lunes, septiembre 15, 2008
El cierre de normales sólo busca privatizar la educación, señalan
De los corresponsales
Protesta ante la propuesta de desaparecer las normales. Foto: Carlos Ramos Mamahua
El cierre de las más de 250 escuelas normales públicas del país “sería el primer paso para privatizar el sector educativo en México”, dice el profesor Rodolfo Lara Lagunes, con 48 años de servicio en una secundaria. Pero él no es el único que piensa así: la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) entre el gobierno de Felipe Calderón y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y después la propuesta de Elba Esther Gordillo para desaparecer estas instituciones, han provocado una cascada de marchas y reacciones en contra.
No ha faltado quienes secundan a Gordillo, pero son básicamente dirigentes seccionales del SNTE, como el del grupo “institucional” de Michoacán, Serbelio Molina, quien dijo a La Jornada que las ocho normales que hay en la entidad “sólo han servido para formar líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”.
Los secretarios de Educación de Baja California Sur y de Michoacán (cuyos gobiernos son perredistas) rechazaron abiertamente la propuesta elbista de cerrar las normales y convertirlas en escuelas técnicas. “Desafortunadas, aventuradas e irresponsales”, así calificó el funcionario bajacaliforniano las declaraciones de la lideresa magisterial.
“Es impensable desaparecer o modificar el esquema que prevalece en las normales para convertirlas en escuelas técnicas; más bien hay que apostarle a su fortalecimiento por medio de la actualización de sus currículas y el equipamiento de los planteles”, apuntó.
Castro Cota informó que como la Secretaría de Hacienda no les autoriza la apertura de nuevas plazas (una parte de los salarios los aporta la Federación y otra el estado) en los pasados años han contratado profesores “por compensación”. El déficit de plazas para maestros es de 300, y de 700 para trabajadores no docentes en el sistema educativo estatal sin embargo el gobierno federal sólo asignó nueve plazas para primaria y 344 de secundaria para el próximo ciclo escolar.
Desde la descentralización educativa, en 1992, el gobierno federal tiene un rezago con el estado de 600 millones de pesos, entre lo que se ha pagado a los trabajadores compensados y las prestaciones del SNTE, informó el funcionario.
Aída Sagredo, secretaria de Educación de Michoacán, calificó la propuesta de Gordillo como “descabellada”, por la sencilla razón de que no habría dónde preparar a los maestros. El gobernador, Leonel Godoy Rangel, apuntó que su convicción es defender la educación pública y la mejor forma de hacerlo es “volverla de calidad”.
Maestros de Tabasco coincidieron en que el cierre de las escuelas normales públicas “sería el primer paso para privatizar el sector educativo en México”. Pero advierten que ante esto no se quedarán de brazos cruzados.
A finales de agosto, líderes formales de las escuelas normales de esta entidad, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) sostuvieron una primera reunión para “analizar la problemática en que se encuentran inmersas 290 normales del país”, y en los días pasados se han movilizado para defender la permanencia de estas escuela, pues más de 400 trabajadores de esos centros de estudios, así como de la UPN y del CAM, se verían afectados con el cierre.
La fama de Tlaxcala de ser un estado formador de profesores parece llegar a su fin, pues diversos actores, incluidos el titular del sector educativo local y los dirigentes de las secciones 31 y 55 del SNTE se han sumado a la sugerencia de la líder de esta organización, Elba Esther Gordillo Morales, para cerrar o modificar la operatividad de las normales.
Si a eso se suma las recientes medidas aplicadas por la SEP, en complicidad con el SNTE, para asignar las plazas laborales a través de concursos, la posibilidad crece todavía más, pues desde hace 10 años, la Federación no autoriza nuevas claves para primaria ni prescolar. Para el ciclo educativo que acaba de iniciar la Federación sólo asignó 11 plazas nuevas para Tlaxcala. En contraparte, fueron 708 las personas que se registraron para el examen de habilidades y conocimientos que aplicaron de manera coordinada la SEP federal y el SNTE.
Directores de las escuelas normales públicas de Campeche, calificaron de “incongruente y contradictoria” la propuesta de la líder nacional del SNTE. Advirtieron que “México es un país normalista y desaparecer estas escuelas tal vez no produzca cambios inmediatos, porque los que ya egresaron están laborando en las escuelas, pero cuando estas personas se jubilen, ¿quién ocupará los puestos vacíos si ya no habrá docentes?”, cuestionó el profesor Vicente Román Guzmán Vega, director de la Escuela Normal Superior del Instituto Campechano.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes (Secud) del gobierno, la matrícula en estos planteles es de mil 461 estudiantes, y se estima que anualmente egresan de 300 a 400 nuevos docentes, de los cuales cuando mucho el 10 por ciento obtiene plazas.
Este porcentaje es igual al de Durango, donde sólo10 por ciento de los egresados de las cuatro normales que existen logra obtener una plaza dentro del sistema educativo.
Jaime Costeira Cruz, delegado estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Hidalgo, egresado de la extinta normal rural Luis Villarreal de El Mexe y el único surgido de ese plantel que ha llegado a ser secretario de Educación Pública en la entidad, dijo que aceptar lapropuesta de la lideresa del SNTE sería “un grave error”.
En Sinaloa, el titular de la Secretaría de Educación Publica y Cultura, Florentino Castro López, aseguró que no se deben cerrar las escuelas normales, pero sí se deben revisar los contenidos.
Señaló que las matrículas de las escuelas normales registran 2 mil estudiantes anualmente, de los cuales egresan 330 por año y recalcó que en comparación de los 25 mil graduados que se registran a escala nacional, Sinaloa sólo aporta dicho número, debido a que han cuidado que la oferta no rebase las expectativas.
Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado de Puebla Independiente (Setepi) aseguraron que la intención de la dirigencia del SNTE, de cerrar las escuelas normales oficiales es hacer un negocio con las escuelas particulares.
En Puebla hay 12 escuelas normales oficiales en las que durante el ciclo escolar pasado estudiaron 6 mil 600 alumnos, atendidos por 580 docentes.
En un sondeo realizado por La Jornada, tanto alumnos como directivos de las normales del país, calificaron de “aberrante” y “descabellada” la propuesta de Elba Esther Gordillo de cerrar instituciones que han sido fundamentales en la formación de México como nación, y que sólo se entiende en el contexto neoliberal de privatizarlo todo. ¿Por qué no dice nada de cómo regular las normales privadas? Preguntaron maestros de Baja California y Guerrero.
Protesta ante la propuesta de desaparecer las normales. Foto: Carlos Ramos MamahuaEl cierre de las más de 250 escuelas normales públicas del país “sería el primer paso para privatizar el sector educativo en México”, dice el profesor Rodolfo Lara Lagunes, con 48 años de servicio en una secundaria. Pero él no es el único que piensa así: la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) entre el gobierno de Felipe Calderón y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y después la propuesta de Elba Esther Gordillo para desaparecer estas instituciones, han provocado una cascada de marchas y reacciones en contra.
No ha faltado quienes secundan a Gordillo, pero son básicamente dirigentes seccionales del SNTE, como el del grupo “institucional” de Michoacán, Serbelio Molina, quien dijo a La Jornada que las ocho normales que hay en la entidad “sólo han servido para formar líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”.
Los secretarios de Educación de Baja California Sur y de Michoacán (cuyos gobiernos son perredistas) rechazaron abiertamente la propuesta elbista de cerrar las normales y convertirlas en escuelas técnicas. “Desafortunadas, aventuradas e irresponsales”, así calificó el funcionario bajacaliforniano las declaraciones de la lideresa magisterial.
“Es impensable desaparecer o modificar el esquema que prevalece en las normales para convertirlas en escuelas técnicas; más bien hay que apostarle a su fortalecimiento por medio de la actualización de sus currículas y el equipamiento de los planteles”, apuntó.
Castro Cota informó que como la Secretaría de Hacienda no les autoriza la apertura de nuevas plazas (una parte de los salarios los aporta la Federación y otra el estado) en los pasados años han contratado profesores “por compensación”. El déficit de plazas para maestros es de 300, y de 700 para trabajadores no docentes en el sistema educativo estatal sin embargo el gobierno federal sólo asignó nueve plazas para primaria y 344 de secundaria para el próximo ciclo escolar.
Desde la descentralización educativa, en 1992, el gobierno federal tiene un rezago con el estado de 600 millones de pesos, entre lo que se ha pagado a los trabajadores compensados y las prestaciones del SNTE, informó el funcionario.
Aída Sagredo, secretaria de Educación de Michoacán, calificó la propuesta de Gordillo como “descabellada”, por la sencilla razón de que no habría dónde preparar a los maestros. El gobernador, Leonel Godoy Rangel, apuntó que su convicción es defender la educación pública y la mejor forma de hacerlo es “volverla de calidad”.
Maestros de Tabasco coincidieron en que el cierre de las escuelas normales públicas “sería el primer paso para privatizar el sector educativo en México”. Pero advierten que ante esto no se quedarán de brazos cruzados.
A finales de agosto, líderes formales de las escuelas normales de esta entidad, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) sostuvieron una primera reunión para “analizar la problemática en que se encuentran inmersas 290 normales del país”, y en los días pasados se han movilizado para defender la permanencia de estas escuela, pues más de 400 trabajadores de esos centros de estudios, así como de la UPN y del CAM, se verían afectados con el cierre.
La fama de Tlaxcala de ser un estado formador de profesores parece llegar a su fin, pues diversos actores, incluidos el titular del sector educativo local y los dirigentes de las secciones 31 y 55 del SNTE se han sumado a la sugerencia de la líder de esta organización, Elba Esther Gordillo Morales, para cerrar o modificar la operatividad de las normales.
Si a eso se suma las recientes medidas aplicadas por la SEP, en complicidad con el SNTE, para asignar las plazas laborales a través de concursos, la posibilidad crece todavía más, pues desde hace 10 años, la Federación no autoriza nuevas claves para primaria ni prescolar. Para el ciclo educativo que acaba de iniciar la Federación sólo asignó 11 plazas nuevas para Tlaxcala. En contraparte, fueron 708 las personas que se registraron para el examen de habilidades y conocimientos que aplicaron de manera coordinada la SEP federal y el SNTE.
Directores de las escuelas normales públicas de Campeche, calificaron de “incongruente y contradictoria” la propuesta de la líder nacional del SNTE. Advirtieron que “México es un país normalista y desaparecer estas escuelas tal vez no produzca cambios inmediatos, porque los que ya egresaron están laborando en las escuelas, pero cuando estas personas se jubilen, ¿quién ocupará los puestos vacíos si ya no habrá docentes?”, cuestionó el profesor Vicente Román Guzmán Vega, director de la Escuela Normal Superior del Instituto Campechano.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes (Secud) del gobierno, la matrícula en estos planteles es de mil 461 estudiantes, y se estima que anualmente egresan de 300 a 400 nuevos docentes, de los cuales cuando mucho el 10 por ciento obtiene plazas.
Este porcentaje es igual al de Durango, donde sólo10 por ciento de los egresados de las cuatro normales que existen logra obtener una plaza dentro del sistema educativo.
Jaime Costeira Cruz, delegado estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Hidalgo, egresado de la extinta normal rural Luis Villarreal de El Mexe y el único surgido de ese plantel que ha llegado a ser secretario de Educación Pública en la entidad, dijo que aceptar lapropuesta de la lideresa del SNTE sería “un grave error”.
En Sinaloa, el titular de la Secretaría de Educación Publica y Cultura, Florentino Castro López, aseguró que no se deben cerrar las escuelas normales, pero sí se deben revisar los contenidos.
Señaló que las matrículas de las escuelas normales registran 2 mil estudiantes anualmente, de los cuales egresan 330 por año y recalcó que en comparación de los 25 mil graduados que se registran a escala nacional, Sinaloa sólo aporta dicho número, debido a que han cuidado que la oferta no rebase las expectativas.
Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado de Puebla Independiente (Setepi) aseguraron que la intención de la dirigencia del SNTE, de cerrar las escuelas normales oficiales es hacer un negocio con las escuelas particulares.
En Puebla hay 12 escuelas normales oficiales en las que durante el ciclo escolar pasado estudiaron 6 mil 600 alumnos, atendidos por 580 docentes.
En un sondeo realizado por La Jornada, tanto alumnos como directivos de las normales del país, calificaron de “aberrante” y “descabellada” la propuesta de Elba Esther Gordillo de cerrar instituciones que han sido fundamentales en la formación de México como nación, y que sólo se entiende en el contexto neoliberal de privatizarlo todo. ¿Por qué no dice nada de cómo regular las normales privadas? Preguntaron maestros de Baja California y Guerrero.
Orden de captura contra el gobernador de Pando, Bolivia; no acata el estado de sitio
Debe ser detenido por la matanza en El Porvenir, dice el vicepresidente García Linera
Autoridades gestionan ante Brasil la detención de sospechosos de asesinar a 25 campesinos
En La Paz continúa el diálogo entre el prefecto de Tarija y representantes del gobierno central
Afp, Reuters, Dpa y Xinhua
La Paz, 14 de septiembre. El gobierno de Bolivia ordenó la captura del prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, por desacato al estado de sitio en esa provincia del norte del país y anunció además que gestiona ante Brasil la detención de individuos que presumiblemente cruzaron la frontera común después de perpetrar en una zona rural la matanza de 25 personas, según el conteo más actualizado.
Tres días después de la emboscada a un grupo de campesinos simpatizantes del presidente Evo Morales, en las inmediaciones de la localidad El Porvernir, y 48 horas después de imponer el estado de sitio en la provincia amazónica, fronteriza con Brasil y Perú, las fuerzas armadas lograron acabar con la presencia de grupos paramilitares y facilitaron el retorno a la normalidad de Cobija, la capital departamental.
El gobierno de Brasil no ha informado sobre la situación en la frontera con Pando y la supuesta participación de brasileños, pero el gobierno de Perú, por medio del jefe del gabinete ministerial, Jorge del Castillo, señaló que pedirá a Bolivia datos precisos sobre los peruanos presuntamente involucrados.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, encargado de la aplicación del estado de sitio en Pando, dijo que el gobierno tiene varios objetivos inmediatos: controlar la ciudad de Cobija, detener a personas en delito flagrante, salvar a personas que huyeron a zonas rurales por temor a la persecución de paramilitares, y recuperar cadáveres de gente asesinada el jueves en el sitio de la emboscada y su zona aledaña.
La cifra de muertos hasta el sábado era de 15, pero según el ministro del Interior, Alfredo Rada, otros diez cuerpos fueron hallados en el área de la agresión a campesinos que se dirigían a Cobija a manifestarse contra Fernández y reafirmar su apoyo al gobierno del Movimiento al Socialismo. Funcionarios del gobierno dijeron el viernes que el prefecto pandino financia a los paramilitares y que para cometer la agresión contrató a brasileños y peruanos.
Masacre en tiempos de democracia
“Estamos frente a la masacre más cruenta ocurrida en tiempos de democracia”, dijo Rada.
La decisión de detener a Fernández fue tomada luego que el prefecto –un hacendado que logró su ratificación en el gobierno local en el referendo revocatorio del 10 de agosto pasado– declaró públicamente que se oponía a la determinación anunciada el viernes desde La Paz y que no acataría las disposiciones, que incluyen restricciones a las garantías de reunión pública y tránsito nocturno.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que Fernández también debe ser detenido por su presunta responsabilidad en la matanza de Pando.
Fernández forma parte del grupo de gobernantes departamentales que se ha opuesto a las reformas impulsadas por Morales, así como a la nueva carta fundamental aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente y a la reducción de recursos fiscales provenientes del impuesto a los hidrocarburos, que el presidente destinó hacia la financiación de las pensiones de ancianos.
Los prefectos de Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca rechazan también la convocatoria a la celebración del referendo constitucional, programado para el 7 de diciembre próximo, para lo cual apoyaron la realización de protestas callejeras en las dos últimas semanas, convocadas por comités cívicos departamentales.
El principal promotor de las protestas, el terrateniente cruceño Branko Marinkovic, informó hoy que el comité cívico que encabeza había decidido “levantar el bloqueo de carreteras”, como “señal de buena voluntad”, pero no aclaró si también liberarían los pasos fronterizos con Brasil, que han afectado la provisión de alimentos y combustibles.
Marinkovic tampoco indicó qué pasará con las oficinas del gobierno central ocupadas y destruidas por grupos de choque del gobierno provincial y del comité cruceño, ni se refirió a la matanza de Pando.
