Lo siento y tantos

Incapaz de cumplir sus deberes para con los ciudadanos, el gobierno federal se ha refugiado en una delirante fantasía.
Así ha quedado en evidencia tras la primera reunión evaluatoria del festinado pero inútil –según se ve por los resultados– Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, impulsado por el régimen, con sus posteriores cuestionamientos y vergonzantes rectificaciones a las cifras proporcionadas.

Por Jorge Lara Rivera
Es claro que para sostener aquélla, ducho como demostró ser en alquimia de cómputos durante el accidentado proceso electoral con que se hizo del poder, el régimen panista se aplica a las cifras alegres.
Por ejemplo, con bombos y platillos anunció en la referida reunión el cumplimiento de buena parte de los compromisos adquiridos de cara a la Nación, sin que los resultados hayan sido percibidos por la gente, organismos de la sociedad civil y los simples individuos de calle en estos cien días de generalizada flagrancia sanguinaria e impunidad, los más violentos que ha vivido el país en su historia posrevolucionaria.
A mayor abundancia al respecto, diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior reportaron que tras evaluar diez aspectos del total de setenta y cuatro puntos del Acuerdo Nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, sólo cinco parecen cumplidos.
Volviendo a la materia, otro asunto sospechoso, siempre recurrente en la doblez moral del panismo, es la aplicación de criterios distintos de medición en las indagaciones de las encuestas y en el tratamiento matemático de las cifras.
Pero más grave aún ha resultado que se propalara, vanagloriándose de su cientificidad, datos estadísticos cuyos muestreos no resisten un examen de principiantes, de donde se derivan absurdos y contrasentidos tales como que las policías más “confiables” correspondan a los estados de actividad delictiva más frenética, como es el caso de Chihuahua y Quintana Roo, o que los responsables federales no aclarasen en ningún momento de esa cita nacional evaluatoria la lógica que se corresponde entre el volumen delictivo y la densidad demográfica de las distintas entidades federativas, simple proporción poblacional, acaso trataban de desinformar, y consecuentemente demeritar en la percepción social el trabajo de los gobiernos locales o bien, buscaron quitarse de encima las responsabilidades públicas que traen aparejadas los privilegios y facultades de que goza el Ejecutivo federal.
Incluso, se rumora insistentemente que el gobierno panista está cocinando “un albazo” legislativo para deshacerse de problemas que mellan su imagen social adosándoselos a los Estados –como en el caso del secuestro, pues podrían afectarlo en las elecciones del 2009. Apenas el lunes el PRD abortó un intento en ese sentido que busca modificar el Artículo 73 Constitucional, fracción XXI, lo cual provocaría el cambio de status del secuestro, delito federal, al fuero común, obligando a los estados a mermar los recursos destinados a otros rubros sociales para atenderlo, creando ministerios públicos y cuerpos policiales especializados en Delincuencia Organizada; e impedidos para exigir al gobierno federal construir prisiones de máxima seguridad, tener que internar a presos de alta peligrosidad en sus prisiones estatales.
Por lo pronto, la Federación comienza a escamotearles los presupuestos aprobados a esos estados y el Distrito Federal, pretextando que son el “verdadero escenario” donde el gobierno federal libra la lucha contra la delincuencia, como si existiera equidad en los recursos de que disponen los dos órdenes de gobierno, o las percepciones de los empleos federales y las de los estados.
Al respecto cabe apuntar que de los 50 mil millones de pesos incrementados para el rubro en los últimos tres años, sólo mil 900 millones han sido para los estados.
En 2009, la SIEDO aumentará su presupuesto un 67% y la PGR 32%, o sea, en conjunto recibirán 16 mil 207 millones; pero juntos el D.F. y todos los estados sólo aumentarán un 15%, es decir 6 mil 900 millones, sólo 900 millones más que este año, cuando está claro que el 94.1% de los delitos que se cometen en el país ocurren en los municipios y pertenecen al fuero común, es decir su atención queda a cargo de los gobiernos estatales. Luego, por más que lo maquillen, no cabe excusa a las instancias federales para tan pobre desempeño.
Se dice también que es inminente la creación de una policía única bajo mando federal; un cuerpo nacional armado el cual tendría más efectivos que el mismísimo Ejército. ¿Se imagina el peligro para el orden democrático que sería bajo las órdenes de gente de la ralea de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública?
A propósito ¿qué le sabe García Luna al titular del Ejecutivo federal para que, frente a tanto estropicio cometido, éste lo proteja contra viento y marea? Según el libro “Los cómplices del Presidente”, de Anabel Hernández, quien recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2002, mucho. Al parecer el hoy Secretario de Seguridad Pública federal fue el encargado de espiar y sabotear la campaña de Andrés M. López O. y en connivencia con el empresario gasolinero J. C. Mouriño orquestó la toma del poder para aquél.
Precisamente a ese impoluto –según el titular del Ejecutivo– funcionario se le cayó el teatrito del “testigo protegido”, cuando éste mismo hizo público en declaraciones a Radio Fórmula y televisión por cable que las acusaciones que formuló contra Javier Herrera Valles –crítico del nepotismo, las reuniones con el capo del cártel de Sinaloa y demás corruptelas en la SIEDO–, y que sirvieron de base para su brutal arresto, internamiento y arraigo, fue porque “así se lo indicaron” expresamente en esa Secretaría y que firmó “papeles que ya estaban preparados”.
A propósito de riesgos, aunque no le pasó nada, pues ni multa le impusieron como sí hicieron al PRI y a su partido el PAN, anda pidiendo amparo para salvar su “buen nombre” el “Consejo de la Comunicación, voz de las empresas”, responsable de la campaña difamatoria y estigmatizante contra el candidato presidencial del perredismo en 2006. En el colmo de la incongruencia se queja de haber quedado en “absoluto grado de indefensión”. Sabemos que sólo fingen, pero daría gusto preguntar ¡A ver, qué se siente!
Dos años después, cien días luego, comienza a quedar claro quién era “un peligro para México”.

Ahora tenemos un peligro constante que va materializándose cada día en una caída hacia el abismo en todos sentidos.