Plan B. Los “lavadores” de dinero

Por Lydia Cacho

11 noviembre 2010

Manlio Fabio Beltrones retó al presidente Calderón: que si tiene nombres de narcopolíticos que los diga. El priísta bien sabe que no se puede hacer pública la lista en que se investiga por enriquecimiento inexplicable a más de 140 políticos de diferentes niveles. En ella están desde famosos dinosaurios hasta desconocidos alcaldes. La razón obvia para no hacer pública la lista es que entorpecería las propias pesquisas, y la razón más compleja es que la obsesión de Calderón por vincular todos los delitos con narcotraficantes como autores de todos los males del país, lo deja la mitad de las veces con la boca llena y las manos vacías.

Julio César Godoy, el diputado acusado ahora de lavado de dinero, nos da la pista de lo que realmente debemos mirar. Asegura que la PGR miente al relacionar los 24 millones de pesos en sus cuentas bancarias con dinero del narcotráfico. “El hecho de que yo pudiera no haber pagado impuestos, no significa que reciba dinero del narco”, dijo Godoy en un desliz confesional sobre evasión fiscal que pocos han comentado.

El lavado de dinero llevado a cabo por los políticos mexicanos es más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Todos los partidos utilizan grandes cantidades de efectivo, para ello cuentan con estrategias de robo y reacomodo de fondos públicos y obtención de fondos privados que ocultan en casas de seguridad, o con movimientos en bancos offshore, desde donde se triangulan pagos para que el dinero reingrese a través de empresas consultoras de imagen o publicidad política. Si bien es cierto que la ley que acota los depósitos en México ha complicado la vida a políticos corruptos y a criminales profesionales, no los detiene.

En los casos de redes de tratantes de personas he documentado la existencia de cuentas bancarias a nombre de familiares de los delincuentes (desde la madre que vive en la pobreza pero es titular de la cuenta, hasta un fondo de ahorro de 30 millones para un bebé de cuatro años). En el famoso caso Succar, el Ministerio Público Federal tenía evidencia de que el tratante de niñas fungía como lavador de dinero de poderosos políticos y empresarios a través de su hotel en Cancún, por ello congelaron más de 20 millones de dólares.

En la medida en que el Estado crea instrumentos para abatir a la delincuencia, quienes infringen la ley buscan cómo evadirla, pero cuando se trata de lavado de dinero en la política, deben fiscalizarse los propios partidos, cuya corrupción interna y manejo de efectivo depende de su habilidad para distraer a la opinión pública. Efectivamente, hay muchos casos en que los cárteles hacen donativos directos, pero son los menos. Las mafias empresariales, políticas y criminales prefieren tener directamente a sus agentes de confianza en puestos públicos.

Enfrentar en verdad a la delincuencia organizada (nótese que no digo narcotraficantes, porque incluyo tráfico de armas, trata de personas y contrabando) representa una paradoja para el Estado mexicano. Justamente porque entre aquellos que deben aprobar leyes efectivas y aplicables, retirar fueros y crear mecanismos de transparencia están los más poderosos interlocutores de las mafias. Ellos que blanquean dinero en negocios de bienes raíces, hotelería, restaurantes, prostíbulos y en campañas políticas, son el enemigo a vencer. Los dineros sucios se mezclan en los favores que se hacen políticos, empresarios y mafiosos; es allí donde hay que mirar sin distraernos.