El Justo Reclamo

Advierte García Ramírez riesgo de retroceso si se aprueba la reforma judicial

Sergio García Ramírez

Foto: margarito pérez

verónica espinosa

* Devolverá al sistema penal mexicano “un rostro autoritario y sin respeto por la dignidad de los ciudadanos”

Guanajuato, Gto., 22 de febrero (apro).- La reforma judicial que se discute en el Congreso de la Unión contiene elementos que, de aprobarse, significarán un retroceso de muchos años en el sistema penal mexicano, advirtió aquí Sergio García Ramírez, exprocurador de la República y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).García Ramírez calificó como grave que se pretenda devolver al sistema penal mexicano un rostro autoritario y sin respeto por la dignidad de los ciudadanos, con reformas que plasmarán en la Constitución los principios de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.Explicó que en 10 años de vigencia, dicha ley se ha convertido más en un problema que en una solución, como lo demuestra el desfase del sistema y las autoridades ante lo que llamó “una criminalidad exacerbada” que nadie ha logrado contener.“Pronto tendremos tres problemas: la delincuencia organizada, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y ahora la Constitución, que recogerá y agravará los principios de la ley federal. Y no podremos decir que son inconstitucionales o ir al amparo, porque estarán en la propia Constitución”, dijo.Además, dejaría al arbitrio de los gobiernos estatales la autoridad a la que se deberá supeditar la Policía Investigadora, que ya no quedaría obligadamente sujeta a las órdenes del Ministerio Público.“Se trata de la intervención del Estado en las libertades de los ciudadanos”, opinó quien fuera presidente de la CIDH durante los últimos cuatro años, en un foro repleto de estudiantes, abogados y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado, entre ellos la presidenta Raquel Barajas Monjarás.Sergio García Ramírez ofreció una conferencia esta tarde en la Universidad de Guanajuato como parte de un diplomado en derechos humanos, invitado por el ombudsman local Manuel Vidaurri, y con el tema específico de la reforma constitucional en materia penal, los derechos humanos y la justicia.El extitular de la PGR se dijo partidario de muchos de los aspectos de la reforma –cuya aprobación estaría prevista para la semana próxima--, entre los cuales mencionó la creación de la figura de jueces de control y el fortalecimiento al proceso de defensa. Aunque llamó la atención al brevísimo lapso en que esta reforma pasó de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el 10 de diciembre, a la de Senadores el 12 de diciembre, para que éstos la aprobaran al día siguiente.“Si mis cuentas no me fallan, son alrededor de 72 horas; suficientes para un auto de formal prisión, pero creo que no para una reforma de este tamaño e importancia”, bromeó.Aunque la considera una reforma histórica, sí pidió poner atención a los aspectos que pueden significar ese retroceso en el sistema penal, que no son sólo aquéllos que han generado polémica en los días previos -el allanamiento de domicilios sin orden judicial o el acceso del Ministerio Público a información reservada-, sino otros artículos y adiciones que en su opinión, son más preocupantes, y que van progresando en las sombras”.
Los riesgos de la reforma
Los procesos de consignación, orden de aprehensión y la formal prisión se han “flexibilizado” para el Ministerio Público en este dictamen que está por aprobarse. “Y en estos procesos están en gravísimo trance los derechos humanos; no es razonable despachar con levedad de argumentos una consignación o una orden de aprehensión”, dijo García Ramírez en su conferencia.Según el especialista, este punto del dictamen de ley “es un desacierto mayúsculo” porque aunque el desahogo de pruebas es un procedimiento que se amplía ante el juez, el hecho de que se aligere la carga probatoria previamente al Ministerio Público “significará que en adelante, los obsequios de órdenes de aprehensión y consignaciones serán muchos”.El otro aspecto se refiere a la relación que existirá entre el Ministerio Público y la policía investigadora (con el nombre que ésta reciba). A partir de la reforma, la policía investigadora ya no estaría claramente adscrita y subordinada al MP, sino a la autoridad jerárquica que cada legislatura estatal defina.“Esto es muy grave; hay una gran ventana de oportunidades para acomodar a la policía como le convenga a cada estado, o subordinarla a los municipios incluso”. Con ello, el Ministerio Público no tendría la capacidad de supervisar y sujetar la actuación de la policía durante la investigación “y esto incide en la relación entre el MP, la policía y el ciudadano”.Con sus avances y retrocesos, dijo García Ramírez, pronto se verá cómo esta reforma constitucional contribuye al desarrollo de las instituciones democráticas y a la justicia penal en México.Al final de la conferencia, uno de los asistentes denunció ante el juez de la CIDH la situación del líder ejidal de San Cristóbal, José Guadalupe Cruz Pacheco, preso en la cárcel de San Francisco del Rincón y sentenciado a 4 años de prisión por despojo, “acusado por el ex presidente Vicente Fox, con lo que se ve la desigualdad con que se practica, administra y procura la justicia en Guanajuato”.