sábado, junio 28, 2008
Carta a Salvador Allende
Marcos Roitman Rosenmann
Muy distinguido presidente: siempre es molesto recibir cartas en las celebraciones centenarias. Los años anteriores pocos se habrán acordado de usted. Aun así, no está de más conmemorar un centenario. Sin embargo, quiero comunicarle que en su país, Chile, hoy gobiernan, disque militantes de su partido, que bajo acuerdos negociaron con sus asesinos. Así, muchos querrán aprovechar el momento para reducir su grandeza y empequeñecer su trayectoria al extremo de proclamarlo presidente mártir o adjetivarlo como “compañero presidente”. Otros utilizarán vocablos y frases sueltas para arrimar el ascua a su sardina. Para ellos, representantes institucionales, su obra es pasado, llanto y actos oficiales. Pero sepa usted que su semilla germinó en la conciencia del pueblo, de los trabajadores, de la mujer, de los jóvenes, de los estudiantes, de las amas de casas, de los campesinos, de los pueblos originarios, y ellos sí lo tienen presente como luchador y forjador de un proyecto de futuro. Aún más, usted se adelantó a su tiempo. Defendió la necesidad de recuperar los recursos naturales, alimentarios, de emprender la independencia tecnológica, la soberanía nacional, el derecho de autodeterminación, las nacionalizaciones. Destacó el nuevo poder de las trasnacionales frente a los estados. Y sobre todo explicitó la necesidad de oponerse a la colonización del pensamiento. Pero tampoco fue un mesías. Usted se vio formando parte de un proceso político, incorporó su lucha a la lucha por el socialismo y por la liberación. Buscó la unidad con todas las fuerzas populares. No excluyó. Bajo diferentes maneras lo dejo claro en el Estadio Nacional, en la despedida a Fidel Castro: “...lo digo con calma, con absoluta tranquilidad: yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías, no tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado; pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile: sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás; que lo sepan: dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente, defenderé la revolución chilena y defenderé el gobierno popular porque es el mandato que el pueblo me ha entregado; no tengo otra alternativa, sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo”.
Usted, presidente, utilizó la palabra fe y destino como sinónimo de trabajo, de conciencia y esfuerzo. Como una opción desde la cual construir una alternativa anticapitalista. Pero también para definir una noción de humanismo. En su carta de retiro activo de la masonería presentada el 21 junio de 1965 aclara su significado. “Es alcanzable hoy la libertad concreta y no sólo la libertad de espíritu. Antes, la gente de privilegiada sensibilidad y cultura se limitaba a alcanzar la hegemonía de su propia conciencia mientras las grandes masas quedaban al margen de todo avance. Hoy, nadie debe ignorarlo, resulta viable procurar a todos los seres los elementos que requieren para satisfacer sus necesidades biológicas, espirituales y culturales, en cualquiera de sus expresiones y matices. Es posible dar estructura a una comunidad en que haya sistemas planificados, aptos para derrotar las alienaciones afectivas que subordinan al hombre. Y un ser liberado en términos concretos tiene acceso a la más genuina, fecunda y típicamente humana existencia de espíritu y una moral también genuinamente humana y social. Hoy, el hombre puede, en forma efectiva, desarrollar los tributos que lo diferencian de los demás seres... Es dable, así, cumplir integralmente, en el espíritu y la materia, un humanismo que, por sí, justifica nuestra orden masónica... A mi modo de ver, la orden tiene una misión grande y excelsa: sin precisar enunciados de soluciones programáticas debe inculcar a sus afiliados que hay que definir con vara actual los principios de libertad, igualdad y fraternidad para que surja una sociedad exenta de alienaciones, eliminando la cesantía, abierta o disfrazada por los salarios insuficientes; para que evite la enfermedad suprimible; para que no se operen las muertes anticipadas; para que exista un sistema de seguridad social funcionalmente correcto y eficaz en su acción; para que se erradique el analfabetismo y para que se abra a todos el acceso a las anchas rutas de la cultura en sus múltiples expresiones y creaciones; para que se reconozca el derecho a la vivienda que llevan en sí todos los seres y para que el esparcimiento se encuentre al alcance de la generalidad, tanto en el orden físico y espiritual y no represente, como hoy acontece, un privilegio económico de los sectores que menos lo requieren por su vida grata cotidiana. Trasladados estos conceptos al orden internacional, se eliminaría el subdesarrollo de los países; avanzará la paz y se impondrá la igualdad de derechos entre los estados, más allá de fórmulas organizativas o de su poderío bélico. Esta posición de nuestra orden, necesariamente la llevará a luchar con quienes, acéptenlo o no, son índices de postergación generalizada y con quienes disfrutan de las ventajas de un statu quo insostenible por antihumano y antisocial. Estas mismas batallas se libraron ayer y ahora ellas deberán librarse contra la oligarquía, el feudalismo agrario, la concentración financiera monopólica; el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, y el oscurantismo religioso y dogmático”.
Su vida es ejemplo de coherencia. Una lucha democrática, en la cual la libertad supone un ejercicio político de conciencia ciudadana bajo la forma de desplegar las facultades del ser y ello es democracia económica, social, cultural. De allí su conclusión expuesta en el Parlamento de Colombia: “...que el pueblo sepa que no queremos su voto cada seis años. Jamás pedí un voto en mi patria. Siempre sostuve que quería conciencias que votaran y no votos que no tuvieran conciencia ni ideas, principios ni doctrinas. Queremos más democracia, para que coexista el respeto a todas las ideas”. Presidente, hoy existen comerciantes de la política. Piden votos, no quieren conciencias. Parafraseando su último discurso: aún no se abren las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. Pero siga teniendo fe en Chile y en su destino, otros hombres superarán este momento gris y amargo en que la traición sigue imponiendose. Su muerte “es una lección moral que castiga la felonía, la cobardía y la traición”.
Muy distinguido presidente: siempre es molesto recibir cartas en las celebraciones centenarias. Los años anteriores pocos se habrán acordado de usted. Aun así, no está de más conmemorar un centenario. Sin embargo, quiero comunicarle que en su país, Chile, hoy gobiernan, disque militantes de su partido, que bajo acuerdos negociaron con sus asesinos. Así, muchos querrán aprovechar el momento para reducir su grandeza y empequeñecer su trayectoria al extremo de proclamarlo presidente mártir o adjetivarlo como “compañero presidente”. Otros utilizarán vocablos y frases sueltas para arrimar el ascua a su sardina. Para ellos, representantes institucionales, su obra es pasado, llanto y actos oficiales. Pero sepa usted que su semilla germinó en la conciencia del pueblo, de los trabajadores, de la mujer, de los jóvenes, de los estudiantes, de las amas de casas, de los campesinos, de los pueblos originarios, y ellos sí lo tienen presente como luchador y forjador de un proyecto de futuro. Aún más, usted se adelantó a su tiempo. Defendió la necesidad de recuperar los recursos naturales, alimentarios, de emprender la independencia tecnológica, la soberanía nacional, el derecho de autodeterminación, las nacionalizaciones. Destacó el nuevo poder de las trasnacionales frente a los estados. Y sobre todo explicitó la necesidad de oponerse a la colonización del pensamiento. Pero tampoco fue un mesías. Usted se vio formando parte de un proceso político, incorporó su lucha a la lucha por el socialismo y por la liberación. Buscó la unidad con todas las fuerzas populares. No excluyó. Bajo diferentes maneras lo dejo claro en el Estadio Nacional, en la despedida a Fidel Castro: “...lo digo con calma, con absoluta tranquilidad: yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías, no tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado; pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile: sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás; que lo sepan: dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente, defenderé la revolución chilena y defenderé el gobierno popular porque es el mandato que el pueblo me ha entregado; no tengo otra alternativa, sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo”.
Usted, presidente, utilizó la palabra fe y destino como sinónimo de trabajo, de conciencia y esfuerzo. Como una opción desde la cual construir una alternativa anticapitalista. Pero también para definir una noción de humanismo. En su carta de retiro activo de la masonería presentada el 21 junio de 1965 aclara su significado. “Es alcanzable hoy la libertad concreta y no sólo la libertad de espíritu. Antes, la gente de privilegiada sensibilidad y cultura se limitaba a alcanzar la hegemonía de su propia conciencia mientras las grandes masas quedaban al margen de todo avance. Hoy, nadie debe ignorarlo, resulta viable procurar a todos los seres los elementos que requieren para satisfacer sus necesidades biológicas, espirituales y culturales, en cualquiera de sus expresiones y matices. Es posible dar estructura a una comunidad en que haya sistemas planificados, aptos para derrotar las alienaciones afectivas que subordinan al hombre. Y un ser liberado en términos concretos tiene acceso a la más genuina, fecunda y típicamente humana existencia de espíritu y una moral también genuinamente humana y social. Hoy, el hombre puede, en forma efectiva, desarrollar los tributos que lo diferencian de los demás seres... Es dable, así, cumplir integralmente, en el espíritu y la materia, un humanismo que, por sí, justifica nuestra orden masónica... A mi modo de ver, la orden tiene una misión grande y excelsa: sin precisar enunciados de soluciones programáticas debe inculcar a sus afiliados que hay que definir con vara actual los principios de libertad, igualdad y fraternidad para que surja una sociedad exenta de alienaciones, eliminando la cesantía, abierta o disfrazada por los salarios insuficientes; para que evite la enfermedad suprimible; para que no se operen las muertes anticipadas; para que exista un sistema de seguridad social funcionalmente correcto y eficaz en su acción; para que se erradique el analfabetismo y para que se abra a todos el acceso a las anchas rutas de la cultura en sus múltiples expresiones y creaciones; para que se reconozca el derecho a la vivienda que llevan en sí todos los seres y para que el esparcimiento se encuentre al alcance de la generalidad, tanto en el orden físico y espiritual y no represente, como hoy acontece, un privilegio económico de los sectores que menos lo requieren por su vida grata cotidiana. Trasladados estos conceptos al orden internacional, se eliminaría el subdesarrollo de los países; avanzará la paz y se impondrá la igualdad de derechos entre los estados, más allá de fórmulas organizativas o de su poderío bélico. Esta posición de nuestra orden, necesariamente la llevará a luchar con quienes, acéptenlo o no, son índices de postergación generalizada y con quienes disfrutan de las ventajas de un statu quo insostenible por antihumano y antisocial. Estas mismas batallas se libraron ayer y ahora ellas deberán librarse contra la oligarquía, el feudalismo agrario, la concentración financiera monopólica; el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, y el oscurantismo religioso y dogmático”.
Su vida es ejemplo de coherencia. Una lucha democrática, en la cual la libertad supone un ejercicio político de conciencia ciudadana bajo la forma de desplegar las facultades del ser y ello es democracia económica, social, cultural. De allí su conclusión expuesta en el Parlamento de Colombia: “...que el pueblo sepa que no queremos su voto cada seis años. Jamás pedí un voto en mi patria. Siempre sostuve que quería conciencias que votaran y no votos que no tuvieran conciencia ni ideas, principios ni doctrinas. Queremos más democracia, para que coexista el respeto a todas las ideas”. Presidente, hoy existen comerciantes de la política. Piden votos, no quieren conciencias. Parafraseando su último discurso: aún no se abren las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. Pero siga teniendo fe en Chile y en su destino, otros hombres superarán este momento gris y amargo en que la traición sigue imponiendose. Su muerte “es una lección moral que castiga la felonía, la cobardía y la traición”.
ISSSTE: burradas en la Suprema Corte
Gustavo Leal F.*
Después de más de 15 meses de una movilización nacional ininterrumpida que desembocó en un inédito reclamo de justicia, constituyendo el litigio colectivo más relevante de la historia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –cercada por policías y reducida a la simple función de dogmática repetidora de las “certezas macro” de la tecnocracia hacendaria– transformó, apenas con un “argumento” financiero, los derechos adquiridos por dos y medio millones de trabajadores al servicio del Estado en una simple “expectativa” de derecho. Y así avaló que se pueda contratar con una ley, pero se jubile con otra.
“Mantener el anterior régimen de pensiones”, declaró el ministro Aguirre, costaría “una burrada incomprensible, imposible de cumplir: 12 puntos adicionales del PIB”. Con la “reforma” calderonista del ISSSTE, agregó el ministro Azuela, “todo está siendo favorable a los trabajadores”, aunque con ella –ahora vergonzosamente validada por una Suprema Corte que empieza a descubrir la nomenclatura económica– a los trabajadores activos se les impusieran unilateral e inconstitucionalmente nuevos términos lesivos para su retiro y que el inconsulto destino de los trabajadores de nuevo ingreso –que aún no pueden defenderse– tenga como única salida Pensionissste y, luego, el sistema Afore.
Después de “autofacultarse” en un congreso sindical de factura dantesca (Mérida, octubre de 2007), el doctor Gutiérrez Fragoso –secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)– cedió finalmente al calderonismo (y los intereses que representa) la prestación estrella del contrato colectivo de trabajo más completo de América Latina: su régimen de jubilaciones y pensiones. Ahora, gracias a la “asesoría” que le brindaron los tecnócratas hacendarios y que le “garantiza sustentabilidad”, los trabajadores de nuevo ingreso recalarán –sin poder defenderse, al igual que los enviados al Pensionissste– en el sistema Afore, con una “expectativa” de retiro equivalente a 80 por ciento del último salario devengado, si bien les va. Bajo esta condición “estable”, se incorporarán al IMSS cuando menos 30 mil jóvenes durante 2008. Cumplida su tarea “responsable”, al dilatado CEN del SNTSS lo veremos pronto disputándole a Elba Esther Gordillo el monopolio de los equilibrios electorales de las elecciones intermedias de 2009. “No entiendo cómo un sindicato tan poderoso como el SNTSS no esté representado en la Cámara de Diputados”, comunicó enfáticamente Gutiérrez en abril.
