Columna Asimetrías. Despenalización: Pensar en la Sociedad

Por Fausto Fernández Ponte

13 agosto 2010
ffponte@gmail.com

“Hay muchos detenidos, incluso en flagrancia, pero pocos sentenciados”.

Felipe Calderón.

I

En la sexta jornada del Diálogo por la Seguridad, convocado por el Presidente de Facto Felipe (del Sagrado Corazón de Jesús) Calderón y en el que participaron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema de la inmunidad fue abordado.

El abordaje –válgase la metáfora-- del asunto fue realizado por el propio señor Calderón y Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN, quienes centraron sus intervenciones en la impunidad delictiva que prevalece en México.

Ambos dignatarios –el Presidente de Facto, por un lado, y el ministro Mayagoitia, por otro— tenían en mente, al hablar, el omnipresente fenómeno del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, no los delitos de otra naturaleza.

Más es en ese asunto de los delitos de naturaleza común en donde la impunidad es abrumadora, pues según las estadísticas de la propia secretaría de despacho de Seguridad Pública, de cada cien delitos registrados, 99 quedan sin sanción.

Esa impunidad tiene una miríada de causales, siendo la principal la corrupción misma de los procuradores de justicia, cuya ineptitud y corruptibilidad es, por añadidura, motivo por el cual los impartidores tienen que declarar improcedentes los casos.

II

Predeciblemente, ese mismo porcentaje de impunidad se traslada a los delitos del “narcotráfico” –contra la salud, etc.--, aunque su impacto es más dramático. Aclárese que los delitos aquí aludidos no comprenden a los no registrados o no denunciados.

La impunidad –su prevalecencia, su desarrollo y su crecimiento al parecer incontenible-- tiene una consecuencia aberrante, la de mutarse de anormalidad a “normalidad”. La impunidad es, pues, lo normal. Preside la vida nacional.

En el territorio de la producción, abasto o comercio al mayoreo y menudeo y consumo de estupefacientes y psicotrópicos, la impunidad establece de hecho la no vigencia de las leyes en la materia. Esa es una realidad incontrovertible.

Así, producir –o importar— estupefacientes y psicotrópicos y distribuirlos a un nicho de mercado de consumidores claramente localizado adquiere cierta legitimidad implícita y subrogada conformada e incluso asegurada por la propia impunidad.

Hoy, sábese, es posible adquirir, v. gr., cocaína y mariguana sin mayor problema a ojos vistas, en lugares públicos y a sabiendas cómplices de los propios representantes de las fuerzas coactivas del Poder Ejecutivo del Estado. Hay anuencia interesada.

III

Cientos de miles –medio millón-- de individuos proveen de cocaína y heroína u otras drogas llamadas “duras”y mariguana a un número espectacularmente creciente de consumidores. Esos proveedores dan hasta servicio a domicilio o a oficinas.

Ese mercado de consumidores –que incluye a funcionarios de alta jerarquía en los gobiernos federal y de los Estados y municipales y no pocos individuos de gran visibilidad pública y emulativos en las artes y los deportes— es muy dinámico.

Sábese, documentadamente, que el consumo de mariguana está muy extendido entre los miembros del Ejército, pese a su prohibición reglamentaria que, contradictoriamente, no es expresa. Éste es, además, un verismo verificable.

La penalización vigente en materia de producción (o importación), abasto y consumo de estupefacientes y psicotrópicos existe sólo en la letra, más no en los hechos, lo cual le otorga al fenómeno del “narcotráfico” un carácter cultural: la costumbre es ley.

La dicotomía deviene en dilema político en un contexto asaz complejo cuyos componentes y perfiles, así como sus vectores internos y externos y toda su dialéctica misma, nos señala el rumbo y fija el derrotero hacia la despenalización.

Es así, mediante ese derrotero, y no con el Ejército y la Armada en las calles y más de 28 mil muertos e incontables heridos, huérfanos y viudas y madres sufrientes, como se puede controlar ese gran negocio del “narcotráfico”. Que rinda frutos a la sociedad.

. ffp@gmail.com

Comentario:
¿Con qué Autoridad Moral puede combatir este fulano la delincuancia? Con ninguna. No tiene simple y sencillamente porque él es el peor delincuente que hay en México.

¿Cómo pueden hablar de impunidad si ellos debieran estar sometidos a juicio por sus crímenes, empezando por el de usurpar un puesto que robaron?