En un aniversario más del golpe de Estado que llevó a los militares al poder en Argentina, el presidente de ese país, Néstor Kirchner, pidió este sábado perdón por la dictadura que gobernó ese país de 1976 a 1983.
"Le digo a la justicia: juicio y castigo. Necesitamos que los juicios se aceleren. Hubo militares que hoy se esconden, que tienen miedo de ir ante un juzgado y eran dueños de la vida de los argentinos que querían un país distinto", dijo el presidente, en alusión a los procesos legales contra represores que se han abierto en meses recientes en todo el mundo.
El mandatario hizo este llamado en un lugar que en ese tiempo era sinónimo de terror: el centro de detención clandestino La Perla, en la provincia de Córdoba, uno de los mayores del país, donde desaparecieron más de 2 mil personas en ocho años.
Cuando este penal funcionaba, en la segunda mitad de los setenta y primeros años de los ochenta, el poder de la dictadura era indiscutible. Había un gran riesgo de terminar quién sabe dónde, sufriendo tratos inhumanos, en caso de oponerse a los mandatos de la junta militar, como bien pueden constatar miles de supervivientes.
De acuerdo con las investigaciones de organismos de derechos humanos, este régimen mandó a campos de concentración a más de 30 mil sindicalistas, activistas de izquierda, periodistas e intelectuales, quienes sufrieron tormentos o fueron desaparecidos o asesinados (los informes oficiales dan cuenta de 13 mil casos).
Desde que asumió el poder, en 2003, Kirchner tomó personalmente en sus manos la tarea de hacer justicia para las víctimas de la dictadura y desenterrar los procesos legales abortados por leyes de obediencia debida, de amnistía y punto final con las que, tras el regreso de la democracia en 1983 con la elección de Raúl Alfonsín, los militares se protegieron las espaldas. Hay que recordar que el gobierno de Alfonsín fue amenazado por la cúpula castrense con un nuevo golpe si no sacaba adelante dicha legislación y no terminaba con los juicios contra los líderes de la dictadura.
Con la llegada de Carlos Menem a la Casa Rosada, en 1990, se aprobaron indultos que auguraban un futuro tranquilo para torturadores y asesinos y sus mandos.
Sin embargo, el tiempo de la justicia llegó. Desde su arribo a la presidencia, Néstor Kirchner comenzó una labor para llevar ante los tribunales a los ejecutores de la dictadura. En agosto de 2003, impulsó la derogación en el Congreso de las leyes de amnistía, que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en junio de 2005, lo que permitió la reapertura de varias causas judiciales. Como consecuencia, actualmente hay unos 170 represores detenidos.
En marzo de 2004, Kirchner dispuso que el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) -una de las mayores prisiones clandestinas del régimen- fuera convertido en un museo de la memoria. En 2006 logró que el Parlamento declarara el 24 de marzo como fiesta nacional en Argentina.
Con sus pronunciamientos y acciones, Kirchner realiza una labor vital para evitar que atrocidades como las cometidas por los militares argentinos hace tres décadas queden impunes y se pierdan en el olvido. Tener presente lo que sucedió en esa época en ese país, y en prácticamente toda Sudamérica, ayudará, sin duda, a esclarecer lo que sucedió entonces, a continuar con la tarea de llevar a los responsables ante los jueces y evitar que algo así ocurra de nuevo.
Lamentablemente, la justicia no ha llegado a todas partes: en México los crímenes cometidos por el Estado en 1968, 1971 y durante las décadas de los años setenta y ochenta, en el contexto de la guerra sucia contra opositores, siguen impunes y no hay señales de que esto cambie pronto.
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