El secretario de Estado Francisco Javier Mayorga Castañeda se encuentra en la mira del máximo órgano de fiscalización del país por cobrar subsidios del Procampo en su calidad de empresario y titular de la Secretaría de Agricultura. El funcionario deberá justificar documentalmente ante la Auditoría Superior de la Federación su conducta o, de lo contrario, devolver los recursos públicos. Otros 576 de sus subordinados se encuentran en la misma situación. Legisladores piden a la autoridad fiscalizadora que presente denuncias penales por este hecho, denunciado por Contralínea desde octubre de 2009
Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), deberá devolver los subsidios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), obtenidos en su dualidad de empresario y servidor público, de no justificar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la obtención de más de 31 mil pesos durante el ciclo primavera-verano 2009.
No obstante, el titular de la dependencia y su familia se han allegado de más de 14 millones de pesos del erario a partir de su ascenso a la cúpula de la administración pública federal en el sexenio de Vicente Fox Quesada, como lo reveló Contralínea en octubre y noviembre de 2009.
En la misma situación de Mayorga Castañeda, se encuentran otros 576 empleados del Estado que operan en la dependencia y cobran los subsidios como productores agrícolas.
Así lo indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la ASF. El documento indica que de no justificarse la entrega de los “apoyos” a los funcionarios, la Auditoría Superior procederá a recuperar 5 millones 663 mil pesos.
El máximo órgano de fiscalización del país –encabezado por Juan Manuel Portal Martínez– advierte que los servidores públicos contravienen las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.
El perredista José Narro Céspedes, secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, asegura que la ASF debe avanzar e instrumentar demandas penales porque se está recibiendo un pago indebido”.
Correligionaria de Mayorga Castañeda, la diputada panista Dora Evelyn Trigueras Durón sale en defensa del secretario de Estado, pues dice que “es uno de los mejores que ha habido en la Sagarpa; antes de ser funcionario, era empresario”.
Los Mayorga, subsidiados en 2009
De acuerdo con el Padrón de Beneficiarios Ciclo Primavera Verano 2009- Procampo Tradicional, Registro Alterno y Capitaliza (el más reciente, actualizado en el portal de internet de la Secretaría), Francisco Javier Mayorga Castañeda fue apoyado en ese periodo con 31 mil 779 pesos por la dependencia que él mismo encabeza.
El también director de Industrias Melder y Semillas Caloro aparece como subsidiado, al igual que su hermana Luz Teresa Mayorga Castañeda, por la siembra de maíz blanco y amarillo en Ameca, Jalisco, de donde son oriundos.
El programa operado por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –órgano dependiente de la Sagarpa– indica que Luz Teresa Mayorga Castañeda obtuvo en ese mismo ciclo agrícola 26 mil 964 pesos.
Las reglas de operación
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 cita las Reglas de Operación de la Sagarpa para puntualizar las faltas cometidas por los 576 servidores públicos que aparecen en las listas del Procampo.
En su artículo 6 se establece que “…bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas y componentes de las presentes Reglas de Operación los servidores públicos de la Secretaría, de los agentes Técnicos o las secretarías de Desarrollo Agropecuario (SDA) o sus equivalentes de las entidades federativas o de los municipios.
“Aquellos servidores públicos que por motivo de su encargo participen en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios [...] deberán excusarse de intervenir.
“Los servidores públicos deberán informar de inmediato y por escrito a la Secretaría respecto de la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con el párrafo anterior y, en su caso, su calidad de beneficiario de cualquiera de los programas o componentes a que se refieren estas Reglas”, de acuerdo con las Reglas de Operación vigentes al momento de realizar la auditoría.
El diputado perredista Narro Céspedes critica: “Por ética y norma, los servidores públicos deben abstenerse de cobrar el Procampo, aunque tengan tierras y sean campesinos. Es claro que esto se presta al tráfico de influencias y cosas totalmente ilegales”.
La secretaria de la Comisión de Agricultura, Trigueras Durón, dice que si la ley pide que renuncie a los apoyos del Procampo, “que se aplique”.
Los otros apoyos
El 4 de octubre y el 1 de noviembre de 2009, Contralínea documentó que el secretario Francisco Mayorga y su familia han sido beneficiarios del Procampo, a pesar de que el político ha encabezado la Secretaría en dos periodos.
De los montos publicados por la Sagarpa, se evidenció la entrega de 507 mil 573 pesos, recibidos en total de 2000 a 2008. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron dados en su dualidad de funcionario y “campesino”.
El Padrón de Beneficiarios del Procampo revela que, junto con Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros, padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el mismo periodo.
El capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ordena en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Indica que el funcionario podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
Además, el secretario de Estado ha sabido allegarse de otros recursos públicos por más de 14 millones de pesos: por la entrega de apoyos, contratación de asesorías y sueldos como servidor público (Contralínea 155).
El dictamen de la ASF
Con base en las Reglas de Operación de la Sagarpa, la ASF auditó el programa social más importante en el agro mexicano: Procampo. Resultado de las investigaciones, se derivó que en el padrón de beneficiarios hay adscritos 577 servidores públicos que cobran subsidios.
De estas acciones, el máximo órgano de fiscalización del país solicitó información al respecto de los subsidios cobrados por los funcionarios. A través del oficio F00.5.2.01/093/2010 del 25 de noviembre de 2010, el director de Seguimiento Operativo de Aserca informó que de los 577 servidores públicos de la Sagarpa, sólo 35 se encuentran directamente involucrados en la dictaminación del apoyo de Procampo por ocupar una jefatura, “dado que una vez validada la pertinencia documental, el productor llena el formato de solicitud de apoyo, firma la solicitud y la entrega al Cader (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) que acusa de recibido y entrega una copia de ésta al productor. Al final de la jornada diaria, el jefe del Cader revisa las solicitudes y dictamina su procedencia con la clave P000”.
No obstante, la ASF no quedó satisfecha con la respuesta oficial, pues asentó en el informe que la Sagarpa “no demostró las gestiones realizadas para sancionar a los servidores públicos o recuperar los recursos otorgados”.
Por lo anterior, la entidad fiscalizadora solicitó que Aserca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 5 millones 663 mil pesos que se otorgaron en el ejercicio fiscal de 2009 a 577 servidores públicos de la Sagarpa como subsidios del Procampo.
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, advierte, “la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado”.
Además, solicitó al Órgano Interno de Control en la Sagarpa que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, durante 2009, obtuvieron beneficios por apoyos del Procampo”.
Alberto Jiménez Merino, coordinador del Sector Agrario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, reprueba las acciones de los servidores públicos subsidiados por el Procampo, por lo que dice, “es urgente que se depure el padrón. Quienes tienen una responsabilidad pública, por naturaleza de su función, por ética debieran estar retirados de los apoyos”.
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