Las cinco reformas Calderonistas
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, el Congreso de la Unión aprobó ya cinco reformas que, amén de trascendentales, son controvertidas: la del régimen de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la electoral; la hacendaria; la judicial y la petrolera, aunque ésta aún no es avalada por la Cámara de Diputados.
Salvo en la primera, en las demás el gobierno panista realizó concesiones en aspectos sustantivos; la electoral y en la petrolera incluso se acercan más a los postulados perredistas que a los presidenciales.
En las dos primeras reformas, la del ISSSTE y en la electoral, por ejemplo, el mandatario no presentó formalmente una propuesta, aunque se conocía con claridad su posicionamiento al menos en los aspectos más polémicos.
El 15 de marzo de 2007, el diputado priista Samuel Aguilar presentó la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE. En su elaboración participaron el director del instituto, Miguel Ángel Yunes; la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo; y el dirigente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala. Desde el principio contó con el apoyo de las bancadas del PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Los legisladores del Frente Amplio Progresista -PRD, PT y Convergencia- se opusieron a ésta.
Los principales cambios en la legislación son: la individualización de las cuentas de ahorro para el retiro y su administración a través de una administradora pública, Pensionissste; el aumento gradual de la edad para el retiro, en un período que va de 2010 a 2028, de 48 a 58 años para las mujeres y de 50 a 60 años para los hombres; el incremento gradual de la aportación de los trabajadores de 3.25% en 2009 a 6.125 para 2012; y la inversión, por parte del gobierno federal, de 8 mil millones de pesos en el próximo trienio para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de la institución y mejorar la atención médica.
La iniciativa fue aprobada sin cambios en la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2007, una semana después de su presentación; y el 29 de marzo, otra semana después, en la Cámara de Senadores. Ese 22 de marzo el presidente Felipe Calderón declaró que era la reforma más importante del país en una década. De hecho generó el mayor litigio colectivo en la historia, pues se promovieron 223 mil amparos en su contra. El 20 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró constitucional, sin modificaciones importantes.
El Ejecutivo tampoco participó abierta y formalmente en la elaboración de la segunda reforma importante del presente sexenio: la electoral. Ésta se discutió y elaboró en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (CENCA). Sin embargo, fue evidente que Calderón cedió a la presión del PRI y el PRD para remover anticipadamente a los consejeros electorales a cambio de que ambos partidos apoyaran la reforma fiscal.
En su libro Así lo viví, Luis Carlos Ugalde señala: "El 12 de diciembre de 2006, dos semanas después de haber tomado posesión como presidente de México (Calderón) me había asegurado en su oficina de Los Pinos que no compartía la idea de cambiar a los consejeros. Me dijo que una eventual reforma electoral no atentaría contra la independencia del IFE".
Y, en la página siguiente, al narrar un nuevo encuentro con Calderón, el 28 de agosto de 2007, escribió: "Sabía que, dadas las posturas claras de los actores, PRD y Manlio Fabio Beltrones (PRI), la decisión final para removernos dependía de él y de su partido... En contraste con la última vez que habíamos conversado, ahora lo notaba dubitativo y ambivalente. En diciembre de 2006 había platicado con él y recuerdo haberlo visto vigoroso, decidido, seguro de su papel y de su propia legitimidad. Ahora lo veía indefinido y sujeto a las presiones... Me despedí amablemente y salí convencido de que las cabezas de los consejeros habían sido cedidas. Calderón había dado luz verde para vulnerar la independencia del IFE. No era su opción preferida, pero había cedido a la presión".
Y ésta no es la única constancia de la evolución del presidente y su partido respecto de la remoción de los consejeros, pues el 29 de enero de 2007 Héctor Larios, líder de los diputados panistas, declaró al diario Reforma que el asunto era innegociable, pues "es un tema de fortaleza institucional. Nosotros no estamos defendiendo a los consejeros, lo que queremos es defender la fortaleza del IFE, la fortaleza institucional del IFE".
Sin embargo, en septiembre del mismo año, los legisladores panistas aprobaron la remoción anticipada de seis de los nueve integrantes del Consejo General del IFE con derecho a voz y voto.
El 12 de septiembre de 2007, el Senado aprobó la reforma constitucional en la que se contemplaba, además de dicha remoción, la prohibición de las llamadas campañas negativas, de la contratación de promocionales por parte de terceros y la propaganda gubernamental durante las campañas electorales, así los legisladores proscribían las tres acciones que el PRD cuestionaba de la campaña de Calderón: la "guerra sucia", la intromisión de particulares, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones patronales, así como la abundante propaganda del gobierno de Fox. Una campaña como la que le permitió a Calderón llegar a Los Pinos es irrepetible con la actual legislación.
La Cámara de Diputados aprobó, sin modificaciones, la reforma constitucional, dos días después, el 14 de septiembre, y tras la aprobación de los congresos estatales, el 13 de noviembre de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Al mismo tiempo que se discutía la reforma electoral, el Congreso revisaba el proyecto de reforma fiscal que el Ejecutivo presentó el 20 de junio de 2007. En el proyecto original se mencionaba que los estados podían aplicar un impuesto adicional a las ventas de gasolina, diesel, tabaco y cerveza; así mismo se proponía abrogar el Impuesto a la Tenencia de Automóviles en el 2014; introducir la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), con una tasa de 19% sobre los ingresos, después de deducir la inversión y la adquisición de bienes y servicios independientes; el llamado impuesto contra la informalidad, que implicaba gravar con una tasa de 2% los depósitos realizados en efectivo que excedan la cantidad acumulada de 20 mil pesos en un mes; gravar con una tasa de 20% la contraprestación que se cobre por participar en juegos con apuestas y sorteos, y gravar con una tasa de 50% a las pinturas en aerosol.
