Guillermo Almeyra
El gobierno de El Yunque es duro, pero frágil, ya que carece de consenso social y se basa esencialmente en una minoría reaccionaria y ciegamente insensible que sólo cree en la fuerza y, por supuesto, en los aparatos represivos. Aunque el conservadurismo de muy vastas capas sociales rechace las movilizaciones y reivindicaciones, que identifica con el desorden y la violencia, y esté, en cambio, habituado a la violencia ilegal y asesina de los explotadores (que le parece "normal" y, por consiguiente, aceptable), Calderón no tiene, sin embargo, el respaldo necesario para una represión duradera ni en Oaxaca contra la APPO ni en el país, brutalidad antidemocrática que, además, marcha unida a medidas antipopulares en ámbitos como la educación pública, los derechos humanos, los salarios. Incluso las demostraciones de su debilidad, como la cena con el asesino Ulises Ruiz para comprar el apoyo siempre vacilante del PRI e imponer dentro mismo del PAN su política represiva, o como la infamia del arresto de Flavio Sosa y los dirigentes de la APPO invitados a "negociar", o la rebaja de un ridículo 10 por ciento en los ingresos suyos y de su entorno (¡que rondan, cortados, los 200 mil pesos!), aparecen como agravios y provocaciones.
El gobierno de la reacción, el racismo y la desigualdad, además, está débil aquí porque están haciendo agua Bush y su política neonazi de extensión de la "guerra preventiva" y de continuos ataques contra los derechos democráticos en Estados Unidos mismo. Calderón tendrá que adecuarse a ese entorno y a una economía estadunidense débil y el crecimiento en toda América Latina de la protesta social, con su reflejo político, los contagiosos gobiernos antimperialistas. La ferocidad de los opresores y explotadores contra los habitantes de Atenco, primero, y ahora contra los cuadros de la APPO (mientras el asesino Ruiz anda suelto y come con Calderón, aunque siga empleando sus paramilitares), podrá quizás, inicialmente, poner a la defensiva la explosión social oaxaqueña y obligar a los movimientos sociales a centrar sus esfuerzos en la exigencia de la libertad inmediata de las presos políticos y sociales y en el castigo a los culpables de dos decenas de muertos y decenas de heridos. Pero el movimiento social se profundizará, consolidando sus bases, preparando un nuevo salto, como hacen todas las etnias indígenas oaxaqueñas, que en su reciente congreso han decidido reforzar su autonomía y su unidad, movilizando y concientizando sus bases.
En realidad, la "fuerza" del gobierno del gran capital ha consistido en la falta de apoyo decidido, real, a la APPO, durante meses, por parte de López Obrador y el PRD y de la otra campaña, por incomprensión de la importancia de los movimientos sociales independientes, de la autonomía y de la construcción de gérmenes de doble poder (la policía de los maestros, el honorable cuerpo de topiles, la ocupación de municipios, los bandos de gobierno, etcétera) y de la pluralidad en la participación organizada de los sectores más pobres y discriminados la población oaxaqueña. Pero éstos están ahí y seguirán luchando. Los indígenas, los campesinos, los maestros no abandonarán su lucha autonómica ni por la represión ni por la incomprensión de sus aliados revolucionarios que tienen una visión organizativa verticalista y sustitutiva de los movimientos reales o de sus aliados institucionales, que encaran la lucha dentro del sistema, del Congreso y de la brega entre los partidos. La no violencia gandhista que proclaman los pueblos indígenas oaxaqueños no es por eso la de Gandhi sino la de los partidarios plebeyos de la dirección nacionalista.
Aunque Marcos y la otra campaña dejaron pasar el momento de estar presentes en Oaxaca apoyando a la APPO, y aunque López Obrador centró todo en la lucha cortoplacista contra el fraude, ahora es posible un frente único entre APPO, CND, OC. Con Calderón se acabó, en efecto, la "situación especial" que daba garantías policiales a Marcos y al EZLN. La represión salvaje e ilegal contra Atenco y contra la APPO no tendrá límites sociales y políticos porque el gobierno sólo cuenta con la fuerza y tratará de usarla, rápidamente, para imponer su política antes de dar tiempo a reacciones extraelectorales que la movilización de los electricistas y otros sectores obreros hacen prever. En la lucha parlamentaria el PRD estará tironeado entre los pocos diputados y senadores, y los muchísimos en la base, por un lado, quieren usar el Congreso como instrumento para una lucha fuera de él, presentando iniciativas de leyes sociales y democráticas que sirvan para educar y organizar políticamente en forma autónoma a los que quieren dar vida real a la CND, y quienes, por el contrario, se quieren instalar en sus nuevas posiciones institucionales y negociar con el gobierno y con el PRI con vistas a posicionarse para el 2012, sin preocuparse sino instrumentalmente por lo que pasa en el país y por los oprimidos y explotados.
El mismo AMLO no podrá contar, ahora, en una lucha extraelectoral, con los dirigentes perredistas y con gran parte de los diputados y senadores que impuso sin asco alguno para ganar una lucha electoral que terminó, lógicamente, con el fraude, o sea con la fuerza del gobierno del capital que no se para ante leyes o constituciones. Desgraciadamente, en política, actuar a tiempo es un factor decisivo. Se dejó pasar un momento en que era posible una ofensiva conjunta para hacer caer a Ulises Ruiz e impedir el fraude, y ahora habrá que preparar urgentemente la defensa, empezando por no permitir que, violando las leyes y la Constitución, el gobierno encarcele a las víctimas y premie a los victimarios.
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