Decretan “calamidad pública” por la crisis alimentaria

Barómetro Internacional

El gobierno de Guatemala revela 25 niños fallecidos por hambre, pero el Ministerio de Salud sostuvo que eran 54

Ernesto Tamara.

El presidente de Guatemala, Alvaro Colom, declaró el pasado 8 de septiembre, el “estado de calamidad pública” en todo el país, para hacer frente a la severa crisis alimentaria que afecta a más de 54.000 familias pobres y que amenaza a otras 400.000, y que ya ha cobrado la vida de más de 25 niños. Un informe de Naciones Unidas del pasado 10 de septiembre indica que 410.780 familias han sido afectadas por la inseguridad alimentaria y nutricional. Esta nueva tragedia –prevista ya hace meses- cuestiona la capacidad de liderazgo del presidente, cuestionado también por la inestabilidad de su gabinete, la violencia de grupos narcotraficantes y mafias, y la lentitud de reacción ante las crisis.

Los expertos han señalado que la crisis ha sido provocada por la sequía, la precaria situación económica mundial, el alto precio de los alimentos y la caída del envío de remesas de guatemaltecos radicados en el exterior.

Un informe de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud estableció que entre enero y julio pasado han muerto 462 personas por desnutrición o causas asociadas a este mal, incluidos 54 niños, aunque el recién destituído ministro de Salud, Celso Cerezo, dijo en una comparecencia ante diputados que la cifra era sólo de 23 fallecidos por desnutrición. Un informe de Naciones Unidas sostuvo que las desigualdades en Guatemala “llegan a niveles que no se pueden tolerar y la cantidad de pobres es inaceptable”. El 50.9 por ciento de la población del país vive por debajo del umbral de pobreza y el 15.2 padece extrema pobreza.

La difícil situación de los más pobres del país ya había sido prevista por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un informe divulgado en junio.

Entonces, el PNUD advirtió sobre el aumento de la pobreza y de la indigencia.
El organismo de la ONU dijo entonces que unos 850.000 guatemaltecos podrían caer en la pobreza y otros 733.500 se encontraban en riesgo de caer en la extrema pobreza, debido a la falta de planes para evitar esa situación, sumado a la disminución del envío de remesas de los guatemaltecos en el exterior y el incremento de las deportaciones desde Estados Unidos.

Un año antes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), también había advertido que los niveles de pobreza y pobreza extrema se habían incrementado en Guatemala debido al alza en los precios de los alimentos en el mercado internacional.
Según el estudio del PMA divulgado en mayo de 2008, el encarecimiento de los productos de la canasta básica de alimentos registrado en el último año habían elevado los niveles de pobreza a 54%, y los de extrema pobreza a 20.2%. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006, el 51% de los 13.3 millones de guatemaltecos vivían en condiciones de pobreza, y el 15.2% en extrema pobreza.

Williem van Millink, representante del PMA en Guatemala, dijo que miles de familias pobres, que dedican 80% de sus ingresos a la compra de alimentos, eran las que más perjudicadas con el incremento de los precios. De enero de 2007 a abril de 2008, unos 190.850 personas se convirtieron en nuevos pobres.

Calamidad pública

En su discurso la semana pasada, el presidente Colom dijo que “esta declaratoria nos permitirá tener acceso a recursos de la cooperación internacional que se ofrecen generosamente para este tipo de situaciones, así como a movilizar recursos del presupuesto nacional con mayor agilidad”.
El presidente aclaró que el “estado de calamidad pública” fue declarado a nivel nacional porque “las consecuencias de la insuficiencia alimentaria y nutricional no afectarán solamente a los departamentos del corredor seco, sino al conjunto del país”.

“Somos sensibles a la pobreza, la extrema pobreza y la desnutrición y por eso estamos realizando las acciones de emergencia necesarias y tomaremos otras medidas para enfrentar la desnutrición y la pobreza históricas y estructurales”, aseguró el mandatario.

Guatemala, precisó el mandatario, “ha vivido con altos y vergonzosos índices de pobreza, extrema pobreza y desnutrición durante décadas, provocado por una larga historia de inequidad”.

Esas situaciones, agravadas por “las sequías derivadas del cambio climático” y por “los efectos de la crisis económica internacional”, han sido, según Colom, “la causa de la crisis alimentaria y nutricional que el país está viviendo en la actualidad”.

Más de 54.000 familias pobres, habitantes del denominado “corredor seco” del este y noreste de Guatemala, han sido declaradas en estado crítico por la falta de alimentos para subsistir, debido a la pérdida de sus cosechas de maíz y fríjoles, granos en los que la población basa su dieta alimenticia.

