John Saxe-Fernández
Pueden identificarse tres "ausencias" en la andanada contra la nacionalización petrolera que protagonizó la semana pasada Alan Greenspan, el ex encargado de la Reserva Federal de EU: 1) la monumental embestida fiscal de la Secretaría de Hacienda contra Pemex, bajo los auspicios del FMI-Banco Mundial; 2) la mesura y seriedad en torno a datos geológicos sobre el agotamiento de la reserva petrolera y 3) algún vestigio de vergüenza y respeto hacia los mexicanos, su Constitución y su soberanía.
Por enésima vez EU y su quinta columna tratan de remover obstáculos para "ir legalizando" la apertura a la inversión "nacional y/o extranjera", en curso, del portafolio de negocios de Pemex. Los ajustes, incluso de leyes secundarias, dan paso a la privatización de facto y de ahí a la "imperialización" de Pemex-CFE y no a su globalización, como lo atestiguan bancos y ferrocarriles: para la ola neopolka cercana a Calderón, la "hegemonía planetaria de EU es garantía de seguridad energética a largo plazo para México" (sic).
¿El pretexto ahora?: el inminente "colapso" de Cantarell y la "magna crisis fiscal", dada la petrolización presupuestal, por el desplome de la producción de crudo. Se desatiende que Pemex genera recursos suficientes para su expansión y para una reposición razonable de la reserva. El potencial petrolero bajo jurisdicción mexicana es vasto, incluyendo el de aguas someras y profundas del Golfo de México. El problema no es falta de recursos o de tecnología sino el ataque impositivo a Pemex por una oligarquía que, vía privilegios fiscales inadmisibles, incauta la renta petrolera.
Con datos definitivos derivados de los estados financieros de Pemex, José L. Manzo (Pemex: Propuestas para su rehabilitación, www.untcip.net 2005) ilustra el orden de magnitud de este asalto fiscal: mientras entre 1990 y 2004 Pemex generó 347 mil millones de dólares (mmdd) -dólares constantes de 2004-, Hacienda le cobró impuestos por 355 mmdd. Además de confiscar ciento por ciento de las utilidades generadas le cobraron impuestos extras por 8 mmdd. ¿Objetivo? En palabras del BM para este tipo de operativos (textual): "llevar la empresa a un punto de venta". Entre 1990 y 1997 la carga fiscal fue de 92 por ciento, ruinosa para cualquier petrolera. Como Pemex resistió el embate se aumentó la carga, en lo que, con la probable excepción de los atracos bajo Yeltsin, es la mayor, más escandalosa e impune operación perpetrada por camarilla alguna: entre 1998 y 2004 la carga fiscal contra Pemex fue de 110 por ciento, registrándose una "pérdida contable" por 20 mmdd (p.8). La tasa impositiva promedio de esos 15 años fue del orden de 106 por ciento. Lo que contrasta con las obligaciones del sector privado, nacional o extranjero, como lo ilustró hace poco Mario di Costanzo.
Manzo muestra que en 2004 British Petroleum saldó impuestos por 34 por ciento de las utilidades generadas que fueron de 24.3 mmdd. Pagó 8.3 mmdd por impuestos, con una utilidad neta de 16 mmdd: 6.6mmdd para sus accionistas y 9.4 mmdd para financiar su expansión (p.11). En contraste, en 2004 Pemex generó 40 mmdd y pagó impuestos por 42 mmdd, por lo que tuvo una "pérdida" de 2 mmdd y a diferencia de la petrolera inglesa, que retiene utilidades para su expansión, Pemex es despojada por su gobierno de sus utilidades, obligándola además a endeudarse para pagar los impuestos faltantes, "que le fueron cobrados en exceso de las utilidades que generó".
En lo referido a la dotación petrolera del país, el problema, más que geológico, está en la "insuficiencia en la inversión", inducida por el FMI desde Hacienda pues con montos adecuados se podría mitigar la disminución de los niveles de producción del complejo Cantarell, mejorando su explotación y ampliándola en otras localizaciones. En 2004 su producción llegó a 2 millones 125 mil barriles diarios (bd) disminuyendo desde entonces. Según cifras oficiales (ver Fabio Barbosa, Petróleo y Electricidad, enero-marzo 2007) en 2005 la producción del complejo se redujo en 96 mil bd y en 2006 había perdido otros 141 mil bd. Para 2010 se espera una producción de un millón de bd, nivel similar al de 1996. En 2015 bajaría al medio millón bd.
Greenspan -y Calderón- quieren una "cobertura legal" para impugnados contratos y operaciones puestos en marcha unos desde hace años y muchos nuevos. Lo que interesa al aparato estatal-empresarial de EU y algunos grupos locales (v.gr. los contratos con Halliburton, Bechtel, et al y el ingreso de Carso Infraestructura y Construcción en el negocio de la perforación petrolera) es dar cobertura constitucional -o al menos una manita de gato legal- al manejo opaco del "portafolio" de Pemex pactado con el equipo de transición del panista.
El desarme del complejo petro-eléctrico procede "paso a paso", para aminorar resistencias, dirigiéndolo hacia su "continentalización" bajo la égida empresarial y de seguridad de EU, es decir de la ASPAN, del Comando Norte y de un gemelo del plan Colombia.
Así un régimen de usurpación electoral finiquitaría la base material y de seguridad de México como nación soberana e independiente.
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