Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Parte I: Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

Parte II: San José del Progreso, explotación y miseria

⇒ Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país

Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada

 

 

 San José del Progreso, Oaxaca. El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, muestra que además de Fortuna Silver Mines, otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, por mencionar algunas.

Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país.

Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula, en exploración, ambas de oro y plata.

La defensa empresarial 

Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.

Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.

El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores.

Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.

El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.

—¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad?

—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo.

Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de pesos”.

Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.

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Golpe judicial a Versini, la “ex” de Arturo Montiel

Golpe judicial a Versini, la “ex” de Arturo Montiel

Un juez federal de Toluca resuelve que es “ilegal” el fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Edomex, que obligaba al ex gobernador de esa entidad a devolver a tres menores a su madre, la francesa Maude Versini. Redacción AN TOLUCA, Estado de México.-  El ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas (1999-2005) [...]

23 marzo, 2013 | By Carlos Garza | Réplica More

Ni perdón ni arreglo “amistoso”

Ante las atrocidades perpetradas por elementos policiacos en San Salvador Atenco no puede haber ninguna solución amistosa y sí, en cambio, es necesario buscar que se haga justicia, aunque sea ante organismos internacionales. El gobierno de México sufrió un nuevo revés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que funcionarios de la Secretaría de Gobernación,  encabezados por Lía Limón y Manuel Gómez Robledo,  fracasaron en su intento de desactivar la denuncia que 11 mujeres presentaron ante ese organismo de justicia internacional en contra del Estado mexicano por las vejaciones que sufrieron a manos de la policía en mayo de 2006.

Gloria Leticia Díaz

En su primera participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó en su intento por evitar la difusión internacional del fantasma de la represión policiaca desatada en San Salvador Atenco que lo persiguió durante su gestión como gobernador del Estado de México y como candidato a la Presidencia.
Durante la audiencia pública realizada en Washington, sede del organismo de la OEA, la representación del Estado mexicano encabezada por la expanista Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se topó con la negativa de 11 mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 para negociar una “solución amistosa”, a fin de evitar una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, éste relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano, los abogados de las víctimas –del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)– y decenas de personas que acudieron a la audiencia, en representación de 11 de las decenas de mujeres ultrajadas el 4 de mayo, Bárbara Italia Méndez Moreno leyó en una carta:
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia –máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional–, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de la justicia.”
En esa misiva dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, las 11 mujeres que sostienen el caso identificado con el número 12.486 pidieron el informe de fondo, preludio para iniciar un litigio en el tribunal interamericano.
Momentos antes, Limón expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH”. También aseguró que la administración de Peña Nieto contaba con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Víctimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.
En  su  discurso,  Limón  se refirió a la conclusión de mayor controversia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco de febrero de 2009, la cual excusó a los altos funcionarios de los abusos perpetrados durante la represión policiaca.
Dijo Limón: “Esas violaciones graves de garantías individuales y de derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes”.
La oferta de la subsecretaria de Gobernación fue apuntalada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Gómez Robledo, quien informó que de 2006 a 2009 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y “reparar a las víctimas, de conformidad con estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Víctimas”.
La posibilidad se cerró cuando Bárbara Italia recordó en la lectura de la carta que el Estado “tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad para investigar y sancionar las violaciones alegadas”. El texto enviado a la CIDH el viernes 8 fue firmado por Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y la propia Bárbara Italia.

Disimulo

En México, Andrés Díaz Fernández, miembro del equipo de defensa del Centro Prodh, comenta en entrevista con Proceso: “La solución amistosa era la última carta que podía jugar el Estado para evitar llegar a la Corte, y que a su vez el caso fuera ventilado en todo el mundo; es claro que lo que se pretendía con esa propuesta era bajar el perfil a las violaciones graves a derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco”.
El litigante confirma que por decisión de las 11 víctimas acudirán ante la CoIDH en busca de una sentencia contra el Estado mexicano. “El caso de Atenco seguirá en la agenda pública los dos o tres próximos años, depende de la carga de trabajo que tenga, primero la CIDH para procesar el informe de fondo, y después el litigio propiamente”.
Aclara que la negativa de las mujeres a aceptar la solución amistosa no radica en que el actual titular del Ejecutivo fue gobernador del Estado de México y que haya desconfianza.
“Si bien es cierto que Peña Nieto dijo claramente que se asumía como responsable de los hechos de San Salvador Atenco en mayo del año pasado en un acto de campaña en la Universidad Iberoamericana, en la Corte se analiza la responsabilidad de las instituciones del Estado y al Estado mismo como responsables de violaciones a derechos humanos, y no se personalizan los señalamientos”, apunta.
El pasado 11 de mayo, ante reclamos de estudiantes de la Ibero por la represión en Atenco del 3 y 4 de mayo en la que participaron 700 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 800 policías del Estado de México, y fueron detenidas más de 200 personas, Peña Nieto sostuvo que el operativo fue ordenado “personalmente” por él, “para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”.
De gira por Nueva York y Toronto, en conferencia de prensa el 16 de junio de 2006, según medios de comunicación, Peña Nieto se refirió así a las denuncias por los abusos cometidos en Atenco: “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres. En el de los hombres, haber sido objeto de abuso y maltrato, porque así lo dicen las normas de esos grupos, o los manuales de los radicales”.
Aun con esa confesión de parte, el abogado Díaz Fernández insiste en que “ha sido el Estado el que ha violado el derecho de acceso a verdad y justicia de las compañeras, no personalizamos, además de que en estos 100 días no vemos señales de un verdadero cambio. La plantilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores (dependencia que legalmente litiga los casos) no ha cambiado; permanecen los mismos funcionarios del sexenio anterior y no hay razón para pensar que ahora sí habrá acceso a la justicia”.
Norma Jiménez, otra de las peticionarias, entrevistada en la Ciudad de México, apunta que desde que las 11 mujeres decidieron recurrir al sistema interamericano su propósito “fue llegar a la Corte porque el objetivo es que México reciba una sentencia ejemplar, no sólo para nosotros sino para que lo que nos pasó no vuelva a ocurrir”.
Denuncia que desde que se inició el proceso ante la CIDH, “muchas hemos recibido amenazas, telefónicas o por correo electrónico; buscan intimidarnos”.
Incluso sostiene que durante el sexenio de Felipe Calderón, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores las buscaban para tratar de llegar a acuerdos y desarticular el grupo.
“No han podido con nosotras. Estamos decididas a llegar hasta las últimas consecuencias, que todos los que nos agredieron y que nos obstaculizaron el acceso a la justicia sean castigados, que se llegue hasta donde se tenga que llegar”, dice.
Sin embargo, al igual que su abogado, insiste en que no pretenden personalizar su caso en la figura de Peña Nieto: “Si otro fuera el presidente, hubiéramos hecho lo mismo”.