El restablecimiento del orden en Santa Cruz y Pando sucede mientras que en La Paz, el prefecto de Tarija, Mario Cosío, se presentó a una nueva ronda de diálogo con representantes del gobierno central, con miras a establecer un acuerdo sobre la distribución de los recursos derivados del impuesto sobre los hidrocarburos. Hasta el cierre de la edición, no había información sobre los resultados del encuentro.
Autoridades gestionan ante Brasil la detención de sospechosos de asesinar a 25 campesinos
En La Paz continúa el diálogo entre el prefecto de Tarija y representantes del gobierno central
Afp, Reuters, Dpa y Xinhua
La Paz, 14 de septiembre. El gobierno de Bolivia ordenó la captura del prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, por desacato al estado de sitio en esa provincia del norte del país y anunció además que gestiona ante Brasil la detención de individuos que presumiblemente cruzaron la frontera común después de perpetrar en una zona rural la matanza de 25 personas, según el conteo más actualizado.
Tres días después de la emboscada a un grupo de campesinos simpatizantes del presidente Evo Morales, en las inmediaciones de la localidad El Porvernir, y 48 horas después de imponer el estado de sitio en la provincia amazónica, fronteriza con Brasil y Perú, las fuerzas armadas lograron acabar con la presencia de grupos paramilitares y facilitaron el retorno a la normalidad de Cobija, la capital departamental.
El gobierno de Brasil no ha informado sobre la situación en la frontera con Pando y la supuesta participación de brasileños, pero el gobierno de Perú, por medio del jefe del gabinete ministerial, Jorge del Castillo, señaló que pedirá a Bolivia datos precisos sobre los peruanos presuntamente involucrados.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, encargado de la aplicación del estado de sitio en Pando, dijo que el gobierno tiene varios objetivos inmediatos: controlar la ciudad de Cobija, detener a personas en delito flagrante, salvar a personas que huyeron a zonas rurales por temor a la persecución de paramilitares, y recuperar cadáveres de gente asesinada el jueves en el sitio de la emboscada y su zona aledaña.
La cifra de muertos hasta el sábado era de 15, pero según el ministro del Interior, Alfredo Rada, otros diez cuerpos fueron hallados en el área de la agresión a campesinos que se dirigían a Cobija a manifestarse contra Fernández y reafirmar su apoyo al gobierno del Movimiento al Socialismo. Funcionarios del gobierno dijeron el viernes que el prefecto pandino financia a los paramilitares y que para cometer la agresión contrató a brasileños y peruanos.
Masacre en tiempos de democracia
“Estamos frente a la masacre más cruenta ocurrida en tiempos de democracia”, dijo Rada.
La decisión de detener a Fernández fue tomada luego que el prefecto –un hacendado que logró su ratificación en el gobierno local en el referendo revocatorio del 10 de agosto pasado– declaró públicamente que se oponía a la determinación anunciada el viernes desde La Paz y que no acataría las disposiciones, que incluyen restricciones a las garantías de reunión pública y tránsito nocturno.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que Fernández también debe ser detenido por su presunta responsabilidad en la matanza de Pando.
Fernández forma parte del grupo de gobernantes departamentales que se ha opuesto a las reformas impulsadas por Morales, así como a la nueva carta fundamental aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente y a la reducción de recursos fiscales provenientes del impuesto a los hidrocarburos, que el presidente destinó hacia la financiación de las pensiones de ancianos.
Los prefectos de Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca rechazan también la convocatoria a la celebración del referendo constitucional, programado para el 7 de diciembre próximo, para lo cual apoyaron la realización de protestas callejeras en las dos últimas semanas, convocadas por comités cívicos departamentales.
El principal promotor de las protestas, el terrateniente cruceño Branko Marinkovic, informó hoy que el comité cívico que encabeza había decidido “levantar el bloqueo de carreteras”, como “señal de buena voluntad”, pero no aclaró si también liberarían los pasos fronterizos con Brasil, que han afectado la provisión de alimentos y combustibles.
Marinkovic tampoco indicó qué pasará con las oficinas del gobierno central ocupadas y destruidas por grupos de choque del gobierno provincial y del comité cruceño, ni se refirió a la matanza de Pando.
El restablecimiento del orden en Santa Cruz y Pando sucede mientras que en La Paz, el prefecto de Tarija, Mario Cosío, se presentó a una nueva ronda de diálogo con representantes del gobierno central, con miras a establecer un acuerdo sobre la distribución de los recursos derivados del impuesto sobre los hidrocarburos. Hasta el cierre de la edición, no había información sobre los resultados del encuentro.
Acuerda el MLN defender a Pemex, paro nacional y remover a Calderón
El movimiento culmina congreso; reprueba la militarización del país
Alonso Urrutia
Al concluir los trabajos del primer congreso del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), las organizaciones convocantes definieron tres acciones principales a cumplir a corto y mediano plazos: impulsar un paro nacional en defensa de Petróleos Mexicanos (Pemex); participar en el paro magisterial del 23 y 24 de septiembre contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y promover la remoción del presidente Felipe Calderón.
Al justificar esta última acción, los convocantes subrayaron no sólo las deficiencias del gobierno federal en seguridad, sino la inconsistente conducción de la economía y su desapego a la legalidad, además de su polémico acceso a la Presidencia en las elecciones de 2006.
Marcos Tello, integrante del Consejo Político Nacional del MLN, destacó que una de las principales acciones definidas en el congreso es la lucha contra la privatización de Pemex, para lo cual se acordó promover acciones de oposición a la reforma energética de Calderón.
Dijo que se buscará la promoción del paro en coordinación con sectores políticos y sociales contrarios a la privatización de Pemex, como el Frente Amplio Progresista (FAP) “y otros grupos, como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.
Tello manifestó que se estudia la conveniencia de que el paro se efectúe en octubre próximo, para hacerlo coincidir con los tiempos de trabajo del Poder Legislativo.
Otra decisión aprobada fue participar en el activismo contra la ACE que pactó el gobierno federal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su lideresa, Elba Esther Gordillo, porque dicha alianza, afirmó, es contraria a los intereses de los maestros.
Tello destacó que buena parte de los asistentes al congreso provienen de secciones donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene importante presencia, como Michoacán, Zacatecas y Distrito Federal.
El MLN, dijo, prevé otras acciones contra el gobierno de Calderón, porque “ha habido un deterioro social en el lapso que lleva gobernando, en el que destaca la crisis de seguridad pública en el país que ha generado inconformidad social”.
El MLN, dijo, reprochó la militarización del país, lo cual aumenta el riesgo de acciones represivas contra las organizaciones sociales.
Consideró que la reforma penal también abre espacios contrarios a los derechos humanos, pues refleja “una visión represiva para enfrentar los fenómenos sociales”.
Mencionó que el MLN acordó asumir como uno de sus principales ejes “la lucha por la liberación de presos políticos”. En particular, dijo, uno de los casos más preocupantes es el del atenquense Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sentenciado a más de 100 años de prisión. Tello consideró que esa pena es reflejo fiel de la visión represiva que está imponiendo este gobierno.
Entre las organizaciones participantes se encuentran sectores de maestros de las secciones magisteriales 18, 34 y 58, el Frente Popular Francisco Villa, el Frente Popular Revolucionario, la Alianza de Tranviarios de México, la Organización Campesina Emiliano Zapata de Chiapas, la Coalición de Organizaciones Agrarias del estado de Chiapas y la Organización Popular Emiliano Zapata.
Alonso Urrutia
Al concluir los trabajos del primer congreso del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), las organizaciones convocantes definieron tres acciones principales a cumplir a corto y mediano plazos: impulsar un paro nacional en defensa de Petróleos Mexicanos (Pemex); participar en el paro magisterial del 23 y 24 de septiembre contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y promover la remoción del presidente Felipe Calderón.
Al justificar esta última acción, los convocantes subrayaron no sólo las deficiencias del gobierno federal en seguridad, sino la inconsistente conducción de la economía y su desapego a la legalidad, además de su polémico acceso a la Presidencia en las elecciones de 2006.
Marcos Tello, integrante del Consejo Político Nacional del MLN, destacó que una de las principales acciones definidas en el congreso es la lucha contra la privatización de Pemex, para lo cual se acordó promover acciones de oposición a la reforma energética de Calderón.
Dijo que se buscará la promoción del paro en coordinación con sectores políticos y sociales contrarios a la privatización de Pemex, como el Frente Amplio Progresista (FAP) “y otros grupos, como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.
Tello manifestó que se estudia la conveniencia de que el paro se efectúe en octubre próximo, para hacerlo coincidir con los tiempos de trabajo del Poder Legislativo.
Otra decisión aprobada fue participar en el activismo contra la ACE que pactó el gobierno federal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su lideresa, Elba Esther Gordillo, porque dicha alianza, afirmó, es contraria a los intereses de los maestros.
Tello destacó que buena parte de los asistentes al congreso provienen de secciones donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene importante presencia, como Michoacán, Zacatecas y Distrito Federal.
El MLN, dijo, prevé otras acciones contra el gobierno de Calderón, porque “ha habido un deterioro social en el lapso que lleva gobernando, en el que destaca la crisis de seguridad pública en el país que ha generado inconformidad social”.
El MLN, dijo, reprochó la militarización del país, lo cual aumenta el riesgo de acciones represivas contra las organizaciones sociales.
Consideró que la reforma penal también abre espacios contrarios a los derechos humanos, pues refleja “una visión represiva para enfrentar los fenómenos sociales”.
Mencionó que el MLN acordó asumir como uno de sus principales ejes “la lucha por la liberación de presos políticos”. En particular, dijo, uno de los casos más preocupantes es el del atenquense Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sentenciado a más de 100 años de prisión. Tello consideró que esa pena es reflejo fiel de la visión represiva que está imponiendo este gobierno.
Entre las organizaciones participantes se encuentran sectores de maestros de las secciones magisteriales 18, 34 y 58, el Frente Popular Francisco Villa, el Frente Popular Revolucionario, la Alianza de Tranviarios de México, la Organización Campesina Emiliano Zapata de Chiapas, la Coalición de Organizaciones Agrarias del estado de Chiapas y la Organización Popular Emiliano Zapata.
Serán acusados por “traición a la patria” legisladores que apoyen entrega de Pemex
Se recolectan firmas para impulsar la apertura de juicio político contra Felipe Calderón
“Queremos preguntarle por qué tiene negocios con la empresa española Repsol”: Cárdenas Gracia
Alma E. Muñoz
El jurista Jaime Cárdenas Gracia advirtió que los legisladores que aprueben el dictamen y posteriormente la reforma energética propuesta por el Ejecutivo federal serán denunciados, como se hizo con Felipe Calderón, por “traición a la patria”, ante la Procuraduría General de la República, y se solicitará al Senado que abra juicio político en su contra.
Junto con Virgilio Caballero, otro de los impulsores de las querellas contra el mandatario panista, el ex consejero electoral habló ante integrantes de la resistencia civil pacífica reunidos ayer en el Hemiciclo a Juárez, donde comenzaron a recabar firmas de apoyo a los procesos emprendidos.
En el texto “se propone que Calderón sea enjuiciado por haber incurrido en conductas que configuran el supuesto de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, que señala: ‘se impondrá la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: I. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero’”.
Calderón, se afirma en el documento, incurrió en dichos actos al presentar seis iniciativas de reforma energética con el propósito de “constituir una industria petrolera paralela a la nacional, y con ello menoscabar la independencia, la soberanía y la integridad de la nación”.
Sobre los recursos interpuestos el miércoles pasado, tanto en la PGR como en el Senado de la República, Cárdenas Gracia y Caballero plantearon que la recolección de firmas servirá para presentar un escrito de ampliación de denuncia.
El primero también advirtió que presionarán a las autoridades para que Calderón comparezca, como corresponde. Indicó: “queremos preguntarle por qué tiene negocios con (la empresa española) Repsol y qué interés tiene detrás de sus iniciativas privatizadoras de Petróleos Mexicanos”.
Ante el riesgo de que se discuta la reforma energética propuesta por el Ejecutivo, Cárdenas Gracia señaló que existe la posibilidad de que legisladores del PRI, del PAN y hasta del PRD pudieran aprobarla, por lo que se iniciarían acciones en su contra.
De acuerdo con el documento presentado la semana anterior, se solicita a las autoridades federales y al Senado de la República “sustanciar el deshago del requisito de procedencia para privar del fuero al servidor público inculpado (en el caso de Calderón), a fin de que responda ante las instancias ministeriales y judiciales competentes, una vez que éstas lo soliciten y a su vez los mismos hechos contenidos en la denuncia y los razonamientos de derecho relacionados puedan configurar las causas para abrir juicio político al servidor público Felipe Calderón Hinojosa”.
En la preparación de las querellas intervinieron, además de los ya mencionados, Raúl Jiménez Vásquez, el ex ministro Juventino Castro y Castro, Raúl Carrancá y Rivas, Alberto Montoya, Teresa Aguirre y Jaime López Vela.
“Queremos preguntarle por qué tiene negocios con la empresa española Repsol”: Cárdenas Gracia
Alma E. Muñoz
El jurista Jaime Cárdenas Gracia advirtió que los legisladores que aprueben el dictamen y posteriormente la reforma energética propuesta por el Ejecutivo federal serán denunciados, como se hizo con Felipe Calderón, por “traición a la patria”, ante la Procuraduría General de la República, y se solicitará al Senado que abra juicio político en su contra.
Junto con Virgilio Caballero, otro de los impulsores de las querellas contra el mandatario panista, el ex consejero electoral habló ante integrantes de la resistencia civil pacífica reunidos ayer en el Hemiciclo a Juárez, donde comenzaron a recabar firmas de apoyo a los procesos emprendidos.
En el texto “se propone que Calderón sea enjuiciado por haber incurrido en conductas que configuran el supuesto de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, que señala: ‘se impondrá la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: I. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero’”.
Calderón, se afirma en el documento, incurrió en dichos actos al presentar seis iniciativas de reforma energética con el propósito de “constituir una industria petrolera paralela a la nacional, y con ello menoscabar la independencia, la soberanía y la integridad de la nación”.
Sobre los recursos interpuestos el miércoles pasado, tanto en la PGR como en el Senado de la República, Cárdenas Gracia y Caballero plantearon que la recolección de firmas servirá para presentar un escrito de ampliación de denuncia.
El primero también advirtió que presionarán a las autoridades para que Calderón comparezca, como corresponde. Indicó: “queremos preguntarle por qué tiene negocios con (la empresa española) Repsol y qué interés tiene detrás de sus iniciativas privatizadoras de Petróleos Mexicanos”.
Ante el riesgo de que se discuta la reforma energética propuesta por el Ejecutivo, Cárdenas Gracia señaló que existe la posibilidad de que legisladores del PRI, del PAN y hasta del PRD pudieran aprobarla, por lo que se iniciarían acciones en su contra.
De acuerdo con el documento presentado la semana anterior, se solicita a las autoridades federales y al Senado de la República “sustanciar el deshago del requisito de procedencia para privar del fuero al servidor público inculpado (en el caso de Calderón), a fin de que responda ante las instancias ministeriales y judiciales competentes, una vez que éstas lo soliciten y a su vez los mismos hechos contenidos en la denuncia y los razonamientos de derecho relacionados puedan configurar las causas para abrir juicio político al servidor público Felipe Calderón Hinojosa”.
En la preparación de las querellas intervinieron, además de los ya mencionados, Raúl Jiménez Vásquez, el ex ministro Juventino Castro y Castro, Raúl Carrancá y Rivas, Alberto Montoya, Teresa Aguirre y Jaime López Vela.
Plan B. Buenas noticias
Por Lydia Cacho
Dolores Tarín llega al juicio con la valentía de una mujer que sabe que su cabeza tiene precio
En medio de tanta masacre, una extraordinaria noticia, una luz en el camino sobre la transformación del Sistema de Justicia Penal mexicano se dio en la ciudad de Chihuahua, y claro, con la cantidad de dramas sangrientos, casi pasó desapercibido: el primer paso para un juicio oral por feminicidio, personificado por dos extraordinarias mujeres.
Lucha Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, logró llevar la denuncia de un intento de feminicidio ante el nuevo Sistema de Justicia Penal de Chihuahua. El viernes 5 de este mes la abogada llegó al juzgado al lado de Dolores Tarín, una valiente mujer que sobrevivió al atentado de un sicario.
La experiencia del juicio oral fue dramática y emocionante para todas y todos los involucrados, incluido el propio juez, quien hizo un buen trabajo; hasta los policías estaban entusiasmados.