Con la “reforma” que impuso Ernesto Zedillo al IMSS en 1995 (aparatado A del artículo 123 constitucional), la validación de la “reforma” calderonista del ISSSTE –por una Suprema Corte estudiosa de los rudimentos económicos– (apartado B) y el “responsable” compromiso entre Gutiérrez Fragoso y Calderón –que con un descuento de 15 por ciento del salario base de cotización a los trabajadores de nuevo ingreso al IMSS los remite directamente a una cuenta individual y a una Afore–, la entera masa de sus fondos de pensiones será administrada (con altas comisiones), usada (sin que mejore su rendimiento, aunque sí crezca la rentabilidad de los administradores) y expuesta inmisericordemente a la volatilidad bursátil.
Como estableció la Comisión Federal de Competencia Económica (noviembre de 2006), las comisiones cobradas por las Afore han sido tan altas que, “duplicando el promedio latinoamericano”, provocaron que el rendimiento neto del ahorro para el retiro de los trabajadores de 1997 a 2006 “sea prácticamente nulo”. A lo que Banxico agregó (junio de 2008) que entre 1998 y 2007 los trabajadores en Afore han tenido un rendimiento promedio anual real de 3.8 por ciento, que no coincide con el rendimiento de gestión de las Afore, calculado en 7.2 por ciento.
Mientras tanto –y para decirlo con Peter Diamond–, el ahorro nacional de largo plazo sufrirá una merma equivalente al costo total de la administración privada de esa masa pensionaria y el monto final de la pensión de los trabajadores no superará jamás 30 por ciento del último salario devengado (The Economist, 14/6/08, p. 93).
Transcurridos 20 años, el destino final de las cuentas individuales apenas se materializará en una pensión mínima garantizada (3 mil 34 pesos mensuales). Y el Estado deberá entrar al rescate del quebranto pensionario. Pero, para entonces, la tecnocracia hacendaria de Calderón y los administradores de los fondos estarán ya en otro giro. Porque se ha estimado que la recuperación de su inversión es a menos de 30 meses. Por su parte, los ministros de esta Suprema Corte seguirán estudiando economía básica, mientras disfrutan de un envidiable nivel pensionario, mismo que negaron a los trabajadores que (con sus dos cascadas de amparos sucesivos) depositaron en ellos la confianza de representar el último “garante” de la Constitución y el equilibrio de poderes republicano.
Pero en el corto plazo se habrán cumplido las metas del PND calderonista: 3 millones de cuentas individuales más en Afores (incluidos los trabajadores de Pemex), para “fortalecer” un fantástico sistema nacional de pensiones que garantizará apetitosas comisiones a los administradores, pero no pensiones dignas: sólo una vejez en la miseria y sin servicios de salud a la edad en que más se requieren.
Este corto plazo del calderonismo y sus tecnócratas hacendarios –avalado por una Suprema Corte que empieza a estudiar economía– estallará ruidosamente en la agenda electoral de 2009. El debate sobre el destino de la salud y la seguridad social de los mexicanos apenas empieza. Las movilizaciones de los trabajadores del IMSS con Vicente Fox, contra la ley calderonista del ISSSTE y contra una Suprema Corte que estudia finanzas, lo patentizan. Y es que, en efecto, a las siguientes generaciones, hay que intentar evitarles ser víctimas de otras burradas semejantes.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Después de más de 15 meses de una movilización nacional ininterrumpida que desembocó en un inédito reclamo de justicia, constituyendo el litigio colectivo más relevante de la historia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –cercada por policías y reducida a la simple función de dogmática repetidora de las “certezas macro” de la tecnocracia hacendaria– transformó, apenas con un “argumento” financiero, los derechos adquiridos por dos y medio millones de trabajadores al servicio del Estado en una simple “expectativa” de derecho. Y así avaló que se pueda contratar con una ley, pero se jubile con otra.
“Mantener el anterior régimen de pensiones”, declaró el ministro Aguirre, costaría “una burrada incomprensible, imposible de cumplir: 12 puntos adicionales del PIB”. Con la “reforma” calderonista del ISSSTE, agregó el ministro Azuela, “todo está siendo favorable a los trabajadores”, aunque con ella –ahora vergonzosamente validada por una Suprema Corte que empieza a descubrir la nomenclatura económica– a los trabajadores activos se les impusieran unilateral e inconstitucionalmente nuevos términos lesivos para su retiro y que el inconsulto destino de los trabajadores de nuevo ingreso –que aún no pueden defenderse– tenga como única salida Pensionissste y, luego, el sistema Afore.
Después de “autofacultarse” en un congreso sindical de factura dantesca (Mérida, octubre de 2007), el doctor Gutiérrez Fragoso –secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)– cedió finalmente al calderonismo (y los intereses que representa) la prestación estrella del contrato colectivo de trabajo más completo de América Latina: su régimen de jubilaciones y pensiones. Ahora, gracias a la “asesoría” que le brindaron los tecnócratas hacendarios y que le “garantiza sustentabilidad”, los trabajadores de nuevo ingreso recalarán –sin poder defenderse, al igual que los enviados al Pensionissste– en el sistema Afore, con una “expectativa” de retiro equivalente a 80 por ciento del último salario devengado, si bien les va. Bajo esta condición “estable”, se incorporarán al IMSS cuando menos 30 mil jóvenes durante 2008. Cumplida su tarea “responsable”, al dilatado CEN del SNTSS lo veremos pronto disputándole a Elba Esther Gordillo el monopolio de los equilibrios electorales de las elecciones intermedias de 2009. “No entiendo cómo un sindicato tan poderoso como el SNTSS no esté representado en la Cámara de Diputados”, comunicó enfáticamente Gutiérrez en abril.
Con la “reforma” que impuso Ernesto Zedillo al IMSS en 1995 (aparatado A del artículo 123 constitucional), la validación de la “reforma” calderonista del ISSSTE –por una Suprema Corte estudiosa de los rudimentos económicos– (apartado B) y el “responsable” compromiso entre Gutiérrez Fragoso y Calderón –que con un descuento de 15 por ciento del salario base de cotización a los trabajadores de nuevo ingreso al IMSS los remite directamente a una cuenta individual y a una Afore–, la entera masa de sus fondos de pensiones será administrada (con altas comisiones), usada (sin que mejore su rendimiento, aunque sí crezca la rentabilidad de los administradores) y expuesta inmisericordemente a la volatilidad bursátil.
Como estableció la Comisión Federal de Competencia Económica (noviembre de 2006), las comisiones cobradas por las Afore han sido tan altas que, “duplicando el promedio latinoamericano”, provocaron que el rendimiento neto del ahorro para el retiro de los trabajadores de 1997 a 2006 “sea prácticamente nulo”. A lo que Banxico agregó (junio de 2008) que entre 1998 y 2007 los trabajadores en Afore han tenido un rendimiento promedio anual real de 3.8 por ciento, que no coincide con el rendimiento de gestión de las Afore, calculado en 7.2 por ciento.
Mientras tanto –y para decirlo con Peter Diamond–, el ahorro nacional de largo plazo sufrirá una merma equivalente al costo total de la administración privada de esa masa pensionaria y el monto final de la pensión de los trabajadores no superará jamás 30 por ciento del último salario devengado (The Economist, 14/6/08, p. 93).
Transcurridos 20 años, el destino final de las cuentas individuales apenas se materializará en una pensión mínima garantizada (3 mil 34 pesos mensuales). Y el Estado deberá entrar al rescate del quebranto pensionario. Pero, para entonces, la tecnocracia hacendaria de Calderón y los administradores de los fondos estarán ya en otro giro. Porque se ha estimado que la recuperación de su inversión es a menos de 30 meses. Por su parte, los ministros de esta Suprema Corte seguirán estudiando economía básica, mientras disfrutan de un envidiable nivel pensionario, mismo que negaron a los trabajadores que (con sus dos cascadas de amparos sucesivos) depositaron en ellos la confianza de representar el último “garante” de la Constitución y el equilibrio de poderes republicano.
Pero en el corto plazo se habrán cumplido las metas del PND calderonista: 3 millones de cuentas individuales más en Afores (incluidos los trabajadores de Pemex), para “fortalecer” un fantástico sistema nacional de pensiones que garantizará apetitosas comisiones a los administradores, pero no pensiones dignas: sólo una vejez en la miseria y sin servicios de salud a la edad en que más se requieren.
Este corto plazo del calderonismo y sus tecnócratas hacendarios –avalado por una Suprema Corte que empieza a estudiar economía– estallará ruidosamente en la agenda electoral de 2009. El debate sobre el destino de la salud y la seguridad social de los mexicanos apenas empieza. Las movilizaciones de los trabajadores del IMSS con Vicente Fox, contra la ley calderonista del ISSSTE y contra una Suprema Corte que estudia finanzas, lo patentizan. Y es que, en efecto, a las siguientes generaciones, hay que intentar evitarles ser víctimas de otras burradas semejantes.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
La criminalización de la protesta social
Francisco López Bárcenas
Primero fueron los conflictos intercomunitarios, para simular que eran las comunidades indígenas las que se peleaban entre ellas por intereses de grupo y no como en realidad es: por conflictos inducidos desde fuera, unas veces desde las oficinas gubernamentales y otras por grupos políticos con intereses particulares. Después fueron las guardias blancas, grupos de pistoleros que asuelan comunidades que no se ajustan a intereses de los caciques regionales y políticos en turno. De ahí se dio el brinco a los grupos paramilitares, organizaciones armadas por el Ejército y las policías para que hagan el trabajo represivo que sus impulsores no pueden hacer porque socialmente les resulta muy costoso. Ellos son los responsables de asesinatos masivos como los de El Charco y Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y Agua Fría y Acteal en Oaxaca. Pero eso no es todo: ahora es el Ejército federal ocupando abiertamente comunidades indígenas. Se trata de un amplio abanico de prácticas y procesos de criminalización de la protesta social, con la finalidad de contener el descontento indígena y campesino.
Una práctica no sustituye a las otras: las refuerza. Así lo dicen las denuncias de la policía comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; así lo denuncian las comunidades indígenas, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo documenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas; así lo demuestran mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán y San Pedro Yosotatu, en la Mixteca alta, lo mismo que en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui y la mayor parte del estado de Oaxaca, y lo evidencian varias organizaciones de derechos humanos. Es la prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social, dicen unos; es la represión al descontento popular, gritan otros; es la guerra de contrainsurgencia, expresan los demás. Y lo peor: el fenómeno no es privativo del sureste mexicano. Lo mismo puede decirse del norte del país, Chihuahua y Nuevo León entre los que más han trascendido.
Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.
¿Qué está sucediendo en las altas esferas gubernamentales para que hayan decidido escalar la criminalización de la protesta popular? ¿Teme el gobierno que el descontento aumente y se le vaya de las manos? ¿Son medidas preventivas o ya es una forma abierta de enfrentar la irritación social? Cualquiera que sea la razón que motive a los gobernantes a tomar estas decisiones, todas ellas muestran una anomalía de fondo que debiera ser atendida. Si los ciudadanos y los pueblos actúan fuera del aparato estatal es porque no tienen confianza en él, porque ya no representa el “interés general” que le debería dar sustento; en sentido inverso, si el Estado reprime a los gobernados es porque también desconfía de ellos. En otras palabras, el pacto social está roto. Si se quiere corregir esta anomalía lo aconsejable es recomponerlo, atendiendo a las nuevas circunstancias. Seguir criminalizando la protesta social a lo único que conduce es a su profundización.
Primero fueron los conflictos intercomunitarios, para simular que eran las comunidades indígenas las que se peleaban entre ellas por intereses de grupo y no como en realidad es: por conflictos inducidos desde fuera, unas veces desde las oficinas gubernamentales y otras por grupos políticos con intereses particulares. Después fueron las guardias blancas, grupos de pistoleros que asuelan comunidades que no se ajustan a intereses de los caciques regionales y políticos en turno. De ahí se dio el brinco a los grupos paramilitares, organizaciones armadas por el Ejército y las policías para que hagan el trabajo represivo que sus impulsores no pueden hacer porque socialmente les resulta muy costoso. Ellos son los responsables de asesinatos masivos como los de El Charco y Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y Agua Fría y Acteal en Oaxaca. Pero eso no es todo: ahora es el Ejército federal ocupando abiertamente comunidades indígenas. Se trata de un amplio abanico de prácticas y procesos de criminalización de la protesta social, con la finalidad de contener el descontento indígena y campesino.
Una práctica no sustituye a las otras: las refuerza. Así lo dicen las denuncias de la policía comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; así lo denuncian las comunidades indígenas, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo documenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas; así lo demuestran mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán y San Pedro Yosotatu, en la Mixteca alta, lo mismo que en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui y la mayor parte del estado de Oaxaca, y lo evidencian varias organizaciones de derechos humanos. Es la prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social, dicen unos; es la represión al descontento popular, gritan otros; es la guerra de contrainsurgencia, expresan los demás. Y lo peor: el fenómeno no es privativo del sureste mexicano. Lo mismo puede decirse del norte del país, Chihuahua y Nuevo León entre los que más han trascendido.
Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.
¿Qué está sucediendo en las altas esferas gubernamentales para que hayan decidido escalar la criminalización de la protesta popular? ¿Teme el gobierno que el descontento aumente y se le vaya de las manos? ¿Son medidas preventivas o ya es una forma abierta de enfrentar la irritación social? Cualquiera que sea la razón que motive a los gobernantes a tomar estas decisiones, todas ellas muestran una anomalía de fondo que debiera ser atendida. Si los ciudadanos y los pueblos actúan fuera del aparato estatal es porque no tienen confianza en él, porque ya no representa el “interés general” que le debería dar sustento; en sentido inverso, si el Estado reprime a los gobernados es porque también desconfía de ellos. En otras palabras, el pacto social está roto. Si se quiere corregir esta anomalía lo aconsejable es recomponerlo, atendiendo a las nuevas circunstancias. Seguir criminalizando la protesta social a lo único que conduce es a su profundización.
Apremia Kessel a acabar con el jueguito del debate petrolero
Carlos Fernández-Vega
¿Y la división de poderes?
Muy nerviosa debe estar la secretaria de Energía, Georgina Kessel, porque sus urgencias la hacen resbalar en público. Da la impresión que su alterado estado de ánimo le impide registrar no sólo que la “reforma” petrolera calderonista es un cadáver insepulto que desde un mes atrás permanece en el velatorio instalado en el patio central de la casona de Xicoténcatl, sino que la lleva a meter la mano donde no le corresponde. Un día sí, y al siguiente también, gira instrucciones al Legislativo, fija fecha para el dictamen, asegura su inmediata aprobación, desautoriza consultas populares, palomea qué debe incluirse en la agenda de los senadores y a éstos apura para que concluyan el jueguito del debate en su propia casa, entre otras directrices.
Es el mismo nerviosismo que la funcionaria mostró en febrero y marzo pasados, el cual la llevó a cometer una serie de pifias en torno a la presentación y contenido de la referida “reforma”, cuando dio por buena una fecha que cinco minutos después fue desmentida por sus propios correligionarios, y ofreció un apocalíptico balance de la situación petrolera del país, para poco después auto desmentirse y hablar de multimillonarios depósitos que elevaban a más de 100 mil millones de barriles las reservas de crudo nacional.
Tanto dijo la secretaria Kessel por aquellos días, que lo único que hizo fue subirse a la fiesta de contradicciones, resbalones y desorganización de lo que ellos mismos llaman “sistema PAN” (inquilino de Los Pinos, partido blanquiazul, con sus diputados y senadores). Pero debe serenarse. Ella ya cumplió con su parte: con todo tipo de desbarajustes, pero hasta allí le toca. El siguiente tramo exclusivamente le corresponde al Legislativo, no al inquilino de Los Pinos –quien en este sentido tampoco canta mal las rancheras– ni a la Secretaría de Energía.
A Georgina Kessel, ni a su jefe en Los Pinos, corresponde autorizar o rechazar la consulta popular. Tampoco fijar fecha para que la “reforma” petrolera calderonista se dictamine, mucho menos apurar el fin del debate en el Senado de la República (dicho sea de paso, a finales de abril pasado la secretaria de Energía se pronunciaba por “no posponer más un debate de altura, serio y responsable” en materia petrolera; hoy ya no siente lo duro, sino lo tupido, y le urge que se cierren las puertas de la casona de Xicoténcatl).
Entonces, serenidad y paciencia (Kaliman dixit), porque el nerviosismo la lleva a ubicarse erróneamente. Hasta donde es oficial, la señora Kessel no ocupa un cargo de elección popular, ni forma parte del cuerpo legislativo del PAN y mucho menos es coordinadora de la bancada blanquiazul en el Senado. Que Gustavo Madero (el nuevo pastor) o Santiago Creel (presidente de la Mesa Directiva) no le reclamen es otra cosa, pero se supone que en Los Pinos respetan, aunque sea en el discurso, la división de poderes, de tal suerte que la secretaria de Energía debe tomar las cosas con más calma.
Sólo falta un mes para que concluya el debate en el Senado, y si de éste los legisladores resuelven desechar –como todo apunta- la propuesta claderonista de privatizar el sector petrolero, pues la señora Kessel deberá aguantar el resultado (“aunque sea por un voto” como dirían en la residencia oficial). De dónde la prisa, si el propio inquilino de Los Pinos presentó su “reforma” con 395 días de retraso, de acuerdo con el calendario por él mismo comprometido.
En sus “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno”, Felipe Calderón se comprometió a cumpliría cuando menos con los siguientes compromisos: “se promoverá una legislación que permita a Pemex realizar asociaciones tecnológicas con otras empresas del sector para la explotación de yacimientos en aguas profundas; se revisará la cartera de proyectos de la Cuenca de Burgos, buscando agilizar la entrada en operación de aquellos que tengan más oportunidades de incrementar la producción de gas natural; se impulsará una nueva legislación energética para que sea posible atraer inversión complementaria a la del Estado en refinación y petroquímica, en beneficio de la industria nacional; (y) se promoverán adecuaciones para la instalación de Comités de Auditoría Independientes en Pemex y CFE que garanticen rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos”. El plazo venció el 10 de marzo de 2007. Sólo hasta el 8 de abril de 2008, y después de 50 auto desmentidos, presentó su proyecto de “reforma” petrolera, y la encargada de entregarla en el Senado fue, precisamente, la señora Georgina Kessel.
Es normal que quien va ganando el partido presione al árbitro para que dé el silbatazo final; en cambio, el equipo que va perdiendo exige que estire el tiempo lo más que pueda. Pues bien, la secretaria de Energía pertenece a éste último, pero los nervios la llevan a pensar que forma parte del primero.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría y los genios gubernamentales: “el subsecretario de Hacienda declaró que en los últimos cuatro años Petróleos Mexicanos destinó a inversión 50 mil millones de dólares, y, que dada su ineficiencia, las reservas de hidrocarburos han declinado. Parece ser que Hacienda olvida que en ese periodo, Pemex solamente le dedicó a proyectos de exploración 4 mil millones de dólares. El resto se destinó a lo que realmente es un gasto de operación para mantener la extracción intensiva de crudo en más de 3 millones de barriles diarios. Considerar el gasto de explotación como una inversión le permite a Hacienda contratar deuda a largo plazo (Pidiregas) para así maximizar la recaudación predatoria a Pemex, que en 2007 significó un monto de 60 mil millones de dólares” (José Luis Apodaca Villarreal, japodaca@ prodigy.net.mx). Y sobre la cantinflesca oratoria del inquilino de Los Pinos: “de las palabras del señor Calderón, dichas ante ciertos banqueros se desprende que si el michoacano no es capaz de hablar correctamente para darse a entender, menos tendrá la capacidad de gobernar, administrar y presidir una nación. Haiga sido como haiga sido, habló ante sus iguales en conocimiento de la gramática normativa. Con dirigentes y banqueros de esa calaña, que Dios nos encuentre confesados”. (Profesor José Luis Salas, jlsalas30@yahoo.com.mx).
¿Y la división de poderes?
Muy nerviosa debe estar la secretaria de Energía, Georgina Kessel, porque sus urgencias la hacen resbalar en público. Da la impresión que su alterado estado de ánimo le impide registrar no sólo que la “reforma” petrolera calderonista es un cadáver insepulto que desde un mes atrás permanece en el velatorio instalado en el patio central de la casona de Xicoténcatl, sino que la lleva a meter la mano donde no le corresponde. Un día sí, y al siguiente también, gira instrucciones al Legislativo, fija fecha para el dictamen, asegura su inmediata aprobación, desautoriza consultas populares, palomea qué debe incluirse en la agenda de los senadores y a éstos apura para que concluyan el jueguito del debate en su propia casa, entre otras directrices.
Es el mismo nerviosismo que la funcionaria mostró en febrero y marzo pasados, el cual la llevó a cometer una serie de pifias en torno a la presentación y contenido de la referida “reforma”, cuando dio por buena una fecha que cinco minutos después fue desmentida por sus propios correligionarios, y ofreció un apocalíptico balance de la situación petrolera del país, para poco después auto desmentirse y hablar de multimillonarios depósitos que elevaban a más de 100 mil millones de barriles las reservas de crudo nacional.
Tanto dijo la secretaria Kessel por aquellos días, que lo único que hizo fue subirse a la fiesta de contradicciones, resbalones y desorganización de lo que ellos mismos llaman “sistema PAN” (inquilino de Los Pinos, partido blanquiazul, con sus diputados y senadores). Pero debe serenarse. Ella ya cumplió con su parte: con todo tipo de desbarajustes, pero hasta allí le toca. El siguiente tramo exclusivamente le corresponde al Legislativo, no al inquilino de Los Pinos –quien en este sentido tampoco canta mal las rancheras– ni a la Secretaría de Energía.
A Georgina Kessel, ni a su jefe en Los Pinos, corresponde autorizar o rechazar la consulta popular. Tampoco fijar fecha para que la “reforma” petrolera calderonista se dictamine, mucho menos apurar el fin del debate en el Senado de la República (dicho sea de paso, a finales de abril pasado la secretaria de Energía se pronunciaba por “no posponer más un debate de altura, serio y responsable” en materia petrolera; hoy ya no siente lo duro, sino lo tupido, y le urge que se cierren las puertas de la casona de Xicoténcatl).
Entonces, serenidad y paciencia (Kaliman dixit), porque el nerviosismo la lleva a ubicarse erróneamente. Hasta donde es oficial, la señora Kessel no ocupa un cargo de elección popular, ni forma parte del cuerpo legislativo del PAN y mucho menos es coordinadora de la bancada blanquiazul en el Senado. Que Gustavo Madero (el nuevo pastor) o Santiago Creel (presidente de la Mesa Directiva) no le reclamen es otra cosa, pero se supone que en Los Pinos respetan, aunque sea en el discurso, la división de poderes, de tal suerte que la secretaria de Energía debe tomar las cosas con más calma.
Sólo falta un mes para que concluya el debate en el Senado, y si de éste los legisladores resuelven desechar –como todo apunta- la propuesta claderonista de privatizar el sector petrolero, pues la señora Kessel deberá aguantar el resultado (“aunque sea por un voto” como dirían en la residencia oficial). De dónde la prisa, si el propio inquilino de Los Pinos presentó su “reforma” con 395 días de retraso, de acuerdo con el calendario por él mismo comprometido.
En sus “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno”, Felipe Calderón se comprometió a cumpliría cuando menos con los siguientes compromisos: “se promoverá una legislación que permita a Pemex realizar asociaciones tecnológicas con otras empresas del sector para la explotación de yacimientos en aguas profundas; se revisará la cartera de proyectos de la Cuenca de Burgos, buscando agilizar la entrada en operación de aquellos que tengan más oportunidades de incrementar la producción de gas natural; se impulsará una nueva legislación energética para que sea posible atraer inversión complementaria a la del Estado en refinación y petroquímica, en beneficio de la industria nacional; (y) se promoverán adecuaciones para la instalación de Comités de Auditoría Independientes en Pemex y CFE que garanticen rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos”. El plazo venció el 10 de marzo de 2007. Sólo hasta el 8 de abril de 2008, y después de 50 auto desmentidos, presentó su proyecto de “reforma” petrolera, y la encargada de entregarla en el Senado fue, precisamente, la señora Georgina Kessel.
Es normal que quien va ganando el partido presione al árbitro para que dé el silbatazo final; en cambio, el equipo que va perdiendo exige que estire el tiempo lo más que pueda. Pues bien, la secretaria de Energía pertenece a éste último, pero los nervios la llevan a pensar que forma parte del primero.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría y los genios gubernamentales: “el subsecretario de Hacienda declaró que en los últimos cuatro años Petróleos Mexicanos destinó a inversión 50 mil millones de dólares, y, que dada su ineficiencia, las reservas de hidrocarburos han declinado. Parece ser que Hacienda olvida que en ese periodo, Pemex solamente le dedicó a proyectos de exploración 4 mil millones de dólares. El resto se destinó a lo que realmente es un gasto de operación para mantener la extracción intensiva de crudo en más de 3 millones de barriles diarios. Considerar el gasto de explotación como una inversión le permite a Hacienda contratar deuda a largo plazo (Pidiregas) para así maximizar la recaudación predatoria a Pemex, que en 2007 significó un monto de 60 mil millones de dólares” (José Luis Apodaca Villarreal, japodaca@ prodigy.net.mx). Y sobre la cantinflesca oratoria del inquilino de Los Pinos: “de las palabras del señor Calderón, dichas ante ciertos banqueros se desprende que si el michoacano no es capaz de hablar correctamente para darse a entender, menos tendrá la capacidad de gobernar, administrar y presidir una nación. Haiga sido como haiga sido, habló ante sus iguales en conocimiento de la gramática normativa. Con dirigentes y banqueros de esa calaña, que Dios nos encuentre confesados”. (Profesor José Luis Salas, jlsalas30@yahoo.com.mx).
De la discoteca a la privatización: ¿consulta popular o barricadas?