El infierno

En su testimonio expuesto en la audiencia pública, Bárbara Italia Méndez Moreno narró a los comisionados de la CIDH la pesadilla que significó para ella la tortura sexual a la que fue sometida y la serie de agravios que sufrió, entre ellos el encarcelamiento y procesamiento judicial por un delito que no cometió.
Con voz firme y tranquila refirió: “Cuando subo al vehículo en el que me trasladarían los policías comienza el infierno para mí. Hay un olor a sangre muy penetrante y una pila de personas recostadas sobre el suelo del autobús. Los policías están caminando sobre estas personas y a mí me colocan encima de una pila… los policías comenzaron a meter sus dedos dentro de mi cavidad vaginal, a pellizcar mis pezones, a morderme. Me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos”.
Durante 20 minutos que duró su exposición, señaló que durante el tiempo que estuvo dentro del camión escuchó gritos de otras mujeres que al igual que ellas eran abusadas sexualmente.
“Es muy fuerte recordar la voz de una mujer que se llama María que gritaba que era de nacionalidad española, que por favor pararan y la dejaran en paz, que le dolía y que no podía respirar porque padecía asma… escuché repetidamente el nombre de Norma Jiménez, una chica que estaba en la misma pila en la que yo me encontraba y le decían que si le gustaba mientras estaban introduciendo cosas en su vagina. Fue realmente espantoso ese momento. No se cuánto tiempo habrá durado.”
La tragedia que inició la mañana del 4 de mayo de 2006 cuando policías federales ingresaron en forma violenta a la vivienda donde Italia se había refugiado junto con compañeros de la fundación Vida Nueva en México, en la que era voluntaria, no terminó con la violencia sexual y los golpes de toletes en su cuerpo hasta descalabrarla. Las humillaciones continuaron en el penal de Santiaguito.
En esa cárcel, médicos legistas le suturaron la herida de la cabeza sin anestesia y le negaron atención ginecológica, en tanto que los agentes del Ministerio Público no quisieron abrir una queja por tortura y abuso sexual ni proporcionarle la asistencia de un abogado.
Méndez Moreno fue procesada por ataques a las vías de comunicación y transporte. Obtuvo su libertad bajo caución el 15 de mayo de 2006 y quedó absuelta en abril de 2008.
De las secuelas de la tortura reveló a los comisionados: “El común denominador en mi vida es el miedo de que esto ocurra de nuevo, que le suceda a otras personas. Dejé de trabajar con niños en vulnerabilidad social, que era parte de mi vida, porque simplemente no puedo lidiar con el sufrimiento de otras personas… me desbordo fácilmente. Ya no sirvo más”.
De los daños en ella y el resto de sus compañeras dijo: “Fuimos expuestas ante el escarnio público, fuimos criminalizadas, fuimos victimizadas y el sello del estigma sigue estando. Dejamos de tener nombre: Italia, Mariana, Norma, y nos convertimos en las violadas de Atenco. El dolor es profundo. Van a cumplirse siete años y el dolor sigue ahí”.
En la audiencia las abogadas de CEJIL y el Centro Prodh, Alejandra Nuño y Stephanie Brewer, detallaron las fallas y omisiones del Estado, y la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia.
Después de que en 2009 la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y la Trata de personas (Fevimtra), declinara su competencia de investigación a favor de la Procuraduría General de Justicia estatal, por considerar que ningún policía federal agredió a las mujeres, hasta ahora de los 2 mil 500 policías que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, el 17 de mayo de 2012 se libraron órdenes de aprehensión contra tres policías estatales, uno de ellos ya fallecido.
El último escrito entregado por el Estado mexicano a la CIDH está fechado el 25 de octubre de 2011; es decir, fue elaborado por funcionarios del gobierno calderonista y en él se responsabiliza a las peticionarias de “la falta de acceso a la justicia por no denunciar a tiempo”, según señaló Stehanie Brewer en Washington.
Luego de exponer su testimonio, la comisionada Rosa María Ortiz preguntó sobre las expectativas de justicia en México. La activista respondió: “Nosotros no hemos tenido oportunidad. No hemos encontrado en las instituciones del Estado voluntad política para atender este asunto, ni para que haya una investigación imparcial, seria. Hemos hecho todo lo posible para que se haga justicia y ellos no han respondido. En el ámbito federal para nosotros fue una burla que haya declinado la competencia y piensen que vamos a considerar que va a haber justicia en el ámbito local.
“Por eso acudimos a la Comisión Interamericana porque creemos que tenemos esperanza de que haya justicia desde este espacio porque lo que nos han dejado ver las autoridades en México es que no tenemos ninguna esperanza de que haya justicia”, concluyó.

No tocan a Romero Deschamps, Moreira y otros

ENRIQUE GALVÁN OCHOA. La Jornada Sábado 2 de Marzo de 2013
Dudan de la lucha anticorrupción
No tocan a Romero Deschamps, Moreira y otros
Mas bien intentan un nuevo reparto del poder
Elba Esther Gordillo, líder del SNTE desde 1989, fue detenida por la PGR en el aeropuerto de Toluca, acusada del desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos de las arcas sindicales y delincuencia organizada. ¿Qué motivó su caída? En la opinión de 77 por ciento de nuestros encuestados, el PRI está haciendo un nuevo reparto del poder; 13 por ciento considera que es un mensaje a los otros poderes fácticos; 2 por ciento respondió que fue la inconformidad del magisterio, y uno por ciento cree que Peña Nieto ha emprendido la limpieza de los sindicatos. Con variadas opiniones participó 7 por ciento.
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Abrazos y no balazos: López Obrador

* Transcripción de la conferencia de prensa que ofreció esta mañana Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista

Buenos días. Hoy quiero dar a conocer nuestra propuesta para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública en el país.

La violencia junto con el desempleo es el más grave de los problemas nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad, resulta ociosa cualquier nueva propuesta de nación.

Aquí con toda claridad sostengo que vamos a resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Hago el compromiso de serenar al país. Lo haremos con una nueva estrategia, no con medidas coercitivas, sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

La solución de fondo al problema de la inseguridad, la más eficaz y la más humana, probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo; es decir, la falta de falta de trabajo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por ofrecer alternativas a millones de jóvenes que han sido excluidos del desarrollo y del bienestar.

Está más que demostrado que no basta con la militarización, que no basta con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia no se resuelve con más violencia, el mal no debe enfrentarse con el mal, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes.

Nosotros vamos a serenar al país ofreciendo oportunidades de trabajo, creando una atmósfera de bienestar y atendiendo de manera especial a los jóvenes. Eso será lo primero. Crear –repito—una atmósfera de progreso y de justicia.

Nadie verá cancelado su futuro y siempre se mantendrán opciones y oportunidades para salir adelante y vivir con dignidad. Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que obligados por las circunstancias están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las redes de la delincuencia, antes de que sean enganchados, se les rescatará y el gobierno les ofrecerá oportunidades de estudio y de trabajo.

Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Esta nueva estrategia va a ser complementada con las siguientes medidas:

1. En materia de seguridad, como en otros asuntos de interés público, el gobierno se guiará bajo el principio de que nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. En particular señalo que no se perseguirá una banda para proteger a otra, se aplicará la ley por parejo y no habrá impunidad.

2. Los encargados de la seguridad pública y de la procuración de justicia, como ya hemos dado a conocer los nombres de quién será mi consejero jurídico, el procurador general de la República, el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Gobernación, son hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad, incorruptibles. Se va a desterrar la corrupción en agencias del ministerio público y en las corporaciones policiacas.

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Carlos Salinas: su gran verdad, sus grandes olvidos

ESTE sujeto, es el jefe del PRIAN que junto con el NARCO, liderean y financian la candidatura de su "producto chatarra": Enrique Peña Nieto.
Ante el espejo de la historia, Carlos Salinas de Gortari intentará siempre mostrarse autocomplaciente, desdeñando a sus interlocutores, incluida la misma clase política a la que pertenece, a sus críticos o a los medios de comunicación. Ya sea con un discurso autojustificatorio, como lo hizo al principio, o exponiendo sus ejercicios teóricos sobre un futuro venidero, querrá imponer su verdad, aunque ésta no se ajuste a la realidad. Durante más de dos décadas, antes y después de su sexenio presidencial, Proceso ha registrado oportunamente sus veleidades que han ido a la par de las desgracias nacionales. En el libro Salinas en Proceso, ya en circulación, Editorial Grijalbo recupera partes sustanciales de los materiales periodísticos publicados en estas páginas. El volumen exhibe al personaje tal cual es y las huellas, indelebles y sombrías, que ha dejado en la historia del país.

El expresidente Carlos Salinas de Gortari en el velorio de Miguel de la Madrid.

Tomás Domínguez

Pétreo, inquieto, vivaz. Su mirada inquisidora parece escrutar siempre el entorno que lo rodea, aun cuando tiene frente a él algún interlocutor o pronuncia uno de sus encendidos discursos acompañados de incesantes gesticulaciones. Es Carlos Salinas de Gortari, el político de lento ascenso cuyo arribo a Los Pinos le costó más de 25 años, según confesó él mismo. Y si bien su investidura como presidente sólo duró un sexenio y concluyó el 30 de noviembre de 1994 inmerso en el escándalo, su obsesión por el poder se prolonga hasta hoy.

