jueves, septiembre 08, 2011

Hernán Cortés debe de estar muerto de risa......

Tras la corrupción de la CFE-Rocha

  • La mafia del poder privó de toda oportunidad de progreso al resto de los mexicanos, insiste
Llevamos 28 años sin crecimiento, lo que se traduce en que no haya paz social: AMLO
  • Los más afectados por la guerra estúpida contra el crimen organizado son los jóvenes
Papantla, Ver., 4 de septiembre. Mientras los 30 potentados que integran la mafia del poder no sean derrotados y hechos a un lado por la ciudadanía, no se podrá recuperar la tranquilidad ni la paz social que se perdió en México, aseguró aquí Andrés Manuel López Obrador, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su recorrido por Veracruz, aseguró que la crítica situación del país, donde cada vez hay más pobreza, desempleo, inseguridad y violencia, es porque hay un mal gobierno, y a eso se debe que haya perdido la vida gente inocente.

Después de recorrer Tantoyuca y Tuxpan, al cierre de su jornada en este municipio señaló que esos mafiosos, 16 supermillonarios, 11 políticos de PRI y PAN, y tres tecnócratas, desde hace casi tres décadas no sólo se han dedicado a saquear al país, sino que privaron de toda oportunidad de progreso al resto de los mexicanos.

Añadió que la violencia es parte de las consecuencias de la estadía de esos potentados controlando la vida pública de México. ¿Por qué hay tanta violencia e inseguridad en el país? Porque llevamos 28 años sin crecimiento económico y eso se traduce en que no hay empleo, y al no haberlo, no hay ingresos, no hay bienestar, y al no haber bienestar por supuesto que no hay ni tranquilidad ni paz social. Ellos son los responsables.

Citó que de la nómina oficial en el país parte se va a sueldos de médicos, maestros y otros servidores públicos que cumplen con sus responsabilidades, pero la mayoría se queda con los de arriba, en la alta burocracia, que es un 3 por ciento de todos pero que absorbe más de 200 mil millones de pesos, y en todo este contexto, uno de los núcleos más perjudicados son los jóvenes.

Refirió que en la estrategia de combate al crimen organizado del presidente Felipe Calderón los más afectados son los jóvenes, que han sido rechazados de universidades y no tienen oportunidades de superarse, y son atrapados por conductas antisociales.

Los jóvenes son víctimas de la guerra estúpida de Calderón. ¿Qué es mejor, tener a los jóvenes estudiando y becados, o tenerlos en la calle y en la cárcel? Eso es lo que hoy tenemos en México, aseveró.

López Obrador reiteró que sólo un movimiento que haga una renovación tajante de la vida pública logrará sacar al país de la crisis y de la decadencia que hoy se viven.

Llamó a sumarse al Morena para lograr que en 2012 se dé un cambio en el país y derrotar a la mafia en el terreno político y en buena lid, y entonces se va a distribuir con justicia la riqueza de la nación y se recuperará la tranquilidad y la paz social, se restablecerá el estado de bienestar y se terminará con la corrupción. No es tan complicado y se puede lograrlo, insistió.

En el puerto de Tuxpan, el tabasqueño anunció que de concretarse el cambio en 2012, también se modificará la política petrolera del país y se cancelarán las importaciones de combustibles.
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Rayuela

Hernán Cortés debe de estar muerto de risa. Pemex se someterá a las leyes de la hispana corte de los Borbones.

Pemex se somete a leyes españolas en negocio con Repsol
  • Cualquier controversia se regirá por el derecho común de España, se definió
Sólo la ley española regirá en el pacto de Pemex con Repsol
  • El contrato impone candados para garantizar que se mantenga la tenencia accionaria en la petrolera ibérica
  • Esta semana el consejo de administración de la paraestatal analizará el convenio
Israel Rodríguez

La actual dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezada por Juan José Suárez Coppel, aceptó someterse a las leyes españolas y a los tribunales de Madrid en el contrato que firmó para capitalizar con mil 700 millones de dólares a la petrolera ibérica Repsol YPF.

El contrato, que contiene las firmas de Ignacio Quesada Morales por parte de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, de PMI Holdings, y Luis Fernando del Rivero Asencio, por la constructora española Sacyr Vallehermoso, define que cualquier controversia que pueda surgir en relación con el acuerdo se regirá por el derecho común de España.