Otras 300.000 familias habitantes de esa zona, la cual está integrada por los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Baja Verapaz, corren el peligro de padecer una situación similar por las mismas causas. “Alimentos hay, lo que no hay son recursos financieros para que los afectados compren los alimentos disponibles”, lamentó el gobernante, quien destacó que las acciones que el gobierno ha realizado en las zonas afectadas por medio de los programas de combate a la pobreza, “permitieron evitar que la problemática llegara a niveles más graves”.

Con la declaración de calamidad, el gobierno podrá utilizar recursos directamente, sin llamar a licitación ni solicitar autorización parlamentaria o de los organismos de control.

Tras la declaración del Estado de Calamidad, el gobierno anunció que solicitará a los países cooperantes unos 97 millones de dólares para un plan de combate a la falta de alimentos y la desnutrición. Del total de fondos -para un programa de 18 meses-, unos 48 millones de dólares se destinarán a la compra de alimentos, unos 24 millones de dólares serán para proyectos productivos y esa misma cantidad para infraestructura productiva.

Programas sociales no alcanzan

El gobierno socialdemócrata del presidente Alvaro Colom emprendió desde inicios de su mandato, algunos programas sociales para superar las condiciones de pobreza. Entre ellos el programa “Mi Familia Progresa”, “Pro Rural”.

Las herramientas más efectivas con que cuenta el Gobierno para mitigar la crisis son los programas de Cohesión Social, en particular Mi Familia Progresa, y ProRural. Pero son todavía limitados en recursos y cobertura. El programa «Mi familia progresa», aporta el equivalente a 37.50 dólares a cada familia a cambio de enviar a los niños a la escuela y a control médico.

Las alcaldías también reparten bolsas solidarias de alimentos que contienen frijol, maíz, aceite y azúcar, y entregan hasta cuatro gallinas ponedoras a las familias para que amplíen sus sustentos, aunque a veces estas familias no tienen que con que alimentar a los animales.

Otros programas sociales que prometían la entrega de alimentos a cambio de trabajo de mejoramiento de las comunidades, caminos, etc., no han funcionado con la debida celeridad. Precisamente en estos días, campesinos de Jutiapa manifestaron su malestar por el incumplimiento de la entrega de alimentos por acciones o trabajos de transformación de las comunidades. Según los campesinos están gestionando esas ayudas desde abril sin resultados.

Elías Hernández, líder campesino jutiapaneco expresó que las familias de varios departamentos del oriente se involucraron en la iniciativa propuesta por el presidente Colom, que consistió en la reparación o instalación de cercos, limpieza de caminos vecinales, mantenimiento de carreteras y la construcción de muros perimetrales, a cambio de los cuales se les entregaría alimentos, pero esta oferta no se ha cumplido, reportó la agencia Cerigua.

El 75,6 de los pobres son indígenas

Según los datos estadísticos, la pobreza afecta a la mitad de la población, pero si se analiza estos datos desde las condiciones socioeconómicas y geográficas, los resultados son más alarmantes. El 70% de los pobres son rurales, el 75.6% de los pobres son indígenas.

Las regiones Norte y Noroccidente continúan presentando los índices de recuento de pobreza más altos del país (77.1% y 75.6% respectivamente). Aunque entre el año 2000 y 2006 se registró un leve descenso de los índices de pobreza en el país (2,8 por ciento) ese descenso se regitró sólo en las ciudades, ya que la pobreza en el medio rural se mantuvo en los mismos niveles. Según el reciente informe de Naciones, el 50 por ciento de los menores de cinco años sufren desnutrición crónica.

El organismo de la ONU precisó que “la pobreza se concentra en las zonas rurales de Guatemala, en las que vive el 72 por ciento de los pobres, y entre la población indígena (más de la mitad de la población), que representa en este momento el 75 por ciento de los pobres”.

El informe que abarca del 27 de agosto al pasado 10 de septiembre, indica que 410.780 familias han sido afectadas por la inseguridad alimentaria y nutricional.
Añade además que el 50% de los niños y niñas menores de 12 años padece algún grado de desnutrición, y que el 30% de mujeres embarazadas y lactantes están en riesgo de padecer desnutrición.

El organismo internacional sostiene que en las últimas semanas se ha visto un incremento en la detección de casos de desnutrición aguda, especialmente en el llamado “corredor seco”. Naciones Unidas se comprometió a impulsar la ayuda a Guatemala, y el Programa Mundial de Alimentos anunció el envío urgente de 20 toneladas de galletas de alto contenido nutritivo hacia las zonas más afectadas de Guatemala.

El PAM fue el primer organismo en solicitar ayuda internacional ya que a principios de mes habían agotado sus recursos en el país. Alejandro López Chícheri, oficial de información de la entidad para América Latina, reveló que el organismo ya agotó los recursos asignados este año para la asistencia. López indicó que se necesitan siete millones de dólares para comprar Vitacereal, además de otros 10 millones para llegar a los casos más difíciles que se reportan en las comunidades de este país.

ernestotamara@gmail.com