El poder es oscuro, Salinas también. Pero ¿cuál Salinas es más oscuro: el que ocupó la Presidencia de la República o el que mueve los hilos y concita furias generalizadas cuando se autoexilia para sentirse ciudadano del mundo, lanza un libro, asiste a una fiesta o se deja entrevistar sólo para exhibirse, para demostrar su pretendida superioridad, sus dotes de estadista?

Salinas es un hombre de apegos, arrebatos, protagonismos y contradicciones. Y así como sus amigos describen su irrenunciable amor por Agualeguas, Nuevo León, el terruño de sus padres que él adoptó como propio, también saben de su pasión por el poder y el reconocimiento, así sea sólo el de las élites, de ahí que en los últimos años muestre un inusual interés por los movimientos ciudadanos.

En él sorprenden tanto sus silencios prolongados como su peculiar forma de irrumpir en la escena pública en su afán por estar siempre presente, aun cuando su familia, su partido y sus amanuenses –de 2000 a la fecha ha publicado libros como México: Un paso difícil a la modernidad (Plaza & Janés, 2000); La década perdida 1995-2006. Neoliberalismo y populismo en México (Debate, 2008); Ni Estado ni mercado: un nuevo ciudadano para el siglo XXI (Debate, 2009), Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana (Debate, 2010) y ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana (Debate, 2011)– estén en desgracia.

Pocos se atreverían hoy a admitir el sello singular del sexenio salinista en el cual se prefiguró la crisis epocal por la que atraviesa el país, pues fue él quien cambió los tiempos y ritmos en las instituciones.

Desde su campaña trató de congraciarse con los intelectuales y al llegar a Los Pinos fundó incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y, casi en solitario, empezó sus gestiones para insertar a México en las economías primermundistas y posicionarlo como un socio comercial de Estados Unidos y Canadá, lo que finalmente consiguió.

A la postre esos logros se le revirtieron a Salinas aun durante su sexenio. Apenas festejaba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuando el 1 de enero de 1994 irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para declararle la guerra con un airado grito de ¡Ya basta! y lanzarle decenas de preguntas desde el agravio de las comunidades chiapanecas.

Por esas fechas el grupo compacto de Salinas estaba fracturado. Y surgieron las desavenencias, sobre todo con su antiguo amigo y colaborador Manuel Camacho Solís, quien nunca ocultó sus deseos de obtener la Presidencia de la República en 1994, como sucesor de Salinas. Al final éste optó por su delfín Luis Donaldo Colosio. Y vino lo peor: el asesinato del candidato priista en Lomas Taurinas, Tijuana, el 24 de marzo de ese año aciago.

A ese primer crimen de Estado se sumó meses después, el 28 de septiembre, el de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, quien incluso implicó a Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo”.

En lo económico, semanas después de entregar la banda a su sucesor y correligionario Ernesto Zedillo Ponce de León, estalló el llamado “error de diciembre”. La economía, prendida con alfileres, simplemente se cayó… Salinas se apresuró a decir: el problema fue de Zedillo, por su falta de habilidad para sortear el embate. Luego vino la inquina y ambos se enemistaron.

Los diferendos entre Salinas y Zedillo, ventilados en los medios, sólo exhibieron la agonía de una clase política incapaz ya de resolver los problemas inmediatos y hundir al país en una irremediable crisis de la que aún no puede salir. Lo que en esencia pasó es que el PRI fue echado del poder y el PAN llegó a Los Pinos.

Todo el itinerario de Carlos Salinas, el hombre público, ha sido registrado en estas páginas. Quizá sea este exmandatario el que más espacio ha ocupado en los últimos 25 años de ejercicio periodístico en este semanario, que hoy recupera editorial Grijalbo en un libro de 711 páginas titulado Salinas en Proceso.

El libro recoge 90 textos escritos por 40 reporteros entre el 4 de octubre de 1987 y el 23 de mayo de 2010, e incluye una selección fotográfica y una cronología mínima del personaje y su entorno.

Dividido en cuatro capítulos –El candidato, El presidente, El expresidente y De nuevo, tras el control y el poder– el material se expone de manera cronológica para mostrar al lector la forma en que se fue dibujando poco a poco y en tiempo real el itinerario de Salinas, aunque no necesariamente debe leerse de esa forma, pues no es una biografía, ni una semblanza; es un trabajo polifónico que recoge las voces del propio Salinas y de quienes lo conocen, así como de sus críticos y aun de sus enemigos declarados.

Memoria crítica

El libro comenzó a circular a finales del mes pasado, poco antes de que, el 30 de marzo, se iniciaran formalmente las campañas electorales. Ese día, el mismo en que murió su excolaborador Jorge Carpizo McGregor, se vio a Salinas en la boda civil de su hijo menor, Juan Cristóbal. Al día siguiente el exmandatario reapareció, esta vez como invitado en la boda del abogado Juan Collado Mocelo.

El domingo 1 falleció Miguel de la Madrid Hurtado, su predecesor en la Presidencia. Por la tarde, Salinas llegó a la residencia de la familia De la Madrid Cordero en Coyoacán a dar el pésame. Montó guardia ante el féretro y permaneció en el lugar una hora. Al ser abordado por los reporteros declaró: “México ha cambiado para bien en los últimos 25 años; se inició con Miguel de la Madrid. Con él empezó un ciclo de modernización, que aún con sus interrupciones es el camino que necesita el país”.

El lunes 2 Salinas acudió al homenaje de Estado al exmandatario en el patio de honores de Palacio Nacional, donde aprovechó para comentar: “Se trata de una actitud digna y republicana del actual presidente (Felipe Calderón) hacia un expresidente, así como un acto de civilidad política que mucho bien le hace siempre a nuestro país, en particular en los tiempos actuales”.

Apenas disimuló su megalomanía. Al referirse a esa fecha y hablar de actitud republicana, civilidad política y tiempos actuales en realidad se refería a la época en la que se alistaba para su arribo a Los Pinos y a lo que hoy le quita el sueño: la revolución ciudadana, según se desprende de sus libros recientes.

Sobre este último aspecto es pertinente citar su artículo “La irrupción de la alternativa ciudadana”, publicado en El Universal el 25 de abril de 2011, porque en él resume la propuesta esbozada en los volúmenes Ni Estado ni mercado: un nuevo ciudadano para el siglo XXI y Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana.

Con Egipto como telón de fondo, Salinas escribió: “Las experiencias organizativas y participativas en nuestros países confirman que puede edificarse una alternativa democrática y republicana. Se trata de ir más allá de los ciudadanos que sólo votan o consumen. Nos muestra en los hechos que los ciudadanos exigen dejar de ser objetos del paternalismo estatal o del abuso mercantil para convertirse en sujetos de las transformaciones de su destino. El sentido fundacional de la palabra democracia es el ‘pueblo en el poder’. Y su adjetivo republicano significa el ejercicio del poder por el pueblo organizado en beneficio del pueblo mismo.

“(…) La Democracia Republicana como alternativa frente al neoliberalismo y al neopopulismo reconoce, claro está, la importancia de la renovación periódica de gobierno a través de elecciones libres pero no se agota ahí. La vía electoral es apenas un primer paso. Y el avance democrático en América Latina no puede quedarse solamente en ese paso inicial. Conviene promover activamente la nueva revolución ciudadana.

“En México tenemos un debate intelectual empobrecido donde las dos opciones dominantes neoliberalismo y el neopopulismo, encabezados por sus intelectuales orgánicos (Gramsci dixit), han decidido apostarle a una idea disminuida de la democracia: ambos postulan una democracia sin adjetivos anodina endeble. Pugnan por un sistema de individuos aislados mediante programas asistenciales focalizados, o bien por reditar, perfeccionándolo, el método del acarreo, es decir, el de las masas disponibles a través del clientelismo estatal. Pero hoy la República está en riesgo por la inseguridad y la violencia tanto la de los cárteles de la droga como la más grave la violencia cotidiana sistemática de la pobreza contra la mayoría de la población. También en peligro por la polarización política y la insuficiente generación de oportunidades económicas que aunada al deficiente sistema educativo han colocado a más de 5 millones de jóvenes en situación en la que ni estudian ni trabajan…”

Ahí está su verdad.

