12 marzo 2010
“Calderón se robó la Presidencia”.
Rubén Moreira Valdés, diputado federal deI PRI por Coahuila.
I
Circula ya el libro Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos, de la autoría de la reconocida colega Ana Lilia Pérez, del muy profesional equipo de periodistas de la revista Contralínea formado por Miguel Badillo.
Menciónese que la notoriedad de doña Ana Lilia se remonta a la difusión, en la revista del señor Badillo, de documentación probatoria y confirmatoria de los negocios de Juan Camilo Mouriño con Petróleos Mexicanos siendo funcionario público de alta jerarquía.
Hacer negocios con Pemex no sería censurable fuere no por el uso privilegiado de la investidura gubernamental del fallecido secretario del despacho de Gobernación: desde allí dirigía sus empresas familiares proveedoras de servicios y obras a la paraestatal.
Esos negocios de Mouriño con Pemex se iniciaron desde que fue diputado federal y presidente de una comisión legislativa –la de Energía-- y subsecretario del despacho de Energía. Desde el poder se beneficiaba del poder mismo. Conflicto de interés.
En la acuciosa y prolija descripción consignada en el libro el leyente accede a la identificación de la vena y la esencia mismas del calderonato: la del uso del poder político con fines de corrupción; ésta se trasmuta de ser un medio a ser un fin.
Y éste –el medio— justifica aquél. El fin es la corrupción. Saquear a México con voracidad tal que no sábese documentadamente de precedentes. La corrupción en el presidencialado de Felipe Calderón es escandalosa y, diríiase sin tapujos, impune.
Y, por impune, cínica --cinismo elevado al cubo--. La corrupción absorbe casi todas las energías del gobierno del señor Calderón, a quien millones de sus conciudadanos consideran un Presidente de Facto y espurio. Sin energías, no gobierna.
II
Con lenguaje llano y no eximido de tersura, doña Ana Lilia epiloga en la obra de su esfuerzo pesquisador y documental:
Rubén Moreira Valdés, diputado federal deI PRI por Coahuila.
I
Circula ya el libro Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos, de la autoría de la reconocida colega Ana Lilia Pérez, del muy profesional equipo de periodistas de la revista Contralínea formado por Miguel Badillo.
Menciónese que la notoriedad de doña Ana Lilia se remonta a la difusión, en la revista del señor Badillo, de documentación probatoria y confirmatoria de los negocios de Juan Camilo Mouriño con Petróleos Mexicanos siendo funcionario público de alta jerarquía.
Hacer negocios con Pemex no sería censurable fuere no por el uso privilegiado de la investidura gubernamental del fallecido secretario del despacho de Gobernación: desde allí dirigía sus empresas familiares proveedoras de servicios y obras a la paraestatal.
Esos negocios de Mouriño con Pemex se iniciaron desde que fue diputado federal y presidente de una comisión legislativa –la de Energía-- y subsecretario del despacho de Energía. Desde el poder se beneficiaba del poder mismo. Conflicto de interés.
En la acuciosa y prolija descripción consignada en el libro el leyente accede a la identificación de la vena y la esencia mismas del calderonato: la del uso del poder político con fines de corrupción; ésta se trasmuta de ser un medio a ser un fin.
Y éste –el medio— justifica aquél. El fin es la corrupción. Saquear a México con voracidad tal que no sábese documentadamente de precedentes. La corrupción en el presidencialado de Felipe Calderón es escandalosa y, diríiase sin tapujos, impune.
Y, por impune, cínica --cinismo elevado al cubo--. La corrupción absorbe casi todas las energías del gobierno del señor Calderón, a quien millones de sus conciudadanos consideran un Presidente de Facto y espurio. Sin energías, no gobierna.
II
Con lenguaje llano y no eximido de tersura, doña Ana Lilia epiloga en la obra de su esfuerzo pesquisador y documental:
“Dividido el PAN, sin cuadros que cubrieran las principales plazas de su gobierno, Calderón tuvo que ceder a la imposición del PRI de colocar en la paraestatal al funcionario propuesto por el poderoso exsecretario (de Hacienda, Francisco ) Gil Díaz…
“Parte del tácito acuerdo con el partido que hoy tiene mayoría en el Congreso de la Unión para impulsar la “nueva reforma energética” que, finalmente, consuma la privatización de Petróleos Mexicanos”. Nos roban nuestros bienes a la luz del día.
Con ese epílogo, la autora sincretiza emblemáticamente la situación que guarda la empresa administradora, en subrogación del Estado mexicano, los patrimonios tesaúricos de la nación; es decir, de todos los mexicanos. Lea el libro, caro leyente.
