MÉXICO, D.F., 1 de abril.- Hace tiempo, el cardenal Carlo Maria Martini, consciente de la urgencia de una puesta al día de las tesis católicas sobre la sexualidad y la reproducción humanas, propuso revisar la Encíclica Humanae Vitae a la luz de los descubrimientos científicos. Martini no es la única figura católica, pero tal vez sí la más destacada, que ha reflexionado sobre por qué la mayoría de los fieles conduce sus vidas lejos de los preceptos católicos. En México la voz cantante de dicha preocupación ha sido Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Interesada por conocer los valores y prácticas de la feligresía mexicana, así como sus expectativas sobre el papel público de esa Iglesia en el contexto del Estado laico, esa organización encargó, junto con el Population Council, la aplicación de una encuesta nacional que ambas agrupaciones dieron a conocer el miércoles 24.
La encuesta la llevó a cabo Beltrán & Asociados en noviembre y diciembre de 2009 en hogares de las 32 entidades de la República Mexicana, para lo cual seleccionó de manera aleatoria a 3 mil personas católicas: 52% mujeres y 48% hombres. Los jóvenes de 18 a 25 años integraron el 25% de la muestra; los adultos jóvenes de 26 a 40 años el 36%, y los adultos de 41 a 60 años el 28%. Mayormente se entrevistó a personas casadas o unidas (60%), seguidas por las solteras (29%). El 67% de la población tenía estudios medios (secundaria el 32% y preparatoria o equivalente el 35%). El margen de error para toda la muestra es de +/- 1.9 con un nivel de confianza de 95%.
No tengo espacio para dar cuenta de todos los resultados (se pueden consultar en www.catolicasmexico.org), pero destaco algunos. Por ejemplo, 7 de cada 10 católicas y católicos brindarían un apoyo significativo a su Iglesia si ésta aceptara que las escuelas públicas den educación sexual a adolescentes para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sexualidad (72%); si admitiera que la feligresía utilice cualquier método anticonceptivo (71%) y el uso del condón para prevenir el VIH/sida (70%).
Existe un amplio consenso en lo tocante a que los libros de texto gratuito de la SEP incluyan diversos contenidos de educación sexual basados en evidencia científica. Alrededor de 8 de cada 10 católicos manifiestan su acuerdo con que estos libros de texto ofrezcan información sobre el uso del condón en mujeres y hombres, para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH/Sida (85%); y sobre el derecho de las y los jóvenes a decidir sobre su cuerpo y sexualidad (78%). También 7 de cada 10 católicas y católicos apoyan que dichos textos aborden las circunstancias en las que la ley permite el aborto (71%), así como que se hable del derecho de todas las personas a vivir libremente su sexualidad, incluyendo a lesbianas y homosexuales (68%).
En el aspecto de la separación Estado/Iglesia, 7 de cada 10 feligreses no quieren que los ministros de culto ocupen cargos de elección popular (70%); una proporción similar rechaza o está poco de acuerdo con que se realicen cambios constitucionales para que la Iglesia católica pueda opinar sobre asuntos públicos (67%), y que pueda ser dueña de medios de comunicación (66%). Al mismo tiempo, 6 de cada 10 fieles no quieren que se modifique la Constitución para permitir la intervención de su Iglesia en las políticas públicas, particularmente las que tienen que ver con los derechos de las mujeres (64%). Resulta interesante ver que la mayoría rechaza o está poco de acuerdo con que la Iglesia católica obtenga mayores espacios de participación en la vida pública y política del país. También la mayoría (78%) opina que los funcionarios deben gobernar y basar sus decisiones sobre políticas públicas y leyes tomando en cuenta la pluralidad de opiniones que existen en el país, y sólo el 22% considera que los funcionarios deben gobernar de acuerdo con sus creencias religiosas.
La encuesta, diseñada para explorar posturas en relación con los derechos sexuales y reproductivos, la laicidad y el respeto a la diversidad, muestra un claro posicionamiento en la modernidad de la mayoría de la población católica mexicana. El 70% defiende la separación entre la Iglesia y el Estado y rechaza los intentos de la jerarquía católica de influir en la vida política del país. Podría cantarle loas a ese alto porcentaje (70-80 %) de la población católica si no fuera porque temo la influencia que tiene el otro 20-30%, que cuenta con representantes de peso en puestos de decisión política.
