Con grave preocupación por la cantidad y gravedad de las denuncias formuladas y frente al abandono, apatía y desinterés de las instancias de procuración e imparticion de justicia del Estado de Guerrero, en ejercicio del derecho constitucional consagrado por los artículos 20 fracción VI apartado A y 39 constitucionales, este juicio popular nacional, atendiendo al clamor de justicia que formulan los sobrevivientes, sus familiares, así como las organizaciones del pueblo de guerrero, procede a relacionar las mismas para los efectos de que sean tomadas en cuenta al momento de dictar la sentencia definitiva en el presente juicio.
C O N S I D E R A N D O.
PRIMERO.- Que la soberanía nacional reside en el pueblo, este tiene en todo tiempo la inalienable e intransferible facultad de crear sus propias instituciones y en este caso la facultad de organizarse para crear sus propios órganos de procuración e imparticion de justicia, esto es, frente a la indolencia del poder publico, el pueblo de Guerrero ha decidido enjuiciar a quienes señala como presuntos responsables de delitos de toda índole incluyendo delitos contra la humanidad que por su naturaleza agravian a la sociedad Mexicana y a la humanidad entera .
SEGUNDO.- Que es notorio que el elemento principal que genera esta violencia, del todo injustificada, es la impunidad absoluta de que han gozado tanto los autores intelectuales, como los perpetradores materiales y que la única forma de romper ese circulo vicioso es juzgar e imponer las penas que correspondan a circunstancias ilícitas, execrables, que son denunciadas.
TERCERO.- En el Estado de Guerrero, a partir de que Zeferino Torreblanca Galindo asume el poder, se profundiza aún más la situación de violaciones graves a los derechos humanos, así como a las garantías sociales e individuales de los guerrerenses.
La política criminal del Estado de Guerrero ha implicado que el conjunto de la sociedad de esta entidad, se vea criminalizada, toda vez que la gran mayoría de los presos políticos, desaparecidos forzados y asesinados, son ajenos a las organizaciones sociales que luchan por las garantías individuales y cuando los familiares u organismos solidarios o de defensa de derechos humanos, salen a las calles para exigir el castigo a los responsables o la presentación con vida de los desaparecidos, entonces el Estado criminaliza esas luchas sociales, generando una nueva cauda de violaciones de los derechos fundamentales de todo ser humano, que implican nuevos presos políticos y asesinatos empezando, de nueva cuenta, ese circulo perverso en cuyo centro radica la integridad física, emocional y moral de los ciudadanos, con la participación incluso del Ejército Mexicano en labores de policía que conlleva la violación de los artículos 21 y 129 constitucionales que concede al Ministerio Público el monopolio de la investigación y persecución de los delitos, teniendo a la policía Ministerial del Estado de Guerrero para tales tareas.
CUARTO.- No obstante que el Estado de Guerrero, ocupa los últimos lugares en los índices de bienestar social y desarrollo económico y paradójicamente tiene los primeros lugares en marginación, pobreza y analfabetismo, con las consecuencias sociales y culturales que eso tiene, el gobierno estatal privilegia los intereses de los dueños del dinero por encima de los derechos económicos, sociales, culturales, de salud y ambientales del pueblo, generando una violación sistemática y generalizada de las garantías individuales y derechos humanos de los guerrerenses, prevaleciendo la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas así como las victimas de los hechos punibles que se mencionan sin que existan mecanismos reales de protección del pueblo, ni organismo capaz y confiable para encontrar justicia, con las consecuencias de incertidumbre e inseguridad de la población por una parte y la impunidad absoluta de los autores materiales e intelectuales de esos crímenes de lesa humanidad, se destaca que la criminalización de la lucha social proviene incluso de supuestos agentes que han ofrecido demagógicamente un cambio a favor de la población más vulnerable como es el caso de la llamada "Ley Dimayuga" que penaliza la protesta social y ha generado una gran cantidad de ordenes de aprehensión en contra de luchadores sociales.
