras de Chávez y el candidato Ollanta Humala, que se dijo que habían aparecido en la zona del terremoto de Cuzco, fue otro de los nudos de la argumentación del periodista. Para Serrano, “la demagogia electoral de la que los medios, en España y en mundo, acusaron a Chávez y a Humala se basó sólo en la existencia de una sola foto, el primerísimo plano de una única lata sostenida por la mano de un desconocido en no se sabe dónde. De nada sirvió el desmentido que hicieron testigos presenciales como los miembros de la Cruz Roja en la región del desastre (que nunca vieron ninguna lata de atún) o el que hizo la propia embajada venezolana. Nadie, por supuesto tampoco El País, El Mundo o la SER, se hizo eco de ello. Así es cómo se construyen las realidades mediáticas”.
En palabras de Pascual Serrano, lo peor de esta práctica, de estas “mentiras repetidas una y cien veces” es que consiguen el efecto que se pretende de ellas. “Al final, la manipulación informativa es la culpable de que Fidel o Chávez sean los líderes peor valorados en las encuestas de opinión, aunque luego se sepa que los encuestados han respondido que España sí es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, que sí tiene armas atómicas, o que todavía hay tropas españolas en Irak”.
La necesidad, pues, de fortalecer los medios alternativos de información centraron la parte final de las charlas del cofundador de Rebelión, quien afirmó que “detrás de los medios no hay ideología, sólo hay dinero” y que, por eso “en el marco capitalista no hay posibilidad de contar con medios plurales. Pese a todo la gente lo que pide es decencia, equilibrio y veracidad. Los medios alternativos somos mejores porque no dependemos de empresas y eso nos hace menos perversos y más democráticos. Ahora bien, hacer que esta tendencia se convierta en un modelo depende de la implicación de los Estados. Habrá que convencer a la ciudadanía y también a los Estados de que crear un marco comunicacional no privado es una urgencia y también una responsabilidad”.
M.L. González
El periodista Pascual Serrano presentó la pasada semana en Canarias su libro Perlas 2, patrañas, mentiras y trapacerías de la prensa española. En sus charlas, celebradas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, Serrano quiso dejar claro que los medios de comunicación mayoritarios en el Estado Español no son plurales ni garantizan la veracidad que cabría esperar de ellos.
Muy al contrario –dijo en Las Palmas- “aquí, tanto en la prensa escrita, como en las radios y en las televisiones, se miente con total impunidad”.
Para Serrano “en estos medios, la información se manipula sin ningún tipo de escrúpulos con tal de favorecer los intereses de las empresas que los sustentan. Desde los titulares que se dan sobre un determinado tema hasta los editoriales que se dedican a él, cualquier fórmula es válida si el objetivo es crear un estado de opinión que vaya en sintonía con esos intereses”.
En este sentido, el cofundador de Rebelión destacó el caso de Venezuela, “un país que, en los últimos años (esto es, desde que Hugo Chávez fue elegido presidente) ha sido blanco de la tergiversación informativa más feroz por parte de la prensa española”.
La reforma constitucional, que fue votada por el pueblo venezolano el pasado 2 de diciembre, fue el ejemplo al que más se refirió Serrano. “Los medios españoles no dejaron de repetir una y otra vez el término vitalicio (referido a la posibilidad planteada en la reforma de que el presidente del país pudiera postularse a más de dos legislaturas consecutivas), pero nada dijeron sobre la prohibición del latifundio o de las horas extras obligatorias para los trabajadores”
A propósito del referéndum, Serrano habló del caso del único muerto que se produjo en medio de ese proceso. “Se trataba del trabajador de una de las cooperativas que hay en el país, quien, además, en el momento en que le dispararon llevaba una camiseta roja (signo inequívoco del chavismo en Venezuela). Desde el primer momento, se supo que fueron los participantes en una manifestación opositora los que habían disparado, pero aquí, ni El Mundo, ni El País, ni ningún otro medio de los llamados mayoritarios presentaron los hechos tal como habían sucedido. Al revés, intencionadamente envolvieron la noticia en una nube de ambigüedad que impidió a la gente saber lo que de verdad había ocurrido”.
Frente a fenómenos como este, Pascual Serrano habló de la ocultación y el silencio que se cierne sobre los países y los dirigentes que encarnan las políticas neoliberales en América Latina. “Cabría preguntarse –apuntó- porqué no hay noticias sobre Méjico o Perú, dos naciones en las que, por cierto, ha habido conflictos sociales muy duros en estos tiempos y, en cambio, porqué siempre las balas se dirigen contra Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador”.
Alternativas a una lata de atún
Coincidiendo con el ejemplo peruano, la foto de las supuestas latas de atún con las caras de Chávez y el candidato Ollanta Humala, que se dijo que habían aparecido en la zona del terremoto de Cuzco, fue otro de los nudos de la argumentación del periodista. Para Serrano, “la demagogia electoral de la que los medios, en España y en mundo, acusaron a Chávez y a Humala se basó sólo en la existencia de una sola foto, el primerísimo plano de una única lata sostenida por la mano de un desconocido en no se sabe dónde. De nada sirvió el desmentido que hicieron testigos presenciales como los miembros de la Cruz Roja en la región del desastre (que nunca vieron ninguna lata de atún) o el que hizo la propia embajada venezolana. Nadie, por supuesto tampoco El País, El Mundo o la SER, se hizo eco de ello. Así es cómo se construyen las realidades mediáticas”.
En palabras de Pascual Serrano, lo peor de esta práctica, de estas “mentiras repetidas una y cien veces” es que consiguen el efecto que se pretende de ellas. “Al final, la manipulación informativa es la culpable de que Fidel o Chávez sean los líderes peor valorados en las encuestas de opinión, aunque luego se sepa que los encuestados han respondido que España sí es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, que sí tiene armas atómicas, o que todavía hay tropas españolas en Irak”.
La necesidad, pues, de fortalecer los medios alternativos de información centraron la parte final de las charlas del cofundador de Rebelión, quien afirmó que “detrás de los medios no hay ideología, sólo hay dinero” y que, por eso “en el marco capitalista no hay posibilidad de contar con medios plurales. Pese a todo la gente lo que pide es decencia, equilibrio y veracidad. Los medios alternativos somos mejores porque no dependemos de empresas y eso nos hace menos perversos y más democráticos. Ahora bien, hacer que esta tendencia se convierta en un modelo depende de la implicación de los Estados. Habrá que convencer a la ciudadanía y también a los Estados de que crear un marco comunicacional no privado es una urgencia y también una responsabilidad”.
Otra Colombia es posible
Emir Sader
Recuerdo la preocupación de García Márquez cuando veía lo que estaba ocurriendo en Argentina, alrededor de 1977, porque Colombia no se transformase en otra Argentina. Él, que no había recibido todavía un Premio Nóbel que dio a su país un relieve mundial, había advertido el camino por el que se dirigía Colombia.
Tres décadas después, Colombia continúa siendo uno de los epicentros de la "guerra infinita" del gobierno de George W. Bush. Álvaro Uribe es producto de esa política, el aliado más estrecho –uno de los pocos con que cuenta en América Latina— de la política belicista de Washington. Uribe fue electo con la promesa de la famosa "mano dura", en la búsqueda, para Colombia, de una solución "iraquí", "bushiana", que consideraba que las tentativas de pacificación de los anteriores presidentes mediante negociaciones habían fracasado.
Un país cansado de la violencia vio como un presidente en connivencia con los grupos paramilitares, y a través de ellos, con los cárteles del narcotráfico, concentraba recursos militares puestos a su disposición por el gobierno norteamericano en unas operaciones militares pretendidamente capaces de allanar el camino del triunfo de la democracia en el país. El aislamiento de las guerrillas favoreció la consolidación de Uribe, quien –como otros presidentes neoliberales del continente, como Fujimori o Cardoso– reformó la Constitución del país durante su mandato para poder optar a la reelección, y ahora intenta conseguir un tercer mandato.
Hizo una política interna ortodoxamente neoliberal, sin percatarse del agotamiento de la misma en todos los países del continente. Llevó a la práctica una política represiva que interfirió claramente en los derechos democráticos de la población, contando –como ocurre con todas la políticas antipopulares– con el apoyo de los grandes medios de comunicación oligárquicos. Asimismo, se aisló de los procesos de integración regional, intentando firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no cerrado hasta ahora sólo por las objeciones que el Partido Demócrata formuló contra las precarísimas condiciones de los Derechos Humanos en Colombia bajo su presidencia.
Uribe no quiere que se concrete el canje de prisioneros de las FARC por los prisioneros de su gobierno. Su apoyo interno depende de la demonización de las FARC, que le permite aparecer como el hombre del "orden". Cuando su reelección, Uribe tuvo como principal oponente a Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático, un partido de izquierda que desbancó a los partidos Liberal y Conservador, constituyéndose en la mayor amenaza para la continuidad de Uribe. En las recientes elecciones municipales del pasado octubre, el gobierno perdió en las principales ciudades –como Bogotá, nuevamente conquistada por el Polo Democrático, Medellín o Cali– frente a los candidatos de izquierda. Se ve, así pues, que las políticas oficialistas en la línea de Uribe –quien apoyó a los candidatos perdedores– no gozan del favor popular y necesitan imperiosamente de la crispada polarización con las guerrillas para intentar perpetuarse en la presidencia del país. Uribe nació de la violencia, y sabe que su supervivencia política depende de que la violencia no termine. Los diversos intentos de desbloquear la propuesta de las FARC de intercambio de presos de la guerrilla por presos del gobierno revela el papel de cada gobierno del continente, muestra quién busca soluciones pacíficas, democráticas, para las crisis, y quién, en cambio, desea perpetuar la espiral de violencia en Colombia. La situación podía ahora ser desbloqueada gracias a la actuación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cuando el proceso estaba en curso, Uribe echó mano de un pretexto menor para excluir a Chávez de la negociación, a sabiendas de que la mediación de éste desde el comienzo ya había acumulado el crédito necesario para que el acuerdo prosperara. A favor de Chávez están la confianza de los familiares de los presos, el diálogo con las FARC, su capacidad de iniciativa y la declarada simpatía de los sectores políticos democráticos de Colombia y de muchos gobiernos de la región.
Para disgusto de Uribe, las FARC devolvieron al presidente venezolano a las negociaciones, disponiéndose a entregarle tres de los detenidos, a modo de desagravio ante la actitud arbitraria del presidente colombiano. Ese primer gesto, que despejaba el camino para que todos los presos pudieran ser canjeados, permitió que Chávez confirmase toda su capacidad de iniciativa política y de movilización de apoyos, revelando el papel de cada quien en la región.
Mientras el gobierno norteamericano, el colombiano y el conjunto de la gran prensa oligárquica hacían todo lo que podían para que las negociaciones fracasaran, los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador –con apoyo de los gobiernos europeos— participan activamente del proceso de pacificación y de liberación de los cautivos de ambos lados. (La cobertura de la prensa brasileña es vergonzosa: ninguna publicación escrita ha enviado periodistas para informar directamente desde Colombia). El ex presidente argentino, Néstor Kirchner, y Marco Aurelio García, asesor del presidente brasileño Lula, representaron directamente a sus gobiernos, haciéndose merecedores del apoyo de la izquierda y de todos los sectores democráticos que hasta ahora asisten pasivamente a los acontecimientos. Mostrando su compromiso consecuente con la pacificación de Colombia, primer paso para que otra Colombia –sin violencia, sin narcotráfico, sin paramilitares, sin secuestros– sea posible, Hugo Chávez se dispone a dar cobertura al proceso, apelando incluso a operaciones clandestinas, con tal de conseguir la libertad de los prisioneros.
De la suerte de esas negociaciones depende el destino futuro de Colombia. Un futuro de pacificación, soluciones negociadas, democratización e integración continental; o al contrario, de perpetuo enquistamiento del clima de violencia y de guerra. A favor de la primera alternativa está la gran mayoría de los gobiernos de la región, que pueden contar con la simpatía de la mayoría del pueblo colombiano identificado con los familiares de los cautivos. A favor de la segunda, los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Una solución de liberación de todos los secuestrados apunta a otra Colombia posible y necesaria para su pueblo y para el continente todo.
Recuerdo la preocupación de García Márquez cuando veía lo que estaba ocurriendo en Argentina, alrededor de 1977, porque Colombia no se transformase en otra Argentina. Él, que no había recibido todavía un Premio Nóbel que dio a su país un relieve mundial, había advertido el camino por el que se dirigía Colombia.
Tres décadas después, Colombia continúa siendo uno de los epicentros de la "guerra infinita" del gobierno de George W. Bush. Álvaro Uribe es producto de esa política, el aliado más estrecho –uno de los pocos con que cuenta en América Latina— de la política belicista de Washington. Uribe fue electo con la promesa de la famosa "mano dura", en la búsqueda, para Colombia, de una solución "iraquí", "bushiana", que consideraba que las tentativas de pacificación de los anteriores presidentes mediante negociaciones habían fracasado.
Un país cansado de la violencia vio como un presidente en connivencia con los grupos paramilitares, y a través de ellos, con los cárteles del narcotráfico, concentraba recursos militares puestos a su disposición por el gobierno norteamericano en unas operaciones militares pretendidamente capaces de allanar el camino del triunfo de la democracia en el país. El aislamiento de las guerrillas favoreció la consolidación de Uribe, quien –como otros presidentes neoliberales del continente, como Fujimori o Cardoso– reformó la Constitución del país durante su mandato para poder optar a la reelección, y ahora intenta conseguir un tercer mandato.
Hizo una política interna ortodoxamente neoliberal, sin percatarse del agotamiento de la misma en todos los países del continente. Llevó a la práctica una política represiva que interfirió claramente en los derechos democráticos de la población, contando –como ocurre con todas la políticas antipopulares– con el apoyo de los grandes medios de comunicación oligárquicos. Asimismo, se aisló de los procesos de integración regional, intentando firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no cerrado hasta ahora sólo por las objeciones que el Partido Demócrata formuló contra las precarísimas condiciones de los Derechos Humanos en Colombia bajo su presidencia.
Uribe no quiere que se concrete el canje de prisioneros de las FARC por los prisioneros de su gobierno. Su apoyo interno depende de la demonización de las FARC, que le permite aparecer como el hombre del "orden". Cuando su reelección, Uribe tuvo como principal oponente a Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático, un partido de izquierda que desbancó a los partidos Liberal y Conservador, constituyéndose en la mayor amenaza para la continuidad de Uribe. En las recientes elecciones municipales del pasado octubre, el gobierno perdió en las principales ciudades –como Bogotá, nuevamente conquistada por el Polo Democrático, Medellín o Cali– frente a los candidatos de izquierda. Se ve, así pues, que las políticas oficialistas en la línea de Uribe –quien apoyó a los candidatos perdedores– no gozan del favor popular y necesitan imperiosamente de la crispada polarización con las guerrillas para intentar perpetuarse en la presidencia del país. Uribe nació de la violencia, y sabe que su supervivencia política depende de que la violencia no termine. Los diversos intentos de desbloquear la propuesta de las FARC de intercambio de presos de la guerrilla por presos del gobierno revela el papel de cada gobierno del continente, muestra quién busca soluciones pacíficas, democráticas, para las crisis, y quién, en cambio, desea perpetuar la espiral de violencia en Colombia. La situación podía ahora ser desbloqueada gracias a la actuación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cuando el proceso estaba en curso, Uribe echó mano de un pretexto menor para excluir a Chávez de la negociación, a sabiendas de que la mediación de éste desde el comienzo ya había acumulado el crédito necesario para que el acuerdo prosperara. A favor de Chávez están la confianza de los familiares de los presos, el diálogo con las FARC, su capacidad de iniciativa y la declarada simpatía de los sectores políticos democráticos de Colombia y de muchos gobiernos de la región.
Para disgusto de Uribe, las FARC devolvieron al presidente venezolano a las negociaciones, disponiéndose a entregarle tres de los detenidos, a modo de desagravio ante la actitud arbitraria del presidente colombiano. Ese primer gesto, que despejaba el camino para que todos los presos pudieran ser canjeados, permitió que Chávez confirmase toda su capacidad de iniciativa política y de movilización de apoyos, revelando el papel de cada quien en la región.
Mientras el gobierno norteamericano, el colombiano y el conjunto de la gran prensa oligárquica hacían todo lo que podían para que las negociaciones fracasaran, los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador –con apoyo de los gobiernos europeos— participan activamente del proceso de pacificación y de liberación de los cautivos de ambos lados. (La cobertura de la prensa brasileña es vergonzosa: ninguna publicación escrita ha enviado periodistas para informar directamente desde Colombia). El ex presidente argentino, Néstor Kirchner, y Marco Aurelio García, asesor del presidente brasileño Lula, representaron directamente a sus gobiernos, haciéndose merecedores del apoyo de la izquierda y de todos los sectores democráticos que hasta ahora asisten pasivamente a los acontecimientos. Mostrando su compromiso consecuente con la pacificación de Colombia, primer paso para que otra Colombia –sin violencia, sin narcotráfico, sin paramilitares, sin secuestros– sea posible, Hugo Chávez se dispone a dar cobertura al proceso, apelando incluso a operaciones clandestinas, con tal de conseguir la libertad de los prisioneros.