La versión final del contrato signado el 29 de agosto de 2011 en Madrid, y que apenas esta semana que comienza será entregado al consejo de administración de Pemex, máximo órgano de gobierno de la paraestatal para su análisis, también determina: La resolución de cuantas controversias, conflictos, desacuerdos o demandas que surjan del presente acuerdo o en relación con el mismo se someterán a los juzgados y tribunales de Madrid capital.

La versión firma del contrato, cuya copia posee La Jornada, también detalla que en caso de que alguno de los accionistas (Pemex o Sacyr) incurra en incumplimiento por acción u omisión, se deberá resarcir el daño en un plazo de 30 días y exigir los daños y perjuicios, costes, reclamaciones, pérdidas o gastos que sufran o en los que incurran a consecuencia del incumplimiento.

El acuerdo tendrá una vigencia de 10 años, y se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de cinco años.

Después de que Pemex realizó este contrato de manera sigilosa y a espaldas del consejo de administración, el acuerdo impone diversos candados para garantizar el mantenimiento de la tenencia accionaria en la española Repsol.
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El gobierno de Calderón cada vez gasta más y los ingresos no aumentan a ese ritmo: ASF
  • Entre enero y julio de este año pasado la Sedena incrementó en 32.5% el uso de recursos
Enrique Méndez

Al revisar la evolución del gasto del gobierno federal en la administrración de Felipe Calderón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que ha crecido en desproporción con los ingresos, lo cual ha obligado a cubrir el déficit público con mayor deuda.

Detalló que entre 2007 y 2010 el gasto neto presupuestario creció 6.7 por ciento y los ingresos sólo 0.6, y refirió que tan sólo al primer semestre de 2011 el gasto creció 5.3 por ciento y los ingresos 4.6.

En el informe de avance de la gestión financiera 2011, enviado a la Cámara de Diputados, la ASF reportó que, por ejemplo, entre enero y julio la Secretaría de la Defensa había incrementado 32.5 por ciento su gasto (respecto del mismo mes de 2010) por sus operativos contra la delincuencia organizada, y la Secretaría de Gobernación 37.3 por ciento, debido a un crecimiento en servicios profesionales, pasajes y viáticos.

El órgano fiscalizador detalló que el mayor crecimiento real del gasto programable se vio influenciado tanto por el gasto corriente como por el de capital, ya que ambos mostraron crecimientos de 6.4 por ciento y 5 por ciento, repectivamente, en relación con el primer semestre de 2010
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La SCJN alista revés a contribuyentes

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia hoy la discusión sobre el derecho que tienen los ciudadanos al llamado mínimo vital, el cual le impone límites al Congreso para la imposición de impuestos.

Por primera vez, el pleno del máximo tribunal revisará un amparo que exige a los legisladores abstenerse de afectar a la ciudadanía con tributos onerosos que afecten la existencia digna de los trabajadores.

Aun cuando el proyecto de dictamen, elaborado por una comisión especial de secretarios con la supervisión del ministro Fernando Franco, niega el amparo al quejoso, trascendió que se espera una intensa discusión sobre este tema, que tiene que ver con la obligación del estado social mexicano de garantizar que los trabajadores cuenten con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, vivienda, educación, salud y recreación de sus familias.

A la luz de este amparo, los ministros revisarán que el Estado mexicano cumpla con su compromiso, nacional e internacional, de encargado de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y de evitar que el propio Estado afecte a la ciudadanía con impuestos desproporcionados.

De manera concreta, el amparo impugna el artículo 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, producto de la reforma legal de 2007 que creó el llamado subsidio para el empleo
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Libre, ex jefe de CFE detenido el sábado cuando iba a huir del país
  • Corrupción y enriquecimiento ilícito, cargos contra el ex directivo
Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusado de uno de los casos más importantes de corrupción en los años recientes dentro de la paraestatal, fue liberado la madrugada de este domingo del Reclusorio Oriente por orden de la juez federal Taisa Cruz Parcero.

La juzgadora es la misma que libró contra Moreno la orden de aprehensión, pero decretó la inmediata libertad del detenido porque obtuvo información de otro juez federal de que el inculpado contaba con una suspensión definitiva vigente que impedía su detención.