Por un lado, el Ministerio Público representando a la Procuraduría del estado presentó una solicitud al juez de Garantía para que se negara el juicio oral, quería un juicio abreviado. En su propuesta, el sicario se declararía culpable y obtendría el beneficio de la pena más baja por haber aceptado matar a la mujer. La abogada argumentó que eso se podría considerar sólo si el sicario, a cambio, proporcionaba información para procesar al autor intelectual, quien se fue de la ciudad sin dejar rastro y a quien el MP jamás investigó.
El juez escuchó a todas las partes, debatieron abiertamente con buenos argumentos, la víctima se sintió validada por el juez e incluso pudo decirle al Ministerio Público lo que todas las víctimas de delitos en este país quieren decir cuando la autoridad en lugar de defender los intereses de la sociedad, defiende a los criminales.
La víctima y su abogada argumentaron mientras el juez, considerablemente azorado ante la parcialidad del Ministerio Publico hacia el sicario, anotaba las contradicciones. Al final se dio la razón a las mujeres y se admitió un juicio oral por un delito de violencia de género.
Imagine usted que algún día todas y todos los mexicanos tengamos derecho a ser escuchados, a evidenciar claramente cuando el representante de la Procuraduría representa a los criminales. Un día en que las víctimas y sus familiares ya no serán interpretados en cientos de hojas escritas en lenguajes anacrónicos con términos legales incomprensibles; sometidos a la opacidad de un sistema en el que las decisiones se toman con discrecionalidad, y sin que la jueza o el juez pueda escuchar toda la historia en vivo, de una buena vez.
En unas semanas comienza ya este juicio oral, en el estado que durante más de una década ha sido desgarrado por la destrucción sistemática de vidas, cuerpos y dignidad de mujeres y niñas.
Dolores Tarín llega al juicio con la valentía de una mujer que sabe que su cabeza tiene precio; Lucha Castro, con amenazas de muerte del crimen organizado de Chihuahua; pero allí estuvieron, en el juzgado, preparadas, fuertes, congruentes; haciendo historia.
En medio de tanto dolor y tragedia, podemos celebrar que en México no se vale darse por vencida. Aunque siga el debate sobre el costo millonario del sistema de juicios orales, sobre el poder que perderán abogados que cobran sumas millonarias para resolver casos en la opacidad y la corrupción, y sobre las dificultades para su implementación, lo cierto es que hoy podemos celebrar un paso pequeño para la justicia; inmenso para las mujeres de Chihuahua.
Dolores Tarín llega al juicio con la valentía de una mujer que sabe que su cabeza tiene precio
En medio de tanta masacre, una extraordinaria noticia, una luz en el camino sobre la transformación del Sistema de Justicia Penal mexicano se dio en la ciudad de Chihuahua, y claro, con la cantidad de dramas sangrientos, casi pasó desapercibido: el primer paso para un juicio oral por feminicidio, personificado por dos extraordinarias mujeres.
Lucha Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, logró llevar la denuncia de un intento de feminicidio ante el nuevo Sistema de Justicia Penal de Chihuahua. El viernes 5 de este mes la abogada llegó al juzgado al lado de Dolores Tarín, una valiente mujer que sobrevivió al atentado de un sicario.
La experiencia del juicio oral fue dramática y emocionante para todas y todos los involucrados, incluido el propio juez, quien hizo un buen trabajo; hasta los policías estaban entusiasmados.
Por un lado, el Ministerio Público representando a la Procuraduría del estado presentó una solicitud al juez de Garantía para que se negara el juicio oral, quería un juicio abreviado. En su propuesta, el sicario se declararía culpable y obtendría el beneficio de la pena más baja por haber aceptado matar a la mujer. La abogada argumentó que eso se podría considerar sólo si el sicario, a cambio, proporcionaba información para procesar al autor intelectual, quien se fue de la ciudad sin dejar rastro y a quien el MP jamás investigó.
El juez escuchó a todas las partes, debatieron abiertamente con buenos argumentos, la víctima se sintió validada por el juez e incluso pudo decirle al Ministerio Público lo que todas las víctimas de delitos en este país quieren decir cuando la autoridad en lugar de defender los intereses de la sociedad, defiende a los criminales.
La víctima y su abogada argumentaron mientras el juez, considerablemente azorado ante la parcialidad del Ministerio Publico hacia el sicario, anotaba las contradicciones. Al final se dio la razón a las mujeres y se admitió un juicio oral por un delito de violencia de género.
Imagine usted que algún día todas y todos los mexicanos tengamos derecho a ser escuchados, a evidenciar claramente cuando el representante de la Procuraduría representa a los criminales. Un día en que las víctimas y sus familiares ya no serán interpretados en cientos de hojas escritas en lenguajes anacrónicos con términos legales incomprensibles; sometidos a la opacidad de un sistema en el que las decisiones se toman con discrecionalidad, y sin que la jueza o el juez pueda escuchar toda la historia en vivo, de una buena vez.
En unas semanas comienza ya este juicio oral, en el estado que durante más de una década ha sido desgarrado por la destrucción sistemática de vidas, cuerpos y dignidad de mujeres y niñas.
Dolores Tarín llega al juicio con la valentía de una mujer que sabe que su cabeza tiene precio; Lucha Castro, con amenazas de muerte del crimen organizado de Chihuahua; pero allí estuvieron, en el juzgado, preparadas, fuertes, congruentes; haciendo historia.
En medio de tanto dolor y tragedia, podemos celebrar que en México no se vale darse por vencida. Aunque siga el debate sobre el costo millonario del sistema de juicios orales, sobre el poder que perderán abogados que cobran sumas millonarias para resolver casos en la opacidad y la corrupción, y sobre las dificultades para su implementación, lo cierto es que hoy podemos celebrar un paso pequeño para la justicia; inmenso para las mujeres de Chihuahua.
“Se va a ir al caño de la corrupción” el dinero propuesto para seguridad: AMLO
El gobierno federal mantiene un modelo económico que no corrige la pobreza, critica
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la actualidad el petróleo es más importante que el oro en la época de la Colonia. Foto: La Jornada
Parras de la Fuente, Coah., 14 de septiembre. Todo el dinero que el gobierno federal propone como presupuesto para tareas de seguridad “se va a ir al caño de la corrupción”, porque se insiste en mantener un modelo económico que no corrige la pobreza ni la marginación ni genera empleo, aseguró Andrés Manuel López Obrador en el último día de gira de trabajo por esta entidad.
A lo largo de su recorrido, el tabasqueño escuchó las manifestaciones de preocupación e inquietud de los coahuilenses por la incertidumbre generalizada en el país, producto, se señaló, de la creciente inseguridad pública, la falta de oportunidades de educación para los jóvenes y la creciente migración.
López Obrador respondió que nada mejorará si el gobierno se empeña en mantener una política económica que promueve el acaparamiento de los recursos en muy pocas manos y margina al resto de la población.
“Más vale que se vaya sabiendo: con cambios cosméticos o con maquillaje, con lo que el gobierno pretende resolver esos problemas, no va a haber resultados; porque es la misma estrategia que una y otra vez ha fracasado. Mantiene la misma economía de hace 25 años, y allí están los resultados: hay más inseguridad y violencia porque hacen lo mismo de siempre, la misma faramalla, esa de salir en la televisión y decir que no va a haber tolerancia contra el crimen organizado, que darán la guerra contra la delincuencia; esos son métodos que siempre han fracasado porque no se resuelve la raíz del problema”, apuntó.
López Obrador inició este último día de trabajo en la ciudad de Parras. En el kiosco del lugar, coronado con el águila republicana, insistió en señalar la urgencia de cambiar el modelo económico y político, pues es el único medio, enfatizó, para sacar adelante a México, y afirmó que esa transformación debe darse a partir del esfuerzo de la sociedad organizada.
“No podemos esperar que vengan los grandes empresarios y provoquen un cambio de arriba hacia abajo; eso nunca va a pasar, porque su interés y el del gobierno usurpador es mantener los privilegios de unos cuantos a costa del bienestar nacional.”
En esa política equivocada que “el mequetrefe de Felipe Calderón” insiste en mantener se inscribe el intento de privatizar la industria petrolera, algo que “no vamos a permitir”, subrayó.
Recordó que este lunes a las 20 horas encabezará un acto en el Zócalo capitalino para conmemorar el Grito de Independencia y hacer saber al “gobierno usurpador” que no habrá marcha atrás en la defensa de los recursos energéticos, cuya entrega a inversionistas extranjeros se impedirá a toda costa, pues permitirla “sería quitarle a México toda posibilidad de desarrollo”.
Por eso hoy, enfatizó, el petróleo es más importante que el oro en la época de la Colonia, y llamó a los coahuilenses y a los simpatizantes del movimiento de resistencia civil pacífica a no claudicar, sino insistir hasta que haya un verdadero cambio en el país.
“Mantener el movimiento fue un acierto luego de que nos robaron la Presidencia de la República, porque de otra forma no habría opciones para México. Este movimiento es una lucecita que indica que podemos sacar adelante a nuestro país.”
Sostuvo que Calderón está en una situación lamentable: “ya se puso al descubierto, ya ha dejado de manifiesto que no tiene capacidad para enfrentar los problemas de México, y de eso ya se dieron cuenta hasta los que lo impusieron, ¡pero allá ellos! Querían un pelele, querían un títere, y ahí están las consecuencias de no haber respetado el voto de la ciudadanía.
“Mucha gente cree que el mote de pelele es un insulto, pero no, es sólo una descripción, además de que sólo se debe respetar a quienes respetan al pueblo, y ése no es el caso de Calderón.”
A lo largo de su gira, López Obrador mencionó que este lunes estará listo el libro que escribió en torno a la situación de Petróleos Mexicanos y en el que pone en evidencia que detrás de la “propuesta privatizadora” del gobierno panista no está el interés nacional, sino el de grandes empresarios que pretenden apoderarse del crudo.
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la actualidad el petróleo es más importante que el oro en la época de la Colonia. Foto: La JornadaParras de la Fuente, Coah., 14 de septiembre. Todo el dinero que el gobierno federal propone como presupuesto para tareas de seguridad “se va a ir al caño de la corrupción”, porque se insiste en mantener un modelo económico que no corrige la pobreza ni la marginación ni genera empleo, aseguró Andrés Manuel López Obrador en el último día de gira de trabajo por esta entidad.
A lo largo de su recorrido, el tabasqueño escuchó las manifestaciones de preocupación e inquietud de los coahuilenses por la incertidumbre generalizada en el país, producto, se señaló, de la creciente inseguridad pública, la falta de oportunidades de educación para los jóvenes y la creciente migración.
López Obrador respondió que nada mejorará si el gobierno se empeña en mantener una política económica que promueve el acaparamiento de los recursos en muy pocas manos y margina al resto de la población.
“Más vale que se vaya sabiendo: con cambios cosméticos o con maquillaje, con lo que el gobierno pretende resolver esos problemas, no va a haber resultados; porque es la misma estrategia que una y otra vez ha fracasado. Mantiene la misma economía de hace 25 años, y allí están los resultados: hay más inseguridad y violencia porque hacen lo mismo de siempre, la misma faramalla, esa de salir en la televisión y decir que no va a haber tolerancia contra el crimen organizado, que darán la guerra contra la delincuencia; esos son métodos que siempre han fracasado porque no se resuelve la raíz del problema”, apuntó.
López Obrador inició este último día de trabajo en la ciudad de Parras. En el kiosco del lugar, coronado con el águila republicana, insistió en señalar la urgencia de cambiar el modelo económico y político, pues es el único medio, enfatizó, para sacar adelante a México, y afirmó que esa transformación debe darse a partir del esfuerzo de la sociedad organizada.
“No podemos esperar que vengan los grandes empresarios y provoquen un cambio de arriba hacia abajo; eso nunca va a pasar, porque su interés y el del gobierno usurpador es mantener los privilegios de unos cuantos a costa del bienestar nacional.”
En esa política equivocada que “el mequetrefe de Felipe Calderón” insiste en mantener se inscribe el intento de privatizar la industria petrolera, algo que “no vamos a permitir”, subrayó.
Recordó que este lunes a las 20 horas encabezará un acto en el Zócalo capitalino para conmemorar el Grito de Independencia y hacer saber al “gobierno usurpador” que no habrá marcha atrás en la defensa de los recursos energéticos, cuya entrega a inversionistas extranjeros se impedirá a toda costa, pues permitirla “sería quitarle a México toda posibilidad de desarrollo”.
Por eso hoy, enfatizó, el petróleo es más importante que el oro en la época de la Colonia, y llamó a los coahuilenses y a los simpatizantes del movimiento de resistencia civil pacífica a no claudicar, sino insistir hasta que haya un verdadero cambio en el país.
“Mantener el movimiento fue un acierto luego de que nos robaron la Presidencia de la República, porque de otra forma no habría opciones para México. Este movimiento es una lucecita que indica que podemos sacar adelante a nuestro país.”
Sostuvo que Calderón está en una situación lamentable: “ya se puso al descubierto, ya ha dejado de manifiesto que no tiene capacidad para enfrentar los problemas de México, y de eso ya se dieron cuenta hasta los que lo impusieron, ¡pero allá ellos! Querían un pelele, querían un títere, y ahí están las consecuencias de no haber respetado el voto de la ciudadanía.
“Mucha gente cree que el mote de pelele es un insulto, pero no, es sólo una descripción, además de que sólo se debe respetar a quienes respetan al pueblo, y ése no es el caso de Calderón.”
A lo largo de su gira, López Obrador mencionó que este lunes estará listo el libro que escribió en torno a la situación de Petróleos Mexicanos y en el que pone en evidencia que detrás de la “propuesta privatizadora” del gobierno panista no está el interés nacional, sino el de grandes empresarios que pretenden apoderarse del crudo.
Las ansias del novillero
Gustavo Iruegas
Próximamente la cancillería anunciará como un gran logro diplomático que México haya sido electo miembro temporal (dos años) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La elección habrá sido con el apoyo unánime de la región latinoamericana y del Caribe. Probablemente la cancillería no dé más explicaciones que las muy chabacanas que ya aparecen en su página en Internet ni diga que fue el único candidato porque ningún país de la región está interesado en participar en un foro donde le estaría reservado el papel de comparsa de alguno de los poderosos o cualquier intento de argumentar a favor de la justicia o el derecho le significaría costosas represalias de la potencia concernida, generalmente, Estados Unidos.
Lo que sí tendría que explicar la cancillería es para qué. Qué poderosas razones la llevaron a tan singular actitud. Dice la cancillería que “la decisión de participar nuevamente en el Consejo de Seguridad constituye la oportunidad de dar una expresión dinámica a la política de principios que México ha mantenido a lo largo de la historia”. Probablemente eso quiere decir que se pretenden aplicar los principios de la política exterior mexicana. Pero, ¿en el Consejo de Seguridad? Olvida la cancillería que los principios enunciados en el párrafo X del artículo 89 constitucional son enunciados doctrinarios a ser observados por México en sus relaciones internacionales y no disposiciones mexicanas para cumplimiento de las potencias extranjeras.
En este momento los promotores transexesenales de la candidatura mexicana ruegan por que el conflicto entre los gobiernos progresistas de Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela con Estados Unidos no pase a un nivel más alto y se resuelva antes de que México tenga que votar, en la OEA o en el Consejo de Seguridad. Aun si así fuera, todo hace prever que habrá más casos semejantes en los próximos dos años.
No se trata de algo nuevo. México sabe perfectamente lo que tiene que hacer desde su primera experiencia al respecto, cuando participó por virtud de un sorteo, como miembro del Consejo en 1946. Aún no se iniciaba la guerra fría. Nuestro representante, el embajador Luis Padilla Nervo, recomendó fría, explícita y razonadamente que México no se involucrara en los trabajos de ese foro.
Es interesante hacer notar que de las dos veces siguientes en que México ha participado en el Consejo, en ninguna tuvo una razón propia para aceptar esa responsabilidad, en ninguna obtuvo ningún beneficio ni alcanzó ninguna meta propia de política exterior.
Lo que sí ha ocurrido es que durante los 58 años que no formamos parte del Consejo, México nunca se quedó callado cuando tenía algo que decir. “En efecto, en más de cien ocasiones y cuando así convenía a los intereses de México, cuando así lo decidía independientemente y sin presiones México, participó en los debates del Consejo para dejar constancia de nuestra posición”.*
En esta cuarta ocasión ha habido una verdadera maquinación en la que los cancilleres involucrados no tomaron parte: la iniciativa se tomó en el sexenio anterior, cuando el canciller era absolutamente incapaz de comprender el asunto; ya en el sexenio actual la canciller se lavó las manos y pasó la cuestión a su jefe, quien no entiende ni jota del tema. ¿Quién decidió entonces? Decidieron funcionarios de segundo y tercer nivel que aspiran a figurar, a codearse con los grandes, a poner en sus escritorios su foto con el rótulo de “México”. En medio de la lucha por la democracia, por la justicia y contra la corrupción, mientras el pueblo se debate en la defensa del patrimonio petrolero, tenemos aún que enfrentar la desproporcionada frivolidad de los funcionarios.