QUINTO.- Los derechos laborales y la libre sindicalización han sufrido un retroceso permanente, violentados tanto por las empresas como por el gobierno, y se pretende imponer a los trabajadores condiciones de trabajo que implican violaciones al articulo 123 constitucional, a la Ley Federal del Trabajo, así como al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
SEXTO.- En contra de los intereses del pueblo se han puesto en marcha megaproyectos de inversión que favorecen a los dueños del dinero nacionales y extranjeros, en contra de la naturaleza social de los ejidos y comunidades indígenas que son despojados de sus recursos naturales, les impiden planear su desarrollo y terminan como peones de sus propias tierras. Por su importancia, es de resaltar el caso del proyecto hidroeléctrico de "La Parota", las mineras de Mezcala y Xochipala, que implican graves daños en contra de las poblaciones y los ecosistemas en que se sustentan.
SEPTIMO.- También en el aspecto educativo ocurren graves violaciones a los derechos humanos, mientras que existen una gran cantidad de escuelas y maestros sin equipamiento y graves deficiencias de infraestructura, por otra parte, existen maestros en condiciones laborales deplorables que redundan en perjuicio del proceso de enseñanza- aprendizaje, se impone una política antipopular basada en la corrupción y de intereses de grupos de poder que trafican impunemente con plazas de maestros, sostienen "·aviadores" y negocian con las de infraestructura prioritaria que maneja el sindicato magisterial de manera clientelar, violentándose el Decreto emitido por el Congreso de la Unión, que otorga el derecho a los egresados normalistas para ocupar plazas de nueva creación, de diecinueve horas, en código diez.
Mención especial amerita la situación de los maestros y estudiantes normalistas, quienes no obstante el lugar que ocupa el Estado de Guerrero en materia educativa, cuando hacen falta miles de maestros que coadyuven en superar el analfabetismo rampante en la entidad, la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa", se encuentra gravemente amenazada, incluso con su desaparición y su sustitución por escuelas privadas, escamoteando el derecho de los maestros egresados para ocupar las plazas que les corresponden conforme a la ley, quienes al luchar en defensa de sus derechos y por los intereses del pueblo, son perseguidos y criminalizados, llegando a la retención ilegal de sus salarios
OCTAVO.- De manera enunciativa mencionamos algunos de los casos relevantes:
1..- Indígenas, Nahuatl, presos de Rincón de Chautla. Municipio de Chilapa, SANTOS VILLALVA CELEDONIO y CELSO HERNANDEZ SANCHEZ, DAVID y BERNARDINO SANCHEZ LUNA, ANACLETO LUNA GASPAR, DANIEL LUNA MARTINEZ, JORDAN LUNA VIRGENIO, HELIODORO LUNA VIRGENIO, FRANCISCO GERMAN HOXPANGO y COMELIO GERMAN HERNANDEZ y FELIPE LUNA MARTINEZ, FELIX LUNA GASPAR y JOAQUÍN SANCHEZ GUADALUPE, quienes tienen órdenes de aprehensión, atacados en sus domicilios el día de las madres, con arma de fuego, del año dos mil seis.
2.- Existen 650 desaparecidos de las décadas de los 80 y 90s, víctimas de la "guerra sucia" y de diciembre de 2006 a enero de 2008 se reportan en la entidad 107 desapariciones forzadas, 11 secuestros y 390 asesinatos, con un rasgo común, que fueron interceptados por hombres con gorras, vestidos de negro y con armas largas, transportados en camionetas de modelos recientes, sin placas y con vidrios polarizados, principalmente en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Atoyac de Alvarez, José Azueta, Iguala y Técpan de Galeana, hechos en los que han intervenido cuerpos policíacos, cuyos mandos son finalmente el procurador, el secretario de gobierno y el propio gobernador del Estado, sin que hasta la fecha haya sido encontrado uno sólo de los desaparecidos, o castigado alguno de los asesinos, por lo que el pueblo de Guerrero exige la presentación con vida de los desaparecidos: Jorge Gabriel Cerón Silva, Ludwig Hernández Cisneros, Pedro Salgado Mora, Cuauhtémoc Román Navarro, Artemio Soroa Brito y Rodrigo Camacho Rodríguez, desaparecidos en la Ciudad de Iguala el 27, 29 y 30 de mayo pasado, respectivamente, Víctor Manuel y Dionisio Rodríguez Jiménez, ambos del Puerto de Acapulco, asimismo, se reclama el castigo de los asesinos de Roberto Arcos Catalán.
