MÉXICO, D.F., 3 de diciembre (apro).- Las pretensiones del general Guillermo Galván Galván de lograr la aceptación para aplicar “el estado de excepción” en algunas zonas del país, y que hoy reveló Wikileaks, no son nuevas.
El 7 de abril de 2010, el general citó a diputados del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); ahí, a las 6 de la tarde en el salón de usos múltiples, Galván les pidió su apoyo para hacer cambios legales que le permitieran seguir combatiendo al crimen organizado, sin restricción alguna.
De los varios puntos que presentó el general a los legisladores, encabezados por el priista Ardelio Vargas, hubo dos que dejaron verdaderamente azorados a los diputados Enrique Ibarra, del Partido del Trabajo, y a Pablo Escudero, del PVEM: que el Ejército pudiera decretar “zonas de excepción” y, “eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”.
Parte del encuentro de aquel 7 de abril de 2010 fue detallado en este mismo espacio una semana después, el 16 de abril de 2010.
En aquella ocasión, participantes del encuentro detallaron las demandas que el general les había puesto sobre la mesa y su intención de que quedaran plasmadas en la Ley de Seguridad Nacional que, por cierto, aún se encuentra detenida en la Cámara de Diputados.
Ese 6 de abril, Galván Galván pidió que se le permitiera al Ejército “declarar el estado de excepción”, es decir, establecer lo que se conoce como “toque de queda”, donde ningún ciudadano tenga que estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendido, pueda ser detenido por miembros del Ejército.
Durante el encuentro con diputados, nunca se definió con claridad si la “declaratoria de zona de excepción” que el general Galván Galván pidió para poder actuar con mayor celeridad en contra del crimen organizado, incluía la legalización de los retenes militares, que hoy en día se efectúan, aun en contra de la prohibición expresa en la Constitución, ya que en ella se establece la libertad de tránsito para todos los mexicanos.
Lo que hoy Wilikeaks da a conocer sobre la reunión entre el general Galván con Dennos Blair, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, y en donde el primero le habló de poder invocar el artículo 29 de la Constitución para decretar el “estado de excepción”, es algo que el general intentó cabildear el 7 de abril con diputados federales y una semana después, con senadores de la República.
Aquel 16 de abril de este año, Apro publicó bajo el título “El general desesperado”, los puntos básicos que el secretario de la Defensa intentó consensuar entre los diversos actores políticos. El argumento que el general Galván expuso aquel día fue que “el Ejército, incluida a la Marina, es el último reducto que tiene el Estado para su protección debido a que las policías locales están infiltradas y que, mientras se depuran, se hace necesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles por un periodo de cinco a 10 años para poder acabar con el narcotráfico”.
Los cables del Departamento de Estado de Estados unidos revelados por Wikileaks le da la razón a la información publicada por Proceso y Apro; un ejemplo es justamente el citado artículo titulado “El general desesperado”.
Pero el general Galván no solo intentó convencer a los legisladores sobre la necesidad de que el Ejército pueda considerar “el estado de excepción” en zonas que hoy están bajo el poder del crimen organizado, también les demandó que incluyeran en la reforma que hoy se discute en comisiones lo siguiente:
Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir, retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día. Pidió también que consideraran contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa; intervenir las comunicaciones; potestad para rastrear o hachear páginas de internet; cancelar espectáculos públicos.
Igualmente, poder disolver concentraciones de vehículos, como las ocurridas en aquellos meses de marzo y abril, en Nuevo León y Tamaulipas, en donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías.
Finalmente la posibilidad de que se pueda decretar el “estado de excepción” en las zonas controladas por el narco, que hoy revela Wikileaks y que Proceso detalló como una petición del general Galván a los legisladores, aún no se aprueba.
El tema sigue discutiéndose en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. De hecho, en las últimas semanas, legisladores de ambas cámaras han estado reuniéndose para discutir la Ley de Seguridad Nacional y las nuevas potestades que tendrá el Ejército para combatir el crimen organizado.
Aunque resulta innegable que las demandas del general asustan a quienes no tienen la estructura militar y hasta generan temor, pues abren la puerta hacia un “Estado autoritario”, lo cierto es que Felipe Calderón se la debe al Ejército, pues sin que ellos lo pidieran y sin que estuvieran autorizados para hacer trabajo de policías, el Ejecutivo federal lo incluyó en su lucha contra el narco, y no sólo eso, los puso al frente de la guerra que él mismo le declaró al crimen organizado.
Guerra que en los hechos, de acuerdo con las cifras del gobierno federal y lo que la gente vive en sus colonias, no ha logrado disminuir el tráfico de drogas, como la venta de estupefacientes en cada rincón del país, mientras que sigue el aumento de la violencia. Lo único que va en aumento son los muertos, las críticas a esta estrategia y el descrédito, sin necesidad alguna, del Ejército.
En su desesperación, Calderón intentó reivindicar al Ejército y sus actos con el desfile militar del 20 de noviembre, fecha en que se celebra un aniversario más de la Revolución, y cuya celebración, hasta este año se hacía con un desfile deportivo y no con la muestra del armamento, equipo aéreo y cientos de militares marchando por las principales calles de la Ciudad de México.
jpa
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