23 noviembre 2009
Ana Teresa Aranda es una de las mujeres panistas que mejor representan la política del machismo ultraconservador del siglo XX. Ella pertenece a la generación que recibió los frutos de la liberación de las mujeres en México y como resultado tiene voz pública. Voz que paradójicamente ha utilizado para promover la represión estudiantil y castigar a las mujeres por anhelar su libertad para decidir. Aliada a la Iglesia católica trabajó para evitar la educación sexual, el uso de anticonceptivos y condones y ha fustigado a las mujeres que quedan embarazadas y se ven obligadas a abortar, cuando ella y sus aliados han arrebatado la posibilidad de evitar esos embarazos.
Sin el movimiento de las mujeres Aranda jamás hubiera tenido el privilegio de estudiar una carrera, de convertirse en militante política e incluso de intentar ser gobernadora de Puebla. Estaría preparando mole, lavando los calzones de su marido y los políticos le dirían (como dijeron antes) que las mujeres no tienen cabeza para asuntos públicos. Ana Teresa, como buena fundamentalista de las élites del poder, está convencida de que su destino era convertirse en líder social para implantar su dogma en la vida de otras mujeres. En 2005 encabezó una reunión con líderes eclesiásticos, el grupo Provida y panistas extremistas. Planearon (y quedó grabado en video) que, durante el mandato de su candidato Felipe Calderón, lograrían erradicar los derechos sexuales y reproductivos en los 32 estados de la República e hicieron un plan estratégico.
Las leyes que permiten el aborto por violación y peligro para la madre en casi todo México se aprobaron en la década de 1940; se basan en que el aborto no es un capricho ni es un método de planificación familiar o de control demográfico sino un recurso extremo. Nadie busca premeditadamente embarazarse para abortar. Las mujeres abortan cuando no hallan otra solución al embarazo no deseado. Desde entonces cotidianamente los burócratas conservadores entorpecen los trámites de las víctimas de violación para que pasados los tres meses reglamentarios no puedan abortar, y muchos médicos anteponen su dogma a los derechos de las víctimas. Aunque estuviera penalizado, en realidad no se encarcelaba a las mujeres; hasta ahora.
Para 2009 los gobernadores de Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Veracruz han obedecido a los obispos de sus estados y ordenado a sus congresos que lo penalicen a nivel constitucional. El mes pasado en Quintana Roo encarcelaron a una indígena por sufrir un aborto espontáneo. Hoy, en pleno siglo XXI, PAN y PRI con la Iglesia católica a la cabeza van por más.
Quién hubiera dicho que Beatriz Paredes, presidenta del PRI, que llegó al poder con el movimiento de mujeres sería la mejor aliada de Aranda y del PAN. Y que el PRI abriría la puerta a la destrucción del Estado laico y a la persecución de las mujeres, a quienes arrebatan las herramientas para protegerse y luego las castigan. Los gobernadores han olvidado el poder del voto femenino, pero las mexicanas no.
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