3.- La tortura, la impunidad y la criminalización de la lucha social Un aspecto importante de la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el estado es el abuso del poder y de la fuerza del estado hacia sectores campesinos marginales y hacia los líderes sociales. En el estado de Guerrero persiste la amenaza de varios miles de Averiguaciones Previas contra dirigentes e integrantes de las organizaciones sociales que luchan por mejores condiciones de vida, es decir, mejores salarios, fuentes de trabajo, vivienda, salud, educación, etc.
Y estas luchas son las que ha criminalizado el Estado mexicano, y como ejemplo están los recientes encarcelamientos de lideres tanto indígenas, como mestizos (lideres sindicales, estudiantes y egresados de Ayotzinapa, maestros, etc.). La tortura y las violaciones de Derechos Humanos que el gobierno trata como simples "abusos de la fuerza o de poder" se traducen en cateos sin presentar ordenes judiciales a casas de pequeñas comunidades campesinas, en las que las corporaciones policíacas han golpeado, humillado y amenazado a grupos de mujeres y niños; y estas acciones son en si, formas de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes mencionadas en el Estatuto de Roma y su "Protocolo de Estambul". Aun mas grave es la forma en que el aparato de procuración e impartición de justicia continúa con las violaciones: es el caso emblemático de un campesino que fue detenido, en este estado de Guerrero, arraigado en el Distrito Federal y cuando el caso jurídico preveía su liberación fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, hasta que un juez dictó su libertad por encontrar insuficiencia de pruebas. De igual manera son públicas las denuncias por tortura que han hecho los acusados de los homicidios de Amado Ramírez y del diputado Jorge Bajos Valverde. Sin embargo, las recomendaciones de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos no han trascendido en un "debido proceso". No hay en Guerrero ninguna autoridad o funcionario procesado por tortura, quedando todos estos casos en la Impunidad.
4.- Asesinato y hostigamiento de periodistas. Desde su llegada al poder como gobernador del estado de Guerrero, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo se ha caracterizado por una política de agresión a los periodistas independientes. Así, tres comunicadores han sido asesinados en este periodo, destacando entre ellos los casos de Amado Ramírez, Misael Tamayo y Leodegario Aguilera Lucas (muerto este último durante el periodo de René Juárez Cisneros). Muchos medios de comunicación han desaparecido en Guerrero por el feroz hostigamiento del Gobierno del Estado. Entre los medios hostigados esta la Revista Masas que dirige Luís Fontova Román y el Diario El Sur que dirige Juan Angulo. Sobre los asesinatos no aclarados de comunicadores destaca la tortura documentada para fabricar culpables como en el caso de Amado Ramírez. Actualmente se puede afirmar que la labor periodística en Guerrero es altamente peligrosa y no existen garantías para el ejercicio de la misma por un gobierno tiránico y autoritario.