De la suerte de esas negociaciones depende el destino futuro de Colombia. Un futuro de pacificación, soluciones negociadas, democratización e integración continental; o al contrario, de perpetuo enquistamiento del clima de violencia y de guerra. A favor de la primera alternativa está la gran mayoría de los gobiernos de la región, que pueden contar con la simpatía de la mayoría del pueblo colombiano identificado con los familiares de los cautivos. A favor de la segunda, los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Una solución de liberación de todos los secuestrados apunta a otra Colombia posible y necesaria para su pueblo y para el continente todo.
Justicia chilena deja sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura
Jorge Escalante
La Nación.cl
Caso de quemados con fósforo en Dignidad quedó impune Resolución del tribunal dejó sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura y provocó desesperanza e indignación entre los familiares de las víctimas.
El último "regalo de Pascua" de la Sala Penal de la Corte Suprema tiene a los familiares de los 22 desaparecidos de Parral con la sensación de que lucharon 30 años para buscar justicia, pero no lo lograron.
El ministro Alejandro Solís había condenado a presidio a los autores de los secuestros con desaparición -17 años al coronel de Ejército (R) Hugo Cardemil Valenzuela, 10 años al coronel (R) de Carabineros Pablo Caulier Grant y 7 años al suboficial (R) de Carabineros Luis Alberto Hidalgo-, pero los cinco ministros de la Sala Penal rebajaron las condenas iniciales y los dejaron libres.
Pese a que a Cardemil lo sentenciaron a 5 años y a Caulier a 4 años -Hidalgo había sido absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago-, la Sala Penal les concedió "libertad vigilada".
La nueva "rebaja Suprema" -como ha sido calificada la sistemática reducción de condenas a los violadores de derechos humanos- tiene una especial connotación pues fue aplicada en uno de los casos más espeluznantes.
EN EL FUNDO
Los 22 detenidos fueron sacados, entre septiembre y octubre de 1973, desde la cárcel de Parral y el retén de Catillo en la VII Región, conducidos a la Escuela de Artillería de Linares, donde servía Cardemil, y desde allí llevados a Colonia Dignidad.
Allí los mataron con ayuda de los alemanes y los sepultaron en una fosa clandestina. A fines de 1978, por instrucción de Pinochet, Paul Sch fer ordenó "limpiar el fundo". Los cuerpos fueron desenterrados, metidos en sacos, quemados con fósforo químico y las cenizas arrojadas al río Perquilauquén. La operación la encabezó Gerhard Mücke, como el mismo lo reconoció ante el ministro Jorge Zepeda.
LOS OTROS AUTORES
De esta manera, los ministros de la Sala Penal, principalmente los magistrados Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura -jueces partidarios del perdón absoluto a los criminales del régimen de Pinochet-, dejaron en total impunidad uno de los episodios más conmovedores y masivo del pasado sistema opresor.
Los jueces Hugo Dolmetsch, Jaime Rodríguez y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo dejaron las condenas para Cardemil y Caulier en 5 y 4 años respectivamente, pero les concedieron la libertad vigilada. Ballesteros y Segura estuvieron por absolver totalmente a los autores, pues son partidarios de la amnistía y la prescripción por el paso del tiempo y de desconocer tratados y convenciones de la legislación penal internacional que condena los delitos de lesa humanidad.
Agrupaciones nacionales de familiares de desaparecidos y ejecutados, abogados querellantes y los parientes de las víctimas de Parral han comenzado a manifestar su indignación por esta nueva resolución de la Sala Penal.
Ya anteriormente lo hicieron, protestando ruidosamente por otros casos ante las puertas de este tribunal.
Familiares de las víctimas de Parral viajarán a Santiago en los próximos días para protestar por esta decisión, en contra de la que ya no caben más recursos.
La ola de rebajas a las condenas en este tipo de juicios tendrá todavía su punto más álgido cuando el presidente de esta sala, Alberto Chaigneau, se retire en enero próximo al cumplir 75 años. En muchas oportunidades Chaigneau ha inclinado con su voto la balanza a favor de hacer justicia real por los crímenes del régimen militar, aunque también ha dado su visto bueno para rebajar sustancialmente algunas condenas.
Quien suceda a Chaigneau será vital para brindar mayoría en uno u otro sentido.
La Nación.cl
Caso de quemados con fósforo en Dignidad quedó impune Resolución del tribunal dejó sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura y provocó desesperanza e indignación entre los familiares de las víctimas.
El último "regalo de Pascua" de la Sala Penal de la Corte Suprema tiene a los familiares de los 22 desaparecidos de Parral con la sensación de que lucharon 30 años para buscar justicia, pero no lo lograron.
El ministro Alejandro Solís había condenado a presidio a los autores de los secuestros con desaparición -17 años al coronel de Ejército (R) Hugo Cardemil Valenzuela, 10 años al coronel (R) de Carabineros Pablo Caulier Grant y 7 años al suboficial (R) de Carabineros Luis Alberto Hidalgo-, pero los cinco ministros de la Sala Penal rebajaron las condenas iniciales y los dejaron libres.
Pese a que a Cardemil lo sentenciaron a 5 años y a Caulier a 4 años -Hidalgo había sido absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago-, la Sala Penal les concedió "libertad vigilada".
La nueva "rebaja Suprema" -como ha sido calificada la sistemática reducción de condenas a los violadores de derechos humanos- tiene una especial connotación pues fue aplicada en uno de los casos más espeluznantes.
EN EL FUNDO
Los 22 detenidos fueron sacados, entre septiembre y octubre de 1973, desde la cárcel de Parral y el retén de Catillo en la VII Región, conducidos a la Escuela de Artillería de Linares, donde servía Cardemil, y desde allí llevados a Colonia Dignidad.
Allí los mataron con ayuda de los alemanes y los sepultaron en una fosa clandestina. A fines de 1978, por instrucción de Pinochet, Paul Sch fer ordenó "limpiar el fundo". Los cuerpos fueron desenterrados, metidos en sacos, quemados con fósforo químico y las cenizas arrojadas al río Perquilauquén. La operación la encabezó Gerhard Mücke, como el mismo lo reconoció ante el ministro Jorge Zepeda.
LOS OTROS AUTORES
De esta manera, los ministros de la Sala Penal, principalmente los magistrados Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura -jueces partidarios del perdón absoluto a los criminales del régimen de Pinochet-, dejaron en total impunidad uno de los episodios más conmovedores y masivo del pasado sistema opresor.
Los jueces Hugo Dolmetsch, Jaime Rodríguez y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo dejaron las condenas para Cardemil y Caulier en 5 y 4 años respectivamente, pero les concedieron la libertad vigilada. Ballesteros y Segura estuvieron por absolver totalmente a los autores, pues son partidarios de la amnistía y la prescripción por el paso del tiempo y de desconocer tratados y convenciones de la legislación penal internacional que condena los delitos de lesa humanidad.
Agrupaciones nacionales de familiares de desaparecidos y ejecutados, abogados querellantes y los parientes de las víctimas de Parral han comenzado a manifestar su indignación por esta nueva resolución de la Sala Penal.
Ya anteriormente lo hicieron, protestando ruidosamente por otros casos ante las puertas de este tribunal.
Familiares de las víctimas de Parral viajarán a Santiago en los próximos días para protestar por esta decisión, en contra de la que ya no caben más recursos.
La ola de rebajas a las condenas en este tipo de juicios tendrá todavía su punto más álgido cuando el presidente de esta sala, Alberto Chaigneau, se retire en enero próximo al cumplir 75 años. En muchas oportunidades Chaigneau ha inclinado con su voto la balanza a favor de hacer justicia real por los crímenes del régimen militar, aunque también ha dado su visto bueno para rebajar sustancialmente algunas condenas.
Quien suceda a Chaigneau será vital para brindar mayoría en uno u otro sentido.
Bolivia bate record de inversión en 2008 y expande industria petrolera
ABI
Bolivia se apresta a marcar un record histórico en las inversiones hidrocarburíferas este 2008, como producto de la nacionalización de los hidrocarburos, para expandir la industria petrolera y simultáneamente iniciar el proceso de industrialización y abastecimiento de carburantes al mercado nacional.
La afirmación le corresponde al ministro de Hidrocarburos y energía, Carlos Villegas, quien informó este domingo que la inversión nacional para el sector de hidrocarburos asciende a 1.266 millones de dólares. "Prácticamente es un record", aseveró.
No obstante, esa autoridad gubernamental remarcó que el monto fijado para la inversión de este año no consigna la inversión aún no definida de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), además de los acuerdos suscritos con la República de Irán.
"No hemos incluido esos montos porque todavía no están comprometidos, no tienen todavía el respaldo, el programa de trabajo, la reformulación del presupuesto", dijo Villegas.
Explicó que esa millonaria inversión será aplicada en rubros referidos a la construcción y ampliación del trasporte de hidrocarburos en el mercado interno, especialmente entre oriente y occidente del país.
Para ello, manifestó Villegas, la empresa trasportadora de hidrocarburos Transredes invertirá 171 millones de dólares, del cual el Estado participa con un 33 por ciento, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
De ese monto se invertirá 120 millones de dólares para la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba que solucionará estructuralmente el abastecimiento de gas para Oruro, La Paz y también Cochabamba, afirmó el Ministro.
"La propuesta es que esto termine el 31 de diciembre de 2008 y podamos empezar a utilizar este gasoducto a partir del próximo año (2009)", señaló.
También apuntó que se ampliarán los gasoductos en el altiplano con una inversión de 24.9 millones de dólares, para Villamontes-Tarija en su segunda fase con 19 millones 560 mil dólares, entre otros.
"Este año solucionaremos en gran parte el tema del déficit de transporte que tiene el mercado interno", indicó la principal autoridad del sector petrolero del país.
Añadió que las inversiones también recaerán en otro rubro de importancia como la ampliación de las refinerías petroleras de Santa Cruz y Cochabamba, con un monto de 36 millones de dólares.
INVERSIONES - YPFB
El ministro Villegas anunció que YPFB se encargará de invertir el capital boliviano que asciende a un monto total de 182 millones con 378 mil dólares, en áreas referidas a la distribución y trasporte de los hidrocarburos.
De ese modo, la autoridad citó las más importantes como la realización de 100 mil construcciones e instalaciones de redes de gas natural a domicilio en todo el territorio nacional, con un costo de 87 millones de dólares.
YPFB también rehabilitará 43 estaciones de servicio de combustible de propiedad de la estatal petrolera, en donde se venderá gasolina, diesel y gas natural vehicular. Tendrá una inversión de 71 millones de dólares.
La autoridad de Hidrocarburos apuntó que actualmente YPFB tiene un sólo surtidor de combustible que funciona en la ciudad de Santa Cruz.
Asimismo, anticipó la adquisición de varios camiones cisternas para el trasporte de gas licuado de petróleo y otros combustibles líquidos, para el cual se tiene previsto invertir un monto de 16 millones de dólares.
Por otro lado, continuó Villegas, se iniciarán procesos de ampliación y construcción de plantas de almacenaje por un costo aproximado de 1 millón 400 mil dólares.
La autoridad de Gobierno indicó que YPFB rehabilitará 22 plantas engarrafadoras de gas licuado de petróleo en todo el país con 1 millón 800 mil dólares.
Además de 4 millones de dólares en la licitación para los estudios de ingeniería básica y conceptual para la construcción de la planta separadora de líquidos en la provincia Gran Chaco de Tarija. "Esto es 100 por ciento dinero boliviano, esto quiere decir que viene de la nacionalización de los recursos que YPFB acumuló el 2007, de tal manera tiene estos recursos cien por ciento garantizados, que son producto de la nacionalización", expresó Villegas. PROYECTO LNG
El ministro Villegas descartó que las inversiones fijadas para este año contemplen el proyecto LNG (exportación de gas natural mediante su licuefacción a mercados de Estados Unidos y México), como pretendía el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003, a través de consorcios como la Pacific LNG, integrada por British Gas, Panamerican Energy y Repsol YPF.
"Haciendo un análisis económico financiero, del precio de venta de mercado hasta precio en boca de pozo, a Bolivia solamente le beneficiaba 60 centavos de dólar, lo que significaba regalar nuestro gas", apuntó Villegas.
En ese marco, aseguró que el Gobierno nacional no contempla proyectos de ese tipo por la fundamental razón de que actualmente el Estado boliviano vende el gas a buen precio a países vecinos como Argentina y Brasil.
Explicó que actualmente el precio del gas natural vendido a la Argentina es de 6.68 dólares y 5.50 dólares al Brasil el millón de unidades térmicas británicas (BTU), que reduciendo las tarifas de trasporte en boca de pozo sería de seis y cinco dólares respectivamente para cada país.
"Un proyecto de LNG es imposible que llegue a boca de pozo a seis dólares, sería una locura del Gobierno pensar en un proyecto de esa naturaleza, por lo que sería un negocio malo para el país", declaró Villegas.
Bolivia se apresta a marcar un record histórico en las inversiones hidrocarburíferas este 2008, como producto de la nacionalización de los hidrocarburos, para expandir la industria petrolera y simultáneamente iniciar el proceso de industrialización y abastecimiento de carburantes al mercado nacional.
La afirmación le corresponde al ministro de Hidrocarburos y energía, Carlos Villegas, quien informó este domingo que la inversión nacional para el sector de hidrocarburos asciende a 1.266 millones de dólares. "Prácticamente es un record", aseveró.
No obstante, esa autoridad gubernamental remarcó que el monto fijado para la inversión de este año no consigna la inversión aún no definida de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), además de los acuerdos suscritos con la República de Irán.
"No hemos incluido esos montos porque todavía no están comprometidos, no tienen todavía el respaldo, el programa de trabajo, la reformulación del presupuesto", dijo Villegas.
Explicó que esa millonaria inversión será aplicada en rubros referidos a la construcción y ampliación del trasporte de hidrocarburos en el mercado interno, especialmente entre oriente y occidente del país.
Para ello, manifestó Villegas, la empresa trasportadora de hidrocarburos Transredes invertirá 171 millones de dólares, del cual el Estado participa con un 33 por ciento, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
De ese monto se invertirá 120 millones de dólares para la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba que solucionará estructuralmente el abastecimiento de gas para Oruro, La Paz y también Cochabamba, afirmó el Ministro.
"La propuesta es que esto termine el 31 de diciembre de 2008 y podamos empezar a utilizar este gasoducto a partir del próximo año (2009)", señaló.
También apuntó que se ampliarán los gasoductos en el altiplano con una inversión de 24.9 millones de dólares, para Villamontes-Tarija en su segunda fase con 19 millones 560 mil dólares, entre otros.
"Este año solucionaremos en gran parte el tema del déficit de transporte que tiene el mercado interno", indicó la principal autoridad del sector petrolero del país.
Añadió que las inversiones también recaerán en otro rubro de importancia como la ampliación de las refinerías petroleras de Santa Cruz y Cochabamba, con un monto de 36 millones de dólares.
INVERSIONES - YPFB
El ministro Villegas anunció que YPFB se encargará de invertir el capital boliviano que asciende a un monto total de 182 millones con 378 mil dólares, en áreas referidas a la distribución y trasporte de los hidrocarburos.
De ese modo, la autoridad citó las más importantes como la realización de 100 mil construcciones e instalaciones de redes de gas natural a domicilio en todo el territorio nacional, con un costo de 87 millones de dólares.
YPFB también rehabilitará 43 estaciones de servicio de combustible de propiedad de la estatal petrolera, en donde se venderá gasolina, diesel y gas natural vehicular. Tendrá una inversión de 71 millones de dólares.
La autoridad de Hidrocarburos apuntó que actualmente YPFB tiene un sólo surtidor de combustible que funciona en la ciudad de Santa Cruz.
Asimismo, anticipó la adquisición de varios camiones cisternas para el trasporte de gas licuado de petróleo y otros combustibles líquidos, para el cual se tiene previsto invertir un monto de 16 millones de dólares.
Por otro lado, continuó Villegas, se iniciarán procesos de ampliación y construcción de plantas de almacenaje por un costo aproximado de 1 millón 400 mil dólares.
La autoridad de Gobierno indicó que YPFB rehabilitará 22 plantas engarrafadoras de gas licuado de petróleo en todo el país con 1 millón 800 mil dólares.
Además de 4 millones de dólares en la licitación para los estudios de ingeniería básica y conceptual para la construcción de la planta separadora de líquidos en la provincia Gran Chaco de Tarija. "Esto es 100 por ciento dinero boliviano, esto quiere decir que viene de la nacionalización de los recursos que YPFB acumuló el 2007, de tal manera tiene estos recursos cien por ciento garantizados, que son producto de la nacionalización", expresó Villegas. PROYECTO LNG
El ministro Villegas descartó que las inversiones fijadas para este año contemplen el proyecto LNG (exportación de gas natural mediante su licuefacción a mercados de Estados Unidos y México), como pretendía el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003, a través de consorcios como la Pacific LNG, integrada por British Gas, Panamerican Energy y Repsol YPF.