Un oscuro demiurgo

En el 2000, cuando lanzó su primer libro de desagravio: México: Un paso difícil a la modernidad, el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, viajó a Madrid para conversar con Salinas, quien durante su mandato nunca aceptó ser entrevistado por ningún reportero de esta revista. En ese encuentro, que se reproduce en el libro Salinas en Proceso, Rodríguez Castañeda se enfrentó al demiurgo.

“–En piedra está grabada la imagen negativa de usted, de su gobierno, de su familia. ¿Es posible borrarla con un libro escrito ante el espejo? –le preguntó Rodríguez Castañeda.

“–Un libro impreso y editado también está grabado en piedra. Es lo que dicen los escritores. En cuanto a la opinión pública adversa, obedece en parte a insuficiencias de mi administración. Pero, en gran medida, tiene su origen en la campaña promovida por el gobierno del doctor Zedillo. En mi libro documento las declaraciones de periodistas que aceptaron haber sido instruidos desde Los Pinos para presentar información desvirtuada….

“–En su libro pretende redimirse, y la redención pasa siempre por el sacrificio. ¿A qué sacrificio está dispuesto?

“–Mi intención es mostrar las cosas como fueron… Y yo insisto en que este libro no es para redimir mi imagen personal, a lo que tiene derecho cualquier ser humano. Es, sobre todo, para mostrar a una administración competente que trabajó de manera organizada, bajo el liberalismo social, para promover un proceso de cambio…

“—Creo que con usted es inútil, pero le pido que mencione los nombres de quienes fueron los grandes aduladores del presidente Salinas…

“—Eso se lo dejo al trabajo de las hemerotecas…”

Y eso es precisamente lo que ofrece Salinas en Proceso: material periodístico para documentar la historia, más allá de verdades eternas, aun cuando el propio expresidente sostenga que “en algunos periódicos está todo, menos la verdad”, como le dijo a Julio Scherer García en Dublín en 1997 durante una entrevista, cuyo contenido igualmente se incluye en el libro puesto en circulación por Grijalbo. Al propio fundador de Proceso le dijo también: “No daré la espalda a mis errores”.

Otras omisiones

En mayo de 2008, al presentar su segundo libro La década perdida, Salinas continuó con su discurso autojustificatorio, pero omitió los costos de su proyecto de liberalismo social y el desmantelamiento del país. En otro artículo, también incluido en el volumen Salinas en Proceso, el reportero Jorge Carrasco sintetizó los “logros económicos” del exmandatario:

“… Salinas hizo de la privatización una fiesta para sus amigos. Fabricó millonarios a costa del patrimonio público. Les dejó los bancos, las siderúrgicas, minas de oro y plata, teléfonos, industrias de bienes y servicios. Asimismo, les vendió dos canales de la televisión pública, el 7 y el 13, que dieron origen a TV Azteca –en una operación en la que Salinas olvidó que participó su hermano Raúl–, entre una muy larga lista de privatizaciones.

“Pretendía crear una élite ‘competidora’ a nivel mundial, pero lo que hizo fue concentrar la economía en unas cuantas manos. En 1987, cuando la revista Forbes comenzó a publicar la lista de los multimillonarios del mundo, un año antes del gobierno de Salinas, sólo figuraba la familia Garza Sada, de Monterrey. Al final del sexenio salinista, el número de mexicanos en esa minoría selecta se incrementó a 24.”

Y en lo político, subrayó el reportero: Durante su sexenio “250 perredistas fueron asesinados y en 1994 se reiniciaron los secuestros a personajes prominentes, como el del entonces banquero Alfredo Harp Helú.

“Más todavía: Salinas dejó que estallara el conflicto armado en Chiapas a pesar de tener la información de los órganos de inteligencia civil y militar sobre las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). No quería que la difusión de esas actividades interfiriera en la aprobación del TLC.

“El resultado fue que la entrada en vigor del tratado, el 1 de enero de 1994, se eclipsó con la declaración de guerra del EZLN al Estado mexicano. El mandatario reaccionó con una ofensiva militar de 12 días para atacar a los baluartes neozapatistas.”

En el libro se incluyen reportajes sobre temas candentes de Salinas antes durante y después de su gestión en Los Pinos, como los videoescándalos para denostar al perredismo, el pase de la charola entre empresarios, las andanzas de su hermano Raúl y sus vínculos con el narcotraficante Juan García Ábrego, quien, aparentemente intocable, fue uno de los primeros en ser capturados y extraditados a Estados Unidos.

También se incluyen en el volumen de Grijalbo las estruendosas irrupciones de Salinas cada que llegaba desde su itinerante autoexilio en el extranjero, los interrogatorios a los que fue sometido en Dublín sobre los asesinatos de Colosio y su excuñado Ruiz Massieu, sus ajustes de cuentas con líderes venales como Joaquín Hernández Galicia y Carlos Jonguitud Barrios.

Salinas, quien el martes 3 cumplió 64 años, apenas disimula su autosuficiencia cada que aparece en público. Lleva más de 10 años contándonos su verdad en tono cada vez más demandante: en el primer libro intentó justificar los excesos de su gobierno; en el segundo prácticamente borró la década posterior a su sexenio, y en los más recientes expone su programa de la revolución ciudadana venidera, la República democrática que, dice, tanta falta le hace al país.

Y así como él defiende su proyecto en una fuga hacia el futuro, este semanario ejerce su irrenunciable ejercicio de informar puntualmente sobre los hombres del poder, y lo seguirá haciendo. Una muestra de ello es Salinas en Proceso: 711 páginas, 25 años de periodismo crítico.

Salvaje saqueo minero en México

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• Que no se vuelvan a pisotear los derechos de los ciudadanos y se respete voluntad del pueblo

Se registra AMLO en el IFE y le pide no repetir hechos de 2006

• Luego del acto, en la explanada, el candidato presidencial expuso un virtual programa de gobierno

Andrés Manuel López Obrador, flanqueado por Jesús Zambrano y Leonardo ValdésFoto Carlos Ramos Mamahua

Casi seis años después del desencuentro con el organismo, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista, regresó al Instituto Federal Electoral (IFE) para solicitar su registro formal. Inevitable fue su alusión al proceso de hace seis años: Como autoridades electorales tienen una gran responsabilidad; espero que estén a la altura de las circunstancias, que no se repita lo que sucedió en 2006, que no se vuelvan a pisotear los derechos de los ciudadanos, que se respete la voluntad del pueblo.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, ratificó su exhorto al Movimiento Progresista y los demás partidos para respetar los topes de gastos de campaña, cumplir con lo relativo a la rendición de cuentas, garantizar la equidad de género en la composición de las fórmulas de candidatos y apegarse en todo a las disposiciones constitucionales para el acceso a la radio y la televisión. Asimismo, ratificó su exigencia de que conduzcan sus actos con apego a la ley.

Sus objetivos

Concluido el acto, en la explanada del IFE, donde había casi un millar de simpatizantes de López Obrador, éste resumió un virtual programa de gobierno en donde prometió que la economía crecerá a un ritmo de 6 por ciento anual, a fin de lograr la generación de 1.2 millones de empleos anuales, que es lo que requiere el país. Aseguró también que reducirá el precio de gasolinas y diesel y se combatirán prácticas monopólicas en la economía, con lo que la sociedad se ahorrará 10 por ciento, porque van a reducirse los precios.

Al pie de la estatua de Benito Juárez, en la sede del IFE, el candidato de las izquierdas continuó con su exposición, en la que destacó que trasladará los programas sociales que impulsó en el Distrito Federal a escala nacional; apoyará con becas a los estudiantes; prometió que habrá respaldo a los campesinos y productores del campo. Vamos a combatir la desigualdad y la pobreza; he hecho un compromiso muy puntual de sacar de la pobreza extrema a 15 millones de personas

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Molestia de priístas y panistas

El discurso pronunciado por Andrés Manuel López Obrador en la explanada del Instituto Federal Electoral causó molestia y asombro entre las representaciones de PRI y PAN, por considerarlo una violación clara a las restricciones del periodo de intercampaña y un virtual acto anticipado de campaña.

