Parlamento colombiano excluye a víctimas de paramilitares

En espectáculo se convierte una de las demandas más sentidas en Colombia: la de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en las últimas décadas. Con una ley que supuestamente busca resarcir los daños –pero que se realiza a espaldas de las víctimas y sus familiares– se promueven políticos y “líderes de opinión”

Helda Martínez / IPS-Voces de la Tierra

Álvaro Cepeda Neri *

Bogotá, Colombia. La discusión del proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras avanza en el parlamento de Colombia con amplio registro mediático y entusiastas declaraciones gubernamentales, pero sin que sean atendidos los reclamos de las propias víctimas, los campesinos despojados.

Ante la indiferencia de los grandes medios de comunicación, representantes de ocho organizaciones de campesinos desplazados de sus hogares y tierras entregaron a cada uno de los integrantes de la Comisión Primera del Senado, que trata la iniciativa, un documento en el que expresan sus dudas y lo que entienden son falencias del texto.

Hasta ahora, “no fuimos consultados sobre el texto del proyecto”, se queja ante IPS Orlando Burgos, presidente de la Mesa Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada.

La norma de reparación podría beneficiar a unas 400 mil familias campesinas desplazadas de sus hogares y de sus tierras de labranza, que involucra alrededor de 2 millones de personas. Es uno de los puntos centrales del programa de gobierno del derechista Juan Manuel Santos, que trata de poner en marcha su ministro de agricultura y desarrollo rural, Juan Camilo Restrepo.

En ese contexto se trata de entregar títulos de propiedad de las tierras que, en el marco del añejo conflicto armado interno, se apropiaron los paramilitares de ultraderecha, con apoyo de una cantidad de grandes ganaderos, terratenientes y gobernantes locales y parlamentarios involucrados en lo que se llamó la “parapolítica”, muchos de ellos hoy encarcelados.

Está práctica de despojo en el mundo rural cruza la historia contemporánea colombiana; aparece ligada a los distintos episodios de violencia política y se evidencia ya en la segunda década del siglo XX con la primera masacre, en 1928, contra trabajadores que exigían el cumplimiento de sus derechos a la firma trasnacional de origen estadunidense United Fruit Company, en Ciénaga, municipio del caribeño departamento de Magdalena.

Colombia sufrió la peor etapa de la violencia bipartidista “entre 1948 y 1958”, cuando murieron unos 200 mil de los 13 millones de colombianos de entonces, “especialmente en el campo, y fueron desplazados alrededor de 2 millones de campesinos”, escribió en marzo en su blog el senador izquierdista Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático Alternativo (PDA).

Con la Reforma Agraria aprobada en 1961, durante el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), surgieron nuevas esperanzas para la población campesina, que en esa época representaba casi 70 por ciento del total de la población del país.

En 1967 nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que “alcanzó 1 millón de afiliados y ocupó unas 2 mil haciendas entre 1971 y 1975”, según Avellaneda, miembro de la Comisión Primera encargada del análisis del proyecto de restitución.

Pero fue en esos años, con la presidencia del conservador Misael Pastrana (1970-1974), que se produjo la contrarreforma, en 1973, la cual “propició involuciones normativas y planes de despojo, encarcelamiento y persecución al movimiento campesino”, añade el senador.

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