La Procuraduría General de la República (PGR) indicó ayer en un comunicado que no comparte la interpretación hecha por Cruz Parcero, pues la institución interpreta que la suspensión de amparo no estaba vigente.

Moreno deberá presentarse en los próximos cuatro días hábiles al juzgado cuarto de distrito del Reclusorio Oriente para defenderse de la acusación que le imputaron los fiscales de la PGR y presentar pruebas en su defensa.

El ex funcionario de la CFE fue detenido el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando pretendía huir del país en un avión privado.

Aunque la PGR presentó un escrito durante la madrugada del domingo para pedir a la autoridad judicial que negara la libertad condicionada a Moreno Díaz, ante la posibilidad de que evadiera la acción de la ley, la juez décima de distrito optó por conceder la solicitud del inculpado, quien en los próximos seis días deberá aportar pruebas si quiere evitar el auto de formal prisión.
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El Movimiento por la Paz entra en fase crucial contra la guerra

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reanudará sus movilizaciones con una nueva caravana al sureste, donde la violencia coexiste con la pobreza, con las agresiones a los indígenas, los abusos contra migrantes y la creciente presencia del narcotráfico.

Casi tres meses después de la primera marcha emprendida desde Cuernavaca, Morelos, el escenario no ha mejorado, la espiral de violencia obliga a manejar ya cifras de 50 mil muertos y el discurso gubernamental persiste en la estrategia militarizada.

La etapa de la movilización social ha cambiado porque también ha aumentado la intensidad de la violencia, no se ha detenido. Lo que pasó en el casino Royale desató una reacción oficial que ha dotado de mayor agresividad a su discurso belicista como única vía para resolver el problema de la violencia y nos enteramos de un mayor grado de injerencia de los aparatos de inteligencia estadunidenses, advierte el historiador y activista Pietro Ameglio, para quien el contexto de esta nueva caravana –que comenzará el viernes– es aún más crítico del que prevalecía en junio pasado, cuando el movimiento incursionó en el norte del país.

La salida más fácil que ha encontrado el gobierno es una mayor militarización del país, a pesar de que el saldo es que se vive la etapa más violenta de México desde los tiempos de la Revolución. No hay un solo dato oficial que demuestre que se ha mejorado, al contrario, hay una cerrazón ideológica para modificar la estrategia, ofreciendo una realidad maniquea de una lucha entre buenos y malos, donde se pretende hacer creer que quien ejerza más violencia va ganando, agrega
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Exigen renuncia de gobernador y alcalde

Monterrey, NL. Ayer, por segundo domingo consecutivo, organizaciones civiles se manifestaron en rechazo a la violencia y pidieron la renuncia del gobernador Rodrigo Medina y del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal. Cientos se congregaron en la explanada de los Héroes y a las 18 horas varios asistentes se enfrentaron verbalmente, cuando un grupo exigió que el presidente Felipe Calderón dimitiera y rechazó las salidas de Medina y Larrazabal.
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Demanda ONU ágil indagatoria en asesinato de reporteras

El relator especial de Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, manifestó ayer en un comunicado de prensa su más profunda consternación por el asesinato de Ana María Marcela Yarce Ríos, periodista de la revista Contralínea, y Rocío González Trápaga periodista independiente, cuyos cadáveres atados de los pies, fueron encontrados en la ciudad de México el primero de septiembre pasado.

El relator recomendó a México tomar las medidas necesarias para garantizar una investigación independiente y ágil, que permita determinar los hechos y dar con el paradero de los responsables, para someterlos a proceso de ley.

A los familiares de las víctimas así como a todos los periodistas de México, el relator expresó su más profundo pésame y la determinación de acompañarlos en estos momentos de dolor y de lucha por la seguridad y la justicia.

El relator recordó que en agosto de 2010 realizó una visita oficial conjunta a México con la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero. Durante esa misión ambos relatores se entrevistaron varias veces con periodistas de la revista Contralinea, por el acoso y hostigamiento legal que han sufrido, con el propósito de obligarlos a detener sus investigaciones.

