La solución somos nosotros...
El fracaso de la estrategia militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico agravó más la crisis: Orilló al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a replantear sus planes de cooperación con México. Pero el asesinato de tres personas vinculadas al Consulado estadunidense en Ciudad Juárez precipitó los plazos, y ahora Washington pretende que sus servicios de inteligencia controlen la lucha contra el narco en México.
J. Jesús Esquivel Documentos oficiales y declaraciones de jefes del Pentágono ante el Congreso de Estados Unidos corroboran la intención de la Casa Blanca para aplicar contra el narcotráfico mexicano las técnicas de inteligencia militar utilizadas en Irak y Afganistán, a fin de reemplazar la fallida estrategia calderonista y favorecer el eventual repliegue del Ejército Mexicano de las plazas más “calientes”.
El general Victor Eugene Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos y encargado de contener cualquier amenaza a la seguridad nacional proveniente de esta región, dijo el jueves 18 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes: “El reto de México es la fusión de inteligencia con la agilidad de operativos contra un objetivo específico de parte de los equipos altamente calificados que permitan explotar las vulnerabilidades que puedan encontrar en los cárteles de narcotráfico con la fusión de inteligencia”.
Desde la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2009, la estrategia de cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico se avocó a empujar a Calderón para que sustituyera el despliegue del Ejército por los operativos de inteligencia coordinados para desmantelar los cárteles de la droga.
En el Capitolio, Renuart subrayó que desde hace poco más de seis meses el Departamento de Defensa reforzó sus asesorías a las fuerzas federales mexicanas. “Hemos ampliado nuestros esfuerzos para entrenar a militares y agentes civiles en operaciones muy parecidas a las que hemos llevado a cabo en Afganistán y en Irak”, reveló el general.
Al principio se planeó aplicar la visión de Obama sobre el combate al narco en México dentro de la Iniciativa Mérida a partir del año fiscal 2011 –que se inicia el próximo 1 de octubre–, pero se transformó en una medida urgente por el asesinato, en Ciudad Juárez, de los estadunidenses Lesley A. Enríquez y su esposo Arthur H. Redelfs, así como del mexicano Jorge Alberto Salcido Cenicero, marido de otra ciudadana de Estados Unidos. Los tres estaban vinculados al Consulado General de ese país en la ciudad fronteriza de Chihuahua.
“El presidente Calderón ha estado profundamente involucrado (en la lucha contra el narcotráfico) e incluso envió al Ejército a Ciudad Juárez, pero eso no ha ayudado”, declaró el martes 17 Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Obama, en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC.
Fue la primera funcionaria del gobierno de Obama que reprobó públicamente la estrategia militarizada de Calderón, lo que irritó al presidente, quien a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó el señalamiento de Napolitano:
“Hay que entender el contexto y que no fue parte central de la declaración. Hay problemas de traducción, pero no acepto, por falso, que se diga que el papel de las Fuerzas Armadas en Ciudad Juárez es insustancial e insuficiente”, dijo Gómez Mont el miércoles 17, en conferencia de prensa.
Hasta el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, intentó aplacar la molestia que causó la declaración de Napolitano: “El Ejército ha sido muy importante, se sigue necesitando su presencia en Juárez”, dijo Pascual ese mismo miércoles 17 al periódico El Universal.
El daño ya estaba hecho. Ese mismo día el Departamento de Estado anunció que su titular, Hillary Clinton, llegaba a la capital mexicana el martes 23, acompañada de una delegación de alto nivel a fin de revisar la evolución de la Iniciativa Mérida.
La composición de la delegación estadunidense denota que el tema de la reunión no es dicho programa de cooperación: con Clinton vienen el secretario de la Defensa, Robert Gates, y por primera vez en un encuentro bilateral de combate al narcotráfico, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el almirante Michael Mullen, cuya presencia confirma por sí misma el carácter militar de la visita.
Todos los demás integrantes de la delegación estadunidense, sin excepción, están involucrados en los servicios de inteligencia: Dennis Blair, director nacional de Inteligencia; John Brennan, asesor presidencial de Asuntos de Seguridad Interior y Antiterrorismo; Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; John Morton, subsecretario de Seguridad Interior para Aduanas e Inmigración; Gary Grindler, subprocurador general de Justicia interino; Michelle Leonhart, titular de la Administración Federal Antidrogas (DEA); Adam Zsubin, director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro; y Patrick Ward, encargado de las políticas sobre Producción y Reducción (de narcóticos) de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca.
“La misión es estructurar un nuevo enfoque para la estrategia contra el narcotráfico en México. Urgen resultados positivos porque la percepción general, tanto de los mexicanos como de los estadunidenses, es que se está perdiendo la batalla”, dice a Proceso un alto funcionario del gobierno de Obama que está familiarizado con los preparativos del encuentro.
“Aunque esta reunión ya estaba pactada desde hace tiempo, es obvio que los asesinatos en Ciudad Juárez han creado más tensión y la urgencia de un cambio de planes”, acota el funcionario, que habló con el reportero bajo la condición de que no se revelara su identidad ni el puesto que ocupa en el gobierno de Washington.
