La mitad de las aeronaves que la Procuraduría General de la República utiliza en tareas de combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no está inventariada y sobrevuela con matrículas estadunidenses, lo que contraviene la ley. El personal de servicios aéreos no cumple con los controles de confianza y decenas de pilotos de esa dependencia perdieron sus licencias por irregularidades.
La Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR) es un área medular para el combate a la delincuencia organizada y estratégica en la “guerra” contra el narcotráfico; sin embargo, opera con graves deficiencias administrativas y personal bajo sospecha de corrupción.
Las auditorías que a esta área practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exponen graves problemas contables en inventarios y registros de las aeronaves, tanto de las que la PGR adquirió con recursos propios, así como las donadas por el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, en el marco del Acuerdo Bilateral para Combatir al Narcotráfico y la Farmacodependencia y del Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre cooperación contra las drogas.
De las 94 aeronaves que comprende la flota aérea de la PGR, 59 no están registradas en los inventarios. De las 35 que sí están en inventariadas, sólo 25 cuentan con la documentación que acredita que son propiedad de la PGR, como la factura o los oficios de donación emitidos por la Embajada de Estados Unidos. Las 10 aeronaves de las cuales la PGR no tiene documentación que acredite su propiedad representan un patrimonio de 87 millones de pesos.
De las 59 aeronaves que la PGR no tiene inventariadas, una de ellas fue asegurada a la delincuencia organizada y transferida a la Procuraduría desde julio de 2008, pero los funcionarios nunca la registraron en su contabilidad ni la incorporaron a los inventarios, aunque sí a los vuelos oficiales.
Otras 28 las donó la Embajada de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2009, pero tampoco fueron registradas. Más que una formalidad, la falta de registro de las aeronaves incumple el acuerdo que obligaría a México a devolverlas “cuando ya no se necesiten para los bienes que fueron proporcionadas”.
Diecinueve aeronaves que opera la PGR sobrevuelan cielo mexicano y ejecutan operativos en territorio nacional con matrículas de Estados Unidos. La razón es que la Procuraduría no ha presentado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la documentación para que el Registro Aeronáutico Mexicano le emita matrículas nacionales: títulos de posesión requisitados, pedimentos de importación y pagos de tenencia de una flota valuada en 204 millones 915 mil 600 pesos.
En cambio, aún no se da de baja ni del inventario ni de los registros contables el helicóptero Bell 206 B-3, matrícula XC-KAF, que se desplomó el 30 de marzo de 2009 en el cerro Cruz Matías, al Sureste de San Luis Río Colorado. La aeronave, que costó 2 millones 811 mil pesos y que estaba al servicio de la Base de Intercepción Aérea en Puerto Peñasco, se declaró como pérdida total; fue pagada por la aseguradora, pero la operación tampoco se registró contablemente.
Los auditores adscritos a la ASF también encontraron un desorden administrativo en la comprobación del uso de combustible –gasavión y turbosina– y los fletes aéreos.
Funcionarios bajo sospecha
La DGSA de la PGR tiene como función sobrevuelos y actividades encaminadas a investigar los delitos del fuero federal y la delincuencia organizada, que incluyen, por ejemplo, la confiscación y erradicación de cultivos ilícitos. Los auditores de la ASF descubrieron que los vuelos no son debidamente revisados y autorizados por un supervisor acreditado por la SCT a través de su Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Por las implicaciones, éste constituye uno de los hallazgos más relevantes de la auditoría. Las normas internacionales obligan a que cada vuelo debe ser autorizado por un supervisor de la DGAC previo chequeo de las condiciones físicas de la nave, de las bitácoras, órdenes de trabajo y certificados de aeronavegabilidad, entre otros.
Desde 2001, los vuelos que realiza la PGR no son autorizados por los inspectores de la DGAC, sino por 24 inspectores “honorarios” que no son parte de la SCT. Al respecto, hay una corresponsabilidad entre la SCT y la PGR por este asunto, pues en 2001 la SCT manifestó que no contaba con personal suficiente para que inspeccionara los vuelos, y la PGR propuso que lo hicieran inspectores “honorarios”. La práctica siguió en años subsecuentes sin que existan atribuciones legales para ello. A ojos de la ASF, dicha práctica es irregular.
El asunto toma otro cariz cuando se habla de que, entre el personal de esa área, hay muchos funcionarios que no aprobaron los controles de confianza:
56 funcionarios de la DGSA que laboran en 12 bases aéreas en distintas regiones del país, en tareas vinculadas al combate a la delincuencia organizada, no aprobaron las evaluaciones de control de confianza que les practicó el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) desde 2008. Se les declaró “no aptos”, y como tal, debían ser destituidos. Sin embargo, hasta agosto de 2009, la DGSA envió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 37 actas administrativas que daban cuenta del resultado de “no aptos” de sus elementos.
De los otros 19 elementos que resultaron “no aptos”, en lugar de enviar las actas, a dos se les transfirió a la Policía Federal Ministerial; a otros dos se les tramitó una licencia de incapacidad; a otros tres se les ubicó en proceso de consulta; en cinco casos, se inició un proceso de reevaluación que aún está en proceso de autorización; a otros dos se les ubicó con nombramiento temporal; otros dos casos obtuvieron una resolución judicial a su favor, aunque siguen siendo no aptos según las pruebas de control de confianza. En otros dos casos, apenas está en vía de levantarse el acta respectiva, y un caso más aún no ha sido notificado del acta de no aptitud debido, argumenta la PGR, a su adscripción.
Las ASF alerta los riesgos de que el personal que no aprobó los controles de confianza continúe como servidor público activo en la PGR:
“Dicho personal, aun cuanto tiene evaluación de ‘No Apto’ para el CECC, se encuentra realizando las labores para las que fue contratado generando un costo mensual al mantener dicha plantilla.”
Eso no es todo: desde 2007, 40 servidores públicos perdieron su licencia aeronáutica (que expide la SCT) por irregularidades diversas. La PGR no les impuso sanción alguna, sino que les asignó funciones técnico-administrativas. Hasta pasados dos años (en mayo de 2009), inició el procedimiento de actas administrativas por pérdida de licencia. Se procedió entonces al cese de 22 funcionarios, que a su vez interpusieron 22 juicios de amparo; luego la PGR “concilió” reinstalar a 15. Posteriormente, a 13 de ellos se les dio de baja por incapacidad total; el resto continúa activo.
Al respecto, el doctor Samuel González Ruiz, extitular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, alerta lo “delicado” que es el que la PGR mantenga activo a personal que no acreditó los controles de confianza de la institución.
“Es muy delicado que no pasen estos exámenes. Para estar en la institución, deben acreditar estos exámenes, y eso es un asunto que de manera urgente debe atender la Oficialía Mayor de la PGR, porque ése es su trabajo”, explica el consultor internacional en temas de crimen organizado y corrupción.
Viajes elite
No hay control del personal que opera los vuelos en el combate a la delincuencia, pero los viajes son de elite. La norma en materia gubernamental refiere que los vuelos en aviones que tengan menos de 20 asientos no pueden contar con el servicio de sobrecargo. Pasando por alto tal disposición, sólo en 2009, 199 vuelos con menos de 20 asientos tuvieron servicio de sobrecargos.
En su argumentación, la DGSA le dice a la ASF que consideraron necesario llevar sobrecargos en ciertos vuelos al tratarse de viajes hechos por funcionarios con categoría de subprocurador o superior, al igual que los que realiza el personal de la oficina del procurador. Lo mismo que en los viajes que funcionarios de alto nivel de otras áreas de gobierno realizan en aviones de la PGR.
Subastas en el extranjero
La falta de diligencia de la PGR hasta en sus asuntos administrativos está a punto de generar un litigio internacional en contra de una compañía estadunidense que, argumentando incumplimientos de la Procuraduría para cubrirle sus adeudos de la reparación de dos helicópteros, simple y llanamente subastó uno de ellos, sin que la oficina del abogado de la nación hiciera nada por evitarlo. El caso implica un daño al erario de 48 millones 460 mil pesos.
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