Javier Corral Jurado
Las telecomunicaciones están rigiendo al mundo. No hay ámbito de la vida política, económica, social, cultural que no sea atravesado por la acción mediática y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y por lo tanto el control de las redes y la monopolización de la producción y distribución de contenidos es el eje de la nueva dominación social del modelo neoliberal capitalista. Su consolidación sería el hecho más funesto para el desarrollo igualitario y democrático de nuestro continente, puesto que en nombre de libertades, de los avances tecnológicos y de la “sociedad de la información” se está erigiendo la dictadura internacional más expoliadora de cualquier época, sin necesidad de sometimiento físico, sólo a partir de la enajenación mental. .
En México, los dos grupos económicos que detentan redes y contenidos está a punto de concretar su alianza estratégica para asegurarse larga y poderosa vida, perpetuando sus condiciones monopolicas, en el mercado de las telecomunicaciones y de la televisión, a partir del acuerdo de convergencia tecnológica que plantea la posibilidad de que Telmex ofrezca también el servicio de Televisión. Para ese propósito cuentan con la obsecuencia, rayana todos estos años en servidumbre y entreguismo, del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada.
Al principio de la discusión sobre el acuerdo de convergencia Telmex y Televisa simularon un desencuentro y externaron opiniones encontradas en torno al proyecto, tal como lo fingieron en el proceso de aprobación de la Ley Televisa, en el que realmente sentaron las bases para lo que ahora está por venir. Algunos ingenuos pensaron que ahora sí vendría el esperado pleito entre los dos grandes, porque las discrepancias se reflejaron en el ámbito de autoridad que cada uno de esos consorcios tiene bajo su captura, Televisa dueña de la Cofetel, y Telmex mandamás en la SCT. Pero ya se pusieron de acuerdo, y Fox no tendrá de otra mas que ordenar su publicación.
Si antes no importó que el Secretario de Comunicaciones, arq. Pedro Cerisola, enviara un dictamen técnico al Presidente para que vetara las reformas legales que estaban bajo su conocimiento, jurisdicción y competencia directa, ¿porqué habrían de hacerle caso al Licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda que envió hace tres semanas una carta a Cerisola solicitándole que antes de publicar el acuerdo ” enviara a la SHCP los estudios y dictámenes económico-financieros de los beneficios económicos que debiera recibir el Gobierno Federal por la modificación del Título de Concesión de Telmex, y el dictamen jurídico de la SCT respecto de la viabilidad de la modificación”.
Más allá del juego de intereses que estos Secretarios han demostrado ante la ley Televisa y el Acuerdo de Convergencia para Telmex, con posiciones contradictorias según sea la empresa beneficiada, en un asunto que debiera ser visto con neutralidad tecnológica, lo cierto es que Gil Díaz tiene razón, ¿cómo es posible que modificarle el título de concesión a Telmex, no representará ningún pago al Estado?. Contradictoriamente a su posición frente a la Ley Televisa, la SCT ha salido públicamente a decir que no se necesita cobrar a Telmex por autorizarle el nuevo servicio.
Esta respuesta ignora el hecho que al vender Telmex a finales de 1990, el gobierno vendió esencialmente dos negocios: la telefonía local y de larga distancia nacional e internacional fija y una concesión de telefonía móvil a nivel nacional. La venta excluyó explícitamente el negocio de televisión, así como la posibilidad de que los dueños de Televisa pudieran comprar Telmex. De haberse vendido sin estas restricciones el precio de venta habría sido mayor. Esta afirmación es de sentido común y bien conocida. El valor de mercado de una empresa depende del valor esperado de su capacidad de generar flujo de efectivo y es obvio que la eliminación de las restricciones habría tenido el efecto de aumentar sus ingresos y su flujo de efectivo a lo largo del tiempo. Si a Telmex se le permite entrar al negocio de televisión va a poder generar mayores ingresos.
Aparentemente Televisa estaba en contra, y eso representaba para Fox un problema. Pero ya se amarraron, mediante una alianza para lograr una sociedad en materia de contenidos, y eso sí, representa un gran peligro para México, porque se traduce en varias cosas: la empresa de Carlos Slim no va a entrar a competir con Televisa y TV Azteca; la alianza de Telmex con Televisa y TV Azteca, va a ocasionar que las televisoras puedan realizar todo tipo de prácticas discriminatorias a favor de Telmex y en contra de otros proveedores de transporte de comunicaciones de Internet de banda ancha. Hay que recordar que la banda ancha es una infraestructura clave para el desarrollo del país en la parte económica, social y política, por lo que quien controle esta infraestructura tendrá un poder inmenso.
La discriminación de las televisoras en favor de Telmex y/o en contra de terceros permitirá a Telmex crear un (cuasi)monopolio en la banda ancha en el país. Presas de periódicas prácticas de discriminación, las empresas de televisión por cable y otras redes de transporte de banda ancha verán mermado su valor y podrán ser fácilmente adquiridas o desplazadas del mercado. Por otra parte, en la medida que Telmex obtenga el monopolio en la banda ancha permitirá a Televisa y TV Azteca limitar el acceso a otras empresa que quieran entrar a competir en el mercado de televisión con otros contenidos. Telmex puede dificultar que sus usuarios de banda ancha tengan acceso a contenidos de otros proveedores, como actualmente restringe que sus usuarios accedan a servicios de telefonía IP.
México no tiene un marco regulatorio mínimo que impida todo tipo de discriminaciones entre el operador dominante de la red y proveedores oligopólicos de contenidos en contra de otras redes y proveedores de contenidos competitivos. El daño para el país del Acuerdo ampliado con la alianza Telmex Televisa-TV Azteca es enorme de cara al futuro. ¿Y ahora quién podrá defendernos?. ¿Eduardo Pérez Mota, embatido por el propio Ejecutivo Federal en una controversia constitucional? ¿El Congreso? Pobre país.
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