México: un país sin presidente

Víctor M. Toledo

La Jornada

Andrés Manuel López Obrador, dirigente de la resistencia civil contra el fraude electoral, durante la asamblea informativa de ayer en el Zócalo capitalino Foto Carlos Ramos Mamahua

¿Puede un ciudadano informado, honesto y democrático aceptar los resultados de una elección dudosa? ¿Puede seguir creyendo en instituciones que violan la ley, tuercen la verdad o se pliegan sectariamente a intereses partidarios? Los 14 millones de mexicanos que votamos por el socialdemócrata Andrés Manuel López Obrador esperamos infructuosamente, institución tras institución, que se nos demostrara rotunda y diáfanamente la validez de los resultados oficiales: una diferencia de 0.5 por ciento en una elección con más de 40 millones de votos, en un país con una larguísima tradición de fraudes electorales (en 1988, como es ampliamente conocido, se robó la elección al candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas).

Si esperamos prudentemente es porque creíamos que en el país existía ya un sistema democrático donde los principios asentados en la Constitución mexicana de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad electorales, regían la conducta de las autoridades: desde la Presidencia de la República y otros órganos federales hasta las instancias que operaron como supuestos árbitros imparciales: el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Todavía más, muchos cedimos en nuestro derecho de exigir un triunfo que seguimos creyendo fue tramposamente escamoteado al candidato de centro-izquierda, para aceptar la anulación de toda la elección presidencial como vía para destrabar un proceso de crispación que aumenta, no disminuye, en todo el país. Ello daba la posibilidad de una negociación de todas las fuerzas políticas de México.

En vez de eso, el TEPJF ignoró olímpicamente las innumerables evidencias que hacían factible la anulación y optó por otorgar la Presidencia, sin convencer, al candidato de la derecha, agravando, no solucionando, la tensa situación que vive México. Su torpeza histórica probablemente desencadene mecanismos irreversibles de desobediencia civil, desacatos masivos e ingobernabilidad, en respuesta a la violencia institucional aplicada. A manera de testimonio, doy fe de la sucesión de hechos, datos y pruebas que hacen inaceptable, a cualquier observador honesto del país y del planeta, los resultados de la elección presidencial de México y que revelan la dimensión del agravio.

1. Del 19 de enero al 19 de mayo de 2006, el gobierno de Fox emitió 456 mil 375 espots con un costo de mil 709 millones de pesos (unos 170 millones de dólares), de los cuales 70 por ciento aparecieron en abril y mayo, a un ritmo que multiplicó por veinte el número de anuncios. El martilleo duro y tupido de las obras del gobierno en plena época de elecciones no tuvo precedente en la historia política del país. La experiencia mercadotécnica de Fox, ex gerente de la Coca-Cola, fue puntualmente aplicada, esta vez con fines políticos.

2. Durante los seis meses que duraron las campañas electorales, el presidente Fox irrumpió en la competencia con actos y declaraciones diversas de apoyo al candidato de su partido, rompiendo una regla de oro de la política mexicana y transgrediendo la ley electoral.

3. En actos que violan flagrantemente el artículo 48 del código electoral del país, el Consejo Coordinador Empresarial financió espots y propaganda en contra del candidato de centro-izquierda, por un costo estimado en cien millones de dólares.

4. Dando lugar a innumerables sospechas, el IFE estableció contratos con Hildebrando para la instalación de software, una empresa propiedad del... cuñado del candidato de la derecha.

5. Los resultados preliminares hechos públicos por el IFE la noche del 2 de julio inexplicablemente dejaron fuera más de 2.5 millones de votos de 11 mil 184 actas, con el pretexto de ser "inconsistentes". Al ser incluidas unas horas después, López Obrador recuperó aproximadamente 250 mil votos, reduciéndose la diferencia con Calderón en 50 por ciento.

6. Los resultados parciales del cómputo distrital, tal como fueron presentados en la pantalla del IFE la madrugada del 6 de julio, no coinciden con los datos desglosados, casilla por casilla, publicados posteriormente por ese mismo instituto.

7. El IFE realizó la apertura ilegal de paquetes electorales durante los días siguientes a la elección. Siendo una práctica clandestina, no existen datos confiables sobre el número de casillas abiertas.

8. En un seminario sobre las elecciones, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, 60 investigadores de 25 instituciones académicas del país analizaron 13 estudios realizados en México y Estados Unidos. Su conclusión: en una elección tan competida el método de medición fue rebasado por numerosos errores e inconsistencias, de tal suerte que la magnitud de las irregularidades obligaba al recuento de todos los votos (La Jornada, sábado 5 de agosto).

9. Esos mismos análisis científicos revelaron que en más de la mitad de las casillas (72 mil 997) los votos totales para presidente no coincidieron con los otorgados a diputados y senadores. La diferencia fue considerable: 769 mil 765 votos. Además, aplicando la ley de Benford, un instrumento estadístico utilizado internacionalmente para detectar fraudes financieros y electorales, se halló que al menos en 47 de los 300 distritos existían tres o más anomalías. La pertinencia de esta docena de estudios se vio corroborada por el hecho de que distintos análisis realizados bajo métodos diferentes identificaron anomalías en los mismos estados, distritos y aun casillas (consúltese: http://seminario.elecciones.unam.mx).

10. Un extraño manifiesto firmado por 135 "intelectuales" (Reforma, jueves 3 de agosto) oponiéndose al conteo total de los votos, fue ampliamente difundido la noche misma de su publicación en las dos principales cadenas de televisión del país, reproducido en varios periódicos, en Internet y por la radio, y presentado al tribunal electoral por el PAN como "prueba fehaciente", la cual fue aceptada de inmediato por el magistrado Mauro M. Reyes (Diario Monitor, agosto 13).

11. La sospecha de fraude más robusta provino, paradójicamente, del análisis de las 11 mil 839 casillas (9 por ciento del total) que el TEPJF accedió a revisar. El recuento de los votos reveló que en 8 mil 428 casillas (72 por ciento) hubo votos espurios (5 mil 37 casillas) o votos extraídos (3 mil 391 casillas). Este hecho, proyectado al total de la votación, debió provocar la anulación inmediata de toda la elección (Sheinbaum Pardo, La Jornada, agosto 27).

12. No obstante que el tribunal ignoró lo anterior, sí anuló 237 mil 736 votos en ese 9 por ciento de las casillas donde se realizó el recuento. De nuevo habría que preguntar qué hubiera pasado con el restante 90 por ciento.

Con todas estas anomalías, ¿cómo justificar la negativa a contar voto por voto, única manera de saber con certeza quién ganó realmente la elección? Mientras estas y otras irregularidades no sean satisfactoriamente resueltas, para millones de mexicanos que votamos creyendo en la limpieza del proceso y en la honorabilidad de las autoridades electorales, México seguirá siendo "un país sin presidente".