Una de las principales conclusiones de la directora de CDD, María Consuelo Mejía, es que van en aumento nuevas formas de identidad católica. Estas nuevas identidades corresponden a católicos que viven su fe sin negar sus necesidades y deseos y que, además, no piensan dejar su Iglesia. Encuestas como ésta de CDD y el Population Council ofrecen sólidos elementos para vislumbrar que a la larga el Vaticano perderá la irracional batalla que ha emprendido contra una de las expresiones de la modernidad: la voluntad de los ciudadanos de tomar decisiones soberanas sobre su cuerpo. Mientras tanto, el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir proyecta un panorama alentador de real libertad de conciencia entre la población católica frente a la cerrazón dogmática de Ratzinger.
La encuesta la llevó a cabo Beltrán & Asociados en noviembre y diciembre de 2009 en hogares de las 32 entidades de la República Mexicana, para lo cual seleccionó de manera aleatoria a 3 mil personas católicas: 52% mujeres y 48% hombres. Los jóvenes de 18 a 25 años integraron el 25% de la muestra; los adultos jóvenes de 26 a 40 años el 36%, y los adultos de 41 a 60 años el 28%. Mayormente se entrevistó a personas casadas o unidas (60%), seguidas por las solteras (29%). El 67% de la población tenía estudios medios (secundaria el 32% y preparatoria o equivalente el 35%). El margen de error para toda la muestra es de +/- 1.9 con un nivel de confianza de 95%.
No tengo espacio para dar cuenta de todos los resultados (se pueden consultar en www.catolicasmexico.org), pero destaco algunos. Por ejemplo, 7 de cada 10 católicas y católicos brindarían un apoyo significativo a su Iglesia si ésta aceptara que las escuelas públicas den educación sexual a adolescentes para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sexualidad (72%); si admitiera que la feligresía utilice cualquier método anticonceptivo (71%) y el uso del condón para prevenir el VIH/sida (70%).
Existe un amplio consenso en lo tocante a que los libros de texto gratuito de la SEP incluyan diversos contenidos de educación sexual basados en evidencia científica. Alrededor de 8 de cada 10 católicos manifiestan su acuerdo con que estos libros de texto ofrezcan información sobre el uso del condón en mujeres y hombres, para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH/Sida (85%); y sobre el derecho de las y los jóvenes a decidir sobre su cuerpo y sexualidad (78%). También 7 de cada 10 católicas y católicos apoyan que dichos textos aborden las circunstancias en las que la ley permite el aborto (71%), así como que se hable del derecho de todas las personas a vivir libremente su sexualidad, incluyendo a lesbianas y homosexuales (68%).
En el aspecto de la separación Estado/Iglesia, 7 de cada 10 feligreses no quieren que los ministros de culto ocupen cargos de elección popular (70%); una proporción similar rechaza o está poco de acuerdo con que se realicen cambios constitucionales para que la Iglesia católica pueda opinar sobre asuntos públicos (67%), y que pueda ser dueña de medios de comunicación (66%). Al mismo tiempo, 6 de cada 10 fieles no quieren que se modifique la Constitución para permitir la intervención de su Iglesia en las políticas públicas, particularmente las que tienen que ver con los derechos de las mujeres (64%). Resulta interesante ver que la mayoría rechaza o está poco de acuerdo con que la Iglesia católica obtenga mayores espacios de participación en la vida pública y política del país. También la mayoría (78%) opina que los funcionarios deben gobernar y basar sus decisiones sobre políticas públicas y leyes tomando en cuenta la pluralidad de opiniones que existen en el país, y sólo el 22% considera que los funcionarios deben gobernar de acuerdo con sus creencias religiosas.
La encuesta, diseñada para explorar posturas en relación con los derechos sexuales y reproductivos, la laicidad y el respeto a la diversidad, muestra un claro posicionamiento en la modernidad de la mayoría de la población católica mexicana. El 70% defiende la separación entre la Iglesia y el Estado y rechaza los intentos de la jerarquía católica de influir en la vida política del país. Podría cantarle loas a ese alto porcentaje (70-80 %) de la población católica si no fuera porque temo la influencia que tiene el otro 20-30%, que cuenta con representantes de peso en puestos de decisión política.
Una de las principales conclusiones de la directora de CDD, María Consuelo Mejía, es que van en aumento nuevas formas de identidad católica. Estas nuevas identidades corresponden a católicos que viven su fe sin negar sus necesidades y deseos y que, además, no piensan dejar su Iglesia. Encuestas como ésta de CDD y el Population Council ofrecen sólidos elementos para vislumbrar que a la larga el Vaticano perderá la irracional batalla que ha emprendido contra una de las expresiones de la modernidad: la voluntad de los ciudadanos de tomar decisiones soberanas sobre su cuerpo. Mientras tanto, el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir proyecta un panorama alentador de real libertad de conciencia entre la población católica frente a la cerrazón dogmática de Ratzinger.
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