Por Lydia Cacho
08 noviembre 2010
Los entrenaron en técnicas antisecuestro, les enseñaron a ir con pasamontañas para proteger su identidad, aprendieron estrategias de inteligencia militar para abatir a la delincuencia. Algunos de ellos saben “campanear” líneas telefónicas para hacer escuchas policiacas, otros saben detectar vehículos y personas que transportan drogas, y unos más fueron capacitados en el hackeo para detectar delitos cibernéticos. Ellos son policías municipales, estatales o federales que a lo largo de los últimos cinco años han sido preparados para intentar abatir, como fuera, a la desorbitada delincuencia. Cientos de estos responsables de la seguridad reprobaron los exámenes de control de confianza que incluyen: análisis toxicológicos, sicométricos, polígrafo, de control de confianza, de aptitudes. Es decir, un alto porcentaje consume drogas y se alió a pequeñas o grandes bandas criminales, ya sea al venderles protección o al participar directamente en la comisión de delitos.
Son 572 policías sucios en Reynosa, Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país. Son 600 judiciales expulsados en el Estado de México y otros tantos en Ciudad Juárez, fueron casi 4 mil elementos los despedidos este año por la Policía Federal. En todo el país, durante 2010, diversas policías se han depurado, dando de baja a casi 20 mil agentes con diversos grados de capacitación, todos ellos con manejo y acceso a armas de fuego y con amistades y redes de apoyo dentro de las corporaciones policiacas. Nadie irá tras ellos.
Si bien el Centro Nacional de Evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una reglamento nuevo y ha implementado un modelo de evaluación policiaca que urgía en México y que resulta útil, queda un cabo suelto que representa un peligro real. La impunidad de la que gozan estos agentes corruptos propicia que el despido de sus corporaciones represente, simplemente, el inicio de una segunda carrera: la delincuencia, pero ahora sin charola.
Efectivamente, se ha creado un padrón en donde se certifican sus huellas digitales y se graba su voz para cotejarla con el banco de audios obtenidos de secuestradores y extorsionadores; eso es un logro importante, sin embargo, varias policías municipales siguen contratándolos en otros estados, a pesar del padrón. Las autoridades saben que cientos de los depurados terminarán en las nóminas de los cárteles o las bandas de secuestradores o tratantes de personas. La pregunta es: ¿por qué no se han creado mecanismos para investigar y juzgar adecuadamente a policías corruptos?, ¿por qué ellos simplemente van a la calle por delitos que llevarían a un ciudadano común a prisión?
Entre tanta tragedia, algunas cosas muy buenas están sucediendo en México. Hace dos años se aprobó la reforma del sistema de justicia penal, para pasar de un sistema inquisitivo (anacrónico, opaco y estructuralmente injusto) a uno acusatorio en que habrá verdadera transparencia, porque cuenta con mecanismos para llevar a cabo juicios abiertos. Llevará más de seis años implementarlo porque se están construyendo salas para juicios orales y el Inacipe está capacitando a miles de personas. Ciertamente, se están abriendo puertas hacia el progreso del sistema penal, hacia la justicia, pero la pregunta es: ¿cómo harán las autoridades para cerrar las ventanas por las que escapa impunemente este brazo traidor del Estado?
Son 572 policías sucios en Reynosa, Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país. Son 600 judiciales expulsados en el Estado de México y otros tantos en Ciudad Juárez, fueron casi 4 mil elementos los despedidos este año por la Policía Federal. En todo el país, durante 2010, diversas policías se han depurado, dando de baja a casi 20 mil agentes con diversos grados de capacitación, todos ellos con manejo y acceso a armas de fuego y con amistades y redes de apoyo dentro de las corporaciones policiacas. Nadie irá tras ellos.
Si bien el Centro Nacional de Evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una reglamento nuevo y ha implementado un modelo de evaluación policiaca que urgía en México y que resulta útil, queda un cabo suelto que representa un peligro real. La impunidad de la que gozan estos agentes corruptos propicia que el despido de sus corporaciones represente, simplemente, el inicio de una segunda carrera: la delincuencia, pero ahora sin charola.
Efectivamente, se ha creado un padrón en donde se certifican sus huellas digitales y se graba su voz para cotejarla con el banco de audios obtenidos de secuestradores y extorsionadores; eso es un logro importante, sin embargo, varias policías municipales siguen contratándolos en otros estados, a pesar del padrón. Las autoridades saben que cientos de los depurados terminarán en las nóminas de los cárteles o las bandas de secuestradores o tratantes de personas. La pregunta es: ¿por qué no se han creado mecanismos para investigar y juzgar adecuadamente a policías corruptos?, ¿por qué ellos simplemente van a la calle por delitos que llevarían a un ciudadano común a prisión?
Entre tanta tragedia, algunas cosas muy buenas están sucediendo en México. Hace dos años se aprobó la reforma del sistema de justicia penal, para pasar de un sistema inquisitivo (anacrónico, opaco y estructuralmente injusto) a uno acusatorio en que habrá verdadera transparencia, porque cuenta con mecanismos para llevar a cabo juicios abiertos. Llevará más de seis años implementarlo porque se están construyendo salas para juicios orales y el Inacipe está capacitando a miles de personas. Ciertamente, se están abriendo puertas hacia el progreso del sistema penal, hacia la justicia, pero la pregunta es: ¿cómo harán las autoridades para cerrar las ventanas por las que escapa impunemente este brazo traidor del Estado?
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario