Temor al costo político

Carlos Fernández-Vega

Este sí saca la "reforma" rapidito

Hace como que cambia para dejar las cosas igual

Soborno legalizado para la economía informal

Limitada, chiquita, timorata resultó la miscelánea fiscal (pomposamente llamada Reforma integral de la hacienda pública) que el inquilino de Los Pinos remitió al Congreso, la cual, contrariamente a la euforia calderonista, no combate privilegios ni evasión, y en el mejor de los casos marginalmente fortalecería las finanzas públicas, pero a costillas de afectar aún más la de por sí deteriorada generación de empleo.

Queda claro que la rapidez con la que el inquilino de Los Pinos presentó su propuesta fiscal corresponde más a sus urgencias políticas y de legitimidad ("este sí saca las reformas rapidito, no como el otro") que a los apremios nacionales en el terreno tributario (incrementar la recaudación, ampliar el padrón de causantes, erradicar privilegios y pugnar por la equidad fiscal).

Difícilmente una restructuración fiscal deja satisfechos a todos, pero la "reforma" calderonista (más allá de enjuagues y amarres que concrete en el Congreso) parece alcanzar el consenso, aunque en sentido contrario a la idílica versión de Los Pinos. La "continuidad" no quiere asumir el costo político que implicaría una modificación real y verdaderamente integral a la política tributaria (ni arriesgar futuros financiamientos del gran capital para sus campañas electorales), y por ello hace como que cambia las cosas para dejarlas igual, sin rozar uno de los renglones más onerosos para las finanzas nacionales, es decir, los regímenes especiales, o lo que es lo mismo los más de 500 mil millones de pesos anuales que el erario ni de lejos ve.

El paquete fiscal calderonista que ayer oficialmente recibió el Congreso, pretende un incremento máximo (en el año 2012) en la recaudación fiscal de 2.8 puntos porcentuales del producto interno bruto, de los que 1.9 puntos ingresarían a las arcas federales y 0.9 a las estatales. Lo anterior, como se anota, en el mediano plazo. Pero en la realidad actual y futuro del país permanece intacto el 6 por ciento del PIB que a los mexicanos les cuesta mantener los regímenes fiscales especiales.

En lo inmediato, siempre y cuando el Congreso apruebe la propuesta calderonista como lo hizo con la ley Televisa (sin modificar una sola coma), el incremento en la recaudación fiscal sería de 1.5 puntos porcentuales del PIB (uno para la Federación y medio para los estados) en 2008, proporción que equivaldría a cerca de 140 mil millones de pesos (algo menos de los que anualmente se paga por servicio de la deuda pública federal), monto similar al pretendido por el "reformón" foxista por medio del IVA en alimentos y medicinas. A partir de 2009 se incrementaría paulatinamente hasta alcanzar el citado 2.8 por ciento del producto. Ciento 40 mil millones no son malos (en el caso de que el Congreso avale la propuesta y en el de que el gobierno efectivamente los recaude), pero representan un monto casi cuatro veces inferior al que el fisco deja de captar por los regímenes especiales, a los que no rozó ni con el pétalo de una rosa.

Los cambios al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos no aparecen por ninguna parte. La gallina de los huevos de oro negro quedó totalmente fuera de la autodenominada Reforma integral de la hacienda pública, no obstante sus urgencias en modernización e inversión. Pero la razón calderonista es simple: el inquilino de Los Pinos pretende incluir las "modificaciones" en su "reforma" energética, o lo que es lo mismo en su intentona por privatizar al principal cliente, y por mucho, del fisco mexicano.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, considera que el parche fiscal de la "continuidad" es el "adecuado para México, en este momento, y no se pasará ninguna factura a las próximos gobiernos; no queremos cerrar la brecha tributaria. No es una propuesta incompleta, es lo que necesitamos, no requerimos recaudar por recaudar", y como la intención, dice, no es esta última, entonces mantienen ilesos los privilegios fiscales del gran capital.

En la parafernalia del nuevo "reformón" llama la atención la propuesta para el denominado impuesto contra la informalidad, el cual pretende "gravar los depósitos en efectivo que excedan 20 mil pesos mensuales y será acreditable contra el ISR, así como diversas medidas que permitirán fiscalizar a quienes hoy no estén inscritos en el padrón de contribuyentes".

En realidad no existe tal combate, porque dicho gravamen "contra la informalidad" no sería más que una cuota, un soborno legalizado e institucionalizado para que las empresas y las personas se mantengan en la informalidad. Combatirla, sería hacer hasta lo imposible para que las empresas se incorporen a la economía formal y, sobre todo, los empleos (seguridad social, contratos registrados, prestaciones monetarias, protección laboral, etcétera). En los hechos, de aprobarse, tal impuesto sería como una "mordida" al tamarindo de la esquina: no se puede estacionar donde se estacionó, porque está prohibido, pero por un billete me hago güey, se queda donde está y le aviso si viene la grúa, y el costo social y económico de la informalidad se mantiene tal cual.

Y de la manga sacaron un gravamen a "grafiteros", porque el inquilino de Los Pinos propone un impuesto a la venta de pinturas en aerosol (tasa de 50 por ciento), como si dichos productos se fabricaran en exclusiva para los llamados artistas urbanos y manifestantes que los acompañan. Dice Carstens que es necesario, porque "buscamos desalentar la pintura de inmuebles, casas habitación, calles y hasta monumentos históricos".

Bajo esa premisa, ¿qué tal un impuesto a gobernantes ineficaces? México sería inmensamente rico.

Las rebanadas del pastel

En plena campaña electoral, Felipe Calderón prometió;: "como Presidente voy a proponer al Congreso que la tenencia (impuesto sobre tenencia o uso de vehículos) se derogue, porque no estoy de acuerdo con su pago"... Ya en Los Pinos se muestra cumplidor: que se derogue, sí, pero "a partir del año 2014", o lo que es lo mismo, en el siguiente gobierno.