"Haciendo un análisis económico financiero, del precio de venta de mercado hasta precio en boca de pozo, a Bolivia solamente le beneficiaba 60 centavos de dólar, lo que significaba regalar nuestro gas", apuntó Villegas.
En ese marco, aseguró que el Gobierno nacional no contempla proyectos de ese tipo por la fundamental razón de que actualmente el Estado boliviano vende el gas a buen precio a países vecinos como Argentina y Brasil.
Explicó que actualmente el precio del gas natural vendido a la Argentina es de 6.68 dólares y 5.50 dólares al Brasil el millón de unidades térmicas británicas (BTU), que reduciendo las tarifas de trasporte en boca de pozo sería de seis y cinco dólares respectivamente para cada país.
"Un proyecto de LNG es imposible que llegue a boca de pozo a seis dólares, sería una locura del Gobierno pensar en un proyecto de esa naturaleza, por lo que sería un negocio malo para el país", declaró Villegas.
Pemex: secreto a voces
León Bendesky
En su edición de fin de año, la revista The Economist dedica una nota a Pemex con un título que puede traducirse como: Corriendo para quedar en el mismo lugar. La grave situación de Pemex a nadie escapa. Pero el título de la nota de referencia se queda corto. La verdad es que la empresa petrolera estatal no se queda en el mismo sitio, sino que se degrada cada vez más.
Los hechos son sabidos. Uno es el agotamiento de los yacimientos, como el de Cantarell, que en 2004 generaba más de la mitad de la producción total de crudo. Otro es la ineficiencia interna, con excesivos gastos operativos y fuertes distorsiones administrativas, técnicas y laborales. Uno más es que México aún ocupa el sexto lugar en producción mundial, pero sólo tiene uno por ciento de las reservas probadas.
El petróleo representa 16 por ciento de las exportaciones, aun a los elevados precios de los años recientes, frente a casi 70 por ciento en el auge de la producción en 1982, pero las finanzas públicas siguen altamente petrolizadas. Dos quintas partes de los ingresos públicos federales provienen de las transferencias impuestas a Pemex; éstas son del orden de 71.5 centavos de cada peso de petróleo extraído.
La reforma fiscal aprobada recientemente por el Congreso o cualquier otra que se necesite muy pronto tendrá como límite lo que suceda con Pemex. El propio Estado se ha ido cerrando progresivamente los márgenes de maniobra y el ajuste pendiente será muy oneroso. El caso es que van y vienen secretarios de Energía y Hacienda, gobiernos de uno y otro partido sin que se altere de modo decisivo la gestión del conjunto de la industria petrolera (exploración, extracción y la producción de derivados).
La inversión en todos estos campos ha sido insuficiente y mala su planeación. No se ha construido una sola nueva refinería en 20 años y hoy se importa 40 por ciento de la gasolina que se consume. A esto se añade que se puede echar mano fácil de ese producto para elevar la recaudación fiscal; así, aumenta el precio cada mes y además se imponen alzas adicionales como la que entró en vigor el 6 de enero y que en un año y medio subirá otro 5.5 por ciento. Los precios controlados por el gobierno son un factor relevante del proceso de fijación de los precios en el conjunto de la economía y una clave en la determinación de las pobres condiciones de la productividad agregada.
Muchos de los contratos de gasto de inversión se hacen con empresas privadas bajo la forma de Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas) que tienen por efecto un alto costo en las finanzas públicas y comprometen una eficaz gestión financiera en Pemex.
Súmese a esto la fragilidad de las instalaciones y los accidentes graves que se registran; la mala relación de la empresa con las comunidades en las que opera; la sangría de recursos por medios que van desde ordeñar los ductos, la concesión privilegiada de contratos, las cuestionables prácticas sindicales y de administración interna y el rezago creciente frente a otras empresas petroleras.
The Economist dice en su nota que Pemex parece un ministerio gubernamental mal dirigido. Ésa es una fuerte subestimación de la realidad, una forma clásica de la ironía británica que recuerda al mejor Swift. La industria petrolera mexicana es un desastre de grandes proporciones y fuertes repercusiones sociales. A su ineficiencia productiva intrínseca, con corrupción y mala gestión, se suma su sometimiento a una política pública con menos espacios para acomodarse a cualquier cosa que se asemeje a un proyecto de crecimiento ya no sólo viable, sino en un mínimo posible.
La influyente revista concluye sin dudas que “la solución obvia es privatizar la industria, pero que eso es políticamente imposible”. Por eso, insiste en que el gobierno debe suavizar el monopolio y respetar la Constitución. Apunta a las áreas de refinación, transporte y distribución, como se ha hecho en este último caso con el gas natural. Ya se ha avanzado por ese camino y puede avanzarse más por él. No obstante, eso no resuelve la cuestión. El petróleo y el conjunto del sector energético son un obstáculo serio para el desarrollo y, por cierto, no el único. Pero nadie rinde cuentas de décadas de lo que hoy, sin vacilar, es políticamente una cuestionable gestión.
El tipo de política pública que se instituyó en México desde mediados de la década de 1980 no superó las limitaciones del modelo previo. En cambio ha significado la imposición de una estricta disciplina social que reduce las posibilidades de organización efectiva frente a los costos de los sucesivos y permanentes ajustes. En este contexto no hay incrementos sustentables del bienestar general, y mientras se concentra la riqueza en un pequeño polo, lo que se distribuye cada vez mejor es la pobreza, la falta de oportunidades y de acceso a los recursos para un segmento creciente de la población. Pemex contribuye decisivamente a esa nueva configuración social como un instrumento de poder para administrar una economía y una sociedad con cada vez más restricciones. Y todo esto hasta que se agote el único recurso del que se puede derivar una renta (ya superada por las remesas) y cuyo uso es muy ineficiente.
En su edición de fin de año, la revista The Economist dedica una nota a Pemex con un título que puede traducirse como: Corriendo para quedar en el mismo lugar. La grave situación de Pemex a nadie escapa. Pero el título de la nota de referencia se queda corto. La verdad es que la empresa petrolera estatal no se queda en el mismo sitio, sino que se degrada cada vez más.
Los hechos son sabidos. Uno es el agotamiento de los yacimientos, como el de Cantarell, que en 2004 generaba más de la mitad de la producción total de crudo. Otro es la ineficiencia interna, con excesivos gastos operativos y fuertes distorsiones administrativas, técnicas y laborales. Uno más es que México aún ocupa el sexto lugar en producción mundial, pero sólo tiene uno por ciento de las reservas probadas.
El petróleo representa 16 por ciento de las exportaciones, aun a los elevados precios de los años recientes, frente a casi 70 por ciento en el auge de la producción en 1982, pero las finanzas públicas siguen altamente petrolizadas. Dos quintas partes de los ingresos públicos federales provienen de las transferencias impuestas a Pemex; éstas son del orden de 71.5 centavos de cada peso de petróleo extraído.
La reforma fiscal aprobada recientemente por el Congreso o cualquier otra que se necesite muy pronto tendrá como límite lo que suceda con Pemex. El propio Estado se ha ido cerrando progresivamente los márgenes de maniobra y el ajuste pendiente será muy oneroso. El caso es que van y vienen secretarios de Energía y Hacienda, gobiernos de uno y otro partido sin que se altere de modo decisivo la gestión del conjunto de la industria petrolera (exploración, extracción y la producción de derivados).
La inversión en todos estos campos ha sido insuficiente y mala su planeación. No se ha construido una sola nueva refinería en 20 años y hoy se importa 40 por ciento de la gasolina que se consume. A esto se añade que se puede echar mano fácil de ese producto para elevar la recaudación fiscal; así, aumenta el precio cada mes y además se imponen alzas adicionales como la que entró en vigor el 6 de enero y que en un año y medio subirá otro 5.5 por ciento. Los precios controlados por el gobierno son un factor relevante del proceso de fijación de los precios en el conjunto de la economía y una clave en la determinación de las pobres condiciones de la productividad agregada.
Muchos de los contratos de gasto de inversión se hacen con empresas privadas bajo la forma de Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas) que tienen por efecto un alto costo en las finanzas públicas y comprometen una eficaz gestión financiera en Pemex.
Súmese a esto la fragilidad de las instalaciones y los accidentes graves que se registran; la mala relación de la empresa con las comunidades en las que opera; la sangría de recursos por medios que van desde ordeñar los ductos, la concesión privilegiada de contratos, las cuestionables prácticas sindicales y de administración interna y el rezago creciente frente a otras empresas petroleras.
The Economist dice en su nota que Pemex parece un ministerio gubernamental mal dirigido. Ésa es una fuerte subestimación de la realidad, una forma clásica de la ironía británica que recuerda al mejor Swift. La industria petrolera mexicana es un desastre de grandes proporciones y fuertes repercusiones sociales. A su ineficiencia productiva intrínseca, con corrupción y mala gestión, se suma su sometimiento a una política pública con menos espacios para acomodarse a cualquier cosa que se asemeje a un proyecto de crecimiento ya no sólo viable, sino en un mínimo posible.
La influyente revista concluye sin dudas que “la solución obvia es privatizar la industria, pero que eso es políticamente imposible”. Por eso, insiste en que el gobierno debe suavizar el monopolio y respetar la Constitución. Apunta a las áreas de refinación, transporte y distribución, como se ha hecho en este último caso con el gas natural. Ya se ha avanzado por ese camino y puede avanzarse más por él. No obstante, eso no resuelve la cuestión. El petróleo y el conjunto del sector energético son un obstáculo serio para el desarrollo y, por cierto, no el único. Pero nadie rinde cuentas de décadas de lo que hoy, sin vacilar, es políticamente una cuestionable gestión.
El tipo de política pública que se instituyó en México desde mediados de la década de 1980 no superó las limitaciones del modelo previo. En cambio ha significado la imposición de una estricta disciplina social que reduce las posibilidades de organización efectiva frente a los costos de los sucesivos y permanentes ajustes. En este contexto no hay incrementos sustentables del bienestar general, y mientras se concentra la riqueza en un pequeño polo, lo que se distribuye cada vez mejor es la pobreza, la falta de oportunidades y de acceso a los recursos para un segmento creciente de la población. Pemex contribuye decisivamente a esa nueva configuración social como un instrumento de poder para administrar una economía y una sociedad con cada vez más restricciones. Y todo esto hasta que se agote el único recurso del que se puede derivar una renta (ya superada por las remesas) y cuyo uso es muy ineficiente.
Reforma del Estado
Bernardo Bátiz V.
Ya estaríamos en eso, en la reforma del Estado, si el Tribunal Electoral del Poder Judical de la Federación hubiera reconocido a quien realmente triunfó en las elecciones de 2006; estaríamos ya viviendo en una economía de austeridad, de eficacia, de honradez, con los ojos puestos en las necesidades de la nación, y estaríamos viendo cómo las instituciones del Estado sirven para mejorar la situación general del pueblo.
Pero no fue así y nuevamente se pospone un cambio de fondo que se ha dejado pasar en varias ocasiones anteriores; la más destacada fue cuando en el año 2000 Fox no supo o no pudo, o no lo dejaron, responder a las muchas expectativas que los votantes pusieron en su candidatura, sin duda diferente durante las elecciones a las candidaturas de sus predecesores, pero con un resultado, ya en el gobierno, peor que los que habíamos sufrido con anterioridad.
Una reforma a fondo del Estado implica modificaciones profundas en cuanto al uso de los instrumentos de poder que sirven ahora a unos cuantos privilegiados y que deben emplearse en servir primero a los pobres y enseguida a todos los demás, cuidando del patrimonio de nuestra patria; esto es, como se lo han propuesto el “gobierno legítimo” y su presidente Andrés Manuel López Obrador, defendiendo la soberanía nacional, el patrimonio de la nación, especialmente el petróleo, pero también la electricidad, las costas, los recursos naturales y, sin duda alguna, el patrimonio cultural que nos identifica.
Según la Ley de la Reforma del Estado, disposición legislativa disparatada consistente, más que en una verdadera ley, en la expresión de un deseo, ésta ya ha quedado rebasada e incumplida, puesto que la intención expresada en uno de sus preceptos era tenerla lista para el fin del año que acaba de terminar, como si se pudiera reformar el Estado sólo con acuerdos parlamentarios y sin la injerencia e intervención directa de la gente.
Una verdadera reforma del Estado requerirá de una nueva Constitución, tema del que se habló mucho hace un año y del que ahora todo mundo parece olvidarse. Sería una verdadera novedad que sin violencia, mediante un amplio movimiento social desde abajo, se pudiera llevar a cabo un cambio que rompiera el sino fatal de que cada nueva Constitución mexicana lleva sobre sus hombros una guerra interna.
Las reformas que se han aprobado, en contra de la opinión de la gente, en materia de justicia, seguridad social, impuestos, comercio exterior, entre otras, no han tenido como objetivo cambiar para mejorar, sino, muy por el contrario, son nuevos instrumentos de sometimiento y control que están tensando la cuerda que puede reventar en cualquier momento; contra estas reformas está la propuesta del movimiento enérgico, pero civil y pacífico, que cuenta con varios mecanismos de acción. Uno es el Frente Amplio Progresista que actúa en el flanco institucional de los congresos federal y locales y gobiernos municipales y estatales.
Está, además, el gran movimiento de masas que es la convención nacional democrática, con sus asambleas periódicas, y principalmente la inusitada movilización de cientos de miles de mexicanos que se han incorporado como colaboradores del “gobierno legítimo”, mediante la firma de una carta compromiso y la obtención de una credencial que los acredita con ese carácter.
Son ya, en 11 meses de trabajo, cerca de 2 millones de ciudadanos dispuestos a lograr la verdadera reforma política apoyando a quien, lo saben con certeza, es un dirigente político excepcional, cuya principal característica es no darse por vencido y continuar persiguiendo su objetivo, que es lograr un país para todos, en el que cada quien pueda tener acceso a lo necesario para vivir, a educación, a cultura, a seguridad social, a salud, a vivienda, y todos disfrutando en un ambiente de libertad y armonía.
2008 será crucial para seguir adelante y para demostrar que cuando se tienen ideales y se trabaja por ellos, ni todo el dinero ni todas las televisoras y radiodifusoras juntas, ni todas las fuerzas armadas, detienen al pueblo movilizado y convencido del cada vez más necesario cambio de estructuras.
Ya estaríamos en eso, en la reforma del Estado, si el Tribunal Electoral del Poder Judical de la Federación hubiera reconocido a quien realmente triunfó en las elecciones de 2006; estaríamos ya viviendo en una economía de austeridad, de eficacia, de honradez, con los ojos puestos en las necesidades de la nación, y estaríamos viendo cómo las instituciones del Estado sirven para mejorar la situación general del pueblo.
Pero no fue así y nuevamente se pospone un cambio de fondo que se ha dejado pasar en varias ocasiones anteriores; la más destacada fue cuando en el año 2000 Fox no supo o no pudo, o no lo dejaron, responder a las muchas expectativas que los votantes pusieron en su candidatura, sin duda diferente durante las elecciones a las candidaturas de sus predecesores, pero con un resultado, ya en el gobierno, peor que los que habíamos sufrido con anterioridad.
Una reforma a fondo del Estado implica modificaciones profundas en cuanto al uso de los instrumentos de poder que sirven ahora a unos cuantos privilegiados y que deben emplearse en servir primero a los pobres y enseguida a todos los demás, cuidando del patrimonio de nuestra patria; esto es, como se lo han propuesto el “gobierno legítimo” y su presidente Andrés Manuel López Obrador, defendiendo la soberanía nacional, el patrimonio de la nación, especialmente el petróleo, pero también la electricidad, las costas, los recursos naturales y, sin duda alguna, el patrimonio cultural que nos identifica.
Según la Ley de la Reforma del Estado, disposición legislativa disparatada consistente, más que en una verdadera ley, en la expresión de un deseo, ésta ya ha quedado rebasada e incumplida, puesto que la intención expresada en uno de sus preceptos era tenerla lista para el fin del año que acaba de terminar, como si se pudiera reformar el Estado sólo con acuerdos parlamentarios y sin la injerencia e intervención directa de la gente.
Una verdadera reforma del Estado requerirá de una nueva Constitución, tema del que se habló mucho hace un año y del que ahora todo mundo parece olvidarse. Sería una verdadera novedad que sin violencia, mediante un amplio movimiento social desde abajo, se pudiera llevar a cabo un cambio que rompiera el sino fatal de que cada nueva Constitución mexicana lleva sobre sus hombros una guerra interna.