En ese informe, señala el relator de la ONU, se hace notar que Contralínea ha sufrido una disminución de la publicidad oficial, ha enfrentado múltiples demandas judiciales arbitrarias y su director fue privado de su libertad en 2009.
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Astillero
  • Marcelo se toma la foto
  • Felipe acera el puño
  • Chente se radicaliza
  • Polarización electoral
Julio Hernández López

Luego del casino Royale se ha acelerado la polarización social en ruta electoral. Bombardeado de propaganda gubernamental que celebra falsos logros nacionales, inducido al continuismo bélico y a la condescendencia con el oficialismo por las grandes cadenas de televisión, el ciudadano de a pie es empujado a definir si está a favor o en contra de los ejes narcotraficantes del mal, si apoya la lucha heroica que los comerciales relatan y los asimilados lectores de noticias encomian, o si acepta ser considerado un mal mexicano, una suerte de aliado o cómplice de los malos, así sea en términos meramente virtuales, pasivos.

Es como un ensayo electoral o un referendo tramposo: Fox decía que no debía cambiarse de caballo a mitad del río, para impulsar la idea de que se siguiera votando por el PAN en 2006; ahora Felipe Calderón acera el discurso y cancela opciones pacificadoras (como hizo en su reciente informe privado de labores en un emblemático museo habilitado para una celebración retórica con invitados personales), porque pretende reducir las opciones electorales de 2012 a una sola posibilidad admitida, tolerable: la de seguir adelante con las operaciones bélicas, es decir, no cambiar de tanque de guerra a mitad de la batalla.

En torno a ese punto central se van rediseñando los caminos electorales. Vicente Fox Quesada sabe que en la mira de la sección de artillería pesada relacionada con los casinos está el pálido Santiago Creel, que ya recibió una primera llamada en Tijuana, con el Grupo Caliente, y ahora sabe que lo de Monterrey le lleva a él entre otros destinatarios. Felipe ya le tumbó a Fox la carta rasposa de Manuel Espino y ahora va por Santiago. Por ello es que el héroe de los Tratados de Puente Grande se ha levantado en armas declarativas contra su nunca bien apreciado sucesor, el chaparrito, pelón y de lentes (Chapelén), y en uno de esos giros tragicómicos de la política mexicana se está convirtiendo en crítico de la militarización y de las constantes violaciones a los derechos humanos y, en general, de la política felipilla de seguridad nacional.
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Dinero
  • Quemazón del casino alcanza a Creel y Cordero
  • La mafia rusa y el nuevo socio de Suárez Coppel
  • El ISR de pensionados
Enrique Galván Ochoa

Están contentos los partidarios de Josefina Vázquez Mota. Anunció vía Twitter que mañana deja la coordinación de los diputados panistas en la Cámara de Diputados para dedicarse de lleno a la campaña presidencial. Por otro lado, la revista The Economist de Londres, en una de sus recientes ediciones, la presentó como una probable opción del PAN para salvarse de un desastre electoral en 2012. Podría México convertirse en el tercero de los grandes países latinoamericanos con una presidenta, siguiendo la línea de Cristina Fernández, de Argentina, y Dilma Rousseff, de Brasil, dicen los editores. Pero lo que más ánimo ha inyectado a sus seguidores es que las llamas del casino Royale están llegando a los aparejos de Santiago Creel –el primero en la lista de los aspirantes, según algunas encuestas– y el mago de los seis mil pesos, Ernesto Cordero. A Emilio González no le ven ninguna posibilidad, ni aún con las bendiciones e indulgencias del cardenal Sandoval Íñiguez. La situación de Creel se ha tornado complicada. Firmó junto con Vicente Fox el decreto por el cual se abrieron las puertas de par en par a los casinos en México. No se olvida que un número importante de franquicias fue para Televisa. Como he recordado aquí, el presidente Cárdenas los había prohibido en 1938 porque las mafias de Las Vegas estaban filtrándose a Tijuana y Ciudad Juárez. A Cordero lo ha venido a perjudicar su amistad con el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal. Es su jefe de campaña en aquella plaza y Larrazabal comentaba a sus amigos que si Cordero llegaba a la Presidencia –y desde luego llegaría, afirmaba– él tendría amarrada la gubernatura de Nuevo León. No es tanto la cercanía en si lo que perjudicaría a Cordero, sino lo que se comenta entre los políticos de la localidad: una parte de la recaudación por la venta de protección a los centros de apuestas se destinaría a sus gastos de campaña. La tragedia del casino Royale vino a mover las piezas en el tablero, tanto así que el secretario Bimbo, Alonso Lujambio, está pensando en meter reversa y volver a colarse a la lista. Por lo pronto, los partidarios de la señora Vázquez Mota sienten que el viento sopla a su favor.
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México SA
  • Deuda externa y discurso
  • De Salinas a Calderón
  • Nivel histórico (al alza)
Carlos Fernández-Vega