Para ambas representacioens, más allá de eventuales quejas que pudieran promover, la autoridad electoral debería actuar de oficio por las condiciones en que se dio el hecho. Sin embargo, sólo el PAN estudiaba la posibilidad de interponer una queja formal en contra de López Obrador.

En los pasillos del IFE, funcionarios del organismo comentaban sobre los alcances del pronunciamiento del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, en virtud de las restricciones que rigen al periodo de intercampaña y que impiden a los candidatos aludir a sus objetivos y llamar al voto.

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• Toma de nota dejará de ser instrumento de control: Ortiz Pinchetti

Justicia laboral sin retorcer las normas, ofrece López Obrador

Andrés Manuel López Obrador aseguró que de ganar la Presidencia en su gobierno habrá justicia laboral y se aplicará la ley sin sesgo, sin retorcer las normas a favor o en contra de patrones o trabajadores.

A su vez, en conferencia de prensa conjunta, José Agustín Ortiz Pinchetti, propuesto por el candidato presidencial para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, manifestó que se respetaría la democracia sindical y vamos a dejar de usar la toma de nota como un instrumento de control político.

Apeló a construir un pacto entre los sectores patronal y de los trabajadores para asociarse en un enorme programa de desarrollo económico que se iniciará prácticamente el primer día del nuevo gobierno. Incluye la creación de empresas, reducir el efecto pernicioso de los monopolios, estimular el financiamiento del sector productivo y cinco grandes proyectos de desarrollo regional.

López Obrador aprovechó para informar que a partir del arranque de la campaña presidencial ofrecerá conferencia de prensa todos los días a las siete de la mañana. A esa hora, les dijo a los reporteros, voy a estar con ustedes para que hablemos, para que haya más comunicación, mensajes de ida y vuelta, sostuvo, como todos los días, contestándoles todas las preguntas.

El candidato criticó que “los otros candidatos –lo digo de manera respetuosa, fraterna, amorosa– no hablan, no dicen nada quién sabe por qué... Ahora se piensa que la comunicación son los espots de la televisión o los mensajes a modo, arreglados, en sets, con chícharo, con teleprompter, con muy buenas imágenes, sin tener que contestar nada”.

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Amenaza los derechos de mujeres: ONG

Performance de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México frente a la representación del gobierno de Guanajuato en el Distrito FederalFoto María Meléndrez Parada

Integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser) realizaron un performance frente a la representación del gobierno de Guanajuato en el Distrito Federal, en repudio a la visita de Benedicto XVI a México, a quien declararon persona non grata.

Exigen a las autoridades estatales que rindan un informe público, detallado y transparente sobre los recursos gastados en la visita de Joseph Ratzinger.

Es una vergüenza que el gobierno de Guanajuato destine cuantiosos recursos del erario para recibir y festejar la visita de un individuo que tanto ha callado sobre el tema de la pederastia en México, apuntaron.

Decenas de miembros de Ddser –en su mayoría mujeres–, provenientes de los 10 estados donde tiene presencia, también demandaron al gobierno de esa entidad el cese inmediato de la persecución y criminalización de las mujeres por abortar.

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• Sería momento para que ofreciera disculpas por la pederastia

Viene a empujar una agenda que dice por quién votar, señalan en Casa Lamm

La visita a México del papa Benedicto XVI tiene un fondo político, en un momento electoral, para dar respaldo a una agenda conservadora que la jerarquía católica del país promueve y mediante la cual dice por quién votar y por quién no, advirtió ayer María Consuelo Mejía Piñeros, dirigente de Católicas por el Derecho a Decidir.

Durante la presentación del libro El caso del Papa, del abogado y juez británico Geoffrey Robertson, Mejía advirtió que, a diferencia de sus visitas a otros países, Joseph Ratzinger viene a sostener un encuentro cerrado con Felipe Calderón, y va a encabezar una sola misa.

Señaló que sería el momento pertinente de que, a nombre de la Iglesia católica, el Papa ofrezca disculpas a todas las víctimas de abuso sexual en el país, o al menos las escuchara para plantear un camino de justicia

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• Se debe regular, pues existe incertidumbre en todos los órdenes, dice

Jiménez Espriú: caótico, el sector de telecomunicaciones

• Presenta iniciativa que Televisa considera siniestra

Actualmente el sector de las telecomunicaciones en México está sin brújula, sin política y es caótico; todos los participantes, como son autoridades, órganos reguladores y usuarios están inconformes. Se tiene que reordenar para que no siga inhibiendo las inversiones, impidiendo la conectividad, y se frene el crecimiento de la brecha digital, señaló Javier Jiménez Espriú.

Luego de que el diputado Francisco Hernández Juárez presentó la iniciativa de Ley de redes, sistemas, contenido y servicios digitales, Jiménez Espriú señaló que en este sector hay incertidumbre en todos los órdenes y se tiene que instrumentar una política que acabe con la doble ventanilla.

Esto es porque, por una parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está haciendo unas cosas o no haciendo nada, y por otro lado la Comisión Federal de Telecomunicaciones hace lo mismo o tampoco nada, dijo. Agregó que esa dualidad es lo que está atorando el avance de este sector en México.

Francisco Hernández Juárez, quien presentó la iniciativa a la Cámara de Diputados, indicó que la misma no les gusta a las grandes empresas del sector, como Televisa, que piensa que la ley tiene un propósito siniestro u oculto, cuando lo que busca es impulsar una plataforma para el desarrollo del sector, crear una red de redes de sistemas, contenidos y servicios de banda ancha, poner las cosas en orden y salir del escenario de conflictos, a la vez que se mantiene la rectoría del sector.

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• Más de 15 países en la Conferencia Mundial en Apicultura Orgánica

Preocupa posible contaminación de miel por transgénicos en Yucatán

San Cristóbal de las Casas, Chis., 22 de marzo. Unos 500 productores de miel, integrantes de más de 50 organizaciones de 15 países, iniciaron en esta ciudad la segunda Conferencia Mundial en Apicultura Orgánica para buscar soluciones a sus problemas.

Remy Vandame, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, explicó que uno de los temas fuertes a discutir es la siembra de cultivos transgénicos y el impacto para la miel, ya que el producto no puede comercializarse en Europa si presenta contaminación.

Hay preocupación porque probablemente la miel de la península de Yucatán saldrá contaminada y se pondrá en riesgo el mercado de exportación, pues en esa región, donde se produce cerca de 40 por ciento de la miel del país, las autoridades federales han autorizado la siembra de 30 mil hectáreas de soya transgénica y otras 30 mil están pendientes de ser autorizadas.

En la rueda de prensa dijo que México es el sexto productor mundial de miel y el tercer exportador, con 80 por ciento de envíos a Europa, pero tiene un consumo per cápita de entre una y dos cucharadas, que lo colocan entre los más bajos a escala internacional.

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Hay 20 millones de mexicanos que no pueden adquirir la canasta básica: experta de la FAO

El incremento en los precios de los alimentos continuará y se verá reflejado en el bolsillo de la población, advirtieron representantes de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La volatilidad de los alimentos va a continuar, a pesar de que la cosecha mundial de trigo va a ser récord este año. El tema del maíz presenta dificultades debido a que se desconoce cuál va a ser la producción (pues hay un uso importante del grano para biocombustible). La tendencia ahora mismo es al alza, señaló Nuria Urquía, representante de la FAO en el país, en entrevista luego de la inauguración del foro Expectativas del Sector Agroalimentario y Pesquero, organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Si el precio continúa al alza, dijo, va a tener impacto en las importaciones del país, lo cual no necesariamente se traduce en un aumento del precio de tortilla, pero sí en que al final el usuario verá el impacto en los precios

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• Falsa, la quiebra de Johnson Controls

Despiden a 430 trabajadores en día festivo y de noche

Johnson Controls, en contubernio con el gobierno de Puebla y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esa entidad, despidió de manera ilegal, por la noche y en día festivo, a más de 430 trabajadores que desde el año pasado habían integrado el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y conformaron la sección 308, por lo que esta organización iniciará procesos de demanda individual y colectiva en contra de esta compañía.

