Detiene la AFI en Chihuahua a Emiliano García, asesor del frente, acusado de sabotaje.

El Calderonismo"denota una estrategia de intimidación a los movimientos sociales, en lugar de atender las demandas de los mismos".

Campaña de intimidación contra líderes sociales, denuncia el FDC

Organizaciones campesinas piden la intervención del gobernador Baeza Terrazas

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 9 de marzo. Elementos de la Agencia Federal de Investigación detuvieron a Jesús Emiliano García, asesor del Frente Democrático Campesino (FDC), acusado de diversos delitos, entre ellos el de sabotaje, derivado del bloqueo efectuada en días pasados frente a la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Los agentes que llegaron a cumplir la orden de aprehensión entraron a las oficinas de la organización a la misma hora en que el presidente Felipe Calderón encabezaba un acto en el patio del palacio de gobierno, donde anunció apoyos para los jóvenes emprendedores del medio rural a los que prometió programas especiales para que no tengan necesidad de abandonar la tierra en busca de trabajo en las ciudades o emigren a Estados Unidos.

El dirigente fue trasladado al penal estatal acusado de delito de sabotaje que, según el Código Penal, implica una pena de dos a 20 años de prisión sin derecho a fianza. Aproximadamente a las 19 horas, después de horas de presión por parte de dirigentes de organizaciones campesinas, Jesús Emiliano García fue presentado en el juzgado décimo de distrito, donde rindió su declaración preparatoria.

Allí se supo que existen al menos otras cuatro órdenes de aprehensión contra igual número de dirigentes, entre ellos Víctor Quintana Silveyra, también asesor del FDC e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien desde el miércoles se encuentra en Washington, Estados Unidos, donde participa en un foro internacional que cabildea con legisladores de ese país la no apertura del Tratado de Libre Comercio a la libre importación de granos básicos, entre ellos el maíz.

Entrevistado telefónicamente, Quintana Silveyra expresó que la persecución del régimen de Felipe Calderón contra dirigentes del FDC "denota una estrategia de intimidación a los movimientos sociales, en lugar de atender las demandas de los mismos".

Sostuvo que el gobierno utiliza los operativos de seguridad para perseguir líderes sociales en lugar de convocar a la concordia y al rescate del campo, con base en la construcción de consensos. "Pretende gobernar con el Ejército y la policía", destacó.

Señaló que con acciones como esta, el régimen "pretende suprimir la disidencia encarcelándola y no escuchándola. Es abonar, en los hechos, a la contrarreforma del Estado", comentó.

El investigador presentó inmediatamente en Estados Unidos una denuncia pública por la persecución de que es objeto la organización campesina a la que pertenece y anunció que regresará a México amparado para continuar en la lucha por la libertad de Jesús Emiliano García y la reivindicación de las demandas de los hombres del campo.

Martín Solís, otro de los dirigentes del FDC, denunció que Carlos Aguilar Camargo, delegado de la Sagarpa, le advirtió esta tarde que no tolerará más tomas de oficinas ni medidas de presión por parte de dirigentes sociales. "Queda claro que se pretende reprimir los movimientos sociales por medio del encarcelamiento de sus líderes", dijo.

Informó que varias organizaciones solicitaron la intervención del gobernador José Reyes Baeza Terrazas para obtener la libertad inmediata de Jesús Emiliano, quien fue encarcelado previo a la concentración campesina programada desde hace varias semanas para llevarse a cabo el lunes 12 en la capital del estado.

La protesta es para pedir a la Federación apoyos urgentes que permitan a los campesinos sembrar maíz en más de 250 mil hectáreas en la zona temporalera a fin de aprovechar las condiciones de humedad del campo. Para eso, pidieron a las autoridades 800 pesos por hectárea, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta.

César Duarte Jáquez, secretario general de la Confederación Nacional Campesina en la entidad, condenó la acción de la PGR y demandó al gobierno federal poner un alto a las provocaciones contra dirigentes de organizaciones sociales.