La política exterior es uno de los campos de expresión naturales de la razón de Estado. Tiene que inspirarse en los caros anhelos nacionales, orientarse a los grandes objetivos del Estado y dirigirse directamente a los más importantes intereses de la nación. Mal será servida la nación si la política exterior se convierte en instrumento de muy improbables lucimientos personales o, peor aún, en escala para alcanzar los altos rangos de la burocracia internacional.
* Manuel Tello. “Memorando sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad”, en Por sobre todas las cosas México.
México, SRE, Colección Historia Oral, 2007.
Próximamente la cancillería anunciará como un gran logro diplomático que México haya sido electo miembro temporal (dos años) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La elección habrá sido con el apoyo unánime de la región latinoamericana y del Caribe. Probablemente la cancillería no dé más explicaciones que las muy chabacanas que ya aparecen en su página en Internet ni diga que fue el único candidato porque ningún país de la región está interesado en participar en un foro donde le estaría reservado el papel de comparsa de alguno de los poderosos o cualquier intento de argumentar a favor de la justicia o el derecho le significaría costosas represalias de la potencia concernida, generalmente, Estados Unidos.
Lo que sí tendría que explicar la cancillería es para qué. Qué poderosas razones la llevaron a tan singular actitud. Dice la cancillería que “la decisión de participar nuevamente en el Consejo de Seguridad constituye la oportunidad de dar una expresión dinámica a la política de principios que México ha mantenido a lo largo de la historia”. Probablemente eso quiere decir que se pretenden aplicar los principios de la política exterior mexicana. Pero, ¿en el Consejo de Seguridad? Olvida la cancillería que los principios enunciados en el párrafo X del artículo 89 constitucional son enunciados doctrinarios a ser observados por México en sus relaciones internacionales y no disposiciones mexicanas para cumplimiento de las potencias extranjeras.
En este momento los promotores transexesenales de la candidatura mexicana ruegan por que el conflicto entre los gobiernos progresistas de Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela con Estados Unidos no pase a un nivel más alto y se resuelva antes de que México tenga que votar, en la OEA o en el Consejo de Seguridad. Aun si así fuera, todo hace prever que habrá más casos semejantes en los próximos dos años.
No se trata de algo nuevo. México sabe perfectamente lo que tiene que hacer desde su primera experiencia al respecto, cuando participó por virtud de un sorteo, como miembro del Consejo en 1946. Aún no se iniciaba la guerra fría. Nuestro representante, el embajador Luis Padilla Nervo, recomendó fría, explícita y razonadamente que México no se involucrara en los trabajos de ese foro.
Es interesante hacer notar que de las dos veces siguientes en que México ha participado en el Consejo, en ninguna tuvo una razón propia para aceptar esa responsabilidad, en ninguna obtuvo ningún beneficio ni alcanzó ninguna meta propia de política exterior.
Lo que sí ha ocurrido es que durante los 58 años que no formamos parte del Consejo, México nunca se quedó callado cuando tenía algo que decir. “En efecto, en más de cien ocasiones y cuando así convenía a los intereses de México, cuando así lo decidía independientemente y sin presiones México, participó en los debates del Consejo para dejar constancia de nuestra posición”.*
En esta cuarta ocasión ha habido una verdadera maquinación en la que los cancilleres involucrados no tomaron parte: la iniciativa se tomó en el sexenio anterior, cuando el canciller era absolutamente incapaz de comprender el asunto; ya en el sexenio actual la canciller se lavó las manos y pasó la cuestión a su jefe, quien no entiende ni jota del tema. ¿Quién decidió entonces? Decidieron funcionarios de segundo y tercer nivel que aspiran a figurar, a codearse con los grandes, a poner en sus escritorios su foto con el rótulo de “México”. En medio de la lucha por la democracia, por la justicia y contra la corrupción, mientras el pueblo se debate en la defensa del patrimonio petrolero, tenemos aún que enfrentar la desproporcionada frivolidad de los funcionarios.
La política exterior es uno de los campos de expresión naturales de la razón de Estado. Tiene que inspirarse en los caros anhelos nacionales, orientarse a los grandes objetivos del Estado y dirigirse directamente a los más importantes intereses de la nación. Mal será servida la nación si la política exterior se convierte en instrumento de muy improbables lucimientos personales o, peor aún, en escala para alcanzar los altos rangos de la burocracia internacional.
* Manuel Tello. “Memorando sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad”, en Por sobre todas las cosas México.
México, SRE, Colección Historia Oral, 2007.
15 de septiembre en México y Chile
Gonzalo Martínez Corbalá
Este 15 de septiembre está resultando ser de excepcional importancia en la historia reciente de Chile, y en la trayectoria para el futuro próximo de nuestra propia patria. En el país andino la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973 dio inicio el golpe de Estado que terminó sangrientamente, con visos de tragedia griega, en el Palacio de La Moneda, cuando a las 12 del día fue bombardeado por los Hawker Hunter, que pasaban encima del cerro San Cristóbal para desde ahí clavarse en La Moneda, descargando sus cohetes con tal precisión que incendiaron el palacio y todas sus instalaciones por dentro, sin tocar la fachada, que de todas maneras tuvo que ser reconstruida tras el tableteo de ametralladoras de las tropas de asedio. Salvador Allende ahí quedó con su AK-47, escribiendo sobre su escritorio las últimas palabras que dieron la vuelta al mundo.
De ahí, el presidente mártir pasó con toda serenidad a la sala adjunta, conocida ahora como el Salón Blanco, que ha sido completamente remodelado, al igual que el resto de los aposentos que estaban al servicio de la presidencia, y que fueron reinaugurados en el acto de conmemoración que encabezó la presidenta Michelle Bachelet, acompañada de Isabel Allende, Carmen Paz y una de las hijas, develando además un extraordinario retrato del doctor Allende, el cual fue colocado precisamente atrás del escritorio donde escribió con ejemplar coraje y lucidez singular momentos antes de jalar el disparador del AK 47, sujetado con las piernas y apuntado a la cabeza.
Así se cerró el primer dramático capítulo de Estado y dio inicio una nueva etapa para quienes éramos los responsables en la embajada de México en Chile: hacer valer documentos básicos como el Tratado Internacional del Asilo de Caracas de 1954, cuya fecha ya habla de la obsolescencia de las 17 páginas que lo integran cuando de defender la libertad y la vida de los perseguidos políticos se trata, según lo señala en los primeros párrafos.
Primero fue el ominoso silencio en el que retumbaban en nuestra cabeza los recuerdos de los bandos militares emitidos por la única estación de radio que transmitía durante los primeros días la Junta Militar, constituida por los jefes del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Marina. Más tarde habría de integrarse a la Junta, el general comandante de los Carabineros, quien habría de terminar su propia historia en la cárcel por la complicidad demostrada en los asesinatos del general Carlos Pratts, del embajador de Chile en Washington, Orlando Letelier, y su secretaria.
En las primeras horas del golpe de Estado tuvimos asilados chilenos, brasileños y peruanos, incluyendo algunos jóvenes mexicanos, quienes por su propio derecho reclamaban la protección de su embajada, en número de aproximadamente 350 en la cancillería, que estaba ubicada en la avenida que bordeaba el río Mapocho y Providencia, donde se ubicaban el comercio y los centros de reunión más concurridos por la juventud chilena.
En los momentos de ominoso silencio que siguieron al bombardeo de La Moneda, era obligado tratar de contestarnos una pregunta que estaba presente en todas las conversaciones: ¿Y el presidente Allende, qué pasó con él? ¿Dónde están Tencha, Isabel, Carmen Paz, Marcia y Gonzalo Meza?
Pronto empezamos a saberlo por boca de quienes se asilaron en la residencia de la embajada, como el doctor Óscar (Cacho) Soto, médico personal del presidente, quien nos relató con todo detalle lo sucedido. Allende había muerto, la familia se había dispersado y buscaba refugio. Tencha estaba muy cerca del hotel Sheraton, en la casa de Felipe Herrera, importante funcionario de la CEPAL. Tuvimos que ir por Isabel, Carmen Paz y sus hijos a algunas casas particulares, cuyas señas nos dio telefónicamente Isabel, cuya voz reconocimos de inmediato sin que fuera necesario decir el nombre.
Esa semana, llena de incertidumbres y de emotivas consideraciones y, por supuesto, de trabajo, de mucho trabajo, terminó precisamente el sábado 15 de septiembre. Después de enojosos incidentes y de sortear peligrosas situaciones, nos vimos obligados a exigir en los términos que marca estrictamente el Tratado de Asilo de Caracas una entrevista con el canciller del gobierno de facto, Ismael Huerta, ya instalado y en funciones, para obtener precisamente hasta ese día los salvoconductos que estaban obligados a extendernos según determina el Tratado y que faculta al gobierno asilante a calificar y otorgar los asilos solicitados y que impide al gobierno territorial que haga desde allí, para poder brindar con mayor efectividad la protección de la libertad y de la vida de los perseguidos políticos. No fue fácil obtenerlos, a pesar de la claridad con la que está expuesto este punto en el mencionado Tratado de Asilo, pero se logró.
Salimos hacia Pudahuel en tres autobuses, escoltados –¿protegidos?– por los Carabineros, entre tiroteos de los militares con los francotiradores y detenidos en múltiples ocasiones por retenes que bloqueaban el camino. Finalmente, estábamos ya en las instalaciones de Pudahuel acompañados de varios embajadores amigos, como eran los de Suecia, Israel, India, Francia y Unión Soviética, y despegamos, ya con los asilados, la familia Allende y algunos distinguidos mexicanos que se encontraban en Santiago para asistir a alguna reunión de la CEPAL, como don Antonio Carrillo Flores y David Ibarra.
Fuimos obligados a hacer una escala en Antofagasta, y después de obtener ahí el agua y combustible necesarios, volvimos a despegar navegando muy pronto en el espacio aéreo peruano. Eran las 11 de la noche del 15 de septiembre en México y con una pequeña bandera de la tripulación dimos el tradicional Grito de Independencia.
Estamos hablando de hechos concretos ya sucedidos en un país hermano del Cono Sur de América Latina. No se trata de especulaciones ni de fantasías; por el contrario, las limitaciones del espacio periodístico nos impiden dar mayores detalles en cuanto al trato completamente inapropiado, para decirlo de algún modo, que recibieron los asilados bajo nuestra protección por parte del gobierno de facto golpista, hechos todos ellos que conviene recordar ahora mismo en este aniversario de la Independencia de México, ya próximo a celebrar el segundo centenario.
Este 15 de septiembre está resultando ser de excepcional importancia en la historia reciente de Chile, y en la trayectoria para el futuro próximo de nuestra propia patria. En el país andino la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973 dio inicio el golpe de Estado que terminó sangrientamente, con visos de tragedia griega, en el Palacio de La Moneda, cuando a las 12 del día fue bombardeado por los Hawker Hunter, que pasaban encima del cerro San Cristóbal para desde ahí clavarse en La Moneda, descargando sus cohetes con tal precisión que incendiaron el palacio y todas sus instalaciones por dentro, sin tocar la fachada, que de todas maneras tuvo que ser reconstruida tras el tableteo de ametralladoras de las tropas de asedio. Salvador Allende ahí quedó con su AK-47, escribiendo sobre su escritorio las últimas palabras que dieron la vuelta al mundo.
De ahí, el presidente mártir pasó con toda serenidad a la sala adjunta, conocida ahora como el Salón Blanco, que ha sido completamente remodelado, al igual que el resto de los aposentos que estaban al servicio de la presidencia, y que fueron reinaugurados en el acto de conmemoración que encabezó la presidenta Michelle Bachelet, acompañada de Isabel Allende, Carmen Paz y una de las hijas, develando además un extraordinario retrato del doctor Allende, el cual fue colocado precisamente atrás del escritorio donde escribió con ejemplar coraje y lucidez singular momentos antes de jalar el disparador del AK 47, sujetado con las piernas y apuntado a la cabeza.
Así se cerró el primer dramático capítulo de Estado y dio inicio una nueva etapa para quienes éramos los responsables en la embajada de México en Chile: hacer valer documentos básicos como el Tratado Internacional del Asilo de Caracas de 1954, cuya fecha ya habla de la obsolescencia de las 17 páginas que lo integran cuando de defender la libertad y la vida de los perseguidos políticos se trata, según lo señala en los primeros párrafos.
Primero fue el ominoso silencio en el que retumbaban en nuestra cabeza los recuerdos de los bandos militares emitidos por la única estación de radio que transmitía durante los primeros días la Junta Militar, constituida por los jefes del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Marina. Más tarde habría de integrarse a la Junta, el general comandante de los Carabineros, quien habría de terminar su propia historia en la cárcel por la complicidad demostrada en los asesinatos del general Carlos Pratts, del embajador de Chile en Washington, Orlando Letelier, y su secretaria.
En las primeras horas del golpe de Estado tuvimos asilados chilenos, brasileños y peruanos, incluyendo algunos jóvenes mexicanos, quienes por su propio derecho reclamaban la protección de su embajada, en número de aproximadamente 350 en la cancillería, que estaba ubicada en la avenida que bordeaba el río Mapocho y Providencia, donde se ubicaban el comercio y los centros de reunión más concurridos por la juventud chilena.
En los momentos de ominoso silencio que siguieron al bombardeo de La Moneda, era obligado tratar de contestarnos una pregunta que estaba presente en todas las conversaciones: ¿Y el presidente Allende, qué pasó con él? ¿Dónde están Tencha, Isabel, Carmen Paz, Marcia y Gonzalo Meza?
Pronto empezamos a saberlo por boca de quienes se asilaron en la residencia de la embajada, como el doctor Óscar (Cacho) Soto, médico personal del presidente, quien nos relató con todo detalle lo sucedido. Allende había muerto, la familia se había dispersado y buscaba refugio. Tencha estaba muy cerca del hotel Sheraton, en la casa de Felipe Herrera, importante funcionario de la CEPAL. Tuvimos que ir por Isabel, Carmen Paz y sus hijos a algunas casas particulares, cuyas señas nos dio telefónicamente Isabel, cuya voz reconocimos de inmediato sin que fuera necesario decir el nombre.
Esa semana, llena de incertidumbres y de emotivas consideraciones y, por supuesto, de trabajo, de mucho trabajo, terminó precisamente el sábado 15 de septiembre. Después de enojosos incidentes y de sortear peligrosas situaciones, nos vimos obligados a exigir en los términos que marca estrictamente el Tratado de Asilo de Caracas una entrevista con el canciller del gobierno de facto, Ismael Huerta, ya instalado y en funciones, para obtener precisamente hasta ese día los salvoconductos que estaban obligados a extendernos según determina el Tratado y que faculta al gobierno asilante a calificar y otorgar los asilos solicitados y que impide al gobierno territorial que haga desde allí, para poder brindar con mayor efectividad la protección de la libertad y de la vida de los perseguidos políticos. No fue fácil obtenerlos, a pesar de la claridad con la que está expuesto este punto en el mencionado Tratado de Asilo, pero se logró.
Salimos hacia Pudahuel en tres autobuses, escoltados –¿protegidos?– por los Carabineros, entre tiroteos de los militares con los francotiradores y detenidos en múltiples ocasiones por retenes que bloqueaban el camino. Finalmente, estábamos ya en las instalaciones de Pudahuel acompañados de varios embajadores amigos, como eran los de Suecia, Israel, India, Francia y Unión Soviética, y despegamos, ya con los asilados, la familia Allende y algunos distinguidos mexicanos que se encontraban en Santiago para asistir a alguna reunión de la CEPAL, como don Antonio Carrillo Flores y David Ibarra.
Fuimos obligados a hacer una escala en Antofagasta, y después de obtener ahí el agua y combustible necesarios, volvimos a despegar navegando muy pronto en el espacio aéreo peruano. Eran las 11 de la noche del 15 de septiembre en México y con una pequeña bandera de la tripulación dimos el tradicional Grito de Independencia.