El sindicato informó que la empresa está alegando inviabilidad financiera, a pesar de que obtuvo 15 por ciento más de utilidades en el último año; que se encontraba en revisión salarial; que dio el madruguete el pasado fin de semana e incluso arregló que funcionarios de la JLCA de Puebla laboraran en día festivo para consumar este despido masivo e ilegal, y que su primera violación fue desconocer el contrato colectivo de trabajo.

La empresa no tiene el derecho de cancelar unilateralmente el contrato y, en caso de que compruebe ante tribunales la legalidad de cierre de operaciones, el sindicato exigirá un convenio de terminación de relaciones laborales, en el cual se asegure la reinstalación preferente a los trabajadores ya afiliados, si hay reapertura de la misma. Esto es porque este sindicato presume que se trata de un truco financiero de la empresa para cerrar y luego reabrir con un contrato colectivo rasurado y un sindicato de protección patronal, señalaron en conferencia de prensa Sergio Beltrán Reyes, secretario del exterior e interior del sindicato; Genaro Arteaga, secretario de asuntos políticos; Javier Zúñiga, secretario del Trabajo, y el abogado del gremio Óscar Alzága.

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Pide la CNTE al Senado una evaluación integral y plural

• Entrega a legisladores conclusiones de foro sobre el tema

Pofesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandaron al Senado rechazar la reforma a la Ley General de Educación y propusieron una evaluación integral y plural, que surja de las escuelas y regiones del país.

Los maestros entregaron ayer a la mesa directiva de la cámara alta las conclusiones del foro La evaluación universal en el marco de la reforma educativa, en las que aclaran que es falso que se opongan a ser evaluados; por el contrario, expresamos cómo debe ser y por qué la evaluación de manera integral, a los alumnos, maestros, autoridades y al sistema educativo.

Exigen, asimismo, que la evaluación tenga un sentido social y ético, que sea tomada en cuenta la diversidad existente en el país, y que establezca con claridad que la finalidad contribuya a la toma de decisiones que mejoren el proceso educativo.

Sostiene la CNTE que la reforma a la Ley General de Educación, que incluye los artículos 12, 13 y 20, que aprobó la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2011 y que se encuentra como minuta en el Senado, viola la Constitución: son cambios regresivos, contrarios a los intereses y derechos de los trabajadores de la educación

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Analizarán disidentes plan de acción

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que ante la cerrazón de las secretarías de Educación y Gobernación para cancelar la evaluación universal y la Alianza por la Calidad de la Evaluación (ACE), este domingo analizarán un nuevo plan de acción en el que se someterá a discusión la convocatoria a nuevas movilizaciones masivas, e incluso a un paro nacional indefinido.

Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), subrayó que las entidades donde la coordinadora tiene presencia “ya se tomó el acuerdo de que no acudiremos a presentar el examen universal para docentes y rechazaremos cualquier mecanismos que busque acabar con la plaza de base”.

Agregó que la peor lectura que podría tener el gobierno federal en torno al malestar de los maestros en casi todo el país es que nuevamente podrá sentarse a administrar el conflicto, porque eso daría indicios de que no se quiere ver ni escuchar la voz de los profesores.

El dirigente enfatizó que, tras las movilizaciones en las que participaron miles de docentes para exigir la cancelación de la evaluación universal, cuya aplicación está prevista para este 24 de junio, no ha quedado claro para las autoridades, tanto de la Secretaría de Educación Pública como de Gobernación, que no salimos sólo para ser vistos, sino para que se escuche y se tome en consideración nuestra voz en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas públicas

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• El mecanismo aprobado no está previsto en la Constitución federal

Invalida la SCJN la reforma sobre revocación de mandato en Yucatán

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la fracción 41 del artículo 30 de la Constitución de Yucatán, que prevé la revocación de mandato de funcionarios públicos elegidos mediante el voto, entre ellos el gobernador y los diputados locales.

Los ministros declararon ilegal la reciente reforma a la Constitución local, que establecía que cuando 75 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal solicitara al Congreso la destitución de un funcionario, pues la Constitución federal no prevé ese mecanismo.

Además, los ministros consideraron que la propia ley de Yucatán prevé la forma de fincar responsabilidades a quienes no cumplan las funciones para las cuales fueron elegidos.

Al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República en contra de la reforma, los ministros avalaron, por otra parte, la creación de un solo tribunal encargado de resolver asuntos electorales y administrativos, pues no existe impedimento para que cada entidad defina el tipo de tribunal encargado de velar por la legalidad de los comicios.

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Hallan ejecutado en Veracruz a un activista indígena

El cuerpo del activista totonaca Gilberto Gómez Simón, integrante del Movimiento Unidad Popular (MUP), fue encontrado con tres impactos de bala y semienterrado en un paraje rural de Papantla, en el norte del estado. El 16 de marzo se reportó su desaparición.

Fuentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y el líder estatal de la organización, Enrique Pozos Tolentino, agregaron que habitantes del poblado El Manantial hallaron el cadáver la mañana del miércoles en una fosa clandestina cerca de un arroyo, y ayer se confirmó su identidad.

El 16 de marzo un grupo armado disparó a lugareños que realizaban una verbena popular por el inicio de la rehabilitación del tramo carretero Joloapan-Belisario Domínguez. Los agresores hirieron a Gilberto Gómez Simón y se lo llevaron en el vehículo en que viajaban, según testigos. Un adolescente de 13 años y un hombre de 20 años también fueron levantados y liberados horas después.

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Astillero

• Expansión vaticana
• Libertad religiosa
• B16: ¿pederastia, guerra?
• AMLO: no a otro 2006

Julio Hernández López

El jefe máximo de la Iglesia católica llega hoy a México para cumplir una agenda cuya principal finalidad es empujar la tesis de la libertad religiosa, que en lo inmediato busca que se le permita la propiedad de medios masivos de comunicación, la posibilidad de emitir opiniones sin cortapisas sobre asuntos públicos, la facultad de realizar rituales al aire libre sin necesidad de contar con permisos especiales y la formalización del derecho de los padres de familia de optar por educación expresamente religiosa.

Benedicto 16 se abre paso para efectos diplomáticos como jefe del Estado vaticano, pero en los hechos solamente actuará como líder religioso en plan de expansión. Hablará con Felipe Calderón sobre libertad religiosa y tendrá políticamente a sus pies a los tres principales candidatos a la Presidencia del país, a quienes no se dignó convocar a algún acto político o de Estado (nada de encuentros privados), sino solamente a la misa multitudinaria bajo la imagen de Cristo Rey, sometidos así expresamente al poder eclesiástico, dos por vocación y cálculo electoral (Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto) y uno más específicamente por lo segundo (Andrés Manuel López Obrador).

La visita del Papa cumplirá en lo inmediato al menos tres objetivos: impulsará y fortalecerá los ánimos derechistas cuando faltan 100 días para las elecciones mexicanas, en las que el calderonismo juega todas sus fichas a la posibilidad de la continuidad, y el priísmo persignado de Peña Nieto apuesta a retornar a Los Pinos con proyectos políticos solamente diferenciados del panismo en cuanto a matices; consolidará el proceso de reformas a los artículos constitucionales 24 y 40 que abren el paso a la concreción de la libertad religiosa que la Iglesia entiende como el segundo gran paso de contrarreforma después de las cesiones salinistas de 20 años atrás; y demuestra su gran poder político al congregar bajo su manto a los principales personajes mexicanos.