En febrero de 1990 un inquilino de Los Pinos, chaparro y pelón, socializaba su felicidad tras renegociaciar definitivamente la deuda externa del país y, por lo mismo, a los habitantes de esta heroica república les exigió que notificaran a sus hijos que el problema de la deuda ya no existe. Veintún años después, otro inquilino igual de chaparro y pelón, pero con lentes, presume a los hijos de esos hijos que la deuda externa del sector público se encuentra en niveles históricamente bajos. Pero, ¡oh sorpresa!, la realidad no comparte la alegría de uno ni el estusiasmo del otro, y lo definitivo es que México carga un enorme, creciente y peligroso fardo por amortizaciones e intereses del débito foráneo, y por este concepto reporta niveles históricos sí, pero hacia arriba, no hacia abajo.
Una vez más se ubica al discurso oficial en su exacta dimensión. Como lo documentó La Jornada (Roberto González Amador) en su edición dominical, desde que el PAN se instaló en Los Pinos en diciembre de 2000, el gobierno federal transfirió al extranjero recursos públicos por 374 mil 929.5 millones de dólares para abonar a capital y pagar los intereses de la deuda pública externa, pasivo que, sin embargo, ha ido en aumento en ese periodo, revelaron datos oficiales. La cantidad de recursos transferida al exterior para cubrir el servicio del endeudamiento público externo en el periodo de referencia multiplica por cinco el saldo que tenía ese pasivo en diciembre de 2000, cuando asumió la Presidencia Vicente Fox, quien durante su estancia en la residencia oficial afirmó, una y otra vez, que el de la deuda externa es un problema superado.
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Liberación, descrédito y responsabilidad

A unas horas de haber sido detenido por elementos federales en el aeropuerto de Toluca, el ex directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Moreno Díaz, acusado de enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 292 pesos, fue liberado la madrugada de ayer, luego de que una juez en el Distrito Federal decidió no dar por cumplida la orden de aprehensión en su contra, por considerar que seguía vigente un amparo emitido por un juzgado de Monterrey. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo en un comunicado que el citado amparo había quedado sin efecto desde antes de la captura, por lo que no existía motivo legal que impidiera detenerlo, y anunció que impugnará la liberación de Moreno Díaz para que enfrente el proceso penal por el delito que cometió.

Con independencia de los vericuetos legales y de la viabilidad jurídica de que la PGR logre la reaprehensión del ex funcionario, el hecho de que éste haya sido liberado a unas horas de su captura constituye un nuevo fracaso de esa dependencia, la coloca en una nueva sima de descrédito frente a la población, y alimenta el escepticismo ciudadano ante las autoridades federales de procuración de justicia, que en otras ocasiones han quedado exhibidas por su deficiencia en la integración de acusaciones y expedientes, por la irregularidad en que suelen llevarse a cabo las aprehensiones y por su papel de gestoras de revanchas y golpeteos contra opositores políticos.

En el caso que se comenta, ese descrédito es justificado si se toma en cuenta que el ex funcionario liberado ayer arrastra un largo historial de acusaciones por corrupción: desde 1998, Moreno Díaz –quien entonces se desempeñaba como coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE– había sido inhabilitado como servidor público por diversas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones; sin embargo, permaneció en su cargo. Posteriormente, en 2000, fue presentada ante la PGR una denuncia en contra de Moreno Díaz y otros funcionarios de la CFE por un quebranto de 16.2 millones de pesos, pero las investigaciones correspondientes determinaron que no era responsable, y permaneció en su puesto. Dos años más tarde, el ex directivo de la CFE fue acusado por diversos ilícitos contra la paraestatal por el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, al que por entonces pertenecían los actuales titulares de Gobernación, Francisco Blake, y del Ejecutivo federal, Felipe Calderón. En ese mismo año, sin embargo, Moreno Díaz fue ascendido a la Subdirección de Generación de la CFE y, posteriormente, a la Dirección de Operaciones de la paraestatal, en 2007, bajo la gestión de Alfredo Elías Ayub.
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Tuiteros terroristas

