MÉXICO, D.F., 4 de febrero (apro).- Si ya España era un referente mundial en materia de acuerdos sociales y políticos –nadie duda de lo emblemático que fue el Pacto de la Moncloa, firmado en octubre de 1977, y que estableció la legalidad democrática después de la dictadura de Francisco Franco--, ahora nos da una nueva lección.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó un acuerdo fundamental con los principales organismos sindicales y las agrupaciones patronales más representativas del país, para darle una salida a la propuesta oficial de reforma laboral, que tenía enfrentadas a las partes y crispados los ánimos de la población.
Además de establecer la vía del diálogo con empresarios y, sobre todo, con los representantes sindicales, cómo único mecanismo para resolver cualquier diferendo en el ámbito laboral, Zapatero logró, luego de un estira y afloja que le hacían caer dramáticamente en la aceptación de la gente, que los sindicatos aceptaran alargar dos años más a la edad de jubilación, un año menos de lo que pretendía el gobierno, quien además quería llevar a 41 años el tiempo de cotización en la seguridad social para tener derecho a una pensión al 100%.
Es un hecho que desde el Pacto de la Moncloa no había habido un acuerdo social de esa envergadura. Inclusive el presidente de gobierno español mereció felicitaciones de los mandatarios de Francia y Alemania, Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, respectivamente.
El acuerdo firmado por Zapatero con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), las agrupaciones patronales (Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, CEPYME, expresa la voluntad de esos actores para firmar una reforma laboral.
Este acuerdo, en efecto, como lo señaló el propio Zapatero, establece el diálogo social con sindicatos y empresarios como "uno de los grandes activos" que distinguen a España en los procesos de reformas estructurales que protagonizan los países europeos frente a la recesión económica. Y situó la "refundación del diálogo social" como objetivo estratégico para iniciar la recuperación económica.
En Francia, hace apenas dos meses, luego de jornadas memorables de lucha social con grandes manifestaciones en todo el territorio, que a cada nueva convocatoria ampliaban su respaldo, el gobierno se impuso. Donde, además, se habían unido a la resistencia estudiantes de distintos grados, dándole frescura y radicalidad, finalmente un parlamento ajeno a esos reclamos aprobó una reforma a las pensiones.
No era, ni de lejos, lo que aprobaron sindicatos, patrones y gobierno en España. Eso Sarkozy ni siquiera se atreve a plantearlo, pero logró postergar los tiempos de jubilación y añadirle cotizaciones.
En España lo novedoso es que ha habido un acuerdo no en el parlamento, sino con sindicatos y patrones. Y eso no es que sea nuevo, es que realmente es fundamental. Dicho acuerdo establece que para modificar cualquier cuestión en materia laboral se tiene que discutir con los dos grandes actores involucrados: trabajadores y patrones.
Y ello implica una noción de democracia que no se restringe a la votación de los representantes electos en procesos en los que participan los partidos políticos. Democracia, en un sentido más amplio, es incorporar a la discusión a otros “electos”: los dirigentes sindicales. Pero también a los patrones, aunque con ellos el acuerdo con ellos el arreglo es trivial ya que se trata de reducir prestaciones.
Por eso el “acuerdo español” tiene una enorme relevancia. Responde a requerimientos que indudablemente existen. Responde, también, a presiones de distinto signo: la de “los mercados”, que abiertamente se han propuesto eliminar el Estado de bienestar y la de los desempleados, los parados, que alcanzan cifras dramáticas.
Los “mercados” quieren eliminar el Estado benefactor por razones de corto y de largo plazo. Las de corto son presupuestales: se trata de darle espacio a los mayores intereses que cobran para aceptar financiar la deuda soberana española. Las de largo plazo son conocidas: eliminar la asistencia, la seguridad social y las pensiones solidarias, abre espacios al mercado, es decir a esos capitales, para que los trabajadores “paguen” sus derechos sociales a empresas privadas.
Los parados, por su parte, lo que requieren es trabajo. Las cifras son impresionantes: 4.7 millones de personas sin trabajo, el 20.3% de la fuerza laboral española. Se trata del país con el mayor índice de desempleo en el mundo. Con un porcentaje de parados menor al 10% los estadunidenses han implementado medidas monetarias extraordinarias.
Si se desagrega la información sobre el desempleo en España, resulta que el paro entre los jóvenes menores de 25 años llega a un dramático 42.8%, es decir, casi la mitad de los españoles jóvenes no tiene trabajo. Más grave aún, no lo ha tenido desde hace tiempo. Incluso en los tiempos buenos los empleos para jóvenes eran precarios, mal pagados, temporales y sin prestaciones.
También es impresionante que en un millón 320 mil hogares todos los miembros estén sin trabajo.
Este gravísimo problema tiene varias explicaciones. La primera, por supuesto, es que si no hay demanda, no hay producción y, en consecuencia, se eliminan puestos de trabajo. Para crearlos hace falta que la economía crezca, pero no a cualquier ritmo. Los crecimientos vegetativos no crean empleo. Así que hay que crecer a tasas que amplíen la demanda de trabajo. Otra explicación complementaria es la competitividad. Si las empresas españolas no son internacionalmente competitivas trabajando en la propia España, sus plantas se localizarán en otros lugares del mundo. Las firmas españolas con fuerza mundial en el mercado de prendas de vestir, Zara, Massimo Dutti, Oysho, etc. no fabrican en España sino en Asia, América Latina o África.
Otro elemento explicativo es que las prestaciones y remuneraciones vigentes en el mercado español, en consecuencia, pueden resultar un desestímulo para que las empresas internaciones se localicen en ese país, así como para las propias empresas españolas que pretendan competir a escala global e incluso en el mismo suelo español. La presión por abaratar el costo de la fuerza de trabajo existe entre los trabajadores, dadas las difíciles condiciones que genera el desempleo. Por eso el trabajo se ha precarizado y por eso es difícil impedirlo. Apelar a la negociación colectiva para controlar esa precarización es importante. No se evita, pero se le limita.
España ha abierto un camino que pudiera ser relevante para toda la Europa solidaria y equitativa. Si acaso las reformas son inevitables, habrá que hacerlas con los afectados. Ellos son los que tienen que aceptarlas. Para esto son insuficientes los acuerdos parlamentarios. Esa representación debiera entenderse para enfrentar responsabilidades de otro tipo. La democracia electoral tiene que ser completada con una democracia en la que los afectados no sólo tienen que ser escuchados, tienen que ser considerados. Y en esto, hay que reconocer que España ha puesto un blasón muy alto.
Comentarios: o_selley2001@yahoo.com
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