Estamos hablando de hechos concretos ya sucedidos en un país hermano del Cono Sur de América Latina. No se trata de especulaciones ni de fantasías; por el contrario, las limitaciones del espacio periodístico nos impiden dar mayores detalles en cuanto al trato completamente inapropiado, para decirlo de algún modo, que recibieron los asilados bajo nuestra protección por parte del gobierno de facto golpista, hechos todos ellos que conviene recordar ahora mismo en este aniversario de la Independencia de México, ya próximo a celebrar el segundo centenario.
Banqueros en guerra contra usuarios
Carlos Fernández-Vega
Allá por julio de 1993 una noticia conmocionó a la Sociedad Protectora de Animales, y provocó la risa nerviosa de millones de mexicanos quienes, con el agua hasta el cuello, no podían pagar sus tarjetas de crédito: la banca recién reprivatizada para “democratizar el capital” (Salinas dixit) desató una feroz campaña judicial en contra de la clientela que, por placer o capricho, dejó de pagar. Como no obtuvo la respuesta deseada, procedió a los embargos indiscriminados.
Resulta que la voracidad sin límite de los neobanqueros (mayoritariamente especuladores bursátiles, amigos de Salinas) produjo acciones increíbles en los “tiempos modernos” (ídem) que vivía el país. Por ejemplo, Banamex (por aquellos años con Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú a la cabeza) decidió actuar judicialmente en contra de una ex empleada, que vivía en Hermosillo, Sonora, porque reportaba un adeudo vencido de 2 mil 500 viejos pesos (2.50 de los nuevos) en su tarjeta de crédito. Como la deudora no tenía mayor riqueza, la institución bancaria le embargó dos perros –Chavalo y Zenny–, con la autorización de la juez cuarta civil de esa localidad, Sabina Imelda Fuentes, quien giró la orden respectiva, toda vez que calificó a los canes (uno ciego y el otro cojo) como “bienes muebles” afectables para garantizar el pago. A partir de allí, se quedaron con casas, negocios, vehículos, terrenos, etcétera, etcétera, en su afán de recuperar hasta el último centavo, no del monto otorgado, sino de los intereses de agio que, con la complicidad gubernamental, cobraban a sus tarjetahabientes.
Después de eso, la historia es conocida: tarjetas de crédito que los bancos “regalaban” como pan caliente, intereses de agio, comisiones abundantes y crecientes, utilidades sin limite, vertiginoso crecimiento de la cartera vencida, plásticos impagables, bancos pobres, banqueros ofensivamente ricos, crack bancario, Fobaproa, extranjerización y todo lo demás que los mexicanos conocen y padecen cotidianamente cuando se ven en la penosa necesidad de recurrir a un banco.
Quince años después de aquel inaudito embargo (¿qué habrá sido de Chavalo y Zenny?), la mesa de nueva cuenta está servida. De tiempo atrás, crecen las advertencias sobre el explosivo avance de la cartera vencida (fundamentalmente la de créditos al consumo) de la banca que opera en el país, y nadie metió las manos. De hecho, como en 1994 a dos minutos del estallido de la crisis, banqueros y autoridades financieras repiten el estribillo de que el problema “no es tan malo como parece” (Guillermo Ortiz dixit, noviembre de aquel año).
Pues bien, como el problema “no es tan malo como parece”, es necesario subrayar que la cartera vencida ya supera los 51 mil millones de pesos, y que en el caso de los créditos al consumo el incremento en sólo 20 meses ha sido de 350 por ciento, hasta llevarla al filo de los 27 mil millones. En el primer semestre de 2008 dicho aumento fue de de 97.12 por ciento, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En consecuencia, dicen ahora los banqueros, “vamos tras los deudores de tarjetas; embargaremos a los morosos; reactivaremos la estrategia de recurrir a las demandas por la vía judicial; lamentamos no haber adoptado medidas restrictivas; nos sentimos intranquilos, por eso limitamos el crédito, y crearemos programas para usuarios de plásticos que incumplen en los pagos” (La Jornada, Roberto González Amador), o lo que es lo mismo, el mismo numerito de 15 años atrás, sin que ello los obligara –antes como ahora– a reconsiderar el descarado asalto que para su clientela significan los intereses cobrados. ¿Tendrá el gobierno la amabilidad de “rescatar” de nueva cuenta a los banqueros voraces? ¿Una vez más los mexicanos lo aceptarán sin chistar? ¿Se repite la “ausencia” de las autoridades financieras?
En esos 20 meses, que coinciden con la “continuidad”, el crecimiento de la cartera vencida al consumo ha sido espectacular: 350 por ciento, en un periodo en el que los bancos que operan en el país han impreso y distribuido millones de tarjetas de crédito adicionales sin tomarse la molestia de certificar si el receptor tiene perros con qué responder. Con todo, lo anterior no se explicaría cabalmente si no se mezclan tres elementos explosivos: el decreciente ingreso de la mayoría de los tarjetahabientes; el feroz aumento de las tasas de interés y cobros conexos, en plena ausencia de la autoridad financiera, e inflación al alza.
En este contexto hay que subrayar que en esos mismos 20 meses se duplicaron las tasas y cobros que aplica la banca a sus tarjetahabientes. Por ejemplo, la tarjeta clásica de Banamex-Citigroup reportó un CAT de 39.12 por ciento en diciembre de 2006; 20 meses después, en agosto de 2008, se fijó en 70 por ciento, o lo que es lo mismo un avance de 31 puntos porcentuales, a razón promedio mensual de 1.55, con una inflación reconocida de 7 por ciento; la clásica de Bancomer-BBVA en igual lapso pasó de 38.46 a 79 por ciento (11.3 tantos la inflación reconocida), un crecimiento de casi 41 puntos porcentuales o 2.05 puntos mensuales como promedio.
Las dos anteriores son las tarjetas de crédito de mayor circulación en México, pero la práctica es pareja en todos los bancos emisores. Así, el CAT del plástico de HSBC pasó de 34.99 por ciento en diciembre de 2006 a 71.11 por ciento en agosto de 2008, un incremento de 36.12 puntos porcentuales en el periodo. El de Santander pasó de 40.54 a 82.5 (un avance cercano a 42 puntos porcentuales) y el Scotia de 24.48 a casi 60 por ciento (alrededor de 35 puntos porcentuales). American Express, que expide sus plásticos sin ser banco, aumentó de 37.46 a 73.65 por ciento, un modesto avance de 36.19 puntos porcentuales.
Si a lo anterior se suman salarios congelados e inflación creciente, el resultado es explosivo, por mucho que el gobierno no quiera tocar a la banca trasnacional ni con el pétalo de una rosa. Igual hizo Salinas con su “banca moderna”, y el resultado lo seguimos padeciendo. La autoridad (así le llaman) no puede seguir fingiendo demencia. De 2001 a 2006 la cartera vencida por créditos al consumo creció 300 por ciento; en 20 meses de “continuidad” se incrementó 350 por ciento. Y la situación es tan sencilla como lo siguiente: el país no aguanta otro Fobaproa, y los mexicanos, menos.
Las rebanadas del pastel
Como el panorama descrito los apanica (Fox dixit), creen haber encontrado la solución perfecta: como no pueden cambiar la circunstancia del país, entonces le cambiarán el nombre al país, y asunto resuelto… Por cierto, felices fiestas patrias.
Allá por julio de 1993 una noticia conmocionó a la Sociedad Protectora de Animales, y provocó la risa nerviosa de millones de mexicanos quienes, con el agua hasta el cuello, no podían pagar sus tarjetas de crédito: la banca recién reprivatizada para “democratizar el capital” (Salinas dixit) desató una feroz campaña judicial en contra de la clientela que, por placer o capricho, dejó de pagar. Como no obtuvo la respuesta deseada, procedió a los embargos indiscriminados.
Resulta que la voracidad sin límite de los neobanqueros (mayoritariamente especuladores bursátiles, amigos de Salinas) produjo acciones increíbles en los “tiempos modernos” (ídem) que vivía el país. Por ejemplo, Banamex (por aquellos años con Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú a la cabeza) decidió actuar judicialmente en contra de una ex empleada, que vivía en Hermosillo, Sonora, porque reportaba un adeudo vencido de 2 mil 500 viejos pesos (2.50 de los nuevos) en su tarjeta de crédito. Como la deudora no tenía mayor riqueza, la institución bancaria le embargó dos perros –Chavalo y Zenny–, con la autorización de la juez cuarta civil de esa localidad, Sabina Imelda Fuentes, quien giró la orden respectiva, toda vez que calificó a los canes (uno ciego y el otro cojo) como “bienes muebles” afectables para garantizar el pago. A partir de allí, se quedaron con casas, negocios, vehículos, terrenos, etcétera, etcétera, en su afán de recuperar hasta el último centavo, no del monto otorgado, sino de los intereses de agio que, con la complicidad gubernamental, cobraban a sus tarjetahabientes.
Después de eso, la historia es conocida: tarjetas de crédito que los bancos “regalaban” como pan caliente, intereses de agio, comisiones abundantes y crecientes, utilidades sin limite, vertiginoso crecimiento de la cartera vencida, plásticos impagables, bancos pobres, banqueros ofensivamente ricos, crack bancario, Fobaproa, extranjerización y todo lo demás que los mexicanos conocen y padecen cotidianamente cuando se ven en la penosa necesidad de recurrir a un banco.
Quince años después de aquel inaudito embargo (¿qué habrá sido de Chavalo y Zenny?), la mesa de nueva cuenta está servida. De tiempo atrás, crecen las advertencias sobre el explosivo avance de la cartera vencida (fundamentalmente la de créditos al consumo) de la banca que opera en el país, y nadie metió las manos. De hecho, como en 1994 a dos minutos del estallido de la crisis, banqueros y autoridades financieras repiten el estribillo de que el problema “no es tan malo como parece” (Guillermo Ortiz dixit, noviembre de aquel año).
Pues bien, como el problema “no es tan malo como parece”, es necesario subrayar que la cartera vencida ya supera los 51 mil millones de pesos, y que en el caso de los créditos al consumo el incremento en sólo 20 meses ha sido de 350 por ciento, hasta llevarla al filo de los 27 mil millones. En el primer semestre de 2008 dicho aumento fue de de 97.12 por ciento, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En consecuencia, dicen ahora los banqueros, “vamos tras los deudores de tarjetas; embargaremos a los morosos; reactivaremos la estrategia de recurrir a las demandas por la vía judicial; lamentamos no haber adoptado medidas restrictivas; nos sentimos intranquilos, por eso limitamos el crédito, y crearemos programas para usuarios de plásticos que incumplen en los pagos” (La Jornada, Roberto González Amador), o lo que es lo mismo, el mismo numerito de 15 años atrás, sin que ello los obligara –antes como ahora– a reconsiderar el descarado asalto que para su clientela significan los intereses cobrados. ¿Tendrá el gobierno la amabilidad de “rescatar” de nueva cuenta a los banqueros voraces? ¿Una vez más los mexicanos lo aceptarán sin chistar? ¿Se repite la “ausencia” de las autoridades financieras?
En esos 20 meses, que coinciden con la “continuidad”, el crecimiento de la cartera vencida al consumo ha sido espectacular: 350 por ciento, en un periodo en el que los bancos que operan en el país han impreso y distribuido millones de tarjetas de crédito adicionales sin tomarse la molestia de certificar si el receptor tiene perros con qué responder. Con todo, lo anterior no se explicaría cabalmente si no se mezclan tres elementos explosivos: el decreciente ingreso de la mayoría de los tarjetahabientes; el feroz aumento de las tasas de interés y cobros conexos, en plena ausencia de la autoridad financiera, e inflación al alza.
En este contexto hay que subrayar que en esos mismos 20 meses se duplicaron las tasas y cobros que aplica la banca a sus tarjetahabientes. Por ejemplo, la tarjeta clásica de Banamex-Citigroup reportó un CAT de 39.12 por ciento en diciembre de 2006; 20 meses después, en agosto de 2008, se fijó en 70 por ciento, o lo que es lo mismo un avance de 31 puntos porcentuales, a razón promedio mensual de 1.55, con una inflación reconocida de 7 por ciento; la clásica de Bancomer-BBVA en igual lapso pasó de 38.46 a 79 por ciento (11.3 tantos la inflación reconocida), un crecimiento de casi 41 puntos porcentuales o 2.05 puntos mensuales como promedio.
Las dos anteriores son las tarjetas de crédito de mayor circulación en México, pero la práctica es pareja en todos los bancos emisores. Así, el CAT del plástico de HSBC pasó de 34.99 por ciento en diciembre de 2006 a 71.11 por ciento en agosto de 2008, un incremento de 36.12 puntos porcentuales en el periodo. El de Santander pasó de 40.54 a 82.5 (un avance cercano a 42 puntos porcentuales) y el Scotia de 24.48 a casi 60 por ciento (alrededor de 35 puntos porcentuales). American Express, que expide sus plásticos sin ser banco, aumentó de 37.46 a 73.65 por ciento, un modesto avance de 36.19 puntos porcentuales.
Si a lo anterior se suman salarios congelados e inflación creciente, el resultado es explosivo, por mucho que el gobierno no quiera tocar a la banca trasnacional ni con el pétalo de una rosa. Igual hizo Salinas con su “banca moderna”, y el resultado lo seguimos padeciendo. La autoridad (así le llaman) no puede seguir fingiendo demencia. De 2001 a 2006 la cartera vencida por créditos al consumo creció 300 por ciento; en 20 meses de “continuidad” se incrementó 350 por ciento. Y la situación es tan sencilla como lo siguiente: el país no aguanta otro Fobaproa, y los mexicanos, menos.
Las rebanadas del pastel
Como el panorama descrito los apanica (Fox dixit), creen haber encontrado la solución perfecta: como no pueden cambiar la circunstancia del país, entonces le cambiarán el nombre al país, y asunto resuelto… Por cierto, felices fiestas patrias.
Un Grito independiente en paz
Julio Hernández López
No a las provocaciones
Historial sin violencia
Nunca se ha producido un acto violento en el contexto de las manifestaciones públicas de quienes se han opuesto al fraude electoral de 2006 y a la privatización del petróleo en el presente año (el episodio de las protestas en la Catedral Metropolitana, luego de la provocación a campanazos, fue magnificado por varios medios de comunicación e incluso por el cardenal Norberto Rivera, que ofició el milagro de convertir el golpe dado por su vehículo a una de sus impugnadoras en un presunto atentado criminal que le permitió levantar actas judiciales persecutorias y hacerse de un batallón de policías vigilantes que están en vías de canonización por el martirio de no tener casi nada qué hacer en el recinto religioso amenazado solamente de hundimientos). Ni un solo acto de dureza o atropello físicos, a pesar de la violencia discursiva, mediática y política que se ha ejercido contra ese movimiento, en especial contra Andrés Manuel López Obrador.
Esa capacidad de contención –que mucho deberían valorar los mismos que se desgañitan acusando a ese movimiento de albergar ánimos golpistas o de provocar desestabilización– proviene de la convicción clara que tienen los participantes de que les asiste una razón justa y trascendente, que no puede permitirse descontroles o desahogos que sean usados por los adversa- rios para “demostrar” presuntos peligros justificantes de represiones. En realidad, las armas de la resistencia al fraude electoral y a la privatización petrolera han sido inequívocamente pacíficas: plantones –como el de Reforma-Zócalo, que fue una forma de protesta notablemente menor en relación con el despojo recibido–, marchas, manifestaciones y discursos y, en el contexto del necesario tono mayor que se requería para impedir el madruguete legislativo que meses atrás pretendía aprobar el nuevo esquema de saqueo de Pemex, las expresiones de desobediencia civil que los mismos panistas, hoy en el poder, practicaron y justificaron en años anteriores, cuando eran oposición.
No hay, por tanto, nada desde el flanco del movimiento de resistencia, que pueda alentar esta noche, en el Zócalo capitalino, desbordamientos o enfrentamientos. La mejor confirmación de la fuerza moral y organizativa de este movimiento será el cumplimiento de la ceremonia independiente de conmemoración del bicentenario de la Independencia nacional, en un lapso determinado, y el inmediato desalojo pacífico, en orden y sin responder a provocaciones, de esa plaza para que una hora después se desarrolle el esquema de celebración oficial.