Las reformas que se han aprobado, en contra de la opinión de la gente, en materia de justicia, seguridad social, impuestos, comercio exterior, entre otras, no han tenido como objetivo cambiar para mejorar, sino, muy por el contrario, son nuevos instrumentos de sometimiento y control que están tensando la cuerda que puede reventar en cualquier momento; contra estas reformas está la propuesta del movimiento enérgico, pero civil y pacífico, que cuenta con varios mecanismos de acción. Uno es el Frente Amplio Progresista que actúa en el flanco institucional de los congresos federal y locales y gobiernos municipales y estatales.
Está, además, el gran movimiento de masas que es la convención nacional democrática, con sus asambleas periódicas, y principalmente la inusitada movilización de cientos de miles de mexicanos que se han incorporado como colaboradores del “gobierno legítimo”, mediante la firma de una carta compromiso y la obtención de una credencial que los acredita con ese carácter.
Son ya, en 11 meses de trabajo, cerca de 2 millones de ciudadanos dispuestos a lograr la verdadera reforma política apoyando a quien, lo saben con certeza, es un dirigente político excepcional, cuya principal característica es no darse por vencido y continuar persiguiendo su objetivo, que es lograr un país para todos, en el que cada quien pueda tener acceso a lo necesario para vivir, a educación, a cultura, a seguridad social, a salud, a vivienda, y todos disfrutando en un ambiente de libertad y armonía.
2008 será crucial para seguir adelante y para demostrar que cuando se tienen ideales y se trabaja por ellos, ni todo el dinero ni todas las televisoras y radiodifusoras juntas, ni todas las fuerzas armadas, detienen al pueblo movilizado y convencido del cada vez más necesario cambio de estructuras.
Primero los monopolios, luego la salud del planeta
Iván Restrepo
Aunque 2007 no resultó tan grave en huracanes en el Atlántico y fallaron los pronósticos de los especialistas en el tema, en cambio fue uno de los más calurosos del último siglo. Los recientes 10 años fueron los de mayor calor. Los contrastes entre altas y bajas temperaturas son cada vez más extremos y el año pasado fue el que más evidencias ofrece del deshielo polar y el aumento del nivel de mar. Todo lo anterior ejemplifica los desajustes que causa el cambio climático. Al respecto, el secretario del medio ambiente de México advirtió durante la magna reunión de Bali que el Protocolo de Kyoto, tal como está planteado, es ineficaz para resolver los problemas derivados de dicho cambio. Agregó que al igual que los países industrializados los subdesarrollados, como el nuestro, también deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero olvidó decir que no contamos todavía con las políticas para lograr tal reducción.
Mientras elaboran dichas políticas, comienza el año y Estados Unidos sigue renuente a cambiar su modelo de crecimiento. Es la potencia que más derrocha hidrocarburos y más contribuye al calentamiento global, seguida muy de cerca por China e India. Primero los monopolios y después la salud del planeta. El presidente Bush, además, quiere un pacto fuera de los organismos internacionales contra el calentamiento global y a gusto de las trasnacionales de su país. Aventura destinada al fracaso. China e India, por su parte, no responden a la demanda de la comunidad internacional de que revisen su política de crecimiento a cualquier costo por los efectos nocivos que causa al ambiente global, a la salud pública y a los recursos naturales de esas dos potencias. También a otros países, como los de África, hoy receptora de la inversión asiática a cambio de recursos naturales.
En tanto, la última década se duplicó el número de muertos por los 500 desastres naturales que hubo, en buena parte por el cambio climático. Los tecnológicos dejaron 10 mil muertos, en especial por vertidos de gases o compuestos químicos tóxicos. El año pasado 142 millones de personas resultaron afectadas por los desastres naturales.
Se inicia el año que el licenciado Calderón promete óptimo en lo económico y lo social. Otra es la visión de los organismos internacionales y hasta de algunos analistas cercanos a Los Pinos. En lo ambiental seguirán los desajustes. Por ejemplo, la tercera parte de la basura que se genera en el estado de México va a sitios que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. A nivel nacional apenas uno de cada 10 municipios la deposita en lugar adecuado. Lejos se está de cumplir la legislación vigente sobre la materia. Tampoco se observa la aprobada para evitar la contaminación del agua: ni en el campo, las ciudades y la industria se efectúa a cabalidad el tratamiento de las aguas negras que generan. Las autoridades afirman que apenas se trata una tercera parte: el resto contamina las cuencas hidrográficas y los mantos freáticos. Por eso aumenta la contaminación de estos últimos, de los que se extrae el líquido que consumen millones de habitantes. Y si por sobrexplotación del acuífero sigue hundiéndose el área metropolitana de la ciudad de México, ocurre ya igual con Celaya.
Nuevo año y mal reporte sobre Costa Rica, ejemplo de conservación de la naturaleza y turismo no depredador: aunque prohibida desde 2005, continúa allí la práctica de cercenar las aletas a los tiburones, que luego mueren desangrados en el mar. Esas aletas, dicen los chinos, tienen propiedades curativas y afrodisiacas. No es cierto. En Asia pagan elevado precio en dólares por ellas. Los intereses económicos se imponen a la legislación protectora y continúa la captura de tiburones para cercenarles las aletas. La pesca irresponsable diezmó en México a los tiburones. Hoy las especies están más protegidas. Pero, como en Costa Rica, grupos de pescadores violan la ley en complicidad con autoridades y empresarios corruptos.
Comienza el año y Carmen Aristegui deja su espacio informativo por razones suficientemente conocidas y los funcionarios rebosan optimismo. ¿Alguien cree en las promesas oficiales?
Aunque 2007 no resultó tan grave en huracanes en el Atlántico y fallaron los pronósticos de los especialistas en el tema, en cambio fue uno de los más calurosos del último siglo. Los recientes 10 años fueron los de mayor calor. Los contrastes entre altas y bajas temperaturas son cada vez más extremos y el año pasado fue el que más evidencias ofrece del deshielo polar y el aumento del nivel de mar. Todo lo anterior ejemplifica los desajustes que causa el cambio climático. Al respecto, el secretario del medio ambiente de México advirtió durante la magna reunión de Bali que el Protocolo de Kyoto, tal como está planteado, es ineficaz para resolver los problemas derivados de dicho cambio. Agregó que al igual que los países industrializados los subdesarrollados, como el nuestro, también deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero olvidó decir que no contamos todavía con las políticas para lograr tal reducción.
Mientras elaboran dichas políticas, comienza el año y Estados Unidos sigue renuente a cambiar su modelo de crecimiento. Es la potencia que más derrocha hidrocarburos y más contribuye al calentamiento global, seguida muy de cerca por China e India. Primero los monopolios y después la salud del planeta. El presidente Bush, además, quiere un pacto fuera de los organismos internacionales contra el calentamiento global y a gusto de las trasnacionales de su país. Aventura destinada al fracaso. China e India, por su parte, no responden a la demanda de la comunidad internacional de que revisen su política de crecimiento a cualquier costo por los efectos nocivos que causa al ambiente global, a la salud pública y a los recursos naturales de esas dos potencias. También a otros países, como los de África, hoy receptora de la inversión asiática a cambio de recursos naturales.
En tanto, la última década se duplicó el número de muertos por los 500 desastres naturales que hubo, en buena parte por el cambio climático. Los tecnológicos dejaron 10 mil muertos, en especial por vertidos de gases o compuestos químicos tóxicos. El año pasado 142 millones de personas resultaron afectadas por los desastres naturales.
Se inicia el año que el licenciado Calderón promete óptimo en lo económico y lo social. Otra es la visión de los organismos internacionales y hasta de algunos analistas cercanos a Los Pinos. En lo ambiental seguirán los desajustes. Por ejemplo, la tercera parte de la basura que se genera en el estado de México va a sitios que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. A nivel nacional apenas uno de cada 10 municipios la deposita en lugar adecuado. Lejos se está de cumplir la legislación vigente sobre la materia. Tampoco se observa la aprobada para evitar la contaminación del agua: ni en el campo, las ciudades y la industria se efectúa a cabalidad el tratamiento de las aguas negras que generan. Las autoridades afirman que apenas se trata una tercera parte: el resto contamina las cuencas hidrográficas y los mantos freáticos. Por eso aumenta la contaminación de estos últimos, de los que se extrae el líquido que consumen millones de habitantes. Y si por sobrexplotación del acuífero sigue hundiéndose el área metropolitana de la ciudad de México, ocurre ya igual con Celaya.
Nuevo año y mal reporte sobre Costa Rica, ejemplo de conservación de la naturaleza y turismo no depredador: aunque prohibida desde 2005, continúa allí la práctica de cercenar las aletas a los tiburones, que luego mueren desangrados en el mar. Esas aletas, dicen los chinos, tienen propiedades curativas y afrodisiacas. No es cierto. En Asia pagan elevado precio en dólares por ellas. Los intereses económicos se imponen a la legislación protectora y continúa la captura de tiburones para cercenarles las aletas. La pesca irresponsable diezmó en México a los tiburones. Hoy las especies están más protegidas. Pero, como en Costa Rica, grupos de pescadores violan la ley en complicidad con autoridades y empresarios corruptos.
Comienza el año y Carmen Aristegui deja su espacio informativo por razones suficientemente conocidas y los funcionarios rebosan optimismo. ¿Alguien cree en las promesas oficiales?
La robotización
Aline Pettersson
¿Cómo no estar más que preocupados por la educación en nuestro país? ¿Qué resultados se avistan? Si desde tiempos inmemoriales el ser humano ha luchado por transmitir sus conocimientos arduamente conseguidos, ¿cómo aceptar callados esta reducción tan triste? Porque habría que tener en cuenta no sólo los progresos de la técnica, sino también los caminos del espíritu. Eso que nos hace humanos.
Antes las escuelas pretendían legar la sabiduría, en todos los órdenes, de los mayores a los jóvenes, ahora esto es inalcanzable y, por tanto, en la enseñanza se elige, pero no necesita recortarse ésta de forma despiadada. Entiendo que hoy no sea posible abarcarlo todo, pero no entiendo por qué cercenar lo que tiene que ver con un legado humanístico. Es decir, que si, por ejemplo, el civismo, la historia del país ya no resultan materias relevantes, entonces, ¿dónde apoyar el crecimento del espíritu? Si la aproximación a la creación artística no halla espacio en el aula, ¿cómo pretender hacer ciudadanos pensantes y sensibles? ¿Es que no se desea hacerlos pensantes y sensibles? Evidentemente no.
Se me dirá que lo tecnológico ha llegado para sustituir aquellas materias, y yo me duelo del estado robotizado de la población. Y ni siquiera se trata de robots muy complicados, basta escuchar las respuestas de los jóvenes empleados de cualquier sitio. Su incapacidad para salirse del esquema. Su incapacidad para tener una respuesta inteligente en torno a cualquier circunstancia que se aleje de lo programado.
¿Será ese tipo de ciudadanos los que el país requiere? ¿Será que puede prescindirse de esa otra parte del pensamiento? ¿Será que sólo se espera contar con gente apta para responder en automático?
La deficiencia de la educación se permea en todos los rangos sociales. La mirada vacía de la gente, cuando se tocan ciertos temas, es aterradora. Hay tal indiferencia que pareciera que se tratara de otra cepa humana cercenada de sus capacidades completas.
Y luego, se publican los resultados de exámenes de competencia, pero, ¿es posible suponer que el mismo grupo de niños enseñados por el mismo grupo de maestros, con el mismo programa educativo puede cambiar realmente las cifras de un año al otro?
¿Y qué sucede con la ortografía y con las matemáticas tan defectuosamente asimiladas? El corrector ortográfico en la computadora, la calculadora, pero, ¿bastan estos aparatos? ¿Y qué con quien no tiene acceso a ellos? ¿Está basada la transmisión de conocimientos en su presencia? ¿No sería prudente que los niños aprendieran las reglas?
Cuando observo las aulas en la televisión y veo a los estudiantes pulcramente uniformados en sus pupitres, quisiera imaginarlos con amplios recursos educativos, pero sé que no es así. Y no lo es en las escuelas oficiales, pero tampoco en las de paga. Hay un desinterés tan flagrante en los adultos que ello se refleja inevitablemente en los alumnos.
¿Los años de estudio elemental –para muchos los únicos– no deberían abrir a los niños las puertas amplias de la vida? Se trata del único tiempo con el que cuentan muchos individuos para forjarse mediante la escuela. Entonces, ¿por qué reducirles sus posibilidades? ¿Por qué no hacer de ellos ciudadanos más aptos para la vida? ¿Será que se pretende solamente hacerlos seres incompletos con sus capacidades disminuidas hasta extremos lamentables? Robots en la línea de una fábrica, ahora largamente sustituidos por los verdaderos robots.
Seguramente se podrá argüir muchas razones de falta de tiempo escolar o de infraestructura docente defectuosa, pero no veo el deseo de mejorar este estado de cosas. Pareciera que a quienes tienen la educación entre las manos no les preocupa.
Y, mientras, enfrentarse vez a vez con jóvenes perfectamente apáticos hacia un pensamiento más profundo, a quienes no culpo, porque no se puede anhelar lo que se desconoce. Culpo, sí, a sus mayores que decidieron por ellos y que los privaron de convertirse en seres más plenos.
¿Cómo no estar más que preocupados por la educación en nuestro país? ¿Qué resultados se avistan? Si desde tiempos inmemoriales el ser humano ha luchado por transmitir sus conocimientos arduamente conseguidos, ¿cómo aceptar callados esta reducción tan triste? Porque habría que tener en cuenta no sólo los progresos de la técnica, sino también los caminos del espíritu. Eso que nos hace humanos.
Antes las escuelas pretendían legar la sabiduría, en todos los órdenes, de los mayores a los jóvenes, ahora esto es inalcanzable y, por tanto, en la enseñanza se elige, pero no necesita recortarse ésta de forma despiadada. Entiendo que hoy no sea posible abarcarlo todo, pero no entiendo por qué cercenar lo que tiene que ver con un legado humanístico. Es decir, que si, por ejemplo, el civismo, la historia del país ya no resultan materias relevantes, entonces, ¿dónde apoyar el crecimento del espíritu? Si la aproximación a la creación artística no halla espacio en el aula, ¿cómo pretender hacer ciudadanos pensantes y sensibles? ¿Es que no se desea hacerlos pensantes y sensibles? Evidentemente no.
Se me dirá que lo tecnológico ha llegado para sustituir aquellas materias, y yo me duelo del estado robotizado de la población. Y ni siquiera se trata de robots muy complicados, basta escuchar las respuestas de los jóvenes empleados de cualquier sitio. Su incapacidad para salirse del esquema. Su incapacidad para tener una respuesta inteligente en torno a cualquier circunstancia que se aleje de lo programado.
¿Será ese tipo de ciudadanos los que el país requiere? ¿Será que puede prescindirse de esa otra parte del pensamiento? ¿Será que sólo se espera contar con gente apta para responder en automático?
La deficiencia de la educación se permea en todos los rangos sociales. La mirada vacía de la gente, cuando se tocan ciertos temas, es aterradora. Hay tal indiferencia que pareciera que se tratara de otra cepa humana cercenada de sus capacidades completas.
Y luego, se publican los resultados de exámenes de competencia, pero, ¿es posible suponer que el mismo grupo de niños enseñados por el mismo grupo de maestros, con el mismo programa educativo puede cambiar realmente las cifras de un año al otro?
¿Y qué sucede con la ortografía y con las matemáticas tan defectuosamente asimiladas? El corrector ortográfico en la computadora, la calculadora, pero, ¿bastan estos aparatos? ¿Y qué con quien no tiene acceso a ellos? ¿Está basada la transmisión de conocimientos en su presencia? ¿No sería prudente que los niños aprendieran las reglas?
Cuando observo las aulas en la televisión y veo a los estudiantes pulcramente uniformados en sus pupitres, quisiera imaginarlos con amplios recursos educativos, pero sé que no es así. Y no lo es en las escuelas oficiales, pero tampoco en las de paga. Hay un desinterés tan flagrante en los adultos que ello se refleja inevitablemente en los alumnos.
¿Los años de estudio elemental –para muchos los únicos– no deberían abrir a los niños las puertas amplias de la vida? Se trata del único tiempo con el que cuentan muchos individuos para forjarse mediante la escuela. Entonces, ¿por qué reducirles sus posibilidades? ¿Por qué no hacer de ellos ciudadanos más aptos para la vida? ¿Será que se pretende solamente hacerlos seres incompletos con sus capacidades disminuidas hasta extremos lamentables? Robots en la línea de una fábrica, ahora largamente sustituidos por los verdaderos robots.
Seguramente se podrá argüir muchas razones de falta de tiempo escolar o de infraestructura docente defectuosa, pero no veo el deseo de mejorar este estado de cosas. Pareciera que a quienes tienen la educación entre las manos no les preocupa.
Y, mientras, enfrentarse vez a vez con jóvenes perfectamente apáticos hacia un pensamiento más profundo, a quienes no culpo, porque no se puede anhelar lo que se desconoce. Culpo, sí, a sus mayores que decidieron por ellos y que los privaron de convertirse en seres más plenos.
