Al ahora extitular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, se le podrían fincar responsabilidades penales por dejar de abrir investigaciones de cada uno de los miles de homicidios vinculados con la delincuencia organizada, aseguran legisladores. Incluso, el propio titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, podría enfrentar juicio político y ser denunciado ante la Corte Penal Internacional, explican especialistas. Las decenas de miles de asesinatos cometidos con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y relacionadas con delitos contra la salud, deberían ser investigadas de oficio –como establecen las leyes– por el Ministerio Público federal, algo que se dejó de hacer por negligencia e incapacidad.
La “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico había provocado la muerte de 34 mil 612 personas hasta diciembre de 2010. A la cifra oficial habrán de sumarse los más de 3 mil casos ocurridos en lo que va del año.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales, ninguno de los asesinatos puede dejar de investigarse, y para ello debe existir cooperación entre las autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público Federal.
Sin embargo, el órgano de procuración de justicia no ha tenido la capacidad de administrativa de hacer frente a las decenas de miles de asesinatos cometidos durante los más de cuatro años de gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con el legislador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, la PGR ha levantado averiguaciones previas de apenas el 7 por ciento de los casos (alrededor de 2 mil 600). El senador justifica la cifra, pues, considera, los demás casos deben ser abordados por las autoridades locales.
Sin embargo, legisladores de oposición y abogados consideran que por estas “omisiones” se le podrían fincar responsabilidades penales a los titulares de la Procuraduría durante lo que va del calderonismo: Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez.
En junio de 2010, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y la PGR dieron, de manera conjunta, las cifras de muertos del combate contra el crimen organizado ocurridas hasta esa fecha. Los datos oscilaron entre los 28 mil y 31 mil.
Entonces, la PGR buscó “justificarse”. Argumentó que la “presunción” de que los homicidios están relacionados con el crimen organizado ?boletín 740/10? no basta para que intervenga en la investigación; tampoco, si se relacionan jurídicamente con delitos federales. Los artículos 73 constitucional y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen la facultad de la PGR para atraer los casos en los que existe un homicidio de personal diplomático, servidores públicos federales, policías o elementos de las Fuerzas Armadas; pero no es aplicable para el resto de la población, interpretó. “Cuando se trata de civiles inocentes, la facultad de investigación corresponde a las autoridades locales”, justifica el boletín de junio de 2010.
Sin embargo, el abogado Sergio Méndez Silva, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), indica que sí correspondería a la PGR las investigaciones de los cerca de 35 mil ejecutados. Agrega que, de no integrarse las averiguaciones, los servidores públicos sí tienen responsabilidad administrativa, política, civil y penal, “incluyendo al propio presidente de la República”.
El legislador panista Santiago Creel Miranda, integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, reconoce que cada caso debe evaluarse porque, “en algunos, no se actúa como lo marca la Constitución”.
Desde enero de 2011, en la página de la Presidencia de la República se presenta la Base de datos de estados y municipios sobre homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada, en la cual se cuantifica la muerte de 34 mil 612 personas (546 agresiones, 3 mil 153 enfrentamientos y 30 mil 913 ejecuciones).
Los estados que concentran el mayor número de homicidios son Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, 4 mil 387; Guerrero, 2 mil 739; Baja California, 2 mil 19; Durango, 1 mil 892; Michoacán, 1 mil 751; Estado de México, 1 mil 538; Tamaulipas, 1 mil 457; Sonora, 1 mil 258; y Jalisco, 1 mil 73.
Las estadísticas nacionales que proporciona la PGR en su página electrónica muestran que se iniciaron 514 mil 591 averiguaciones previas, entre 2007 y 2010, de las cuales 248 mil 367 son por delitos contra la salud (producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión, consumo y otros). No se detalla el número de casos por homicidios.
El artículo 4 de la Ley Orgánica de la PRG señala que a la Procuraduría le corresponde investigar y perseguir los delitos de orden federal, en la averiguación previa y ante los órganos jurisdiccionales. En el artículo 11, se indica que debe contar con unidades administrativas que atiendan las diferentes manifestaciones de la delincuencia organizada.
“El homicidio es un delito del fuero común. La primera responsable de hacer la investigación es la Procuraduría estatal; pero como tiene sus propios tiempos, va a depender de las características sociales o políticas de ese momento para que se ocupe de los casos o para que la PGR pueda atraerlos. El problema de los homicidios que estamos viendo producto de toda la violencia del narcotráfico es responsabilidad de las autoridades estatales, y en segunda instancia, sí de la Procuraduría federal”, expone Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en tiempos de paz, el Ejército sólo puede realizar actividades que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que es posible que el Ejército esté en las calles en circunstancias como las actuales.
“No existe la imparcialidad en el derecho, pues quienes interpretan las normas pueden llegar a concluir en función de sus intereses específicos y políticos. Hay impunidad absoluta. El Estado hace lo que le viene en gana: investiga sólo si quiere; no existe ningún tipo de control legal y queda en la impunidad la muerte de los civiles”, puntualiza Méndez Silva.
Al tratarse de delitos graves, corresponde a las autoridades ministeriales integrar las investigaciones de manera oficiosa y se toma en cuenta el contexto. Para el senador por el Partido de la Revolución Democrática René Arce Islas, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, “habrá que ver si en algún momento los casos han sido archivados sin ninguna averiguación al respecto. Hay que ver si lo están tomando como una especie de estadística. Eso sí sería muy delicado porque va en contra de la posibilidad de que aquí se persiga el delito, y eso habla de la impunidad que existe en el país”.
Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, calcula que el 93 por ciento de los homicidios es del fuero común. El legislador integrante de la bancada del Partido Acción Nacional se apresura a señalar que “el Estado mexicano no ha fallado”. Pero, reconoce, “han fallado leyes que no se cumplen”.
Agrega que la “guerra” contra el narcotráfico ha beneficiado también a los gobiernos de los estados. “La única estrategia que le funciona a los gobernadores es pedir Ejército y Policía Federal cuando se les aprieta con los criminales. Ése fue el acuerdo con el presidente”.
El priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, dice que no cuestiona que se haya decidido enfrentar al crimen organizado con la fuerza del Estado; pero sí, la manera en que se ha hecho.
Santiago Creel, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, indica que es necesario que tras la salida de Arturo Chávez Chávez de la PGR, “llegue un tipo que eche para fuera toda la escoria y meta personal nuevo para que funcione. No es el procurador el que falla, pero sí tiene que llegar un individuo que se dé cuenta de que no está caminando la Procuraduría”.
Antes de que presentara su renuncia, Contralínea solicitó entrevista con el entonces procurador Chávez Chávez a través de la Dirección General de Comunicación Social. Elisa Torres y Rocío Cabrera dijeron que, por cuestiones de “agenda”, quien daría la entrevista sería Ricardo Celso Nájera Herrera, titular del área. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.
Juicio político, una opción
Para la diputada por el Partido de la Revolución Democrática Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo y a las instancias encargadas de la seguridad pública y nacional podrían enfrentar un juicio político por los muertos en “esta guerra absurda”.
“Al gobierno federal le ha faltado hacer un planteamiento integral de combate a la delincuencia organizada. No hay una estrategia; es un ataque con tintes políticos que sirvió para legitimar la estadía de Calderón en la Presidencia de la República. Pero como no se ha podido consolidar como un auténtico presidente de los mexicanos, ha tenido que utilizar al Ejército y a las Fuerzas Armadas para poder tener trato con los civiles.”
El título cuarto de la Constitución y el título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen el procedimiento ante el Congreso de la Unión para iniciar un juicio político y la declaración de procedencia. Este proceso sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el funcionario desempeñe su cargo y un año después de que concluya. El presidente goza de inmunidad y sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, pues se estima peligroso para la seguridad nacional el darle trato igualitario a quien representa el Estado nacional.
“Tendríamos que llevar al presidente de la República a un juicio político. Consideramos que habría que realizar la petición para que se le procese, pero por la composición de los grupos parlamentarios en el Congreso (237 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 142 de Acción Nacional y 69 de la Revolución Democrática) no sería tan factible”, reconoce la legisladora Dolores de los Ángeles Nazares.
La perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero explica que el presidente de la República y su Procuraduría “se han metido en un gran lío” que podría derivar en una denuncia ante la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional, organismo multilateral, se creó luego de la Segunda Guerra Mundial. Su función es enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. El Estatuto Roma de 2002 establece responsabilidad penal a jefes de Estado, en forma individual, cuando se den violaciones graves a los derechos humanos. El fiscal de la Corte puede iniciar una investigación, siempre y cuando cuente con información previa y el testimonio de la víctima, su familia o una organización no gubernamental.
En el actual contexto de la “guerra” en México, suceden delitos que la Corte Penal Internacional investiga: asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, privación de la libertad física, tortura, desaparición forzada. En los crímenes de guerra, cometidos en conflictos armados internacionales e internos, se anexa el dirigir ataques contra la sociedad civil y causar daños a personas indefensas.
“En circunstancias como las nuestras, existe una guerra por la vía de los hechos porque hay grupos claramente diferenciados (bandas del crimen organizado, el Ejército Mexicano y la Policía Federal) que están en conflicto. Eso implica que no solamente Calderón tendría responsabilidad penal por crímenes de guerra, sino también los jefes de los cárteles del narcotráfico, porque nadie puede atentar en contra de civiles. En realidad, existe una guerra civil en este país y el crimen organizado es una insurgencia que controla políticamente amplias zonas del territorio nacional. Eso es gravísimo e implicaría que los grupos contendientes sean juzgados”, señala Sergio Méndez.
Para el abogado de la CMDPDH, existen candados porque México acepta la competencia de la Corte Penal Internacional sólo en casos específicos. Quienes tienen el poder mundialmente y respaldan a Calderón en esta guerra ilícita, agrega, no admitirán una intervención judicial de este tipo porque no les conviene a sus intereses. Así, lo que se ha denominado “daños colaterales” no ha sido sometido a investigación federal y tampoco se han fincado responsabilidades.
ASF reprueba a la PGR
En la auditoría de desempeño realizada a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo fiscalizador de la Cuenta Pública encontró que de las 178 mil 409 averiguaciones previas levantadas durante 2009, apenas en el 21 por ciento (38 mil 724) se consignó un supuesto responsable
En la auditoría 09-0-17100-07-1086, se establece que “la ASF estimó que, de cada 10 casos, dos llegan a consignarse y uno recibe sentencia”.
“El proceso de investigación del delito es complicado. Los propios ministerios públicos se quejan porque tienen 48 horas para integrar una averiguación previa y eso es tiempo insuficiente; por eso, las figuras del arraigo para poder investigar. No todas las denuncias que se presentan por delito necesariamente proceden. Quien determina si se procede o no es el juez, no el Ministerio Público”, detalla el investigador Martín Barrón.
Según la Auditoría Superior, la Procuraduría no determinó el número de consignados y sentenciados; no evaluó la calidad en la integración de las averiguaciones previas ni la profesionalización de su personal. Tampoco dispuso de estrategias y metas para atender las “debilidades detectadas” en las visitas de supervisión y evaluación de las averiguaciones previas.
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