La tentación de las provocaciones estará presente, desde luego. Un año atrás, en el Grito de los Libres que dio doña Rosario Ibarra de Piedra, se pudo sentir la presencia amenazante de grupos de militares vestidos de civil, que cual si fueran oleadas naturales de asistentes sin doble intención se rozaban, empujaban o miraban con aires amenazantes a quienes participaban en aquella ceremonia independiente que terminó de manera peligrosamente desorganizada. Y el famoso duelo de aparatos de sonido que en su violencia acústica parecía presagiar la física. En esta ocasión los tiempos están claros y una intermediación realizada por el gobierno capitalino ofrece la posibilidad de que haya respeto procesal y logístico tanto de las fuerzas calderonistas hacia el Grito ciudadano como del movimiento encabezado por López Obrador hacia el formato de la ceremonia oficial. No faltarán, desde luego, en el ámbito de los genios del derrumbe nacional, quienes crean adecuado el momento para montar alguna provocación que permita distraer la atención mientras tratan de consumar el golpe petrolero. Y ni siquiera es necesario que el ocupante de Los Pinos delinee y autorice una acción de guerra sucia, pues tanta es la pérdida de control político del Grupo de la Bicicleta Resbaladiza que muchos otros factores de poder pueden desatar crisis a su conveniencia. Por todo ello es necesario multiplicar las precauciones y evitar a toda costa caer en provocaciones. Así es que hoy, al Grito con López Obrador, en defensa de la patria en riesgo, en una ceremonia cívica independiente y necesaria, en la que las palabras tendrán distinto significado, a partir de quien las pronuncie: ¡Vivan México y su Independencia!
Astillas
Aun cuando la violencia ejercida por los porros la semana pasada en Ciudad Universitaria pareciera generalizada y al azar, ese nuevo asomo de agresividad tolerada e inducida, que se produjo con el pretexto de la “quema del burro” previa al luego cancelado encuentro de futbol americano entre la UNAM y el Poli, golpeó, como si llevara dedicatoria, a escuelas y grupos estudiantiles con un grado de politización y activismo que les hace molestos a las autoridades federales, capitalinas y universitarias. Mario Aristegui (www.lacoctelera.com/lanadayyo) reportó: “A mí me tocó la trifulca en la Facultad de Filosofía y Letras. Los porros se subieron a la azotea, y de ahí estaban aventando petardos, también saquearon los puestos que hay frente a la facultad y hostigaron y se liaron a golpes con la gente que estaba fuera del auditorio Che Guevara. Todo esto se da con la mascarada del ‘clásico’. Pero en realidad es una represalia del gobierno a la UNAM, que está firmemente criminalizada y considerada ‘casa de guerrilleros’ por los medios masivos de idiotización... (recuerda el caso de Lucía Morett y otros) También fue una represalia porque en el Che se dio asilo a los maestros de Morelos que vinieron a protestar contra el agravio a la nación que es el Acuerdo por la Calidad de la Educación y el cierre de normales”… Los abogados que ayudan a los familiares de los muertos de Pasta de Conchos han sido amenazados y el vehículo de una de ellos, Cristina Auerbach, fue manipulado en los neumáticos con la intención de que sufriera “un accidente”… Y, mientras cada día crece el número de asesinados y la crueldad de las ejecuciones, ¡hasta el próximo miércoles, con los preparativos del 2 de octubre en curso!
No a las provocaciones
Historial sin violencia
Nunca se ha producido un acto violento en el contexto de las manifestaciones públicas de quienes se han opuesto al fraude electoral de 2006 y a la privatización del petróleo en el presente año (el episodio de las protestas en la Catedral Metropolitana, luego de la provocación a campanazos, fue magnificado por varios medios de comunicación e incluso por el cardenal Norberto Rivera, que ofició el milagro de convertir el golpe dado por su vehículo a una de sus impugnadoras en un presunto atentado criminal que le permitió levantar actas judiciales persecutorias y hacerse de un batallón de policías vigilantes que están en vías de canonización por el martirio de no tener casi nada qué hacer en el recinto religioso amenazado solamente de hundimientos). Ni un solo acto de dureza o atropello físicos, a pesar de la violencia discursiva, mediática y política que se ha ejercido contra ese movimiento, en especial contra Andrés Manuel López Obrador.
Esa capacidad de contención –que mucho deberían valorar los mismos que se desgañitan acusando a ese movimiento de albergar ánimos golpistas o de provocar desestabilización– proviene de la convicción clara que tienen los participantes de que les asiste una razón justa y trascendente, que no puede permitirse descontroles o desahogos que sean usados por los adversa- rios para “demostrar” presuntos peligros justificantes de represiones. En realidad, las armas de la resistencia al fraude electoral y a la privatización petrolera han sido inequívocamente pacíficas: plantones –como el de Reforma-Zócalo, que fue una forma de protesta notablemente menor en relación con el despojo recibido–, marchas, manifestaciones y discursos y, en el contexto del necesario tono mayor que se requería para impedir el madruguete legislativo que meses atrás pretendía aprobar el nuevo esquema de saqueo de Pemex, las expresiones de desobediencia civil que los mismos panistas, hoy en el poder, practicaron y justificaron en años anteriores, cuando eran oposición.
No hay, por tanto, nada desde el flanco del movimiento de resistencia, que pueda alentar esta noche, en el Zócalo capitalino, desbordamientos o enfrentamientos. La mejor confirmación de la fuerza moral y organizativa de este movimiento será el cumplimiento de la ceremonia independiente de conmemoración del bicentenario de la Independencia nacional, en un lapso determinado, y el inmediato desalojo pacífico, en orden y sin responder a provocaciones, de esa plaza para que una hora después se desarrolle el esquema de celebración oficial.
La tentación de las provocaciones estará presente, desde luego. Un año atrás, en el Grito de los Libres que dio doña Rosario Ibarra de Piedra, se pudo sentir la presencia amenazante de grupos de militares vestidos de civil, que cual si fueran oleadas naturales de asistentes sin doble intención se rozaban, empujaban o miraban con aires amenazantes a quienes participaban en aquella ceremonia independiente que terminó de manera peligrosamente desorganizada. Y el famoso duelo de aparatos de sonido que en su violencia acústica parecía presagiar la física. En esta ocasión los tiempos están claros y una intermediación realizada por el gobierno capitalino ofrece la posibilidad de que haya respeto procesal y logístico tanto de las fuerzas calderonistas hacia el Grito ciudadano como del movimiento encabezado por López Obrador hacia el formato de la ceremonia oficial. No faltarán, desde luego, en el ámbito de los genios del derrumbe nacional, quienes crean adecuado el momento para montar alguna provocación que permita distraer la atención mientras tratan de consumar el golpe petrolero. Y ni siquiera es necesario que el ocupante de Los Pinos delinee y autorice una acción de guerra sucia, pues tanta es la pérdida de control político del Grupo de la Bicicleta Resbaladiza que muchos otros factores de poder pueden desatar crisis a su conveniencia. Por todo ello es necesario multiplicar las precauciones y evitar a toda costa caer en provocaciones. Así es que hoy, al Grito con López Obrador, en defensa de la patria en riesgo, en una ceremonia cívica independiente y necesaria, en la que las palabras tendrán distinto significado, a partir de quien las pronuncie: ¡Vivan México y su Independencia!
Astillas
Aun cuando la violencia ejercida por los porros la semana pasada en Ciudad Universitaria pareciera generalizada y al azar, ese nuevo asomo de agresividad tolerada e inducida, que se produjo con el pretexto de la “quema del burro” previa al luego cancelado encuentro de futbol americano entre la UNAM y el Poli, golpeó, como si llevara dedicatoria, a escuelas y grupos estudiantiles con un grado de politización y activismo que les hace molestos a las autoridades federales, capitalinas y universitarias. Mario Aristegui (www.lacoctelera.com/lanadayyo) reportó: “A mí me tocó la trifulca en la Facultad de Filosofía y Letras. Los porros se subieron a la azotea, y de ahí estaban aventando petardos, también saquearon los puestos que hay frente a la facultad y hostigaron y se liaron a golpes con la gente que estaba fuera del auditorio Che Guevara. Todo esto se da con la mascarada del ‘clásico’. Pero en realidad es una represalia del gobierno a la UNAM, que está firmemente criminalizada y considerada ‘casa de guerrilleros’ por los medios masivos de idiotización... (recuerda el caso de Lucía Morett y otros) También fue una represalia porque en el Che se dio asilo a los maestros de Morelos que vinieron a protestar contra el agravio a la nación que es el Acuerdo por la Calidad de la Educación y el cierre de normales”… Los abogados que ayudan a los familiares de los muertos de Pasta de Conchos han sido amenazados y el vehículo de una de ellos, Cristina Auerbach, fue manipulado en los neumáticos con la intención de que sufriera “un accidente”… Y, mientras cada día crece el número de asesinados y la crueldad de las ejecuciones, ¡hasta el próximo miércoles, con los preparativos del 2 de octubre en curso!
Bolivia: subversión de las derechas
Editorial
Tras haberse sometido a un referendo revocatorio y haberlo superado con éxito, a principios del mes pasado, el gobierno bolivano encabezado por Evo Morales enfrenta ahora una conjura subversiva en la que confluyen las oligarquías regionalistas del país y el gobierno de Estados Unidos, la cual pretende derrocar a la autoridad nacional democráticamente electa y ratificada en las urnas en agosto.
La confrontación entre el gobierno popular de Evo Morales y la oposición derechista, cuyas principales caras visibles son los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, empezó como un conjunto de reivindicaciones autonomistas, escaló en meses recientes a saqueos, bloqueos de carreteras, violentas tomas de aeropuertos y edificios gubernamentales y atentados contra gasoductos. La participación de la embajada estadunidense en La Paz en esos actos de desestabilización era tan evidente que Morales declaró persona non grata al embajador Philip Goldberg.
El jueves pasado, en las cercanías de Cobija, capital de Pando, unos 26 campesinos que acudían a una asamblea de apoyo al gobierno de La Paz fueron masacrados y el jefe del Ejecutivo atribuyó el crimen a sicarios peruanos y brasileños que habrían actuado en connivencia con el prefecto local, por lo que ordenó la implantación del estado de sitio en ese departamento, en donde los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y opositores ha dejado un saldo global de una treintena de muertos.
Con ese telón de fondo, ambas partes iniciaron ayer una ronda de pláticas y los bloqueos carreteros fueron temporalmente suspendidos. Es poco probable, sin embargo, que se logre desactivar en la mesa de negociaciones lo que, disfrazado de falsos regionalismos o de reivindicaciones fiscales de los prefectos rebeldes, constituye, en realidad, un plan para derribar por medio de la fuerza al gobierno de La Paz.
Debe considerarse que los oligarcas bolivianos no están dispuestos a permitir la permanencia en el cargo de un presidente de origen indígena que ha emprendido acciones que afectan los intereses de los acaudalados y que apuntan a reducir la pavorosa desigualdad que afecta al país sudamericano. Por su parte, Washington ha encontrado en Bolivia al eslabón más débil del trío de gobiernos andinos que le son adversos –Venezuela y Ecuador, además de Bolivia– y parece concentrar sus esfuerzos en desestabilizar al gobierno de Evo Morales como primer paso para hacer otro tanto contra las autoridades de Caracas y de Quito. De hecho, en la Bolivia actual, las provocaciones violentas y criminales, las presiones para generar desabasto, la agitación de las clases medias para malquistarlas con el gobierno y la campaña de desinformación en curso tienen todas las características de los procesos subversivos diseñados por Washington para deponer a gobiernos que considera adversos, como lo hizo en 1954 contra la presidencia de Jacobo Arbenz y en 1973 contra el gobierno popular encabezado por Salvador Allende. La nación sudamericana vive, en suma, una regresión a los tiempos del golpismo vulgar que muchos consideraban superado en este continente.
En tal circunstancia, el respaldo activo e inequívoco a las autoridades de La Paz constituye un deber elemental de todos los gobiernos latinoamericanos. No se trata únicamente de un ejercicio de congruencia y de solidaridad democrática, sino de una obligada medida de sobrevivencia. Porque si la conjura oligárquica y la injerencia estadunidense llegaran a triunfar en Bolivia, cualquier nación podría ser la próxima víctima de una conjura. Cabe esperar que esa consideración oriente la participación de los mandatarios que se reúnen hoy en el encuentro convocado por Chile para analizar la crisis boliviana, y en el que participan, además de Evo Morales y de Michelle Bachelet, los presidentes Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Álvaro Uribe, Rafael Correa, Fernando Lugo, Tabaré Vázquez y Hugo Chávez.
Tras haberse sometido a un referendo revocatorio y haberlo superado con éxito, a principios del mes pasado, el gobierno bolivano encabezado por Evo Morales enfrenta ahora una conjura subversiva en la que confluyen las oligarquías regionalistas del país y el gobierno de Estados Unidos, la cual pretende derrocar a la autoridad nacional democráticamente electa y ratificada en las urnas en agosto.
La confrontación entre el gobierno popular de Evo Morales y la oposición derechista, cuyas principales caras visibles son los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, empezó como un conjunto de reivindicaciones autonomistas, escaló en meses recientes a saqueos, bloqueos de carreteras, violentas tomas de aeropuertos y edificios gubernamentales y atentados contra gasoductos. La participación de la embajada estadunidense en La Paz en esos actos de desestabilización era tan evidente que Morales declaró persona non grata al embajador Philip Goldberg.
El jueves pasado, en las cercanías de Cobija, capital de Pando, unos 26 campesinos que acudían a una asamblea de apoyo al gobierno de La Paz fueron masacrados y el jefe del Ejecutivo atribuyó el crimen a sicarios peruanos y brasileños que habrían actuado en connivencia con el prefecto local, por lo que ordenó la implantación del estado de sitio en ese departamento, en donde los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y opositores ha dejado un saldo global de una treintena de muertos.
Con ese telón de fondo, ambas partes iniciaron ayer una ronda de pláticas y los bloqueos carreteros fueron temporalmente suspendidos. Es poco probable, sin embargo, que se logre desactivar en la mesa de negociaciones lo que, disfrazado de falsos regionalismos o de reivindicaciones fiscales de los prefectos rebeldes, constituye, en realidad, un plan para derribar por medio de la fuerza al gobierno de La Paz.
Debe considerarse que los oligarcas bolivianos no están dispuestos a permitir la permanencia en el cargo de un presidente de origen indígena que ha emprendido acciones que afectan los intereses de los acaudalados y que apuntan a reducir la pavorosa desigualdad que afecta al país sudamericano. Por su parte, Washington ha encontrado en Bolivia al eslabón más débil del trío de gobiernos andinos que le son adversos –Venezuela y Ecuador, además de Bolivia– y parece concentrar sus esfuerzos en desestabilizar al gobierno de Evo Morales como primer paso para hacer otro tanto contra las autoridades de Caracas y de Quito. De hecho, en la Bolivia actual, las provocaciones violentas y criminales, las presiones para generar desabasto, la agitación de las clases medias para malquistarlas con el gobierno y la campaña de desinformación en curso tienen todas las características de los procesos subversivos diseñados por Washington para deponer a gobiernos que considera adversos, como lo hizo en 1954 contra la presidencia de Jacobo Arbenz y en 1973 contra el gobierno popular encabezado por Salvador Allende. La nación sudamericana vive, en suma, una regresión a los tiempos del golpismo vulgar que muchos consideraban superado en este continente.
En tal circunstancia, el respaldo activo e inequívoco a las autoridades de La Paz constituye un deber elemental de todos los gobiernos latinoamericanos. No se trata únicamente de un ejercicio de congruencia y de solidaridad democrática, sino de una obligada medida de sobrevivencia. Porque si la conjura oligárquica y la injerencia estadunidense llegaran a triunfar en Bolivia, cualquier nación podría ser la próxima víctima de una conjura. Cabe esperar que esa consideración oriente la participación de los mandatarios que se reúnen hoy en el encuentro convocado por Chile para analizar la crisis boliviana, y en el que participan, además de Evo Morales y de Michelle Bachelet, los presidentes Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Álvaro Uribe, Rafael Correa, Fernando Lugo, Tabaré Vázquez y Hugo Chávez.
Programa musical-cultural para festejar la mañana del 15-16
Nos envían:
Estimados Amigos Renegados:
Como el 15 no va a haber SDP impreso y corremos el riesgo de aburrirnos. Y considerando que si no hay gobierno de transicion, muy posiblemente nos veremos en una conflagracion civil en el 2010 o por ahi ( LA HISTORIA ES UNA MAQUINA DE MOVIMIENTO PERPETUO E INEXORABLE (y ningun granadero ni televiso puede con eso)), asi que vayamonos asumiento como guerreros y soldados como lo dice el himno nacional.
Y como es festejo de nuestras fuerzas armadas que estan listas para reprimirnos, y por tanto debemos festejarlas. Me di a la tarea de preparar un programa para tal efecto.