5.- Por la protección del medio ambiente en la comunidad de Xochipala. Xochipala, Guerrero, es un pueblo campesino de aproximadamente 3500 habitantes, tiene yacimientos importantes de oro, plata zinc y otros metales. Desde la época de la Colonia estas vetas fueron explotadas discontinuamente hasta la década de los 60´s. Con las nuevas técnicas de explotación minera "a cielo abierto" empresas de este ramo valoraron que nuevamente era rentable la explotación de dichos yacimientos en nuestro pueblo. El Gobierno Federal en el año 2002 otorgó a la empresa minera LUISMIN (antes PENMONT) dos títulos de concesión para que pudieran explotar estos yacimientos por un periodo de 50 años, el pueblo tuvo conocimiento de estos permisos hasta el 2006 cuando la minera firmó un contrato para rentar 420 hectáreas de tierras de Xochipala por un lapso 30 años. Este contrato fue acordado con un grupo minoritario de 130 comuneros del pueblo, cabe señalar que la participación colectiva de la comunidad en la suscripción de este documento fue nula. En marzo del 2007 la empresa comenzó a realizar trabajos de exploración minera, habilitó un camino de terrecería (Mezcala-Xochipala) de 12 Km. de longitud y durante la apertura derribó mas de 1000 árboles adultos, entre los que había especies de flora endémicas, y otras especies relacionadas con cultos religiosos propios de la cosmovisión de nuestra comunidad. Ante esta situación los ciudadanos se organizaron y constituyeron un Comité Comunitario, con esto se logró detener los trabajos exploratorios de la minera. En el mes de junio del 2007 denunciaron ante la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero. (PROPEG) quien emitió un dictamen donde exhortaba a la empresa minera a cubrir los daños ambientales, mas tarde esta institución se desistiría de su misma recomendación, sin que hasta el momento se nos haya hecho justicia por el daño ambiental que la minera ha ocasionado.
Por todas las consideraciones anteriores, por la gravedad de las acusaciones y el terrible daño social que estas circunstancias representan para la nación mexicana y en cumplimiento del acuerdo de este Tribunal Popular Nacional, de fecha cuatro de agosto de dos mil siete y para recabar el mayor caudal probatorio posible para acreditar la existencia de sobrevivientes de tortura y de los crímenes de lesa humanidad.
Por las consideraciones antes anotadas, el Tribunal Popular Nacional acuerda: La cuarta audiencia del juicio popular nacional acuerda, tomando en cuenta las diligencias previas y el veredicto del juicio popular del pueblo de Guerrero del 16 y 17 de febrero del dos mil ocho y de todo el caudal probatorio, toma de testimonios en el lugar de la audiencia desahogadas en este zócalo de Acapulco (Plaza Álvarez).
PRIMERO - Téngase por realizadas las diligencias de la Procuraduría Popular Nacional, en los términos anotados en las consideraciones, por recabados los testimonios escritos y orales formulados por el pueblo de Guerrero, así como las documentales exhibidas, como fotografías y videos a las cuales se les otorgará el valor probatorio que les corresponda al momento de dictar la resolución definitiva, que incluso se sustentan en documentos de órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales federales, del Estado de Guerrero y de diversos Municipios del interior, así como de órganos internacionales intergubernamentales y no gubernamentales de protección de los derechos humanos.
SEGUNDO - Se tienen por ratificados todos y cada uno de los testimonios y demás pruebas presentados para los casos de Guerrero, Oaxaca, San Salvador Atenco, Estado de México y Jalisco, así como de los demás recabados en la presente audiencia.
TERCERO- La Procuraduría de Justicia Popular de Guerrero se integra como parte del Juicio Popular Nacional.
CUARTO – El Tribunal Popular Nacional brindará asesoría, apoyo y acompañamiento de las denuncias que se hicieron durante esta cuarta audiencia.
QUINTO.- Es de instaurarse y se instaura JUICIO POPULAR en contra de los acusados RUBEN FIGUEROA FIGUEROA, RUBEN FIGUEROA ALCOCER, RENE JUAREZ CISNEROS Y CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO, como presuntos responsables de las administraciones públicas, Municipal y Estatal así como del poder legislativo ejecutivo y judicial en sus diversos ámbitos de competencia para los asuntos. Bien, la voy a enviar a mis contactos, sala?
SEXTO.- Se acuerda la realización de la quinta audiencia de del Juicio Popular Nacional en el Estado de Puebla, en fecha próxima, que con anticipación se hará saber.
Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, a 17 de febrero de 2008.
Por el Tribunal Popular Nacional.
La Procuraduría Popular Nacional.
La Procuraduría Popular Nacional.
Julio Mata Montiel Secretario
Ejecutivo de AFADEM
Vocal de FEDEFAM Acapulco: 045 74 4118 5044 Cd Mex: 045 55 2893 6354
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de
Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM
FEDEFAM 1981-2007: 26 años de lucha contra la impunidad
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