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México SA

• ¿Do está el oro?: privatizado
• Saqueo minero: manos libres
• Pingües ganancias al capital

Carlos Fernández-Vega

Es inconcebible que nadie mueva un dedo para detener el salvaje saqueo minero que registra el país. Esta incalculable riqueza pertenece a los mexicanos pero, a la vista de todos y en connivencia con el gobierno federal, cada año miles y miles de millones de dólares rebosan las alforjas de un grupúsculo de consorcios nacionales y las de unas cuantas empresas foráneas, canadienses la mayoría de ellas, sin que a cambio la nación reciba beneficio alguno. Millones y millones de hectáreas concesionadas al gran capital del ramo, miles y miles de kilogramos de metales preciosos extraídos, enormes daños ecológicos provocados, miserables salarios pagados y condiciones laborales infrahumanas, a cambio de migajas, si bien va, para el denominado cuerno de la abundancia y sus habitantes.

Resulta aberrante lo que sucede. El gobierno federal consiente que ese pequeño grupo de consorcios, nacionales y extranjeros, devasten millones de hectáreas para que expriman al subsuelo de oro, plata y minerales diversos, abundantes en la geografía nacional, y quedarse íntegramente con esa riqueza. A cambio, tales empresas pagan (si en realidad lo hacen) entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, mientras los estados de la República ricos en recursos minerales no reciben un peso. ¿Hasta cuándo? Urge una modificación a la ley respectiva, para que la enorme riqueza minera del país beneficie a sus dueños originales. Se estima que 95 por ciento de la minería en el país corresponde a los grandes consorcios, y son ellos quienes se quedan con el pastel completo.

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Televisa, el Vaticano y la impunidad

Gabriela Rodríguez

Si el que viene para Silao es el Papa, ¿cuál es la intención de Televisa al dirigir las noticias desde Ciudad del Vaticano? ¿Será que no pueden ocultar al verdadero emisor ni disimular el sentido de la actual conquista espiritual? No aspiro a saberlo, pero el collage de Televisa y la Basílica de San Pedro me llevó a confirmar lo obvio: los medios de comunicación y los jerarcas eclesiales son el arma actual de domesticación de las conciencias.

Quienes controlan las conciencias pueden someterlas a su voluntad y tomar el mando de la justicia –y de las elecciones–, aun por encima de la ley. Quienes controlan las conciencias deciden a quién se encubre y a quién se castiga, quién gana y quién pierde. Quienes controlan las conciencias sustentan la impunidad.

México y el Vaticano presentan dos perfiles de impunidad muy parecidos. La imposibilidad del Poder Judicial para castigar la corrupción política y los excesos del Ejecutivo, al grado de llegar a utilizar el montaje escénico de Televisa para desvirtuar los más crueles delitos, nos muestra hasta dónde se ha infiltrado la cultura de la impunidad en nuestras instituciones. Por su lado, el estilo de justicia del Vaticano, en particular los escándalos de pederastia de la Iglesia católica, muestra un patrón que parece haber modelado la impunidad institucional de los países católicos.

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La huida de Calderón

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F. (apro).- Una vez que entregue la banda presidencial, en diciembre próximo, posiblemente el presidente Felipe Calderón dejará el país.

De ser cierta esa versión, que ha comenzado ya a difundirse en Estados Unidos, la decisión del panista sería tomada como una señal del fracaso en cuanto a su declaración de guerra contra el crimen organizado, pero también como una medida vergonzante, pues estaría huyendo de una situación que él mismo provocó.

De acuerdo con información proporcionada por Dolia Estevez, corresponsal de MVS Radio en Washington, en una de sus últimas visitas a Estados Unidos, Calderón expuso su temor de recibir atentados del crimen organizado una vez que deje la presidencia de México.

No obstante, la medida también estaría pensada para protegerse desde el extranjero de cualquier demanda que pudieran estar planeando las familias de las víctimas de la violencia –50 mil y 10 mil desaparecidos– afectadas por la guerra contra el crimen organizado, que declaró desde el arranque de su gobierno.

A la memoria (con lo que se puede caer en la imprecisión), desde Porfirio Díaz no se tiene registrado que un Presidente mexicano salga del territorio nacional por decisión propia. Al triunfar la Revolución, el dictador oaxaqueño huyó a Francia y dejó detrás de sí un país desecho por la violencia, generada a raíz del enfrentamiento con distintas fuerzas que querían un cambio en el país.

La razón de los presidentes que posteriormente salieron de México, luego de concluir su gestión fue porque el mandatario entrante lo decidía así, a fin de evitar problemas de ajustes políticos, como fue el caso de Plutarco Elías Calles, a quien el general Lázaro Cárdenas sacó del país.

No es así en el caso de Felipe Calderón. Su decisión estaría fundada por el miedo, el temor a represalias por parte de algún grupo criminal en su contra, por las decisiones que tomó como jefe de las fuerzas armadas para combatirlos. Aunque hay razones para entender esta voluntad, también habría que preguntarse si realmente afectó los intereses de alguno de estos grupos, si minó su fuerza real o perjudicó sus negocios millonarios.

A simple vista, esto no ocurrió. Hasta el momento no sólo siguen operando los grandes capos, también ha crecido su poder y su presencia en todo México y otros países, sin que su estructura de organización y sus ganancias hayan sido afectadas.

Despojado de su investidura, Calderón será a partir de diciembre próximo otro ciudadano más, sujeto a la violencia que él mismo exacerbó con decisiones temperamentales, como querer acabar la violencia con más violencia.
Sin la seguridad con la que hoy cuenta el panista habrá de enfrentar lo que miles de mexicanos sufren todos los días: el miedo a ser atacados por estas bandas delincuencias que le han perdido el temor a toda autoridad y, además, tienen un poder desmesurado.

Pero lo que dejará atrás, luego de seis años de gobierno, será un país en crisis, con más desempleo y menos educación, más corrupción y menos transparencia, más inseguridad y menor tranquilidad, más impunidad y menos justicia; es decir, un país con un tejido social roto, de víctimas que le reclamarán su responsabilidad donde quiera que esté.

http://youtu.be/4pVYq-x4cVk

Pasta de Conchos: impunidad transexenal

En seis años de la tragedia de Pasta de Conchos, el luto permanece. No sólo la impunidad y la indolencia gubernamental persisten: también las condiciones laborales, administrativas y empresariales que ocasionaron la catástrofe. Las familias no cejan en la lucha por el rescate de los 65 cuerpos. Saben que van a contracorriente de intereses políticos y económicos: si los cuerpos fueran rescatados, se sabrían con certeza los motivos de la explosión. “El 19 de febrero [de 2006] se detuvo el tiempo; para nosotros no hay Navidad, ni Año Nuevo ni Día del Amor y la Amistad. Vivimos pensando en esa noche cuando ya no regresaron”, expresa familiar de uno de los mineros víctimas.

Rosa Esther Beltrán Enríquez/Contralínea Coahuila

Saltillo, Coahuila. Se cumplen seis años de la tragedia que cubrió de luto a Coahuila: la explosión de la mina de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, en la que fueron sepultados 65 mineros el 19 de febrero de 2006. El estado fue noticia en el ámbito internacional porque la muerte dejó huérfanos, viudas, hermanos y padres que todavía lloran a sus familiares y exigen justicia. Es una historia antigua que se repite con periodicidad: en Coahuila los pobres, los trabajadores, están a merced de su suerte: en la Cuenca Carbonífera no existen leyes que resguarden la seguridad ni la vida de los mineros.

En el estado no se olvidan las conferencias de prensa en que privaba la consternación de las familias, las voces de mujeres: madres, esposas, hermanas que, con desesperación, reclamaban información. Y que a medida que transcurrían las horas se esfumaban las esperanzas de que los mineros salieran con vida. Los grupos de rescate no avanzaban.

Sin embargo, Pasta de Conchos no pertenece al pasado. No sólo porque la tragedia fue tan grande que es imposible olvidar, sino porque las condiciones de inseguridad en las que laboran los mineros del carbón prevalecen. A pesar de la catástrofe continúa la cadena de complicidades, corrupción, irresponsabilidad y negligencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de los grandes y pequeños empresarios que son quienes las operan y de las instituciones de protección civil y de justicia.

El crimen no sólo está impune. Permanecen intactas las condiciones laborales, administrativas y legales que se conjuntaron para la tragedia.

