Negocios millonarios

jorge carrasco araizaga
Proceso

México, D.F., (apro).- En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha optado por evitar las cuentas con su antecesor. A pesar de las evidencias, ha preferido el silencio ante hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración de Vicente Fox.

Uno de ellos, más que documentado, está en manos del secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cáceres. Desde septiembre de 2006 está en poder de esa dependencia un dictamen jurídico elaborado para revisar las licitaciones realizadas por Pemex Refinación cuando el director era Juan Bueno Torio, actual senador del PAN por Veracruz y aspirante a gobernar el estado.

Bueno Torio –quien quedó en medio del escándalo al trascender que otorgó contratos de esa división de Pemex a empresas de su familia y a Saint Martin Construcciones, vinculada con los hijos de Marta Sahagún– tuvo como colaboradores a personas que en ese dictamen son señaladas como probables responsables de haberle causado un “grave daño” al Estado mexicano.

Se trata del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, del gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo, Jorge A. Basualdo Ramírez, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano.

Los tres son señalados como presuntos responsables de operaciones ilegales, mediante licitaciones orientadas, de arrendamiento de cuatro buques tanque durante 2005, para transportar productos petroleros en las dos costas de la República Mexicana.

Los contratos fueron por cinco años, sin opción a compra y con un acuerdo técnico elaborado por la gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo, a cargo de Basualdo Ramírez. Los buques requeridos eran de entre 37 y 47 mil toneladas.

Elaborado a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, el dictamen señala que los tres involucrados “concertaron, indujeron, licitaron y adjudicaron cuatro buques a las dos únicas empresas mexicanas participantes (una en cada licitación), no obstante, el muy elevado sobreprecio al que fueron ofertados, afectando gravemente con ello al Estado mexicano por los daños y perjuicios económicos derivados de dicha contratación”.

Las dos empresas beneficiadas fueron Arrendadora Ocean Mexicana y Naviera del Pacífico S.A. de C.V. El dictamen no señala la cifra total, pero por los datos que proporciona, cada empresa logró contratos por 100 millones de dólares; es decir, fueron operaciones por unos 200 millones de dólares.

Arrendadora Ocean Mexicana es parte del Grupo Blue Marine Technology, que preside Juan Marcos Issa, quien trabajó en Pemex como coordinador de asesores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo. Naviera del Pacífico es una filial del Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM).

La primera de las firmas ofreció dos embarcaciones, la Torm Alice y la Torm Agnete, propiedad de la empresa danesa Torm.

De acuerdo con la revisión técnica y jurídica de esa adjudicación, para ambos buques el porcentaje de la tarifa de arrendamiento fue de 35.94% superior respecto de la tarifa original de Pemex. En precios, el contrato se tradujo en una tarifa diaria de 25 mil 500 dólares para el Torm Alice y de 29 mil 5000 para el Torm Agnete.

En todos los casos, los precios incluyen lo que se conoce como el acuerdo técnico, que consiste en el mantenimiento, administración y gestión naútica.

Naviera del Pacífico ofreció, a su vez, las embarcaciones Fearless y Elka Baluni.

Los estudios solicitados por Pemex Refinación en el curso de la licitación recomendaron tarifas muchos más bajas. En el caso del Fearless la estimación recomendada, sin acuerdo técnico, era de 14 mil 500 dólares, pero el contrato fue adjudicado por 21 mil 674 dólares diarios.

Para el busque Elka, la tarifa de arrendamiento se fijó en 29.75 por ciento por encima de la tarifa ofrecida por Pemex. Eso significó que la tarifa diaria que se le pagó a TMM fue de 28 mil 117 dólares.

No sólo fueron los sobreprecios; también la manera en que se hizo la adjudicación. En lugar de ser nacional se debió hacer una licitación internacional, debido a que, de antemano, se sabía que en México no había una empresa que pudiera ofrecer directamente las embarcaciones requeridas.

De esa forma, Pemex habría financiado ilícitamente a las empresas ganadoras el arrendamiento de los buques, pues de acuerdo con el dictamen no hay evidencia de que las embarcaciones sean propiedad de las firmas beneficiadas o que las tengan por arrendamiento financiero.

Las evidencias del daño las tiene Germán Martínez en su escritorio. Él y su jefe y amigo, Felipe Calderón, tienen una oportunidad más para revisar y actuar sobre la cada vez más sospechosa administración foxista. (27 de julio de 2007)

jcarrasco@proceso.com.mx