Carlos Fernández-Vega
Tanto miedo tienen de utilizar la palabra correcta, que en los últimos cinco lustros han acomodado y aplicado todo tipo de términos para justificar el fin de su política económica: privatización a ultranza.
Desde los tiempos de Miguel de la Madrid hasta los de Vicente Fox, los cuatro gobiernos involucrados utilizaron un sinnúmero de calificativos para encubrir la privatización del aparato productivo del Estado y evadir su obligación en infraestructura y servicios. Entre los preferidos se cuentan: "adelgazamiento", "desincorporación", "de-sinversión", "modernización", "concesión", "permiso limitado", "coinversión", "capital complementario" y "riesgo compartido", entre otros. En los hechos se privatizaron alrededor de mil 200 empresas paraestatales.
Muchos suponían que la creatividad de los gobiernos neoliberales se había secado. Tantos términos acuñaron para disfrazar el fin, que algunos suponían agotado el diccionario de sinónimos por ellos ideado. Pero no contaban con la inventiva del quinto gobierno neoliberal al hilo.
En este sentido, para Felipe Calderón y sus genios de la tecnocracia, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se privatizarán. Sencillamente entrarán en una "transición energética".
Es muy bonito el nuevo término y, hay que reconocerlo, muy creativo. En 25 años la participación del Estado en la economía se ha pulverizado, y para justificar los procesos de privatización los cuatro gobiernos neoliberales anteriores aplicaron todos los sinónimos de su diccionario (desde "adelgazamiento" hasta el"riesgo compartido"), pero (tal vez por lo novedoso) ninguno de ellos resulta tan atractivo como el de "transición energética".
En efecto, la idea es que las dos joyas de las corona (Pemex y CFE) "transiten" de la propiedad del Estado a la del sector privado, del capital público al trasnacional, con alguna participación del nacional. Ayer se los dijo Calderón a los empresarios, en la asamblea de la Concamin, con la nueva edición del diccionario neoliberal en las manos: "requerimos sí, tener un sector energético más competitivo, requerimos verdaderamente poder hacer esta transición, desde la cual pasemos de tener un sector energético que financia al gobierno de México a un sector energético que impulsa la competitividad, no sólo del gobierno, sino de la economía completa del país".
Eso sí, dijo, "siempre (teniendo) la rectoría del Estado y sin ceder, por supuesto, en absoluto la soberanía nacional en materia energética". Es decir, lo mismo que en su momento se prometió con la banca, las comunicaciones, el Tratado de Libre Comercio y demás asuntos estratégicos que hoy tienen al país más endeble que nunca.
Por algo se autodenomina el gobierno de la "continuidad"; el discurso es igual al de sus cuatro antecesores ("no se privatizarán Pemex ni la CFE"), y la práctica también: dejar entrar al capital privado por la puerta de atrás (reglamentos y leyes secundarias) en sectores donde la Constitución explícitamente lo impide. Es el embate de siempre, aunque en este caso justo es reconocer el nuevo término: "transición energética".
Como muestra de que "no se privatizan" las joyas de la corona sólo hay que recordar que a estas alturas cerca de 30 por ciento de la energía eléctrica en el país es generada por particulares, que en el sector del gas las huellas del capital trasnacional aparecen por todas partes, que en ductos la iniciativa privada reporta un buen avance y que en transporte y distribución de energéticos la participación ha ido de menos a más.
Precisamente como parte de la "transición energética", el director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Roberto Ramírez Soberón, notificó que "ante la falta de presupuesto para construir nuevos ductos de gas, Petróleos Mexicanos dejará de invertir en este renglón; no tenemos dinero, porque en Pemex-Gas tengo que priorizar mis inversiones, y lo que sobra no es suficiente para que invirtamos en los ductos".
No hay con qué, según él, por lo que en automático dio la solución: debe ser el sector privado quien desarrolle los proyectos futuros "en sitios donde no existe infraestructura, principalmente en el centro y occidente del país". Y no lo dijo al aire, sino ante los participantes en el cuarto Congreso de la Asociación Mexicana de Gas Natural, que de mexicana sólo tiene el nombre.
La Secretaría de Energía coincide, pero en el exceso hace público lo siguiente: "el reglamento de gas natural no permite la integración vertical de las actividades relacionadas con la conducción del gas natural, por lo que un mismo permisionario no puede llevar a cabo las actividades de transporte y distribución dentro de una misma zona. Por esta razón, Pemex debió desincorporar (léase privatizar) los ductos y demás activos definidos por la CRE como de distribución, para dedicarse exclusivamente a las actividades relacionadas con el transporte".
También en plena "transición energética", Pemex Exploración y Producción retomó los "contratos de servicios múltiples" (rebautizados como "contratos de obra pública financiada") y adjudicó otros dos en la cuenca de Burgos: el bloque Nejo, para el consorcio Monclova Pirineos Gas (empresas colombianas, venezolanas y mexicanas) y el grupo español Cobra, y el bloque Monclava, para Construcciones Mecánicas Monclova y Administradora de Proyectos de Campos (ambas mexicanas) y la colombiana Production Testing Services.
Las rebanadas del pastel:
Leonardo Sánchez Avalos, propietario de Líneas Aéreas Azteca (que nace de los restos de TAESA), no se puede quejar: ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió sus vuelos por no garantizar los estándares de seguridad requeridos, pero se mantiene intocado uno de sus más jugosos negocios: el contrato leonino que desde 1993, junto con las familias Hank y Durán, les regaló Pemex-Refinación para la "prestación de servicios del transporte autotanques". El negocio es tan sucio que hasta los panistas brincaron, porque el hoy senador de ese partido Juan Bueno Torio lo ratificó durante su paso por la (todavía) paraestatal.
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