El 12 de septiembre, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos, que no venía en la iniciativa presidencial y que implicaba reducir el gravamen especial que se le cobra a la paraestatal en siete puntos porcentuales en un período de cuatro años; modificó el nombre del CETU y lo denominó Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y redujo la tasa de 19 a 16.5%, aunque aumentará anualmente para llegar a 17.5% en 2010; aprobó abrogar la tenencia, pero a partir de 2011; aprobó en sus términos la propuesta de gravar las contraprestaciones por participar en juegos con apuestas y sorteos; aumento a 25 mil pesos el monto de los depósitos mensuales en efectivo; rechazó los gravámenes estatales y, en su lugar, acordaron los legisladores aplicar un impuesto de 5.5% a las gasolinas y el diesel, el cual se establecerá en un período de 18 meses; y rechazó, también, el impuesto a las pinturas en aerosol.
Con todas estas modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria el 13 de septiembre; el Senado lo hizo al día siguiente. El sábado 15 de septiembre Calderón felicitó a los diputados y senadores por haber aprobado las reformas fiscal y electoral, ya que significaban, dijo, "un paso difícil pero indispensable".
En marzo de 2007, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para dotar a las autoridades ministeriales y policiacas de instrumentos para el combate a la delincuencia organizada. La iniciativa contenía, entre otras propuestas que al final fueron suprimidas, las siguientes: que los agentes policiacos ingresaran "sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad física" de una persona; que los delitos contra la paz pública fueran considerados como graves; las órdenes de aprehensión a criterio del Ministerio Público; el decomiso de bienes sin juicio previo; y la disposición para que el Ministerio Público, con la autorización del procurador, tuviera acceso a información de carácter reservado y confidencial.
El 12 de diciembre, los diputados votaron una reforma que incluía dicha iniciativa y otra del diputado priista, César Camacho, para abrir paso a los juicios orales. La minuta ya había eliminado algunas de las propuestas contempladas en el párrafo anterior, pero permitía el acceso a la información confidencial sin necesidad de autorización judicial, así como el allanamiento de los domicilios por parte de las corporaciones policiacas.
El 13 de diciembre, los senadores enmendaron lo relativo a la información confidencial y atemperaron el allanamiento a los domicilios. Por último, el 27 de febrero pasado los diputados eliminaron completamente el párrafo que contemplaba el allanamiento. Otra vez, una iniciativa presidencial sufría enmiendas importantes y trascendentales.
La quinta iniciativa, denominada por Los Pinos "reforma energética", y por la oposición, particularmente el PRD, "reforma petrolera", fue enviada el 8 de abril de 2008. En esa ocasión, el Ejecutivo envió una iniciativa de reforma a siete leyes ordinarias; tras la toma de las tribunas y los foros de debate, el PRI presentó su iniciativa el 23 de julio; el 25 de agosto, los legisladores del FAP hicieron lo propio.
El jueves 23, en el Senado se aprobaron los siete dictámenes que dan paso a la reforma petrolera. En éstos, quedó en evidencia que la iniciativa presidencial fue severamente reformada, particularmente en lo que atañe a la participación de la iniciativa privada en los distintos procesos a cargo de Pemex y el otorgamiento de contratos a esta paraestatal.
En las reformas aprobadas el jueves 23, se eliminó la participación de la iniciativa privada en la refinación, contratos de maquila y la propiedad de los ductos; se eliminaron los denominados contratos incentivados, que en realidad eran contratos de riesgo; y se eliminó el control de Hacienda sobre el presupuesto anual de la paraestatal. Además, hubo una serie de normas que se modificaron sustancialmente, como el que los cuatro consejeros profesionales del Consejo de Administración de Pemex deben ser avalados por el Senado; se mantuvieron los bonos ciudadanos, pero se establecieron candados para que las casas de bolsa no puedan comprarlos; se estableció un nuevo régimen fiscal para la paraestatal, pero no se pueden trasladar los beneficios e incentivos a terceros; y el nuevo régimen de adquisiciones establece candados para las licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
Así, básicamente se impidió, como lo han repetido una y otra vez los perredistas, la participación de la iniciativa privada en las actividades reservadas a Pemex; y aunque se modifican el régimen fiscal y el de adquisiciones, se establecen las debidas previsiones para evitar abusos, corrupción, discrecionalidad y traspasos de los beneficios a terceros. En los asuntos controvertidos la iniciativa aprobada es más cercana a la propuesta del FAP, que a la del presidente Calderón.
El viernes 24, el presidente Calderón reconoció el trabajo legislativo y señaló que la reforma era un cambio fundamental en materia de energéticos como no se registraba desde la expropiación petrolera en 1938.
Así, las reformas fiscal, de seguridad y petrolera fueron modificadas en todos los aspectos controvertidos y considerados en la iniciativa presidencial como fundamentales para el éxito de la misma, y en el caso de la electoral, aunque no hubo una iniciativa del Ejecutivo, es evidente que las principales disposiciones se oponen a los postulados de Calderón y el PAN. En el caso de las reformas fiscal y de seguridad, la oposición logró atemperar y depurar las propuestas; pero en la electoral y petrolera, el PRD colocó su sello.
De acuerdo con las declaraciones de Calderón, después de cada una de éstas, parece que en este sexenio lo importante es reformar, sin importar mucho el sentido de las mismas, pues todas las festina como si sus iniciativas hubiesen pasado intactas, como fue el caso de la reforma a la Ley del ISSSTE. l
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