Ello, sin embargo, enuncia una contradicción colosal y al parecer sin desenlace silógico: la empresa que por ministerio constitucional administra esos bienes patrimoniales en nuestro nombre y representación, no se desempeña a cabalidad.
No se desempeña con arreglo a los imperativos de los correlatos morales y normas éticas entre los propietarios de un bien patrimonial y los administradores contratados por aquellos para conservar dicho bien y también acrecerlo y generar plusvalía.
III
No ha sido así. El bien patrimonial está siendo dilapidado brutalmente --con insensatez y egoísmo extremos— en aras de los objetivos delineados por la filosofía de un proyecto de país impuesto desde del exterior y ajeno a nuestra experiencia histórica.
Esa filosofía es la del neoliberalismo económico, cuyos manes –los ciclópeos consorcios trasnacionales de Estados Unidos, España y Canadá sobre todo— triscan que triscan con alegría por los todavía ubérrimos campos de las riquezas patrimoniales.
Está a la vista que los administradores de lo nuestro nos traicionan impunemente. Pero, a todo esto, ¿quiénes son esos administradores que nos traicionan? Los personeros panistas y priístas del poder político del Estado. La clase política, pues.
La clase política –que paradójicamente ni es clase ni subclase ni estrato social, sino una élite dominante que representa de hecho sus propios intereses y los de oligarcas locales y trasnacionales— ha optado por regalar nuestros bienes patrimoniales a éstos.
Ello, desde luego, hágase la pertinente salvedad, no tiene nada que ver con el loable desempeño técnico de los funcionarios de áreas específicas de Pemex y de las empresas contratistas. Los administradores de nuestro patrimonio diseñan las políticas de Pemex.
Y esas políticas violan la ley o le dan la vuelta a ésta, pero en el poder político del Estado --que incluye a los legisladores y los impartidores de justicia en todos sus niveles— adviértese complicidad aberrante. Los políticos conspiran contra el pueblo.
ffponte@gmail.com
“Parte del tácito acuerdo con el partido que hoy tiene mayoría en el Congreso de la Unión para impulsar la “nueva reforma energética” que, finalmente, consuma la privatización de Petróleos Mexicanos”. Nos roban nuestros bienes a la luz del día.
Con ese epílogo, la autora sincretiza emblemáticamente la situación que guarda la empresa administradora, en subrogación del Estado mexicano, los patrimonios tesaúricos de la nación; es decir, de todos los mexicanos. Lea el libro, caro leyente.
Ello, sin embargo, enuncia una contradicción colosal y al parecer sin desenlace silógico: la empresa que por ministerio constitucional administra esos bienes patrimoniales en nuestro nombre y representación, no se desempeña a cabalidad.
No se desempeña con arreglo a los imperativos de los correlatos morales y normas éticas entre los propietarios de un bien patrimonial y los administradores contratados por aquellos para conservar dicho bien y también acrecerlo y generar plusvalía.
III
No ha sido así. El bien patrimonial está siendo dilapidado brutalmente --con insensatez y egoísmo extremos— en aras de los objetivos delineados por la filosofía de un proyecto de país impuesto desde del exterior y ajeno a nuestra experiencia histórica.
Esa filosofía es la del neoliberalismo económico, cuyos manes –los ciclópeos consorcios trasnacionales de Estados Unidos, España y Canadá sobre todo— triscan que triscan con alegría por los todavía ubérrimos campos de las riquezas patrimoniales.
Está a la vista que los administradores de lo nuestro nos traicionan impunemente. Pero, a todo esto, ¿quiénes son esos administradores que nos traicionan? Los personeros panistas y priístas del poder político del Estado. La clase política, pues.
La clase política –que paradójicamente ni es clase ni subclase ni estrato social, sino una élite dominante que representa de hecho sus propios intereses y los de oligarcas locales y trasnacionales— ha optado por regalar nuestros bienes patrimoniales a éstos.
Ello, desde luego, hágase la pertinente salvedad, no tiene nada que ver con el loable desempeño técnico de los funcionarios de áreas específicas de Pemex y de las empresas contratistas. Los administradores de nuestro patrimonio diseñan las políticas de Pemex.
Y esas políticas violan la ley o le dan la vuelta a ésta, pero en el poder político del Estado --que incluye a los legisladores y los impartidores de justicia en todos sus niveles— adviértese complicidad aberrante. Los políticos conspiran contra el pueblo.
ffponte@gmail.com
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