Para copiar y firmar
Hernán González G.
aprenderamorir@hotmail.com
En tanto hay presupuesto para la divulgación del Documento de Voluntades Anticipadas, legalizado ya en el Distrito Federal, urge que el ciudadano cuente con una referencia del mismo. Copiarlo y firmarlo ante notario tendrá validez legal, incluso antes de que salga el formato “oficial”.
Yo (nombre, apellidos e identificación oficial), con domicilio en..., en pleno uso de mis facultades y actuando libremente, otorgo el presente Documento de Voluntades Anticipadas. En lo que se refiere a la interpretación y aplicación de este papel, designo como mi representante a (nombre y apellidos e identificación oficial), con domicilio en y teléfono tal, quien deberá ser considerado interlocutor válido y necesario para el médico o el equipo sanitario que me atienda, y como garante del cumplimiento de mi voluntad aquí expresada.
En caso de renuncia o imposibilidad de mi representante, designo como representante sustituto a (nombre, apellidos, identificación oficial, domicilio y teléfono), y dispongo que, si en un futuro me encontrase en alguna de las situaciones siguientes:
1. Demencia severa (por ejemplo, enfermedad de Alzheimer); 2. daños encefálicos severos debidos a cualquier causa (por ejemplo, coma irreversible, estado vegetativo persistente); 3. enfermedad degenerativa neuromuscular en fase avanzada (por ejemplo, esclerosis múltiple); 4. cáncer diseminado en fase avanzada (por ejemplo, tumor maligno con metástasis); 5. enfermedad inmunodeficiente en fase avanzada (por ejemplo, sida); 6. otras (especificar).
Y si, a juicio de los médicos que me atiendan, siendo por lo menos uno de ellos especialista, no hay expectativas de recuperación sin que se sigan secuelas que impiden una vida digna según yo la entiendo, mi voluntad es que no sean aplicadas –o bien que se retiren si ya han empezado a aplicarse– medidas de soporte vital o cualquiera otras que intenten prolongar mi supervivencia.
Deseo, en cambio, que se tomen las medidas necesarias para el control de cualquier síntoma que pueda ser causa de dolor, padecimiento o malestar, aunque eso implique acortar mi expectativa de vida o poner fin a ésta. En caso de que el o los médicos que me atiendan aleguen motivos de conciencia para no respetar mi voluntad aquí expresada, solicito ser transferido a otro u otros profesionales que estén dispuestos a respetarla.
Si soy mujer y en el momento que me encuentre en alguna de las situaciones citadas estoy embarazada, mi voluntad es que (elegir): se mantenga íntegramente la validez de este documento. Que la validez de este documento quede en suspenso hasta después del parto. O que la validez de este documento quede en suspenso hasta después del parto, siempre que haya suficientes garantías de que mi estado clínico no afecte negativamente al feto. Lugar y fecha. Firmas del otorgante, del representante y del representante sustituto. (Este documento puede ser revocado por el otorgante.)
aprenderamorir@hotmail.com
En tanto hay presupuesto para la divulgación del Documento de Voluntades Anticipadas, legalizado ya en el Distrito Federal, urge que el ciudadano cuente con una referencia del mismo. Copiarlo y firmarlo ante notario tendrá validez legal, incluso antes de que salga el formato “oficial”.
Yo (nombre, apellidos e identificación oficial), con domicilio en..., en pleno uso de mis facultades y actuando libremente, otorgo el presente Documento de Voluntades Anticipadas. En lo que se refiere a la interpretación y aplicación de este papel, designo como mi representante a (nombre y apellidos e identificación oficial), con domicilio en y teléfono tal, quien deberá ser considerado interlocutor válido y necesario para el médico o el equipo sanitario que me atienda, y como garante del cumplimiento de mi voluntad aquí expresada.
En caso de renuncia o imposibilidad de mi representante, designo como representante sustituto a (nombre, apellidos, identificación oficial, domicilio y teléfono), y dispongo que, si en un futuro me encontrase en alguna de las situaciones siguientes:
1. Demencia severa (por ejemplo, enfermedad de Alzheimer); 2. daños encefálicos severos debidos a cualquier causa (por ejemplo, coma irreversible, estado vegetativo persistente); 3. enfermedad degenerativa neuromuscular en fase avanzada (por ejemplo, esclerosis múltiple); 4. cáncer diseminado en fase avanzada (por ejemplo, tumor maligno con metástasis); 5. enfermedad inmunodeficiente en fase avanzada (por ejemplo, sida); 6. otras (especificar).
Y si, a juicio de los médicos que me atiendan, siendo por lo menos uno de ellos especialista, no hay expectativas de recuperación sin que se sigan secuelas que impiden una vida digna según yo la entiendo, mi voluntad es que no sean aplicadas –o bien que se retiren si ya han empezado a aplicarse– medidas de soporte vital o cualquiera otras que intenten prolongar mi supervivencia.
Deseo, en cambio, que se tomen las medidas necesarias para el control de cualquier síntoma que pueda ser causa de dolor, padecimiento o malestar, aunque eso implique acortar mi expectativa de vida o poner fin a ésta. En caso de que el o los médicos que me atiendan aleguen motivos de conciencia para no respetar mi voluntad aquí expresada, solicito ser transferido a otro u otros profesionales que estén dispuestos a respetarla.
Si soy mujer y en el momento que me encuentre en alguna de las situaciones citadas estoy embarazada, mi voluntad es que (elegir): se mantenga íntegramente la validez de este documento. Que la validez de este documento quede en suspenso hasta después del parto. O que la validez de este documento quede en suspenso hasta después del parto, siempre que haya suficientes garantías de que mi estado clínico no afecte negativamente al feto. Lugar y fecha. Firmas del otorgante, del representante y del representante sustituto. (Este documento puede ser revocado por el otorgante.)
Sálvese quien pueda
Carlos Fernández-Vega
Imparable, la escalada de aumentos de precios
Segundo enero consecutivo de la “continuidad” con brutal escalada de precios, que hace memorable aquel compromiso de campaña que a la letra decía: “para que vivamos mejor (…) les vamos a pagar la mitad de sus recibos de luz y gas, con posibilidad de llegar a 100 por ciento en ambos casos” (Calderón dixit, Veracruz, 19 de junio, 2006). Letras doradas en muro de honor, junto a frases célebres como aquella de 7 por ciento de crecimiento anual, con su millón 350 mil nuevos empleos.
Y “para que vivamos mejor”, en los hechos, no sólo se han incrementado los precios de los bienes y servicios del sector energético, sino los de alimentos básicos, medicinas, educación y demás, con un gobierno (así se autodenomina) que permanece pasivo ante la escalada. Entonces, si ese es el concepto para que los mexicanos “vivan mejor”, sálvese quien pueda.
La “continuidad” se sentó en Los Pinos, luego de acordar con el “cambio” saliente el aumento masivo de precios, entre los que sobresalieron los de la leche popular (28 por ciento), tortilla, maíz, pan, gas, electricidad, gasolina, transporte, educación, tarifas en general, cigarros, refrescos y lo que se presentara, al tiempo de reforzar la política de topes salariales nunca mayores al crecimiento inflacionario oficial.
Parte del acuerdo fue (15 de noviembre de 2006) el “sobreprecio” de 29 centavos por litro a la gasolina Premium y de 16 centavos al diesel, más IVA, alza adicional a 37 y 25 por ciento de incremento, respectivamente, para los mismos productos a lo largo del sexenio del “cambio”. Esa fue la despedida del “cambio” y la llegada de la “continuidad”.
Ya en pleno ejercicio del “nuevo” gobierno se registró el tortillazo segunda parte (el de enero de 2007) y a lo largo del primer año le siguieron tantos “azos” como puedan imaginarse, mientras se cocinaba el que hoy le vuelve a romper el esquema a los de por sí escuálidos bolsillos de la mayoría (léase el gasolinazo).
Pero no sólo en Los Pinos son expertos en el arte de la simulación. En plena escalada, en enero de 2007, los siempre sensibles legisladores “exhortaban” a Felipe Calderón a poner en marcha “un programa urgente” para frenar los aumentos de precios en productos básicos como la tortilla, leche, pollo, carne de cerdo y res, y en un acuerdo “de urgente y obvia resolución” y “por unanimidad” le pedían (como si el Legislativo no tuviera instrumentos legales para actuar por iniciativa propia) “instruir a los secretarios de Economía, Eduardo Sojo, y de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez; así como al procurador federal del consumidor, Antonio Morales de la Peña, que en tanto se establezcan los precios de los granos, se implementen los mecanismos provisionales para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo, afecten la economía de los más necesitados, y que las medidas que se tomen no afecten a los productores nacionales de maíz”.
Resultado concreto del “exhorto” y “exhortado”: “en el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la canasta básica del mexicano –integrada por 42 alimentos y productos de limpieza e higiene personal– ha subido de precio 35 por ciento. Así, mientras en diciembre de 2006 una familia requería 818.44 pesos para su adquisición, hoy debe gastar para los mismos artículos mil 103.63 pesos. Esta variación es siete veces superior al incremento que en el mismo periodo tuvieron los salarios contractuales o los que se pagan en la industria manufacturera, que fueron de 4.5 por ciento en promedio, según información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y del Banco de México, respectivamente. De este modo, y más allá de lo que oficialmente se reporta para este año, como el aumento de 3.9 por ciento en la tasa de inflación para el conjunto de la economía, los precios de los productos básicos han experimentado alzas inclusive superiores a ciento por ciento.
“De acuerdo con un seguimiento puntual a los productos que consigna la Profeco para los componentes de la canasta básica de consumo, destacan en esas alzas la harina de trigo, que pasó de 5.25 pesos por kilogramo en diciembre de 2006 a 10.50 el pasado 15 de diciembre, y las lentejas, con un aumento de 102.5 por ciento, al incrementarse de 4 a 8.10 pesos el kilogramo. Sin bien este repunte de precios general se mantuvo constante a lo largo del año, fue especialmente severo a partir de octubre, cuando fue aprobado un impuesto adicional de 5 por ciento al consumo de gasolina. Aunque el gobierno de Calderón Hinojosa pospuso ese incremento hasta el próximo primero de enero, el mero anuncio devino en una inmediata escalada de aumentos” (La Jornada, 20 de diciembre, 2007).
Y para que se cumpla la promesa de campaña, aquella de “…vivir mejor”, el numerito se repite en el arranque de 2008, segundo año de la “continuidad”. Apenas contabilizados unos cuantos días del nuevo enero, a pleno galope van los precios de alimentos básicos, de la mano del incremento a tarifas eléctricas (para los consumidores domésticos) y gasolinas, que repercutirá en toda la cadena productiva, más los nuevos impuestos (en campaña prometió erradicar gravámenes) que harán prácticamente imposible la supervivencia de micros y pequeñas empresas, y complicará más la de las medianas.
Las rebanadas del pastel
Si de amenazas se trata, ojo mortales que apenas arranca 2008: “a pesar de los incrementos muy drásticos en algunos bienes de consumo indispensables para la población como el maíz o el trigo, que duplicaron su precio este año, hemos podido afortunadamente mantener unas tasas de inflación bajas en proporción a las que se han registrado en otros países de América Latina y del mundo, (…) y seguiremos con políticas públicas (…) de manera que no se afecte a la población con aumentos de precios… buscamos evitar daños a la economía de las familias con menores ingresos” (el de Los Pinos dixit)… Mi agradecimiento a los integrantes del Grupo María Cristina, con Eduardo Ibarra a la cabeza, por su cortesía y generosidad.
Imparable, la escalada de aumentos de precios
Segundo enero consecutivo de la “continuidad” con brutal escalada de precios, que hace memorable aquel compromiso de campaña que a la letra decía: “para que vivamos mejor (…) les vamos a pagar la mitad de sus recibos de luz y gas, con posibilidad de llegar a 100 por ciento en ambos casos” (Calderón dixit, Veracruz, 19 de junio, 2006). Letras doradas en muro de honor, junto a frases célebres como aquella de 7 por ciento de crecimiento anual, con su millón 350 mil nuevos empleos.
Y “para que vivamos mejor”, en los hechos, no sólo se han incrementado los precios de los bienes y servicios del sector energético, sino los de alimentos básicos, medicinas, educación y demás, con un gobierno (así se autodenomina) que permanece pasivo ante la escalada. Entonces, si ese es el concepto para que los mexicanos “vivan mejor”, sálvese quien pueda.
La “continuidad” se sentó en Los Pinos, luego de acordar con el “cambio” saliente el aumento masivo de precios, entre los que sobresalieron los de la leche popular (28 por ciento), tortilla, maíz, pan, gas, electricidad, gasolina, transporte, educación, tarifas en general, cigarros, refrescos y lo que se presentara, al tiempo de reforzar la política de topes salariales nunca mayores al crecimiento inflacionario oficial.
Parte del acuerdo fue (15 de noviembre de 2006) el “sobreprecio” de 29 centavos por litro a la gasolina Premium y de 16 centavos al diesel, más IVA, alza adicional a 37 y 25 por ciento de incremento, respectivamente, para los mismos productos a lo largo del sexenio del “cambio”. Esa fue la despedida del “cambio” y la llegada de la “continuidad”.
Ya en pleno ejercicio del “nuevo” gobierno se registró el tortillazo segunda parte (el de enero de 2007) y a lo largo del primer año le siguieron tantos “azos” como puedan imaginarse, mientras se cocinaba el que hoy le vuelve a romper el esquema a los de por sí escuálidos bolsillos de la mayoría (léase el gasolinazo).
Pero no sólo en Los Pinos son expertos en el arte de la simulación. En plena escalada, en enero de 2007, los siempre sensibles legisladores “exhortaban” a Felipe Calderón a poner en marcha “un programa urgente” para frenar los aumentos de precios en productos básicos como la tortilla, leche, pollo, carne de cerdo y res, y en un acuerdo “de urgente y obvia resolución” y “por unanimidad” le pedían (como si el Legislativo no tuviera instrumentos legales para actuar por iniciativa propia) “instruir a los secretarios de Economía, Eduardo Sojo, y de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez; así como al procurador federal del consumidor, Antonio Morales de la Peña, que en tanto se establezcan los precios de los granos, se implementen los mecanismos provisionales para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo, afecten la economía de los más necesitados, y que las medidas que se tomen no afecten a los productores nacionales de maíz”.
Resultado concreto del “exhorto” y “exhortado”: “en el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la canasta básica del mexicano –integrada por 42 alimentos y productos de limpieza e higiene personal– ha subido de precio 35 por ciento. Así, mientras en diciembre de 2006 una familia requería 818.44 pesos para su adquisición, hoy debe gastar para los mismos artículos mil 103.63 pesos. Esta variación es siete veces superior al incremento que en el mismo periodo tuvieron los salarios contractuales o los que se pagan en la industria manufacturera, que fueron de 4.5 por ciento en promedio, según información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y del Banco de México, respectivamente. De este modo, y más allá de lo que oficialmente se reporta para este año, como el aumento de 3.9 por ciento en la tasa de inflación para el conjunto de la economía, los precios de los productos básicos han experimentado alzas inclusive superiores a ciento por ciento.
“De acuerdo con un seguimiento puntual a los productos que consigna la Profeco para los componentes de la canasta básica de consumo, destacan en esas alzas la harina de trigo, que pasó de 5.25 pesos por kilogramo en diciembre de 2006 a 10.50 el pasado 15 de diciembre, y las lentejas, con un aumento de 102.5 por ciento, al incrementarse de 4 a 8.10 pesos el kilogramo. Sin bien este repunte de precios general se mantuvo constante a lo largo del año, fue especialmente severo a partir de octubre, cuando fue aprobado un impuesto adicional de 5 por ciento al consumo de gasolina. Aunque el gobierno de Calderón Hinojosa pospuso ese incremento hasta el próximo primero de enero, el mero anuncio devino en una inmediata escalada de aumentos” (La Jornada, 20 de diciembre, 2007).
Y para que se cumpla la promesa de campaña, aquella de “…vivir mejor”, el numerito se repite en el arranque de 2008, segundo año de la “continuidad”. Apenas contabilizados unos cuantos días del nuevo enero, a pleno galope van los precios de alimentos básicos, de la mano del incremento a tarifas eléctricas (para los consumidores domésticos) y gasolinas, que repercutirá en toda la cadena productiva, más los nuevos impuestos (en campaña prometió erradicar gravámenes) que harán prácticamente imposible la supervivencia de micros y pequeñas empresas, y complicará más la de las medianas.
Las rebanadas del pastel
Si de amenazas se trata, ojo mortales que apenas arranca 2008: “a pesar de los incrementos muy drásticos en algunos bienes de consumo indispensables para la población como el maíz o el trigo, que duplicaron su precio este año, hemos podido afortunadamente mantener unas tasas de inflación bajas en proporción a las que se han registrado en otros países de América Latina y del mundo, (…) y seguiremos con políticas públicas (…) de manera que no se afecte a la población con aumentos de precios… buscamos evitar daños a la economía de las familias con menores ingresos” (el de Los Pinos dixit)… Mi agradecimiento a los integrantes del Grupo María Cristina, con Eduardo Ibarra a la cabeza, por su cortesía y generosidad.