Comenzamos como hace un año con GUARURA DE LEVITA, de nuestro inigualable Oscar Chavez (nada que ver con Hugo Chavez - Federico, no te asustes-).
http://www.youtube.com/watch?v=W7Q94pkLB2A
Despues, para dibujar una amplia sonrisa en los rostros de nuestros elementos del ejercito, del estado mayor presidencial, PFP (que por cierto ya se supo que la secuestradora trabaja ahi(GRACIAS, REPORTE INDIGO)), marina, cisen, granaderos y del yunque claro. Una participacion de gomaespuma que estoy seguro les va a encantar.
http://www.youtube.com/watch?v=u8jsj4iFWMA
Cantinuamos con EXCELENTES NOTICIAS ... digo para los del yunque, mouriño y los perritos panazis (de 4,000 pesos y superiores). Pues resulta QUE EL GENERAL FRANCO HA RESUSITADO !!!!! (una exclusiva para SDP y los blogs de la resistencia !!!)
http://www.youtube.com/watch?v=qQ9YB6VM31M&feature=related
Y al pobre le han robao su carro
http://www.youtube.com/watch?v=iqEk2kkFRws&feature=related
Despues para aumentar el coeficiente y acervo cultural de nuestras fuerzas armadas y de los perritos panazis. Ya que estos ultimos a menudo se les transparenta la ignorancia y lo idiotitas que son, un pequeño clip para que se cultiven. Tambien considerando que los renegados debemos saber de quien debemos independizarnos.
http://www.youtube.com/watch?v=a4I5luES4YE
Despues de esta dificilicima leccion, que seguro le bajo la glucosa a nuestros muchachos armados y panazis que los acompañan un par de videos para levantarles la hormona
http://www.youtube.com/watch?v=ryhiTARcick&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BoYDmedL_fU
Continuamos la SERENATA PARA NUESTRO MUCHACHOS con esta rola.
http://www.youtube.com/watch?v=k2pvNTlnUVA&feature=related
Seguimos con SOLDADO DE PAPEL, para que nos acordemos de lo que es la guerra y que nos hacemos los mensos con los conflictos en tantas partes del mundo.
http://www.youtube.com/watch?v=P-rIM-5Xmsc
EL NIÑO SOLDADO de SKA-P
http://www.youtube.com/watch?v=HaGyZdACMF8
A continuacion hay que recordar de quien hay que independizarnos. Y como mandar a chingar a su madre a McDollars TAMBIEN ES INDEPENDENCIA, sigue esta rola, con dedicatora al Vitor que es vegetariano.
http://www.youtube.com/watch?v=LmsZNprNW10&feature=related
Seguimos con la version en español de BELLA CIAO
http://www.youtube.com/watch?v=hRR2OOvn3Ew
La version Boikot NO PASARAN que ya incluye a nuestros guerrilleros y heroes de la revolucion
http://www.youtube.com/watch?v=-BKEFjN6rVw
Y esta version con dedicatoria especial para Federico Arreola que tanto simpatiza con Chavez
http://www.youtube.com/watch?v=XbleBioYZRY&feature=related
A ver si no se viajan los televisos, JEJEJEJEJE.
Cerramos con seriedad y mostrandole a nuestros uniformados que un instituto militar puede ser culto y algo mas que un arma asesina del pueblo, en manos de un delincuente como fecal. KALINKA, CON EL CORO DE LA ARMADA RUSA. Para que sublimen nuestros verdecitos -ejercito- y grisecitos -marina-
http://www.youtube.com/watch?v=8WY0gIgzxvM&feature=related
Y COMO POSTRE, tomando en cuenta la polemica que ERICH trae con los perritos panazis que nomas se la pasan chingando y que exsudan su fundamentalismo, este video de un musical.
http://www.youtube.com/watch?v=kcFO5ucN_6o&feature=related
Espero que este programa sea de su agrado y sirva para amenizar la mañana, antes de reunirnos con NUESTRO PRESIDENTE LEGITIMO. Y NUESTRO PUEBLO LEGITIMO. QUE VA SIN DUDA ( aunque no a la velocidad correcta) HACIA LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA.
No dudo que llegaremos, pero lamentablemente estoy seguro que seremos los ultimos en toda LatinoAmerica, despues de Haiti y la ultima isla caribeña.
Saludos cordiales,
Estimados Amigos Renegados:
Como el 15 no va a haber SDP impreso y corremos el riesgo de aburrirnos. Y considerando que si no hay gobierno de transicion, muy posiblemente nos veremos en una conflagracion civil en el 2010 o por ahi ( LA HISTORIA ES UNA MAQUINA DE MOVIMIENTO PERPETUO E INEXORABLE (y ningun granadero ni televiso puede con eso)), asi que vayamonos asumiento como guerreros y soldados como lo dice el himno nacional.
Y como es festejo de nuestras fuerzas armadas que estan listas para reprimirnos, y por tanto debemos festejarlas. Me di a la tarea de preparar un programa para tal efecto.
Comenzamos como hace un año con GUARURA DE LEVITA, de nuestro inigualable Oscar Chavez (nada que ver con Hugo Chavez - Federico, no te asustes-).
http://www.youtube.com/watch?
Despues, para dibujar una amplia sonrisa en los rostros de nuestros elementos del ejercito, del estado mayor presidencial, PFP (que por cierto ya se supo que la secuestradora trabaja ahi(GRACIAS, REPORTE INDIGO)), marina, cisen, granaderos y del yunque claro. Una participacion de gomaespuma que estoy seguro les va a encantar.
http://www.youtube.com/watch?
Cantinuamos con EXCELENTES NOTICIAS ... digo para los del yunque, mouriño y los perritos panazis (de 4,000 pesos y superiores). Pues resulta QUE EL GENERAL FRANCO HA RESUSITADO !!!!! (una exclusiva para SDP y los blogs de la resistencia !!!)
http://www.youtube.com/watch?
Y al pobre le han robao su carro
http://www.youtube.com/watch?
Despues para aumentar el coeficiente y acervo cultural de nuestras fuerzas armadas y de los perritos panazis. Ya que estos ultimos a menudo se les transparenta la ignorancia y lo idiotitas que son, un pequeño clip para que se cultiven. Tambien considerando que los renegados debemos saber de quien debemos independizarnos.
http://www.youtube.com/watch?
Despues de esta dificilicima leccion, que seguro le bajo la glucosa a nuestros muchachos armados y panazis que los acompañan un par de videos para levantarles la hormona
http://www.youtube.com/watch?
http://www.youtube.com/watch?
Continuamos la SERENATA PARA NUESTRO MUCHACHOS con esta rola.
http://www.youtube.com/watch?
Seguimos con SOLDADO DE PAPEL, para que nos acordemos de lo que es la guerra y que nos hacemos los mensos con los conflictos en tantas partes del mundo.
http://www.youtube.com/watch?
EL NIÑO SOLDADO de SKA-P
http://www.youtube.com/watch?
A continuacion hay que recordar de quien hay que independizarnos. Y como mandar a chingar a su madre a McDollars TAMBIEN ES INDEPENDENCIA, sigue esta rola, con dedicatora al Vitor que es vegetariano.
http://www.youtube.com/watch?
Seguimos con la version en español de BELLA CIAO
http://www.youtube.com/watch?
La version Boikot NO PASARAN que ya incluye a nuestros guerrilleros y heroes de la revolucion
http://www.youtube.com/watch?
Y esta version con dedicatoria especial para Federico Arreola que tanto simpatiza con Chavez
http://www.youtube.com/watch?
A ver si no se viajan los televisos, JEJEJEJEJE.
Cerramos con seriedad y mostrandole a nuestros uniformados que un instituto militar puede ser culto y algo mas que un arma asesina del pueblo, en manos de un delincuente como fecal. KALINKA, CON EL CORO DE LA ARMADA RUSA. Para que sublimen nuestros verdecitos -ejercito- y grisecitos -marina-
http://www.youtube.com/watch?
Y COMO POSTRE, tomando en cuenta la polemica que ERICH trae con los perritos panazis que nomas se la pasan chingando y que exsudan su fundamentalismo, este video de un musical.
http://www.youtube.com/watch?
Espero que este programa sea de su agrado y sirva para amenizar la mañana, antes de reunirnos con NUESTRO PRESIDENTE LEGITIMO. Y NUESTRO PUEBLO LEGITIMO. QUE VA SIN DUDA ( aunque no a la velocidad correcta) HACIA LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA.
No dudo que llegaremos, pero lamentablemente estoy seguro que seremos los ultimos en toda LatinoAmerica, despues de Haiti y la ultima isla caribeña.
Saludos cordiales,
domingo, septiembre 14, 2008
Si Evo y Bolivia pudieron, nosotr@s también - Lecciones de vida - ONU
http://www.youtube.com/watch?v=qVuipr3t_QM
http://www.youtube.com/watch?v=qVuipr3t_QM
Declaración del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de
Cuba
(Cuba denuncia la injerencia del gobierno de Estados Unidos y
reitera que la situación creada en Bolivia debe ser resuelta por los
propios bolivianos, en estricto apego a los principios de soberanía,
independencia y autodeterminación. El Gobierno Revolucionario reitera
su más firme respaldo al Gobierno legítimo del compañero Evo Morales,
elegido y ratificado por amplia mayoría, y su solidaridad con el
hermano pueblo boliviano)
El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba sigue con suma
preocupación los acontecimientos que tienen lugar en la hermana
República de Bolivia y las presiones políticas, económicas y
mediáticas a que es sometido el Gobierno del presidente Evo Morales,
que amenazan la integridad del país.
Cuba denuncia la injerencia del gobierno de Estados Unidos y reitera
que la situación creada en Bolivia debe ser resuelta por los propios
bolivianos, en estricto apego a los principios de soberanía,
independencia y autodeterminación.
El orden constitucional y la integridad territorial de Bolivia deben
ser respetados.
Cuba insta a la solidaridad continental, en tanto los hechos que
exponen a Bolivia a una peligrosa escalada de violencia también
amenazan la paz y la seguridad del continente, y en especial de
América del Sur, lo que solo servirá a los enemigos de la integración regional.
Como se conoce, en los nueve departamentos bolivianos se encuentran
trabajando colaboradores cubanos, quienes están total y exclusivamente
dedicados a impulsar programas de salud y educación en beneficio de
ese hermano pueblo.
Ayer, día 12 de septiembre, la Brigada Médica Cubana llegó a los 17
millones de consultas.
De acuerdo con las últimas noticias conocidas, 225 de los 327
municipios del país han alcanzado la categoría de libres de
analfabetismo. Se han alfabetizado ya 664 mil bolivianos y a fines de
este año será alcanzada la meta prevista de los 327 municipios en esa
categoría gracias a la cooperación de venezolanos y cubanos.
Cuba reitera su disposición a continuar cooperando de manera
desinteresada, con pleno respeto al principio de la no injerencia en
los asuntos internos de Bolivia, hasta que el Gobierno y el pueblo
bolivianos así lo decidan.
Nos satisfacen las noticias que van llegando sobre la marcha de los
acontecimientos en estos instantes, el restablecimiento de la paz en
el departamento de Pando, la continuación del diálogo y el acatamiento
a las decisiones del presidente Evo Morales.
El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba reitera su más
firme respaldo al Gobierno legítimo del compañero Evo Morales, elegido
y ratificado por amplia mayoría, y su solidaridad con el hermano
pueblo boliviano.
General de Ejército Raúl Castro Ruz
La Habana, 13 de septiembre de 2008
LOS PUEBLOS CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI APOYAN A EVO Y A CHÁVEZ
CONGRESO BOLIVARIANO DE LOS PUEBLOS CONVOCA ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN:Movilizar a las Embajadas de Bolivia y Venezuela para manifestar solidaridad.
Movilizar a las Embajadas de Estados Unidos en repudio a golpismo en Bolivia y plan magnicida en Venezuela.
Nuestra América: Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. José Martí
Fotos: Movimiento Barrios de Pie y Libres del Sur bloquearon este sábado acceso a cadenas yanquis de supermercados
Medir popularidad de FCH cuesta 44 mdpFirmas vinculadas a funcionarios fueron favorecidas con jugosos contratos
El Universal
La Presidencia de la República gastará 44 millones de pesos en encuestas, durante el periodo que incluye la elección federal para renovar la Cámara de Diputados durante 2009.
La cifra, que representa 63% de incremento respecto del año anterior, es una de las erogaciones más importantes de Los Pinos para medir el impacto de políticas públicas, programas e imagen presidencial.
Mercaei SA, de Lauro Mercado Gasca, ex director y ex asesor técnico de Estudios Electorales de la Presidencia con Carlos Salinas de Gortari, logró el contrato principal de la Coordinación General de Administración de la Presidencia, en marzo pasado.
Investigaciones Sociales Aplicadas SC (ISA), con la que estuvieron ligados hasta las elecciones de 2006 los hoy directores del Cisen, Guillermo Valdés, y de Pemex, Jesús Reyes Heroles, ganó otro contrato millonario.
La Coordinadora General de Administración asentó en su portal de transparencia que Presidencia pagará a Mercaei SA 26 millones 389 mil 395 pesos, por “Servicios para el levantamiento de encuestas telefónicas y cara a cara en vivienda”.
Según el contrato ITP-018-013-08 del 30 de mayo de 2008, el convenio comenzó al día siguiente de la firma, 14 meses antes de la elección del 5 de julio y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2009.
Mercaei SA tiene 11 años en el mercado; en 2007 había ganado su primer contrato con el gobierno por 3 millones 978 mil pesos, para el “reclutamiento, moderación y análisis de grupos de enfoque”.
EL UNIVERSAL buscó conocer la opinión de Mercado, pero no hubo éxito.
Otros contratos
Para el mismo lapso que incluye la elección de 2009, Presidencia contrató a ISA por 8 millones 356 mil 641 pesos.
Su presidente ejecutivo, Ricardo de la Peña, rechazó que el actual titular del Cisen tuviera participación en la empresa.
Según el contrato ITP-018-015-08 del 30 de mayo, ISA hará encuestas telefónicas y de vivienda para la Presidencia dela República hasta diciembre de 2009.
Vinculada con GEA, ISA fue señalada como la cabeza de lanza para manipular sondeos de opinión y favorecer al hoy presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Un tercer contrato, por 9 millones 236 mil 288 pesos, fue adjudicado a Técnicos Encuestadores de Campo SA, de la que no se tienen mayores datos, ni registros en portales oficiales.
El creciente poder del narcotráfico en Latinoamérica
Barómetro InternacionalDroga y capitales
Por Ricardo Daher
El poder del narcotráfico está desestabilizando a uno de los países más ricos del continente, está infiltrado y controla parte del aparato del Estado en otro, y llega a jaquear la presidencia de un tercero. El tráfico de drogas maneja miles de millones de dólares anuales e impacta en las economías locales, en el poder político y en los aparatos represivos que deberían combatirlo.
La pasada semana el ex jefe paramilitar y narcotraficante colombiano, Salvatore Mancuso fue doblemente protagonista de los medios noticiosos. En una entrevista a la revista Semana concedió el primer cálculo de los ingresos al país por el narcotráfico al estimarlo en 7.000 millones de dólares al año (equivalente a un 25% de las exportaciones de toda Colombia el pasado año), y poco después como corresponsable de la detención del ex general Rito Alejo del Río al que vinculó con sus actividades criminales. Casi al mismo tiempo, el presidente de Guatemala, Alvaro Colom, denunciaba el descubrimiento de micrófonos ocultos en la sede presidencial y un vasto operativo de espionaje a autoridades y políticos, en una maniobra que se le atribuyó al creciente poderío de los narcotraficantes en ese país.
Simultáneamente, el gobierno mexicano reveló que los carteles locales de la droga mueven alrededor de 10.000 millones anuales en el país, una cifra ridícula comparada con las estimaciones de los organismos internacionales, que sostienen que los carteles mexicanos obtienen ganancias superiores a los 70.000 millones de dólares anuales, de los cuáles el 30 por ciento es invertido en el país en la compra de funcionarios públicos y en mantener su infraestructura.
Según el ministro de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en Estados Unidos el mercado de la droga maneja cada año 131.000 millones de dólares, el doble de las exportaciones argentinas de 2007, casi igual a las exportaciones de Brasil de ese año, o equivalentes a 7 meses de exportaciones de México.
Las cifras del ministro mexicano parecen cortas teniendo en cuenta que las Naciones Unidas sostienen que el narcotráfico mueve en el mundo unos 500.000 millones de dólares al año, siendo Estados Unidos el mayor mercado.