El minero sigue siendo un trabajador que labora en las peores condiciones de seguridad e higiene, como en los siglos XVI – XVIII, y es además el peor pagado –difícilmente su salario sobrepasa los 800 pesos semanales, a pesar del enorme riesgo que su trabajo implica–. Además, su sueldo nunca compensa el deterioro físico que le causa; para un minero los días son noches, pero las empresas son inmisericordes.

El trabajador de la mina baja a diario a las profundidades; lleva en su conciencia la idea de que es probable que no regrese, que quizá sea la última vez que vea a su familia o que termine por ser uno con las rocas de los oscuros cañones. En los pueblos mineros de la carbonífera anida la pobreza, son poblados que huelen a miseria. En Barroterán, Las Esperanzas, Aura, están algunas de las minas que rodean a San Juan de Sabinas. Las de Palaú y Sabinas son lugares de desolación; siempre iguales, las casas no cambian, el progreso no pasa por ahí.

La complicidad como estrategia

La empresa Industrial Minera México, SA de CV (IMMSA); el Sindicato Nacional de Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, y las autoridades federales y estatales dieron la vuelta a la página en cuanto los medios de comunicación internacionales y nacionales se fueron. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para borrar la presencia y los reclamos de las viudas, los huérfanos, los padres y hermanos, inconsolables, y la historia volvió a comenzar en el mismo nivel que mantiene desde hace décadas: la omisión, la complicidad, la hipocresía de las instituciones encargadas de velar por la seguridad laboral y civil, símbolos de ineficacia.

La sepultura de 65 mineros en que se convirtió la mina 8 de San Juan Sabinas, en la región Santa Rosita, evidenció las condiciones arcaicas de seguridad y la violación a derechos laborales en los que trabaja este gremio en Coahuila. Gracias a la presión social ejercida en esos días, las autoridades responsables tuvieron que reconocer que hubo negligencia en la inspección, vigilancia, dictaminación, emplazamiento, revisión y verificación de las condiciones de trabajo. Así lo indicó el entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz. Parecía que llegarían hasta los dictámenes de responsabilidades penales de IMMSA.

El primer informe elaborado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral, conformado por cinco abogados especialistas en cuestiones laborales, es un documento de 91 páginas presentado en la caravana que llegó hasta Pasta de Conchos en el primer aniversario de la explosión.

Éste establece que del análisis de las inspecciones realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a partir de 2000, fue negligente, ya que las condiciones de seguridad e higiene en que se trabajaba en la mina 8 ponían en grave riesgo la salud y la vida de los trabajadores.

De acuerdo con el informe, los inspectores de la Secretaría del Trabajo y la delegación estatal incurrieron también en negligencia y omisión, ya que los Emplazamientos de Medidas de Seguridad tardaban hasta un año en entregarse a la empresa y en éstos no le exigían la documentación, sino que era entregada con un excesivo retraso o simplemente no se otorgaba.

En cuanto a la información que la empresa debía de proporcionar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encontraron discordancias en los informes entregados y las hojas patronales de IMMSA, así como en la prima de riesgo. La institución gubernamental omitió realizar las investigaciones de riesgos de trabajo y emitir las recomendaciones a la empresa para prevenirlos, a pesar de que su ley interna lo establece (artículo 82).

También las actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene evidencian contradicciones que reflejan negligencia, rutina burocrática. Para IMMSA resultaba más barato pagar multas de más de medio millón de pesos por inspección que acatar la ley en materia de seguridad e higiene; de acuerdo con testimonios de trabajadores, no disponían de guantes (indispensables para trabajar), no se les dotaba de lámparas de emergencia ni se les realizaban los exámenes médicos periódicos que la ley señala. A pesar de todas las evidencias no hubo ningún tipo de sanción.

La lucha de la Familia de Pasta de Conchos

Trinidad expresa: “El 19 de febrero [de 2006] se detuvo el tiempo; para nosotros no hay Navidad, ni Año Nuevo ni Día del Amor y la Amistad. Vivimos pensando en esa noche cuando ya no regresaron. Nos preguntan que si comemos, pero las tortillas y los frijoles no nos saben, ya no tenemos tranquilidad. Ha sido muy difícil ir y venir todos los días [a la mina]”.

Elvira rememora: “Dos números están presentes en mi vida diaria: el 19, el día de la explosión; y el 65, por las vidas que se perdieron [...]. Si de algo estoy segura es de que no he podido aceptar su muerte. Es una realidad incompleta que se va a definir cuando tenga delante de mí su cuerpo dentro de un ataúd [...]. Mi vida ha cambiado completamente. En este tiempo he aprendido mucho, me he dado cuenta de que nos mienten para que los ánimos se calmen, que el gobierno nos cita para una cosa y es para otra, para confundirnos, desinformarnos. Aprendí a ver a la Iglesia más allá de mi parroquia y de la diócesis. Ahora sé que la Iglesia tiene una Comisión de Pastoral Laboral [...], que han sido los únicos que se quedaron desde la explosión hasta ahora para apoyarnos y acompañarnos”.

Lo que los trabajadores sepultados habían advertido a sus familias: que la seguridad era endeble, que las fugas de gas se percibían, que los inspectores de la Secretaría del Trabajo sólo firmaban y se retiraban, que lo que ellos denunciaban no era tomado en cuenta ni por la dirigencia sindical ni por la empresarial… todas fueron llamadas en vano. Después de un mes, la prensa se esfumó y aquel hecho terrible se difuminó. Pasta de Conchos volvió a ser lo que siempre fue: una mina ignorada en el desierto de la región Carbonífera, una mina de donde se extrajo una enorme riqueza, nadie sabe cuánta, pero ésta pasó a engrosar las chequera del Grupo México –encabezado por el empresario Germán Larrea Mota Velasco–, y ya.

La justicia, en todo caso, le dio una manita de gato al asunto para calmar los ánimos pero, quieran o no, el “homicidio industrial” (como fue calificado por sindicatos internacionales) se convirtió en un paradigma de la situación que impera en el ámbito laboral mexicano: desprotección, abuso, encubrimiento, connivencia.

Durante varios años, frente a las oficinas del Grupo México (en Polanco) se han celebrado misas en recuerdo de los 65 mineros sepultados, para exigir justicia y el rescate de los cuerpos. Y así es en este sexto aniversario.

La organización Familia Pasta de Conchos en muchas ocasiones ha manifestado que los mineros y sus familiares “tienen derecho a la verdad”, y que en reuniones con la Secretaría del Trabajo (tanto con el entonces titular de esa dependencia, Francisco Javier Salazar Sáenz, como después con Javier Lozano Alarcón) y con legisladores federales llegaron a acuerdos para el rescate de los cuerpos. Nunca se cumplieron.

La Familia de Pasta de Conchos denunció en numerosas ocasiones su preocupación por la situación de angustia que han vivido los familiares de mineros a causa de la negligencia y tozudez de la empresa IMMSA y la lenidad de los servidores públicos responsables del caso. El rescate de los cuerpos habría significado la diferencia entre conocer o no las causas del siniestro.

Así que la deuda del rescate de los cuerpos por justicia y no impunidad, sigue viva y los mineros y sus familias concluyen una vez más que fue la corrupción y no la explosión lo que asesinó a los 65 mineros hace un sexenio.

Ataque a defensores de derechos humanos en Torreón

El 9 de febrero pasado, efectivos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal, a bordo de cinco camionetas llegaron a las instalaciones de la parroquia de San Judas Tadeo, en Torreón, Coahuila, en las que se encuentran las oficinas del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, AC, y sin presentar ninguna orden judicial, sin identificarse ni solicitar permiso para ingresar, entraron a las instalaciones del Centro.

Policías y militares interrogaron al personal de la parroquia y del Centro de Derechos Humanos. Los integrantes de éste repudian la arbitraria irrupción contra todo derecho. Por muchos años el Centro se ha distinguido por su defensa de los derechos humanos de los sectores más desprotegidos de la región Lagunera.

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Fuente: Revista Contralínea 272 / 19 febrero de 2012