Fracasa el combate a la corrupción; los panistas, “más cínicos” que los priístas
Fox, lastimero símbolo de esa vieja práctica ilícita, dice la investigadora Irma Sandoval
Rosa Elvira Vargas
El combate a la corrupción en México vive una gran paradoja: aunque existe mayor reglamentación y más depuradas estrategias para enfrentarla, no se advierte voluntad política para hacerlas efectivas, y el resultado es una creciente impunidad, advierte Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La investigadora indica que en ese universo, los gobiernos encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) han resultado “un poco más cínicos” que sus antecesores del Revolucionario Institucional (PRI), no sólo por sus métodos “más bruscos”, sino porque les tocó una coyuntura de transición política que despertó altas expectativas en la sociedad y porque disponían de avances legales específicos, como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública y la relativa al servicio civil de carrera.
“Pero los panistas ha seguido con los usos y costumbres del viejo PRI y han generado frustración en la sociedad mexicana, con el agravante de que quienes provienen del PAN todavía quieren que los celebremos porque son muy transparentes y exigen que se les dé trato de honestos.”
Experta en el tema, Sandoval ubica ahí justamente el meollo en la incapacidad de hacer frente a la corrupción, a la cual se pretende desligar del acceso a la información, cuando en realidad ambos asuntos debieran complementarse.
“El acceso a la información aparece como una cuestión bonita, políticamente correcta, usada para competir entre los tres niveles de gobierno y representa la gran nueva moda. Todos se llenan la boca, políticos de derecha, izquierda y centro, utilizando la palabra transparencia, pero nadie, o muy pocos, la conectan con aquello para lo cual debiera usarse: el combate a la corrupción.”
Aspirante también a consejera del Instituto Federal Electoral, Sandoval explica: “el fin no debe ser la transparencia”. El acceso a la información pública, abunda, “representa un medio, una herramienta a la cual debe afilársele con frecuencia para realmente romper el círculo vicioso que son esas pirámides estructurales de complicidad e impunidad que acompañan siempre a la corrupción”.
Precisamente porque no hay esa conexión, asevera, se presentan los efectos “opacos” de la transparencia, como que cada vez con más frecuencia los servidores públicos tienden a documentar mucho menos sus procesos de toma de decisiones, y de ahí la paradoja de que entre más acceso a la información existe en términos formales, hay menos documentos para responder.
De hecho, “hay estrategias en la función pública donde los jefes recomiendan a los burócratas purgar sus computadoras cada determinado tiempo para que sus discos duros no contengan cuestiones que más tarde les provoquen dolores de cabeza”.
Esto se constata, indica la investigadora, ante la creciente tendencia a dar respuesta a las solicitudes de información con términos como “reservado”, “confidencial” o “no hay registro”, a lo que ahora se suma el de “inexistencia”.
Función Pública, sólo trampolín político
Añade que se debe impulsar la lucha contra la corrupción por medio del acceso a la información, pero aclara que éste por sí mismo tampoco erradicará esa práctica.
“Tiene que combatirse la impunidad, fomentarse la investigación, la protección y el estímulo de informantes internos; en fin, muchos otros elementos legales que robustezcan el objetivo de su combate.”
Sin embargo, lamenta, “casi nadie se lo plantea así”. Mientras, “los secretarios de la Función Pública han utilizado el encargo sólo como trampolín político, y ahí están los ejemplos, desde Francisco Barrio hasta Germán Martínez”.
–¿La percepción de que en México ha crecido la corrupción ya existía o se creó a partir de las acusaciones contra el ex presidente Vicente Fox, su familia y varios de sus colaboradores?
–Es una mezcla de ambas. Sí creo que existe la tendencia a poner la corruptela en el presidente en turno, pero ésa es una cuestión estructural, de la dinámica política de siempre. Evidentemente, a Fox no se le puede desvincular de casos llamativos de corrupción durante su sexenio, y sobre todo de impunidad.
“Fox es un personaje paradigmático, caricaturesco incluso, por la forma en que se presentó la corrupción con su esposa, sus hijos, hijastros y demás parientes. Pero él es un símbolo más, lastimero diría, de toda esa corrupción que viene de mucho tiempo y está asociada a la falta de democracia en el país.”
Más allá incluso que el propio ex presidente, para Sandoval los ejemplos mayores de corrupción están en personajes como el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, por casos como los de Isosa y la violación a la norma que le impedía aceptar –antes de un año de dejar el cargo público– un puesto de trabajo en empresas privadas a las cuales debió supervisar, “y no esperó ni cinco minutos para tomar el empleo”.
Todos esos casos y muchos más, agrega, “se han visto como violaciones menores, y no lo son. Representan ejemplos de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se viola, que hay impunidad y no pasa nada”.
Lo mismo ocurre con el conflicto de intereses, “con ejemplos de los que la prensa está llena, y nada pasa tampoco”.
–¿La ciudadanía se ha acostumbrado a levantar los hombros como gesto de resignación?
–No creo. Existen posibilidades para realmente dar grandes pasos, porque existen los instrumentos legales para hacerlo. Pero deben impulsarse desde la sociedad, la academia, los partidos políticos, si bien éstos se han quedado a la zaga de todo el proceso, porque no han querido ser promotores de la transparencia incluso de sus propias finanzas. Pero, una vez más, la variable explicativa es la voluntad política y sin ésta de nada servirán los discursos de la transparencia y demás.
Al elaborar su conclusión, Sandoval señala que todo apunta a una involución en la lucha por enfrentar esa práctica ilícita. Para ella, los servidores públicos en general se han vuelto “expertos” en escabullir las leyes que los regulan.
En esos casos incluye lo mismo a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información al negarse a hacer públicas sus declaraciones de bienes que al propio presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien se escudó en argumentos legaloides para no responder a la solicitud de información sobre cómo ocupó el dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación que se le entregó en 2006 para la llamada fase de transición, y además alegó inexistencia de documentos cuando se le inquirió sobre los partes médicos en los cuales basó su declaración acerca de las causas de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión para desmentir un ataque de soldados.
“Ambos son casos ilustrativos de la ‘voluntad’ que podría caracterizar a este gobierno”, manifiesta.
Rosa Elvira Vargas
El combate a la corrupción en México vive una gran paradoja: aunque existe mayor reglamentación y más depuradas estrategias para enfrentarla, no se advierte voluntad política para hacerlas efectivas, y el resultado es una creciente impunidad, advierte Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La investigadora indica que en ese universo, los gobiernos encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) han resultado “un poco más cínicos” que sus antecesores del Revolucionario Institucional (PRI), no sólo por sus métodos “más bruscos”, sino porque les tocó una coyuntura de transición política que despertó altas expectativas en la sociedad y porque disponían de avances legales específicos, como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública y la relativa al servicio civil de carrera.
“Pero los panistas ha seguido con los usos y costumbres del viejo PRI y han generado frustración en la sociedad mexicana, con el agravante de que quienes provienen del PAN todavía quieren que los celebremos porque son muy transparentes y exigen que se les dé trato de honestos.”
Experta en el tema, Sandoval ubica ahí justamente el meollo en la incapacidad de hacer frente a la corrupción, a la cual se pretende desligar del acceso a la información, cuando en realidad ambos asuntos debieran complementarse.
“El acceso a la información aparece como una cuestión bonita, políticamente correcta, usada para competir entre los tres niveles de gobierno y representa la gran nueva moda. Todos se llenan la boca, políticos de derecha, izquierda y centro, utilizando la palabra transparencia, pero nadie, o muy pocos, la conectan con aquello para lo cual debiera usarse: el combate a la corrupción.”
Aspirante también a consejera del Instituto Federal Electoral, Sandoval explica: “el fin no debe ser la transparencia”. El acceso a la información pública, abunda, “representa un medio, una herramienta a la cual debe afilársele con frecuencia para realmente romper el círculo vicioso que son esas pirámides estructurales de complicidad e impunidad que acompañan siempre a la corrupción”.
Precisamente porque no hay esa conexión, asevera, se presentan los efectos “opacos” de la transparencia, como que cada vez con más frecuencia los servidores públicos tienden a documentar mucho menos sus procesos de toma de decisiones, y de ahí la paradoja de que entre más acceso a la información existe en términos formales, hay menos documentos para responder.
De hecho, “hay estrategias en la función pública donde los jefes recomiendan a los burócratas purgar sus computadoras cada determinado tiempo para que sus discos duros no contengan cuestiones que más tarde les provoquen dolores de cabeza”.
Esto se constata, indica la investigadora, ante la creciente tendencia a dar respuesta a las solicitudes de información con términos como “reservado”, “confidencial” o “no hay registro”, a lo que ahora se suma el de “inexistencia”.
Función Pública, sólo trampolín político
Añade que se debe impulsar la lucha contra la corrupción por medio del acceso a la información, pero aclara que éste por sí mismo tampoco erradicará esa práctica.
“Tiene que combatirse la impunidad, fomentarse la investigación, la protección y el estímulo de informantes internos; en fin, muchos otros elementos legales que robustezcan el objetivo de su combate.”
Sin embargo, lamenta, “casi nadie se lo plantea así”. Mientras, “los secretarios de la Función Pública han utilizado el encargo sólo como trampolín político, y ahí están los ejemplos, desde Francisco Barrio hasta Germán Martínez”.
–¿La percepción de que en México ha crecido la corrupción ya existía o se creó a partir de las acusaciones contra el ex presidente Vicente Fox, su familia y varios de sus colaboradores?
–Es una mezcla de ambas. Sí creo que existe la tendencia a poner la corruptela en el presidente en turno, pero ésa es una cuestión estructural, de la dinámica política de siempre. Evidentemente, a Fox no se le puede desvincular de casos llamativos de corrupción durante su sexenio, y sobre todo de impunidad.
“Fox es un personaje paradigmático, caricaturesco incluso, por la forma en que se presentó la corrupción con su esposa, sus hijos, hijastros y demás parientes. Pero él es un símbolo más, lastimero diría, de toda esa corrupción que viene de mucho tiempo y está asociada a la falta de democracia en el país.”
Más allá incluso que el propio ex presidente, para Sandoval los ejemplos mayores de corrupción están en personajes como el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, por casos como los de Isosa y la violación a la norma que le impedía aceptar –antes de un año de dejar el cargo público– un puesto de trabajo en empresas privadas a las cuales debió supervisar, “y no esperó ni cinco minutos para tomar el empleo”.
Todos esos casos y muchos más, agrega, “se han visto como violaciones menores, y no lo son. Representan ejemplos de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se viola, que hay impunidad y no pasa nada”.
Lo mismo ocurre con el conflicto de intereses, “con ejemplos de los que la prensa está llena, y nada pasa tampoco”.
–¿La ciudadanía se ha acostumbrado a levantar los hombros como gesto de resignación?
–No creo. Existen posibilidades para realmente dar grandes pasos, porque existen los instrumentos legales para hacerlo. Pero deben impulsarse desde la sociedad, la academia, los partidos políticos, si bien éstos se han quedado a la zaga de todo el proceso, porque no han querido ser promotores de la transparencia incluso de sus propias finanzas. Pero, una vez más, la variable explicativa es la voluntad política y sin ésta de nada servirán los discursos de la transparencia y demás.
Al elaborar su conclusión, Sandoval señala que todo apunta a una involución en la lucha por enfrentar esa práctica ilícita. Para ella, los servidores públicos en general se han vuelto “expertos” en escabullir las leyes que los regulan.
En esos casos incluye lo mismo a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información al negarse a hacer públicas sus declaraciones de bienes que al propio presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien se escudó en argumentos legaloides para no responder a la solicitud de información sobre cómo ocupó el dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación que se le entregó en 2006 para la llamada fase de transición, y además alegó inexistencia de documentos cuando se le inquirió sobre los partes médicos en los cuales basó su declaración acerca de las causas de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión para desmentir un ataque de soldados.
“Ambos son casos ilustrativos de la ‘voluntad’ que podría caracterizar a este gobierno”, manifiesta.
Invitación del Lic. Mario Di Costanzo
Hacemos un llamado urgente para que asistan a las 6 de la tarde, el martes 8 de enero a las instalaciones ubicadas en Monterrey #50, esq. Uruapan, con el objeto de planear acciones concretas y contundentes sobre la libertad de expresion y la Ley Judicial que entrará en vigor el mes entrante y que atenta contra nuestras garantias individuales más elementales.
Asímismo el Lic. Mario Di Costanzo nos proporcionara importante información dentro de un marco juridico en contra del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) para poder organizar de la misma manera acciones inmediatas. Tu asistencia es necesaria.
Perdidos, $9.5 millones de plan foxista para discapacitados
Presuntamente, la fundación encargada del programa defraudó a autoridades federales
Involucrada en el desfalco, empresa en la que es socio Jorge Bribiesca, denuncian afectados
Con documentos apócrifos, los responsables del programa comprobaron destino del dinero
Elizabeth Velasco C. /I
El programa Emprendedores con Discapacidad (Ecodis), impulsado por Vicente Fox desde la Presidencia de la República en 2005, y al cual se destinaron más de 40 millones de pesos, causó presunto quebranto por 9.5 millones de pesos al erario, cantidad que podría rebasar más de tres veces ese monto, además de que defraudó a autoridades federales y a cientos de discapacitados.
De acuerdo con la auditoría 21/06 del órgano interno de control (OIC) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), dependiente de la Función Pública (SFP), los 9.5 millones de pesos que esa dependencia entregó a la fundación para la Ayuda Ecodis –responsable del programa respectivo–, no se destinaron a los discapacitados, como era el plan.
Por el contrario, las evidencias presumen que fueron a dar a la bolsa de los integrantes de la fundación, creada a propuesta de Víctor Hugo Flores Higuera, ex titular de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad de la Presidencia.
Dicho ex funcionario, responsable y autor intelectual del programa y fundador de Ecodis, –admitió en entrevista con La Jornada (17/4/06)– habría conocido de la falsificación de diversos documentos presentados ante el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) de la Secretaría de Economía (SE), con el objetivo de allegarse recursos del erario. Empero, no respondió a las observaciones que las autoridades le hicieron llegar, según consta en el oficio REPDF/11/779/05, suscrito por María Alejandra Zafra, representante del Fonaes en el DF.
Igual consta en la auditoría 21/06 y en la investigación DE-011/2006, iniciada por el OIC de la Secretaría de Salud (Ssa), también dependiente de la SFP.
Del desvío de 9.5 millones de pesos, es importante subrayar que a la fecha se desconoce si se procedió contra los responsables, pues los encargados de la auditoría 21/06, Vicente Cárdenas, Ignacio Soberanes y Jessica Bautista, consignan que aunque han solicitado desde marzo de 2006 a la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Sedeso iniciar un proceso jurídico contra los responsables de la fundación, al término de la investigación, en junio de ese año, no hubo respuesta. De hecho, para ese mes las oficinas de la fundación ya se encontraban vacías.
Ninguna sanción
Por su lado, la SFP no ha informado de alguna sanción contra Flores, quien tampoco aparece en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, ni contra el representante de la fundación Ecodis, Víctor Manuel Navarro.
Pese a eso, en la auditoría se recomendó iniciar el proceso jurídico porque la fundación, a casi medio año de recibir los recursos, “no presentó los padrones de beneficiarios (5 mil 270 discapacitados), el informe final del proyecto y la documentación comprobatoria (del destino) de los recursos”, entre otras irregularidades.
El OIC de la Sedeso subrayó que Navarro presentó documentos que “no cumplen con la normatividad” para comprobar el uso del dinero, y aunque se le ordenó “reintegrar de inmediato los 9.5 millones de pesos más intereses”, no respondió.
Por otro lado, los auditores se comunicaron con un grupo de discapacitados (cuyos datos personales se omiten en la auditoría, en poder de este diario), quienes informaron que ninguno recibió el dinero que el Fonaes dio a la fundación para distribuirlo entre 5 mil 270 discapacitados.
Según el proyecto, a cada uno le tocarían mil 800 pesos de los 9 millones, para obtener un “kit individual” (mochila de tela, hojas bond, tarjetas de presentación en cartoncillo, block de pedidos, una calculadora de manufactura china, y un celular, entre otros) para hacer su trabajo, pero algunos debieron pagaron de su bolsillo el costo del kit a la fundación.
El resultado de la auditoría se entregó a la ex titular de la Sedeso, Ana Teresa Aranda, quien lo recibió en julio de 2006, según sello oficial de la dependencia.
Aunado a esto, se desconoce el destino de 30 millones 888 mil pesos que la SE entregó a esa fundación por medio del programa de apoyo a la pequeña y mediana empresas (Pymes).
Si bien La Jornada solicitó la auditoría 16/2006, iniciada por el OIC de la SE por presuntas anomalías en el uso de los recursos, la SFP negó acceso al expediente bajo el argumento de que está reservado, y aunque se presentó un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), éste fue desechado por la comisionada María Marván.