Colombia escuela del poder del naroctráfico
Es en Colombia donde el narcotráfico hizo escuela en el control del aparato del Estado, incluyendo policías, militares y políticos. No sólo ha logrado controlar más de un tercio del Congreso, sino que ha impuesto gobernadores, alcaldes, y para muchos, hasta el propio presidente de la república.
En ese juego de control del aparato del Estado y dominio de la sociedad, el narcotráfico tiene una alianza, directa o indirecta, con autoridades norteamericanas, a juzgar por las declaraciones de los jefes paramilitares presos y extraditados a Estados Unidos.
Hasta la extradición sorpresiva de 14 jefes paramilitares, la justicia colombiana avanzaba en la investigación de la llamada “parapolítica”, es decir los nexos de los dirigentes políticos con las bandas armadas paramilitares.
Más de 50 congresistas están siendo investigados –entre ellos un primo del presidente Uribe-, pero a partir de la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, los procesos se han estacando y algunos políticos presos han sido liberados.
De todas maneras, algunos jueces adelantan investigaciones locales en varias ciudades del país, y la prensa revela algunos casos que después tienen repercusiones judiciales.
Por ejemplo, ahora hay una investigación en la ciudad de Medellín, cuna del cartel que lideró Pablo Escobar y que se dice tenía vínculos con el presidente Alvaro Uribe, más allá de que el actual vocero de presidencia sea un primo del fallecido capo narcotraficante. El escándalo se desató con la aparición de una grabación que involucra a Guillermo León Valencia Cossio, hermano del actual ministro de Interior y Justicia, con la infiltración paramilitar en el aparato del Estado local. Hasta que fue conocida la grabación, los intentos de fiscales y autoridades locales alertando al presidente Uribe sobre el caso habían sido ignorados.
La investigación está centrada en el jefe de los fiscales, el director de los policías y Felipe Sierra, un empresario de la elite antioqueña que tiene un ejército privado de “guardias de seguridad“ de más de 1.200 hombres, quienes estaban haciéndole favores al jefe paramilitar ‘Don Mario’, que no se desmovilizó y es considerado el gran capo de Urabá.
Otra de los investigaciones en curso tienen que ver con el cobro de impuesto por parte de los paramilitares a las contrataciones de los gobiernos municipales y departamantales en las regiones que controlaban.
El material apareció en un archivo de la contabilidad del jefe paramilitar extraditado, Jorge 40. Allí surgió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores. Es decir que los paramilitares controlaban los gastos del Estado y cobraban impuesto por ello. De la documentación también surge la existencia de reuniones períodicas entre los comandantes de frentesde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para organizar el cobro del impuesto y su repartija, así como reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas.
El “impuesto” cobrado era el 10 por ciento del valor total de un contrato y que se repartía, 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.
Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho, y bajo la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, y agentes de los servicios de seguridad del Estado.
Mancuso protagonista
Una entrevista por correo realizada por la revista Semana de Colombia al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, presenta una imagen más amplia del poder del narcotráfico en el país, aunque sólo revela unos pocos datos importantes.
Mancuso sostiene que los cálculos que tiene el gobierno colombiano de que en Colombia existen 80.000 a 90.000 hectáreas sembradas de coca son falsos. Según sus estimaciones, en el país hay unas 160.000 hectáreas de coca que producen mensualmente 80.000 kilogramos, lo que equivalen a 1.000 toneladas al año de cocaína, evaluadas en 7.000 millones de dólares.
Según Mancuso, de estos 7.000 millones de dólares, los narcotraficantes ingresan al país entre el 80 y el 90 por ciento, mientras que el resto lo usan en “compran propiedades de lujo y pendejadas” en el exterior. Las inversiones explica, se destinan “en la bolsa de valores, en finca raíz, en inversiones en cultivos que representan empresarios probos, en el sentido en que tienen experiencia y reconocimiento, que nadie los va a investigar, porque si tenían diez mil hectáreas de caña sembrada y siembran cinco mil hectáreas más, pues nadie los investiga porque esa es su tradición”. Los 7.000 millones de dólares mencionados por Mancuso equivaldrían al 5 por ciento del Producto Interno Bruto de Colombia.
Por otra parte, Mancuso fue corresponsable de la reciente detención del general retirado Rito Alejo del Río, acusado por sus vínculos con los paramilitares y por varias masacres de civiles, incluída la matanza de Mapiripán.
Rito Alejo del Río, quien comandó una brigada antiguerrilla en la región bananera de Urabá, departamento de Antioquia, entre 1995 y 1997 (en el mismo período en que Alvaro Uribe era gobernador de ese departamento), fue arrestado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en un club militar del oeste de Bogotá, la semana pasada.
La captura se produjo luego de que la Procuraduría (Ministerio Público) pidiera a la Corte Suprema de Justicia reabrir un proceso contra el oficial, archivado hace cuatro años por la Fiscalía, al aparecer con nuevos testimonios en su contra de los ex líderes paramilitares Ever Velosa (alias 'H.H.') y Salvatore Mancuso, en las que señalaron a Del Río "como colaborador en sus actividades ilícitas", según la Procuraduría.
La masacre de Mapiripán fue perpetrada por unos 300 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que llegaron a esa población del departamento del Meta (200 kilómetros al sureste de Bogotá) el 14 de julio de 1997 y permanecieron seis días en la zona, durante los cuales sembraron el terror y la muerte. Los paramilitares asesinaron a personas que acusaban de cooperar con las guerrillas de izquierda, a quienes torturaron y decapitaron, después de lo cual arrojaron sus cadáveres al río Guaviare.
Al abandonar su cargo como gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe organizó un homenaje al general del Río.
Creciente violencia en México
En los últimos años el narcotráfico ha adquirido mayor poder en México, y con la aprobación de la llamada “Iniciativa Mérida”, similar al “Plan Colombia” para combatir el narcotráfico, las cosas parecen ir peor.
La Iniciativa Mérida prevé el aporte de Estados Unidos de 1.600 millones de dólares durante tres años para la lucha antidrogas en México, Centroamérica y el Caribe. Al México ya llegó el primer paquete de 450 millones de dólares, entre equipos, aviones, armas, etc. Al mismo tiempo, el gobierno de Felipe Calderón ha movilizado a más de 35.000 soldados en el combate al narcotráfico.
En lo que va de 2008, han sido ejecutadas 3,025 personas, un 32% más en comparación con el año pasado. Desde enero del pasado años se han registrado más de 6.000 asesinatos vinculados a la lucha entre bandas narcotraficantes.
El ministro de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna indicó que "hay cuatro estados donde se concentra más del 60% de los homicidios dolosos de todo el país": Se trata de los norteños Chihuahua (sede del cartel de Juárez), Sinaloa (base del cartel del mismo nombre) y Baja California (cartel de Tijuana) y el sureño Michoacán, donde opera el grupo de sicarios conocido como 'La Familia'.
México, segundo productor regional de marihuana, así como de amapola y sus derivados (heroína), es sobre todo una de las principales rutas del tráfico de cocaína colombiana hacia Estados Unidos, el principal consumidor del mundo.
Mientras el gobierno sostiene que unos 7 grupos controlan el tráfico de drogas, fundamentalmente con destino a Estados Unidos, el general retirado Barry McCaffrey, antiguo zar antidrogas de la Administración Clinton, sostiene que en la frontera norte de México operan unos 100 grupos delictivos dedicados al tráfico de droga que pertenecen a 30 grandes organizaciones criminales.
Según un informe elaborado por el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos a fines de 2006, el 70% de la cocaína que entra en el país pasa por México, una estimación más alta que el 65% calculado en 2002.
Control de municipios
Todos los días se revelan masacres de narcotraficantes en su lucha por el poder, y el reclutamiento de mercenarios se realiza publicamente. Pasacalles en las ciudades mexicanas ofrecen salarios de 500 dólares y “beneficios extras para las familias” a los soldados y policías que decidan cambiar de bando.
Una estrategia que ya ha dado resultados. En los últimos meses el gobierno del estado de Tabasco ha separado de sus cargos a por lo menos 200 policías por su relación con el cartel del Golfo. Sólo a principios de septiembre, 16 jefes policiales han sido citados a declarar por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) tras ser capturada una lista de funcionarios a sueldos de los narcotraficantes.
Según datos de la Procuraduría General de la República el narcotráfico controla 80 municipios del país y la actividad delictiva en ellos; cobra derecho de piso a empresas, una especie de impuesto, y lucra con la trata de seres humanos dedicados a la prostitución.
El informe sostiene que la influencia de los jefes del tráfico de drogas alcanza a las autoridades municipales, principalmente en los estados de Michoacán y Tamaulipas. Las pesquisas revelan que los grupos de narcotraficantes también hacen obra pública que correspondería a los gobiernos locales. Este “mapa” del control del narcotráfico fue ordenado por el gobierno central para tomar decisiones para el despliegue de las fuerzas represivas.
Por otra parte, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, en una entrevista que reprodujo Financial Times, afirmó que las instituciones democráticas están bajo la amenaza de poderosos cárteles. El investigador mencionó que no descarta que el narcotráfico haya financiado las campañas de algunos legisladores.
Por otra parte, algunos analistas sostienen que en esa lucha entre bandas narcotraficantes, las autoridades ya han tomado partido y están favoreciendo al cartel de Sinaloa, dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán, protagonista en enero de 2001 de de una extraña fuga de una prisión de máxima seguridad. Según estos analistas, la fuga contó con la complicidad de las autoridades, y además, los mayores golpes de la policía contra el narcotráfico en los últimos años han sido contra bandas rivales de ese grupo.
El periodista Ricardo Ravelo, autor de varios libros sobre la cuestión, piensa que las autoridades mexicanas lo "protegen" para concederle el monopolio del negocio. Pese a los recursos invertidos en el combate al narcotráfico, los expertos sostienen que "es muy grave y llama a sospecha que no se rastreen los recursos del narcotráfico vía la Secretaría de Hacienda o la Comisión Nacional Bancaria.
Tampoco para encarcelar a funcionarios de alto nivel involucrados en la delincuencia", comentó José Fernández Santillán, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) a una agencia internacional de noticias.
Expansión a otros países
En los últimos años se ha comenzado a registrar otro fenómeno preocupante, la expansión de los cárteles colombianos y mexicanos a otros países para establecer plataformas de envíos o fabricar productos.
Ya en la década de los 90 los grupos más poderosos de la droga se expandieron a otros países pero con el objetivo de blanquear sus ingresos. Comproban propiedades, empresas o abrían cuentas en países con escaso control e interesados en captar capitales sin importarles sus orígenes.
Ahora no sólo se trata de invertir y lavar dinero, sino establecer laboratorios y plataformas para el reenvío de la droga a los mercados norteamericano y europeo.
México sigue siendo por su vecindad con Estados Unidos el mayor “pasante” de la droga colombiana y la producida en el país al vecino del norte. Sin embargo en los últimos años Guatemala ha comenzado también a jugar ese papel de plataforma de abastecimiento al mercado norteño. En su tránsito desde Colombia, la droga pasa por Guatemala y México. Grupos narcotraficantes han estado adquiriendo fincas en la frontera norte de Guatemala y se han involucrado en la financiación de diputados y alcaldes en las pasadas elecciones.
Uno de los acusados de recibir financiación de la droga, y de estar involucrado en la muerte de diputados salvadoreños que viajaron a Guatemala a una reunión del Parlamento Centroamericano, es el ex diputado y electo alcalde de Jutiapa, Manuel Castillo. Castillo no ha asumido su cargo y aguarda en prisión la decisión de la justicia.
El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, advirtió previo a las elecciones generales del pasado 9 de septiembre de 2007, que se podrían elegir "candidatos que serán dominados por grupos criminales. Especialmente en la zona del nororiente, donde se envían las drogas a Estados Unidos, que está a sólo dos horas y media en avión".
El actual presidente, Álvaro Colom denunció en plena campaña electoral que el narcotráfico incidió en los planes de su partido para las elecciones generales. "Cuatro veces cambiamos organizaciones departamentales... hasta me vinieron a hablar tres secretarios departamentales para que no pusiéramos alcaldes en siete municipios por miedo al narcotráfico". "Tuvimos los problemas con los candidatos en los departamentos de Zacapa, Izabal y Cobán", insistió Colom entonces. Esa es la zona donde se supone están las bases de "exportación" de la droga a Estados Unidos. Además acusó al crimen organizado de estar detrás de las campañas negras y los asesinatos contra miembros de su partido.
La situación no era desconocida por el gobierno de entonces. El vicepresidente Eduardo Stein admitió su preocupación por el poder del narcotráfico en la política. "En el oriente hay por lo menos cuatro candidatos que están hasta el cuello de vinculaciones con el narco", reconoció. "Nosotros estamos seguros de que en algunos lugares en donde el crimen organizado necesita de espacios de impunidad, ellos van a financiar directamente unas candidaturas", dijo Stein.
Además seguramente van a poner personas vinculadas directamente a sus organizaciones criminales para que se postulen", agregó.
Espionaje al presidente
El pasado jueves 4 de septiembre, sorpresivamente, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, denunció haber sido objeto de espionaje a través de varios aparatos de escuchas y video detectados en su despacho, en la residencia y en la oficina de la primera dama, al tiempo que despedía al titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Carlos Quintanilla, así como de Gustavo Solano, jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico.
Según informó el primer mandatario, en la casa presidencial fueron hallados siete aparatos de grabación y dos cámaras ocultas, en tanto que objetos similares se encontraron en su oficina privada, colocados en lámparas y ventanas. “A partir de hoy declaro la guerra a todos los que escuchan llamadas, a todos los servicios de inteligencia privados que no sean legales, porque aquí en Guatemala el orden y la ley se tienen que cumplir”, dijo.
Colom solicitó apoyo a varios países amigos para empezar a revisar todos los sistemas de escucha que puedan existir en cualquier parte del país y que no sean de las fuerzas de seguridad o del ministerio Público.
“La población debe estar tranquila. Esto es parte del esfuerzo contra las mafias que están perdiendo sus contactos con este gobierno y los van a seguir perdiendo”, dijo.
Los analistas locales estimaron que las escuchas al presidete, y que seguramente deben haber estado dirigidas también a otras autoridades, provienen de las mafias de la droga vinculadas a los aparatos represivos, más que a grupos de extrema derecha remantes de los viejos gobiernos.
Laboratorios en Argentina
Desde hace años los capos de la droga colombiana buscaron en Argentina establecer negocios para lavar dinero. Seis años después de la muerte de Pablo Escobar, su viuda e hijos se trasladó a Buenos Aires donde ha vivido desde entonces. En el proceso enfrentó un juicio por lavado de dinero en 1999 que la mantuvo 17 meses en prisión hasta que fue absuelta. Sin embargo, hay constancia de que otros jefes de la droga colombiana y mexicana han estado invirtiendo en Argentina.
Ahora los capos mexicanos han dado un paso más, según se reveló la semana pasada, y han establecido laboratorios clandestinos para fabricar “extasis” en Argentina. El crimen de empresarios vinculados a la venta de medicamentos, y otras ejecuciones en un centro comercial al estilo mafioso, permitieron el allanamiento de un local en las afueras de Buenos Aires, que servía como "laboratorio" para producir drogas ilegales a base de efedrina. Durante el allanamiento fueron detenidos un argentino y nueve mexicanos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, admitió que Argentina "es terreno fértil" para el ingreso de efedrina, un precursor químico utilizado en la elaboración de éxtasis y otras drogas sintéticas. Fernández sostuvo que el gobierno estudia limitar su importación para "evitar su desvío" a la elaboración de drogas sintéticas, exportadas en buena parte a Estados Unidos. Argentina es un gran productor farmacéutico, por lo que es más fácil disimular la elaboración de drogas sintéticas a base de efedrina, también utilizada en unos 70 medicamentos locales, revelaron fuentes de la Aduana.
Según el titular de la Asociación Antidrogas de Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, Argentina "dejó de ser un país de tránsito del narcotráfico únicamente para ser también productor y exportador. En los últimos años, muchas de las cocinas de drogas que se encontraban en Bolivia, se mudaron a Buenos Aires y sus alrededores", advirtió en una entrevista al diario Página 12.
Según Izaguirre, narcotraficantes de México, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana se encuentran apostados en Argentina para desarrollar su negocio, sin que "existan los controles necesarios de las autoridades para impedirlo". "Tampoco hay control en el espacio aéreo. En el norte argentino, existen mil 500 pistas en las que aterrizan avionetas que traen droga. Y con Paraguay y Bolivia también hay numerosos pasos terrestres clandestinos por los que ingresan cocaína y marihuana", manifestó.
ricardher@gmail.com
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