Jaime Avilés
El viernes de la semana pasada, antes, durante y después de la mil millones de veces estúpida tragedia de la discoteca News Divine –que mató a nueve adolescentes, una muchacha policía y otros dos uniformados adultos–, la guerra del narcotráfico produjo 11 muertes: cuatro en Torreón, cuatro en Guerrero y tres en Culiacán. El sábado, mientras la gritería de los medios subía de tono en contra del Gobierno del Distrito Federal, los muertos del narcotráfico fueron en total 20: seis en Sinaloa y 14 más, esparcidos en Guerrero, Durango y Chihuahua.
Entre el domingo, día prácticamente sin noticias en televisión, y el lunes, cuando el linchamiento mediático anti Marcelo Ebrard llegó al clímax, el saldo de la “ola delictiva” fue de 49 muertos: 12 reportados el domingo y 37 confirmados el lunes, aunque muchos de ellos habían fallecido la víspera. El martes, la “cosecha” de cadáveres fue de 13: ocho en Chihuahua, uno en Guerrero y cuatro en Sinaloa, mientras en Culiacán era secuestrado el periodista deportivo José Carlos Campos, hermano de Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, casa de encuestas que un día antes afirmara que después de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Felipe Calderón tenía el segundo lugar de “aceptación” entre los “líderes” de América Latina.
El miércoles, el saldo fue de 11 asesinatos: ocho en Sinaloa, uno en la frontera norte (“ayer fue el día menos violento en Ciudad Juárez, ya que sólo fue localizado un hombre sin vida con al menos 17 balazos”, escribió nuestro corresponsal en aquella plaza), uno más en Sonora y otro en el estado de México, mientras en Culiacán era liberado, por fortuna ileso, el hermano de Roy Campos, y en Chihuahua se confirmaba el secuestro de Erika Posselt, cuñada de Silvestre Reyes, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos. La mujer también fue liberada, un día después, gracias al pago de 35 mil dólares de rescate.
Por último, el jueves, los muertos fueron 19: cuatro en Sinaloa, cuatro en Chihuahua, tres en Guerrero, dos en Chiapas, dos en Nayarit, dos en Mexicali y dos en el Distrito Federal. En síntesis, a lo largo de la semana pasada, la guerra entre las bandas del narcotráfico y contra las llamadas “fuerzas de seguridad” ocasionó la muerte de 123 personas. Sin embargo, ¿de qué hablaron y siguen hablando, obsesivamente, los medios? De la tragedia en la discoteca, que escudriñaron desde todos los ángulos, como acostumbran cuando analizan los juegos de futbol.
Una sola pregunta: ¿por qué no examinan con la misma “profundidad” la carnicería desatada, entre otras cosas, por la “política” de Calderón hacia el narcotráfico? He aquí algunas pistas: “México se ubica en el sexto lugar en delincuencia organizada en el mundo; las mafias mexicanas operan en 38 naciones y controlan entre 50 y 60 por ciento de los gobiernos municipales del país”, asegura Eduardo Buscaglia, asesor de la ONU sobre temas del narcotráfico.
Buscaglia ha repetido en diversos foros que las empresas de las drogas ilícitas se vinculan con los políticos para ayudarlos a convertirse en diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera; a cambio, éstos les permiten actuar dentro de los territorios que administran, hasta que los papeles se invierten y el dinero y las armas del narcotráfico toman el control de la policía y de las calles. Pero, han dicho otros expertos, los problemas se multiplican cuando los funcionarios “venden” la ciudad o el estado que “gobiernan” a dos cárteles al mismo tiempo, como ha ocurrido, desde el sexenio de Fox, en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango y tantas más.
Para Calderón la naturaleza del problema es otra, de acuerdo con lo que dijo el viernes de la semana pasada (La Jornada, 20/06/08, p. 16) en Aguascalientes: “los criminales ya no sólo trafican la droga a Estados Unidos, sino que buscan crear un mercado en territorio mexicano”. ¡Oh! ¡Qué revelación! Si el “jefe” de las fuerzas federales ignora que en México hay un gigantesco mercado de drogas; si no sabe que los cárteles mexicanos exportan a 37 países, aparte de Estados Unidos; si desconoce que nuestra mafia va en sexto lugar en el campeonato mundial del crimen organizado, debajo de la rusa, la china, la colombiana, la libanesa y otra que se me escapa; y si no percibe que la mitad de los municipios están en manos de narcotraficantes, la verdad está perdido. ¿Usted aprobaría que un hombre así vendiera nuestra industria petrolera a un puñado de empresarios españoles para supuesto beneficio de usted mismo? Pero no nos desviemos del asunto.
Lo peor de todo no es que haya un gobierno incompetente, irresponsable y corrompido hasta la médula, sino que los medios no cumplan su función más importante, que es la de vigilar al poder para corregirlo mediante la crítica. Regresemos entonces al caso de la discoteca. Marcelo Ebrard tiene la mano muy pesada. Y se le nota. La rudeza, muchas veces innecesaria, fue el signo distintivo de la policía capitalina cuando estuvo bajo su mando (y si no que le pregunten a los travestis de Brigada Callejera, que hoy luchan por la aprobación de una ley que permita la fabricación de antirretrovirales genéricos). Esa brusquedad se vuelve palpable ahora, cuando como jefe de gobierno repara una avenida: mete las máquinas, corta el tráfico y provoca embotellamientos que podrían evitarse.
Esa falta de delicadeza –manifiesta en las agresivas luces de las torretas de las patrullas, que de noche lesionan el cerebro de automovilistas y peatones, pero no sirven para disuadir al hampa– se convirtió en auténtica brutalidad durante el episodio de la discoteca, que puso de relieve, sobre todo, un hecho cultural nacido de la pobreza, el desamparo y la ignorancia de los jóvenes y sus padres; la corrupción del delegado Chíguil y del dueño del antro, y la estupidez de los policías que planearon y llevaron a cabo una captura de reses sin pensar un segundo que estaban arreando a seres humanos.
¡Cárcel a Chíguil, al empresario, al jefe del operativo y a los agentes que después pasearon y vejaron a decenas de muchachas! Pero, ojo, de allí a la renuncia de Joel Ortega hay un abismo. Si Ebrard le entregara la Secretaría de Seguridad Pública a Calderón, éste pondrá allí a alguien que, dentro de unos meses, “fracasaría” de tal modo que se vería “obligado” a pedir la presencia del Ejército en las calles del DF. ¿Alguien quiere retenes militares en Insurgentes?
En descargo de Ebrard debe subrayarse que ha sido el gobernante más leal, en todo sentido, al proyecto de nación que encabeza López Obrador y a quienes lo eligieron como jefe de Gobierno para que impulsara el programa social que está desarrollando. Además, no ha tolerado que el narco protagonice aquí balaceras con granadas y bazukas, al estilo Culiacán, y mucho de ello se lo debe a Joel Ortega. Así que nada: la derecha trata de acorralarlo para tirarle la consulta popular del 27 de julio sobre el destino de Pemex, y eso está clarísimo. Por lo pronto, mañana al Zócalo, pues la Kessel ya dijo que tras el debate en el Senado habrá privatización, es decir, ¿barricadas en las principales carreteras de la República?
El viernes de la semana pasada, antes, durante y después de la mil millones de veces estúpida tragedia de la discoteca News Divine –que mató a nueve adolescentes, una muchacha policía y otros dos uniformados adultos–, la guerra del narcotráfico produjo 11 muertes: cuatro en Torreón, cuatro en Guerrero y tres en Culiacán. El sábado, mientras la gritería de los medios subía de tono en contra del Gobierno del Distrito Federal, los muertos del narcotráfico fueron en total 20: seis en Sinaloa y 14 más, esparcidos en Guerrero, Durango y Chihuahua.
Entre el domingo, día prácticamente sin noticias en televisión, y el lunes, cuando el linchamiento mediático anti Marcelo Ebrard llegó al clímax, el saldo de la “ola delictiva” fue de 49 muertos: 12 reportados el domingo y 37 confirmados el lunes, aunque muchos de ellos habían fallecido la víspera. El martes, la “cosecha” de cadáveres fue de 13: ocho en Chihuahua, uno en Guerrero y cuatro en Sinaloa, mientras en Culiacán era secuestrado el periodista deportivo José Carlos Campos, hermano de Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, casa de encuestas que un día antes afirmara que después de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Felipe Calderón tenía el segundo lugar de “aceptación” entre los “líderes” de América Latina.
El miércoles, el saldo fue de 11 asesinatos: ocho en Sinaloa, uno en la frontera norte (“ayer fue el día menos violento en Ciudad Juárez, ya que sólo fue localizado un hombre sin vida con al menos 17 balazos”, escribió nuestro corresponsal en aquella plaza), uno más en Sonora y otro en el estado de México, mientras en Culiacán era liberado, por fortuna ileso, el hermano de Roy Campos, y en Chihuahua se confirmaba el secuestro de Erika Posselt, cuñada de Silvestre Reyes, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos. La mujer también fue liberada, un día después, gracias al pago de 35 mil dólares de rescate.
Por último, el jueves, los muertos fueron 19: cuatro en Sinaloa, cuatro en Chihuahua, tres en Guerrero, dos en Chiapas, dos en Nayarit, dos en Mexicali y dos en el Distrito Federal. En síntesis, a lo largo de la semana pasada, la guerra entre las bandas del narcotráfico y contra las llamadas “fuerzas de seguridad” ocasionó la muerte de 123 personas. Sin embargo, ¿de qué hablaron y siguen hablando, obsesivamente, los medios? De la tragedia en la discoteca, que escudriñaron desde todos los ángulos, como acostumbran cuando analizan los juegos de futbol.
Una sola pregunta: ¿por qué no examinan con la misma “profundidad” la carnicería desatada, entre otras cosas, por la “política” de Calderón hacia el narcotráfico? He aquí algunas pistas: “México se ubica en el sexto lugar en delincuencia organizada en el mundo; las mafias mexicanas operan en 38 naciones y controlan entre 50 y 60 por ciento de los gobiernos municipales del país”, asegura Eduardo Buscaglia, asesor de la ONU sobre temas del narcotráfico.
Buscaglia ha repetido en diversos foros que las empresas de las drogas ilícitas se vinculan con los políticos para ayudarlos a convertirse en diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera; a cambio, éstos les permiten actuar dentro de los territorios que administran, hasta que los papeles se invierten y el dinero y las armas del narcotráfico toman el control de la policía y de las calles. Pero, han dicho otros expertos, los problemas se multiplican cuando los funcionarios “venden” la ciudad o el estado que “gobiernan” a dos cárteles al mismo tiempo, como ha ocurrido, desde el sexenio de Fox, en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango y tantas más.
Para Calderón la naturaleza del problema es otra, de acuerdo con lo que dijo el viernes de la semana pasada (La Jornada, 20/06/08, p. 16) en Aguascalientes: “los criminales ya no sólo trafican la droga a Estados Unidos, sino que buscan crear un mercado en territorio mexicano”. ¡Oh! ¡Qué revelación! Si el “jefe” de las fuerzas federales ignora que en México hay un gigantesco mercado de drogas; si no sabe que los cárteles mexicanos exportan a 37 países, aparte de Estados Unidos; si desconoce que nuestra mafia va en sexto lugar en el campeonato mundial del crimen organizado, debajo de la rusa, la china, la colombiana, la libanesa y otra que se me escapa; y si no percibe que la mitad de los municipios están en manos de narcotraficantes, la verdad está perdido. ¿Usted aprobaría que un hombre así vendiera nuestra industria petrolera a un puñado de empresarios españoles para supuesto beneficio de usted mismo? Pero no nos desviemos del asunto.
Lo peor de todo no es que haya un gobierno incompetente, irresponsable y corrompido hasta la médula, sino que los medios no cumplan su función más importante, que es la de vigilar al poder para corregirlo mediante la crítica. Regresemos entonces al caso de la discoteca. Marcelo Ebrard tiene la mano muy pesada. Y se le nota. La rudeza, muchas veces innecesaria, fue el signo distintivo de la policía capitalina cuando estuvo bajo su mando (y si no que le pregunten a los travestis de Brigada Callejera, que hoy luchan por la aprobación de una ley que permita la fabricación de antirretrovirales genéricos). Esa brusquedad se vuelve palpable ahora, cuando como jefe de gobierno repara una avenida: mete las máquinas, corta el tráfico y provoca embotellamientos que podrían evitarse.
Esa falta de delicadeza –manifiesta en las agresivas luces de las torretas de las patrullas, que de noche lesionan el cerebro de automovilistas y peatones, pero no sirven para disuadir al hampa– se convirtió en auténtica brutalidad durante el episodio de la discoteca, que puso de relieve, sobre todo, un hecho cultural nacido de la pobreza, el desamparo y la ignorancia de los jóvenes y sus padres; la corrupción del delegado Chíguil y del dueño del antro, y la estupidez de los policías que planearon y llevaron a cabo una captura de reses sin pensar un segundo que estaban arreando a seres humanos.
¡Cárcel a Chíguil, al empresario, al jefe del operativo y a los agentes que después pasearon y vejaron a decenas de muchachas! Pero, ojo, de allí a la renuncia de Joel Ortega hay un abismo. Si Ebrard le entregara la Secretaría de Seguridad Pública a Calderón, éste pondrá allí a alguien que, dentro de unos meses, “fracasaría” de tal modo que se vería “obligado” a pedir la presencia del Ejército en las calles del DF. ¿Alguien quiere retenes militares en Insurgentes?
