Por Ricardo Rocha
12 octubre 2010
Yo no lo creo. La que hubiera sido una fiesta luminosa para la democracia —20 años del Instituto Federal Electoral— será una obligada conmemoración de claroscuros.
Y díganme si podía ser de peor manera que con la renovación de tres de sus consejeros correspondiendo a cuotas de partido y no al interés de la nación. De tal suerte que, como ya ha ocurrido en sucesiones recientes, los partidazos se despacharán con la cuchara grande y excluyente hasta entre ellos. Y es que todo indica que dos de esos cargos serán para el PRI, uno para el PAN y ninguno para el PRD, cada vez más relegado en el Congreso y en los resultados electorales.
Este ejemplo, tan reciente que apenas lo estamos viviendo, ilustra el grado de descomposición del IFE sobre todo del 2003 a la fecha. Periodo cada vez más turbio en el que se ha venido perdiendo la presencia ciudadana y acrecentándose la partidocracia. Exactamente como si el América, el Guadalajara —que así se llama— el Cruz Azul y el Toluca designaran a sus propios árbitros del torneo por cuota de campeonatos o seguidores.
Seamos francos. El IFE no es hoy el árbitro ciudadano para cuidar nuestro voto. Es la gran escenografía electorera para defender los intereses de los partidos que cada uno de sus consejeros representa. En ninguna democracia que se respete mínimamente ocurre aberración semejante.
En paralelo, el organismo que alguna vez estuvo apuntalado por consejeros tan notables y austeros como José Woldenberg, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Jesús Cantú y Jaime Cárdenas y el propio Santiago Creel —antes de que se volviera ya saben cómo— ahora está convertido en una gran feria de vanidades. Con un presupuesto monstruoso de 10 mil 500 millones de pesos (siete mil para sus gastos y tres mil para los partidos) que se traducen en una burocracia gigantesca de altísimos ingresos y casi medio millón de pesos mensuales en sueldo y prestaciones para cada uno de sus nueve consejeros; cada vez más lejos de los mexicanos de a pie, pero siempre localizables en las mesas restauranteras frente a vinazos carísimos que pagamos usted y yo.
En suma, un descomunal aparato gordísimo, lentísimo y paquidérmico que —como ocurrió en el 2006 del señor Ugalde— se tarda convenencieras cinco semanas para descalificar la campaña de odio contra López Obrador, cuando debiera haber reaccionado en horas o días.
¿Cabe pues esperar algo positivo de un IFE así de obeso, así de anodino, así de sumiso? ¿Alguien podría felicitarlo?
Y díganme si podía ser de peor manera que con la renovación de tres de sus consejeros correspondiendo a cuotas de partido y no al interés de la nación. De tal suerte que, como ya ha ocurrido en sucesiones recientes, los partidazos se despacharán con la cuchara grande y excluyente hasta entre ellos. Y es que todo indica que dos de esos cargos serán para el PRI, uno para el PAN y ninguno para el PRD, cada vez más relegado en el Congreso y en los resultados electorales.
Este ejemplo, tan reciente que apenas lo estamos viviendo, ilustra el grado de descomposición del IFE sobre todo del 2003 a la fecha. Periodo cada vez más turbio en el que se ha venido perdiendo la presencia ciudadana y acrecentándose la partidocracia. Exactamente como si el América, el Guadalajara —que así se llama— el Cruz Azul y el Toluca designaran a sus propios árbitros del torneo por cuota de campeonatos o seguidores.
Seamos francos. El IFE no es hoy el árbitro ciudadano para cuidar nuestro voto. Es la gran escenografía electorera para defender los intereses de los partidos que cada uno de sus consejeros representa. En ninguna democracia que se respete mínimamente ocurre aberración semejante.
En paralelo, el organismo que alguna vez estuvo apuntalado por consejeros tan notables y austeros como José Woldenberg, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Jesús Cantú y Jaime Cárdenas y el propio Santiago Creel —antes de que se volviera ya saben cómo— ahora está convertido en una gran feria de vanidades. Con un presupuesto monstruoso de 10 mil 500 millones de pesos (siete mil para sus gastos y tres mil para los partidos) que se traducen en una burocracia gigantesca de altísimos ingresos y casi medio millón de pesos mensuales en sueldo y prestaciones para cada uno de sus nueve consejeros; cada vez más lejos de los mexicanos de a pie, pero siempre localizables en las mesas restauranteras frente a vinazos carísimos que pagamos usted y yo.
En suma, un descomunal aparato gordísimo, lentísimo y paquidérmico que —como ocurrió en el 2006 del señor Ugalde— se tarda convenencieras cinco semanas para descalificar la campaña de odio contra López Obrador, cuando debiera haber reaccionado en horas o días.
¿Cabe pues esperar algo positivo de un IFE así de obeso, así de anodino, así de sumiso? ¿Alguien podría felicitarlo?
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