Por encima del resultado o las conclusiones a las que lleguen la delegación de Clinton y el gobierno de Calderón, en el Pentágono tienen clara la nueva estrategia. Renuart la delineó en el Capitolio: “El general (Guillermo) Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional de México, ha pedido nuestra asistencia para impartir un entrenamiento único en la integración de operaciones, la aplicación de la ley, de la justicia y los derechos humanos”.
Es más, el Departamento de Defensa de Estados Unidos enfatizó que cuenta con “un plan de contingencia” en caso de que la narcoviolencia mexicana amenace traspasar la frontera, el cual, de acuerdo con Renuart, se basa en fortalecer la capacidad del Ejército y de la Policía Federal mexicanos con mejores tácticas de inteligencia militar.
Control total
Los mil 351 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos aprobó para financiar la Iniciativa Mérida en su plan original de tres años se dedicaron en su mayor parte a proveer al Ejército Mexicano de equipo militar, como helicópteros y aviones, entrenamiento especial para operativos de inteligencia y tecnología de vanguardia.
Como resultado de la revisión del programa por el gobierno de Obama, se canceló la entrega de más equipo al Ejército Mexicano para concentrarse en darle entrenamiento sobre técnicas de inteligencia. Incluso, en lo que puede interpretarse como una presión para replantear la estrategia militarizada de Calderón, la Casa Blanca ordenó retrasar la entrega a México de helicópteros y aviones que, según el calendario del programa, ya debían haber llegado o están programados para este año (Proceso 1739).
En su propuesta al Congreso federal estadunidense de destinar 310 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2011, Obama pretende anular la entrega de equipo a las Fuerzas Armadas de México (Proceso 1738). En cambio, aprovechará que su antecesor, George W. Bush, logró que Calderón aprobara que la inteligencia estadunidense controlara totalmente la lucha contra el narcotráfico en México mediante la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), con sede en el Distrito Federal.
Tener un centro de operaciones como este en el país era uno de los anhelos de Washington. Anteriormente la DEA, encargada de combatir al trasiego de drogas mediante convenios de cooperación en casi todo el mundo, ha sacado el mayor provecho posible a la concesión de soberanía que aceptó Calderón al suscribir la Iniciativa Mérida. Hasta antes del 1 de enero de 2006 –fecha en que Calderón tomó posesión de la Presidencia de la República–, la DEA contaba oficialmente con poco más de 30 agentes asignados en ocho oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Ciudad Juárez, Mazatlán, Mérida, Tijuana y Monterrey.
Un reporte fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Capitolio –del cual este semanario tiene una copia– indica que durante los primero 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi 50% más de agentes y la apertura de otras tres oficinas de la oficina antidrogas.
Un funcionario de la Secretaría de Gobernación confirmó al reportero que actualmente la DEA tiene registrados a 54 agentes repartidos en casi todo el territorio mexicano. Y un exfuncionario de la cancillería mexicana, quien también pidió no ser identificado, comenta que sí son 54, pero “sin contar a decenas más que seguramente están registrados ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y la de Gobernación con algún otro tipo de asignación diplomática”.
El reporte del auditor general de la DEA establece que, “fuera de Estados Unidos, México es el país que cuenta con el mayor número de oficinas y de agentes (nuestros)... Desde las oficinas en México, la DEA se encarga también de la coordinación de las acciones antinarcóticos que otros agentes llevan a cabo en Centroamérica”, remata el documento, de contenido catalogado como “sensible”.
En paralelo, el Buró Federal de Investigación (FBI) tiene cinco oficinas y varias decenas de agentes en el país. Desde las instalaciones de la embajada estadunidense, en la Ciudad de México, esta agencia coordina sus instalaciones en Guadalajara, Hermosillo, Tijuana y Monterrey, confirma el Departamento de Justicia en su página en internet.
La presencia de agentes extranjeros en México se autorizó oficialmente con el acuerdo del 3 de julio de 1992 entre la Procuraduría General de la República y las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación. “La cooperación internacional constituye uno de los principios normativos de la política exterior de México, de conformidad con la fracción X del artículo 89 de la Constitución General de la República”, se justifica en el documento.
Según ese acuerdo, el gobierno de México le impone a los agentes extranjeros las siguientes condiciones: a) la cooperación bilateral debe realizarse con estricto respeto a la soberanía territorial y jurisdicción del Estado mexicano; b) las actividades de los agentes se limitarán a servir de enlace para intercambio de información con las autoridades mexicanas que se señale, que se derive de los diferentes aspectos de cooperación internacionales en que los mismos participen; c) la estancia temporal y las actividades de los agentes se estipularán en los programas específicos de cooperación bilateral que convengan a cada país.
El documento aclara que “los agentes no podrán realizar tareas que están reservadas a las autoridades mexicanas”.
Analistas y especialistas en materia de seguridad y asuntos de inteligencia vaticinan que, una vez que la OBI funcione a toda su capacidad, tanto la DEA, el FBI y el Pentágono como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) buscarán darle otro rumbo a la fracasada guerra contra el narcotráfico que declaró Calderón hace tres años, que hasta ahora ha dejado un saldo de 18 mil muertos y un futuro incierto para más de 100 millones de mexicanos.
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