En descargo de Ebrard debe subrayarse que ha sido el gobernante más leal, en todo sentido, al proyecto de nación que encabeza López Obrador y a quienes lo eligieron como jefe de Gobierno para que impulsara el programa social que está desarrollando. Además, no ha tolerado que el narco protagonice aquí balaceras con granadas y bazukas, al estilo Culiacán, y mucho de ello se lo debe a Joel Ortega. Así que nada: la derecha trata de acorralarlo para tirarle la consulta popular del 27 de julio sobre el destino de Pemex, y eso está clarísimo. Por lo pronto, mañana al Zócalo, pues la Kessel ya dijo que tras el debate en el Senado habrá privatización, es decir, ¿barricadas en las principales carreteras de la República?
Fallo de la Corte no amaina jornadas de lucha contra la Ley del ISSSTE
Elizabeth Velasco y Mariana Norandi
Marcha de trabajadores del Estado por avenida Juárez hacia la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: José Carlo González
En una nueva jornada de lucha, miles de manifestantes, maestros, politécnicos, electricistas, universitarios, tranviarios, telefonistas, mineros y trabajadores de los gobiernos federal y locales, así como del Poder Judicial, advirtieron a la administración de Felipe Calderón que continuarán las movilizaciones y la lucha legal hasta lograr la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además que no pasará la iniciativa para privatizar el sector energético.
Sobre Elba Esther Gordillo adelantaron su “expulsión definitiva” de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el Congreso Nacional de Bases, que este 11 y 12 de julio efectuará el magisterio en un encuentro donde se tiene “el apoyo de más de un millón 300 mil mentores de un total de un millón 600 mil que integran el SNTE”, según los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Declararon, además, el inicio de la lucha contra la Alianza para la Calidad de la Educación, suscrita por el gobierno y el SNTE, la cual “implica un golpe a la educación pública y a los derechos laborales de los mentores, desde el nivel básico al superior”.
Artemio Ortiz, de la dirigencia de la CNTE; Agustín Rodríguez, del STUNAM; Hermelinda Hurtado, del SITUAM, y José Luis Vega, del Frente Sindical Mexicano (que agrupa al SME, UNT y varias agrupaciones), entre otros, aseguraron que para defender los derechos sociales ya adquiridos (jubilación y pensiones, los más sentidos) llegarán a la huelga nacional, este 1° de septiembre. “Vamos a reclamar lo que por ley nos corresponde como trabajadores”.
La movilización se realizó ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que calificó de constitucional, en lo general, la Ley del ISSSTE.
Pasadas las 10 de la mañana el contingente partió del plantón que se ubica frente a las oficinas centrales del ISSSTE, encabezado por la CNTE; según cifras de la policía capitalina se manifestaron mil 500 personas, mientras los organizadores calculan unas 5 mil.
De forma simultánea, inconformes con esa ley expresaron su repudio en 23 entidades del país; en Baja California Sur se bloqueó el acceso al aeropuerto internacional de Los Cabos.
Maestros de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y de otras entidades llegaron a la ciudad de México para manifestar su repudió a la resolución de la SCJN. Entre consignas de “Va a caer, va a caer, la reforma de Elba Esther” y “Los ministros de la Corte son una bola de torpes”, los manifestantes arribaron al Zócalo capitalino pasadas las 11:30 horas, para después realizar un mitin frente a la sede de la SCJN, que finalizó a las 13 horas.
En sus discursos, los dirigentes advirtieron que pese al dictamen de la Corte, “la batalla sigue” y emplazaron al gobierno federal, a los juristas y a la propia Corte a que respeten la Constitución y las instituciones. “Esta lucha va a llegar hasta la huelga nacional”, advirtieron.
Marcha de trabajadores del Estado por avenida Juárez hacia la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: José Carlo GonzálezEn una nueva jornada de lucha, miles de manifestantes, maestros, politécnicos, electricistas, universitarios, tranviarios, telefonistas, mineros y trabajadores de los gobiernos federal y locales, así como del Poder Judicial, advirtieron a la administración de Felipe Calderón que continuarán las movilizaciones y la lucha legal hasta lograr la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además que no pasará la iniciativa para privatizar el sector energético.
Sobre Elba Esther Gordillo adelantaron su “expulsión definitiva” de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el Congreso Nacional de Bases, que este 11 y 12 de julio efectuará el magisterio en un encuentro donde se tiene “el apoyo de más de un millón 300 mil mentores de un total de un millón 600 mil que integran el SNTE”, según los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Declararon, además, el inicio de la lucha contra la Alianza para la Calidad de la Educación, suscrita por el gobierno y el SNTE, la cual “implica un golpe a la educación pública y a los derechos laborales de los mentores, desde el nivel básico al superior”.
Artemio Ortiz, de la dirigencia de la CNTE; Agustín Rodríguez, del STUNAM; Hermelinda Hurtado, del SITUAM, y José Luis Vega, del Frente Sindical Mexicano (que agrupa al SME, UNT y varias agrupaciones), entre otros, aseguraron que para defender los derechos sociales ya adquiridos (jubilación y pensiones, los más sentidos) llegarán a la huelga nacional, este 1° de septiembre. “Vamos a reclamar lo que por ley nos corresponde como trabajadores”.
La movilización se realizó ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que calificó de constitucional, en lo general, la Ley del ISSSTE.
Pasadas las 10 de la mañana el contingente partió del plantón que se ubica frente a las oficinas centrales del ISSSTE, encabezado por la CNTE; según cifras de la policía capitalina se manifestaron mil 500 personas, mientras los organizadores calculan unas 5 mil.
De forma simultánea, inconformes con esa ley expresaron su repudio en 23 entidades del país; en Baja California Sur se bloqueó el acceso al aeropuerto internacional de Los Cabos.
Maestros de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y de otras entidades llegaron a la ciudad de México para manifestar su repudió a la resolución de la SCJN. Entre consignas de “Va a caer, va a caer, la reforma de Elba Esther” y “Los ministros de la Corte son una bola de torpes”, los manifestantes arribaron al Zócalo capitalino pasadas las 11:30 horas, para después realizar un mitin frente a la sede de la SCJN, que finalizó a las 13 horas.
En sus discursos, los dirigentes advirtieron que pese al dictamen de la Corte, “la batalla sigue” y emplazaron al gobierno federal, a los juristas y a la propia Corte a que respeten la Constitución y las instituciones. “Esta lucha va a llegar hasta la huelga nacional”, advirtieron.
Petróleo: la oposición a la consulta
Editorial
La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, aseguró anteayer que la consulta ciudadana en torno a la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y que se realizará el próximo 27 de julio, no será tomada en cuenta por el Senado de la República, dado que ya existe un compromiso para que el 22 de ese mismo mes, una vez concluidos los foros de discusión que se celebran en la casona de Xicoténcatl, los legisladores comiencen a dictaminar las iniciativas presentadas el pasado 8 de abril por el Ejecutivo federal.
Por principio de cuentas, la pretensión de comenzar los dictámenes legislativos una vez que concluyan los debates petroleros reviste una inconsecuencia mayúscula que contraviene el espíritu original de dichas reuniones de discusión. En efecto, la demanda de la realización de tales ejercicios obedeció a la opacidad con que se venía conduciendo el gobierno federal en torno al tema, y a la necesidad de sentar las bases para una discusión sana y plural, con base en la cual la sociedad en su conjunto pudiera asumir una postura respecto de la propuesta presidencial. Así, el paso natural a seguir sería la celebración de una consulta en la que se viera reflejada la efectividad del debate, a fin de que los representantes populares recojan el sentir de la ciudadanía y dictaminen en consecuencia, en el entendido de que, como lo dijo el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas en relación con las afirmaciones de Kessel: “es imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”. Queda claro, pues, que los señalamientos de la titular de Energía representan un intento más desde el Ejecutivo por romper el diálogo y subvertir uno de los principios fundamentales de las democracias modernas: el de la participación ciudadana.
Por lo demás, las declaraciones de Kessel en torno a la supuesta “inutilidad” de la consulta ciudadana abonan a los intentos discursivos del oficialismo por descalificar la convocatoria del mandatario capitalino, tanto desde el punto de vista político –se le ha llamado “táctica dilatoria”–, como desde una perspectiva legal –se ha argumentado la carencia de facultades del Ejecutivo local para realizar dicho ejercicio–. Al respecto, numerosos grupos sociales y destacadas personalidades han señalado la pertinencia e incluso la necesidad de someter a la consideración ciudadana una alteración tan grave del pacto social como el que pretende efectuar el grupo gobernante con la privatización de segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos. Como botón de muestra, ha de mencionarse lo expuesto por el ex ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, en el sentido de que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
Acaso la razón principal de la reticencia del gobierno federal a la celebración de la consulta sea que en la opinión pública nacional, sobre todo a raíz de los debates públicos que tienen lugar en el Senado, avanza la convicción de que las iniciativas calderonistas contradicen lo establecido en la Constitución, y que son inviables desde los puntos de vista legal, económico y hasta político. En ese caso, lo ideal sería que la administración en turno repiense su estrategia, desista de sus intenciones privatizadoras y transite hacia una visión de Estado en el manejo de los recursos energéticos. Con los asertos de Kessel, en cambio, la actual administración revela su premura por entregar la industria petrolera a manos privadas, desacredita a priori un ejercicio popular deseable y necesario, y deja entrever, con ello, su carácter autoritario y antidemocrático.
La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, aseguró anteayer que la consulta ciudadana en torno a la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y que se realizará el próximo 27 de julio, no será tomada en cuenta por el Senado de la República, dado que ya existe un compromiso para que el 22 de ese mismo mes, una vez concluidos los foros de discusión que se celebran en la casona de Xicoténcatl, los legisladores comiencen a dictaminar las iniciativas presentadas el pasado 8 de abril por el Ejecutivo federal.
Por principio de cuentas, la pretensión de comenzar los dictámenes legislativos una vez que concluyan los debates petroleros reviste una inconsecuencia mayúscula que contraviene el espíritu original de dichas reuniones de discusión. En efecto, la demanda de la realización de tales ejercicios obedeció a la opacidad con que se venía conduciendo el gobierno federal en torno al tema, y a la necesidad de sentar las bases para una discusión sana y plural, con base en la cual la sociedad en su conjunto pudiera asumir una postura respecto de la propuesta presidencial. Así, el paso natural a seguir sería la celebración de una consulta en la que se viera reflejada la efectividad del debate, a fin de que los representantes populares recojan el sentir de la ciudadanía y dictaminen en consecuencia, en el entendido de que, como lo dijo el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas en relación con las afirmaciones de Kessel: “es imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”. Queda claro, pues, que los señalamientos de la titular de Energía representan un intento más desde el Ejecutivo por romper el diálogo y subvertir uno de los principios fundamentales de las democracias modernas: el de la participación ciudadana.
Por lo demás, las declaraciones de Kessel en torno a la supuesta “inutilidad” de la consulta ciudadana abonan a los intentos discursivos del oficialismo por descalificar la convocatoria del mandatario capitalino, tanto desde el punto de vista político –se le ha llamado “táctica dilatoria”–, como desde una perspectiva legal –se ha argumentado la carencia de facultades del Ejecutivo local para realizar dicho ejercicio–. Al respecto, numerosos grupos sociales y destacadas personalidades han señalado la pertinencia e incluso la necesidad de someter a la consideración ciudadana una alteración tan grave del pacto social como el que pretende efectuar el grupo gobernante con la privatización de segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos. Como botón de muestra, ha de mencionarse lo expuesto por el ex ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, en el sentido de que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
Acaso la razón principal de la reticencia del gobierno federal a la celebración de la consulta sea que en la opinión pública nacional, sobre todo a raíz de los debates públicos que tienen lugar en el Senado, avanza la convicción de que las iniciativas calderonistas contradicen lo establecido en la Constitución, y que son inviables desde los puntos de vista legal, económico y hasta político. En ese caso, lo ideal sería que la administración en turno repiense su estrategia, desista de sus intenciones privatizadoras y transite hacia una visión de Estado en el manejo de los recursos energéticos. Con los asertos de Kessel, en cambio, la actual administración revela su premura por entregar la industria petrolera a manos privadas, desacredita a priori un ejercicio popular deseable y necesario, y deja entrever, con ello, su carácter autoritario y antidemocrático.
El régimen fiscal de Pemex: Mario di Constanzo
A) Diagnóstico
Durante los últimos meses mucho se ha comentado sobre el petróleo y la industria petrolera en México y en el mundo; de hecho, cada día estamos más conscientes de la importancia geopolítica y comercial de este energético.
Cada vez estamos más convencidos de que la visión que en su momento llevó al general Lázaro Cárdenas y a los legisladores a establecer la exclusividad de la Nación en materia de explotación de petróleo y sus derivados, no fue producto de un capricho o de una simple ocurrencia, ya que los propios hechos nos muestran claramente la importancia estratégica que tiene, que tendrá y que ha tenido este energético en el desarrollo del país.
Luego entonces, habría que preguntarnos qué ha sucedido, por qué razón, si actualmente nuestro país es el sexto productor de petróleo en el mundo, tenemos que importar poco más de 40% de la gasolina que consumimos, 25% del gas natural y millones de dólares en productos petroquímicos.
Más aún, de acuerdo a diversas opiniones, estudios y análisis de instituciones y de técnicos ampliamente reconocidos, se ha hecho evidente que el país todavía cuenta con una cantidad muy importante de petróleo, tanto en el subsuelo de su territorio como en aguas someras y profundas.