Las indagatorias se hicieron a petición de la segunda comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó a los hijos de Marta Sahagún, toda vez que los discapacitados afectados denunciaron ante esa instancia legislativa que en el fraude también estaban involucradas empresas en las que aparecía como socio el menor de los vástagos de la esposa de Fox, Jorge Alberto Bribiesca.
Los afectados se referían a las fábricas de galletas Starplus SA de CV y Polvorones Gala, cuyos productos supuestamente distribuían los discapacitados a través del programa Ecodis; empero, esas empresas ni colateralmente se mencionan en las indagatorias.
Las tropelías de Ecodis
El programa Ecodis fue anunciado por Fox en Los Pinos durante la instalación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el 7 de septiembre de 2005; al menos en teoría tenía la intención de ofrecer opciones productivas para discapacitados tras la creación de cooperativas en las que se venderían diversos productos.
En el portal de la Presidencia de la República se presumía entonces que la fundación desarrollaría y tendría: “tiendas Ecodis, repartidores de productos Ecodis, venta directa por catálogo, servicios y básicos Ecodis, venta en centros comerciales, entre otros”.
En el lanzamiento, Fox alabó “la participación” de Víctor Hugo Flores y de todo su equipo, el cual “era resultado de una alianza con empresas de productos y servicios de calidad, tanto locales como nacionales e internacionales”.
Destacó: “el gobierno federal invertirá en este proyecto más de 40 millones de pesos, contribuyendo a generar 6 mil empleos y, en el momento en que se acabe, Víctor, cuentan con más lana, no hay problema.
Para cuando se presentó en forma oficial, el programa tenía más de un año de haber sido promovido ante autoridades estatales del país. Según la instrucción de Fox, sería financiado por la Sedeso y Economía, pero también suministrarían recursos las secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y Agricultura.
Los participantes serían capacitados por los institutos Politécnico Nacional y Tecnológico de Tlalneplanta, y los colegios nacionales de educación profesional técnica, en cuyas sedes se inscribieron los discapacitados.
Fonaes detecta irregularidades
Pese a que Fox dio por sentado el éxito de Ecodis, Fonaes y la SRA de inmediato detectaron irregularidades, por lo cual cancelaron el financiamiento.
El caso más ilustrativo se refleja en el oficio de Fonaes, de 28 de noviembre de 2005, donde señala como razones de la cancelación, la identificación de diversos documentos “apócrifos”, entre ellos: “cartas de los proveedores (de los artículos que supuestamente distribuirían los discapacitados), como Portners New Century Fund SA de CV, Tequilera Don Beto & High Class SA de CV, Alimentos y Despensas Premium SA de CV, Productos Quelme SA de CV y Mayan Garden SA de CV”. Asimismo, se encontraron “nombres distintos a la razón social de cada una de las sociedades cooperativas”, por lo cual “no son válidos”.
En el documento se subraya que los representantes de las cooperativas “desconocían el contenido del estudio de inversión; carecían de bienes necesarios para ejecutar el proyecto”.
El consultor del Fonaes, Rubén González, notificó en varias ocasiones a Flores de las irregularidades encontradas y de los cambios que debían hacer al proyecto, sin que “recibiera respuesta alguna de los requerimientos solicitados”, razón por la cual canceló trámites del financiamiento.
Involucrada en el desfalco, empresa en la que es socio Jorge Bribiesca, denuncian afectados
Con documentos apócrifos, los responsables del programa comprobaron destino del dinero
Elizabeth Velasco C. /I
El programa Emprendedores con Discapacidad (Ecodis), impulsado por Vicente Fox desde la Presidencia de la República en 2005, y al cual se destinaron más de 40 millones de pesos, causó presunto quebranto por 9.5 millones de pesos al erario, cantidad que podría rebasar más de tres veces ese monto, además de que defraudó a autoridades federales y a cientos de discapacitados.
De acuerdo con la auditoría 21/06 del órgano interno de control (OIC) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), dependiente de la Función Pública (SFP), los 9.5 millones de pesos que esa dependencia entregó a la fundación para la Ayuda Ecodis –responsable del programa respectivo–, no se destinaron a los discapacitados, como era el plan.
Por el contrario, las evidencias presumen que fueron a dar a la bolsa de los integrantes de la fundación, creada a propuesta de Víctor Hugo Flores Higuera, ex titular de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad de la Presidencia.
Dicho ex funcionario, responsable y autor intelectual del programa y fundador de Ecodis, –admitió en entrevista con La Jornada (17/4/06)– habría conocido de la falsificación de diversos documentos presentados ante el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) de la Secretaría de Economía (SE), con el objetivo de allegarse recursos del erario. Empero, no respondió a las observaciones que las autoridades le hicieron llegar, según consta en el oficio REPDF/11/779/05, suscrito por María Alejandra Zafra, representante del Fonaes en el DF.
Igual consta en la auditoría 21/06 y en la investigación DE-011/2006, iniciada por el OIC de la Secretaría de Salud (Ssa), también dependiente de la SFP.
Del desvío de 9.5 millones de pesos, es importante subrayar que a la fecha se desconoce si se procedió contra los responsables, pues los encargados de la auditoría 21/06, Vicente Cárdenas, Ignacio Soberanes y Jessica Bautista, consignan que aunque han solicitado desde marzo de 2006 a la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Sedeso iniciar un proceso jurídico contra los responsables de la fundación, al término de la investigación, en junio de ese año, no hubo respuesta. De hecho, para ese mes las oficinas de la fundación ya se encontraban vacías.
Ninguna sanción
Por su lado, la SFP no ha informado de alguna sanción contra Flores, quien tampoco aparece en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, ni contra el representante de la fundación Ecodis, Víctor Manuel Navarro.
Pese a eso, en la auditoría se recomendó iniciar el proceso jurídico porque la fundación, a casi medio año de recibir los recursos, “no presentó los padrones de beneficiarios (5 mil 270 discapacitados), el informe final del proyecto y la documentación comprobatoria (del destino) de los recursos”, entre otras irregularidades.
El OIC de la Sedeso subrayó que Navarro presentó documentos que “no cumplen con la normatividad” para comprobar el uso del dinero, y aunque se le ordenó “reintegrar de inmediato los 9.5 millones de pesos más intereses”, no respondió.
Por otro lado, los auditores se comunicaron con un grupo de discapacitados (cuyos datos personales se omiten en la auditoría, en poder de este diario), quienes informaron que ninguno recibió el dinero que el Fonaes dio a la fundación para distribuirlo entre 5 mil 270 discapacitados.
Según el proyecto, a cada uno le tocarían mil 800 pesos de los 9 millones, para obtener un “kit individual” (mochila de tela, hojas bond, tarjetas de presentación en cartoncillo, block de pedidos, una calculadora de manufactura china, y un celular, entre otros) para hacer su trabajo, pero algunos debieron pagaron de su bolsillo el costo del kit a la fundación.
El resultado de la auditoría se entregó a la ex titular de la Sedeso, Ana Teresa Aranda, quien lo recibió en julio de 2006, según sello oficial de la dependencia.
Aunado a esto, se desconoce el destino de 30 millones 888 mil pesos que la SE entregó a esa fundación por medio del programa de apoyo a la pequeña y mediana empresas (Pymes).
Si bien La Jornada solicitó la auditoría 16/2006, iniciada por el OIC de la SE por presuntas anomalías en el uso de los recursos, la SFP negó acceso al expediente bajo el argumento de que está reservado, y aunque se presentó un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), éste fue desechado por la comisionada María Marván.
Las indagatorias se hicieron a petición de la segunda comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó a los hijos de Marta Sahagún, toda vez que los discapacitados afectados denunciaron ante esa instancia legislativa que en el fraude también estaban involucradas empresas en las que aparecía como socio el menor de los vástagos de la esposa de Fox, Jorge Alberto Bribiesca.
Los afectados se referían a las fábricas de galletas Starplus SA de CV y Polvorones Gala, cuyos productos supuestamente distribuían los discapacitados a través del programa Ecodis; empero, esas empresas ni colateralmente se mencionan en las indagatorias.
Las tropelías de Ecodis
El programa Ecodis fue anunciado por Fox en Los Pinos durante la instalación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el 7 de septiembre de 2005; al menos en teoría tenía la intención de ofrecer opciones productivas para discapacitados tras la creación de cooperativas en las que se venderían diversos productos.
En el portal de la Presidencia de la República se presumía entonces que la fundación desarrollaría y tendría: “tiendas Ecodis, repartidores de productos Ecodis, venta directa por catálogo, servicios y básicos Ecodis, venta en centros comerciales, entre otros”.
En el lanzamiento, Fox alabó “la participación” de Víctor Hugo Flores y de todo su equipo, el cual “era resultado de una alianza con empresas de productos y servicios de calidad, tanto locales como nacionales e internacionales”.
Destacó: “el gobierno federal invertirá en este proyecto más de 40 millones de pesos, contribuyendo a generar 6 mil empleos y, en el momento en que se acabe, Víctor, cuentan con más lana, no hay problema.
Para cuando se presentó en forma oficial, el programa tenía más de un año de haber sido promovido ante autoridades estatales del país. Según la instrucción de Fox, sería financiado por la Sedeso y Economía, pero también suministrarían recursos las secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y Agricultura.
Los participantes serían capacitados por los institutos Politécnico Nacional y Tecnológico de Tlalneplanta, y los colegios nacionales de educación profesional técnica, en cuyas sedes se inscribieron los discapacitados.
Fonaes detecta irregularidades
Pese a que Fox dio por sentado el éxito de Ecodis, Fonaes y la SRA de inmediato detectaron irregularidades, por lo cual cancelaron el financiamiento.
El caso más ilustrativo se refleja en el oficio de Fonaes, de 28 de noviembre de 2005, donde señala como razones de la cancelación, la identificación de diversos documentos “apócrifos”, entre ellos: “cartas de los proveedores (de los artículos que supuestamente distribuirían los discapacitados), como Portners New Century Fund SA de CV, Tequilera Don Beto & High Class SA de CV, Alimentos y Despensas Premium SA de CV, Productos Quelme SA de CV y Mayan Garden SA de CV”. Asimismo, se encontraron “nombres distintos a la razón social de cada una de las sociedades cooperativas”, por lo cual “no son válidos”.
En el documento se subraya que los representantes de las cooperativas “desconocían el contenido del estudio de inversión; carecían de bienes necesarios para ejecutar el proyecto”.
El consultor del Fonaes, Rubén González, notificó en varias ocasiones a Flores de las irregularidades encontradas y de los cambios que debían hacer al proyecto, sin que “recibiera respuesta alguna de los requerimientos solicitados”, razón por la cual canceló trámites del financiamiento.
Llaman a recibir a Bush con bombas en Medio Oriente
Amenaza Al Qaeda en video difundido por Internet
La Casa Blanca desestima las advertencias de la red
Washington pide a palestinos e israelíes lograr un acuerdo
Afp, Dpa y Reuters
Dubai, 6 de enero. Un estadunidense convertido al islam y miembro de Al Qaeda llamó hoy a los militantes islámicos a recibir al presidente George W. Bush “con bombas” durante la gira que iniciará el miércoles por Medio Oriente, mientras el jefe de la Casa Blanca pidió a palestinos e israelíes llegar a un acuerdo antes de que termine su mandato.
En un video difundido por Internet, Adam Yahiye Gadahn, considerado el vocero de Al Qaeda, indicó que el mandatario estadunidense debe ser acogido “no con flores ni aplausos, sino con bombas”.
Además, hizo un balance de las “victorias” de los mujaidines en Afganistán, Irak y el Magreb y, en signo de desafío a su país natal, rompió su pasaporte estadunidense y arremetió contra los presidentes de Pakistán y Egipto, Pervez Musharraf, y Hosni Mubarak, respectivamente, así como contra el rey Abdallah, de Arabia Saudita.
Gadahn, un californiano converso al islam en 1995, ha aparecido desde 2004 en varios videos de Al Qaeda en los que se alegra de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La Casa Blanca desestimó las amenazas de Al Qaeda al señalar que el grupo radical “no ofrece otra cosa que muerte y violencia”.
Por lo pronto, el gobierno israelí anunció hoy un endurecimiento de las medidas contra los guerrilleros palestinos que disparan misiles desde la franja de Gaza hacia el sur de Israel, ante la visita de Bush.
El mandatario urgió hoy a israelíes y palestinos a llegar a un acuerdo antes de que llegue a Medio Oriente.
“La cuestión es saber si ellos (Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas) están decididos a desplegar los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo mientras aún soy presidente”, afirmó Bush, el primer presidente estadunidense que visita Israel, durante una entrevista difundida por la televisión israelí.
El gobierno de Irán, en tanto, acusó a Estados Unidos de interferir en asuntos de Medio Oriente y dijo que la finalidad del viaje de Bush es “compensar por las políticas que han fracasado en la región”.
La Casa Blanca desestima las advertencias de la red
Washington pide a palestinos e israelíes lograr un acuerdo
Afp, Dpa y Reuters
Dubai, 6 de enero. Un estadunidense convertido al islam y miembro de Al Qaeda llamó hoy a los militantes islámicos a recibir al presidente George W. Bush “con bombas” durante la gira que iniciará el miércoles por Medio Oriente, mientras el jefe de la Casa Blanca pidió a palestinos e israelíes llegar a un acuerdo antes de que termine su mandato.
En un video difundido por Internet, Adam Yahiye Gadahn, considerado el vocero de Al Qaeda, indicó que el mandatario estadunidense debe ser acogido “no con flores ni aplausos, sino con bombas”.
Además, hizo un balance de las “victorias” de los mujaidines en Afganistán, Irak y el Magreb y, en signo de desafío a su país natal, rompió su pasaporte estadunidense y arremetió contra los presidentes de Pakistán y Egipto, Pervez Musharraf, y Hosni Mubarak, respectivamente, así como contra el rey Abdallah, de Arabia Saudita.
Gadahn, un californiano converso al islam en 1995, ha aparecido desde 2004 en varios videos de Al Qaeda en los que se alegra de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La Casa Blanca desestimó las amenazas de Al Qaeda al señalar que el grupo radical “no ofrece otra cosa que muerte y violencia”.
Por lo pronto, el gobierno israelí anunció hoy un endurecimiento de las medidas contra los guerrilleros palestinos que disparan misiles desde la franja de Gaza hacia el sur de Israel, ante la visita de Bush.
El mandatario urgió hoy a israelíes y palestinos a llegar a un acuerdo antes de que llegue a Medio Oriente.
“La cuestión es saber si ellos (Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas) están decididos a desplegar los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo mientras aún soy presidente”, afirmó Bush, el primer presidente estadunidense que visita Israel, durante una entrevista difundida por la televisión israelí.
El gobierno de Irán, en tanto, acusó a Estados Unidos de interferir en asuntos de Medio Oriente y dijo que la finalidad del viaje de Bush es “compensar por las políticas que han fracasado en la región”.
Celebra Chávez que Emmanuel “esté libre” y bien en Colombia
Caracas pide explicaciones a Bogotá sobre el menor; el canciller Araújo lo remite a las FARC
Descarta instaurar la relección presidencial ilimitada; “estoy obligado a frenar”, señala
Confirma el cambio de 12 de los 27 ministros de su gabinete, así como de la vicepresidencia
Reuters, Afp, Pl y Dpa
El presidente Hugo Chávez muestra en el programa televisivo Aló, Presidente! uno de los billetes del llamado bolívar fuerte, que comenzó a circular el 1º de enero pasado. El nuevo circulante eliminó tres ceros al bolívar y cambió el nombre a la moneda oficial venezolana, que desde 1878 llevó esa denominación Foto: Ap
Caracas, 6 de enero. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, celebró hoy que Emmanuel, identificado como el hijo de la política Clara Rojas nacido en cautiverio hace tres años y uno de los rehenes que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había prometido entregar al mandatario pese a que no lo tenían en su poder, “se encuentre bien en Colombia”.
Chávez encabezó el 31 de diciembre una misión internacional para recibir a Rojas, a su niño de tres años y a la ex congresista Consuelo González de manos de las FARC, pero la guerrilla suspendió a último momento la entrega de los tres rehenes, con el argumento de que el ejército ejecutaba operativos militares en la región donde debía ocurrir la liberación.
En contraposición, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró a principios de la semana que la liberación de los secuestrados no se dio porque los guerrilleros no tenían a Emmanuel y adelantó la tesis de que el niño estaría desde 2005 bajo protección de un instituto gubernamental de asistencia infantil.
Pero un examen de ADN al niño, confrontado con otro similar a familiares de Rojas, confirmó su identidad y finalmente el grupo guerrillero reconoció el viernes que el menor es el hijo de la secuestrada ex candidata a la vicepresidencia en 2002 y que ya no tienen a Emmanuel, pero acusó al gobierno colombiano de secuestrarlo para frustrar la operación humanitaria encabezada por Chávez.
