Aprobada por el Senado la reforma petrolera, es seguro que lo haga también la Cámara de Diputados, el martes o el jueves próximos, en el recinto principal de San Lázaro o en una sede alterna, dentro o fuera del predio en que se alza el Palacio Legislativo. El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que fue capaz de imprimir al debate correspondiente un sentido y un alcance de los que carecía, ha de tener claro que no puede impedir la consumación del proceso legislativo y que, por lo tanto, se desgastaría estérilmente si lo intentara. Por mayor que fuera la movilización en torno de la Cámara, por más que se les obligara a ir a salto de mata, los diputados encontrarán el modo de sesionar y votar los dictámenes elaborados sobre las minutas senatoriales, sin tocar una coma, a fin de evitar que la decisión parlamentaria vuelva al Senado. Tener claridad respecto de lo que el movimiento puede y no puede lograr es determinante para el futuro de la defensa del petróleo, que no concluye con el proceso legislativo esta semana.
Importa igualmente cobrar conciencia de lo conseguido, no disimular por algún extraño rubor la certidumbre de que el movimiento, con acciones dentro y fuera de las cámaras, frenó el intento inicial de reforma. Debido a la relativamente menor fuerza parlamentaria de las fracciones del Frente Amplio Progresista, si el proceso se hubiera iniciado y desarrollado conforme a la mecánica y la aritmética puramente congresistas, su oposición hubiera sido estéril, arrolladas por la mayoría pripanista. Por lo tanto, la magnitud del resultado, favorable a la causa defendida por el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, debe medirse en relación con lo que pudo haber sido y no fue. Por más insatisfechos que se manifiesten los defensores del petróleo, debe quedarles claro que el desenlace pudo haber sido peor. Se dirá que es un triste consuelo, pero es un consuelo real dada la relación de poder en las cámaras.
Por ello, en vez de que una vez más cunda la sensación de que los intereses particulares se han impuesto a los de carácter general, debe rescatarse la índole del resultado, y encauzar la acción del movimiento (cuya dirección cometió el error táctico de pretender que el Congreso no cumpliera sus funciones; doble error si se considera que la actuación de los senadores había ya recibido el visto bueno de López Obrador, por más cauteloso que fuera ese aval) hacia nuevas tareas. Adicionalmente al hecho de que los recorridos de López Obrador por los municipios de todo el país seguirán su curso, y con ellos la animación de la conciencia popular, no deberían desmovilizarse los ciudadanos que, dentro del marco legal, se opongan a la política petrolera del gobierno, no arreglada del todo conforme al interés nacional.
Para las acciones por venir, amén de las asambleas informativas que sea necesario convocar (a partir de la conciencia de que es un mecanismo susceptible de sufrir agotamiento, correspondiente al de los ciudadanos que concurren a ellas), parece pertinente iniciar otra estrategia de presencia de la sociedad ante la industria petrolera, la empresa que la maneja y los órganos de gobierno que la rigen y regirán. De modo análogo a diversos mecanismos de observación que la sociedad ha generado (en materia educativa, de medios de comunicación, de gasto público y el que se prevé en torno a la seguridad), parece pertinente la creación de un Observatorio Ciudadano del Petróleo que, desde una combinación de saberes técnicos y convicciones políticas, sujete a escrutinio la aplicación de las nuevas leyes y, en general, el desempeño de Pemex y las autoridades en esta materia.
En tal sentido, la participación ciudadana, complementaria de la que se expresa en el movimiento defensor del petróleo, ha comenzado ya, de hecho. Un grupo de expertos e interesados en la reforma energética (que no sólo petrolera) fue convocado por López Obrador y las fracciones parlamentarias del FAP, y preparó una propuesta cuya naturaleza y contenidos constituyó pieza relevante en el debate legislativo propiamente dicho, al que como iniciativa propia la introdujeron los grupos fapistas. Una porción de ese grupo asesoró a los senadores durante la discusión en comisiones y contribuyó a que los legisladores frenaran retrocesos y consiguieran avances muy por encima de su fuerza legislativa, mediante un diagnóstico que identificó 13 líneas rojas, propuestas peligrosas para el interés nacional. Finalmente, evaluaron el resultado y determinaron que la reforma merecía respaldo pleno, porque ocho de esas zonas de alerta fueron enteramente eliminadas y en diversos grados las cinco restantes quedaron, por un lado, claramente delineadas y, por otra parte, son susceptibles de atención más allá de la reforma misma.
El miércoles pasado, Jorge Eduardo Navarrete presentó las conclusiones de ese grupo ante la asamblea informativa, que prefirió persistir en el combate de los peligros latentes y no detenerse en el festejo de los evitados. En nombre de ese grupo, Navarrete (embajador eminente, subsecretario de Energía durante un breve tiempo y ciudadano a carta cabal) recomendó a los asambleístas no cantar victoria y, sin embargo, no negar los logros, pero al mismo tiempo "mantenerse alerta y vigilantes". Enumeró acciones que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, a través del Observatorio Ciudadano que aquí se propone (o mediante otros mecanismos), podría emprender:
"...Asegurarse de que el nuevo marco legal para Pemex se aplique sin desviaciones y contribuya lo más posible a combatir la corrupción.
"Vigilar las formas y modalidades que se determinen para la exploración y desarrollo de los yacimientos de Chicontepec, donde se requiere una auditoría ciudadana de lo que hasta ahora se ha hecho.
"...Asegurar que el aprovechamiento de las nuevas provincias petroleras en el Golfo de México no se realice de manera precipitada e irracional, para alimentar una exportación excesiva de crudo, sino cuidando un recurso que pertenece sobre todo a los mexicanos de la segunda mitad de este siglo.
"...(Urgir a) la pronta reactivación de la petroquímica, larga y costosamente abandonada en los últimos decenios..."
El Observatorio, o el mecanismo que se elija, tendría, en fin, una misión esencial, que supla mediante el examen público permanente la negativa de la mayoría pripanista a incluir en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional las palabras que López Obrador quiso proponer personalmente en el Senado:
"No se suscribirían contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas." l
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