Luis Javier Garrido
El desastroso final del sexenio foxista no ha logrado más que evidenciar la inviabilidad histórica que tendría un gobierno ilegítimo encabezado por el panista Felipe Calderón.
1. El largo periodo llamado del interregno, que en la política mexicana ha ido históricamente de la jornada electoral a la toma de posesión del nuevo titular del Ejecutivo, caracterizándose por una progresiva traslación del poder político que evidencia los acuerdos y desacuerdos entre los que se van y los que llegan, está mostrando, además del continuismo casi absoluto que habría entre Fox y Calderón, la gravedad de la crisis política y social en la que el primer gobierno panista deja al país, con dos presidentes de la República: uno, Andrés Manuel López Obrador, que se asume legítimo y anuncia que gobernará desde la sociedad y de manera itinerante por todo el país, y otro, Felipe Calderón, que de manera ilegítima pretende usurpar el poder a partir del 1º de diciembre, y que evidencia todos los días la inviabilidad de su posible gestión.
2. Los planteamientos centrales y el programa de gobierno de López Obrador para el sexenio 2006-2012 fueron anunciados a lo largo de la campaña y reiterados el 16 de septiembre, pero lo que haría Calderón, quien sin haber ganado las elecciones pretende asumir la Presidencia, aunque ya se vislumbraba está apenas conociéndose de manera puntual por las iniciativas que él y Fox están tomando. En lo político se evidencia que de llegar Calderón a Los Pinos el país iría a mayor violencia represiva y en lo económico proseguiría la subordinación absoluta a los organismos financieros internacionales, como adelantó el tecnócrata salinista vergonzante Agustín Carstens, funcionario del FMI, quien le ha sido designado a Calderón como secretario de Hacienda.
3. Las elecciones locales de Tabasco de 2006 no hicieron más que confirmar que la coalición de grupos y de intereses que se ha apropiado ilegítimamente del poder económico y político en México está dispuesta a todo con tal de conservar el poder, y que la violencia fraudulenta y material que en esta ocasión impuso el gobierno tabasqueño con el aval y la colaboración del gobierno federal para evitar que triunfase el candidato del PRD no sirve más que como indicador de la impunidad con la que gobernadores priístas y panistas y funcionarios federales van a actuar en el futuro inmediato.
4. El presagio de lo que podría venir en lo político se ve también en la actuación oficial ante el conflicto de Oaxaca, frente al cual las decisiones tomadas al alimón por Fox y Calderón en el curso del interregno, han terminado por apoyarse cada vez más en la fuerza represiva del Estado. A fin de no afectar con la salida de Ulises Ruiz de la gubernatura oaxaqueña los intereses del PRI y de la alianza PRI-PAN, los panistas han buscado someter a maestros y campesinos a través de la corrupción y el amedrentamiento, sustentándose en particular en las estructuras corporativas del Estado, como se está viendo con el apoyo extraordinario de 41 mil millones de pesos ofrecidos por el gobierno federal a la Gordillo para que el SNTE busque aplastar a los disidentes, de manera que a nadie sorprende el saldo que ya se conoce, pues las decisiones oficiales han cobrado ya una novena víctima: el maestro Pánfilo Hernández, asesinado el miércoles 18 por un paramilitar.
5. La represión estatal la quieren camuflar Fox y Calderón vistiendo a militares y a policías del Cisen de civiles y utilizando a grupos paramilitares, como en otros países latinoamericanos, con el fin de satisfacer la demanda del titular de la Sedena de que el Ejército no intervenga como brazo represor del gobierno panista, y ésta se perfila como la línea a seguir de un posible gobierno espurio calderonista. Después de que se conoció que con el aval de Calderón las fuerzas armadas preparaban contingentes paramilitares para el próximo sexenio, el general retirado Francisco Gallardo aseguraba que había sido "el ejército, a través del EMP y de la PFP, el que tomó el Palacio Legislativo" (Proceso 1557), y ahora en Oaxaca están apareciendo soldados y policías asesinando a miembros de la APPO.
6. El Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el operativo policiaco de San Salvador Atenco el 4 de mayo, que se acaba de dar a conocer (15 de octubre), y que desde Los Pinos se ha tratado de minimizar y descalificar, es de enorme gravedad, pues confirma que participaron elementos militares, de la PFP y del gobierno mexiquense que contando con consigna oficial cometieron impunemente todo género de delitos -homicidio, allanamiento de morada, violación- y que además el gobierno federal ha estado encubriéndolos.
7. El programa económico y social que llevaría a cabo un gobierno de facto de Felipe Calderón, que no fue enunciado a lo largo de la campaña, lo empezó a dar a conocer en tono dogmático Agustín Carstens, ex sub director gerente del FMI, el mismo día en que fue presentado a Calderón como su futuro secretario de Hacienda, lo cual deja a éste como un pelele. Para Carstens, egresado de la Universidad de Chicago, y hombre de confianza de Salinas y de Zedillo, lo urgente es privatizar el sistema de pensiones, las paraestatales y las universidades públicas.
8. La desesperación de Calderón por el clima político que ha generado su imposición ilegal aumenta, y él no hace sino avivarlo buscando culpables en quienes ganaron la elección que junto con sus amigos él se está robando. El nuevo fascismo lo encarna esa derecha irracional que se ha aferrado a él, y que a través de Televisa, de sus diarios y de sus intelectuales orgánicos se ha convertido en una especie de comité de salud pública y pretende dictar a la coalición Por el Bien de Todos cómo debería comportarse en términos de lo políticamente correcto, y exige a López Obrador que deje de tener un liderazgo político al tiempo que preconiza la necesidad de que Cuauhtémoc Cárdenas asuma el control del PRD.
9. La principal paradoja es que una minoría ilegítima y carente de principios éticos, que mediante la simulación, la violencia electoral y ahora de la violencia material pretende seguir apoderada del aparato de Estado, se está arrogando el privilegio de poder dictar a las mayorías cómo deben comportarse.
10. Los grupos de tecnócratas priístas y de empresarios traficantes de influencias encabezados por Salinas de Gortari, que aliados a la burocracia panista pretenden seguir usufructuando el poder político y disponiendo a su antojo de los recursos de la nación, y que ahora manejan a Calderón como a una marioneta, constituyen una minoría, y el pueblo lo está comprendiendo cada vez de manera más clara.
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