Por Lydia Cacho
13 septiembre 2010
A lo largo de la semana pasada Televisa desató una crítica directa al diario Reforma por sus anuncios de prostitución. Este señalamiento tan direccionado parece responder a un encono dictado por razones empresariales más que éticas, pues la práctica de anunciar servicios sexuales es generalizada entre otros diarios, e incluso en la propia televisora. Sin embargo, los cuestionamientos ofrecen una excelente oportunidad de revisar a fondo una práctica nociva que no por generalizada deja de ser deleznable. La pregunta es: ¿deben los medios de comunicación, diarios y televisoras incluidas, ganar sumas millonarias por la promoción abierta de la prostitución, que a su vez se vincula con la trata de personas?
Para que la esclavitud sexual exista es preciso mantener un discurso antagónico que sobrevalúe y glamorice la prostitución para ocultar la esclavitud de cientos de miles de personas que son sometidas diariamente a tratos inhumanos y cuya única opción para escapar de la pobreza y el hambre es la prostitución. La publicidad que promueve el mercado de sexo utiliza todo tipo de eufemismos para ocultar sus verdaderas prácticas.
Según la ONU, en este momento hay 4 millones de mujeres y menores sometidas al mundo de la esclavitud, y el 86% de todas esas víctimas de trata de personas son compradas para explotación sexual comercial. Hay quien asegura que los espacios en los diarios equivalen a las zonas de tolerancia, o ghettos de prostitución, que los gobiernos mantienen y las policías solapan. Algunos diarios españoles han dicho: “mientras el gobierno siga avalando la existencia de la prostitución yo la seguiré anunciando”.
Excepto en España, los periódicos europeos dejaron de promover al prostitución por encontrar que resultaba imposible saber qué anuncios presentaban víctimas y cuáles no. Apuntaban también al hecho de que gobierno y sociedad trabajan en la búsqueda de la igualdad, y dichos anuncios tienen una fuerte carga de violencia, racismo, sexismo y promueven estereotipos negativos, e incluso el abuso infantil. Quienes aseguran en México que todos los anuncios de prostitución son contratados directamente por “prostitutas libres” mienten. También mienten quienes aseguran que todos los anuncios los pagan las mafias de tratantes. La promoción y normalización de la explotación sexual dependen de la opacidad y la corrupción de muchos.
Enriquecerse a través de la explotación sexual de otra persona está penado por la ley en México. La ley establece muy claro que comete el delito de trata quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, etcétera. Es momento de que como periodistas e integrantes de los medios de comunicación nos preguntemos si tal definición de los que infringen la ley nos incluye.
Saber de la ineficacia del Estado para aplicar la ley no exime a toda la sociedad de asumir las implicaciones éticas y culturales implícitas en el espíritu de esa ley. Hacernos conscientes del deterioro humano que está detrás de esos anuncios es ya un imperativo. Esta es una oportunidad para que los medios de comunicación de todo el país ofrezcan una lección de congruencia: renunciar a una ganancia económica en beneficio del bien público.
Para que la esclavitud sexual exista es preciso mantener un discurso antagónico que sobrevalúe y glamorice la prostitución para ocultar la esclavitud de cientos de miles de personas que son sometidas diariamente a tratos inhumanos y cuya única opción para escapar de la pobreza y el hambre es la prostitución. La publicidad que promueve el mercado de sexo utiliza todo tipo de eufemismos para ocultar sus verdaderas prácticas.
Según la ONU, en este momento hay 4 millones de mujeres y menores sometidas al mundo de la esclavitud, y el 86% de todas esas víctimas de trata de personas son compradas para explotación sexual comercial. Hay quien asegura que los espacios en los diarios equivalen a las zonas de tolerancia, o ghettos de prostitución, que los gobiernos mantienen y las policías solapan. Algunos diarios españoles han dicho: “mientras el gobierno siga avalando la existencia de la prostitución yo la seguiré anunciando”.
Excepto en España, los periódicos europeos dejaron de promover al prostitución por encontrar que resultaba imposible saber qué anuncios presentaban víctimas y cuáles no. Apuntaban también al hecho de que gobierno y sociedad trabajan en la búsqueda de la igualdad, y dichos anuncios tienen una fuerte carga de violencia, racismo, sexismo y promueven estereotipos negativos, e incluso el abuso infantil. Quienes aseguran en México que todos los anuncios de prostitución son contratados directamente por “prostitutas libres” mienten. También mienten quienes aseguran que todos los anuncios los pagan las mafias de tratantes. La promoción y normalización de la explotación sexual dependen de la opacidad y la corrupción de muchos.
Enriquecerse a través de la explotación sexual de otra persona está penado por la ley en México. La ley establece muy claro que comete el delito de trata quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, etcétera. Es momento de que como periodistas e integrantes de los medios de comunicación nos preguntemos si tal definición de los que infringen la ley nos incluye.
Saber de la ineficacia del Estado para aplicar la ley no exime a toda la sociedad de asumir las implicaciones éticas y culturales implícitas en el espíritu de esa ley. Hacernos conscientes del deterioro humano que está detrás de esos anuncios es ya un imperativo. Esta es una oportunidad para que los medios de comunicación de todo el país ofrezcan una lección de congruencia: renunciar a una ganancia económica en beneficio del bien público.
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