Sabemos también, ya sea porque contamos con ellas o porque se pueden adquirir, que no existen barreras tecnológicas que nos impidan aprovechar en beneficio de la Nación el enorme potencial de desarrollo que ofrece la industria del petróleo.
Todavía más, resulta absurdo que se acepte —sin revisar a fondo— la premisa que sostiene que Petróleos Mexicanos está en quiebra, o bien que a pesar de los cuantiosos ingresos anuales que recibe haya registrado pérdidas en su operación.
Al respecto, conviene señalar que actualmente las ventas anuales de esta empresa superan el billón de pesos, es decir, que sus ingresos representan el equivalente a 50 años del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo. O al presupuesto del Seguro Social durante casi todo un sexenio.
De esta manera, más allá de ideologías políticas o económicas, la sensatez y el sentido común nos indican que la primera reflexión que debemos de llevar a cabo consiste en saber si nuestro país enfrenta un problema petrolero que se origina en la propia paraestatal, o bien tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa, mismo que se deriva de las fallas que presenta el sistema hacendario del país.
Así, por ejemplo, de acuerdo con datos de PEMEX se observa que desde el año 2000 a la fecha, mientras que esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 307 mil millones de pesos, ha entregado ingresos a las arcas nacionales por 5 billones 100 mil millones de pesos, cifra que significa 80% de sus ventas.
Contrariamente, si revisamos los recursos presupuestarios que para el mismo periodo se han destinado a la inversión pública directa en Pemex, nos damos cuenta que estos ascienden aproximadamente a 180 mil millones de pesos, cifra que representa, apenas, 3% de sus ventas totales.
Esta, señores legisladores, es la verdadera razón que explica las circunstancias por las que atraviesa la industria petrolera del país y nos permite afirmar con la mayor contundencia del mundo, que la situacion de Pemex y de esta industria es resultado directo del fracaso de este neoliberalismo pervertido que busca proteger a pequeños grupos de poder económico, en detrimento del patrimonio nacional.
B) Por qué razón Pemex tiene tan elevada carga fiscal
En México, el sistema tributario tiene grandes "huecos", es decir, mantiene la existencia de "regímenes fiscales especiales" que permiten que las grandes empresas prácticamente no paguen impuestos.
Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que mientras que las empresas aportan entre 55 y 60% del ingreso nacional, su contribución al pago sobre el impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.5% en promedio durante los últimos 7 años.
En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan 25% del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.25 por ciento, en ese mismo lapso.
Esto es, aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, no sucede así gracias a los "regímenes fiscales especiales".
Estos "huecos", combinados con la deficiente administración tributaria, han obligado a que a PEMEX se le tengan que confiscar prácticamente todos sus ingresos para financiar un creciente y desmesurado gasto público corriente, que se ha privilegiado por encima del gasto en infraestructura productiva.
Así, por ejemplo, en el año 2005, a pesar de que PEMEX tuvo ventas por 925 mil millones de pesos, registró una pérdida de 76 mil millones de pesos, mientras que TELMEX, que tuvo ventas por 162 mil millones de pesos, (es decir, sólo 17% de lo que vendió PEMEX), registró una utilidad neta de 28 mil millones de pesos.
O bien podemos comparar el caso de Wall-Mart, que tuvo ventas por 165 mil millones de pesos y su pago de ISR representó sólo 2.4% de sus ventas totales.
Esta situación fue advertida por la propia Auditoría Superior de la Federación, la que aun antes de que este Congreso aprobara la mal llamada Reforma Fiscal, señaló que durante 2005 (año en el que PEMEX registró una pérdida de operación por haber entregado todos sus ingresos al fisco), 50 grandes contribuyentes pagaron en promedio 74 pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta. De hecho, señaló textualmente lo siguiente:
Se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216% al incremento en la inversión privada que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación (como en rigor implican las devoluciones), libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal.
Cabe señalar que las recientes reformas fiscales aprobadas y que incluyen al IETU, no resolvieron esta situación, por lo que la política tributaria sigue siendo altamente adversa para PEMEX.
Al respecto, conviene subrayar que de acuerdo con información del propio PEMEX, se observa que es una de las empresas petroleras con mayor carga fiscal en el mundo.
C) A pesar de su contribución fiscal, Pemex no recibe recursos del Estado para poder crecer como empresa
De esta manera, desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, todos los gobiernos neoliberales han optado, deliberadamente, por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado, que es también el objetivo final de las iniciativas enviadas por Felipe Calderón.
Sólo baste señalar que la inversión pública directa en Petróleos Mexicanos se ha reducido al mínimo, ya que pasó de representar 2.9% del PIB en 1982, a 0.57% del PIB en 2007.
Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando, en promedio, 307 mil barriles diarios de gasolina.
Contrario a lo que debería hacerse, se han diseñado esquemas poco transparentes, costosos financieramente y con nulo impacto para la demanda de insumos nacionales y de mano de obra, llamados PIDIREGAS, que han permitido sustituir a la inversión pública por inversión privada y que, paradójicamente, han generado "deudas para PEMEX" .
A todo esto hay que añadir; que las aportaciones fiscales de PEMEX no se reducen al pago de impuestos y derechos, sino que incluyen el llamado superávit primario, restriccion que se le impone con el único fin de incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno, sin que se refleje en su balance presupuestal.
Al respecto es preciso señalar, que en la iniciativa de Felipe Calderòn, no esta claro que esta restricciòn se elimina.
En materia de excedentes petroleros, nadie sabe con precisión en dónde se encuentran, o a qué han sido destinados.
Se dice que gran parte de ellos, se han esfumado en la importación de gasolinas.
Sin embargo, tengo en mis manos un oficio de Pemex, que muestra que el precio al que se importó la gasolina durante el primer trimestre del este año, fue inferior al precio de venta a los distribuidores del país.
¿Será que este "subsidio" es el resultado de la nociva política de precios de transferencia que se aplica sobre las "subsidiarias de Pemex" y que ha elevado el costo de los energéticos en el país.
O bien, ¿será que estos excedentes son un nuevo superávit primario adicional, para el gobierno?
Porque una cosa nos queda clara: los excedentes petroleros, han permitido la tremenda expansión del gasto corriente en los últimos años.
Legisladoras y legisladores:
Las iniciativas presentadas por Felipe Calderón, no garantizan que la situación fiscal y presupuestaria de Pemex, será modificada.
En cambio prometen la entrega del mercado petrolero a la iniciativa privada, y es precisamente ahí, donde se encuentra su inconstitucionalidad e ineficiencia económica.
Permítanme recordarles, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al mes de diciembre de 2007 la deuda total del sector público se ubicó en 3.5 billones de pesos, de los cuales 45%, es decir, 1.6 billones, corresponde a conceptos que están directamente ligados con privatizaciones, como son el rescate bancario y el carretero, sin olvidar los PIDIREGAS, que han sido al final de cuentas intentos poco transparentes de promover la inversión privada en el sector energético.
Así, de los 33 mil 500 pesos que cada mexicano ya debe al nacer por concepto de deuda pública total, poco más de 15 mil son producto de privatizaciones.
Y a esto hay que añadir que, pese a esta deuda, enfrentamos bancos que cobran altas comisiones y elevadas tasas de interés, carreteras costosas y en mal estado, y por si fuera poco, elevadas tarifas de energía eléctrica y una gasolina cara; pero "subsidiada".
De esta manera, para los mexicanos las privatizaciones están asociadas directamente con las palabras "rescate", "falta de transparencia", "corrupción" y "deuda".
Luego entonces, resulta absurdo que ahora se pretenda resolver el problema que enfrenta el sector petrolero utilizando como herramienta principal a la "privatización" o, como algunos dicen para evitar esta palabra, la "inversión privada", tal y como lo señala la iniciativa de Felipe Calderón.
Por ello, ustedes deben reflexionar y reconocer que gran parte del problema que enfrenta Pemex es fiscal y presupuestario.
Deben aceptar que ha sido con dinero del presupuesto y proveniente del petróleo con el que se han llevado a cabo los costosos rescates, producto precisamente del fracaso de las privatizaciones.
Así, por ejemplo, mientras en los últimos ocho años se han destinado poco más de 318 mil millones de pesos sólo para cubrir los intereses de la deuda generada por el rescate bancario, Pemex ha contado en el mismo periodo con recursos para inversión por 180 mil millones de pesos (cabe señalar que esta diferencia acumulada representa el costo de por lo menos tres y media refinerías).
Está absolutamente claro, pues, que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados para eludir una reforma fiscal progresiva, que afecte los intereses de las grandes empresas privadas.
Está claro también que esto ha provocado que el Estado haya transformado el lugar que ocupaba PEMEX; y de ser un proveedor seguro de energía, lo ha convertido en la principal fuente de recursos fiscales.
Este régimen fiscal y presupuestario, al que durante años se ha sometido a Petróleos Mexicanos, ha tenido como resultado una baja dramática de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de petroquímicos y refinados, la descapitalización de PEMEX, y la consecuente disminución en su capacidad de crecimiento.
Esto nos permite afirmar que el problema de la paraestatal más bien obedece a un asunto fiscal y presupuestario, y no a uno de carácter energético: Pemex es uno de los principales damnificados de la política económica, como lo ha sido el campo, o el mercado interno.
Por ello, la solución debe buscarse en el marco de una reforma hacendaria que provea los recursos financieros que permitan el diseño de una política energética que responda y respete al mandato constitucional.
Es necesaria, aun y cuando Felipe Calderón tenga temor de afectar los intereses de quienes legitimaron el fraude del 2 de julio del 2006, una reforma tributaria que ataque los paraísos fiscales que hoy permiten a las grandes empresas no pagar impuestos.
Y también resulta indispensable terminar con los privilegios, prebendas, altos salarios de los funcionarios públicos y dispendios, que han provocado un desmedido crecimiento del gasto público superfluo.
Si Felipe Calderón teme adoptar estas medidas, asuman ustedes, legisladores y legisladoras, la responsabilidad de cumplir con la Constitución y otorgar a PEMEX viabilidad para llevar a cabo mandato, ya que esta orden constitucional, es a Pemex, y no a la iniciativa privada.
De lo contrario, cargarán con el estigma de haber entregado el patrimonio petrolero de la Nación.
Muchas gracias.
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Todo Argentino tiene derecho a estar informado
Después de 100 días de "paro" de comercialización de granos sepa todo lo que se exportó.
Más exportaciones
En los primeros cinco meses del año se despacharon al exterior 28,8 millones toneladas de granos y subproductos. Eso implica 893 mil toneladas más que en el mismo periodo de 2007. Por esas ventas los exportadores percibieron, luego de descontar las retenciones, un 63 % más que en los primeros cinco meses del año pasado.
La soja
Hasta el 31 de mayo, los productores llevaban embarcados 3,78 millones de toneladas de soja, un 18 % más que en la misma fecha de 2007. Los exportadores recibieron por la soja un 70 % más que en los primeros cinco meses del año pasado.
Del total de las ventas externas de soja, el 80 % se registró durante el periodo del conflicto.
El maíz
Argentina se mantiene como el segundo exportador del mundo de maíz. Hasta el 31 de mayo despachó 7,4 millones de toneladas, un 9 % más que en el mismo lapso del 2007. Pero más impresionante fue el aumento de los ingresos: un 71 % más que el año anterior.
La carne
Entre abril y mayo en pleno lockout, se exportó la mayor parte de las 144 mil toneladas vendidas al exterior en los primeros cinco meses del año. Y así las exportaciones anuales sólo cayeron un 14 % con respecto a enero — mayo de 2007. De todas maneras, medido en divisas, recibieron un 13 % más que en el 2007.
Productos exportados con valor agregado
Las exportaciones de harina de trigo en los primeros 5 meses del 2008, crecieron un 52 %. Los ingresos por las ventas externas aumentaron un 175 %.
El aceite de girasol despachó un 25 % más que entre enero y mayo del año pasado.
Y los ingresos por esas ventas fueron de 144 % más que en el mismo período de 2007.
Las exportaciones de aceite de soja son una muestra más de las contradicciones del lockout, lo revela
el hecho de que la Argentina logró mantenerse como el primer exportador del mundo en este producto. En cinco meses despachó 2,05 millones de toneladas de este producto, sólo un 3% menos que en el 2007. Es decir que consiguió un aumento del 67 % con respecto al año anterior.
El lockout fue interno
Las cifras revelan que el lockout no fue para las exportaciones.
La protesta, y su consecuente escasez de alimentos, la padecimos todos los argentinos. Además, el fuerte crecimiento de los despachos al exterior da cuenta del excelente momento que vive el sector.
El lockout sólo ha tenido como efecto concreto desabastecer el mercado interno, impulsar el alza en los precios de los alimentos, impedir la llegada de combustibles e insumos a las fábricas y provocar la suspensión de trabajadores.
Carta de Ignacio Copani
Hacer clic en el siguiente vínculo para ver un video
Cacerola de teflón (I. Copani)
Queridos Amigos.
Por Ignacio Copani
En los últimos días y a raíz de haber escrito una canción, que debe ser la número mil doscientos y tantas de mi repertorio, he recibido infinidad de comunicaciones. La mayoría con elogios, caricias y aliento, que desde ya agradezco infinitamente.
Pero he recibido también otro tipo de contactos llenos de reproches, cargados de odio, regados de violencia, intolerancia, agresión y con un espíritu inquisidor que no creí que anidara todavía en gente de mi comunidad.
