Presentó el FAP en la Cámara de Diputados iniciativa de ley de amnistía

Posibilitaría la distensión de conflictos sociales, considera la legisladora Aleida Alavez

Persiste persecución por el movimiento de 1968, el halconazo de 1971, Atenco y Oaxaca

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para aprobar una ley de amnistía en beneficio de ciudadanos en contra de quienes el Estado mexicano haya ejercido o ejerza acción penal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su vinculación, real o supuesta, con movimientos armados.

La diputada perredista Aleida Alavez explicó que, de aprobarse la iniciativa, ello posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y, en consecuencia, fortalecer la gobernabilidad del país, y constituiría un punto de partida para continuar la transformación de México en un régimen en el que impere un verdadero estado de derecho.

En la exposición de motivos señaló que hasta el momento la persecución, encarcelamiento y asesinato de mexicanos que participaron en los movimientos de 1968 y 1971, así como quienes fueron reprimidos por el gobierno de Vicente Fox, y de Enrique Peña Nieto, en San Salvador Atenco, así como en Oaxaca por las administraciones de Felipe Calderón y Ulises Ruiz, no han recibido justicia y en cambio se mantienen el silencio y la impunidad.

“La guerra (sucia) que padecimos en las décadas de los 60, 70 y 80 en México simplemente han merecido olvido y simulación. De la matanza de la noche de Tlatelolco de 1968, y del halconazo de 1971, ni un culpable, pero sí centenares de desaparecidos, como el caso de Jesús Piedra Ibarra, quien el pasado 18 de abril cumplió 33 años de haber sido secuestrado por las brigadas de Luis Echeverría.”

En el cuerpo de la iniciativa se señala que la amnistía se extendería a todos los indiciados, procesados y sentenciados, cualquiera que haya sido su grado de participación en los delitos de carácter político o de su presunta participación en grupos armados; se argumenta que la ley tiene como objetivo obligar a la presentación de desaparecidos a causa de su participación en movilizaciones políticas, así como garantizar la integridad física y la libertad de todas aquellas personas detenidas por esas actividades.

También detalla que la amnistía extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que se imputen, incluyendo la responsabilidad civil derivada de éstos, así como las consecuencias administrativas derivadas de la pena.

El proyecto incluye un capítulo específico sobre la presentación de desaparecidos políticos, en el cual se considera que el gobierno federal ordenaría al Ejercito, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías y corporaciones de seguridad del país, así como a los elementos bajo sus órdenes, la inmediata libertad de desaparecidos que se encuentran en su poder en campos militares, cárceles clandestinas, bases navales o cualquier otro centro de detención.

La responsable de instrumentar la presentación de desaparecidos políticos sería una comisión especial permanente, integrada por ocho miembros del Frente Nacional contra la Represión, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno más por el ombudsman capitalino, así como por los presidentes de las comisiones de derechos humanos de las dos cámaras del Congreso y un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La iniciativa fue suscrita por los coordinadores del FAP, Javier González Garza, del PRD; Alejandro Chanona, de Convergencia, y Ricardo Cantú Garza, del PT, así como por los perredistas José Antonio Almazán, Juan Guerra y Aleida Alavez.