John M. Ackerman

Al igual que Hosni Mubarak, en Egipto, y Muammar Kadafi, en Libia, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hace gala de reflejos autoritarios al culpar a las redes sociales de los problemas en lugar de atender las raíces del descontento social. La suspensión de servicios de Internet en Egipto y Libia fue uno de los indicadores más claros de que ambos gobiernos se encontraban ya en la antesala de la derrota por los rebeldes. El encarcelamiento de la periodista Maruchi Bravo y el ciudadano Gilberto Martínez por supuestos actos de terrorismo en la utilización de sus cuentas de Twitter y Facebook podría tener efectos similares, al detonar un amplio repudio social tanto nacional como internacional hacia el gobernador.

Bravo y Martínez evidentemente cometieron un acto de irresponsabilidad al esparcir un rumor que resultó ser falso: Confirmo en la Esc. Jorge Arroyo de la Col. Carranza se llevaron cinco niños, grupo armado, sicosis total en la zona. Pero no existe el menor indicio de que estos ciudadanos lo hubieran hecho con el fin de generar temor o zozobra entre la población, sino todo lo contrario. Al enterarse de esta noticia, por medio de amigos y familiares para ellos confiables, quisieron realizar una labor social alertando a sus cercanos para que pudieran auxiliar a sus hijos. Prueba de ello es que mandaron la información desde sus cuentas personales y nunca intentaron disimular sus identidades.

La circulación de los mensajes detonó una amplia preocupación entre usuarios de Internet e hizo que los padres de familia se desplazaran inmediatamente a rescatar a sus hijos. Si bien se interrumpieron tanto la jornada laboral de los padres como el día escolar de los niños, nadie se lastimó ni se generó zozobra generalizada en la sociedad veracruzana, la mayor parte de la cual ni siquiera tiene acceso a Internet. En todo caso, la sicosis que sí se manifestó no se debe a la circulación de un par de mensajes en las redes sociales, sino al contexto generalizado de temor que existe en la sociedad veracruzana por el fracaso y la irresponsabilidad de las autoridades en materia de seguridad pública.
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Hacer camino

Gustavo Esteva

En su caravana al sur, hacia las entrañas del México profundo y a su encuentro con los pueblos indios, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad enfrentará un nuevo desafío. Tal como logró dar visibilidad a las víctimas de la violencia y defender sus derechos, tendrá que hacer evidentes las causas de esa violencia y las condiciones que exigen respuesta colectiva ante la emergencia nacional.

Ante todo, el movimiento necesita despejar la neblina ideológica que intenta descalificarlo para impedir que cumpla su función.

En primer término, debe mostrar la falta de sustento de la acusación de que el movimiento sólo responsabiliza al gobierno y trata con pétalos de rosa (sic) a los criminales, sin analizar los efectos destructivos de las drogas. Desde la carta que Javier Sicilia dirigió tanto a los políticos como a los criminales, el movimiento ha señalado continuamente que lo grave no es solamente el número de los actos criminales, sino la barbarie e inhumanidad manifestadas en ellos. Necesita repetirlo una y otra vez.
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Incendio y terror

Carlos Fazio

El pasado 25 de agosto, por alguna razón que en apariencia escapaba a la lógica del hecho, Felipe Calderón definió el incendio intencional del casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, que cobró la vida de 52 personas, como un aberrante acto de terror y barbarie. Así lo escribió en su cuenta de Twitter a pocas horas de la abominable acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la protección extorsiva y la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad.

Al día siguiente, muy temprano en la mañana, después de una reunión con el gabinete de seguridad nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: “No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (…) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas”. Después pidió al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley sobre Seguridad Nacional y el mando único policial, y llamó a la unidad nacional y al alineamiento de todos los mexicanos de bien detrás de su cruzada contra la criminalidad.

En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la hiperpresidencia –en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad en torno al quinto Informe–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime, cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de su guerra, reunidos ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación fratricida: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.
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