“El gobierno ha emitido un comunicado y esa es nuestra posición. Más allá de cualquier versión, enfoque o diatriba política, lo más bonito e importante es que Emmanuel está libre”, dijo Chávez en su programa dominical de radio y televisión Aló, Presidente!, en el que dijo que está a la espera de nuevos contactos con la guerrilla para tratar de conseguir la liberación de Rojas y González.
Venezuela, que en un primer momento cuestionó la fiabilidad de las pruebas de ADN realizadas por expertos colombianos, saludó el sábado “la identificación exitosa” del niño, aunque en un comunicado emitido el sábado por su Cancillería pidió esclarecer el caso de Emmanuel.
En respuesta, el canciller colombiano, Fernando Araújo, aseguró hoy que el gobierno venezolano “está mirando para el lado que no es”. El procedimiento del gobierno colombiano “es muy transparente y los hechos lo han confirmado”, dijo a la radio RCN.
Araújo consideró que “a las que deberían pedirle explicaciones es a las FARC, que los ha engañado ofreciéndoles la liberación de unos secuestrados y han incumplido”.
El canciller, por otro lado, calificó a algunos miembros de la comunidad internacional de “incautos” porque sufren el síndrome de Estocolmo –la simpatía por el secuestrador– frente a las FARC.
Asimismo, afirmó que la senadora colombiana Piedad Córdoba –quien junto a Chávez trabajó el año anterior en la búsqueda de un canje humanitario, y dijo que buscará que la Unión Europea quite el calificativo de terroristas a las FARC–, sufre el “síndrome de canciller”.
“La comunidad internacional entiende claramente que las FARC son un grupo terrorista que mantienen secuestradas a muchas personas y sería un contrasentido que les fueran a quitar el título de terroristas”, agregó.
En el ámbito político interno, Chávez anunció que frenará la velocidad de su revolución, luego de la derrota electoral de su propuesta de reforma socialista a la Constitución, y dijo que se concentrará en los comicios regionales de octubre próximo, tras confirmar la restructuración de la metas de su gabinete.
En Aló, Presidente!, Chávez hizo un análisis de los resultados del referendo del 2 de diciembre, que rechazó la reforma constitucional y que descartó la posibilidad de instaurar la relección presidencial ilimitada. “Sería un error que nosotros desconozcamos esto y pretendamos incrementar la velocidad de la marcha (...) Estoy obligado a frenar”.
Admitió que más adelante podría proponer otra reforma por otras vías, pero insistió en que es necesario debatir las razones de la derrota.
Confirmó asimismo el cambio de 12 de sus 27 ministros y de la vicepresidencia, que estará encabezada por Ramón Carrizales, en sustitución de Jorge Rodríguez, con la idea, dijo, de seguir “fortaleciendo al equipo de gobierno, que debe ser un equipo de triunfador”. La mayoría de los cambios se realizó mediante enroques de las mismas caras.
Entre los ratificados se encuentra Rafael Ramírez, al frente del Ministerio de Energía y Petróleo.
Chávez dijo que su gobierno seguirá trabajando para avanzar hacia la formación de la “patria socialista” y anunció que buscará alianzas políticas con el Partido Comunista de Venezuela y el partido Patria Para Todos, que se negaron a disolverse para conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela.
De cara a las elecciones de octubre, el mandatario pidió reactivar una alianza de partidos y movimientos sociales, incluso con las clases medias y la burguesía para “hacerle la guerra” al sectarismo y permitir al oficialismo retener e incluso ampliar sus espacios de poder.
El mandatario también se refirió al papel que, según su apreciación, ejerce actualmente Estados Unidos en Sudamérica.
Afirmó que el imperio estadunidense utiliza todo su poder y su maquinaria para mantener “vigilado” a su gobierno las 24 horas del día. “El mundo está pendiente de nosotros y el imperio lo sabe. De la revolución bolivariana depende en gran medida el futuro de este continente”, expuso.
Descarta instaurar la relección presidencial ilimitada; “estoy obligado a frenar”, señala
Confirma el cambio de 12 de los 27 ministros de su gabinete, así como de la vicepresidencia
Reuters, Afp, Pl y Dpa
El presidente Hugo Chávez muestra en el programa televisivo Aló, Presidente! uno de los billetes del llamado bolívar fuerte, que comenzó a circular el 1º de enero pasado. El nuevo circulante eliminó tres ceros al bolívar y cambió el nombre a la moneda oficial venezolana, que desde 1878 llevó esa denominación Foto: ApCaracas, 6 de enero. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, celebró hoy que Emmanuel, identificado como el hijo de la política Clara Rojas nacido en cautiverio hace tres años y uno de los rehenes que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había prometido entregar al mandatario pese a que no lo tenían en su poder, “se encuentre bien en Colombia”.
Chávez encabezó el 31 de diciembre una misión internacional para recibir a Rojas, a su niño de tres años y a la ex congresista Consuelo González de manos de las FARC, pero la guerrilla suspendió a último momento la entrega de los tres rehenes, con el argumento de que el ejército ejecutaba operativos militares en la región donde debía ocurrir la liberación.
En contraposición, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró a principios de la semana que la liberación de los secuestrados no se dio porque los guerrilleros no tenían a Emmanuel y adelantó la tesis de que el niño estaría desde 2005 bajo protección de un instituto gubernamental de asistencia infantil.
Pero un examen de ADN al niño, confrontado con otro similar a familiares de Rojas, confirmó su identidad y finalmente el grupo guerrillero reconoció el viernes que el menor es el hijo de la secuestrada ex candidata a la vicepresidencia en 2002 y que ya no tienen a Emmanuel, pero acusó al gobierno colombiano de secuestrarlo para frustrar la operación humanitaria encabezada por Chávez.
“El gobierno ha emitido un comunicado y esa es nuestra posición. Más allá de cualquier versión, enfoque o diatriba política, lo más bonito e importante es que Emmanuel está libre”, dijo Chávez en su programa dominical de radio y televisión Aló, Presidente!, en el que dijo que está a la espera de nuevos contactos con la guerrilla para tratar de conseguir la liberación de Rojas y González.
Venezuela, que en un primer momento cuestionó la fiabilidad de las pruebas de ADN realizadas por expertos colombianos, saludó el sábado “la identificación exitosa” del niño, aunque en un comunicado emitido el sábado por su Cancillería pidió esclarecer el caso de Emmanuel.
En respuesta, el canciller colombiano, Fernando Araújo, aseguró hoy que el gobierno venezolano “está mirando para el lado que no es”. El procedimiento del gobierno colombiano “es muy transparente y los hechos lo han confirmado”, dijo a la radio RCN.
Araújo consideró que “a las que deberían pedirle explicaciones es a las FARC, que los ha engañado ofreciéndoles la liberación de unos secuestrados y han incumplido”.
El canciller, por otro lado, calificó a algunos miembros de la comunidad internacional de “incautos” porque sufren el síndrome de Estocolmo –la simpatía por el secuestrador– frente a las FARC.
Asimismo, afirmó que la senadora colombiana Piedad Córdoba –quien junto a Chávez trabajó el año anterior en la búsqueda de un canje humanitario, y dijo que buscará que la Unión Europea quite el calificativo de terroristas a las FARC–, sufre el “síndrome de canciller”.
“La comunidad internacional entiende claramente que las FARC son un grupo terrorista que mantienen secuestradas a muchas personas y sería un contrasentido que les fueran a quitar el título de terroristas”, agregó.
En el ámbito político interno, Chávez anunció que frenará la velocidad de su revolución, luego de la derrota electoral de su propuesta de reforma socialista a la Constitución, y dijo que se concentrará en los comicios regionales de octubre próximo, tras confirmar la restructuración de la metas de su gabinete.
En Aló, Presidente!, Chávez hizo un análisis de los resultados del referendo del 2 de diciembre, que rechazó la reforma constitucional y que descartó la posibilidad de instaurar la relección presidencial ilimitada. “Sería un error que nosotros desconozcamos esto y pretendamos incrementar la velocidad de la marcha (...) Estoy obligado a frenar”.
Admitió que más adelante podría proponer otra reforma por otras vías, pero insistió en que es necesario debatir las razones de la derrota.
Confirmó asimismo el cambio de 12 de sus 27 ministros y de la vicepresidencia, que estará encabezada por Ramón Carrizales, en sustitución de Jorge Rodríguez, con la idea, dijo, de seguir “fortaleciendo al equipo de gobierno, que debe ser un equipo de triunfador”. La mayoría de los cambios se realizó mediante enroques de las mismas caras.
Entre los ratificados se encuentra Rafael Ramírez, al frente del Ministerio de Energía y Petróleo.
Chávez dijo que su gobierno seguirá trabajando para avanzar hacia la formación de la “patria socialista” y anunció que buscará alianzas políticas con el Partido Comunista de Venezuela y el partido Patria Para Todos, que se negaron a disolverse para conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela.
De cara a las elecciones de octubre, el mandatario pidió reactivar una alianza de partidos y movimientos sociales, incluso con las clases medias y la burguesía para “hacerle la guerra” al sectarismo y permitir al oficialismo retener e incluso ampliar sus espacios de poder.
El mandatario también se refirió al papel que, según su apreciación, ejerce actualmente Estados Unidos en Sudamérica.
Afirmó que el imperio estadunidense utiliza todo su poder y su maquinaria para mantener “vigilado” a su gobierno las 24 horas del día. “El mundo está pendiente de nosotros y el imperio lo sabe. De la revolución bolivariana depende en gran medida el futuro de este continente”, expuso.
Clausuraron ciudadanos W Radio, en rechazo al “despido” de Carmen Aristegui
Anuncian miembros de ONG que realizarán movilizaciones contra la censura
“El gobierno fascista y débil de Calderón está atrás del acto intimidatorio”, acusan
Elizabeth Velasco C.
Los manifestantes demandaron “información veraz, que no sea dictada por los dueños de los poderes fácticos” Foto: Víctor Camacho
Decenas de ciudadanos de diversas organizaciones sociales e integrantes del Comité del 68 clausuraron ayer de manera simbólica las instalaciones de la radiodifusora W, en cuyas paredes estrellaron más de una veintena de huevos en rechazo al despido de la periodista Carmen Aristegui, conductora del noticiario Hoy por Hoy, el pasado 4 de enero.
Entre consignas contra el gobierno de Felipe Calderón y mantas en las que se leía “Gobierno espurio que robaste la elección ahora censuras la comunicación” y “Desinfórmate en la W a partir de este lunes”, integrantes de la Red de Redes, Proyecto Esperanza, Comité del 68 y otras asociaciones advirtieron que, pese a los actos “intimidatorios” del gobierno “fascista” de Calderón, a los “mexicanos no nos van a callar”.
Por el contrario, manifestó Emilio Reza, miembro del Consejo Nacional de Huelga y del Comité del 68, “esta es la primera de muchas manifestaciones y acciones que se desarrollarán en 2008 contra la censura, la militarización, la intimidación y el terrorismo” que el gobierno panista aplica como “política de debilidad y continuación del fraude electoral del 2 de julio, porque cuando no hay principios ni apoyo de la población se realizan actos represivos”.
Durante el mitin, que se inició a las 11 de la mañana y concluyó en completa calma al filo de las 14 horas, frente a las instalaciones de la radioemisora de los consorcios Televisa y Prisa, Reza, uno de los oradores principales manifestó que “este primer acto de 2008, en defensa de la nación y de la libertad de expresión, tendrá continuidad del 23 al 26 de enero en el Zócalo de la ciudad de México y otras ciudades del país, mediante la realización del Foro Social Mundial, capítulo México.
En ese contexto, convocó también a los actos que el 18 de marzo encabezará el “presidente legítimo” de México, Andrés Manuel López Obrador, en defensa de los energéticos del país.
Respecto del foro, que de manera simultánea se efectuará en diversas naciones del mundo, se analizarán temas como el militarismo, la represión, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y de los medios de comunicación democráticos, la soberanía energética y de los recursos naturales de la nación, entre otros.
“Vamos a continuar defendiendo la libertad de expresión. Como integrantes del movimiento del 68, nuestro lema general es la lucha por las libertades democráticas, que tienen muchas vertientes. La recuperación de nuestra memoria histórica tendrá en nuestros días una expresión actual para continuar con la profundización de la democratización. Se trata de recuperar las experiencias de cientos de luchadores de hace 40 años”, explicó Reza.
Por su lado, Enriqueta Chávez, de la Red de Redes, expresó que con ese acto, además de “manifestar nuestro apoyo al periodismo profesional y veraz que representa Carmen Aristegui y que este gobierno fascistoide está tratando de anular, rechazamos el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reciente reforma judicial, que viola los derechos ciudadanos (al permitir el ingreso a domicilios sin orden de un juez)”.
Enriqueta Chávez destacó que el despido de Aristegui ha provocado un “enojo muy grande” en diversos sectores de la sociedad que pugnan por la democratización del país. “Es la gota que derramó el vaso, y estamos manifestando el hartazgo de la sociedad. Demandamos información veraz, que no sea dictada por los dueños de los poderes fácticos, mediante los cuales el gobierno está tratando de amordazar a las voces independientes del país, algo que no vamos a permitir”.
Durante la manifestación, decenas de transeúntes se sumaron a las expresiones en favor del derecho de los mexicanos a información veraz y profesional. “¡No van a callar al pueblo!”, exclamaron.
“El gobierno fascista y débil de Calderón está atrás del acto intimidatorio”, acusan
Elizabeth Velasco C.
Los manifestantes demandaron “información veraz, que no sea dictada por los dueños de los poderes fácticos” Foto: Víctor CamachoDecenas de ciudadanos de diversas organizaciones sociales e integrantes del Comité del 68 clausuraron ayer de manera simbólica las instalaciones de la radiodifusora W, en cuyas paredes estrellaron más de una veintena de huevos en rechazo al despido de la periodista Carmen Aristegui, conductora del noticiario Hoy por Hoy, el pasado 4 de enero.
Entre consignas contra el gobierno de Felipe Calderón y mantas en las que se leía “Gobierno espurio que robaste la elección ahora censuras la comunicación” y “Desinfórmate en la W a partir de este lunes”, integrantes de la Red de Redes, Proyecto Esperanza, Comité del 68 y otras asociaciones advirtieron que, pese a los actos “intimidatorios” del gobierno “fascista” de Calderón, a los “mexicanos no nos van a callar”.
Por el contrario, manifestó Emilio Reza, miembro del Consejo Nacional de Huelga y del Comité del 68, “esta es la primera de muchas manifestaciones y acciones que se desarrollarán en 2008 contra la censura, la militarización, la intimidación y el terrorismo” que el gobierno panista aplica como “política de debilidad y continuación del fraude electoral del 2 de julio, porque cuando no hay principios ni apoyo de la población se realizan actos represivos”.
Durante el mitin, que se inició a las 11 de la mañana y concluyó en completa calma al filo de las 14 horas, frente a las instalaciones de la radioemisora de los consorcios Televisa y Prisa, Reza, uno de los oradores principales manifestó que “este primer acto de 2008, en defensa de la nación y de la libertad de expresión, tendrá continuidad del 23 al 26 de enero en el Zócalo de la ciudad de México y otras ciudades del país, mediante la realización del Foro Social Mundial, capítulo México.
En ese contexto, convocó también a los actos que el 18 de marzo encabezará el “presidente legítimo” de México, Andrés Manuel López Obrador, en defensa de los energéticos del país.
Respecto del foro, que de manera simultánea se efectuará en diversas naciones del mundo, se analizarán temas como el militarismo, la represión, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y de los medios de comunicación democráticos, la soberanía energética y de los recursos naturales de la nación, entre otros.
“Vamos a continuar defendiendo la libertad de expresión. Como integrantes del movimiento del 68, nuestro lema general es la lucha por las libertades democráticas, que tienen muchas vertientes. La recuperación de nuestra memoria histórica tendrá en nuestros días una expresión actual para continuar con la profundización de la democratización. Se trata de recuperar las experiencias de cientos de luchadores de hace 40 años”, explicó Reza.
Por su lado, Enriqueta Chávez, de la Red de Redes, expresó que con ese acto, además de “manifestar nuestro apoyo al periodismo profesional y veraz que representa Carmen Aristegui y que este gobierno fascistoide está tratando de anular, rechazamos el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reciente reforma judicial, que viola los derechos ciudadanos (al permitir el ingreso a domicilios sin orden de un juez)”.
Enriqueta Chávez destacó que el despido de Aristegui ha provocado un “enojo muy grande” en diversos sectores de la sociedad que pugnan por la democratización del país. “Es la gota que derramó el vaso, y estamos manifestando el hartazgo de la sociedad. Demandamos información veraz, que no sea dictada por los dueños de los poderes fácticos, mediante los cuales el gobierno está tratando de amordazar a las voces independientes del país, algo que no vamos a permitir”.
Durante la manifestación, decenas de transeúntes se sumaron a las expresiones en favor del derecho de los mexicanos a información veraz y profesional. “¡No van a callar al pueblo!”, exclamaron.
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