He sido amenazado, agraviado, insultado, difamado, calumniado y, peor aún, han sufrido ese tipo de atropello miembros de mi familia.
No me refiero a los impunes foros de internet sino a e mails, cartas y llamados recibidos.
Simplemente desde estas líneas aviso a quienes todavía tengan intención de lastimarme, que lo logren o no, yo no cambiaré ni una coma a las estrofas de mis canciones.
Aquellos que piensan que la Sra. Presidenta de mi país me paga por verso, recital u opinión, simplemente están expresando su propia escala de valores y asumiendo que ellos mismos podrían torcer sus convicciones a un precio determinado. Yo no.
Hace más de veinte años que en cada escenario y en cada grabación me comprometo con nuestra historia y siempre se me han cerrado puertas por hacerlo de manera honesta, clara y sin esperar más recompensa que el abrazo compañero de quien desea que un cantautor se exprese libremente, como los viejos trovadores que anunciaban las bodas, los bautizos y también los entierros.
En algunos medios de comunicación se han referido a mí de manera descalificadora y/o despectiva. A esos mismos medios, durante años, hemos mandado nuestro material artístico y la información de nuestras actividades, sin lograr que se nos diera ni un segundo para comunicarlo al público. Ni siquiera para difundir eventos solidarios, benéficos o canciones tan o más comprometidas con la realidad que el tema ¨Cacerola de Teflón¨.
Lamentablemente en algunos de esos medios se ha mostrado la canción en cuestión, sometiéndola a una especie de ¨inspección¨ de ideas o cortes marciales - musicales y al comentar alguna crítica agresiva, en lugar de defender la libertad del artista para manifestarse, se han escuchado de parte de los comunicadores, tristes y recordadas frases como ¨él se la busca… ¨ o ¨por algo será…¨.
Nunca discuto una crítica, sea como sea y venga de quien venga. Pero en este caso no recibí opiniones sobre la conformación estética del tema, de su métrica, de sus rimas, de sus sonidos, de la destreza para ejecutarla, sino una violenta y censuradora mirada hacia el contenido de mis ideas y mi conducta, bien típico de tiempos de inquisición y dictaduras.
Pablo Milanés cantó ¨Pobre del cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida¨…
Yo no creo haber arriesgado mi vida, sencillamente describí, como hago siempre, un episodio de este tiempo con total sinceridad.
Ni siquiera he pretendido mostrar una valentía destacable por la simple acción de manifestar mi pensamiento. Valientes fueron mis compañeros y familiares que hoy están desaparecidos. Valientes fueron Víctor Jara y Rodolfo Walsh. Yo soy solamente un cantor.
No creo que a esta altura de mi carrera, deba dar cuentas de los escenarios que pueda habitar. Estuve en Plaza de Mayo, cobrando Cero Pesos, respondiendo a la convocatoria de apoyar nuestra democracia, al igual que estuve el 25 de mayo de hace unos años, cuando decenas de artistas hacían fila para subir a la escena triunfal.
Estuve en esa plaza que transité como ciudadano desde que tengo uso de razón, como estuve en Semana Santa, como estuve con las Madres, con las Abuelas, con los ex combatientes, con los maestros, con los pibes de la calle y como pienso estar en cada evento al que me cite mi conciencia.
Si esta acción espontánea se convierte en un acto de riesgo, pobres de todos nosotros.
Si crear y expresarse es un acto de arrojo merecedor de insultos y censuras, ha triunfado para siempre la cultura del ¨no te metas¨ y la incultura sembrada durante el sanguinario proceso militar y la inolvidable década del noventa.
Juro por mis hijas que yo no especulo con estas cuestiones. Que si de momento, por mi decisión de ser coherente, pierdo trabajos y gano enemigos, es un precio que debo pagar como tantas veces pagué.
Nada más espero, que no sea nuevamente con el exilio.
¨Para escribir una simple canción,
no sólo empeño y oficio se emplea,
hay que embarrarse con la inspiración,
hay que mirarse por dentro y no hacer lo que todos desean.
Mucho más cómoda es la posición
de dar la crítica sorda y pedante,
despedazando con rabia y rencor al autor y al cantante.
Sólo mi historia me obliga,
Usted no me diga qué frase hay que usar…
Haga su cuadro y elija
el color de la tinta que quiera mezclar.
Pero nunca se arrogue el derecho
de andar por mi techo
espiándome la libertad,
que ni una coma le voy a cambiar
ni a lo dicho ni al hecho.
Y hasta el final del olvido… maltrecho…
diré mi verdad.¨
Las plantaciones provocan grandes impactos ambientales
Barómetro InternacionalEl cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países
Por Sylvia Ubal
Brasil y Perú desde hace ya varios años se han lanzado a la conquista, para el capital transnacional, de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, de la Amazonía. Nuestro patrimonio cultural e histórico se convierte en instrumento al servicio de la acumulación de ganancias de capital a las transnacionales.
La deforestación de la Amazonía ya se extiende a 28 millones de hectáreas, ha desaparecido el 26% de la totalidad de la selva Amazónica y cada día se pierden otras 7.000 hectáreas de bosque una superficie de 10 por 7 kilómetros.
Entre los cultivos de más rápida expansión figura la palma aceitera y la soja, plantados principalmente como monocultivos en gran escala destinados a la exportación. A nivel mundial, el área de palma aceitera aumentó en un 43% (10,7 millones de hectáreas) y el área de soja en un 26% (77,1 millones de hectáreas) durante el período 2005-2007. Las políticas gubernamentales han facilitado esta expansión que ha ocurrido principalmente en Ecuador (150.000 hás), Colombia (130.000 hás) Honduras (50.000 hás), Argentina (40.000 hás), Brasil (39.000), Perú (33.000), Venezuela (30.000), Costa Rica (30.000), Uruguay (20.000 hás) Guatemala (15.000), República Dominicana (9.000), Nicaragua (4.000), México (4.000), así como Panamá, Surinam, Guyana y Bolivia. Es que, al igual que en el caso de los monocultivos forestales de pinos y eucaliptos, el problema no es el árbol, sino el modelo en el que se lo implanta.
El impacto más directo de este proceso ha sido la deforestación de millones de hectáreas de bosque tropical, y la pérdida de vastas áreas de bosques para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera y soja. Los plaguicidas y herbicidas inherentes a estos monocultivos terminan de exterminar los últimos vestigios de biodiversidad capaz de coexistir con las plantaciones y disminuyen significativamente la posibilidad de restauración del hábitat. Las compañías de palma aceitera y soja han estado relacionadas con incendios devastadores en los bosques, que han destruido millones de hectáreas de bosque y otros tipos de vegetación.
La palma aceitera es originaria de África Central, donde su cultivo como producto básico es central para el sustento de millones de pequeños agricultores. Pero en cualquier otra parte del mundo se ha transformado en un gran negocio, y es cultivada principalmente en plantaciones de gran escala. El aceite de palma es un aceite vegetal derivado de la palma aceitera. Su consumo a nivel mundial es segundo entre los aceites comestibles (detrás del de soja), y tiene una gran variedad de usos desde champú a papas fritas, pasando por comidas congeladas y cosméticos.
Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera se ha venido expandiendo en forma acelerada en un número creciente de países de Latinoamérica. Este cultivo genera enormes ganancias para algunas grandes empresas transnacionales, pero estas plantaciones provocan grandes impactos ambientales y sociales negativos: disminución del rendimiento hídrico, modificación de la estructura y la composición de los suelos, alteración de la abundancia y riqueza de la flora y la fauna, usurpación de los bosques ocupados por pueblos indígenas, expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras y pérdida de sus medios de vida. A pesar de ello, un número de actores nacionales e internacionales continúan promoviendo activamente este cultivo, bajo un trasfondo de creciente oposición a nivel local.
Generalmente, las comunidades locales y las sociedades nacionales son ignoradas en los niveles de decisión. Simplemente son usadas como proveedoras de fuerza de trabajo barata, a la vez que sus tierras y sus recursos son directa o indirectamente apropiados por parte de poderosos agentes del país o extranjeros.
Sin embargo, uno de los principales impactos del cultivo de esta palma es la violación del derecho a la tierra es la apropiación de amplias áreas, hasta entonces en posesión de poblaciones indígenas o campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida. Esto genera procesos de resistencia ante ese despojo, normalmente enfrentados a través del aparato represivo del estado y de las propias empresas palmicultoras. Entonces es la violación de una larga cadena de derechos humanos, inclusive el del derecho a la vida.
La rápida desaparición de los bosques tropicales
Es de destacar que en casi todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se instalan en áreas boscosas. Detrás de los gigantescos incendios que para las empresas plantadoras de palma, es más barato "limpiar" el área a ser plantada mediante el uso del fuego. Pero detrás de toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de gran deforestación.
Esos bosques tropicales eliminados por este cultivo son a su vez el hábitat de una enorme biodiversidad. Estudios han demostrado que el 80-100% de las especies de la fauna que habitan en la amazonia y en los bosques tropicales no pueden sobrevivir en monocultivos de palma
El principal "beneficio" sobre el que insisten los defensores del cultivo de la palma aceitera es la generación de empleos en el sector (plantación, mantenimiento y cosecha), pese a que en la mayor parte de los casos sólo se trata de empleos temporales. Los trabajadores de las plantaciones industriales sufren los mismos problemas que los demás trabajadores agrícolas, salarios extremadamente bajos y malas condiciones de trabajo.
Gran parte de esas plantaciones se están instalando en territorios tradicionales indígenas, privando a las poblaciones locales de sus medios de vida y de sus recursos vitales. Se le otorga permisos a empresas plantadoras de palma aceitera en tierras que las poblaciones locales utilizan para sus cultivos, tales como arroz, árboles frutales, hortalizas, pimienta, etc., que constituyen la base de su alimentación. A ello se suma el hecho de que la destrucción de la selva implica la desaparición de una amplia gama de productos utilizados tradicionalmente por la población local. Privados de sus recursos, los pobladores locales son paulatinamente forzados a ceder todos sus derechos sobre las tierras y a convertirse en asalariados de las empresas, ocupando puestos de trabajo zafrales, con bajos salarios y con malas condiciones laborales.
La creciente ocupación de tierras por las empresas plantadoras de palma ha desencadenado una lucha desigual, donde las comunidades locales se resisten a la destrucción de la selva, al despojo de sus tierras y al desconocimiento de sus derechos tradicionales, siendo entonces víctimas de represiones y hostigamiento por parte de las fuerzas del gobierno que actúan en defensa de las empresas.
Las decisiones globales de países del norte y sus empresas privadas del mercado de alimentos o petroleras han desconocido lo que esto significa para el hombre en el mundo, en particular, por el cambio en el uso de las tierras de los países de Latinoamérica; la imposibilidad real de reducción de los gases efecto invernadero y por el contrario la inviabilidad de los agrocombustibles para saldar la deuda energética. Y mucho menos, han tenido en cuenta los crímenes de lesa humanidad que se han cometido para esa conversión del campo en industria. La destrucción ambiental, la apropiación ilegal de tierras que se cometen en Colombia, Ecuador, Brasil México, Indonesia, Argentina para el desarrollo de los agronegocios, bajo el presupuesto de superar la crisis del calentamiento global y el consumo dependiente del petróleo, está oculta bajo los nobles propósitos de las políticas de la Unión Europea y Estados Unidos.
Las razones de la expansión
Pese a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países. La razón que explica esta aparente sin razón, es que, en primer lugar, constituye una inversión muy rentable para el sector empresarial nacional e internacional. La rentabilidad surge de la combinación de mano de obra barata, tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y ambientales efectivos, disponibilidad de financiamiento y apoyos, el corto período que media entre la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en particular en los países del Norte. En este último, cabe señalar que el aceite de palma es el aceite vegetal más comercializado del mundo, ocupando un 56% del comercio global de todos los oleaginosos. A ello se suma el hecho de que se trata de un cultivo orientado a la exportación.
Pero a su vez, existen otros actores externos que lo promueven activamente (tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) o que se benefician económicamente, tales como los bancos internacionales que lo financian. En referencia a esto último, un estudio (Wakker 2000), comprobó que los principales bancos de Holanda (ABN-AMRO Bank, ING Bank, Rabobank y MeesPierson) mantienen estrechos vínculos financieros con las principales empresas palmicultoras.
sylviaubal@gmail.com
Soya, la Reina del Sur (2)
Barómetro InternacionalEl agronegocio en Sudamérica
Por Bruno Lima Rocha
El debate de fondo respecto a la soya trata tanto de la soberanía de los países de América Latina (en especial los del Cono Sur) como de la función de los alimentos en el Siglo XXI. En el primer caso, tenemos la repetición de un problema ya conocido, cuando toda la economía de Brasil dependía de la cultura del café. El crack de la bolsa de Nueva Cork en 1929 fue el apogeo de una crisis ya anunciada. No fue por falta de avisos, pero sí con certeza por ausencia de planificación. El Brasil de 2008 es otro. Somos la 11ª economía del mundo, y tenemos experiencia en distintas áreas. Sólo seremos “sorprendidos” como pueblo o nación, si los gobernantes de este país así lo quieren. El asunto es delicado, porque estamos hablando de un sector gigantesco. Todo el agronegocio en Brasil tiene un superávit proyectado entre 55.000 y 60.000 millones de dólares.
En el otro lado del mundo, el sitio de destino de la mayor parte de la soyicultura brasilera, fue hecho un importante anuncio en la última semana del año 2007. El ministro de finanzas de China, Xie Xuren afirmó que su gobierno mantendrá la tarifa de importación de soya en el simbólico porcentaje del 1%. Esta tarifa fue mantenida hasta el 1º de marzo, con la finalidad de asegurar un buen abastecimiento de aceite comestible al voraz mercado chino. En estos momentos no existe un límite para saciar ese apetito. En el mediano plazo quedaremos todos a merced de los “humores y señales” de China, en el caso que la próxima mayor potencia del mundo altere su política de importación.
Una alternativa para la disminución de exportación de soya y granos en general apunta a otra discusión. Porque otro debate es el destino de los alimentos y las materias primas.
El peligro es utilizar grandes áreas de monocultivo. Si los combustibles fósiles son contaminantes y no renovables, podemos afirmar lo mismo respecto de los recursos hídricos (para la irrigación en gran escala), el uso de pesticidas y el control de toda la cadena de insumos por unas pocas transnacionales también productoras de transgénicos.
La investigación agropecuaria brasilera es de punta y da buenos resultados. Esto no está en discusión, pero sí lo está el tipo de investigación aplicada y su destino. En el momento en que la balanza comercial permanece apoyada sobre la producción primaria en dimensiones absurdas, el país ya hizo una elección y va a pagar el precio de ella. No hay superávit que suplante el uso y el avance desregulado del plantío de soya en la Amazonia.
Con nuestros vecinos ocurre algo parecido. El gobierno del Frente Amplio en Uruguay no sólo mantuvo el modelo del agronegocio, sino que lo incentivó. En el Uruguay, un país de tierras fértiles y población envejecida, con una provincia despoblada, el área plantada de soya alcanzó 425 mil hectáreas. Esto equivale un aumento del 5000%, o más de cincuenta veces, del área cultivada con esta oleaginosa en la zafra de 1999/2000. Como siempre, el foco de exportación es China.
Este analista concuerda con la evaluación de la empresa consultora uruguaya, especializada en el agro como negocio, Blasona & Tardáguila. Afirman que el Cono Sur la soya va rediseñando tanto al sector primario como a la economía y la política regional. Es el tipo de información que debe ser tenida en cuenta. Esta empresa lidera el sector en la Banda Oriental y jamás haría alarmismo contra una cultura de cultivo que les rinde muchos dividendos.
Los costos sociales y los problemas a largo plazo ya se hacen notar. La soya lidera la balanza comercial de Brasil y Uruguay además de tapar el hueco del déficit público en la Argentina. Otros dos países sufren también directamente los efectos de la soyicultura, el Paraguay y Bolivia.
La leva de “brasilguayos” es ahora seguida por la de “uruparaguayos”. Con la valorización de las tierras de la campaña uruguaya, nuestros vecinos de más al sur siguen los pasos de los gaúchos brasileros que su mudaron para el Paraguay al final de la década de los 60. Nuevas áreas de selva y de chaco van siendo derrumbadas para el plantío de soya y el resultado social es un nuevo éxodo rural, esta vez con guaraníes expulsados de sus tierras ancestrales. Los nuevos colonizadores compran tierras todavía baratas y fumigan las áreas. El resultado tiene dos versiones: La de la victoria comercial, con el Paraguay en 2007 llegando por primera vez en la historia a la marca de 1.000 millones de dólares en exportación de soya. Y la de la derrota étnico-cultural. El pueblo originario, cuyo idioma es aprendido en las escuelas, ve sus descendientes, los guaraníes de hoy, acampados y vagando en Asunción. Es otra bomba de tiempo social funcionando en América Latina.
En Bolivia, cuya área agrocultivable también cuenta con la presencia de los productores brasileros, una de las plantaciones de mayor rendimiento en la provincia de Santa Cruz es precisamente la soya. Lo interesante del caso boliviano es que la mayoría de los que cultivan la soya en Santa Cruz son micro y pequeños productores. Aún así, la intermediación es hecha por la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO) y por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). Una de las medidas del gobierno de Evo Morales es quebrar el monopolio de representación y conceder créditos agrícolas directamente a los pequeños productores cruceños.
Volviendo al caso brasilero, no quedan dudas que el agronegocio es la locomotora de la economía brasilera, empujando la balanza comercial y garantizando el superávit primario. La tasa bruta de exportaciones del sector primario aumentó 18,2% en 2007, con un superávit de 16,4% superior al de 2006. En valores absolutos el agro brasilero exportó U$ 58.410 millones, logrando un superávit en la balanza de U$ 49.7000 millones. Entre los veinte productos más rentables de la agricultura brasilera, la soya es el líder, con una renta proyectada para el 2008 de R$ 32.400 millones, siendo cultivada en Rio Grande y la Amazonia. No está en discusión la lucratividad de la soya y otros monocultivos. El debate en Brasil y en el continente es evaluar las consecuencias estratégicas de esto.
blimarocha@via-rs.net
El mal de Chagas azota la Argentina
Barómetro InternacionalLa pobreza en América Latina determina el azote de enfermedades mortales
Por Sylvia Ubal
El mal de Chagas es una enfermedad de los pobres, de los sin voz, sin organización, sin vivienda digna, muchas veces sin educación, sin alimentación adecuada, sin cobertura social, abandonados por el Estado y las capas dirigentes.
La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria causada por un protozoo flagelado, el “Tripanosoma Cruzi”, que anida en los tejidos -especialmente en el cardíaco- y produce en el 25% de los afectados lesiones cardíacas irreversibles. También puede producir lesiones en el aparato digestivo y/o a nivel neurológico. La infección es transmitida por vía vectorial a través de insectos hematófagos comúnmente llamados “vinchucas” (en Venezuela y Colombia el “chipo”) el más importante en la Argentina es el Triatoma infestans, éste se adapta ecológicamente a la vivienda-rancho y los techos de paja, por eso las comunidades más afectadas son las más desposeídas, El huésped es el hombre, los animales domésticos y los silvestres ya que se alimenta de su sangre.
La vinchuca infectada pica de noche y simultáneamente deja las heces con miles de parásitos. La persona se rasca y eso facilita el acceso del parásito al torrente sanguíneo. También el parásito puede ingresar a través de heridas, las mucosas y los ojos. Esta es la forma de transmisión mas frecuente aunque existen otras formas como transfusiones, accidentes de laboratorios, trasplantes de órganos, por vía tras placentaria o ingestión de alimentos contaminados con heces de vinchuca.
La enfermedad comienza con una etapa aguda de “infección”, provocando un cuadro clínico de infección generalizada (fiebre, agrandamiento de los ganglios del hígado, dolor muscular, inapetencia, etc.)
En la etapa aguda, un nódulo cutáneo local llamado chagoma puede aparecer en el sitio de inoculación. Cuando el sitio de inoculación es la membrana mucosa conjuntival, el paciente puede desarrollar edema periorbital unilateral, conjuntivitis y linfadenitis preauricular. En esta fase pueden presentarse fiebre, anorexia, linfadenopatía, hepatosplenomegalia leve y miocarditis. Algunos casos agudos (10 a 20%) se resuelven en un periodo de dos a tres meses dando lugar a una fase crónica asintomática también llamada fase indeterminada, la cual se caracteriza por la persistencia de la infección sin presentar problemas clínicos para reaparecer sólo varios años más tarde.
La fase crónica es sintomática y puede aparecer años o décadas después de la infección inicial. La enfermedad afecta al sistema nervioso, al sistema digestivo y al corazón. Infecciones crónicas dan como resultado desórdenes neurológicos como por ejemplo la demencia, daño en el músculo cardíaco (miocardiopatía) y algunas veces la dilatación del tracto digestivo (megacolon y mega esófago) así como también puede haber pérdida de peso. Problemas en la desnutrición del paciente.
La enfermedad de Chagas se distribuye por toda América Latina, desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina, mayormente en áreas pobres y rurales.
Según un estudio realizado por: La Dra Mónica Pili y Coordinación de Mario Mazzitelli, el número de infectados en la Argentina es controversial. El cálculo es el de la Red de Chagas de los hospitales del GACBA y del consejo de Chagas de la Sociedad Argentina de cardiología cuyos presidentes son los Dres Luisa Jiménez y Jorge Mitelman es 2.330.000. o sea aproximadamente el 7,2% de la población. En el año 1997 se calculaban 2.640.000 la población Chagásica. De allí en adelante aumento la desocupación, la pobreza, la marginalidad, la precariedad habitacional. Sobre la crisis de 2001/2 disminuyeron los programas, las tareas de fumigación, etc., lo que hace suponer que el número de chagásicos se incrementó. La Fundación Argentina de lucha contra el Mal de Chagas (Falcha) y la Asociación de lucha contra el Mal de Chagas (Alcha) estiman en más de 3 millones de afectados.
Educar para la salud
Dado que junto al rol del Estado, el actor principal para la erradicación de este flagelo es el pueblo afectado, se hace necesario un plan educativo que eleve a un nivel óptimo el conocimiento. A tal efecto se reproduce un listado de los conocimientos elementales que debe tener en cuenta la población:
1.- Reconocimiento de vinchucas adultas, 2.- Reconocimiento de ninfas, 3.- Detectar la presencia de vinchucas por las heces en las paredes, 4.- Preferentemente las vinchucas están en la cocina y los dormitorios, 5.- Alrededor del domicilio, pueden estar en gallineros, corral o algún depósito, 6.- Sus refugios están en la pared, el techo, debajo de la cama, en grietas, 7.- El desorden y la suciedad favorecen la presencia de vinchucas, 8.- La vivienda tipo rancho con techo de paja, paredes de adobe mal revocadas, conforman el hábitat ideal de la vinchuca. 9.- Con más calor y alta humedad mejoran las condiciones para la reproducción del insecto, 10.- Se alimentan de sangre humana, de animal mamífero como perros u otros, gallinas, etc. 11.- Preferentemente cuando están en reposo de noche, 12.- Son las principales transmisoras de la enfermedad, aunque no la única, 13.- Cuando pican, defecan y al rascarse la víctima los parásitos entran al torrente sanguíneo, 14.- Los parásitos afectan el corazón, el sistema digestivo y el sistema nervioso, 15.- Hasta hoy no existe una vacuna que cure la enfermedad, 16.- Se hace necesario consultar al médico ante los primeros síntomas o dudas, dado que en su primer etapa de “Chagas agudo” se negativiza y la persona sana, 17.- En dichos casos no se deben repetir las condiciones habitacionales que permitieron la transmisión de la enfermedad, 18.- Se puede transmitir por transfusión de sangre cuando no están debidamente controlados con sus reactivos correspondientes los bancos de sangre, 19.- Puede darse a través de la placenta, de madre a hijo, un buen tratamiento negativiza la enfermedad del niño dentro de los 30 días, 20.- Se reconocen contagios por trasplante de órganos y por vía bucal, 20.-Las vinchucas muertas son importantes factores de contagio.
El día que se anuncie su definitiva erradicación, será un día de gloria para todos los argentinos y un justo tributo a quien entregó su vida por cumplir esta misión, el Dr Salvador Mazza.
Alfredo Palacios Sanitarista Argentino dijo: la verdadera riqueza de la Nación no está en la carne de los novillos sino en la sangre de los hombres, porque un pueblo enfermo concluye por ser una cosa y lo más importante pasan a ser los animales."
Nueva estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Una nueva campaña para eliminar la enfermedad de Chagas antes de que concluya 2010 fue presentada en la reunión de expertos y asociados que convoco la Organización Mundial de la Salud (OMS). A principios de este año. La estrategia ha sido diseñada para dar respuesta a los problemas neurálgicos que plantean el tratamiento y el control del mal de Chagas y para coordinar los esfuerzos mundiales desplegados para prevenir la transmisión por conducto de una nueva Red Mundial para la Eliminación del Chagas.
El establecimiento de la Red Mundial OMS para luchar contra el chagas se enmarca en el contexto, más amplio, de la lucha renovada de la OMS contra las enfermedades tropicales. Las posibilidades de reducir la carga que impone esa enfermedad han cambiado espectacularmente durante los últimos años. El mal de Chagas está bajo control en muchos países de las Américas, y es necesario reforzar los compromisos, puesto que la eliminación de esa tripanosomiasis es ahora una meta alcanzable. Los casos detectados en países donde el mal no es endémico evidencian que las actividades han de tener envergadura mundial», ha declarado la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS.
En el marco del objetivo de eliminar el mal de Chagas para 2010, la Red Mundial OMS elaborará antes de final de año una estrategia asentada en cinco pilares. Las actividades de eliminación del mal de Chagas están recibiendo el apoyo de la industria farmacéutica, que proporciona recursos financieros a la Red, así como donaciones de uno de los dos fármacos más eficaces conocidos para el tratamiento de esa enfermedad.
Han declarado la Dra. Mirta Roses, Directora de la Organización Panamericana de la Salud y Directora Regional de la OMS para las Américas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha trabajado con los países en iniciativas subregionales de prevención, control y tratamiento del chagas con asociados neurálgicos, entre otros el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA), el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (OSDI), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Médecins Sans Frontières (MSF), y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).
Este mismo año, la Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, junto con asociados procedentes del sector público, del sector privado y de organizaciones no gubernamentales, presentaron una campaña destinada a combatir las enfermedades desatendidas. Se estima que unos 1000 millones de personas están afectadas por una o más de esas afecciones, cuyas víctimas suelen encontrarse entre las poblaciones más pobres.
sylviaubal@gmail.com
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